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Se reunió el ejecutivo municipal

El Intendente Marcelo Orazi mantuvo una reunión esta mañana con los Secretarios de su gabinete: Guillermo Carricavur de Gobierno, Ariel Oliveros de Coordinación, Luisa Ibarra de Desarrollo Social, Francisco Lucero de Obras y Servicios y Mirta Sánchez de Economía y Finanzas. Participó también la Directora de Economía Marta Muñoz.

En la oportunidad el Intendente informó a sus funcionarios sobre las gestiones realizadas en Viedma y lo conversado en el encuentro que mantuvo con la Gobernadora Arabela Carreras, destacando el acompañamiento del gobierno provincial a su gestión.

También abordó el convenio firmado con el Ministerio de Gobierno en el marco del programa ‘IPAP Municipios’ que permitirá la capacitación de empleados municipales.

“Hablamos también de los proyectos que se pondrán en marcha en agosto, vinculados principalmente con obra pública, urbanismo y embellecimiento de la ciudad, anuncios que serán realizados próximamente”, manifestó al término del encuentro el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros.

Agregó: “Abordamos los aspectos del Plan de Regularización de Deudas que se pone en marcha esta semana, que permitirá al contribuyente ponerse al día con el Municipio, con distintas facilidades y beneficios”.

“Fue una reunión sumamente productiva”, finalizó Oliveros.

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    La vicepresidenta lideró la reunión de urgencia del Consejo de Defensa y se mostró con la primera línea de la cúpula chavista como su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el ministro de Seguridad, Inteligencia y Justicia, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. 

    Esto confirma, como adelantaron fuentes venezolanas a LPO, que la vicepresidenta no estaba en Rusia como circuló en algunas agencias internacionales sino que siempre se mantuvo en la capital venezolana. 

    En la conferencia de prensa, la vicepresidenta de Venezuela anunció la activación de un decreto «de conmoción externa» firmado por Maduro antes de su detención, que fue entregado al Tribunal Supremo de Venezuela, que controla el chavismo, para otorgarle la formalidad de un respaldo constitucional. Aún no está claro que medidas implica la activación de ese decreto.

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    La Constitución de Venezuela establece que al no haber trancurrido la mitad del mandato de Maduro, la vicepresidenta debería convocar a nuevas elecciones presidenciales.

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    La carta magna también establece que al no haber transcurrido la mitad del mandato, Rodríguez debería convocar a elecciones. A esta altura, los pasos a seguir parece que se terminarán dando en coordinación con Estados Unidos que no confía en el liderazgo opositor para salir de la crisis.  

    El Miami Herald había revelado días atrás que en la conversación que mantuvieron Trump y Maduro, antes que se activara la detención del chavista, ambos líderes analizaron la posibilidad de un paso al costado de Maduro para que luego Delcy convocara a elecciones.

    La vicepresidenta Delcy Rodríguez junto a la plana mayor del chavismno en la reunión que mantuvieron este sábado.

    Un importante operador político que trabaja en Nueva York y opera como nexo del chavismo con la petrolera estadounidense Chevron, que opera en Venezuela, afirmó a LPO: «Lo que pasó es un cambio de piezas interno. Washington siempre hablo con Delcy. A Trump ella no le molesta, porque sabe que una transición que cuente con la colaboración del régimen es vía menos costosa para salir de la crisis». 

    «Ahora, si Caracas no se alinea con eso, el escenario puede ser peor», agregó este operadort, en referencia a la advertencia de Trump de una segunda ola de ataques.

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    Pero más allá de las especulaciones sobre una operación acordada con la cúpula del chavismo, en su conferencia Delcy Rodríguez mantuvoó una narrativa de confrontación y acusó a Estados Unidos de «violar flagrantemente el Artículo 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, pese a que Maduro había extendido su mano al pueblo estadounidense para establecer canales de comunicación diplomáticos, políticos e institucionales, basados en el respeto a la legalidad internacional».

    «Insto al pueblo a mantenerse en calma y a afrontar la situación juntos en perfecta unión nacional. Instó a que la fusión policial, militar, popular se convierta en un solo cuerpo para defender nuestra amada Venezuela en esta etapa de defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia nacional», concluyó.

     

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    A las puertas de una temporada estival marcada por la salida masiva de argentinos al exterior y en pleno debate por el atraso cambiario, el Gobierno decidió apagar una de las pocas linternas estadísticas que permitían medir con precisión el drenaje de dólares por turismo.

    Por Roque Pérez para NLI

    La decisión no es técnica ni neutra: la Secretaría de Turismo, a cargo de Daniel Scioli, resolvió dejar de financiar desde el 1° de enero de 2026 los operativos de campo del INDEC destinados a medir la actividad turística. En concreto, se corta un aporte anual de $570 millones que sostenía la logística de las principales encuestas del sector.

    El resultado inmediato es claro: menos información, menos precisión y más margen para el relato oficial en un contexto donde los números del turismo venían mostrando una fuerte salida neta de dólares, dato incómodo para un Gobierno que insiste en negar el atraso del tipo de cambio.

    Menos encuestas, menos datos incómodos

    En su último informe sectorial —correspondiente a octubre de 2025— el INDEC confirmó el impacto de la decisión. Tras más de dos décadas de trabajo conjunto con el entonces Ministerio de Turismo, el organismo informó que no se renovará el convenio de financiamiento con la actual Secretaría de Turismo y Ambiente, lo que obligará a modificar la forma y la periodicidad de difusión de los datos.

    El instituto aclaró que hará “todos los esfuerzos a su alcance para mantener la mayor cantidad de indicadores del sector disponibles”, respetando las definiciones internacionales y la metodología vigente. Sin embargo, el propio comunicado admite que habrá cambios estructurales en dos herramientas clave: la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

    En los hechos, el plan de “contingencia” incluye reducción de la muestra, menos casos relevados, modalidad remota en lugar de operativos presenciales y acuerdos con provincias para intentar sostener parte del relevamiento. Traducido: datos más débiles, menos representativos y más fáciles de relativizar.

    Migraciones sí, balanza turística no

    El INDEC aclaró que las estadísticas de turismo internacional basadas en los registros de movimientos migratorios de la Dirección Nacional de Migraciones no sufrirán modificaciones. Pero ese dato, por sí solo, no permite reconstruir la balanza de dólares que entran y salen por turismo, ni el impacto real sobre las reservas.

    Justamente allí estaba el problema para el Gobierno. Las últimas publicaciones del área de Turismo mostraban con claridad una salida de divisas muy superior al ingreso, fenómeno que se aceleró con el dólar barato para viajar y que se convirtió en uno de los argumentos más sólidos para hablar de atraso cambiario.

    Scioli contra las estadísticas

    No es la primera vez que Scioli choca con el INDEC. Desde hace meses venía cuestionando la forma en que el organismo mide el sector, argumentando que “no refleja la realidad”. En lugar de discutir metodología con evidencia técnica, la respuesta fue más simple: quitar el financiamiento y achicar la medición.

    El movimiento no puede leerse por fuera del contexto macroeconómico. Con reservas bajo presión, dólar planchado y un verano que promete récord de viajes al exterior, mostrar menos datos es una forma de esconder el problema, no de resolverlo.

    Ajuste selectivo y opacidad estadística

    Mientras se habla de transparencia, equilibrio fiscal y estadísticas “confiables”, el Gobierno recorta justamente donde los números desnudan las inconsistencias del modelo. El ajuste no es general: es quirúrgico y apunta a silenciar un indicador clave del frente externo.

    La paradoja es evidente. En nombre del orden fiscal se recortan $570 millones en estadísticas públicas, pero se pierde a cambio una herramienta central para entender por dónde se van los dólares. Una decisión pequeña en términos presupuestarios, pero enorme en términos políticos.

    Porque cuando el termómetro marca fiebre, romper el termómetro no cura la enfermedad.

     

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