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Se reunió el ejecutivo municipal

El Intendente Marcelo Orazi mantuvo una reunión esta mañana con los Secretarios de su gabinete: Guillermo Carricavur de Gobierno, Ariel Oliveros de Coordinación, Luisa Ibarra de Desarrollo Social, Francisco Lucero de Obras y Servicios y Mirta Sánchez de Economía y Finanzas. Participó también la Directora de Economía Marta Muñoz.

En la oportunidad el Intendente informó a sus funcionarios sobre las gestiones realizadas en Viedma y lo conversado en el encuentro que mantuvo con la Gobernadora Arabela Carreras, destacando el acompañamiento del gobierno provincial a su gestión.

También abordó el convenio firmado con el Ministerio de Gobierno en el marco del programa ‘IPAP Municipios’ que permitirá la capacitación de empleados municipales.

“Hablamos también de los proyectos que se pondrán en marcha en agosto, vinculados principalmente con obra pública, urbanismo y embellecimiento de la ciudad, anuncios que serán realizados próximamente”, manifestó al término del encuentro el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros.

Agregó: “Abordamos los aspectos del Plan de Regularización de Deudas que se pone en marcha esta semana, que permitirá al contribuyente ponerse al día con el Municipio, con distintas facilidades y beneficios”.

“Fue una reunión sumamente productiva”, finalizó Oliveros.

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    SENASA deroga normas clave y deja a la agricultura familiar sin marco diferenciado

     

    El Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Bajo el argumento de la “modernización normativa”, el Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado y borra del reglamento sanitario el tratamiento especial para los pequeños productores. La Resolución 62/2026 del SENASA, publicada hoy en el Boletín Oficial no crea reglas nuevas: directamente quita las que protegían a los sectores más vulnerables de la cadena agroalimentaria.

    La medida fue publicada el 23 de enero y pasa casi desapercibida fuera del ámbito técnico, pero su impacto es profundo. Con una sola firma, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria derogó dos capítulos completos del Reglamento de Inspección de Productos de Origen Animal, vigente desde 1968, que cumplían funciones centrales: el asesoramiento estatal y la regulación específica para la agricultura familiar.


    Menos Estado, más castigo

    Uno de los capítulos eliminados es el Capítulo XXIX – Del Asesoramiento, que establecía la obligación del SENASA de publicar guías, materiales explicativos y normas de divulgación para que productores y elaboradores supieran cómo cumplir con los requisitos sanitarios.

    La derogación implica un cambio de paradigma:
    el Estado deja de tener la obligación normativa de explicar cómo cumplir la ley, pero mantiene intacta su capacidad de controlar, sancionar y clausurar.

    En otras palabras, menos acompañamiento y más castigo. Una lógica coherente con el espíritu de la Ley Bases, que atraviesa toda la resolución como marco político general.


    Agricultura familiar: de régimen especial a la intemperie

    Más grave aún es la derogación del Capítulo XXXIII – De los productos provenientes de la agricultura familiar. Ese apartado reconocía algo elemental: no es lo mismo un frigorífico industrial que un pequeño productor artesanal.

    El capítulo contemplaba:

    • Diferencias de escala
    • Modalidades productivas específicas
    • Volúmenes reducidos
    • Condiciones territoriales y sociales propias

    Al eliminarlo, el SENASA borra del reglamento cualquier tratamiento diferenciado y somete a la agricultura familiar al mismo esquema normativo que rige para grandes empresas del complejo agroindustrial.

    El resultado es previsible:
    más exclusión, más informalidad y más presión sobre los eslabones más débiles de la cadena.


    Modernización sin reemplazo

    La resolución justifica las derogaciones en la necesidad de “actualizar” normas obsoletas y acompañar los avances tecnológicos. Sin embargo, hay un dato central que el texto no puede disimular:
    no se dicta ninguna norma nueva que reemplace lo eliminado.

    No hay:

    • Nuevo régimen para agricultura familiar
    • Nuevo esquema de asesoramiento digital
    • Nuevas herramientas de acompañamiento técnico

    Solo hay vacío normativo.


    Responsabilidad individual y retirada estatal

    La Resolución 62/2026 se apoya reiteradamente en la Ley 27.233, que establece la responsabilidad primaria de los actores de la cadena agroalimentaria. Pero al mismo tiempo, reduce el rol activo del Estado a su mínima expresión.

    El mensaje es claro:
    cada productor debe arreglárselas solo, aun cuando las condiciones de partida sean profundamente desiguales.

    Bajo el discurso de la eficiencia y el reordenamiento normativo, se consolida un modelo de Estado que controla pero no acompaña, sanciona pero no explica, exige pero no reconoce diferencias.


    Una decisión técnica con consecuencias políticas

    Aunque redactada en lenguaje administrativo, la resolución tiene una consecuencia política nítida:
    debilita a la agricultura familiar y fortalece un esquema pensado para grandes actores.

    No es una simplificación inocente. Es una decisión que reconfigura quién puede producir, quién puede cumplir y quién queda afuera del sistema formal.

    Y como suele ocurrir, el ajuste normativo no cae sobre los poderosos, sino sobre quienes producen en pequeña escala, sostienen economías regionales y garantizan alimentos en condiciones adversas.

     

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    Un Policía Federal se encadenó a la reja de la Casa Rosada: un grito de alerta contra la precarización salarial y la corrupción institucional

     

    Un hecho político inusual y profundamente revelador tuvo lugar este miércoles frente a la Casa Rosada: un efectivo de la Policía Federal Argentina decidió encadenarse esposado a la reja perimetral del Palacio de Gobierno para visibilizar el descontento y el sufrimiento real que atraviesan las fuerzas de seguridad bajo la gestión actual.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El protagonista de la protesta individual fue el cabo Miguel Ángel Montiel, quien se presentó uniformado y portando su arma reglamentaria frente a Balcarce 50. Con una pancarta en mano, denunció irregularidades dentro de la institución, maniobras de corrupción y el deterioro de su salario y condiciones laborales.

    “Nos sacan la plata del bolsillo”: reclamos que estallan en plena Casa Rosada

    Según explicó Montiel, su reclamo no se limitó a la cuestión salarial, aunque ésta fue eje central: señaló que la quita de derechos, la existencia de “planillas fantasmas” y maniobras irregulares con adicionales que no se cumplen terminan perjudicando directamente el bolsillo de los efectivos.

    Además, el propio cabo denunció que en su Comisaría, la del Ferrocarril Belgrano Norte, existen prácticas que favorecen la corrupción, especialmente en servicios adicionales que no se efectivizan pero igual aparecen en los registros.

    Lo más llamativo es que Montiel decidió canalizar su protesta en pleno frente de la sede del Poder Ejecutivo, obligando a la Casa Militar y a las fuerzas de seguridad a activar protocolos especiales para contener la situación.

    Un acto con mensaje político claro: el salario como conflicto estructural

    La protesta del cabo Montiel es más que una acción aislada: pone en evidencia el profundo malestar dentro de las fuerzas de seguridad federales ante la precarización salarial y las condiciones de vida que enfrentan miles de agentes en un contexto de creciente inflación y pérdida de poder adquisitivo.

    Mientras el Gobierno insiste en discursos de “orden y seguridad”, la realidad que viven los trabajadores de las fuerzas de seguridad —que también pagan alquileres, comida, transporte y educación— es otra: salarios que no alcanzan, condiciones laborales desactualizadas y ausencia de canales institucionales efectivos para resolver conflictos internos.

    Montiel incluso admitió que los policías no están autorizados a protestar de esta forma, pero aseguró que ya no podía seguir callado frente a lo que calificó como un evidente deterioro de derechos y justicia interna.

    La protesta que interpela al Gobierno

    Este episodio, ocurrido en el corazón del poder estatal, desnuda una realidad incómoda para el gobierno: el descontento salarial trasciende a los sectores tradicionalmente alineados con la autoridad estatal, como son las fuerzas de seguridad, y cuestiona directamente la gestión en materia de políticas de ingresos y transparencia institucional.

    La protesta se da en un contexto social donde los reclamos por salarios dignos, condiciones laborales justas y el fin de prácticas corruptas se multiplican en distintos sectores de trabajadores y trabajadoras. La decisión de Montiel de esposarse frente a la Casa Rosada no es un mero acto simbólico, sino un llamado de atención tan político como la reivindicación de derechos que merece una discusión pública profunda.

     

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  • Caputo amenaza con una purga en Transporte si no se concesionan todas las rutas antes de julio

     

    En medio de las crecientes denuncias por el abandono de las rutas nacionales por parte de Javier Milei, los reproches internos por el letargo de la promocionada «Red Federal de Concesiones» apuntan a Luis «Toto» Caputo, que ahora amenaza con una purga en Economía si antes de julio no hay avances concretos en este tema.

    Con el control de la Secretaría de Transporte y de Vialidad Nacional, el ministro agita desde 2024 este sistema de concesiones con peaje para la operación y mantenimiento de más de 9.000 kilómetros que dividió en tres etapas.

    Sin embargo, al momento solo una de esas tres etapas fue adjudicada, no sin polémica, a la empresa Alejandro Cartellone, involucrado en la causa Cuadernos.

    Además se trata del tramo más corto de los tres: 741 kilómetros de las rutas 12 y 14, con epicentro en Entre Ríos.

    Así, a más de un año de lanzada, la Red Federal de Concesiones de Caputo tiene más del 90% de su superficie sin concesionar.

     Todos los 9.000 kilómetros de corredores viales por donde pasa el 80% del transporte va a estar licitado en los próximos cuatro meses 

    Por eso, fuentes con llegada a Economía señalaron a LPO que el ministro lanzó un ultimátum en Vialidad y Transporte: si en la primera mitad de 2026 no está todo licitado, profundizará los despidos que ya aplicó en el área días atrás.

    Tal es la obsesión de Caputo por el tema, que ya hizo un compromiso público: «Todos los 9.000 kilómetros de corredores viales por donde pasa el 80% del transporte va a estar licitado en los próximos cuatro meses», dijo a Radio Mitre.

    Frente a la desesperación por mostrar signos de recuperación, Caputo salió a estimular el interés de los empresarios con créditos del BICE, banco que depende del Ministerio de Economía y que tiene entre sus autoridades a asesores y acérrimos defensores del ministro en redes sociales.

    Al final la primera obra pública de Milei se hará con fondos públicos

    Ya para la primera etapa, el BICE habilitó un crédito por hasta 56 mil millones o el 70% del total de la inversión.

    En tanto, parte de la Etapa II, que abarca las rutas 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza -Cañuelas, como así también la ruta 5 entre Luján y Santa Rosa están en proceso de licitación, con fecha de apertura de sobres para el 23 de febrero.

    Pero esos 1.872 kilómetros representan menos de la mitad de los 4.428 kilómetros previstos para la Etapa II, donde también figuran tramos como el Puntano (Ruta 8 a Villa Mercedes), el Mediterráneo, que va del norte bonaerense a Río Cuarto; y los Portuarios Sur (de Realicó a Rosario) y Norte (de Trenque Lauquen a Rosario).}

    Milei sacó un decreto contra la corrupción en la obra pública, pero el ganador de la ruta 12 está acusado en Cuadernos

    De estos tramos de la Etapa II no hay novedades para su llamado a licitación. Tampoco de la Etapa III, de casi 4.000 kilómetros en total.

    Esa tercera etapa comprende los tramos Centro, Mesopotámico, Centro-Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo. Ahí, figuran tramos detonados de la Ruta 9 (desde Santiago del Estero a Jujuy) y de la Ruta 7 en Mendoza.

    La impaciencia de Caputo por apurar estas licitaciones comprometen la posición de Marcelo Campoy, administradorde Vialidad que subsistió a los cambios que el ministro hizo recientemente y entre los que le dio salida a Luis Pierrini de Transporte, tras una denuncia por estafas con los fondos de la tarjeta SUBE.

     A más de un año de lanzada, la Red Federal de Concesiones de Caputo tiene más del 90% de su superficie sin concesionar.  

    En sector del Gobierno le endilgan a Vialidad el letargo en el avance de estas concesiones, sobre todo por las demoras en resolver algunos contratos por obras en rutas con constructoras que se arrastraban del gobierno anterior y que se congelaron desde la llegada de Milei. Sin cerrar esos casos, es imposible avanzar.

    La Red Federal de Concesiones viene siendo fuertemente objetada por organismos defensores de los usuarios viales, como Conaduv, que denunció que las concesiones viales de Milei triplican los peajes. «Es volver a un régimen nefasto y que fracasó en los 90», acusaron. 

     

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