El Intendente Marcelo Orazi mantuvo una reunión esta mañana con los Secretarios de su gabinete: Guillermo Carricavur de Gobierno, Ariel Oliveros de Coordinación, Luisa Ibarra de Desarrollo Social, Francisco Lucero de Obras y Servicios y Mirta Sánchez de Economía y Finanzas. Participó también la Directora de Economía Marta Muñoz.
En la oportunidad el Intendente informó a sus funcionarios sobre las gestiones realizadas en Viedma y lo conversado en el encuentro que mantuvo con la Gobernadora Arabela Carreras, destacando el acompañamiento del gobierno provincial a su gestión.
También abordó el convenio firmado con el Ministerio de Gobierno en el marco del programa ‘IPAP Municipios’ que permitirá la capacitación de empleados municipales.
“Hablamos también de los proyectos que se pondrán en marcha en agosto, vinculados principalmente con obra pública, urbanismo y embellecimiento de la ciudad, anuncios que serán realizados próximamente”, manifestó al término del encuentro el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros.
Agregó: “Abordamos los aspectos del Plan de Regularización de Deudas que se pone en marcha esta semana, que permitirá al contribuyente ponerse al día con el Municipio, con distintas facilidades y beneficios”.
“Fue una reunión sumamente productiva”, finalizó Oliveros.
Pity Alvarez y su madrugada eterna, ponen en relevancia algo que a los medios no les interesa enfocar. Lo que expone el suceso «Pity» son las 40 muertes al mes que hay en la Argentina a causa del «paco»(según un relevamiento realizado por “Madres contra el paco y por la vida”) de noche y de día,…
La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina informa que debido a la confirmación de casos positivos de Covid-19 y de manera preventiva las oficinas ubicadas en Uspallata Sur 169 permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Difunde esta nota
El Consejo de la Magistratura de la Nación desestimó las tres denuncias que el juez federal de Rosario Gastón Salmain, quien se encuentra suspendido a la espera del inicio de juicio político, hizo contra su colega Carlos Vera Barros, quien hace ocho meses lo procesó por un intento de cobro de sobornos en el manejo de una causa y le dictó la prisión preventiva.
Mientras el Consejo rechazaba las denuncias de Salmain contra el juez federal que lo procesó por pedir una coima y lo embargó por 200 mil dólares, el presidente de la Asociación de Fiscales y de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Ricardo Toranzos, alertaba sobre actitudes llamativas de Salmain a distintos funcionarios que lo investigan, que consideró provocadoras.
Este miércoles el Consejo de la Magistratura de la Nación rehusó avanzar con tres denuncias distintas que Salmain le hizo al juez federal Vera Barros. El que primero desestimó hacerlo fue el consejero Alberto Lugones, que también es juez, y a su criterio lo acompañó toda la Comisión de Disciplina.
En diciembre pasado Vera Barros procesó a Salmain en la causa conocida como Attila, donde el magistrado bajo sospecha está acusado de haber admitido un amparo del dueño de un fideicomiso y ordenado al BCRA que le vendiera 10 millones de dólares al precio oficial, durante la vigencia del cepo cambiario, para que el empresario pagara una deuda. Según la imputación, Salmain accedió ante la propuesta de recibir una coima del 10 por ciento de la diferencia de cambio, entre la cotización de la divisa en el mercado de cambios y en el circuito blue.
El juez Carlos Vera Barros
Salmain denunció a Vera Barros porque a su criterio le dictó conscientemente la prisión preventiva y la prohibición de salida del país cuando tiene hasta el presente fueros que le dan inmunidad. «Un juez federal de la Nación ordenó la prisión preventiva y la prohibición de salida del país de otro juez federal en ejercicio, con pleno conocimiento de que la ley 25.320 se lo prohibía, y luego de haber reconocido expresamente esa prohibición en una resolución previa dictada por él mismo en la misma causa», sostuvo Salmain en su planteo. Lugones rechazó esa solicitud.
Una segunda denuncia de Salmain fue por entender que Vera Barros de manera arbitraria no ordenó la incorporación al expediente del caso en el que estaba acusado una prueba que podía desincriminarlo. Era un oficio librado por la Prefectura Naval Argentina que, dice Salmain, el fiscal que lo imputaba ocultó deliberadamente. El cuestionamiento a Vera Barros era porque era una evidencia de descargo importante para evaluar la credibilidad del principal testigo de cargo.
La tercera denuncia de Salmain que no se tuvo en cuenta cuestionaba a Vera Barros por haber ordenado medidas que suspenden garantías y en extremo coercitivas «cuando tenía pleno conocimiento de que el expediente que pretendía servir como sustento a dichas medidas había desaparecido por completo del sistema de gestión judicial, careciendo de toda existencia procesal válida».
Salmain le cuestionó a Vera Barros que en esas condiciones ordenó el secuestro de su teléfono celular personal, que lo requisaron a él personalmente y a su vehículo, medidas con afectación directa de derechos fundamentales. Adujo que este juez desde el momento en que tomó conocimiento de la desaparición del expediente debió ordenar la suspensión inmediata de las medidas que sin embargo autorizó en su contra.
En todos los casos el dictamen del consejero Lugones fue el mismo: que el Consejo de la Magistratura tiene como función analizar asuntos que tienen que ver con el comportamiento y la disciplina de los jueces. Pero que sus integrantes tienen prohibido meterse con sus decisiones jurisdiccionales, es decir, con lo que resuelven como magistrados. Los consejeros estuvieron de acuerdo y desestimaron las tres denuncias de Salmain.
Estos planteos contra Vera Barros que se desestiman se dan en lo que distintos funcionarios judiciales advierten como un patrón en Salmain, que es tener actitudes cuestionables hacia los funcionarios que lo investigan.
El último ejemplo al que aluden se dio la semana pasada y tomó estado público este lunes. Fue el jueves pasado cuando Salmain apareció entre el público durante una audiencia de juicio en Comodoro Py donde se desempeñan dos de los fiscales que lo están acusando en Rosario. En este juicio actuaba también el defensor de Salmain, Yamil Castro Bianchi, quien en un momento dijo que llegaría el momento en que él le pediría pena a unos de los fiscales allí presentes, Diego Velasco. Que actúa en causas contra Salmain.
La llamativa presencia de Salmain en un juicio en el que estaban los fiscales que lo investigan motivó una enfática declaración del titular de la Asociación de Fiscales del MPF Ricardo Toranzos. «Para nosotros fue muy extraño. A Salmain no se le escapa que su presencia en el lugar iba a generar reacción. Mínimanente, es provocador y pretende amedrentar», dijo este miércoles al periodista Hernán Funes de Cadena 3 Rosario.
Toranzos aludió a la aparición de Salmain entre el público el jueves en el SUM de Comodoro Py durante la audiencia en la causa Sueños Compartidos. «Su presencia parecía concordar con el ataque de su abogado al fiscal Diego Velasco», sostuvo. «Esto debe ser una alerta para el Consejo de la Magistratura, para hacer inmediatamente el análisis de su caso», señaló.
Salmain afrontará el jury por tres causas en las que fue denunciado y en las que por unanimidad el plenario del Consejo de la Magistratura habilitó su suspensión para el inicio del juicio político, cuyo inicio se prevé para octubre.
El Rio Negro, está conformado por las cuencas del Rio Limay y el Rio Neuquén. La contaminación del Rio Negro es muy fuerte hoy, en él se vierten: desechos industriales, desechos de la agricultura como pesticidas, las cloacas sin tratamiento y por último el fracking. La contaminación del Rio Negro es muy fuerte hoy, en él se vierten: desechos industriales, desechos de la agricultura como pesticidas, las cloacas sin tratamiento y por último el fracking, que con sus residuos a gran escala contamina las aguas. La contaminación que se produce en Vaca Muerta y Allen llega, río abajo, hasta Viedma donde desemboca en el mar.
La decisión del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de retirar a su embajador en Buenos Aires marca un hecho sin precedentes en cuatro décadas de democracia. La escalada llega después de una nueva serie de agravios públicos de Milei contra el presidente brasileño y vuelve a poner en discusión el costo político, económico y comercial de una diplomacia basada en la confrontación permanente.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La relación entre Argentina y Brasil acaba de ingresar en uno de sus momentos más delicados desde el retorno de la democracia. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y reducir la representación diplomática al nivel de encargado de negocios, una señal política de enorme gravedad que en la práctica implica congelar el vínculo institucional entre las dos principales economías de Sudamérica mientras persistan las agresiones de Milei. La medida fue comunicada oficialmente por el Palacio de Itamaraty luego de una nueva escalada verbal protagonizada por el mandatario argentino, quien durante el fin de semana volvió a descalificar públicamente a Lula con insultos personales y cuestionamientos políticos.
La decisión brasileña constituye mucho más que un gesto protocolar. Desde la reconstrucción democrática iniciada en los años ochenta, Argentina y Brasil construyeron una política de Estado basada en la cooperación estratégica, la integración económica y la consolidación del Mercosur como herramienta de desarrollo regional. Gobiernos de distintos signos políticos mantuvieron ese principio incluso en momentos de profundas diferencias ideológicas. Carlos Menem convivió con Fernando Henrique Cardoso; Néstor Kirchner y Cristina Fernández fortalecieron la alianza con Lula; Mauricio Macri preservó los canales institucionales con Michel Temer y posteriormente con Jair Bolsonaro. Nunca antes un conflicto estrictamente político había derivado en una degradación formal de la representación diplomática de semejante magnitud.
La explicación ofrecida por Brasil fue contundente. Desde Itamaraty señalaron que las reiteradas agresiones personales de Milei contra Lula, sumadas a los cuestionamientos dirigidos contra instituciones brasileñas, tornaron imposible mantener la normalidad diplomática. La decisión implica que el embajador Bitelli no regresará a Buenos Aires mientras persista el actual escenario político, dejando la representación brasileña en manos de un funcionario de menor rango, una figura utilizada habitualmente cuando las relaciones atraviesan una crisis seria pero sin llegar a la ruptura formal.
La respuesta del Gobierno argentino no modificó el tono del conflicto. La Cancillería calificó la decisión brasileña como «unilateral» y sostuvo que responde a motivaciones «ideológicas», aunque evitó hacer cualquier referencia a las expresiones utilizadas por Milei contra Lula. El comunicado oficial volvió a responsabilizar exclusivamente al gobierno brasileño por el deterioro del vínculo, una postura que profundiza la distancia entre ambas administraciones y reduce aún más las posibilidades de una recomposición inmediata.
Detrás del conflicto diplomático aparece un dato imposible de ignorar: Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, el principal destino de las exportaciones industriales nacionales y un actor determinante para sectores como la industria automotriz, la maquinaria agrícola, la energía, la producción metalúrgica y numerosos complejos manufactureros. Cada deterioro político termina generando incertidumbre entre empresas, inversores y exportadores que dependen de un flujo comercial construido durante décadas. Si bien la decisión brasileña no implica por ahora restricciones económicas, el mensaje político introduce un factor adicional de inestabilidad para un país que atraviesa una profunda recesión, dificultades para generar divisas y una creciente dependencia del financiamiento externo.
La crisis también representa un golpe para el Mercosur. Mientras el bloque intenta redefinir su papel frente a un escenario internacional cada vez más competitivo, la confrontación entre Buenos Aires y Brasilia debilita la capacidad de negociación regional y erosiona uno de los pilares históricos del proceso de integración sudamericano. No se trata únicamente de una diferencia entre presidentes, sino de un conflicto que afecta el funcionamiento de instituciones, mecanismos de coordinación y agendas comunes desarrolladas durante décadas.
Desde la llegada de Milei al poder, la política exterior argentina abandonó la tradicional búsqueda de consensos regionales para privilegiar los alineamientos ideológicos. Los enfrentamientos con gobiernos latinoamericanos, las tensiones con organismos multilaterales y la identificación casi exclusiva con determinados liderazgos internacionales fueron modificando el perfil diplomático argentino. La relación con Brasil constituye probablemente el ejemplo más evidente de esa transformación: un vínculo históricamente considerado estratégico quedó subordinado a la confrontación política y a declaraciones públicas que, finalmente, terminaron produciendo consecuencias institucionales concretas.
Contenido simbólico
La decisión de Lula adquiere además un fuerte contenido simbólico. Brasil eligió responder mediante los mecanismos tradicionales de la diplomacia, evitando una ruptura total pero dejando en claro que considera inaceptables los ataques reiterados del presidente argentino. En términos internacionales, retirar a un embajador constituye una de las sanciones políticas más severas antes de la ruptura de relaciones, y suele reservarse para situaciones excepcionales.
Mientras tanto, Argentina enfrenta un escenario complejo. La crisis se produce en momentos en que el Gobierno necesita recuperar inversiones, fortalecer el comercio exterior y mejorar su inserción internacional. Sin embargo, la política exterior vuelve a convertirse en un frente de conflicto que suma incertidumbre a una economía ya golpeada por la caída del consumo, el deterioro industrial y la fragilidad financiera. El episodio deja una pregunta abierta sobre los costos que puede tener para el país una estrategia diplomática basada más en la confrontación personal que en la defensa pragmática de los intereses nacionales.
Personas con discapacidad: salidas breves, programadas según DNI y a no más de 500 metros Así lo fija la reglamentación que publicó el Gobierno para atender a la necesidad de las personas con esa condición de salud. Para salir, deberán llevar el Certificado Único de Discapacidad en soporte papel o foto digital. El gobierno nacional…
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