El Intendente Marcelo Orazi mantuvo una reunión esta mañana con los Secretarios de su gabinete: Guillermo Carricavur de Gobierno, Ariel Oliveros de Coordinación, Luisa Ibarra de Desarrollo Social, Francisco Lucero de Obras y Servicios y Mirta Sánchez de Economía y Finanzas. Participó también la Directora de Economía Marta Muñoz.
En la oportunidad el Intendente informó a sus funcionarios sobre las gestiones realizadas en Viedma y lo conversado en el encuentro que mantuvo con la Gobernadora Arabela Carreras, destacando el acompañamiento del gobierno provincial a su gestión.
También abordó el convenio firmado con el Ministerio de Gobierno en el marco del programa ‘IPAP Municipios’ que permitirá la capacitación de empleados municipales.
“Hablamos también de los proyectos que se pondrán en marcha en agosto, vinculados principalmente con obra pública, urbanismo y embellecimiento de la ciudad, anuncios que serán realizados próximamente”, manifestó al término del encuentro el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros.
Agregó: “Abordamos los aspectos del Plan de Regularización de Deudas que se pone en marcha esta semana, que permitirá al contribuyente ponerse al día con el Municipio, con distintas facilidades y beneficios”.
“Fue una reunión sumamente productiva”, finalizó Oliveros.
Tras la firma de un convenio por el traspaso del fuero nacional laboral a la órbita porteña, una maniobra de Villarruel podría dilatar la transferencia.
La intención del gobierno era que la modificación se resolviera en las bancas, pero el secretario parlamentario del Senado, que responde a Villarruel, decidió que siguiera el camino ordinario de cualquier ley propuesta por el Ejecutivo: tratamiento en comisiones y luego votación en el recinto. Las sesiones ordinarias comienzan en marzo y pueden pasar varias semanas antes de completar el ciclo.
El traspaso del fuero nacional es resistido por los propios jueces que perciben como un menoscabo a su investidura ser considerados jueces provinciales y también por los abogados laboralistas. Lo cierto es que, si la transferencia se efectiviza, pasarán a rendir cuentas ante el consejo de la magistratura porteño.
Hay quienes señalan a Villarruel como la responsable de la maniobra dilatoria, pero Agustín Giustinian también tiene buen vínculo con Patricia Bullrich y sospechan que la senadora, de excelente relación con los jueces laborales, estuvo detrás del ardid.
Por la mañana del martes el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, anunció que había firmado un convenio con Nación para traspasar el fuero laboral. Horas más tarde comenzaron los rumores de que el traspaso podía trabarse en el Senado.
El trámite habitual para los traspasos de competencias de Nación a La Ciudad es la firma de un convenio que luego debe ser ratificado por la Legislatura y por el Senado.
Hay sospechas de que Bullrich fue una de las artífices de la maniobra que demora el traspaso.
Por el momento los jueces nacionales trabaron la transferencia con una cautelar, pero la medida podría caerse. Hasta ahora la última instancia de apelaciones de la justicia Nacional es la Corte.
Si el fuero laboral pasa a la Ciudad, esos expedientes tendrán una instancia anterior, el Tribunal Superior de Justicia. Desde el fallo Levinas, donde el panelista Gabriel Levinas fue juzgado por el robo de obras del artista León Ferrari, el TSJ se convirtió en el tribunal de alzada de la Justicia Nacional.
La Corte tiene especial interés en que el fuero pase a la Ciudad: eso implicaría dejar de lidiar con miles de expedientes que ingresan al máximo tribunal año tras año.
Si el convenio es ratificado por el Senado y la Legislatura, el consejo de la magistratura porteño tendrá una oportunidad única: designará 17 de los 30 camaristas del fuero y al menos 30 de los 80 juzgados que están subrogados. Juan Manuel Olmos y Daniel Angelici serán quienes lideren ese proceso.
El traspaso es impulsado por los empresarios, que ven al fuero colonizado por una visión anti empresa que favorece la industria del juicio y falla siempre a favor de los trabajadores, en algunos casos con condenas tan exageradas que directamente provocan la quiebra de las empresas. Su traspaso fue uno de los caballitos de batalla de Mauricio Macri mientras fue jefe de gobierno porteño y presidente de la Nación. Como era de esperar, es resistido por representantes gremiales y abogados laboralistas.
El líder del PRO llegó a quejarse públicamente de la «mafia de los Recalde», en alusión al ex diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde, quien falleció hace poco más de un año, y Leandro Recalde, quien continúa al frente del estudio jurídico de la familia, con el acompañamiento del senador kirchnerista Mariano Recalde. Más allá de la chicana de Macri, lo cierto es que la familia Recalde tuvo una influencia determinante en el fuero.
Ante la presión de los empresarios, el gobierno busca volver atrás la maniobra de Giustinian y no pierden la esperanza de que el convenio se apruebe mañana. El acuerdo se firmó después de un largo debate del que participaron además de los ministerio de justicia nacional y porteño, ONGs y organismos internacionales como la OISS. Cerca de Milei saben que es difícil que un escenario tan favorable como el actual se repita en el Senado y por eso buscan ratificar el convenio lo antes posible.
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