El Intendente Marcelo Orazi mantuvo una reunión esta mañana con los Secretarios de su gabinete: Guillermo Carricavur de Gobierno, Ariel Oliveros de Coordinación, Luisa Ibarra de Desarrollo Social, Francisco Lucero de Obras y Servicios y Mirta Sánchez de Economía y Finanzas. Participó también la Directora de Economía Marta Muñoz.
En la oportunidad el Intendente informó a sus funcionarios sobre las gestiones realizadas en Viedma y lo conversado en el encuentro que mantuvo con la Gobernadora Arabela Carreras, destacando el acompañamiento del gobierno provincial a su gestión.
También abordó el convenio firmado con el Ministerio de Gobierno en el marco del programa ‘IPAP Municipios’ que permitirá la capacitación de empleados municipales.
“Hablamos también de los proyectos que se pondrán en marcha en agosto, vinculados principalmente con obra pública, urbanismo y embellecimiento de la ciudad, anuncios que serán realizados próximamente”, manifestó al término del encuentro el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros.
Agregó: “Abordamos los aspectos del Plan de Regularización de Deudas que se pone en marcha esta semana, que permitirá al contribuyente ponerse al día con el Municipio, con distintas facilidades y beneficios”.
“Fue una reunión sumamente productiva”, finalizó Oliveros.
El Intendente Marcelo Orazi encabezó el acto de entrega de los certificados a quienes realizaron en diciembre pasado el curso de embalado de frutas organizado por la Oficina de Empleo de la Municipalidad. En la oportunidad recibieron los mismos la primera tanda de un total de 123 personas que asistieron a la actividad. La segunda…
De acuerdo al registro realizado por el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, del 1 de enero al 30 de abril de 2023 se registraron 99 femicidios, 87 femicidios íntimos de mujeres y 12 femicidios vinculados en nuestro país. Desde el Observatorio de las Violencias de Género «Ahora Que Sí Nos Ven» dieron a conocer…
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional visitará la Argentina por invitación de Javier Milei y uno de los puntos centrales de su agenda será un recorrido por Vaca Muerta. La presencia de la máxima autoridad del organismo en el principal yacimiento energético del país alimenta el debate sobre el papel que jugarán los recursos naturales argentinos en la estrategia para garantizar el pago de la deuda externa.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La llegada de Kristalina Georgieva a la Argentina no será una visita protocolar más. La titular del Fondo Monetario Internacional desembarcará en Buenos Aires en un momento de fuerte alineamiento político entre el organismo y el gobierno de Milei, con una agenda que excede ampliamente las reuniones institucionales: además del encuentro con el Presidente y con el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Vaca Muerta, donde recorrerá el complejo de Loma Campana junto al presidente de YPF, Horacio Marín.
La imagen no es menor. Por primera vez, la principal funcionaria del FMI visitará el mayor reservorio de hidrocarburos no convencionales del país, un activo estratégico cuya producción aparece cada vez más asociada a la capacidad argentina de generar los dólares necesarios para sostener el programa económico acordado con el organismo internacional.
Vaca Muerta, el activo que seduce al FMI
Desde hace meses, el Gobierno presenta a Vaca Muerta como el motor que permitirá transformar la estructura económica argentina mediante un fuerte incremento de las exportaciones energéticas. Las proyecciones privadas estiman que durante 2026 el superávit energético podría ubicarse entre 8.500 y 10.000 millones de dólares, impulsado por el crecimiento de la producción petrolera y por nuevas obras de infraestructura para exportar crudo y gas.
Para el FMI, esos dólares tienen un valor que trasciende el desarrollo energético. Representan la posibilidad de fortalecer las reservas internacionales, mejorar la capacidad de pago de la deuda y sostener el esquema financiero que respalda al programa libertario.
Por eso la presencia de Georgieva en Neuquén es interpretada también como una señal hacia los mercados internacionales: el organismo observa de cerca el recurso que el Gobierno considera la principal fuente futura de divisas del país.
GRAVÍSIMO Santilli reconoce alegremente q el FMI va a controlar la producción de Vaca Muerta. Lo peor es q lo muestra como un logro del gob cuyo ministro de economía es el responsable de la deuda y revinculación con el organismo echado por Néstor K.
La visita también constituye un gesto político de peso. Pocas veces un director gerente del FMI realizó una gira de estas características por la Argentina, y menos aún incluyendo un recorrido por un yacimiento petrolero.
El Gobierno interpreta la presencia de Georgieva como una ratificación del respaldo internacional al rumbo económico libertario, luego de las sucesivas revisiones del acuerdo firmado con el organismo. Luis Caputo llegó incluso a definir la relación con el Fondo como «la mejor de la historia», reflejando el nivel de sintonía alcanzado entre ambas partes.
Sin embargo, desde distintos sectores de la oposición advierten que el entusiasmo del Fondo por Vaca Muerta confirma que el interés principal continúa siendo garantizar la generación de dólares para el repago de la deuda antes que impulsar un modelo de desarrollo orientado al mercado interno o a la industrialización de esos recursos.
El debate sobre la soberanía energética vuelve al centro
La recorrida de Georgieva reabre además una discusión histórica en la Argentina: quién define el destino estratégico de los recursos naturales.
Vaca Muerta es considerada una de las mayores reservas de petróleo y gas no convencional del planeta y constituye uno de los activos energéticos más importantes del país. En ese contexto, la imagen de la titular del FMI recorriendo los yacimientos alimenta las críticas de quienes sostienen que la política energética comienza a quedar cada vez más condicionada por las necesidades financieras del programa económico acordado con el organismo internacional.
Mientras el Gobierno celebra la visita como una muestra de confianza de los mercados y de los organismos multilaterales, el recorrido de Georgieva por Vaca Muerta instala otra pregunta de fondo: si el principal recurso estratégico argentino será utilizado prioritariamente para impulsar un proyecto nacional de desarrollo o para garantizar el flujo de divisas que exige el FMI para asegurar el cumplimiento de la deuda externa.
Hace semanas que Corrientes está en llamas: se quemaron esteros, árboles, campos. Más de medio millón de hectáreas se perdieron en la provincia, hablamos de uno de los humedales más importantes de Argentina. Debería ser tapa de los diarios nacionales de todos los días y no lo es. Al menos no fue así hasta este…
Después de 30 años terminó la concesión privada de las represas hidroeléctricas de Tucumán. Milei abrió una transición y crecen las incógnitas sobre su futuro.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Treinta años después de haber sido entregadas en concesión durante la ola privatizadora del menemismo, las represas hidroeléctricas de Tucumán llegaron al final del contrato que las mantenía bajo administración privada. La decisión del Gobierno de Javier Milei de establecer un período de transición, en lugar de renovar automáticamente la concesión o anunciar una nueva licitación, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino de un conjunto de activos estratégicos para la generación eléctrica y para el manejo del recurso hídrico de la provincia.
El final de una concesión nacida al calor del modelo privatizador de los años 90
La resolución de la Secretaría de Energía que puso en marcha la transición de las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo marca un nuevo capítulo en la larga historia de las privatizaciones argentinas, un proceso que comenzó a principios de la década del noventa y que transformó profundamente la relación entre el Estado y los servicios considerados estratégicos.
Durante el gobierno de Carlos Menem, y luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado en 1989, la Argentina ingresó en una etapa de transferencia al sector privado de empresas y activos que durante décadas habían sido administrados por organismos estatales. Bajo la promesa de mejorar la eficiencia, atraer inversiones y reducir la participación estatal en la economía, el Gobierno nacional avanzó sobre sectores como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios públicos.
En ese contexto, la generación hidroeléctrica también fue alcanzada por el proceso privatizador. Muchas de las obras construidas durante décadas con financiamiento público fueron entregadas bajo esquemas de concesión a empresas privadas, que pasaron a administrar la explotación comercial de centrales que seguían teniendo una importancia estratégica para el sistema energético nacional.
Así nació Hidroeléctrica Tucumán S.A., la empresa que recibió la concesión de los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres instalaciones fundamentales para la provincia. El contrato firmado en 1996 estableció un plazo de explotación privada de 30 años, período que comenzó formalmente el 30 de julio de ese año y llegó a su vencimiento en julio de 2026.
La fecha de finalización no fue una sorpresa ni una decisión política tomada de manera repentina: estaba contemplada desde el inicio del contrato. Sin embargo, su llegada obliga ahora al Estado a definir qué hacer con un patrimonio energético que vuelve a quedar bajo su órbita después de tres décadas.
Qué decidió el Gobierno de Milei y por qué no implica una estatización
La Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, no dispuso una estatización de las represas ni anunció la creación de una nueva empresa pública para administrarlas. Lo que hizo fue activar el mecanismo previsto en el contrato de concesión para garantizar la continuidad operativa durante una etapa intermedia, evitando que el vencimiento del vínculo privado genere un vacío de gestión sobre instalaciones que requieren supervisión permanente.
El Gobierno estableció un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026, durante el cual Hidroeléctrica Tucumán S.A. continuará operando las centrales bajo un régimen especial, mientras la autoridad energética nacional supervisará el funcionamiento de los complejos.
Para esa tarea fue designada la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor estatal, con la responsabilidad de controlar la operación, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y garantizar que las condiciones de seguridad de las represas permanezcan intactas. Además, se invitó a la Provincia de Tucumán a participar mediante la designación de un representante.
La medida responde a una cuestión central: una central hidroeléctrica no puede simplemente cambiar de manos de un día para otro. Se trata de infraestructura compleja, vinculada no sólo a la generación de electricidad sino también al manejo del agua, la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo y la planificación energética de largo plazo.
Por eso, aunque la concesión terminó formalmente, la operación continúa bajo un esquema transitorio mientras el Gobierno define el próximo paso.
Los bienes vuelven al Estado después de 30 años
Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el vencimiento de la concesión implica el retorno al Estado de los bienes afectados al servicio, tal como estaba establecido en el contrato original firmado durante la década del noventa.
No se trata de una expropiación ni de una compra. La lógica contractual establecía que, al finalizar el período de explotación privada, las instalaciones, equipamientos y activos vinculados al funcionamiento de las centrales debían quedar nuevamente bajo control estatal.
Ese punto resulta significativo porque muestra una diferencia entre el discurso político que acompañó las privatizaciones de los años 90 y la realidad jurídica de muchos de esos contratos: las concesiones privadas no implicaban una transferencia definitiva de la propiedad de los recursos estratégicos, sino un derecho temporal de explotación.
Ahora, tres décadas después, el Estado vuelve a estar frente a la responsabilidad de decidir cómo administrar esos activos.
La paradoja de un Gobierno que busca privatizar frente al vencimiento de una privatización
El caso tucumano presenta además una particular contradicción política para la administración de Javier Milei.
Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó una agenda basada en la reducción del Estado, la apertura económica y la privatización de empresas públicas consideradas ineficientes. Sin embargo, en este caso específico, una concesión privada heredada de la década menemista llegó a su fin y obligó al Estado a asumir nuevamente un rol de supervisión directa.
La administración nacional tenía distintas alternativas frente al vencimiento: extender la concesión, avanzar rápidamente hacia una nueva licitación o establecer un esquema transitorio. Finalmente optó por esta última opción, dejando abierta la definición sobre el futuro de las centrales.
La resolución no determina si habrá una nueva privatización, si se buscará un esquema mixto con participación estatal y privada o si el Estado mantendrá algún tipo de control directo sobre las represas. Esa indefinición será uno de los puntos centrales del debate energético en los próximos meses.
Un recurso estratégico que vuelve al centro de la discusión
Más allá de la discusión contractual, las represas tucumanas representan un activo estratégico que excede la generación eléctrica. Los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo cumplen funciones vinculadas al almacenamiento y regulación del agua, al desarrollo productivo regional y a la infraestructura energética de la provincia.
Por eso, la discusión sobre su futuro no es solamente empresarial: implica definir qué papel tendrá el Estado en la administración de recursos considerados esenciales y cuál será la relación entre la inversión privada y la planificación pública en áreas sensibles.
La resolución publicada por el Gobierno marca el cierre formal de una etapa iniciada durante el menemismo, cuando una parte importante del patrimonio energético argentino pasó a manos privadas mediante contratos de concesión de largo plazo. Ahora comienza una nueva fase, todavía abierta, en la que deberá definirse si el final de aquella privatización será simplemente el comienzo de otra concesión o si representará un cambio más profundo en la forma de administrar la energía hidroeléctrica tucumana.
En una recorrida por el interior de la provincia, Axel Kicillof volvió a expedirse en favor de modificar la ley que limita las reelecciones de los intendentes. «Es muy infrecuente que a nivel de gobiernos locales no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce, que son cercanos», dijo.
El gobernador estuvo este viernes en General Alvear donde inauguró un Centro de Atención Primaria de la Salud. Allí hizo un guiño a los intendentes que deberán resolver este año la ley que les impide pelear por un nuevo mandato.
Kicillof planteó que es la discusión por la reelección de intendentes «es muy distinta a otras discusiones acerca de reelección de gobernadores o presidente». Además, agregó que en la provincia las formaciones políticas ya se expresaron a favor de permitir que haya posibilidad de elegir a cualquiera, de no prohibir a ninguno».
LPO adelantó la semana pasada que gana fuerza en el peronismo la idea de que sean los Concejos Deliberantes quienes definan si el intendente de su distrito puede tener más de dos mandatos consecutivos.
En el peronismo apelaron a la creatividad y a las leyes madre para argumentar que el artículo 123 de la Constitución Nacional exige a todas las provincias asegurar el régimen municipal y garantizar su autonomía en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero.
La idea entusiasma a varios en la compleja Legislatura bonaerense, atravesadas por internas hacia adentro del peronismo, pero también en el interior de los bloques libertarios y radicales.
Verónica Magario.
La oposición podría aceptar la iniciativa si la ley exige que la habilitación excepcional sea por una mayoría especial de dos tercios en el Concejo Deliberante. Esto es importante para la política porque abre el juego político en los territorios. Es que la mayoría de los intendentes tiene asegurada la mayoría simple, pero no los dos tercios de los concejales.
El problema para el peronismo es que la imposibilidad de reelegir de muchos intendentes impacta sobre la definición del candidato a gobernador. Es que varios intendentes -a quienes la ley les impide un nuevo mandato- salieron a promoverse como posibles sucesores de Kicillof en el gobierno provincial.
Federico Achaval (Pilar), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Gustavo Menéndez (Merlo) son algunos de los que -sin chances de reelegir- buscan otros destinos en la política. También se lanzaron a la carrera otros intendentes que tienen chances de un mandato más. Allí están Federico Otermin (Lomas) y Julio Alak (La Plata).
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