El Intendente Marcelo Orazi mantuvo una reunión esta mañana con los Secretarios de su gabinete: Guillermo Carricavur de Gobierno, Ariel Oliveros de Coordinación, Luisa Ibarra de Desarrollo Social, Francisco Lucero de Obras y Servicios y Mirta Sánchez de Economía y Finanzas. Participó también la Directora de Economía Marta Muñoz.
En la oportunidad el Intendente informó a sus funcionarios sobre las gestiones realizadas en Viedma y lo conversado en el encuentro que mantuvo con la Gobernadora Arabela Carreras, destacando el acompañamiento del gobierno provincial a su gestión.
También abordó el convenio firmado con el Ministerio de Gobierno en el marco del programa ‘IPAP Municipios’ que permitirá la capacitación de empleados municipales.
“Hablamos también de los proyectos que se pondrán en marcha en agosto, vinculados principalmente con obra pública, urbanismo y embellecimiento de la ciudad, anuncios que serán realizados próximamente”, manifestó al término del encuentro el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros.
Agregó: “Abordamos los aspectos del Plan de Regularización de Deudas que se pone en marcha esta semana, que permitirá al contribuyente ponerse al día con el Municipio, con distintas facilidades y beneficios”.
“Fue una reunión sumamente productiva”, finalizó Oliveros.
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El Gobierno de Javier Milei prepara una nueva reforma impulsada por Federico Sturzenegger que modificaría de manera profunda el mercado farmacéutico. Especialistas advierten que la iniciativa puede favorecer la automedicación, encarecer tratamientos y debilitar el rol sanitario de las farmacias.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Una reforma que cambia las reglas del sistema farmacéutico
El Gobierno nacional avanza en un nuevo paquete de desregulaciones encabezado por el ministro Federico Sturzenegger, que esta vez apunta directamente al mercado de los medicamentos. Entre los cambios que se analizan figura la modificación o derogación de normas históricas que regulan la comercialización farmacéutica, habilitando una mayor liberalización del sector.
Según trascendió, la iniciativa permitiría ampliar la venta digital de medicamentos, flexibilizar las condiciones para la entrega a domicilio e incluso extender la comercialización de productos de venta libre fuera de las farmacias, una medida que genera fuerte preocupación entre profesionales de la salud.
Lejos de tratarse de una discusión meramente comercial, distintos especialistas sostienen que el proyecto implica un cambio profundo en la forma en que los argentinos acceden a los tratamientos médicos.
Advierten sobre más automedicación y medicamentos más caros
El médico clínico Oscar Atienza alertó que la desregulación podría tener efectos contrarios a los que promete el Gobierno. En lugar de favorecer la competencia y reducir los precios, señaló que la flexibilización puede incentivar la automedicación, dificultar el seguimiento profesional de los pacientes y terminar incrementando el costo efectivo de los tratamientos.
El especialista recordó que las farmacias cumplen una función sanitaria que excede la mera venta de productos. Allí se controla la correcta dispensación de medicamentos, se detectan incompatibilidades entre tratamientos y se orienta al paciente respecto de dosis y riesgos, una tarea que podría perderse si los remedios pasan a comercializarse como cualquier otro bien de consumo.
Además, diversos sectores del sistema de salud sostienen que la concentración del mercado en grandes plataformas comerciales podría terminar debilitando a las farmacias de barrio, reduciendo la competencia real y dejando a millones de personas con menos asesoramiento profesional.
Otra apuesta al mercado en un área sensible
La reforma forma parte del nuevo paquete de desregulaciones que Sturzenegger impulsa tras la expiración de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases. El ministro busca avanzar ahora mediante proyectos legislativos que eliminen o modifiquen decenas de leyes vinculadas a distintas actividades económicas.
En el caso de los medicamentos, la discusión adquiere una dimensión particularmente sensible porque involucra el acceso a tratamientos esenciales, la seguridad sanitaria y el derecho a la salud.
Mientras el Gobierno sostiene que una mayor apertura favorecerá la competencia y eliminará regulaciones consideradas «obsoletas», desde distintos sectores médicos y farmacéuticos advierten que la experiencia internacional muestra que la liberalización del mercado farmacéutico no garantiza una reducción de precios y puede aumentar los riesgos asociados al consumo sin control profesional.
La discusión recién comienza, pero ya anticipa un nuevo frente de conflicto para una administración que viene impulsando una profunda transformación del Estado bajo la premisa de que el mercado debe ocupar un lugar cada vez más amplio, incluso en áreas tan sensibles como la salud.
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