El Intendente Marcelo Orazi recorrió esta mañana la Avenida General Paz donde desde el miércoles se realizan trabajos de pintura demarcando con líneas blancas discontinuas para separar los carriles y con líneas continuas amarillas en los cruces y puentes.
En la oportunidad, acompañado por el Director de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad Mario Figueroa, Orazi supervisó las tareas y dialogó con el personal que está a cargo de las mismas.
La tarea comenzó el miércoles de esta semana y demandará aproximadamente una semana más.
Vale destacar que los trabajos han tenido una excelente recepción por parte de quienes transitan a diario por esta calle que conduce al balneario municipal de la Isla 58.
El estudio de Alejandro Fargosi, primer candidato a diputado por la lista de Milei en Capital, fue patrocinante del fondo buitre Burford en el juicio por Aerolíneas que le costó a la Argentina 400 millones de dólares.
Burford le había comprado a la familia Eskenazi los derechos para litigar contra el Estado. Esperaban un resultado similar a la victoria que obtuvieron contra la Argentina en el CIADI.
En esa ocasión, los buitres habían adquirido el juicio de Marsans por la expropiación de Aerolíneas. Representado por el estudio Fargosi & Asociados, Burford ganó cerca de 140 millones de dólares, 976% más de lo que había invertido para litigar.
El estudio Fargosi se llevó al menos 922 mil dólares de honorarios que fueron pagados por el estado argentino.
Al momento del fallo, durante la presidencia de Mauricio Macri, Diego, uno de los hijos de Fargosi era directivo de Aerolíneas. Antes, Diego había trabajado en la empresa durante la gestión del Grupo Marsans.
Su padre Alejandro también había litigado contra Aerolíneas durante el menemismo, pocos años después de la privatización.
Allegados al diputado aseguraron que Alejandro Fargosi se desligó del estudio familiar en 1987.
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El desastre de las rutas del país, que ya se cobraron numerosas víctimas tiene un número: 1.165.491 millones. Una fortuna imposible de mensurar pero que alcanzaría cómoda para reparar todas las rutas que están detonadas y no sólo ponen en peligro vidas sino que afectan la competitividad de la Argentina por las dificultades para trasladar bienes y personas.
La cifra fue calculada por un grupo de veinte diputados peronistas que se tomaron el trabajo de analizar todos los fondos que retuvo ilegalmente el ministro Toto Caputo del Impuesto a los Combustibles (ver documento adjunto) que por ley del Congreso obliga a asignar el 28,58% de lo recaudado al Sistema Vial Integrado (Sisvial), a cargo de mantener y mejorar las rutas del país.
Otro dato que confirma que el superávit del que hacen alarde Milei y Caputo está construido sobre una serie de incumplimientos de obligaciones legales del Estado y el no pago de deudas como ocurre con los USD 1.000 millones que se debe a los proveedores del Pami. «Algún día alguien va a hacer la cuenta d ela deuda flotante que arrastra Milei y ahí se va a caer la mentira del superávit», afirmó a LPO uno de los diputados que participó del trabajo.
La retención ilegal de esos fondos es especialmente significativa porque la recaudación del impuesto a los combustibles creció de manera exponencial desde la asunción de Milei.
Del 2023 al 2024 lo recaudado por ese tributo creció un 378%, del total se debieron girar netos al sistema vial $354.835 millones. Al año siguiente la recaudación del Impuesto a los Combustibles creció un 92% y esta vez Caputo se quedó con 688.126 mil millones. Y en los dos primeros meses del 2026 el impuesto pegó otro salto y el ministro de Economía embolsó 122.530 millones que debió girar a las provincias por la ley 23.966. Se trata de un incumplimiento legal que tarde o temprano terminará en la Corte Suprema, que hasta ahora ha sido muy permisiva con el gobierno de Milei.
Intendentes de varias localidades organizaron para este martes una reunión en Buenos Aires para coordinar una estrategia de reclamo coordinada frente a Nación por el estado catastrófico de las rutas. El malestar también escala a nivel provincial y quizá haya cumbre de gobernadores.
Uno de los firmantes, el diputado entrerriano Guillermo Michel, confirmó a LPO que la situación de las rutas «no se sostiene más» y recordó que desde el Congreso ya impulsaron proyectos y pedidos de informes sin obtener respuestas. Entre Ríos, es de hecho una de las provincias con las rutas en peor estado. «Hemos pedido reuniones con Economía y no hubo avances. El problema es cada vez más grave», advirtió.
El diputado peronista Guillermo Michel.
En el interior, el impacto es directo y los intendentes de distintas provincias vienen alertando que las rutas nacionales están «detonadas» y que el reclamo de los vecinos recae sobre los municipios: «Los intendentes son los que están en la trinchera de los problemas», reconoció Michel.
De hecho, intendentes de varias localidades organizaron para este martes una reunión en Buenos Aires para coordinar una estrategia común. El malestar también escala a nivel de las provincias y quizá haya cumbre de los gobernadores.
En las provincias no solo sufren el robo de la parte que les corresponde del impuesto al combustible sino también la caída de la coparticipación por el derrumbe de la recaudación nacional por la recesión. De hecho, la principal preocupación de los mandatarios por estas horas es la manera en que se va a repartir el adelanto de las partidas federales.
El trabajo de los diputados revela que, en una constante de la gestión de Caputo, cientos de miles de millones de este fondo han sido desviados a colocaciones financieras.
Se confirma así que a pesar del flujo de fondos que Nación recauda, el estado de las rutas nacionales muestra un deterioro gravísimo, señales ilegibles y banquinas convertidas en pastizales inaccesibles, que ya se han cobrado numerosas vidas.
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