El Intendente Marcelo Orazi recorrió esta mañana la Avenida General Paz donde desde el miércoles se realizan trabajos de pintura demarcando con líneas blancas discontinuas para separar los carriles y con líneas continuas amarillas en los cruces y puentes.
En la oportunidad, acompañado por el Director de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad Mario Figueroa, Orazi supervisó las tareas y dialogó con el personal que está a cargo de las mismas.
La tarea comenzó el miércoles de esta semana y demandará aproximadamente una semana más.
Vale destacar que los trabajos han tenido una excelente recepción por parte de quienes transitan a diario por esta calle que conduce al balneario municipal de la Isla 58.
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Luego que los intendentes de las principales ciudades emitieran un duro comunicado contra Javier Milei, en el que sostienen que «así, Argentina no funciona», la avanzada amaga con escalar en el plano judicial.
Los jefes comunales empezaron a diseñar un planteo judicial ante la Corte Suprema en procura de una nueva distribución del impuesto a los combustibles y una fórmula de reparto de ATN para bloquear el «toma y daca» que aplica el libertario.
La descripción de la situación actual quedó plasmada en un documento que firmaron los intendentes de distintas ciudades -Julio Alak, Daniel Passerini, Pablo Javkin, Ulpiano Suárez y Rossana Chala, entre otros. En él, denunciaron que el Estado nacional «dejó de cumplir sus funciones básicas» y no distribuye fondos para los municipios.
«Gobernar no es abandonar a la gente. No vamos a abandonar la salud, la educación pública ni la asistencia social, aun cuando la crisis se profundiza. Los datos son contundentes: en los últimos dos años cerraron 22.608 empresas, hay 300.000 personas desempleadas más y crecen la informalidad y las suspensiones. Así, la Argentina no funciona», dice el documento.
El Gobierno Nacional retiene fondos que corresponden a provincias y municipios. Solo en ATN, en 2025 quedaron sin distribuir 740.356 millones de pesos, incumpliendo leyes y acuerdos
Luego, avanzaron sobre el fondo del planteo: el recorte de recursos nacionales y sentar las bases del planteo judicial.
«La incidencia impositiva de los municipios es apenas del 3%, frente al 75% que aplica la Nación. Sin embargo, el Gobierno Nacional retiene fondos que corresponden a provincias y municipios. Solo en ATN, en 2025 quedaron sin distribuir 740.356 millones de pesos, incumpliendo leyes y acuerdos», señalaron en el documento cuya base fue redactada por Passerini y Javkin.
«Estamos olfateando que las cosas se están poniendo muy mal para nuestro pueblo. Porque se está prendiendo un plan económico que claramente está derrumbando la coparticipación federal», dijo Alak, quien también dio el marco jurídico para la avanzada contra Milei en la Corte.
«Ahí está el artículo 123 de la Constitución Nacional, que es un instrumento formidable para cuando algunos señores que pasan por la Casa Rosada quieren sacarle al municipio las tasas municipales. Tenemos facultades impositivas por la Constitución de la Nación para fijar tasas. No lo dice una ley, lo dice la Constitución», dijo Alak.
Los jueces federales se equivocan muchas veces y, por pretender tener cargos superiores en la Justicia, muchas veces fallan en contra de los municipios
Y agregó respecto de la presión que ejerce el Banco Nación a los municipios para la eliminación de tasas: «Los jueces federales se equivocan muchas veces y, por pretender tener cargos superiores en la Justicia, muchas veces fallan en contra de los municipios. Pero sus fallos rápidamente son revertidos por las Cámaras Federales porque los camaritas leen la Constitución».
Passerini avanzó sobre otros dos focos del eventual planteo judicial: combustibles y ATN. «La carga impositiva del combustible es de un 40% del valor. Los municipios en promedio solo tenemos el 1,7% de esa responsabilidad, el 35% en promedio son impuestos nacionales que deberían volver en el mantenimiento», dijo.
Y agregó: Milei «no nos mandaron los recursos para los baches porque se los está quedando; ni hablar con muchos otros fondos específicos que el Gobierno Nacional está incumpliendo».
Por ahora, los equipos jurídicos de los municipios comenzaron a ordenar el trabajo conjunto para llevar el caso ante la Corte Suprema.
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