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Orazi recorrió hoy los trabajos que se realizan en la Avenida General Paz

El Intendente Marcelo Orazi recorrió esta mañana la Avenida General Paz donde desde el miércoles se realizan trabajos de pintura demarcando con líneas blancas discontinuas para separar los carriles y con líneas continuas amarillas en los cruces y puentes.

En la oportunidad, acompañado por el Director de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad Mario Figueroa, Orazi supervisó las tareas y dialogó con el personal que está a cargo de las mismas.

La tarea comenzó el miércoles de esta semana y demandará aproximadamente una semana más.

Vale destacar que los trabajos han tenido una excelente recepción por parte de quienes transitan a diario por esta calle que conduce al balneario municipal de la Isla 58.

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  • Adorni contrató al abogado de Yabrán para defenderse en las causas de corrupción

     

    Manuel Adorni contrató a Guillermo Ledesema, el abogado de Alfredo Yabrán, para defenderse en las causas por corrupción que pusieron su continuidad como funcionario de los hermanos Milei en la cuerda floja.

    Pese a que el Presidente expresó su respaldo con una presunta hoja de ruta hasta 2027 para Adorni, el jefe de Gabinete sigue complicando al gobierno con cada paso que da desde que estalló el escándalo de los viajes en vuelos privados, la casa en el country y el departamento en Caballito con un nivel de ingresos incompatible con su patrimonio.

    Las causas en las que deberá representarlo Ledesma serán la de presunto enriquecimiento ilícito y la que investiga su viaje a Punta del Este.

    Pero, además, la transparencia de Adorni estaría comprometida hasta por la cartera de la escribana, Adriana Nechevenko, quien tuvo que desfilar por los tribunales de Comodoro Py hace 12 años por una serie de operaciones con narcos, tal como informó LPO. Sus clientes terminaron condenados en la Justicia por traficar efedrina para la producción de metanfetamina, la droga que popularizó la serie Breaking Bad.

    «El caso Adorni es un reflejo de la predilección de Karina por lo runfla»

    Ahora el jefe de Gabinete eligió para su defensa al abogado Ledesma, quien cosechó su prestigio por haber integrado la cámara que realizó el juicio a las juntas. Sin embargo, también fue defensor del empresario Yabrán e, incluso, llegó a tener una reunión con Antonini Wilson, el famoso venezolano que trató de meter una valija llena de dólares en 2007, para ser su representante.

    El diario La Nación publicó que «Antonini había grabado la conversación» que mantuvo con Ledesma en Miami, cuando almorzaron en un restaurante de Ford Lauderdale. «Ledesma le aseguraba que no iba a ir preso y que la garantía de eso eran ‘Kirchner y Chávez'», reseñó el diario.

    Al abogado le indignaba que se lo asociara a una operación de kirchnerismo para tranquilizar al venezolano. «En la desgrabación completa está claro. Yo le digo a Antonini: ´Si me contratan para vos y te defiendo, te digo todo. Me importan tres pomos los demás, sólo me importás vos. No soy kirchnerista ni lo quiero ser», fue el descargo que resumió La Nación.

    Más allá de la competencia que tenga o no Ledesma para salvar a Adorni, los clientes del letrado no parecen ser de ayuda para la Casa Rosada.

    Karina y Adorni.

    Paradójicamente, fue un pedido del gobierno que Adorni se buscara un abogado. Hasta el ex ministro Mariano Cúneo Libarona se permitió sugerirlo con acidez: «es un enorme expositor, brillante, pero en una causa propia es distinto».

    Para colmo, ambas causas recayeron en el juzgado de Ariel Lijo, quien padeció la fallida estrategia de Santiago Caputo en 2024 para llegar a la Corte Suprema y terminó expuesto al rechazo de su pliego en el Senado a principios de 2025. Ahora, el magistrado está a cargo de la investigación sobre las coimas de la Andis, además de la investigación sobre Adorni, y aspira a la Procuración General de la Nación.

    Es un enorme expositor, brillante, pero en una causa propia es distinto.

    El problema es que quedó del lado de Ricardo Lorenzetti y Guillermo Montenegro por el Ministerio de Justicia, una logia que contaba con el supuesto beneplácito de Javier Milei pero fue descartada por Karina para nombrar a Juan Bautista Mahiques. O sea que Adorni afronta no solo una tortuosa defensa, a través de un abogado que representó al empresario que pasó a la historia argentina como el símbolo de la corrupción menemista, sino también la definición que tome eventualmente Lijo.

    Si bien todavía no tiene fecha fijada su posible citación a declaración indagatoria, Adorni deberá preparar con Ledesma esa presentación, al tiempo que también debería estudiar las respuestas a las preguntas que le formulen los diputados cuando deba rendir su informe mensual el próximo 29 de abril.

    Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que la oposición ya trabaja para lograr en la sesión del próximo miércoles, cuando se discuta la modificación a la ley de glaciares, un emplazamiento a la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar pedidos de interpelación a Adorni.

     

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    Operativo cobardía frente al departamento de Adorni: blindaje policial ante el anuncio de una clase pública

     

    Un impresionante despliegue policial con decenas de efectivos y más de 20 móviles rodeó el departamento no declarado de Manuel Adorni en Caballito, en simultáneo con el anuncio de una protesta inédita: docentes universitarios que decidieron llevar el aula a la calle para denunciar el ajuste. La escena expone una postal brutal de prioridades del gobierno.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El contraste fue imposible de ignorar. De un lado, cientos de efectivos, móviles policiales y un operativo de seguridad desproporcionado desplegado en un barrio porteño. Del otro, docentes universitarios dando clases públicas en la vereda, con pizarrones improvisados y consignas contra el ajuste educativo. Todo se dará frente al departamento en Caballito que el propio Manuel Adorni admitió haber comprado y que no figuraba en su declaración jurada.

    Un operativo que generó más preguntas que respuestas

    Según distintas crónicas y registros que circularon durante la jornada, el gobierno montó un fuerte operativo policial con más de 20 móviles y una presencia masiva de fuerzas de seguridad en las inmediaciones del edificio. La magnitud del despliegue no pasó desapercibida: vecinos, estudiantes y docentes lo interpretaron como un intento de blindar políticamente a un funcionario en medio de un escándalo patrimonial.

    El dato no es menor. El departamento en cuestión había salido a la luz recientemente, en medio de cuestionamientos sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. El propio Adorni reconoció la propiedad en una conferencia, luego de que trascendiera su existencia.

    Clases públicas frente al poder

    En paralelo, docentes y estudiantes universitarios llevarán adelante una medida tan simbólica como contundente: clases públicas frente al domicilio del funcionario. La iniciativa fue impulsada como forma de visibilizar el impacto del ajuste sobre la educación superior.

    La protesta no surgió de la nada. Según datos difundidos por organizaciones docentes, el sector perdió cerca de un 36% del poder adquisitivo, en un contexto de congelamiento salarial y crisis presupuestaria.

    La consigna fue clara: exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar el vaciamiento del sistema. En ese marco, la elección del lugar —la casa de uno de los principales voceros del gobierno— no fue casual.

    La postal del ajuste

    La escena que se vive en Caballito sintetiza una tensión que atraviesa toda la coyuntura: recursos estatales destinados a la seguridad de funcionarios, mientras la educación pública se moviliza para sobrevivir.

    Mientras los docentes daban clases abiertas —en muchos casos con contenidos sobre economía, política y derechos sociales—, detrás se desplegaba un cordón policial que recordaba más a un operativo de alto riesgo que a una manifestación pacífica.

    Un conflicto que escala

    La protesta frente al domicilio de Adorni no es un hecho aislado. Forma parte de un proceso más amplio de conflictividad en el ámbito universitario, que incluye paros, movilizaciones y renuncias masivas en distintas instituciones.

    En ese contexto, la decisión de responder con un operativo de gran escala agrega un nuevo elemento: la securitización del conflicto social, incluso cuando se trata de manifestaciones docentes.

     

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