El Intendente Marcelo Orazi recibió esta mañana al Secretario de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro Ariel Ávalos con quien analizó y coordinó los temas que serán parte de la agenda cultural para este año.
Al término del encuentro, Ávalos manifestó que “la preocupación del Intendente es la que tenemos todos, la misma de la Gobernadora, queremos fortalecer el sistema cultural de la provincia y queremos poner en foco esos temas”.
“Nuestra intención es que las industrias creativas y culturales de la ciudad tengan un lugar de relevancia así que empezamos a trazar las primeras posibilidades de agenda conjunta entre la Provincia y el Municipio para poder estar realizando anuncios concretos en los próximos meses”, sostuvo.
Agregó que “son ejes que nos preocupan mucho, el tema de infraestructura, la llegada con herramientas eficaces y rápidas signifiquen trabajo para los reginenses, para los artistas y en ese punto van a estar los ejes fundamentales del trabajo de este año”.
Por su parte Orazi destacó la presencia del funcionario provincial de la ciudad y valoró la tarea que ya se viene realizando junto a la Directora de Cultura de la Municipalidad, Silvia Alvarado.
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En la causa por la expropiación de YPF, el gobierno de Javier Milei despliega un juego a dos bandas de dudosa legalidad.
La Procuración General del Tesoro batalla en los tribunales de Nueva York para revertir el fallo que condena a la Argentina a pagar USD 16.000 millones por la expropiación de YPF, mientras el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, avanza por otro carril: negocia, en secreto, un acuerdo con Burford Capital, el fondo buitre que ganó el juicio.
Por un lado, el Estado, representado por la Procuración, sostiene que el fallo de la jueza Loretta Preska es nulo, que la magistrada no tiene jurisdicción y que la expropiación fue legal, con respaldo del Congreso y de la Constitución, un una posición que se mantiene a través de los últimos gobierno. Esta es la posición del procurador Santiago Castro Videla, que define por estas horas la apelación del fallo de Preska ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
Pero con Milei hubo un cambio en esa política de Estado. Ya de antes de asumir, se abrieron contactos muy opacos del ala económica con Gerardo “Gerry” Mato, lobbysta contratado por Buford para cobrar. Dos líneas de acción opuestas en el mismo Gobierno.
Mato incluso se ofreció a ayudar al libertario a conseguirle fondos para su campaña presidencial. De hecho, antes de que Milei asumiera, Mato recibió en su mansión de Greenwich Village a Juan Napoli y Darío Epstein, referentes libertarios del mundo financiero, que fueron en busca de apoyo.
En el mercado aseguran que parte de la gira del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y del viceministro chileno José Luis Daza por Estados Unidos tuvo como objetivo encontrar un instrumento financiero que permita cerrar un trato con Burford.
Como sea, ahora el encargado de llevar adelante las negociaciones con Buford es Caputo. “A Toto esto lo tiene muy alterado”, confió un funcionario del Palacio de Hacienda. LPO pudo confirmar de dos personas al tanto de las negociaciones que en los últimos meses, Matto visitó seis veces el Ministerio de Economía.
En paralelo en el mercado aseguran que parte de la gira del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y del viceministro chileno José Luis Daza por Estados Unidos tuvo como objetivo encontrar un instrumento financiero que permita cerrar el trato con Burford.
La idea sería ofrecer bonos con una quita agresiva sobre el capital reclamado, con plazos largos y tasas altas, para presentarlo como la única forma de “salvar a YPF”.
El problema es que esa vía choca de frente con la estrategia judicial del Estado. La Procuración apeló el fallo porque considera que no hay que pagarle a Burford. Cualquier renuncia a la apelación implicaría una decisión política de alto costo: requeriría un decreto presidencial, o del ministro de Economía, que quede como prueba documental que la Argentina, pese a considerar injusta la sentencia, elige no litigar más.
Esa renuncia no sería técnica, sino ideológica. Un gesto que implica reconocer la legitimidad de una demanda promovida por fondos buitres, lo que podría derivar en responsabilidades penales si se interpreta como una claudicación deliberada en perjuicio del interés nacional.
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