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Orazi recibió al Secretario de Estado de Cultura, Ariel Ávalos

El Intendente Marcelo Orazi recibió esta mañana al Secretario de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro Ariel Ávalos con quien analizó y coordinó los temas que serán parte de la agenda cultural para este año.

Al término del encuentro, Ávalos manifestó que “la preocupación del Intendente es la que tenemos todos, la misma de la Gobernadora, queremos fortalecer el sistema cultural de la provincia y queremos poner en foco esos temas”.

“Nuestra intención es que las industrias creativas y culturales de la ciudad tengan un lugar de relevancia así que empezamos a trazar las primeras posibilidades de agenda conjunta entre la Provincia y el Municipio para poder estar realizando anuncios concretos en los próximos meses”, sostuvo.

Agregó que “son ejes que nos preocupan mucho, el tema de infraestructura, la llegada con herramientas eficaces y rápidas signifiquen trabajo para los reginenses, para los artistas y en ese punto van a estar los ejes fundamentales del trabajo de este año”.

Por su parte Orazi destacó la presencia del funcionario provincial de la ciudad y valoró la tarea que ya se viene realizando junto a la Directora de Cultura de la Municipalidad, Silvia Alvarado.

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    BANCO NACIÓN: 1120 créditos hipotecarios para funcionarios de Milei, ajuste para el resto

     

    Mientras millones de argentinos quedaron afuera del crédito, atrapados entre salarios pulverizados, alquileres impagables y tasas imposibles, el Banco Nación otorgó al menos 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) desde el inicio de la gestión de Milei. La cifra surge de información oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública y vuelve a colocar bajo la lupa la relación entre el poder político libertario y los recursos de la banca estatal.

    Por Roque Pérez para NLI

    La revelación expone una dimensión mucho más amplia que los casos individuales que habían comenzado a trascender durante los últimos meses. Hasta ahora, el debate público se concentraba en algunos nombres puntuales de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo que habían accedido a préstamos multimillonarios. Sin embargo, los datos difundidos muestran que no se trató de episodios aislados sino de una política que alcanzó a más de un millar de personas incluidas dentro de las categorías de control especial definidas por la Unidad de Información Financiera (UIF).

    Entre enero de 2024 y marzo de 2026, el Banco Nación otorgó 25.391 créditos hipotecarios. De ese total, 1.120 fueron para personas consideradas políticamente expuestas. Dicho de otro modo, aproximadamente uno de cada 23 préstamos terminó en manos de integrantes de la estructura política o de personas alcanzadas por ese régimen especial de control financiero.

    Una modificación que despertó sospechas

    La controversia adquirió una dimensión aún mayor cuando trascendió que durante la gestión libertaria se modificó la normativa de la línea hipotecaria «+ Hogares». Según la documentación citada en la investigación periodística, en septiembre de 2024 se incorporó explícitamente a los «cargos políticos designados por resolución o electivos» dentro de los potenciales beneficiarios de la operatoria.

    Ese cambio se produjo en medio de un contexto donde Milei sostenía un discurso centrado en el ajuste, la reducción del gasto público y la supuesta eliminación de privilegios de la denominada «casta». Sin embargo, la aparición sistemática de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo entre los beneficiarios de créditos de enorme magnitud comenzó a generar un fuerte ruido político.

    La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue si existieron irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos. La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.

    Los nombres que complican al relato libertario

    Los casos que se conocieron durante los últimos meses resultan difíciles de conciliar con la narrativa oficial contra los privilegios estatales. Entre ellos aparecen funcionarios de primera línea vinculados directamente al equipo económico.

    Según la información difundida, el director del Banco Central Pedro Juan Inchauspe obtuvo un crédito por alrededor de $510 millones. También figura Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, con un préstamo de $373 millones, mientras que el secretario de Finanzas Federico Furiase recibió otro por $367 millones. A ellos se sumó Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete de Capital Humano, quien accedió a un crédito por $420 millones.

    La lista alimentó una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿cómo hicieron funcionarios con salarios públicos para acceder a operaciones de semejante magnitud mientras gran parte de la población enfrenta enormes dificultades para calificar siquiera para un crédito hipotecario tradicional?

    El oficialismo intentó relativizar la polémica argumentando que los préstamos cuestionados representaban una porción mínima del total otorgado por el Banco Nación. Sin embargo, la nueva información conocida modifica sustancialmente la escala del fenómeno. Ya no se trata de unos pocos nombres que aparecieron en redes sociales o bases de datos públicas: se trata de más de mil beneficiarios incluidos dentro de una categoría financiera especialmente monitoreada por el propio sistema bancario.

    El choque entre discurso y realidad

    La contradicción política aparece con claridad. Mientras Milei exige sacrificios permanentes a trabajadores, jubilados y sectores medios, la principal entidad financiera pública del país terminó financiando a una cantidad significativa de integrantes de la estructura política bajo condiciones que hoy resultan inaccesibles para buena parte de la sociedad.

    La investigación judicial deberá determinar si existieron delitos o irregularidades administrativas. Pero aun si cada operación hubiese cumplido formalmente con todos los requisitos, el problema político permanece intacto: el relato de la lucha contra los privilegios empieza a mostrar grietas cuando quienes acceden a créditos millonarios aparecen vinculados a los mismos sectores que administran el Estado.

    Y es justamente ahí donde el caso deja de ser una discusión bancaria para convertirse en una discusión de poder. Porque mientras el Gobierno repite que «no hay plata», los números revelan que sí hubo recursos disponibles para cientos de personas que forman parte del universo político que Milei prometió combatir cuando llegó a la Casa Rosada.

     

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    El juez Alejandro Slokar recibió el máximo honor académico que otorga la Universidad de Morón: el título de Doctor Honoris Causa. El acto de entrega se llevó a cabo el 4 de junio y reunió a importantes dirigentes y referentes políticos, empresariales, sociales y judiciales.

    Frente a un auditorio colmado, la presentación de la condecoración estuvo a cargo del ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni y del Padre Carlos Accaputo, quienes resaltaron la prolífica trayectoria de Slokar.

    Zaffaroni reconoció el privilegio que supone pronunciar unas palabras en tan significativa ocasión y recordó la enriquecedora relación que lo une con Slokar, signada por intensas discusiones teoricas que confluyeron en el célebre Tratado de Derecho Penal, elaborado por ambos junto con el Fiscal Alejandro Alagia. A su vez, elogió a Slokar y destacó la responsabilidad humanista que trae apareja la honorifica distinción que se le otorga.

    El Padre Carlos Accaputo explicó que es tarea de la política construir un orden justo en términos sociales, cuyo imperativo debe ser el bien común entendido como construcción de una comunidad, mientras que la labor propia de la iglesia reside en la caridad, traducida en amor al pueblo. En ese sentido llamó a reconstruir la política y conminó a aquellos que la ejercen a asumir la responsabilidad. Finalmente, resaltó que la Justicia Social es lo fundamental para que todos puedan vivir con dignidad.

    Al recibir la distinción como Doctor Honoris Causa el jurista advirtió que: «Sin Justicia Social cualquier proyecto de país es inviable» y luego expresó: «La Justicia Social constituye la dimensión más excelsa de la Justicia y es una condición irrenunciable para la conformación democrática de una Argentina moderna, integrada, mínimamente viable». Sobre ello, recordó al Papa Francisco cuando denunció que «en vez de pagar Justicia Social, pagan el gas pimienta».

    Asimismo, dijo que «toda decisión sobre las necesidades sociales no es económica, también es jurídica, antes ética. Cuando los recursos para la supervivencia escasean y acecha la intemperie, la comunidad no puede subordinase al cálculo de utilidad de los más fuertes, sino al amparo prioritario de los más vulnerables». Y remató: «Si la economía regula la escasez, el Derecho gestiona la dignidad».

    Al cierre de su exposición, Slokar concluyó: «La Justicia Social constituye el presupuesto de legitimidad del sistema político-institucional que se garantiza, fundamentalmente, cuando el Poder Judicial activa enérgicamente su imperativo decisorio».

    Estuvieron presentes, los diputados Miguel Angel Pichetto, Mario «Paco» Manrique, Fernanda Miño, Nicolás Tortta y Guillermo Michel, el ministro de Justicia de la PBA, Martín Mena, el presidente del BAPRO, Juan Cuattromo, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, el ex intendente Julio Alak, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, Jorge Knoblovits (DAIA), Raúl O. Pleé (Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación), Alejandro «Peluca» Gramajo (Secretario General UTEP), el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el ex gobernador y ex canciller Felipe Solá, Joaquin Da Rocha y Carlos Balbín, ex procuradores del Tesoro de la Nación, Victor Santa María (SUTERH), y Mariano Cascallares, consejero de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires.

    La distinción reconoce la trayectoria sobresaliente de Slokar en el campo del derecho penal y de los derechos humanos. A lo largo de su carrera, el magistrado se ha destacado por su rol protagónico en los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar en Argentina. La Universidad de Morón, con más de seis décadas de historia, reafirma así su compromiso con los valores de la democracia, la justicia y la memoria, al enaltecer la obra de quien ha dedicado su vida profesional a la defensa del orden jurídico y la protección de los derechos fundamentales.

     

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