El Intendente Marcelo Orazi recibió esta mañana al Secretario de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro Ariel Ávalos con quien analizó y coordinó los temas que serán parte de la agenda cultural para este año.
Al término del encuentro, Ávalos manifestó que “la preocupación del Intendente es la que tenemos todos, la misma de la Gobernadora, queremos fortalecer el sistema cultural de la provincia y queremos poner en foco esos temas”.
“Nuestra intención es que las industrias creativas y culturales de la ciudad tengan un lugar de relevancia así que empezamos a trazar las primeras posibilidades de agenda conjunta entre la Provincia y el Municipio para poder estar realizando anuncios concretos en los próximos meses”, sostuvo.
Agregó que “son ejes que nos preocupan mucho, el tema de infraestructura, la llegada con herramientas eficaces y rápidas signifiquen trabajo para los reginenses, para los artistas y en ese punto van a estar los ejes fundamentales del trabajo de este año”.
Por su parte Orazi destacó la presencia del funcionario provincial de la ciudad y valoró la tarea que ya se viene realizando junto a la Directora de Cultura de la Municipalidad, Silvia Alvarado.
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Quince días antes de presentarse como candidato presidencial en 2019, José Luis Espert firmó un contrato de un millón de dólares con Federico “Fred” Machado, hoy acusado de narcotráfico y lavado de dinero y cuya extradición a Estados Unidos fue aprobada por la Corte Suprema. El documento —certificado por escribano— establece pagos mensuales en dólares, vuelos privados y asesoramiento “para refinanciar deuda” de una empresa fantasma de Guatemala.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
Un contrato incómodo en plena carrera electoral
El 7 de junio de 2019, cuando faltaban apenas dos semanas para que se inscribiera como candidato presidencial, José Luis Espert firmó un contrato de “locación de servicios” por un millón de dólares con el empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado, hoy detenido y próximo a ser extraditado a Estados Unidos por causas vinculadas al narcotráfico y lavado de activos.
Según reveló La Nación en una investigación de los periodistas Martín Rodríguez Yebra y Paz Rodríguez Niell, el acuerdo establecía un pago inicial de 100.000 dólares “en el acto de la suscripción”, seguido de nueve cuotas mensuales consecutivas de igual monto, todas en dólares, a ser abonadas mediante transferencias bancarias.
Machado firmó el contrato en representación de Minas del Pueblo, una firma guatemalteca de su propiedad que hoy se encuentra bajo investigación y fue intervenida por la justicia estadounidense.
Un financiamiento fuera de los registros
Durante ese mismo año, Machado financió la campaña presidencial de Espert con vuelos en avión privado —al menos 36 según registros judiciales— y una camioneta a su disposición. También se mencionan otros gastos por “100 o 150 lucas” (dólares) en comidas y hoteles. Ninguno de esos aportes fue declarado oficialmente como gasto de campaña.
La semana pasada, mientras aún figuraba como primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Espert admitió haber cobrado 200.000 dólares de Minas del Pueblo en 2020, aunque negó que el contrato fuera por un millón ni que tuviera pagos mientras estaba en campaña. Sin embargo, el documento al que accedió La Nación lo contradice: el convenio preveía desembolsos mensuales desde junio de 2019, cuando ya estaba lanzado políticamente.
El propio Bank of America emitió una constancia oficial que confirma una transferencia de 200.000 dólares desde una firma ligada a Machado hacia una cuenta de Espert en Nueva York.
Asesor económico o fachada de campaña
En los papeles, Espert fue contratado para “la realización de un análisis de mercado y asesoramiento integral para refinanciar deuda y confeccionar un plan estratégico de crecimiento a tres años”. Esa descripción coincide parcialmente con la versión que el economista dio en un video grabado en las oficinas de Santiago Caputo, donde sostuvo que lo convocaron para asesorar “a una minera en la reestructuración de deuda”.
El contrato, sin embargo, iba mucho más allá. Incluía directivas insólitas redactadas en primera persona, presuntamente por Machado, con frases como “debemos tener en cuenta que la opción de una buena refinanciación es siempre preferible al concurso de acreedores” o “considero que siempre deben estar presentes los siguientes puntos”, en un texto que alternaba entre consejos financieros y justificaciones personales.
El acuerdo también fijaba un plazo de doce meses prorrogable y garantizaba los pagos “sin importar la ocurrencia de fuerza mayor o disposición estatal”, lo que blindaba a Espert contra cualquier contingencia económica o legal. Incluso, se sometía expresamente a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, una elección llamativa para un contrato entre un argentino y una empresa guatemalteca.
Firmas, vuelos y omisiones
El documento fue firmado de puño y letra por Espert y Machado, y las rúbricas fueron certificadas por un escribano porteño el 19 de junio de 2019, apenas tres días antes de que Espert se inscribiera oficialmente como precandidato presidencial. En esa elección, superó las PASO con el 1,5% de los votos y quedó sexto en las generales de octubre.
Espert admitió luego que nunca devolvió el dinero pese a no haber completado el trabajo, alegando “razones de fuerza mayor” vinculadas a la pandemia. “La ruptura la decidí yo. Cuando me entero de que es narco, digo: ‘Andá a cagar, no te agarro un mango más’”, declaró el economista días atrás en una entrevista con Radio Mitre.
El contrato, sin embargo, preveía que ante incumplimiento del prestador —Espert—, Machado podía exigir la devolución de las sumas entregadas y reclamar daños y perjuicios.
El vínculo que no se corta
Aunque Espert intenta reducir el caso a un vínculo profesional inconcluso, los documentos, los vuelos privados y las transferencias bancarias demuestran que hubo una relación económica directa y sostenida entre el hoy candidato liberal y un empresario con causas federales por narcotráfico.
El caso se agrava por la coincidencia temporal: mientras Machado firmaba contratos y financiaba la campaña, la justicia estadounidense ya seguía sus movimientos por operaciones de lavado.
Ahora, con la extradición del empresario aprobada por la Corte Suprema, el expediente puede reabrir interrogantes sobre los verdaderos alcances del financiamiento político de Espert y el posible uso de estructuras empresarias —como Minas del Pueblo— para canalizar dinero de origen incierto hacia la política argentina.
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