El Intendente Marcelo Orazi recibió esta mañana al Secretario de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro Ariel Ávalos con quien analizó y coordinó los temas que serán parte de la agenda cultural para este año.
Al término del encuentro, Ávalos manifestó que “la preocupación del Intendente es la que tenemos todos, la misma de la Gobernadora, queremos fortalecer el sistema cultural de la provincia y queremos poner en foco esos temas”.
“Nuestra intención es que las industrias creativas y culturales de la ciudad tengan un lugar de relevancia así que empezamos a trazar las primeras posibilidades de agenda conjunta entre la Provincia y el Municipio para poder estar realizando anuncios concretos en los próximos meses”, sostuvo.
Agregó que “son ejes que nos preocupan mucho, el tema de infraestructura, la llegada con herramientas eficaces y rápidas signifiquen trabajo para los reginenses, para los artistas y en ese punto van a estar los ejes fundamentales del trabajo de este año”.
Por su parte Orazi destacó la presencia del funcionario provincial de la ciudad y valoró la tarea que ya se viene realizando junto a la Directora de Cultura de la Municipalidad, Silvia Alvarado.
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Un abogado vinculado a Rappi redacta la reforma laboral y el gobierno no introducirá mejoras para los trabajadores de plataformas, que seguirán siendo independientes. Al no blanquear la relación de dependencia, no existe derecho a reclamos sindicales.
Julián de Diego es un abogado especializado asesoramiento laboral empresario. Entre las compañías que asesora está Rappi, representada formalmente por el Estudio Cárrega. Al igual que todas las plataformas, Rappi no reconoce a sus repartidores como empleados.
Se trata de una discusión compleja: en ninguna parte del mundo logran resolver cuál es el tipo de vínculo que existe entre los trabajadores de aplicaciones como Uber o Rappi y las empresas.
En el estado de Rajastán, en India, Uber paga una tasa que va a un fondo que luego se vuelca a la seguridad social. Eso permite que los trabajadores de plataformas gocen de algunos de los derechos que tienen los trabajadores formales. Esa idea circuló en la campaña presidencial de Horacio Larreta.
En la Argentina se considera a los trabajadores de aplicaciones como independientes. Eso les permite no cumplir con horarios fijos, pero les impide conformar sindicatos para reclamar mejores condiciones laborales.
La cuestión comenzó generar interés para la CGT, pero al ser tema mundial, incluso la OIT trabaja en un convenio que debería aplicarse en los estados miembro. Ya se aprobó una primera parte y la segunda estaría lista el año próximo. En el gobierno le restan importancia, pero la reforma podría terminar generando un conflicto con el sistema internacional del trabajo.
En gobierno busca no introducir ninguna regulación para las plataformas en la reforma laboral que enviará al Congreso, que además es el centro de una fuerte interna entre Sturzenegger y Pettovello. «No hay obligaciones para las empresas ni mejoras para los trabajadores», resumió a LPO una fuente al tanto del proyecto.
La cuestión de los turnos fijos es el principal argumento de las plataformas para negar la relación de dependencia. Es algo que preocupa a los repartidores y choferes, que trabajan para múltiples empresas en los horarios que más les convienen.
El sistema da lugar a situaciones insólitas: como independientes, algunos trabajadores de plataforma subcontratan a otros trabajadores que utilizan sus mismas cuentas y mejoran su ranking para obtener más recompensas.
«Es difícil de abordar, porque cualquier cambio que introduzcas puede terminar perjudicando a los trabajadores, pasó en países como España, donde las apps de transportes terminan funcionando bien solo en las grandes ciudades», explicó la fuente.
El doble rol de De Diego es una cuestión que no pasa desapercibida. «Hay un conflicto de intreses. Si asesorás al Estado en la reforma y trabajás para una empresa podés inducir al Estado a que beneficie a la empresa que representás», agregó.
Axel Kicillof dio la orden de iniciar una demorada negociación para ocupar los cuatro asientos vacantes de la Corte bonaerense. El diálogo para normalizar el máximo tribunal, tanto hacia adentro del peronismo, como con la oposición, está lanzado.
Quien está al frente de las negociaciones es Mariano Cascallares, el intendente de Almirante Brown, que en el último año consiguió acercarse al pequeño círculo de toma de decisiones que rodea al gobernador.
La Suprema Corte bonaerense funciona con apenas tres de los siete jueces que la componen, una anormalidad institucional que preocupa en todos los ámbitos políticos.
Hasta ahora Kicillof se negaba a abrir esa negociación, pero en los últimos días trascendió que la jueza Hilda Kogan habría adelantado al gobierno sus intenciones de tramitar su jubilación.
En los últimos años la Corte fue acumulando vacancias. En junio del año pasado se retiró Luis Genoud, antes habían renunciado Eduardo De Lázzari y Juan Carlos Hitters. También falleció en su cargo el juez Héctor Negri, en 2020.
Kicillof siempre se negó a cubrir esas vacancias. «Así como está funciona muy bien», repitieron durante meses en el Ejecutivo. Pero la posible salida de Kogan alteró los planes del gobierno.
A Kogan le tocó estar al frente de la elección desdoblada de septiembre. Ocurre que la presidencia de la Suprema Corte es anual y rotativa, y quien ostenta la presidencia del Máximo Tribunal queda como presidente de la Junta Electoral bonaerense. Allí estaba Kogan cuando Kicilof desdobló la elección y por tanto fue la principal responsable de garantizar una elección casi inédita en la historia reciente de la provincia. «Hasta acá llegué», dijo días después.
Hilda Kogan.
Quienes siguen el tema aseguran que será una negociación larga y que excederá por lejos los tiempos del presupuesto. En los primeros borradores los tres sectores mayoritarios del peronismo (axelismo, kirchnerismo y massismo) se quedarán con un asiento, el cuarto quedará para La Libertad Avanza.
Esto último supone un cambio importante respecto de la configuración de la oposición de los últimos seis años. La mayoría opositora ya no está en lo que supo ser Juntos (PRO, UCR y Coalición Cívica), sino en los libertarios, que tendrán al PRO como socios principales en la Legislatura.
Sebastián Pareja.
Los libertarios serán la segunda minoría en la Legislatura y tendrán la llave para la mayoría calificada (los dos tercios). LPO adelantó en septiembre el poder que consolidó Sebastián Pareja al tener los mejores lugares en las listas de la elección desdoblada. Serán unos 20 legisladores propios, que más allá del paraguas de La Libertad Avanza, responderán a su jefe más cercano: Pareja.
Quizás el sector más golpeado con la apertura de un canal de negociación con los libertarios sea el radicalismo que hasta el año pasado parecía tener asegurado un lugar en la Corte. Ese sillón era para el espacio del senador nacional Maximiliano Abad y la elegida era su esposa Marina Sánchez Herrero.
Sin embargo, la irrupción de La Libertad Avanza y las internas por el control del Comité Provincia debilitaron al radicalismo bonaerense. En la elección de septiembre el partido perdió nada menos que 149 concejales. En la Legislatura perdió 12 de los 14 legisladores que puso en juego.
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