El Intendente Marcelo Orazi recibió esta mañana al Secretario de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro Ariel Ávalos con quien analizó y coordinó los temas que serán parte de la agenda cultural para este año.
Al término del encuentro, Ávalos manifestó que “la preocupación del Intendente es la que tenemos todos, la misma de la Gobernadora, queremos fortalecer el sistema cultural de la provincia y queremos poner en foco esos temas”.
“Nuestra intención es que las industrias creativas y culturales de la ciudad tengan un lugar de relevancia así que empezamos a trazar las primeras posibilidades de agenda conjunta entre la Provincia y el Municipio para poder estar realizando anuncios concretos en los próximos meses”, sostuvo.
Agregó que “son ejes que nos preocupan mucho, el tema de infraestructura, la llegada con herramientas eficaces y rápidas signifiquen trabajo para los reginenses, para los artistas y en ese punto van a estar los ejes fundamentales del trabajo de este año”.
Por su parte Orazi destacó la presencia del funcionario provincial de la ciudad y valoró la tarea que ya se viene realizando junto a la Directora de Cultura de la Municipalidad, Silvia Alvarado.
Una idea que circula en los intendentes -tanto del conurbano como del interior de la provincia- es que los cuatro jueces de la Corte bonaerense lleguen al Palacio de Justicia con el mandato de voltear la ley que limita las reelecciones.
El tema se discutió en algunas reuniones de las que incluso participó la cúpula del peronismo. Los intendentes saben que tal como está conformado el tribunal (con tres de sus siete asientos ocupados) no hay chance de pedirle a los jueces que declaren inconstitucional la ley aprobada en 2016.
En definitiva, los jueces llegan a la Suprema Corte designados por el poder político. El acuerdo sellado en diciembre establece tres magistrados para el peronismo y uno para el radicalismo. De modo que esa eventual declaración de inconstitucionalidad de la ley 15.315 supone una especie de devolución de favores a la política.
El envío de los pliegos al Senado se dilata. En diciembre deberían haberse votado tres jueces designados por los tres sectores del peronismo: kirchnerismo, axelismo y massismo. El cuarto se acordó que se vote antes de la feria judicial de julio de este año.
Todo indica que la votación de los pliegos ocurrirá durante 2026 o a más tardar en los primeros meses del año próximo.
Por lo pronto, el martes los jueces de la Corte lanzaron un fuerte reclamo a Kicillof para cubrir las cuatro vacantes. «Somos tres, cuando debiéramos ser siete», dijo el presidente del Máximo Tribunal, Sergio Torres, y agregó que la corte «se encuentra inéditamente desintegrada».
Hilda Kogan.
Torres no estaba solo. A su lado estaban los otros dos magistrados: Hilda Kogan y Daniel Soria. También estaba en el escenario en la sala de audiencias del Máximo Tribunal, el procurador Julio Conte Grand. Fue en el marco de la presentación de un proyecto de autonomía presupuestaria y autarquía económica para el Poder Judicial.
Torres planteó que la Corte está incompleta desde hace más de seis años. Y detalló que transcurrieron 2.292 días de la primera vacante y casi 800 desde su desintegración por la renuncia de Luis Genoud. «El Poder Judicial resulta el único de los poderes del Estado que sufre esta problemática», planteó.
Además, recordó que la Constitución de la provincia establece un plazo de 15 días desde que la vacante se formaliza para el envío de la propuesta de un candidato al Senado.
Torres dijo que el trabajo de siete jueces hoy es realizado por tres con asistencia de los tribunales inferiores. «Esto implica mayor dependencia y la necesidad de la subrogación tanto en temas jurisdiccionales como no jurisdiccionales», dijo.
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A dos años y medio de haber asumido, el gobierno de Milei ya no puede escudarse en la “herencia” ni en la “pesada estructura estatal”. Los resultados están a la vista y el contraste con las promesas de campaña es, en muchos casos, brutal. Donde se prometía libertad, hay concentración; donde se hablaba de casta, hay privilegios; donde se anunciaba prosperidad, hay caída del poder adquisitivo y deterioro social.
Por Tomás Palazzo para NLI
Durante la campaña, Milei construyó su figura sobre una serie de ejes que conectaron con el malestar social: terminar con la inflación “en poco tiempo”, dinamitar la casta política, achicar el Estado para liberar al sector privado y generar crecimiento. El discurso era simple, directo y, sobre todo, contundente. El problema no era lo que decía: era lo que implicaba.
Dos años y medio después, el balance obliga a poner cada una de esas promesas bajo la lupa. Porque si algo caracteriza a este gobierno no es la falta de rumbo, sino la coherencia entre su programa económico real y sus consecuencias sociales. Lo que se prometió y lo que se hizo no coinciden, pero lo que se hizo sí responde a un modelo claro.
Inflación: del “en semanas” al ancla recesiva
Uno de los pilares del discurso libertario fue la promesa de terminar con la inflación rápidamente. Milei llegó a hablar de plazos cortos, casi inmediatos, apoyado en la idea de un ajuste fiscal severo y una política monetaria restrictiva.
La realidad fue otra. Si bien la inflación mostró desaceleraciones en algunos períodos, lo hizo a costa de un mecanismo conocido: la licuación del salario y la recesión profunda. El consumo se desplomó, la actividad económica se contrajo y el poder adquisitivo cayó a niveles que no se veían en años.
Es decir, la inflación no se “resolvió”: se contuvo mediante el empobrecimiento generalizado.
La casta: un relato que se volvió en contra
“Vengo a terminar con la casta”, repetía Milei. Sin embargo, con el correr de los meses, esa promesa se fue diluyendo frente a decisiones concretas.
Nombramientos cuestionados, alianzas con sectores tradicionales de la política, designaciones en cargos estratégicos para quienes apoyaron leyes clave del oficialismo. La famosa casta no desapareció: cambió de nombre y se reacomodó dentro del nuevo esquema de poder.
Incluso en materia salarial, varios funcionarios del gobierno quedaron envueltos en polémicas por aumentos y privilegios, en abierta contradicción con el discurso de austeridad que se pregonaba hacia afuera.
Estado: del “afuera” al uso selectivo
El mantra de “achicar el Estado” fue otro de los ejes centrales. Pero lo que se observó no fue una retirada del Estado, sino una reconfiguración de su rol.
Se redujeron partidas en áreas sensibles como salud, educación y ciencia, se desfinanciaron programas sociales y se avanzó en procesos de privatización o vaciamiento de empresas públicas. Pero, al mismo tiempo, el Estado siguió presente donde el modelo lo necesitaba: garantizando negocios, regulando a favor de sectores concentrados y sosteniendo estructuras clave para el funcionamiento del esquema económico.
No hubo menos Estado: hubo un Estado al servicio de otros intereses.
Libertad económica: para quiénes
La promesa de una economía libre se tradujo en desregulación, apertura y quita de controles. En teoría, esto debía generar competencia, inversión y crecimiento.
En la práctica, lo que se consolidó fue otra cosa: mayor concentración económica. Las grandes empresas, especialmente en sectores estratégicos, lograron ampliar márgenes y posicionamiento, mientras las pymes enfrentaron un escenario adverso marcado por caída de ventas, aumento de costos y falta de financiamiento.
La libertad, en este contexto, no fue pareja. Fue selectiva.
El impacto social: la variable de ajuste
Quizás el punto más evidente del contraste entre promesas y gestión está en lo social. Milei aseguró que el ajuste lo pagaría la política. Sin embargo, los datos muestran otra cosa.
Caída del salario real, aumento de la pobreza, deterioro de jubilaciones, recortes en programas esenciales. El ajuste tuvo destinatarios claros: los sectores medios y populares.
Lejos de un “derrame” prometido, lo que se consolidó fue una transferencia regresiva de ingresos.
Modelo, no error
A esta altura, ya no se trata de errores de gestión ni de medidas aisladas. Hay una lógica que atraviesa toda la administración Milei.
Un modelo que prioriza el equilibrio fiscal por sobre la actividad, que apuesta a la desregulación aun cuando profundiza desigualdades, que reduce el rol social del Estado mientras fortalece su función económica en favor de determinados actores.
Las promesas de campaña fueron una cosa. La gestión, otra. Pero ambas no son contradictorias por accidente: son parte de una misma construcción política donde el discurso fue la puerta de entrada y el programa real, la ejecución de fondo.
Dos años y medio después, la pregunta ya no es qué prometía Milei. La pregunta es quiénes ganaron y quiénes perdieron con lo que efectivamente hizo.
Y ahí, los números —y la vida cotidiana— hablan por sí solos.
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