El Intendente Marcelo Orazi recibió esta mañana al Secretario de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro Ariel Ávalos con quien analizó y coordinó los temas que serán parte de la agenda cultural para este año.
Al término del encuentro, Ávalos manifestó que “la preocupación del Intendente es la que tenemos todos, la misma de la Gobernadora, queremos fortalecer el sistema cultural de la provincia y queremos poner en foco esos temas”.
“Nuestra intención es que las industrias creativas y culturales de la ciudad tengan un lugar de relevancia así que empezamos a trazar las primeras posibilidades de agenda conjunta entre la Provincia y el Municipio para poder estar realizando anuncios concretos en los próximos meses”, sostuvo.
Agregó que “son ejes que nos preocupan mucho, el tema de infraestructura, la llegada con herramientas eficaces y rápidas signifiquen trabajo para los reginenses, para los artistas y en ese punto van a estar los ejes fundamentales del trabajo de este año”.
Por su parte Orazi destacó la presencia del funcionario provincial de la ciudad y valoró la tarea que ya se viene realizando junto a la Directora de Cultura de la Municipalidad, Silvia Alvarado.
Los socialistas santafesinos les advirtieron a sus socios de la coalición que gobierna la provincia que se pondrán en una opción contraria a la de Javier Milei en el proceso electoral que viene. También hicieron una crítica clara al intendente de Rosario Pablo Javkin que está en el mismo espacio político. Y hablaron de recuperar espacio ante docentes y trabajadores estatales que están notoriamente enfrentados con el gobernador Maximiliano Pullaro.
Estos planteos son una ratificación, con una tonalidad ahora más fuerte, de insinuaciones que se distancian de los sectores del radicalismo y del PRO que componen Unidos, la alianza multipartidaria que gobierna Santa Fe y de la que el Partido Socialista es parte.
Fue durante un locro en Rosario donde se reunieron cinco mil militantes de toda la provincia frente a legisladores, intendentes y autoridades del socialismo santafesino, por los 130 años de vida partidaria. Allí el presidente del partido en Santa Fe y diputado provincial Joaquín Blanco se plantó de punta hacia sectores asociados en el oficialismo provincial. También dejó claro que el PS disputará protagonismo en 2027.
Quedó en evidencia la fisura histórica que hay con el intendente Pablo Javkin, quien desde un espacio aliado hace seis años terminó desalojando al socialismo de treinta años de control de la Intedencia de Rosario, y con quien hay una indisimulada pica histórica. Blanco fue muy crítico del criterio político de la administración donde cuestionó «mediocridad», «improvisación» y también a los «especuladores de la política».
Políticos que comentaban ese contenido en el acto deslizaron a LPO que el señalamiento no era solo para Javkin sino también para Juan Monteverde, dirigente de centroizquierda aliado al peronismo, que fue en las últimas elecciones el dirigente opositor más destacado.
«Lo que se cuestiona es que desde el socialismo vemos una noción superficial de la política en las opciones de Javkin y Monteverde. El socialismo en 30 años perfiló una ciudad basada en grandes líneas de planificación cultural, con ejes muy fuertes que perduraron en descentralización, en proyectos de profunda transformación urbana, en bienestar social de los más postergados. Hoy lo que hay no supera la discusión por obras de nivel comunal y no se ven políticas que dejen una marca perdurable e histórica en la ciudad», le dijo a este medio un dirigente histórico del socialismo.
Maxi Pullaro
Desde el triunfo de Javkin y la muerte del ex gobernador Miguel Lifschitz el socialismo si bien tuvo presencia en la gestión provincial, en especial al ser el partido que mayor cantidad de diputados obtuvo en la última renovación legislativa, quedó lejos de alcanzar el protagonismo de otras épocas, cuando obtuvo tres gobernaciones consecutivas y cuatro intendentes en Rosario que revalidaron sus mandatos en la ciudad que tiene el 40 por ciento de la población provincial.
Blanco, que fue el último orador, se perfila en un rol protagónico en el socialismo santafesino, y dentro del partido lo ubican como posible candidato a gobernador el año próximo. En referencia a Rosario, reconoció que la ciudad «respira otro aire después de años de violencia», pero en ese pespunte crítico sostuvo que «necesita una segunda ola de transformaciones estructurales para los próximos 30 años».
También tuvo un significado que el presidente provincial del partido le haya mentado a Pullaro un punto débil, el suyo con los trabajadores públicos, con los cuales la actual gestión mantuvo una disputa, en especial con el sector docente por la implementación de un programa de asistencia perfecta o presentismo y por una reforma previsional.
«Sabemos que Milei es malo. No hace falta que lo repitamos. Pregunten a cualquier comerciante, pregúntenle a aquel trabajador precarizado, pregúntele a aquel empresario pyme que ve la máquina parada en su taller. Binner se le plantó a Menen en los noventa. El socialismo hoy está en la vereda de enfrente de Milei», dijo.
Sabemos que Milei es malo. No hace falta que lo repitamos. El socialismo hoy está en la vereda de enfrente de Milei
Esto significa una distinción a la vez que una ambigüedad. El socialismo critica a Milei pegado a un gobernador que dice de una manera enfática y sin desvíos que frente a una opción electoral próxima que enfrente a algún referente relacionado al kirchnerismo con uno libertario no dudará en respaldar a esta última. Los socialistas tendrán que tomar una opción más que ante Milei, ante Pullaro.
Hasta ahora se defendieron señalando que una opción es el nivel nacional y otra el provincial donde el gobernador santafesino impulsa la obra pública, la infraestructura vial, el crédito productivo y que pese a las tensiones los escucha. Por ejemplo en muchos aspectos de la reciente Constitución reformada en 2025. «Si la nueva Constitución mantiene derechos de los que nos enorgullecemos es gracias a la participación de los convencionales socialistas», dijo Varinia Drisun, diputada socialista que también habló en el acto.
Las menciones seductoras hacia los docentes y los trabajadores estatales, un espacio que confronta abiertamente con el gobierno radical, pudo haber sido algo que Pullaro supiera de antemano. En Santa Fe el oficialismo apuesta a armar una Paso provincial fuerte para elegir gobernador en abril próximo. El actual mandatario es el que cuenta con más chances de ser el candidato del espacio. Pero una competencia con otros postulantes como Blanco en la primaria pueden dejar al espacio fortalecido frente a los opositores, en especial al que pueda ser candidato libertario.
En las últimas contiendas las disputas con LLA terminaron en escenarios de tercios y muy ajustadas. Por eso un socialismo que mantenga adhesiones de espacios como docentes, que el pullarismo de alguna manera dispersó, conviene al propio gobernador.
En el acto de 130 años de vida del socialismo estuvieron los diputados provinciales Rubén Galassi, Lionella Cattalini, Mariano Cuvertino, Gisel Mahmud, Rossana Bellatti, Leonardo Calaianov, Fabián Cejas, Charo Mancini, Sergio Rojas y Sofía Masutti. También los intendentes de Villa Gobernador Gálvez Alberto Ricci, de Recreo Omar Colombo, de Sunchales Pablo Pinotti, de Alvear Carlos Pighin, de Las Toscas Iván Sánchez, de San José de la Esquina, Ezequiel Ruani y presidentes comunales, concejales, dirigentes y militantes de toda la provincia. Estuvieron el diputado nacional Esteban Paulón y la presidenta del partido Mónica Fein.
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El Gobierno de Milei anunció inspecciones en escuelas durante el paro docente para controlar el cumplimiento del servicio educativo. La Provincia de Buenos Aires rechazó la medida y advirtió sobre una invasión de competencias federales.
Por Redacción de NLI
El conflicto docente sumó un nuevo capítulo y dejó expuesta una disputa más profunda sobre el rol del Estado nacional y el federalismo educativo argentino. En el marco del paro nacional convocado por los gremios docentes, el Gobierno de Javier Milei anunció que desplegará inspecciones en establecimientos educativos de todo el país para verificar el cumplimiento de un supuesto piso mínimo de funcionamiento del servicio educativo. La decisión generó una fuerte reacción de la Provincia de Buenos Aires, que advirtió que la administración nacional pretende avanzar sobre facultades que corresponden a las jurisdicciones provinciales.
La medida impulsada por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se ampara en la declaración de la educación como servicio esencial establecida por la Ley 27.802, una de las normas impulsadas por el oficialismo dentro de su agenda de reforma laboral. Según explicó el Gobierno, los controles buscarán constatar que durante la huelga se garantice el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, y advirtió que ante eventuales incumplimientos podrían aplicarse sanciones a las organizaciones sindicales.
Pero detrás de la discusión sobre el porcentaje de clases garantizadas aparece una cuestión institucional de fondo: quién tiene autoridad sobre las escuelas argentinas. Desde la reforma constitucional de 1994, la educación es una competencia compartida, pero la administración directa de los establecimientos educativos corresponde principalmente a las provincias. En ese marco, el gobierno bonaerense cuestionó que funcionarios nacionales ingresen a escuelas provinciales para realizar controles sin coordinación con las autoridades educativas locales, interpretando la decisión como una avanzada sobre atribuciones propias.
El conflicto educativo detrás del operativo nacional
El paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) no surge únicamente por una discusión salarial. El reclamo gremial incluye la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el financiamiento educativo y mayores recursos para infraestructura, conectividad, becas y programas escolares.
La eliminación de transferencias nacionales hacia las provincias fue uno de los puntos centrales del deterioro de la relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, la administración libertaria redujo programas educativos financiados desde Nación y dejó en manos de las provincias mayores responsabilidades presupuestarias, en un contexto donde muchas jurisdicciones denuncian dificultades para sostener salarios y servicios básicos.
La respuesta oficial, en lugar de abrir una instancia de negociación, fue trasladar la discusión al terreno del control y la sanción. El Ministerio de Capital Humano anunció operativos de inspección y planteó que, si se detectan incumplimientos, se activarían mecanismos sancionatorios contra los gremios. Para el Gobierno, la prioridad es garantizar el derecho a la educación; para los sindicatos, la estrategia oficial busca limitar el derecho constitucional a la protesta frente a una pérdida salarial y un ajuste sobre el sistema educativo.
Buenos Aires rechaza la presencia de inspectores nacionales
La Provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor matrícula educativa del país, fue una de las primeras jurisdicciones en rechazar el mecanismo. Desde el gobierno de Axel Kicillof señalaron que la Nación no puede disponer unilateralmente controles dentro de escuelas que dependen de la administración provincial, ya que la gestión cotidiana del sistema educativo está bajo responsabilidad de cada distrito.
La disputa tiene una dimensión política evidente. Desde el inicio de su gestión, Milei construyó una narrativa donde el Estado nacional debe reducir su intervención y limitarse a funciones consideradas esenciales. Sin embargo, en el caso educativo, el Ejecutivo nacional decidió adoptar una postura activa de supervisión sobre estructuras administradas por las provincias, generando una contradicción entre el discurso de descentralización y una práctica de mayor intervención.
El episodio también vuelve a poner sobre la mesa una tensión histórica del federalismo argentino: mientras la Nación conserva capacidad de establecer políticas generales y distribuir recursos, son las provincias las que sostienen la infraestructura educativa, pagan buena parte de los salarios docentes y administran las escuelas. La disputa por las inspecciones no es solamente administrativa; es una discusión sobre el equilibrio de poder entre el Gobierno central y los territorios.
Una pelea que excede al paro docente
El conflicto educativo se inscribe dentro de una serie de enfrentamientos entre el Gobierno nacional y sectores estatales que cuestionan el impacto del ajuste. La Casa Rosada intenta presentar cada protesta como una resistencia corporativa frente a sus reformas, mientras que los gremios sostienen que se trata de una reacción frente a la pérdida del poder adquisitivo y el debilitamiento de políticas públicas.
En este escenario, el paro docente se convirtió en un nuevo punto de choque entre dos modelos de país. Por un lado, un oficialismo que plantea que el Estado debe intervenir menos y aplicar reglas de mercado y disciplina fiscal. Por otro, sectores sindicales y gobiernos provinciales que reclaman que la educación sea considerada una inversión estratégica y no solamente un servicio sujeto a restricciones presupuestarias.
La decisión de enviar inspectores nacionales a escuelas provinciales agrega un nuevo capítulo a esa disputa. Más allá del resultado concreto del operativo, el conflicto deja una pregunta abierta sobre los límites del poder nacional en un sistema educativo federal y sobre cómo se resolverán las diferencias cuando las políticas de ajuste choquen con las estructuras históricas del Estado argentino.
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