El Intendente Marcelo Orazi recibió esta mañana al Secretario de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro Ariel Ávalos con quien analizó y coordinó los temas que serán parte de la agenda cultural para este año.
Al término del encuentro, Ávalos manifestó que “la preocupación del Intendente es la que tenemos todos, la misma de la Gobernadora, queremos fortalecer el sistema cultural de la provincia y queremos poner en foco esos temas”.
“Nuestra intención es que las industrias creativas y culturales de la ciudad tengan un lugar de relevancia así que empezamos a trazar las primeras posibilidades de agenda conjunta entre la Provincia y el Municipio para poder estar realizando anuncios concretos en los próximos meses”, sostuvo.
Agregó que “son ejes que nos preocupan mucho, el tema de infraestructura, la llegada con herramientas eficaces y rápidas signifiquen trabajo para los reginenses, para los artistas y en ese punto van a estar los ejes fundamentales del trabajo de este año”.
Por su parte Orazi destacó la presencia del funcionario provincial de la ciudad y valoró la tarea que ya se viene realizando junto a la Directora de Cultura de la Municipalidad, Silvia Alvarado.
En menos de un año, el gobierno de Milei desmanteló controles históricos, aceptó subordinación regulatoria a la FDA, reabrió el festival de patentes extranjeras y avanzó con un acuerdo comercial que, por primera vez, relega a la ANMAT a un rol secundario. El caso del fentanilo contaminado —la peor tragedia sanitaria de la historia reciente— expone que lo presentado como “desburocratización” no es otra cosa que un plan diseñado en Washington para abrir el mercado argentino a laboratorios extranjeros, aun a costa de la salud pública.
Un rompecabezas que encaja demasiado bien
Cuando Milei anunció el acuerdo con Estados Unidos, el punto que pasó casi inadvertido fue el más determinante: Argentina aceptará certificados de la FDA para medicamentos y dispositivos médicos, y dejará de exigir revisiones completas de la ANMAT para esos productos. Dicho de otro modo: la autoridad sanitaria local deja de ser autoridad.
Pero esa pieza solo encaja cuando se observa el cuadro completo: el vaciamiento material de la ANMAT, la desregulación de controles, la flexibilización del régimen de importaciones, la reactivación del modelo de los años 90 y el alineamiento del régimen de patentes con los pedidos del Informe Especial 301 del gobierno estadounidense.
Nada de eso fue improvisado.
La primera estocada: eliminar las inspecciones in situ (derogación de la Resolución 2123/2005)
En los últimos 20 años, la resolución 2123/2005 dictada durante la presidencia de Néstor Kirchner, exigía que inspectores de ANMAT verificaran físicamente las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) en las plantas que producían medicamentos destinados a Argentina. Esa norma surgió tras varios escándalos de adulteración y era considerada un pilar de la trazabilidad sanitaria.
El gobierno de Milei la desactivó sin reemplazo equivalente.
Federico Sturzenegger, desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, impulsó la normativa que elimina la obligación de inspecciones presenciales, permitiendo confiar exclusivamente en certificados emitidos por agencias extranjeras, entre ellas la FDA.
El argumento oficial fue lineal: “menos burocracia, más acceso”. El trasfondo, bastante menos inocente: alinear la regulación local con lo solicitado por Estados Unidos en el marco del acuerdo comercial, incluso antes de firmarlo.
ANMAT debilitada: menos personal, menos presupuesto y más presión política
En paralelo a estos cambios, la ANMAT no solo perdió herramientas: perdió capacidad operativa real.
Congelamiento de vacantes.
No renovación de contratos técnicos.
Reducción de misiones de inspección.
Recortes presupuestarios registrados en las planillas del Presupuesto 2024 y el proyectado 2025.
Presión para acelerar liberaciones sanitarias.
En ese contexto, la eliminación de inspecciones externas equivale a bajar la guardia en medio de una tormenta.
Y la tormenta llegó.
El caso del fentanilo: la evidencia de por qué existen los controles
La causa judicial por el fentanilo contaminado de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo dejó al descubierto un entramado escalofriante: adulteración de controles, planillas falsificadas, reactivos vencidos escondidos bajo la lluvia, trabajadores sin formación empujados a mentir y documentación “dibujada” para simular condiciones inexistentes.
Las testimoniales ante el juez Ernesto Kreplak son devastadoras:
“Me hacían mentir básicamente”, relató la técnica Bárbara Pennisi.
“Envases con partículas o pelos igual se mandaban al rotulado”, declaró Lucía Abeijón.
“Los frascos manchados iban igual”.
“Cambiaron pisos y pintaron todo para la ANMAT, pero nunca vinieron”.
Las conclusiones del Instituto Malbrán confirmaron lo que ya era evidente: los lotes 31202 y 31244 presentaban riesgos significativos, deficiencias graves e inconsistencia en la fabricación.
El resultado: mas de 120 muertes confirmadas y un ministro de salud que se niega a dar la cara.
En ese contexto, reducir la capacidad fiscalizadora del único organismo que puede prevenir estas catástrofes solo puede definirse como temerario.
O como parte de una estrategia.
La pieza que faltaba: el nuevo acuerdo con Estados Unidos
En el día de ayer, la Casa Blanca anunció los lineamientos del marco bilateral. Allí se explicitó lo que desde hacía meses se insinuaba:
Argentina aceptará “los certificados de la FDA y las autorizaciones previas de comercialización para dispositivos médicos y productos farmacéuticos”.
Es decir: si la FDA lo aprueba, entra automáticamente al mercado argentino.
Además, el acuerdo agrega un segundo componente estratégico:
Acceso preferencial a productos estadounidenses, entre ellos “ciertos medicamentos, dispositivos médicos y productos químicos”.
Reforma del sistema de patentes, adecuándolo a estándares internacionales señalados en el Informe Especial 301, documento en el que Estados Unidos ya había criticado a la Argentina por otorgar demasiadas patentes locales y permitir competencia de genéricos.
Nada es casual: Estados Unidos tiene uno de los lobbies farmacéuticos más poderosos del planeta, y este acuerdo es su puerta de entrada directa.
Patentes: el capítulo oculto que definirá el precio de los medicamentos
El acuerdo bilateral obliga a Argentina a:
“Revisar criterios restrictivos de patentabilidad”.
“Reducir atrasos en el otorgamiento de patentes”.
“Alinear la propiedad intelectual a estándares globales más elevados”.
En lenguaje llano: menos genéricos nacionales, más patentes extranjeras, precios más altos.
Las cámaras locales ya anticiparon el riesgo. CILFA advirtió que solo podrá evaluar el impacto cuando conozca el texto final, pero la advertencia es obvia: si la Argentina copia el estándar estadounidense, el costo de los tratamientos crónicos y de alta complejidad se disparará.
CAEME —que agrupa a los laboratorios extranjeros— celebró el pacto sin matices.
Un mercado abierto en bandeja: cómo encaja todo en el plan estadounidense
Tomados por separado, los hechos parecen decisiones aisladas. Observados en secuencia, conforman un patrón claro:
Vaciamiento de la ANMAT.
Eliminación de inspecciones presenciales.
Aceptación automática de certificados de la FDA.
Facilitación de importaciones sin controles equivalentes.
Cambios en el régimen de patentes en favor de laboratorios extranjeros.
Acuerdo comercial redactado en términos estadounidenses.
El caso del fentanilo, lejos de ser una anomalía, se convierte en un ejemplo: si el Estado renuncia a controlar, lo que aparece no es libertad; es riesgo, adulteración y muerte.
Todo esto, ¿a quién beneficia?
No a los pacientes. No a la industria nacional. No a las provincias ni al sistema sanitario.
Beneficia a:
Laboratorios extranjeros, que ya no necesitarán adaptarse al marco argentino.
Multinacionales bajo regulación FDA, con ingreso directo al mercado de 47 millones de habitantes.
Empresas protegidas por un nuevo régimen de patentes, capaz de bloquear genéricos durante años.
Fondos de inversión norteamericanos, que presionan por “proteger propiedad intelectual” en todos los tratados internacionales.
Argentina, mientras tanto, pierde capacidad de fijar reglas en su propio territorio.
Conclusión: un país que renuncia a su soberanía sanitaria
La tragedia del fentanilo demostró qué ocurre cuando los controles se relajan. En vez de reforzar al organismo, el gobierno avanzó hacia su desmantelamiento en nombre de la “innovación” y la “desregulación”.
Hoy, con la subordinación explícita a la FDA, la Argentina cede no ya la fiscalización, sino el criterio sanitario mismo: lo que Estados Unidos considere seguro, deberá considerarse seguro aquí, sin verificación propia.
Es el triunfo perfecto del lobby farmacéutico norteamericano.
Y el riesgo perfecto para millones de argentinos. Cuando esto se implemente no habrá brindis por «salud» que alcance a fin de año.
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Con el Decreto 812/2025, Milei terminó de desmantelar al Instituto Nacional de la Yerba Mate y liberó el mercado en favor de los grandes molinos. El resultado llegó en horas: más de un centenar de productores misioneros suspendieron la zafra de verano ante precios de ruina, pagos a cuatro meses y un escenario de quiebra generalizada. La economía regional más emblemática del NEA entra en zona roja mientras crece la venta de chacras y la concentración avanza sin freno.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
El decreto que dinamitó el equilibrio
El Gobierno publicó hace unos días en el Boletín Oficial el Decreto 812/2025, una norma presentada bajo el rótulo de “modernización”, pero que en los hechos le quita al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) todas sus facultades regulatorias: precios, cupos de plantación, ordenamiento de oferta, mecanismos de transparencia y controles económicos.
El artículo reemplazado del Decreto 1240/2002 establece que el INYM no podrá dictar ninguna norma que “distorsione la oferta y la demanda”, lo que en criollo implica:
El organismo no podrá fijar el precio de la hoja verde ni de la yerba canchada.
Desaparecen los precios mínimos, única defensa histórica contra los valores de ruina impuestos por los grandes molinos.
Los productores pequeños pierden toda herramienta de negociación, quedando a merced de un mercado ya concentrado.
La desregulación hizo impacto: los yerbateros suspenden la zafra
La reacción llegó rápido y con una contundencia que no se veía en años. Más de 100 pequeños y medianos productores de Misiones resolvieron suspender el inicio de la zafra de verano, prevista para diciembre.
La decisión surgió en una multitudinaria asamblea en Campo Grande, donde el diagnóstico fue unánime: con los precios actuales no se puede cosechar sin perder plata.
Hoy:
El kilo de hoja verde se paga alrededor de $285.
Los costos de producción rondan los $425 por kilo.
Los pagos se están realizando a 60, 90 y hasta 120 días.
Y la quita del precio mínimo del INYM arrastra los valores aún más abajo.
Los chacareros afirman que esa baja no se traslada a góndola, donde los precios siguen subiendo. Es decir: pierden ellos, gana la industria.
“Nunca vimos tantas chacras en venta”
La productora misionera Luisa Fleitas, en diálogo con Radio Provincia de Misiones, sintetizó el drama de la región con una frase que recorrió toda la provincia: “Nunca se vio tantas chacras en venta. No queremos que grandes corporaciones nos saquen de nuestras tierras. La yerba es nuestra identidad”.
Fleitas describió la medida de Milei como “un jaque mate para las familias productoras” y cuestionó el cinismo del discurso libertario: “Es fácil hablar de libre mercado sin conocer cómo se trabaja día a día”.
La concentración que viene (o que ya llegó)
La cadena yerbatera está compuesta por:
Más de 12.000 pequeños productores.
Cooperativas y secaderos medianos.
Y unos pocos molinos que concentran buena parte del mercado.
Con la desregulación total:
Los pequeños pierden poder de negociación.
Los molinos imponen precios por debajo del costo real.
La concentración se acelera, replicando lo ocurrido en los 90.
La economía regional se descapitaliza a pasos agigantados.
El INYM nació justamente para evitar este escenario después del colapso de esa década. El decreto de Milei retrocede 20 años de protección pública.
¿Bajará el precio para los consumidores? La historia dice que no
Pese al argumento oficial de “competencia”, la experiencia histórica del mercado yerbatero es clara:
Cuando baja el precio que recibe el productor, el paquete de yerba no baja.
Cuando aumenta la concentración, el precio en góndola sube.
En los 90, con desregulación total, la hoja verde se pagaba miseria y el paquete aumentaba igual.
La yerba es un producto cultural y oligopólico: sin reglas, no hay competencia posible.
Un INYM reducido a un sello administrativo
El decreto obliga al organismo a revisar y derogar en 30 días cualquier norma que contradiga el nuevo esquema. En un mes, el INYM quedará reducido a:
Certificaciones de calidad.
Registros.
Funciones técnicas de bajo impacto.
En otras palabras: un cascarón vacío incapaz de equilibrar la cadena.
Las economías regionales en alerta roja
La yerba mate sostiene a miles de familias de Misiones y Corrientes. Sin un precio justo ni regulación estatal:
Se debilita la economía familiar.
Crece la venta de chacras.
Avanzan los grandes grupos económicos.
Se paraliza el comercio local por falta de circulante.
Y aumentan las deudas y los pagos rechazados.
La Asociación Misionera de Productores de Yerba Mate convocó a una reunión urgente para el jueves 27 en San Vicente, donde se prevén nuevas medidas ante lo que califican como un momento “insostenible”.
El ataque al INYM no empezó hoy
El sector ya venía golpeado desde el mega DNU de diciembre de 2023, que intervino el INYM y le quitó por primera vez la potestad de fijar precios. El nuevo decreto, firmado por Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo, culmina ese proceso: prohíbe al instituto cualquier acción que afecte valores de mercado.
La zafra suspendida es apenas el primer síntoma de un terremoto productivo que recién empieza.
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