El Intendente Marcelo Orazi recibió esta mañana al Secretario de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro Ariel Ávalos con quien analizó y coordinó los temas que serán parte de la agenda cultural para este año.
Al término del encuentro, Ávalos manifestó que “la preocupación del Intendente es la que tenemos todos, la misma de la Gobernadora, queremos fortalecer el sistema cultural de la provincia y queremos poner en foco esos temas”.
“Nuestra intención es que las industrias creativas y culturales de la ciudad tengan un lugar de relevancia así que empezamos a trazar las primeras posibilidades de agenda conjunta entre la Provincia y el Municipio para poder estar realizando anuncios concretos en los próximos meses”, sostuvo.
Agregó que “son ejes que nos preocupan mucho, el tema de infraestructura, la llegada con herramientas eficaces y rápidas signifiquen trabajo para los reginenses, para los artistas y en ese punto van a estar los ejes fundamentales del trabajo de este año”.
Por su parte Orazi destacó la presencia del funcionario provincial de la ciudad y valoró la tarea que ya se viene realizando junto a la Directora de Cultura de la Municipalidad, Silvia Alvarado.
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Mientras algunos indicadores financieros muestran señales de estabilidad, miles de pequeñas y medianas empresas continúan enfrentando un escenario complejo marcado por la caída del consumo, el aumento de los costos fijos y la dificultad para recuperar los niveles de actividad previos al ajuste económico. La evolución del mercado interno vuelve a aparecer como una de las principales preocupaciones del sector.
Por Redacción de NLI
Las pequeñas y medianas empresas vuelven a quedar en el centro de la discusión económica. Aunque el Gobierno sostiene que la desaceleración de la inflación y el ordenamiento de las variables macroeconómicas sentarán las bases para una recuperación sostenida, buena parte del entramado productivo argentino continúa atravesando un período de fuerte incertidumbre.
Industriales, comerciantes y prestadores de servicios coinciden en que la principal dificultad ya no pasa únicamente por el costo de producir, sino por la falta de demanda. En numerosos rubros, la recuperación de las ventas todavía no logra compensar la caída registrada durante los meses de mayor ajuste, obligando a muchas empresas a trabajar por debajo de su capacidad instalada.
Un mercado interno que todavía no encuentra impulso
Las pymes representan cerca del 99% de las empresas del país y generan la mayor parte del empleo privado formal. Por eso, la evolución de su actividad suele ser uno de los indicadores más representativos de la economía real.
Sin embargo, distintos sectores advierten que el consumo continúa mostrando señales de debilidad. Comercios minoristas, industrias alimenticias, fábricas textiles, metalúrgicas y empresas de servicios describen un comportamiento similar: menos operaciones, clientes más cautelosos y una creciente competencia por un mercado que se achicó.
La desaceleración inflacionaria permitió moderar el ritmo de los aumentos de precios, pero todavía no alcanzó para recomponer el poder de compra de una parte importante de los hogares, lo que limita la recuperación de la demanda.
Costos que siguen condicionando la actividad
Al mismo tiempo que enfrentan menores niveles de ventas, las empresas deben absorber incrementos en alquileres, servicios, logística, insumos y financiamiento.
Muchas pymes también señalan dificultades para acceder al crédito en condiciones competitivas, especialmente aquellas que necesitan renovar maquinaria, ampliar instalaciones o financiar capital de trabajo.
En este contexto, numerosos empresarios optaron por postergar inversiones y concentrarse en sostener la operación diaria, priorizando la conservación de clientes y la estabilidad de sus planteles de trabajadores.
El empleo, otro indicador bajo observación
El comportamiento de las pequeñas y medianas empresas tiene una incidencia directa sobre el mercado laboral.
Cuando la actividad crece, suelen ser el principal motor de generación de empleo. Pero cuando el consumo se retrae, también son las primeras en reducir horas extras, suspender incorporaciones o revisar proyectos de expansión.
Especialistas en desarrollo productivo sostienen que una recuperación sólida requerirá no solo estabilidad macroeconómica, sino también condiciones que permitan reactivar la inversión y fortalecer el mercado interno.
El desafío de equilibrar las cuentas sin debilitar la producción
Uno de los debates que atraviesa la política económica argentina es cómo compatibilizar el orden fiscal con el crecimiento de la actividad.
Mientras el Gobierno prioriza la reducción del déficit y una menor intervención estatal, cámaras empresarias plantean que las pequeñas y medianas empresas necesitan un entorno que incentive la producción, facilite el acceso al crédito y promueva el consumo.
La experiencia argentina muestra que resulta difícil consolidar un proceso de crecimiento cuando el entramado pyme pierde dinamismo. No se trata solamente del balance de cada empresa, sino del impacto que tienen sobre el empleo, las economías regionales y el movimiento comercial de cientos de ciudades.
Una recuperación que todavía espera consolidarse
El segundo semestre será determinante para medir si la estabilización macroeconómica logra trasladarse finalmente a la actividad cotidiana.
Para miles de pymes, el desafío ya no pasa por sobrevivir a la volatilidad financiera, sino por volver a vender, invertir y contratar personal en un mercado que todavía se mueve con cautela.
Si esa recuperación no llega al tejido productivo, advierten analistas económicos, la mejora de los grandes indicadores difícilmente alcance para modificar la percepción de quienes sostienen buena parte de la economía argentina todos los días.
Victoria Villarruel profundiza su juego propio y en su entorno ya hablan abiertamente de una posible candidatura presidencial. La vicepresidenta busca correr a Milei por derecha y uno de los ejes que eligió para hacerlo es el campo: pidió eliminar las retenciones, una promesa incumplida del presidente.
Lo hizo al visitar este sábado una muestra rural en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. «El futuro de nuestro campo y de nuestra industria debe ser sin retenciones a las exportaciones», afirmó.
Campo, Malvinas y defensa del personal de las fuerzas armadas y de seguridad que enfrentan los peores sueldos de las últimas décadas, son ejes centrales de su estrategia de construir una candidatura de derecha nacionalista, que el peronismo ve con excepctativa porque le puede sacar a Milei los puntos que le impidan ganar en primera vuelta.
Cerca de Villarruel creen que tiene niveles de conocimiento y una capacidad electoral muy superior a la de otros dirigentes que buscan instalarse para 2027 ante la debilidad de Milei, como Daniel Hadad o el banquero Jorge Brito.
En ese camino empezó a tender puentes hacia sectores que están fuera del universo libertario. Villarruel recibe en el Senado a dirigentes del peronismo y del radicalismo y explora una construcción transversal para ampliar su base política.
El dato más llamativo es Mauricio Macri. Villarruel mantenía un diálogo fluido con el expresidente, pero este se interrumpió después del reciente acercamiento del fundador del PRO a Milei. La lectura en el entorno de la vicepresidenta es que Macri terminó demasiado cerca del Gobierno para servir como interlocutor de una alternativa.
Villarruel mantenía un diálogo fluido con Macri, pero este se interrumpió después del reciente acercamiento del fundador del PRO a Milei.
El Senado funciona así como su principal plataforma política. Desde allí puede conversar con gobernadores, senadores y dirigentes opositores sin depender de la estructura libertaria. Es un terreno especialmente cómodo para una vicepresidenta que quedó afuera de las decisiones centrales del Ejecutivo pero conserva una de las posiciones institucionales más importantes del país.
La ofensiva sobre las retenciones encaja en esa estrategia. Villarruel reclamó eliminar los derechos de exportación al campo, una bandera con fuerte recepción entre los productores y que además le permite disputar un sector que Milei considera propio.
Todavía falta un año y no existe un lanzamiento formal. Pero alrededor de la vicepresidenta ya dejaron de tratar la hipótesis como una fantasía. La ruptura con Milei, el corte del diálogo con Macri, las conversaciones con peronistas y radicales y ahora la ofensiva sobre las retenciones dibujan una misma hoja de ruta.
El Gobierno logró construir algunos puntos de apoyo para desplegar su modelo económico. El resultado fiscal es el más sólido. La política monetaria y el frente cambiario aportaron otros, bastante más movedizos. Pero al programa le falta el protagonista capaz de hacer de la estabilización una cuestión sostenible: las inversiones. Y los números muestran que, lejos de llegar, están retrocediendo.
«Toda política fiscal, monetaria o cambiaria es discutible. No sólo por sus resultados. También porque inevitablemente distribuye costos y beneficios, define ganadores y perdedores y modifica la relación entre sectores. Pero cualquier modelo que pretenda crecer de manera sostenida necesita inversión. Sin capital que amplíe la capacidad productiva, incorpore maquinaria, construya infraestructura y genere empleo, la estabilidad tiene patas cortas», comentó a LPO un ex ministro de economía.
Ahí aparece uno de los datos más incómodos del programa de Javier Milei. La Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) cayó 11,6% interanual. La inversión no está acompañando la estabilización: se está achicando.
La gran apuesta del Gobierno para llenar ese vacío es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Pero la información que obtuvo LPO mediante un pedido de acceso a la información pública permite mirar debajo del número de anuncios.
Al cierre del primer trimestre había 12 proyectos aprobados, por una inversión total declarada de 26.436 millones de dólares. De ese monto, 24.691 millones fueron considerados «activos computables» para acceder a los beneficios del régimen.
Ese concepto es clave. Los activos computables no son un registro de dólares que ya ingresaron al país ni de inversiones efectivamente realizadas desde la aprobación del RIGI. Son los gastos que la normativa admite para determinar si un proyecto alcanza el piso de inversión necesario para entrar al régimen.
Lo que estoy viendo, y esta es la parte que me preocupa, es que no estoy viendo inversiones grandes. La inversión cae, el empresario está viendo que esto no levanta.
Economía aclaró incluso que pueden computarse inversiones realizadas desde la entrada en vigencia del RIGI aunque sean anteriores a la adhesión formal del vehículo empresario. Es decir, una parte del número puede corresponder a inversiones que ya estaban en marcha.
Los anexos muestran además qué hay adentro de esos montos. No todo consiste en nuevas plantas construidas con producción y trabajo local. Los planes incluyen compra de equipamiento, maquinaria, materiales, ingeniería, logística, instalaciones eléctricas, software, servicios y construcción. En varios de los grandes proyectos, una porción relevante corresponde a bienes de capital y equipos que pueden ser importados.
El detalle entregado por Economía, sin embargo, no discrimina qué porcentaje será de origen nacional y cuál importado, por lo que tampoco permite traducir automáticamente los millones anunciados en impacto sobre proveedores o empleo local.
El caso del parque solar El Quemado sirve para entenderlo. Sus 211,6 millones de dólares de costos de construcción incluyen 42,7 millones en paneles, 22,3 millones en trackers, 9,4 millones en inversores, 8,3 millones en la estación de potencia, 7,9 millones en transformadores y otros equipos.
El RIGI contabiliza esas erogaciones como inversión del proyecto, pero la documentación oficial no informa dónde se fabricarán esos bienes ni cuánto valor agregado quedará en Argentina.
Hay casos todavía más contundentes. El proyecto Rincón de litio presenta 2.299 millones de dólares en activos computables dentro de una inversión total de 2.744 millones. Allí aparecen 320 millones en paquetes tecnológicos, 254 millones en equipamiento mecánico, 106 millones en materiales e instalaciones eléctricas y sólo 85 millones en mano de obra directa. El desglose permite ver por qué el monto de inversión no puede leerse linealmente como generación de empleo: son variables distintas.
También hay inversiones que no nacieron con el RIGI. VMOS declara un plan total de 2.900 millones de dólares, pero el anexo identifica 42 millones como inversiones previas a la vigencia de la ley. El Gobierno, además, aprobó como ampliaciones proyectos que ya existían, como Veladero y Fénix.
La concentración sectorial termina de achicar la foto. De los 26.436 millones de dólares aprobados, 15.156 millones corresponden solamente al proyecto de licuefacción de Southern Energy y otros 2.900 millones a VMOS. Después aparecen los grandes proyectos mineros que buscan financiamiento. Fuera de hidrocarburos, minería y generación eléctrica, la lista se reduce prácticamente a la acería de Sidersa y la Terminal Multipropósito Timbúes.
El RIGI consiguió volumen anunciado, pero todavía no muestra una ola de inversión. Y existe un problema adicional para medir cuánto de todo eso ya ocurrió. Economía reconoció ante el pedido de LPO que el seguimiento está distribuido entre distintas áreas técnicas y que, por el «volumen, dispersión y heterogeneidad» de los datos, no tiene sistematizada una información integral sobre los mecanismos de control.
Los mismos empresarios creen que la economía va a crecer, pero no prevén aumentar la inversión. El 74% espera crecimiento del PBI y el 68% proyecta una inflación menor. Pero apenas el 43% prevé aumentar sus inversiones.
Tampoco realizó revisiones posteriores del ratio exigido a los proyectos frente a eventuales cambios de precios, costos, cronogramas o generación de caja. En otras palabras, el Gobierno puede informar con precisión cuánto prometieron invertir las empresas para entrar al RIGI, pero la respuesta oficial no ofrece una cifra consolidada de cuánto de esa inversión ya se ejecutó.
«Lo que estoy viendo, y esta es la parte que me preocupa, es que no estoy viendo inversiones grandes», dijo el economista Fausto Spotorno en el stream Ahora Play. «La inversión cae, cae, cae», agregó. Para Spotorno, el fenómeno tampoco puede explicarse simplemente por desconfianza política. «El empresario está viendo que esto no levanta», sostuvo.
Spotorno también puso el foco en la distancia entre los anuncios del RIGI y el volumen de capital efectivamente desplegado. «No es que no hay, hay. Pero que eso esté puesto en la cancha y genere volumen grande todavía no lo vemos», explicó. Y marcó una excepción: «El sector energético es lejos el que está invirtiendo más. Está invirtiendo fangotes».
Según los cálculos que maneja el economista, el sector energético recibe un flujo anualizado del orden de los 12.000 millones de dólares. Parece una montaña hasta compararla con las necesidades de capital del conjunto de la economía.
Spotorno estima que Argentina necesita inversiones cercanas a los 120.000 millones de dólares por año. Incluso el sector que más capital atrae representa así alrededor de una décima parte de ese volumen.
En el mercado hacen una lectura parecida, con un agregado importante: Vaca Muerta juega un campeonato bastante separado del resto de la economía. «Vaca Muerta mueve las mismas inversiones con cualquier gobierno porque está despegada del ciclo económico. Son 12 mil millones por año. Así y todo la cuenca necesita cerca de 20 mil millones para desarrollar su potencial», explicó a LPO una fuente que sigue de cerca las inversiones del sector.
La cautela aparece también entre los propios empresarios. La última Encuesta de Expectativas de Ejecutivos de IDEA, realizada entre 218 directivos, mostró que la proporción de empresas que trabaja cerca de su capacidad máxima aumentó del 36% al 46%. Sin embargo, la inversión anual como porcentaje de la facturación cayó del 14% al 10%.
El contraste es mayor porque esos mismos empresarios creen que la economía va a crecer, pero no prevén aumentar la inversión. El 74% espera crecimiento del PBI y el 68% proyecta una inflación menor. Pero apenas el 43% prevé aumentar sus inversiones.
Alejandro «Topo» Rodríguez, ex diputado nacional y economista, introduce otra diferencia clave para leer los números. «Hay que distinguir entre las inversiones que ‘se anuncian’ y las que efectivamente se realizan. Con Milei, se inició un proceso de desinversión que se explica por la contracción de la demanda y la caída de la rentabilidad esperada», dijo a LPO.
El planteo toca uno de los problemas centrales del programa: la inversión no depende solamente de bajar impuestos o conceder beneficios. Una empresa invierte cuando espera vender lo suficiente como para recuperar el capital y obtener rentabilidad. Ese es el agujero que queda detrás de los avances que el Gobierno exhibe en la macro.
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