El Intendente Marcelo Orazi recibió esta mañana al Secretario de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro Ariel Ávalos con quien analizó y coordinó los temas que serán parte de la agenda cultural para este año.
Al término del encuentro, Ávalos manifestó que “la preocupación del Intendente es la que tenemos todos, la misma de la Gobernadora, queremos fortalecer el sistema cultural de la provincia y queremos poner en foco esos temas”.
“Nuestra intención es que las industrias creativas y culturales de la ciudad tengan un lugar de relevancia así que empezamos a trazar las primeras posibilidades de agenda conjunta entre la Provincia y el Municipio para poder estar realizando anuncios concretos en los próximos meses”, sostuvo.
Agregó que “son ejes que nos preocupan mucho, el tema de infraestructura, la llegada con herramientas eficaces y rápidas signifiquen trabajo para los reginenses, para los artistas y en ese punto van a estar los ejes fundamentales del trabajo de este año”.
Por su parte Orazi destacó la presencia del funcionario provincial de la ciudad y valoró la tarea que ya se viene realizando junto a la Directora de Cultura de la Municipalidad, Silvia Alvarado.
En una carta abierta difundida este miércoles, Cristina Fernández de Kirchner afirmó que la inhabilitación para ejercer cargos públicos constituye la verdadera pena que enfrenta y advirtió que el fallo judicial que la condenó tiene consecuencias que exceden su situación personal. La exmandataria volvió a plantear que existe una disputa política detrás de su condena y llevó el conflicto al terreno de los derechos democráticos.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La carta de Cristina y la denuncia de una condena que trasciende la prisión
Cristina Fernández de Kirchner volvió a instalar en el centro de la discusión política el concepto de proscripción política. En una carta abierta publicada este miércoles, la expresidenta sostuvo que la consecuencia más profunda de la condena judicial en su contra no es la restricción de su libertad ambulatoria, sino la imposibilidad permanente de competir electoralmente y ejercer cargos públicos, una sanción que definió como una “pena principal” y que, según su planteo, afecta el derecho colectivo de millones de ciudadanos a elegir a sus representantes.
El planteo de Cristina se inscribe en una discusión que atraviesa a la política argentina desde la confirmación de la condena en la causa Vialidad. La Corte Suprema dejó firme la sentencia que estableció una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una resolución que desde el peronismo fue interpretada como un mecanismo de exclusión política contra la principal dirigente opositora al gobierno de Javier Milei.
En su escrito, la exmandataria apuntó al funcionamiento del sistema judicial y sostuvo que una democracia no puede reducirse únicamente al acto electoral, sino que requiere instituciones capaces de garantizar la participación política y el respeto de los derechos fundamentales. La crítica apunta así a una cuestión más amplia: qué ocurre cuando una decisión judicial tiene efectos directos sobre la competencia política y sobre la representación de un sector social determinado.
Una disputa que excede el caso Vialidad
El conflicto judicial alrededor de Cristina Kirchner se convirtió en uno de los principales ejes de la disputa política argentina. Para sus seguidores, la condena representa una forma moderna de persecución política mediante herramientas judiciales; para sus críticos, se trata de una consecuencia institucional derivada de una causa penal por corrupción que atravesó todas las instancias judiciales.
La causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, terminó con una condena que no sólo afectó a la expresidenta sino que modificó el escenario político nacional al impedirle presentarse a elecciones. La inhabilitación perpetua se convirtió así en el punto central del debate, incluso por encima de la pena económica o de la modalidad de cumplimiento de la condena.
Desde el kirchnerismo sostienen que la exclusión electoral de Cristina tiene un impacto institucional porque se trata de una dirigente que conserva un peso político significativo dentro del peronismo y que, aun fuera de un cargo formal, continúa funcionando como una referencia para una parte importante del electorado. La discusión ya no pasa solamente por la culpabilidad o inocencia en una causa judicial, sino por los límites entre la Justicia penal y la competencia democrática.
El escenario internacional y el reclamo por las garantías judiciales
La carta también volvió a colocar la mirada sobre los organismos internacionales de derechos humanos. Cristina Fernández de Kirchner sostiene que su situación debe ser analizada bajo el marco de las garantías previstas en tratados internacionales, argumentando que el derecho a elegir y ser elegido forma parte de los derechos políticos fundamentales.
La estrategia jurídica y política de la exmandataria apunta a transformar la discusión desde una cuestión estrictamente penal hacia un debate sobre la calidad democrática. La tesis que plantea es que una condena judicial puede tener consecuencias que exceden a la persona involucrada cuando implica impedir que una dirigente pueda competir por el voto popular.
Desde sectores opositores al kirchnerismo rechazan esa interpretación y sostienen que no existe una proscripción sino una consecuencia legal derivada de una sentencia firme. Allí se encuentra uno de los grandes puntos de tensión del debate argentino actual: si una condena judicial que impide ejercer cargos públicos debe ser considerada una aplicación legítima de la ley o si, por sus efectos políticos, constituye una limitación excepcional al principio democrático de representación.
La pelea por el futuro político del peronismo
Más allá del expediente judicial, la situación de Cristina Kirchner impacta directamente sobre la reorganización del peronismo. La imposibilidad de competir electoralmente modificó los equilibrios internos del espacio y abrió una discusión sobre liderazgo, renovación y estrategia frente al gobierno de Javier Milei.
La exmandataria busca mantener vigente la idea de que su exclusión no es solamente un problema individual, sino una disputa por el rumbo político del país. En esa lectura, la condena judicial forma parte de una batalla más amplia por definir quiénes pueden participar plenamente del sistema democrático.
La discusión sobre Cristina Kirchner, entonces, continúa ubicada en una zona donde se cruzan justicia, política y democracia. Mientras sus adversarios sostienen que las instituciones actuaron dentro de sus atribuciones, sus seguidores denuncian que una decisión judicial terminó produciendo un efecto político irreversible: sacar de la competencia electoral a una dirigente que, durante dos décadas, ocupó un lugar central en la vida pública argentina.
Patricia Bullrich empezará en agosto una gira por el país para posicionarse como candidata para 2027 en un abierto desafío a Javier y Karina Milei.
Según anticiparon a LPO allegados a la senadora, la gira arrancará en agosto en Santa Fe y continuará los meses siguientes en otras provincias del interior. La gira no es otra cosa que un lanzamiento nacional y en su equipo dijeron a este medio que competirá por la presidencia o como mínimo la vice, si es que llega Milei fuerte al cierre de listas.
Bullrich ya rechazó la propuesta de los Milei para competir por la Capital, una oferta que le hicieron en diciembre, meses antes de la caída de Manuel Adorni, que también posicionaban para disputar la Ciudad. La senadora incluso desoye a algunos de sus colaboradores que le siguen insistiendo con que vaya como candidata en territorio porteño.
Ahora, en un sector del gobierno sugieren que podrían mandar a Bullrich a la provincia, pero en su entorno dicen que ni siquiera puede por el domicilio. Pero sobre todo, porque repiten que sólo competirá en la fórmula presidencial. Es un cambio de postura importante respecto de meses atrás, cuando decían que se encuadrarían a lo que pidiera Milei.
Es que Bullrich va primera en las encuestas como la dirigente con mejor imagen del país, encima del propio Milei y de su principal competidor, Axel Kicillof. Ni que hablar de Karina, que tiene una imagen negativa cercana al 80 por ciento, y de Martín Menem, que alcanza el 69 de negativa en la última encuesta de Atlas/Intel y Bloomberg.
Bullrich y Santilli se entendieron rápido en el gabinete libertario que está monopolizado por ex ministros del PRO: seis de los ministros actuales estuvieron en el gobierno de Macri
Es justamente con los Menem con quien Bullrich arrastra una desconfianza que se remonta al armado de las listas desde 2025, cuando la desplazaron. La ex presidenta del PRO quería hacer pesar sus acciones que llevaron a Milei a ganar el ballotage de 2023 y esperaba un mejor trato en las elecciones intermedias, en donde sólo le dieron una diputada, Sabrina Ajmechet, quien en realidad ya había tejido su vínculo personal con el propio Milei.
Como espera un trato quizás peor en 2027, Bullrich se anticipó a cuestionar a Manuel Adorni públicamente para cuidar la relación con sus votantes. De acuerdo a las encuestas que manejaban en la Rosada, Adorni ya tenía una imagen negativa del 80 por ciento por el escándalo patrimonial que lo obligó a renunciar.
Bullrich se adelantó a esa caída para desmarcarse del propio Milei, que para algunos encuestadores perdió 20 puntos de imagen por defender a Adorni hasta el final.
En medio de la tensión con los Menem y Karina, Bullrich retomó la relación con Diego Santilli, con quien ya habló en privado desde que fue ascendido a jefe de gabinete. El Colorado había jugado para la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, rival de Bullrich en las primarias de 2023 y eso supuso un alejamiento.
Pero allegados a la senadora recuerdan que le ofrecieron al propio Santilli compartir boleta ese año, en el formato de boleta en V con que los candidatos a presidente tienen el mismo postulante a gobernador para no dividir el voto al menos en un tramo. Sin embargo, Larreta se rehusó y Bullrich tuvo que llevar como candidato bonaerense a Néstor Grindetti, finalmente vencedor en las primarias contra Santilli.
Ahora, Bullrich y Santilli se entendieron rápido en el gabinete libertario que casualmente está monopolizado por ex ministros del PRO. Además de Santilli y Bullrich, otros cinco ministros estuvieron en el gobierno de Mauricio Macri: el de Economía, Luis «Toto» Caputo; el de Desregulación, Federico Sturzenegger, el de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el canciller, Pablo Quirno y Alejandra Monteoliva, de Seguridad.
La incorporación de ex funcionarios del PRO es una constante de los libertarios que tienen problemas para generar cuadros y candidatos puros. De ese problema se aferran Santilli y Bullrich para 2027.
La Municipalidad de Villa Regina reitera que, por la crecida del Río Negro, el servicio de Balsa en Isla 58, se encuentra suspendido hasta nuevo aviso. Difunde esta nota
La Municipalidad de Villa Regina informa que a partir de mañana martes 12 de enero el horario de atención al público será de 7,30 a 13. Difunde esta nota
En el primer semestre, las terminales automotrices produjeron 204.658 unidades, esto es, un 18,3% menos respecto del mismo período de 2025. Los números se desprenden del informe mensual de la Asociación de Fábrica de Automotores (ADEFA).
Durante junio las terminales produjeron 37.029 vehículos (automóviles y comerciales livianos), un volumen se ubicó 1,9% por debajo del desempeño de mayo y 13,6% menos en su comparación con junio de 2025, cuando se produjeron 42.848 unidades.
En tanto, las exportaciones alcanzaron las 22.373 unidades, 11,3% menos que mayo, y 1,7% por debajo de junio del año pasado. En el acumulado de los primeros seis meses del año, se exportaron 126.893 vehículos, 2,1% menos respecto de las 129.654 unidades del mismo periodo del año pasado.
En cuanto a las ventas mayoristas, las automotrices entregaron a la red 44.096 vehículos en junio, reportando un incremento de 22,5% respecto de las 35.979 unidades de mayo anterior, pero una baja de 26,3% en su comparación con junio del 2025. En el acumulado de enero a junio, se comercializaron 228.129 unidades, 23,7% menos en su comparativo interanual.
«La industria local está operando con tiempos de recomposición más lentos respecto de la demanda», dijio Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA.
«La reducción de los derechos de exportación ya que es una señal fundamental para mejorar la competitividad de la industria automotriz», dijo Pérez Graziano y remarcó que «es necesario el acompañamiento de provincias y municipios en la baja de la carga impositiva para superar los desafíos estructurales que nos permitan consolidar volúmenes sostenibles en el tiempo».
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