El Intendente Marcelo Orazi recibió esta mañana al Secretario de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro Ariel Ávalos con quien analizó y coordinó los temas que serán parte de la agenda cultural para este año.
Al término del encuentro, Ávalos manifestó que “la preocupación del Intendente es la que tenemos todos, la misma de la Gobernadora, queremos fortalecer el sistema cultural de la provincia y queremos poner en foco esos temas”.
“Nuestra intención es que las industrias creativas y culturales de la ciudad tengan un lugar de relevancia así que empezamos a trazar las primeras posibilidades de agenda conjunta entre la Provincia y el Municipio para poder estar realizando anuncios concretos en los próximos meses”, sostuvo.
Agregó que “son ejes que nos preocupan mucho, el tema de infraestructura, la llegada con herramientas eficaces y rápidas signifiquen trabajo para los reginenses, para los artistas y en ese punto van a estar los ejes fundamentales del trabajo de este año”.
Por su parte Orazi destacó la presencia del funcionario provincial de la ciudad y valoró la tarea que ya se viene realizando junto a la Directora de Cultura de la Municipalidad, Silvia Alvarado.
Carlos Presti se encuentra en el centro de las críticas de sus ex compañeros de armas. El ministro de Defensa no logró revertir un gestión que viene golpeada desde el inicio con Luis Petri.
En el entorno del ministro de Defensa reconocen que apostaron a la resolución de la crisis de la obra social y la puesta en funcionamiento de los F-16 como pilares de una suerte de relanzamiento de gestión.
Sin embargo, la disolución de IOSFA y la creación de OSFA no mejoró la crisis sino que se profundizó con la reciente renuncia de su titular, el general de brigada Sergio Maldonado, que había asumido en febrero y se fue por profundas diferencias con el ministro y el suicidio de un suboficial retirado que se quedó sin cobertura.
La deuda sigue siendo de 200 millones de dólares y el contexto es cada vez más dramático en ciudades donde militares activos y retirados tiene que hacerse cargo de tratamientos de enfermedades graves o tiene que buscar un segundo trabajo por los bajos sueldos, otro de los dramas que golpea a los integrantes de las Fuerzas Armadas.
Un miliar en actividad reveló a LPO que «Presti se conforma con ser el primer Teniente General en llegar a ministro en democracia e imagina su cuadro en el edificio Libertador, pero va camino a un tribunal de honor».
Esta fuente aclara que «no lo veo siendo echado por el Presidente pero en este momento el tipo cayó en la cuenta que en el Gobierno lo quieren solo para organizar desfiles de bandas y otras pavadas por el estilo».
No lo han integrado al gabinete realmente y puertas adentro de las fuerzas los tres jefes de Estado Mayor saben que no tienen a un camarada que pide por ellos sino a un libertario que les pide paciencia en nombre del gobierno. Está mas solo que Kun Fu
«No lo han integrado al gabinete realmente y puertas adentro de las fuerzas los tres jefes de Estado Mayor saben que no tienen a un camarada que pide por ellos sino a un libertario que les pide paciencia en nombre del gobierno. Está mas solo que Kung Fu», agregó.
El panorama es complicado porque en las Fuerzas Armadas crece el enojo y el malestar con el ministro, de quien esperaban una incidencia mayor en la resolución de los conflictos internos y las necesidades de la fuerza.
«Son todos parches. Quieren vender los inmuebles para modernizar a las fuerzas y en el mejor de los casos pueden comprar dos fragatas. El enojo crece», sentenció este militar.
Por el momento, nadie habla de una salida pero afirman que ninguno de los jefes militares esperan soluciones de parte del ministro y afirman que «hay un corte total en el vínculo».
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Mientras todos seguimos «entretenidos» con las propiedades de Adorni, el gobierno se sigue llevando puesto al Estado y continúa su avance sobre bienes estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Gobierno dio un nuevo paso en su política de achicamiento estatal con la publicación en el Boletín Oficial de una resolución que habilita el avance en la venta de activos estratégicos vinculados a ENARSA, la empresa energética estatal. La medida, que pasa casi desapercibida en la agenda mediática, constituye en los hechos un nuevo capítulo en el proceso de privatización de áreas clave del sistema energético argentino.
Lejos de tratarse de un movimiento aislado, la decisión se inscribe en una lógica más amplia: la retirada progresiva del Estado de sectores estratégicos, bajo el argumento de eficiencia y reducción del gasto. En este caso, el foco está puesto en la participación accionaria vinculada a la transmisión eléctrica, un área sensible que impacta directamente en la distribución y el costo de la energía.
Energía en venta, soberanía en retroceso
La resolución del Ministerio de Economía habilita la venta de acciones que ENARSA posee en el entramado energético, avanzando así sobre uno de los últimos bastiones de presencia estatal en el sector. No es un dato menor: la energía no es un mercado cualquiera, sino un insumo básico que condiciona el desarrollo productivo, el precio de los alimentos y la vida cotidiana de millones de argentinos.
La decisión de desprenderse de estos activos se produce en un contexto de fuerte presión sobre tarifas y con un esquema económico que ya trasladó costos al bolsillo de los usuarios. En ese marco, la privatización no aparece como una política neutral, sino como una transferencia de poder económico hacia actores privados, en detrimento del control público.
El relato del ajuste y la realidad del vaciamiento
Mientras Milei insiste con su discurso contra “la casta” y el gasto político, las medidas concretas revelan otra dinámica: no se trata solo de reducir el Estado, sino de redefinir quién se queda con lo que el Estado deja. La venta de activos energéticos no elimina el negocio: lo cambia de manos.
Este tipo de decisiones reaviva un debate histórico en la Argentina. Las privatizaciones de los años noventa dejaron un saldo conocido: pérdida de control estratégico, deterioro de servicios en algunos casos y una dependencia creciente de empresas con lógica de rentabilidad antes que de servicio público. El antecedente está sobre la mesa, pero el Gobierno avanza en la misma dirección.
Un modelo que prioriza el mercado por sobre el interés público
El avance sobre ENARSA confirma el rumbo de la política económica: menos Estado en áreas clave y mayor protagonismo del sector privado, incluso en ámbitos donde la intervención estatal resulta fundamental para garantizar equidad y planificación a largo plazo.
La discusión de fondo no es técnica sino política. ¿Debe el Estado retirarse de la energía? ¿Quién regula cuando el mercado concentra poder? ¿Qué pasa con las tarifas cuando el objetivo central es la rentabilidad? Son preguntas que la resolución no responde, pero que quedan abiertas mientras se ejecuta el proceso.
En paralelo, el ajuste fiscal continúa impactando sobre salarios, jubilaciones y políticas sociales. En ese contexto, la venta de activos públicos aparece como una pieza más de un esquema que combina recorte, transferencia de recursos y reconfiguración del rol estatal.
Lo que está en juego no es solo una empresa, sino una concepción de país. Y en ese tablero, la decisión de avanzar sobre ENARSA marca con claridad el sentido del proyecto en marcha.
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