El Intendente Marcelo Orazi recibió esta mañana al Secretario de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro Ariel Ávalos con quien analizó y coordinó los temas que serán parte de la agenda cultural para este año.
Al término del encuentro, Ávalos manifestó que “la preocupación del Intendente es la que tenemos todos, la misma de la Gobernadora, queremos fortalecer el sistema cultural de la provincia y queremos poner en foco esos temas”.
“Nuestra intención es que las industrias creativas y culturales de la ciudad tengan un lugar de relevancia así que empezamos a trazar las primeras posibilidades de agenda conjunta entre la Provincia y el Municipio para poder estar realizando anuncios concretos en los próximos meses”, sostuvo.
Agregó que “son ejes que nos preocupan mucho, el tema de infraestructura, la llegada con herramientas eficaces y rápidas signifiquen trabajo para los reginenses, para los artistas y en ese punto van a estar los ejes fundamentales del trabajo de este año”.
Por su parte Orazi destacó la presencia del funcionario provincial de la ciudad y valoró la tarea que ya se viene realizando junto a la Directora de Cultura de la Municipalidad, Silvia Alvarado.
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Hace 11 años —cuando X era Twitter y no una red social tan hostil, expulsiva y aleccionadora como ahora— escribí desde las tripas: «No vamos a levantar la voz?. NOS ESTÁN MATANDO». Estaba envuelta en enojo, pena y furia. La violencia extrema hacia las mujeres, y en ese momento puntual contra las adolescentes, tuvo uno de sus picos máximos cuando Chiara Páez fue asesinada por su novio, Manuel Mansilla, en Rufino, Santa Fe. Chiara tenía 14 años y estaba embarazada de tres meses. Mansilla la mató a golpes y la enterró en la casa de sus abuelos.
Este tuit está escrito. Sucedió. Pero fue azaroso que me haya interpelado a mi de esa forma. Cualquiera podría haber sido la autora de ese posteo: vos, aquella, la otra, la de más allá, la del otro lado. Fue una circunstancia. En menos de un mes, entre ese tuit del 11 de mayo y el miércoles 3 de junio de 2015, organizamos la primera marcha de Ni Una Menos. Ahora, once años después, nos enteramos del femicidio de otra adolescente de 14 años. Entre aquel Ni Una Menos inaugural y hoy contamos 3424 mujeres asesinadas, según La Casa del Encuentro. De esos asesinatos, 3073 fueron femicidios y femicidios vinculados (cuando un hombre mata a una o varias personas con el propósito de causarle sufrimiento, castigar o destruir psíquicamente a una mujer). En estos once años, una mujer fue asesinada cada 30 horas.
Agostina Vega, cordobesa, estuvo desaparecida una semana. Su mamá hizo la denuncia policial horas después de la desaparición. Como suele suceder en estos casos, la fiscalía primero se centró en el círculo más cercano y en la hipótesis de que Agostina podría estar con un noviecito. Recién tres días después se activó la Alerta Sofía. Al cuerpo de Agostina lo encontró la Policía este domingo en un descampado cerca del barrio Ampliación Ferreyra.
Claudio Barrelier, el hasta ahora único acusado por el femicidio, está detenido. El hombre de 33 años había sido denunciado el año pasado por privación ilegítima de la libertad por una mujer que salió corriendo de su casa desnuda y pidiendo ayuda. En mayo de 2025 estuvo detenido solamente 20 días. El fiscal Iván Rodriguez lo dejó libre, fianza de por medio.
Cuando el impacto mediático trasciende los límites de la provincia, la voracidad por el “vivo y directo”, el vértigo, le gana a la información veraz. La audiencia muestra interés por el “caso”, se abren puñados de teorías, análisis, especialistas y opinólogos que desfilan sin parar.
Lo sabemos: casi todas esas teorías se centran en la víctima. Que para su corta edad esto o aquello, que sí hacía videos para TikTok, que las fotos que se tomaba. Hasta se escuchó con tono fuerte y certero a un cronista mencionar detalles de la intimidad de Agostina.
También vale mencionar aquí a esos cronistas de exteriores que, valiéndose de lo que ven, escuchan, preguntan e investigan, valoran la información en off de record y comprenden, como pocos, la prudencia de lo que se informa y cómo.
Pero la carroña mediática está a tiro cuando se trata de una mujer, adolescente, de apenas 14 años como Agostina. Lo mismo sucedió en 2017, por poner sólo un ejemplo, con la joven bonaerense Melina Romero. Melina, la “ fanática de los boliches que abandonó la secundaria”, titulaba el diario de mayor alcance del país, y ampliaba: “Hija de padres separados, dejó de estudiar hace dos años y desde entonces nunca trabajó. Según sus amigos, suele pasarse la mayoría del tiempo en la calle con chicas de su edad o yendo a bailar, tanto al turno matiné como a la noche, con amigos más grandes. En su casa nadie controló jamás sus horarios y más de una vez se peleó con su mamá y desapareció unos días”.
Dos años antes del femicidio de Melina, cuando escribí aquel tuit, las réplicas e intercambios fueron inmediatos. Colegas, compañeras, amigas y desconocidas sugerían ideas, adónde ir, qué hacer, a quiénes y cómo convocar para lograr, primero, el impacto mediático. Allí también se nos abrieron espacios amigables de colegas periodistas, compañeros de profesión y amigos del oficio. Después, hubo que profundizar en los contenidos, reclamos, exigencias, deudas y pendientes. Todo lo organizamos en menos de un mes.
Que vayamos al Puente de la Mujer en Puerto Madero, que estemos vestidas de violeta o de negro, que el horario tenía que ser después de las 17, pero no tan tarde por el frio de junio. Finalmente, lo decidimos: iba a ser en el kilómetro cero del país, frente al Congreso de la Nación.
Desde el 11 de mayo a ese 3 de junio vivimos días frenéticos, intensos. Comenzó a tejerse una red potente, primero de periodistas y comunicadoras, que ya habían participado en un encuentro literario en el Museo de la Lengua, también bajo el lema “Ni Una Menos”, parte de un poema de Susana Chávez, activista mexicana asesinada en Ciudad Juárez.
Todas, una veintena, de diferentes medios, de diversas militancias, formaciones académicas, algunas presentadoras de noticias, escritoras, ensayistas, licenciadas en letras, abogadas, cronistas de exteriores, comenzamos a intercambiar ideas para bajarlas, literalmente, a la calle.
¿Qué íbamos hacer? ¿Qué teníamos para decir? ¿Cuáles eran nuestros reclamos? ¿Qué respuestas tenía el poder político de turno? ¿Qué era aquello que comenzaba a replicarse como #NiunaMenos, basta de femicidios? La respuesta se manifestó la tarde del 3 de junio de 2015 en cada rincón del país.
En todas las provincias, en cada ciudad, en pueblos que jamás habían salido a las calles, como Corral de Bustos, recuerdo; la implosión fue desde el Congreso hasta cada punto del país. O al revés. Lo siento por los porteños.
No pretendo traer una foto sepia de aquella fecha, pero sí recordar que fue un mojón en la historia de los movimientos de mujeres aquí, en la región y en el planeta. Se miraba a la Argentina, este país del fin del mundo. “Vengo del país del #NiUnaMenos” dije una vez ante colegas de otros países de la región. La Argentina era validada, también, por esta nueva ola feminista. Las Tesis llevaron su performance. “Un violador en tu camino”, desde Chile a cada rincón donde los ataques sexuales fueron tema de discusión. El #MeToo, que en 2017 sacudió al mundo cuando dos periodistas revelaron que Harvey Weinstein era, aparte de un exitoso productor de Hollywood, un depredador sexual.
Tuvimos en Argentina aquel Paro Internacional de Mujeres, y después arrasó el #MiraCómoNosPonemos” cuando supimos que Thelma Fardìn, en su adolescencia, había sido abusada sexualmente por el popular actor Juan Darthes.
Y vinieron más marchas, otros paros, imposible recorrerlos todos en un sólo texto.
Pero en los últimos años, la búsqueda de la equidad quiere instalarse como el principal enemigo a vencer. Resulta que para propios y ajenos ese enemigo somos las feministas. Que dónde estamos, por qué reaccionamos, por qué los silencios.
Aquello de «no me siento representada por el feminismo del país» se cuela por la ventana, sin siquiera poder debatir cómo son los feminismos, cuál es el camino de los movimientos de mujeres en la Argentina. ¿Desde qué lugares se lanzan estas pretenciosas afirmaciones casi idénticas y de tan poca profundidad? Desde el poder político, claro. El mismo poder que hoy niega los femicidios y la violencia machista. Que se preocupa por las supuestas falsas denuncias y no dice nada cuando una piba como Agostina, como Chiara, como Melina, aparece asesinada. No hablo sólo del Gobierno. Hablo también de la Justicia. Para muestra, basta la conferencia de prensa que dio ayer el fiscal Raúl Garzón. ¿Nos piden explicaciones a las únicas que nos movilizamos y accionamos contra los femicidios, las violaciones y los abusos? ¿Nos tildan de exageradas? ¿Nos piden que nos calmemos?
Voy a defender mi derecho a estar viva, pero también a enojarme. Y, para eso, tampoco pido permiso ni perdón. El enojo también es una lucha política. Nos vemos, otra vez, el 3 de junio en las calles.
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Mientras el oficialismo construyó buena parte de su identidad política alrededor de la idea de combatir los privilegios de la “casta”, la situación patrimonial de Manuel Adorni se convirtió en uno de los episodios más incómodos para la administración de Milei. La demora en la presentación de su declaración jurada, las explicaciones cambiantes y las prórrogas administrativas terminaron transformando un trámite formal en una crisis política de credibilidad.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
Durante meses, el Gobierno hizo de la transparencia una bandera discursiva. Funcionarios, voceros y dirigentes libertarios cuestionaron a gobiernos anteriores por presuntas irregularidades patrimoniales y reclamaron estándares más altos de rendición de cuentas. Sin embargo, cuando el foco comenzó a apuntar hacia el entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la reacción oficial fue cualquier cosa menos contundente.
El problema dejó de ser únicamente la declaración jurada. Lo que comenzó como una demora administrativa terminó convirtiéndose en una prueba política. Cada día sin presentación alimentó nuevas preguntas. ¿Por qué un funcionario que prometía transparencia absoluta no mostraba rápidamente su patrimonio? ¿Por qué el Gobierno parecía más preocupado por administrar los tiempos que por despejar las dudas?
La prórroga que agravó las sospechas
La situación se volvió todavía más delicada cuando la Oficina Anticorrupción resolvió extender los plazos para la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios nacionales hasta el 31 de julio. Formalmente, la medida fue justificada por cuestiones técnicas vinculadas a vencimientos fiscales. Sin embargo, la decisión coincidió con el momento de mayor presión política sobre Adorni y fue interpretada por amplios sectores como un alivio a medida para el funcionario.
Lejos de cerrar la discusión, la prórroga la amplificó. La oposición comenzó a cuestionar si el organismo encargado de controlar a los funcionarios estaba actuando con independencia o si se había convertido en un instrumento para ganar tiempo político.
La paradoja fue evidente. El mismo gobierno que prometía terminar con los privilegios aparecía beneficiado por una resolución que reducía la presión sobre uno de sus principales dirigentes.
Un funcionario bajo la lupa
En las últimas semanas trascendió que Adorni continuaba trabajando con asesores y contadores para completar la documentación patrimonial y fijó como horizonte el 15 de junio para realizar una presentación pública de su situación económica.
La explicación oficial sostiene que se trata de un proceso complejo y que toda la información será presentada en tiempo y forma. Pero políticamente el daño ya está hecho. Cuando un gobierno construye su legitimidad sobre la idea de que es distinto a los demás, los estándares que se le aplican son más altos.
Ese es el verdadero problema para la Casa Rosada. La discusión dejó de girar alrededor de balances, inmuebles o formularios. Lo que está en juego es la coherencia entre el discurso y la práctica.
El costo de predicar una cosa y hacer otra
La administración de Milei suele responder a los cuestionamientos apelando a la confrontación. Sin embargo, el caso Adorni no es un conflicto externo ni una disputa con gobernadores, sindicalistas o dirigentes opositores. Es una controversia nacida dentro del propio oficialismo.
Por eso genera tanta incomodidad. Resulta difícil acusar de “operación” a quienes simplemente preguntan por qué un funcionario central del Gobierno aún no exhibió plenamente la información patrimonial que se espera de cualquier alto cargo del Estado.
Incluso dirigentes aliados comenzaron a marcar distancia. Algunos referentes libertarios y oficialistas reclamaron que la situación se resolviera cuanto antes para evitar que la polémica siguiera creciendo.
La preocupación es lógica: cuanto más se extiende el tema, más se instala la percepción de que existe algo que ocultar, aun cuando eso no esté probado.
El espejo de la casta
El episodio encierra una ironía política difícil de ignorar. Durante años, Milei y sus dirigentes construyeron su narrativa denunciando privilegios, opacidad y falta de controles sobre la dirigencia tradicional. Ahora es uno de sus funcionarios más importantes quien debe explicar por qué la transparencia prometida tarda tanto en llegar.
El Gobierno todavía tiene margen para cerrar la controversia. Pero cada demora adicional profundiza una contradicción central: la de una administración que llegó prometiendo ser distinta y que, frente a un cuestionamiento sensible, parece recurrir a las mismas maniobras dilatorias que durante años criticó.
Porque al final del día, la discusión no pasa por una declaración jurada. Pasa por la credibilidad. Y en política, cuando la confianza empieza a erosionarse, ningún formulario alcanza para recuperarla.
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