El Intendente Marcelo Orazi recibió esta mañana al Secretario de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro Ariel Ávalos con quien analizó y coordinó los temas que serán parte de la agenda cultural para este año.
Al término del encuentro, Ávalos manifestó que “la preocupación del Intendente es la que tenemos todos, la misma de la Gobernadora, queremos fortalecer el sistema cultural de la provincia y queremos poner en foco esos temas”.
“Nuestra intención es que las industrias creativas y culturales de la ciudad tengan un lugar de relevancia así que empezamos a trazar las primeras posibilidades de agenda conjunta entre la Provincia y el Municipio para poder estar realizando anuncios concretos en los próximos meses”, sostuvo.
Agregó que “son ejes que nos preocupan mucho, el tema de infraestructura, la llegada con herramientas eficaces y rápidas signifiquen trabajo para los reginenses, para los artistas y en ese punto van a estar los ejes fundamentales del trabajo de este año”.
Por su parte Orazi destacó la presencia del funcionario provincial de la ciudad y valoró la tarea que ya se viene realizando junto a la Directora de Cultura de la Municipalidad, Silvia Alvarado.
Bolivia vive momentos de extrema tensión. La Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas están llevando a cabo una protesta con cortes de ruta en contra del gobierno de Rodrigo Paz.
La COB reclama un aumento salarial del 20 % y también pide la renuncia de Paz , algo que igualmente exigen también campesinos del departamento de La Paz mediante bloqueos de carreteras en el altiplano desde hace nueve días.
La protesta comenzó en la ciudad de El Alto y avanzó hacia La Paz con acciones violentas que incluyeron la explosión de bombas y petardos.
Por su parte, el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin), Ladislao Prado, dijo que se movilizaron por «demandas justas y necesarias» y el respeto a la «institucionalidad» de su organización.
La movilización minera se desbordó cuando llegó a una calle cercana a la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo boliviano, donde había una barrera policial reforzada con estructuras metálicas que los manifestantes intentaron retirar por la fuerza.
Esto derivó en enfrentamientos con los agentes, después de que los mineros intentaran superar el cerco policial utilizando cargas de dinamita y la Policía respondiera con gases lacrimógenos, en choques que duraron más de dos horas y dejaron al menos dos arrestados, pese a que poco antes dirigentes del sector habían ingresado a la sede de Gobierno para reunirse con autoridades.
La COB reclama un aumento salarial del 20 % y también pide la renuncia de Paz , algo que igualmente exigen también campesinos del departamento de La Paz mediante bloqueos de carreteras en el altiplano desde hace nueve días.
El clima de protestas organizadas por distintos sectores lleva más de unas semana y combina reclamo de los mineros pero también de obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas, con reclamos desde aumentos salariales hasta la no privatización de empresas públicas.
Asediado por el clima social, Rodrigo Paz denunció que las protestas están siendo parcialmente instrumentalizadas para «desmontar» el sistema democrático nacional y advirtió que quienes estén utilizando el agravio para desestabilizar el país pueden terminar en la cárcel.
«Es un proceso democrático de la patria y es irreversible, le guste o no le guste al que quiera destruir a la patria democrática», dijo Paz este viernes durante la presentación del informe Democracia y Desarrollo 2026.
Es un proceso democrático de la patria y es irreversible, le guste o no le guste al que quiera destruir a la patria democrática
La situación institucional desde que asumió Paz es delicada desde el principio. La ruptura con el vicepresidente Edmar Lara es parte de ese proceso de crisis y las demandas sociales se incrementan en sectores que votaron por el presidente en la segunda vuelta y hoy le soltaron la mano. «Esos que intentan desde el pasado destrozar la democracia se van a ir a la cárcel», dijo en referencia a Evo Morales y el MAS.
En este contexto, el portavoz del Gobierno José Luis Gálvez denunció la existencia de un «plan macabro» supuestamente financiado por el narcotráfico, y acusó a Evo Morales y dirigentes afines de promover movilizaciones y bloqueos para desestabilizar al país y, como ha insistido el presidente a última hora de este viernes, «romper la democracia».
Ante este cuadro de situación, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú expresaron su preocupación por la crisis humanitaria en Bolivia a través de una declaración conjunta en la que advirtieron sobre el impacto de las protestas y bloqueos de rutas en el abastecimiento de alimentos e insumos esenciales.
El comunicado señala que la situación en Bolivia es consecuencia de las manifestaciones y cortes de carreteras que derivaron en dificultades para garantizar productos básicos para la población.
En el texto, los gobiernos firmantes rechazaron «toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad» del Estado Plurinacional de Bolivia, y remarcaron su respaldo al Gobierno constitucional surgido de las Elecciones Generales de 2025.
Además, reiteraron su solidaridad con el Gobierno y el pueblo boliviano, al tiempo que exhortaron a los distintos actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias mediante el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social. El gobierno argentino decidió enviar un avión Hércules C-130 para el transporte de alimentos.
El radicalismo en la provincia de Buenos Aires logró un acuerdo para evitar la interna y cerró una lista de unidad para una nueva conducción. El Comité Provincia será presidido por el ex diputado Emiliano Balbín, nieto del histórico dirigente radical.
Balbín responde al senador nacional Maximiliano Abad que ahora volverá a tener el control del partido, tras la gestión del ex intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, en la que el radicalismo atravesó largos meses de crisis institucional.
La unidad evitará la elección partidaria pautada para el 7 de junio. Durante todo el día se trabajó en una lista de unidad que sumó a Martín Lusteau y su espacio Evolución, a los alineados con el exintednente de San Isidro Gustavo Posse y también al espacio de Fernández. Este último consiguió ubicar como vice primero -un cargo creado especialmente para contener al sector- a Pablo Zubiaurre, ex intendente de Ayacucho.
Lusteau se quedó con la vicepresidencia del partido, un cargo que ocupará la ex diputada nacional Josefina Mendoza. En tanto, Matías Civale -de Evolución- ocupará la Secretaría General. Mientras que la Tesorería quedó en manos del espacio de Posse, cerrando así el reparto de los principales cargos entre las corrientes internas.
Lousteau se reserva además el derecho a poner el encargado a conducir la Convención Provincial, que será Pablo Nicoletti, con un vice del espacio de Abad, Posse y Daniel Salvador.
El partido quedó sin conducción firme tras la interna de 2024, cuando hubo denuncias cruzadas por fraude e irregularidades. Tras meses de conflicto se dispuso un comité de Contingencia que presidió Fernández y una convención de Contingencia que lideró Pablo Domenichini, un legislador que responde a Lousteau.
En 2025 el radicalismo apostó por una línea moderada con la que perdieron nada menos que 149 concejales en los distritos, incluidos todos los concejales del conurbano. En la Legislatura perdió 12 de los 14 legisladores que puso en juego.
Pero en los hechos el partido quedó fracturado. Fernández rompió con el sector de Abad y la interna lo enfrentó a Lousteau. El ex intendente de Trenque Lauquen quedó aislado, pero con el poder del comité de Contingencia.
Eso le permitió definir los acuerdos electorales el año pasado donde todo implosionó. Fernández apostó por llevar al partido a una línea moderada con la que perdieron nada menos que 149 concejales en los distritos, incluidos todos los concejales del conurbano. En la Legislatura bonaerense perdió 12 de los 14 legisladores que puso en juego.
Tras esa derrota, la presión del resto de los sectores para levantar el partido fue muy fuerte. Fernández -en tanto autoridad principal- informó que la elección interna sería en septiembre, algo que resultó inaceptable para el resto de los sectores del radicalismo bonaerense.
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