El Intendente Marcelo Orazi recibió esta mañana al Secretario de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro Ariel Ávalos con quien analizó y coordinó los temas que serán parte de la agenda cultural para este año.
Al término del encuentro, Ávalos manifestó que “la preocupación del Intendente es la que tenemos todos, la misma de la Gobernadora, queremos fortalecer el sistema cultural de la provincia y queremos poner en foco esos temas”.
“Nuestra intención es que las industrias creativas y culturales de la ciudad tengan un lugar de relevancia así que empezamos a trazar las primeras posibilidades de agenda conjunta entre la Provincia y el Municipio para poder estar realizando anuncios concretos en los próximos meses”, sostuvo.
Agregó que “son ejes que nos preocupan mucho, el tema de infraestructura, la llegada con herramientas eficaces y rápidas signifiquen trabajo para los reginenses, para los artistas y en ese punto van a estar los ejes fundamentales del trabajo de este año”.
Por su parte Orazi destacó la presencia del funcionario provincial de la ciudad y valoró la tarea que ya se viene realizando junto a la Directora de Cultura de la Municipalidad, Silvia Alvarado.
La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó los planteos del lobista Santiago Busaniche, acusado en una causa por corrupción judicial, en la que sus defensores solicitaron el apartamiento del equipo de fiscales federales que lo investigan en Rosario. El mismo tribunal también no le hizo lugar al pedido de recusar al juez federal de la misma ciudad que los había procesado tanto a él como al magistrado federal Gastón Salmain por la gestión del cobro de un soborno.
Los planteos de los jueces de Casación confirman que las causas contra Busaniche siguen en curso bajo el control de los mismos fiscales. Busaniche es un escribano santafesino vinculado a la política que se estableció en Buenos Aires hace 25 años y se convirtió en un importante operador judicial de sectores de la cúpula de la Justicia Federal.
Los fiscales federales lo cuestionan en diferentes causas. Una de ellas es por haber sido instigador de una extorsión contra dos empresarios bursátiles de Rosario, que fueron víctimas del armado de una causa penal por lavado de dinero, con la cual les pidieron un soborno a fin de dormirla y desvincularlos. Los que tramaron este chantaje, ya bajo imputación, son el ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, el ex director regional de AFIP Carlos Vaudagna y el financista Fernando Whpei.
El segundo hecho es la gestión atribuida a Busaniche para que el juez Salmain ordenara al BCRA el pago de 10 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario para que el administrador de un fideicomiso, el empresario Fernando Whpei, pagara una deuda con el exterior. A cambio de esa infrecuente resolución, cuestionada por el BCRA, Salmain habría solicitado un retorno del diez por ciento.
Por este caso el juez federal Vera Barros procesó al juez Salmain y a Busaniche por incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y prevaricato.
Por este caso el juez federal Vera Barros procesó al juez Salmain y a Busaniche por incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y prevaricato. Hace tres semanas la Cámara Federal confirmó por unanimidad esa resolución.
Este jueves la sala de Casación que integran los vocales Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma rechazaron los planteos de los abogados Diego Pirotta y Debora Lichtmann que representan a Busaniche. Señalaron básicamente que en los pedidos de recusación se basan en «meros juicios discrepantes» con las resoluciones dictadas previamente. Los camaristas consideraron inadmisibles los planteos y les cargó las costas a los defensores.
La defensa de Busaniche pedía apartar a los fiscales Federico Reynares Solari, Diego Velasco, Juan Agustin Argibay Molina, Matías Scilabra, Sergio Leonardo Rodriguez y Esteban Venditti. En la resolución los camaristas remarcan que la recusación había sido rechazada dos veces, en primera instancia y por la Cámara Federal de Rosario, por lo que había doble conforme para ellos.
Los defensores también objetaron ante otra sala de la Cámara de Casación los mismos procesos judiciales llevados adelante contra Busaniche. Aducen que no hay razones para considerar un caso complejo esta investigación y que los fiscales tuvieron una conducta selectiva al formular sus imputaciones «por razones políticas». Para justificar esto dicen que los acusadores obviaron citar por ejemplo a Héctor Daniel Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, quien según el antiguo director de la AFIP Vaudagna instigaba a Busaniche a impulsar las extorsiones a los empresarios.
Este planteo se hizo a la sala de Casación integrada por Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques el pasado 26 de marzo. La Cámara indicó entonces que en 20 días hábiles difundiría su veredicto.
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El desastre de las rutas del país, que ya se cobraron numerosas víctimas tiene un número: 1.165.491 millones. Una fortuna imposible de mensurar pero que alcanzaría cómoda para reparar todas las rutas que están detonadas y no sólo ponen en peligro vidas sino que afectan la competitividad de la Argentina por las dificultades para trasladar bienes y personas.
La cifra fue calculada por un grupo de veinte diputados peronistas que se tomaron el trabajo de analizar todos los fondos que retuvo ilegalmente el ministro Toto Caputo del Impuesto a los Combustibles (ver documento adjunto) que por ley del Congreso obliga a asignar el 28,58% de lo recaudado al Sistema Vial Integrado (Sisvial), a cargo de mantener y mejorar las rutas del país.
Otro dato que confirma que el superávit del que hacen alarde Milei y Caputo está construido sobre una serie de incumplimientos de obligaciones legales del Estado y el no pago de deudas como ocurre con los USD 1.000 millones que se debe a los proveedores del Pami. «Algún día alguien va a hacer la cuenta d ela deuda flotante que arrastra Milei y ahí se va a caer la mentira del superávit», afirmó a LPO uno de los diputados que participó del trabajo.
La retención ilegal de esos fondos es especialmente significativa porque la recaudación del impuesto a los combustibles creció de manera exponencial desde la asunción de Milei.
Del 2023 al 2024 lo recaudado por ese tributo creció un 378%, del total se debieron girar netos al sistema vial $354.835 millones. Al año siguiente la recaudación del Impuesto a los Combustibles creció un 92% y esta vez Caputo se quedó con 688.126 mil millones. Y en los dos primeros meses del 2026 el impuesto pegó otro salto y el ministro de Economía embolsó 122.530 millones que debió girar a las provincias por la ley 23.966. Se trata de un incumplimiento legal que tarde o temprano terminará en la Corte Suprema, que hasta ahora ha sido muy permisiva con el gobierno de Milei.
Intendentes de varias localidades organizaron para este martes una reunión en Buenos Aires para coordinar una estrategia de reclamo coordinada frente a Nación por el estado catastrófico de las rutas. El malestar también escala a nivel provincial y quizá haya cumbre de gobernadores.
Uno de los firmantes, el diputado entrerriano Guillermo Michel, confirmó a LPO que la situación de las rutas «no se sostiene más» y recordó que desde el Congreso ya impulsaron proyectos y pedidos de informes sin obtener respuestas. Entre Ríos, es de hecho una de las provincias con las rutas en peor estado. «Hemos pedido reuniones con Economía y no hubo avances. El problema es cada vez más grave», advirtió.
El diputado peronista Guillermo Michel.
En el interior, el impacto es directo y los intendentes de distintas provincias vienen alertando que las rutas nacionales están «detonadas» y que el reclamo de los vecinos recae sobre los municipios: «Los intendentes son los que están en la trinchera de los problemas», reconoció Michel.
De hecho, intendentes de varias localidades organizaron para este martes una reunión en Buenos Aires para coordinar una estrategia común. El malestar también escala a nivel de las provincias y quizá haya cumbre de los gobernadores.
En las provincias no solo sufren el robo de la parte que les corresponde del impuesto al combustible sino también la caída de la coparticipación por el derrumbe de la recaudación nacional por la recesión. De hecho, la principal preocupación de los mandatarios por estas horas es la manera en que se va a repartir el adelanto de las partidas federales.
El trabajo de los diputados revela que, en una constante de la gestión de Caputo, cientos de miles de millones de este fondo han sido desviados a colocaciones financieras.
Se confirma así que a pesar del flujo de fondos que Nación recauda, el estado de las rutas nacionales muestra un deterioro gravísimo, señales ilegibles y banquinas convertidas en pastizales inaccesibles, que ya se han cobrado numerosas vidas.
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