El Intendente Marcelo Orazi recibió al Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria Martín Kelly, quien fue designado recientemente al frente del organismo provincial. En la oportunidad abordaron temas relacionados con la recaudación en el contexto de pandemia.
Kelly estuvo acompañado por la Subdirectora Ivana Fontana y el Gerente de Gestión Regional Carmelo Rossi, además de la Legisladora Marcela Ávila.
Además de la Municipalidad, los funcionarios provinciales recorrieron la delegación de la Agencia en Villa Regina y las subdelegaciones del circuito Alto Valle Este.
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Mientras el gobierno de Javier Milei repite hasta el cansancio su discurso contra “la casta” y aplica un ajuste feroz sobre jubilados, trabajadores y beneficiarios de políticas sociales, una polémica designación dentro de la ANSES vuelve a poner en evidencia el doble estándar del oficialismo. El protagonista es Guillermo Arancibia, funcionario del organismo previsional que quedó en el centro de un escándalo por el uso de fondos públicos para gastos personales tan insólitos como yogures, barritas de cereal y otros consumos menores.
Por Roque Pérez para NLI
Un caso que estalló dentro del propio organismo
La historia de Guillermo Arancibia comenzó a circular con fuerza en los pasillos de la Administración Nacional de la Seguridad Social cuando trabajadores del organismo denunciaron un uso irregular de la caja chica destinada a gastos institucionales. Según trascendió en distintas publicaciones periodísticas, entre ellas informes difundidos por Perfil y Minuto Uno, el funcionario habría justificado con fondos públicos la compra de alimentos y productos de consumo cotidiano, desde bebidas hasta yogures y barritas de cereal.
El detalle, que podría parecer anecdótico si se lo observa aisladamente, terminó adquiriendo dimensiones políticas mucho más profundas. No solo por el carácter de los gastos, sino porque los mismos habrían sido respaldados mediante comprobantes y documentos oficiales firmados dentro del propio organismo, bajo el argumento de que se trataba de consumos vinculados a reuniones o actividades institucionales.
Sin embargo, puertas adentro de la ANSES la interpretación fue otra. Para muchos trabajadores, el episodio se transformó rápidamente en un símbolo de los privilegios que sobreviven dentro del Estado incluso en momentos en que el gobierno habla permanentemente de austeridad.
La bronca de los trabajadores y los afiches que lo expusieron
La indignación interna no tardó en traducirse en un gesto visible. En distintos sectores del edificio central del organismo aparecieron afiches y mensajes que apuntaban directamente contra Arancibia. En esos carteles, que circularon entre empleados y terminaron trascendiendo públicamente, se lo acusaba de cobrar un salario elevado mientras utilizaba fondos institucionales para financiar consumos personales.
La frase que más se repitió en esos carteles condensaba la bronca de quienes trabajan en el organismo: “ganás cinco palos y te comprás yogur con la caja chica”.
Más allá del tono irónico, el episodio dejó expuesta una tensión profunda dentro de la ANSES. Mientras miles de trabajadores del sector público enfrentan congelamientos salariales, recortes presupuestarios y presión por reducción de gastos, algunos funcionarios parecen manejarse con criterios muy distintos a los que el propio gobierno proclama en su discurso público.
El contexto del ajuste y el significado político del escándalo
El caso adquiere una dimensión todavía más polémica si se observa el contexto general en el que ocurre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo encargado de administrar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y diversas políticas sociales que constituyen el principal ingreso de millones de argentinos.
En ese marco, el gobierno de Javier Milei viene impulsando una política económica marcada por fuertes recortes del gasto público, licuación de ingresos previsionales y un discurso permanente sobre la necesidad de eliminar privilegios dentro del Estado.
Sin embargo, episodios como el de Arancibia generan un contraste difícil de explicar. Mientras el relato oficial insiste en que el país necesita sacrificios para ordenar las cuentas públicas, aparecen situaciones que muestran cómo ciertos sectores del aparato estatal continúan operando con niveles de discrecionalidad que poco tienen que ver con la austeridad prometida.
El problema, en definitiva, no es el precio de un yogur ni el costo de una barrita de cereal. El problema es quién paga esos consumos y bajo qué lógica se administran los recursos públicos en un organismo que maneja fondos destinados a jubilados y sectores vulnerables.
De la polémica al ascenso
Lejos de implicar un freno en su carrera dentro del organismo, la polémica no impidió que Arancibia siguiera consolidando su posición dentro de la estructura de la ANSES. Según distintas versiones periodísticas, el funcionario fue impulsado a un rol de mayor relevancia dentro del organismo previsional, lo que terminó alimentando aún más las críticas internas.
Para muchos trabajadores, la señal política fue clara: las denuncias no generaron sanciones ni explicaciones públicas, y el episodio quedó reducido a un escándalo mediático sin consecuencias concretas dentro de la estructura estatal.
Ese desenlace es precisamente lo que transformó el caso en un símbolo del doble discurso que rodea al gobierno libertario.
La “casta” que nunca desaparece
Desde su campaña electoral, Milei construyó buena parte de su identidad política sobre la promesa de terminar con los privilegios de la política tradicional. La palabra “casta” se convirtió en el eje central de su narrativa y en una etiqueta destinada a señalar a quienes, según el discurso libertario, se beneficiaban del Estado mientras el resto de la sociedad pagaba la cuenta.
Sin embargo, episodios como el de Arancibia parecen mostrar que el problema no desapareció, sino que cambió de protagonistas. El relato anticasta convive hoy con prácticas que recuerdan demasiado a aquellas que el propio oficialismo decía combatir.
En ese sentido, el caso del “yogur de la ANSES” terminó convirtiéndose en algo más que una anécdota administrativa. Para muchos dentro y fuera del organismo, funciona como una metáfora incómoda de la política argentina contemporánea: un Estado que exige sacrificios a millones de personas mientras algunos funcionarios continúan moviéndose con privilegios financiados con dinero público.
Y allí aparece la pregunta inevitable que atraviesa todo el episodio: si el ajuste es para todos, ¿por qué hay funcionarios a los que seguimos pagándoles hasta el yogur que se toman?
El gobierno puso en revisión 44 inmuebles de todo el país que estaban bajo la esfera de IOSFA y que podrían estar cerca de ser vendidos.
El documento oficial al que accedió a LPO tiene fecha del 19 de marzo y propone anular transferencias, retirar propiedades del balance y redefinir la titularidad de hoteles, delegaciones y centros recreativos.
La medida abre interrogantes sobre el control y la gestión futura de los bienes y aumenta el malestar de una buena parte de las Fuerzas Armadas que aún se resiste a perder el patrimonio histórico.
La iniciativa se enmarca en la aplicación del DNU 88/2026 y fue elaborado por la Subgerencia de Servicios Generales del organismo, propone una serie de medidas que incluyen la anulación de procesos de transferencia en curso, la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la exclusión de estos inmuebles del patrimonio neto del instituto.
Entre los activos alcanzados figuran hoteles, delegaciones, farmacias, centros recreativos y sedes administrativas, muchos de ellos ubicados en puntos estratégicos como la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba y la Patagonia.
En el caso de Mar del Plata, por ejemplo, aparecen varios hoteles emblemáticos, cocheras y dependencias operativas que forman parte de la estructura histórica del organismo. Según el texto, uno de los ejes centrales es revertir la situación jurídica de los inmuebles que estaban en proceso de transferencia al IOSFA.
En esos casos, se propone que la AABE retome la jurisdicción, con intervención del Ministerio de Defensa, manteniendo el uso por parte de la obra social pero bajo un nuevo encuadre legal. En paralelo, se impulsa la anulación de resoluciones y expedientes tramitados en los últimos años.
El documento también sugiere archivar definitivamente múltiples actuaciones administrativas vinculadas a estas transferencias. Otro punto sensible es la recomendación de excluir los 44 inmuebles del registro contable del IOSFA.
Pero para algunos integrantes de las fuerzas, los argumentos técnicos que aparecen en el documento oficial no so suficientes. Un militar en actividad afirmó a LPO que «toda esa lista de inmuebles van a ser afectados a la venta para poder pagar la deuda o parte de la deuda».
«Lo curioso es que algunos bienes son de las fuerzas, por ejemplo los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, la residencia Cerrón a la Falda, la residencia Cosquín, esos eran hoteles de las fuerzas, que después pasaron al IOSFA pero bueno, obviamente nadie va a decir nada», agregó.
La disolución del IOSFA se produjo para dar lugar a una nueva obras social pero el gobierno nunca detalló la manera en la que iba a pagar de 200 mil millones de pesos que incluye deudas con clínicas y hospitales de diferentes lugares del país que han dejado sin cobertura a militares activos y retirados.
Esto generó una situación grave para pacientes de enfermedades graves que tiene que cubrir con plata de su bolsillo los costos de los tratamientos y en ciudades como Mar del Plata salieron a protestar.
LPO adelantó en exclusivo que los estudios contables de IOSFA antes de la llegada de Luis Petri mostraban una obra social con 25 mil millones de pesos de superávit que empeoró tres años después para dejarla en un situación de absoluto quebranto.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, participó de la reunión organizada por el Council of the Americas en Nueva York, en el marco de Argentina Week, evento organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos para atraer inversiones al país, del que participaron empresas internacionales de primera magnitud. Sáenz estuvo con el ministro de Economía Luis Caputo y otros nueve gobernadores.
«Claramente ha superado las expectativas de todos esta reunión. Claramente ven en Argentina una ventana grande de oportunidades para poder invertir. Pero también este grupo de gobernadores, y muchos que no pudieron venir, le dan o le transmiten a aquellos que quieren invertir en Argentina lo más importante, que es confianza e institucionalidad. No importa de dónde venimos sino que tenemos en claro hacia dónde vamos. Y creo que eso es fundamental para aquellos que quieren invertir en nuestra querida patria».
«Por eso que estemos muchos gobernadores de distintos partidos demuestra que el rumbo de la macroeconomía está acompañado. La necesidad de las inversiones y la gran oportunidad que tiene Argentina es ahora y debemos aprovecharla.
Quiero transmitir tranquilidad a aquellos que miran a Argentina con buenos ojos y decirles que no hay vuelta atrás. Se pueden cambiar muchas cosas que tienen que ver en el ámbito interno, político, discusiones, elecciones. Pero tenemos bien en claro que esta es la gran oportunidad que tiene Argentina de darle al mundo lo que el mundo demanda. Y hoy lo que el mundo demanda Argentina lo tiene».
Hablándoles a los empresarios, Sáenz agregó: «No tengan miedo, que cada uno de nosotros venimos a acompañar y a garantizar que la seguridad jurídica que brindamos en cada una de nuestras provincias, la previsibilidad que brindamos en cada una de nuestras provincias, las reglas de juego claras, van a continuar porque hay políticas de Estado que no deben cambiar por más que los gobiernos cambien».
«A mi provincia le dicen Salta la linda. Allí nació la patria. Yo creo en la Argentina que crece de manera simétrica, justa, no regionalizo, quiero que crezca el sur, quiero que ese gigante dormido que es el norte despierte y despierte con todo el potencial que tiene para que podamos tener las mismas oportunidades que tienen todos. Yo peleo por cada argentino porque sé que si a la Argentina le va bien y al gobierno le va bien, no le va bien a Milei, le va bien a los argentinos».
«Pero si hay algo que tiene Salta que no tienen las otras provincias es que geográficamente estamos en un lugar privilegiado porque tenemos la posibilidad de tener frontera con Chile, Bolivia y Paraguay y somos una provincia que tenemos seis provincias limítrofes. En Salta podemos decir que tenemos petróleo, cobre, plata, todos los minerales críticos, energía, porque tenemos distintos climas, agroindustria, vinos».
El Intendente Marcelo Orazi y el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega se reunieron con los integrantes de la Asociación Volantes de General Roca y Federación 11 Jorge “Goyo” Martínez y Raúl Ginóbili con el fin de ultimar detalles del Rally Ciudad de Villa Regina a disputarse el 23, 24 y 25 del corriente mes.La…
I «Si vamos a sufrir, es mejor sufrir y terminar una canción que quedarse sin nada» Charly II Cuando la crítica mejicana dice que una película es «oscura», «fuerte», «sucia» o «perversa», preparate para la intensidad de García Ferré, mínimo III La combinación de varias cosas que no me gustan puede producir que el resultado…
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