El Intendente Marcelo Orazi participó el sábado del acto académico de entrega de diplomas a 147 alumnos que finalizaron sus estudios en distintas disciplinas en el Instituto Crecer.
En la oportunidad estuvo acompañado por la Legisladora Marcela Ávila, el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros y la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra, entre otros funcionarios.
Recordemos que en mayo Orazi había firmado con la representante del Instituto Crecer Miriam Troncoso un convenio para el otorgamiento de becas para capacitaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y la posibilidad de acceder a los cursos de la institución tanto a beneficiarios de programas sociales como a no beneficiarios.
Durante el acto, Orazi destacó las oportunidades que ofrece las distintas capacitaciones del Instituto Crecer en el sentido de que otorga herramientas para acceder al mercado laboral.
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La propia justicia estadounidense reconoció en las últimas horas que el llamado “Cártel de los Soles” nunca fue una organización real. La admisión dinamita uno de los pilares con los que Washington justificó la captura de Nicolás Maduro y deja en evidencia el seguidismo acrítico del Gobierno argentino, que llegó a declarar “terrorista” a un ente que hoy EE.UU. reconoce como inexistente.
Por Roque Pérez para NLI
Durante años, Estados Unidos construyó una narrativa judicial y mediática alrededor del supuesto Cártel de los Soles, presentado como una estructura narcoterrorista organizada, jerárquica y liderada por Nicolás Maduro. Esa figura fue utilizada para imponer sanciones, escalar la confrontación con Venezuela y, finalmente, respaldar la detención del mandatario venezolano.
Sin embargo, esa construcción empezó a derrumbarse desde adentro. En una acusación judicial revisada y difundida tras la captura de Maduro, el Departamento de Justicia de EE.UU. eliminó la afirmación de que el Cártel de los Soles sea una organización real, reconociendo de manera tácita lo que especialistas vienen señalando desde hace décadas.
Un invento periodístico reciclado como causa judicial
Según expertos en crimen organizado y narcotráfico en América Latina, el “Cártel de los Soles” nunca describió una organización concreta, sino que fue un término coloquial surgido en Venezuela en los años 90, utilizado por medios locales para aludir de manera genérica a funcionarios militares o civiles sospechados de corrupción vinculada al narcotráfico.
La nueva acusación estadounidense abandona la idea de un cartel estructurado y pasa a definirlo como un “sistema de clientelismo” y una “cultura de corrupción”, sostenida por el dinero de las drogas. Ya no hay jefes, ni organigrama, ni comando criminal: solo una descripción política y difusa, muy lejos de la figura de organización terrorista que se vendió durante años.
El contraste es brutal: donde antes el expediente mencionaba decenas de veces al Cártel de los Soles como entidad real, ahora apenas aparece como una referencia secundaria, sin entidad jurídica ni criminal autónoma.
El silencio incómodo tras la detención de Maduro
La rectificación llega después de la detención de Maduro, lo que expone la fragilidad del andamiaje legal con el que se justificó la operación. Aunque los fiscales estadounidenses mantienen acusaciones por narcotráfico y conspiración, el eje central que presentaba a Maduro como líder de una organización terrorista directamente se desmoronó.
En otras palabras: primero capturaron al presidente venezolano y después admitieron que la organización terrorista que decían combatir no existía.
Bullrich y el seguidismo automático
En este contexto, el papel del Gobierno argentino roza el bochorno. En 2025, la Argentina incluyó al “Cártel de los Soles” en su registro oficial de organizaciones terroristas, siguiendo casi de manera calcada la línea discursiva de la administración Trump.
La decisión fue impulsada por Patricia Bullrich, que se subió sin matices a la narrativa estadounidense y declaró terrorista a un “cartel” que hoy EE.UU. admite que nunca fue tal. No hubo investigación propia, ni evaluación independiente, ni fundamentos jurídicos sólidos: solo copia y obediencia.
Con la admisión del Departamento de Justicia estadounidense, la designación argentina queda completamente vaciada de sustento, dejando expuesta una política exterior subordinada, más preocupada por agradar a Washington que por sostener criterios legales serios.
Un precedente peligroso
El episodio abre interrogantes graves. ¿Cuántas decisiones en materia de seguridad, terrorismo y política internacional se toman en la Argentina replicando construcciones ajenas sin verificación propia? ¿Qué valor tienen las listas de “organizaciones terroristas” si se basan en conceptos que ni siquiera el país que los impulsó sostiene?
Mientras algunos funcionarios estadounidenses, como Marco Rubio, siguen repitiendo el libreto viejo, los propios documentos judiciales desmienten esa narrativa. La contradicción es evidente y deja al descubierto el uso político del derecho penal internacional.
Cuando la realidad alcanza al relato
La admisión de que el “Cártel de los Soles” no existe como organización real no limpia las acusaciones que EE.UU. mantiene contra dirigentes venezolanos, pero sí desnuda una construcción discursiva inflada, funcional a la geopolítica y carente de rigor.
Para la Argentina, el saldo es claro: otro papelón internacional, otra muestra de alineamiento automático y otra decisión que hoy queda en ridículo por haber seguido, sin chistar, una ficción que ya ni sus propios autores sostienen.
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El gobierno entró en emergencia este martes ante el riesgo que no se pueda sancionar el Presupuesto antes de fin de año, como exige la ley. El problema surgió porque, como reveló LPO, los radicales y otros aliados descubrieron que en el artículo 30 hay un fuerte ajuste a todo el sistema de educación y ciencia.
En Diputados se logró eliminar el artículo 75, que incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de discapacitados, pero el artículo 30 fue aprobado. Por eso, algunos senadores aliados quieren modificarlo. Si esto ocurriera, el Presupuesto debería volver a Diputados y tratarse entre el 29 y 30. «No hay manera, ya nos licenciaron, hay diputados que ya se fueron de vacaciones», afirmó a LPO un diputado libertario.
Esta situación se suma a la dificultad que ya existe para la sesión de este viernes 26 de diciembre en el Senado. «Hay senadores que no están consiguiendo vuelos para viajar a Buenos Aires en Navidad», reconoció a LPO un senador aliado.
Por ley, el presupuesto debe sancionarse en el año previo a su ejecución. Por eso, la urgencia oficialista. Ante las dificultades, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mandó a estudiar el tema y encontraron un antecedente para zafar.
En el 2002, el entonces presidente Eduardo Duhalde sancionó el presupuesto en marzo de aquel año porque la crisis de diciembre del 2001 devoró la tarea parlamentaria con una sucesión frenética de asambleas legislativas para designar presidentes.
Un diputado libertario confirmó a LPO que, en efecto, Menem ya maneja dos fechas tentativas para sesionar por si el Senado introduce modificaciones al proyecto: serían el 30 de diciembre o el día de Reyes.
El gobierno necesita de manera desesperada el Presupuesto por las autorizaciones para tomar deuda y para que quede firme la derogación del candado a los canjes de deuda que metió Guzmán, que introdujo Caputo en el texto, como reveló LPO en exclusiva. Con vencimientos por más de USD 14 mil millones en el 2026, Caputo necesita tomar deuda para pagar deuda y si no le alcanza, hacer un canje. Para eso, necesita el presupuesto.
Por eso, la ex ministra Patricia Bullrich intenta evitar un escenario tan apretado y por estas horas agota el celular tratando de asegurar los 37 votos para sancionar de una vez el Presupuesto este viernes. El resultado es incierto y hasta el jefe del bloque peronista, José Mayans, no arriega un desenlace. «No tiene certezas», comentó a LPO un senador que conversó con el formoseño.
Menem ya maneja dos fechas tentativas para que sesione Diputados, ante la posibilidad que el Senado introduzca modificaciones al proyecto: serían el 30 de diciembre o el día de Reyes.
Más entusiastas parecían en el bloque del peronismo díscolo de Convicción Federal, liderado por el puntano Fernando Salino. Este martes conversó por zoom con sus pares Carolina Moisés, Guillermo Andrada, Fernando Rejal y Sandra Mendoza, y programó otro más para el mismo viernes, para definir una estrategia para modificar el artículo 30, que deroga el financiamiento del 6 por ciento del PBI para educación, el 1 por ciento para la Ciencia, los recursos para Educación Técnica y los fondos para Defensa.
El problema de la oposición, que expresa por un lado los intereses de los gobernadores y por otro las demandas de docentes enardecidos por el recorte, es que Patricia Bullrich tal vez busque blindar la votación en particular por capítulos, igual que Menem y Gabriel Bornoroni en Diputados. El artículo 30 se encuentra dentro del Capítulo 2, el correspondiente a los gastos, y contempla no solo el ajuste en educación y ciencia sino también préstamos del BID para las provincias o el incremento moderado para las universidades que rechazaron los rectores porque cuentan con la ley aprobada y una reciente cautelar otorgada por la Justicia.
Los senadores Guillermo Andrada y José Mayans.
Los senadores se topan ahora con la misma mamushka soviética de Luis Toto Caputo que los diputados la semana pasada: o votan todo junto o rechazan todo junto. Pese a que el efecto candado diseñado por el ministro de Economía detonó hace siete días el Capítulo 11 y voló por los aires la derogación de la ley de universidades y la emergencia en discapacidad, en esta ocasión puede beneficiar a Bullrich, por la presión de los gobernadores.
Al cierre de esta nota, la UCR no había definido cuál sería su postura aunque, como adelantó LPO, los miembros de ese bloque manifestaron su incomodidad por tener que votar el artículo 30.
Cerca de Eduardo Vischi, líder de los radicales en el Senado y hombre del correntino Gustavo Valdés, confirmaron a LPO que están coordinando una reunión por zoom antes de de la sesión del viernes, para ver qué hacen. Pero el clima no es bueno. LPO reveló que el exgobernador está furioso con la Casa Rosada porque los dos legisladores que tienen los libertarios en Corrientes, no votaron el presupuesto de su hermano, Juan Pablo Valdés.
La situación es tan extrema que el único antecedente que se recuerda de un Presupuesto que no fue votado en el año previo a su ejecución fue el de 2002, sancionado en marzo de ese año bajo la presidencia provisional de Duhalde tras el estallido de la Convertibilidad y la caída de Fernando de la Rúa.
Además de Vischi, Valdés tiene ascendencia sobre Mercedes Valenzuela y el propio Carlos «Camau» Espínola, que ingresó por el peronismo pero preside un interbloque de aliados del oficialismo.
La situación es tan extrema que el único antecedente que se recuerda de un Presupuesto que no fue votado en el año previo a su ejecución fue el de 2002, sancionado en marzo de ese año bajo la presidencia provisional de Duhalde tras el estallido de la Convertibilidad y la caída de Fernando de la Rúa.
Los casos de Cristina Kirchner en 2009 y Alberto Fernández en 2021, que se quedaron sin presupuesto, mostraron límites políticos de esos gobiernos pero en ambos casos se eligió el camino de la reconducción, más conocida como prórroga.
Milei, por su parte, ya gobernó en 2024 con el presupuesto de 2023 por un acuerdo con Sergio Massa en medio de las elecciones presidenciales y repitió la maniobra en 2025 para manejar las partidas a discreción, después de mandar a José Luis Espert a retirar el proyecto.
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