El Intendente Marcelo Orazi participó esta mañana de la puesta en marcha del programa ‘Construyendo puentes, desafíos de verano’ que lleva adelante el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro en forma articulada con los distintos Municipios.
Este programa tiene como objetivo establecer puentes de revinculación social para jóvenes que no se han comunicado con la escuela durante el tiempo de pandemia, o lo hicieron al principio y en un momento se desvincularon, y que han quedado al margen de las posibilidades que ofreció la continuidad pedagógica.
Estos espacios se desarrollarán durante enero y febrero y ofrecerán distintas actividades artísticas, deportivas, recreativas, aprendizaje de oficios, entre otras, en las que se puede incluirse de ser necesario apoyo escolar en determinadas asignaturas.
En Villa Regina, en conjunto con las Direcciones de Deportes y Cultura, se dictarán canotaje, vóley playa, murga y educación por el arte.
Durante su mensaje, el Intendente Orazi manifestó que “el año que pasó nos obligó a todos a redefinirnos y reinventarnos en todos los aspectos, en nuestras acciones, en nuestros proyectos, en nuestra vida diaria. Y en esto el sistema educativo no fue la excepción. Por el contrario, sus actores, directivos, docentes, alumnos, familias, se adaptaron al nuevo contexto y, con grandes esfuerzos pero sobre todo compromiso, llevaron el año escolar adelante”.
“En este camino y por diversas razones muchos jóvenes no pudieron seguir transitándolo y por ello celebro esta iniciativa. Desde el Municipio de Villa Regina, las Direcciones de Cultura y Deportes trabajarán junto a los talleristas para que ‘Construyendo puentes’ cumpla con ese objetivo. La educación de nuestros jóvenes, nuestro futuro, también forma parte de nuestras acciones de gobierno, y por ello ponemos a disposición las herramientas con las que contamos”, finalizó el jefe comunal.
La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina trabaja desde este martes en la limpieza y desobstrucción de las cañerías del sistema cloacal en un sector del loteo Ledda donde se produjo un desborde de líquidos cloacales. Al respecto, el Secretario del área Francisco Lucero manifestó que en el lugar estuvieron…
La jugada de los abogados de Cristina Kirchner de apelar a la ONU para pedir una revisión de su condena para que pueda ser candidata en 2027 choca con la doctrina de la Corte Suprema que niega que exista una cuarta instancia internacional contra sus pronuciamientos. En 2017, la Corte Suprema estableció en el fallo Fontevecchia que los tribunales internacionales no tienen competencia para anular decisiones del máximo tribunal.
El kirchnerismo lanzó un operativo clamor para que Cristina pueda competir por la presidencia en las elecciones del año próximo. Fue tras el anuncio de la integración de un nuevo equipo de abogados para asesorar a la ex presidenta en la búsqueda de un fallo internacional que revierta su condena actual que incluye la inhabilitación de por vida para presentarse en elecciones que disputen un cargo público.
Javier Borrego, ex juez del Supremo Tribunal de España y el brasileño Rafael Valim, ex abogado de Lula y especialista en Lawfare, que se sumaron al penalista Carlos Beraldi, en la defensa de la expresidenta.
Ese equipo anunció esta semana que recurriría a la ONU para exigir un pronunciamiento de su Comité de Derechos Humanos contra la condena de Cristina Kirchner y además presentarán un «amparo» ante el comité de expertos que asesora a ese comité, para que se le permita presentarse en las PASO.
Pero tres fuentes judiciales, incluso una cercana a la ex presidenta, afirmaron a LPO que la vía elegida no tiene posibilidades de éxito. El primer escollo es que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emite dictámenes que no son vinculantes. Si bien una decisión favorable a Cristina podría generar una gran presión internacional, su aplicación dependerá de la justicia local. De hecho, Lula continuó preso a pesar de haber recibido un dictamen favorable.
Menos viable aún es que funcione el «amparo» ante el grupo de expertos que asesora al Comité de la ONU. «Se trata de abogados que emiten un documento de análisis, no es el dictámen del Comité de Derechos Humanos y mucho menos un fallo», afirmó a LPO una de las fuentes consultadas.
En 2017, con el fallo Fontevecchia la Corte estableció que no hay una cuarta instancia internacional superior a los fallos del máximo tribunal argentino.
Pero más allá de lo que defina el Comité de Derechos Humanos de la ONU y de las probabilidades inciertas de que lo haga antes de las elecciones del año que viene, en el Poder Judicial creen que la maniobra de Cristina tiene otros dos obstáculos insuperables.
La primera es una barrera constitucional. La reforma de la Constitución de 1994 le dio rango constitucional a los tratados internacionales y como en ellos está incorporada la adhesión de la Argentina al tratado que dio nacimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CNDH), abrió un largo debate jurídico sobre si había adquirido estatus constitucional una «cuarta instancia» de apelación o revisión de los fallos firmes de la justicia argentina.
Pero, según estableció la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1997 para el caso Genie Lacayo vs Nicaragua, la CIDH puede señalar «las violaciones procesales de los derechos consagrados», pero «carecen de competencia» para subsanarlas.
Rafael Valim y Javier Borrego, los nuevos abogados de Cristina.
La condena de Cristina en la Causa Vialidad está firme en todas las instancias judiciales de la Argentina: en junio de 2025, la Corte Suprema rechazó el último recurso de queja de la defensa y agotó las vías judiciales internas del país, lo que dejó la condena firme de manera definitiva.
Y ahí aparece la segunda barrera a la nueva estrategia judicial de la ex presidenta: la jurisprudencia al respecto. En la Justicia recuerdan que esta misma Corte estableció que no existe cuarta instancia en la Argentina el caso de Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico contra el Estado argentino. En 1995, la revista Noticias publicó dos artículos que revelaban la existencia de un hijo no reconocido del entonces presidente Carlos Menem. El riojano le hizo una demanda civil al medio y consiguió que la Corte Suprema dejara firme en 2001 un fallo que obligaba a Fontevecchia a pagar una indemnización de 150 mil dólares por violación del derecho a la intimidad.
La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales.
El dueño de la Editorial Perfil acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el argumento de que la vida privada de un presidente es escrutada legítimamente si involucra el uso de fondos públicos o afecta su idoneidad para el cargo. Además pidieron que se revocara la penalización económica. La CIDH le dio la razón a Fontevecchia en 2011.
La CIDH dispuso que el dueño de Perfil debía ser indemnizado y además recomendó que se anule el fallo de Corte de 2001.
Seis años más tarde, en 2017, la Corte actual aceptó la exigencia de indemnizar a Fontevecchia, pero rechazó revocar o anular su propia sentencia de aquel año.
Ese fallo estableció un límite histórico en la relación de Argentina con los tribunales internacionales. El máximo tribunal determinó que la CIDH no representa una «cuarta instancia» con facultades para anular fallos locales firmes.
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado estos principios al manifestar que la protección internacional que otorgan los órganos de supervisión de la Convención es de carácter subsidiario y que no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales», argumentó la Corte en el fallo de 2017.
Ante la consulta de LPO, Valim respondió que la condena a Cristina se inscribe en el ámbito penal y no en el civil, como el caso de Fontevecchia.
El abogado explicó que ante un fallo favorable, «el Código Procesal Penal Federal prevé la revisión de la decisión interna por parte del propio poder judicial argentino para adecuarlo a las obligaciones internacionales obligatorias por la constitución argentina».
Y agregó: «La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales».
El antecedente de la CIDH le sirvió al kirchnerismo para no recurrir a es mismo tribunal por dos motivos: la posibilidad de no superar esa doctrina y evitar una demora de 16 años como la que padeció Fontevecchia. Acaso por eso recurrieron a la ONU, aunque el final asoma igual de desfavorable.
Además, en la Justicia aseguraron a LPO que existe un acuerdo para avanzar con el decomiso de los bienes de la ex presidenta antes de que termine el año. La condena de la Causa Vialidad prevé la ejecución de bienes por 685 mil millones de pesos. Los abogados de Cristina aclararon que la cuestión del decomiso no tiene relación con la presentación que realizaron ante Naciones Unidas.
Si esto se confirma, en la segunda mitad de este año la ex presidenta enfrentará una agenda judicial muy distinta al debate sobre su apelación a la ONU, sino sobre la venta de sus hoteles y otros bienes.
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Axel Kicillof reunió en Casa de Gobierno a sus legisladores y confirmó al Cuervo Larroque como su armador político a nivel nacional de cara a la carrera presidencial. El gobernador bajó línea a los suyos y blanqueó algo que ocurría en los hechos pero que nunca había sido expresado. Además, dijo que Carlos Bianco será el encargado de la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires.
La reunión se planteó como una cumbre entre la mesa chica de ministros con perfil político junto al grupo de legisladores nacionales que integran Jorge Taiana, Huguito Moyano, Hugo Yasky, Juan Marino, y Santiago Cafiero, y los senadores y diputados del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la Legislatura bonaerense.
La confirmación de Larroque al frente del armado nacional es una definición importante dentro del hermetismo que caracteriza al núcleo político que rodea a Kicillof. Fuentes del MDF aclara que los roles no serán estancos. Que el cuervo tendrá recorridas por territorio bonaerense y Bianco por las provincias, pero la definición para por un ordenamiento dentro de la línea interna del peronismo que trabaja en la candidatura presidencial de Kicillof.
Durante la reunión, Kicillof les pidió a sus candidatos a gobernador que caminen por la provincia y que las definiciones llegarán más adelante. Axel cuenta cinco candidatos: Carlos Bianco, Julio Alak, Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi y a Fernando Espinoza. Este último es el menos lanzado del grupo, pero a Kicillof le sirve tener un abanico de candidatos con distintos perfiles.
Ayelén Durán, José Galván y Ana Luz Balor.
El pedido fue que todos salgan a recorrer la provincia y que eviten los roces. El desafío es evitar las pujas y tensiones que se dan a nivel local que inevitablemente toman bando por uno u otro candidato. Kicillof pidió evitar esas situaciones. El ministro de Gobierno será clave en su rol de armador provincial en ese trabajo.
En tanto, el gobernador les pidió a sus legisladores avanzar en la segunda mitad del año con una ley en la Legislatura que permita a los intendentes volver a pelear por otro mandato.
LPO había adelantado que el gobernador había decidido reflotar en el Senado un proyecto que el año pasado presentó Ayelén Durán. Ese es segundo el axelismo la mejor opción para empezar a discutir el trámite legislativo, aunque se muestran abiertos a los cambios que puedan proponer tanto la oposición como el resto del peronismo.
Ana Luz Balor y Diego Nanni.
Los legisladores del Movimiento Derecho al Futuro prefieren mantenerse cautos ante la interna con el kirchnerismo y buscan moverse con cuidado. Sin embargo, tomaron la decisión de retomar el proyecto de Durán como muestra de que están interesados en resolver la traba legal que afecta a unos 80 intendentes de la provincia.
El objetivo es poner paños fríos a las tensiones que surgieron en los últimos días respecto de la reelección de los intendentes. Hubo algunos trascendidos sobre pedidos de un juez de la Suprema Corte a cambio del voto de para reinstalar las reelecciones indefinidas y también -según fuentes del MDF- la condición de levantar la consigna Cristina Libre como condición para votar el beneficio para los jefes territoriales.
Son 72 los puntos limpios activos en la ciudad de Villa Regina con proyección a llegar a 100 antes de fin de año, hace menos de un mes se despacharon 8 toneladas de residuos sólidos y ya se acopiaron unos 2.500ks más, además se trabaja en 2 edificios un proyecto piloto de separación y clasificación…
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