El Intendente Marcelo Orazi participó esta mañana de la puesta en marcha del programa ‘Construyendo puentes, desafíos de verano’ que lleva adelante el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro en forma articulada con los distintos Municipios.
Este programa tiene como objetivo establecer puentes de revinculación social para jóvenes que no se han comunicado con la escuela durante el tiempo de pandemia, o lo hicieron al principio y en un momento se desvincularon, y que han quedado al margen de las posibilidades que ofreció la continuidad pedagógica.
Estos espacios se desarrollarán durante enero y febrero y ofrecerán distintas actividades artísticas, deportivas, recreativas, aprendizaje de oficios, entre otras, en las que se puede incluirse de ser necesario apoyo escolar en determinadas asignaturas.
En Villa Regina, en conjunto con las Direcciones de Deportes y Cultura, se dictarán canotaje, vóley playa, murga y educación por el arte.
Durante su mensaje, el Intendente Orazi manifestó que “el año que pasó nos obligó a todos a redefinirnos y reinventarnos en todos los aspectos, en nuestras acciones, en nuestros proyectos, en nuestra vida diaria. Y en esto el sistema educativo no fue la excepción. Por el contrario, sus actores, directivos, docentes, alumnos, familias, se adaptaron al nuevo contexto y, con grandes esfuerzos pero sobre todo compromiso, llevaron el año escolar adelante”.
“En este camino y por diversas razones muchos jóvenes no pudieron seguir transitándolo y por ello celebro esta iniciativa. Desde el Municipio de Villa Regina, las Direcciones de Cultura y Deportes trabajarán junto a los talleristas para que ‘Construyendo puentes’ cumpla con ese objetivo. La educación de nuestros jóvenes, nuestro futuro, también forma parte de nuestras acciones de gobierno, y por ello ponemos a disposición las herramientas con las que contamos”, finalizó el jefe comunal.
Este jueves 23 se dará inicio a la capacitación de la guardia ambiental ‘El cuidado de nuestra casa común; Desarrollo, ambiente y producción’ que se desarrollará todos los jueves hasta el 30 de octubre. La apertura será a las 18,30 horas en la Cámara de Productores de Villa Regina. Constará de seis módulos de aprendizaje…
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa a artesanos y emprendedores que quieran participar de la Feria ReEmprender del próximo domingo que tendrán tiempo hasta el viernes para inscribirse. Para ello, deberán acercarse a la Oficina de Turismo, ubicada en Florencio Sánchez 817. Esta nueva edición de la Feria se desarrollará…
El lenguaje es una dimensión aún desconocida en donde las palabras adquieren sentido según el contexto en que se generen y apliquen. Pero es ahí, en la brecha entre el silencio y las palabras por donde aparece el guiño de la mujer… En estas tierras latinas, la colonización española marcó formas de nombrarnos, e impuso…
El Consejo de la Magistratura de la Nación desestimó las tres denuncias que el juez federal de Rosario Gastón Salmain, quien se encuentra suspendido a la espera del inicio de juicio político, hizo contra su colega Carlos Vera Barros, quien hace ocho meses lo procesó por un intento de cobro de sobornos en el manejo de una causa y le dictó la prisión preventiva.
Mientras el Consejo rechazaba las denuncias de Salmain contra el juez federal que lo procesó por pedir una coima y lo embargó por 200 mil dólares, el presidente de la Asociación de Fiscales y de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Ricardo Toranzos, alertaba sobre actitudes llamativas de Salmain a distintos funcionarios que lo investigan, que consideró provocadoras.
Este miércoles el Consejo de la Magistratura de la Nación rehusó avanzar con tres denuncias distintas que Salmain le hizo al juez federal Vera Barros. El que primero desestimó hacerlo fue el consejero Alberto Lugones, que también es juez, y a su criterio lo acompañó toda la Comisión de Disciplina.
En diciembre pasado Vera Barros procesó a Salmain en la causa conocida como Attila, donde el magistrado bajo sospecha está acusado de haber admitido un amparo del dueño de un fideicomiso y ordenado al BCRA que le vendiera 10 millones de dólares al precio oficial, durante la vigencia del cepo cambiario, para que el empresario pagara una deuda. Según la imputación, Salmain accedió ante la propuesta de recibir una coima del 10 por ciento de la diferencia de cambio, entre la cotización de la divisa en el mercado de cambios y en el circuito blue.
El juez Carlos Vera Barros
Salmain denunció a Vera Barros porque a su criterio le dictó conscientemente la prisión preventiva y la prohibición de salida del país cuando tiene hasta el presente fueros que le dan inmunidad. «Un juez federal de la Nación ordenó la prisión preventiva y la prohibición de salida del país de otro juez federal en ejercicio, con pleno conocimiento de que la ley 25.320 se lo prohibía, y luego de haber reconocido expresamente esa prohibición en una resolución previa dictada por él mismo en la misma causa», sostuvo Salmain en su planteo. Lugones rechazó esa solicitud.
Una segunda denuncia de Salmain fue por entender que Vera Barros de manera arbitraria no ordenó la incorporación al expediente del caso en el que estaba acusado una prueba que podía desincriminarlo. Era un oficio librado por la Prefectura Naval Argentina que, dice Salmain, el fiscal que lo imputaba ocultó deliberadamente. El cuestionamiento a Vera Barros era porque era una evidencia de descargo importante para evaluar la credibilidad del principal testigo de cargo.
La tercera denuncia de Salmain que no se tuvo en cuenta cuestionaba a Vera Barros por haber ordenado medidas que suspenden garantías y en extremo coercitivas «cuando tenía pleno conocimiento de que el expediente que pretendía servir como sustento a dichas medidas había desaparecido por completo del sistema de gestión judicial, careciendo de toda existencia procesal válida».
Salmain le cuestionó a Vera Barros que en esas condiciones ordenó el secuestro de su teléfono celular personal, que lo requisaron a él personalmente y a su vehículo, medidas con afectación directa de derechos fundamentales. Adujo que este juez desde el momento en que tomó conocimiento de la desaparición del expediente debió ordenar la suspensión inmediata de las medidas que sin embargo autorizó en su contra.
En todos los casos el dictamen del consejero Lugones fue el mismo: que el Consejo de la Magistratura tiene como función analizar asuntos que tienen que ver con el comportamiento y la disciplina de los jueces. Pero que sus integrantes tienen prohibido meterse con sus decisiones jurisdiccionales, es decir, con lo que resuelven como magistrados. Los consejeros estuvieron de acuerdo y desestimaron las tres denuncias de Salmain.
Estos planteos contra Vera Barros que se desestiman se dan en lo que distintos funcionarios judiciales advierten como un patrón en Salmain, que es tener actitudes cuestionables hacia los funcionarios que lo investigan.
El último ejemplo al que aluden se dio la semana pasada y tomó estado público este lunes. Fue el jueves pasado cuando Salmain apareció entre el público durante una audiencia de juicio en Comodoro Py donde se desempeñan dos de los fiscales que lo están acusando en Rosario. En este juicio actuaba también el defensor de Salmain, Yamil Castro Bianchi, quien en un momento dijo que llegaría el momento en que él le pediría pena a unos de los fiscales allí presentes, Diego Velasco. Que actúa en causas contra Salmain.
La llamativa presencia de Salmain en un juicio en el que estaban los fiscales que lo investigan motivó una enfática declaración del titular de la Asociación de Fiscales del MPF Ricardo Toranzos. «Para nosotros fue muy extraño. A Salmain no se le escapa que su presencia en el lugar iba a generar reacción. Mínimanente, es provocador y pretende amedrentar», dijo este miércoles al periodista Hernán Funes de Cadena 3 Rosario.
Toranzos aludió a la aparición de Salmain entre el público el jueves en el SUM de Comodoro Py durante la audiencia en la causa Sueños Compartidos. «Su presencia parecía concordar con el ataque de su abogado al fiscal Diego Velasco», sostuvo. «Esto debe ser una alerta para el Consejo de la Magistratura, para hacer inmediatamente el análisis de su caso», señaló.
Salmain afrontará el jury por tres causas en las que fue denunciado y en las que por unanimidad el plenario del Consejo de la Magistratura habilitó su suspensión para el inicio del juicio político, cuyo inicio se prevé para octubre.
El Gobierno porteño adjudicó una licitación para incorporar una plataforma de inteligencia artificial conversacional capaz de hablar con los vecinos mediante voces sintéticas de alta fidelidad. El sistema estará destinado a los canales digitales de la Ciudad y podrá mantener conversaciones, procesar información de los trámites, analizar las interacciones y medir cuántos problemas resuelve sin intervención humana. La contratación abre una discusión que va mucho más allá de la tecnología: qué sucede cuando el Estado empieza a reemplazar la conversación entre personas por máquinas diseñadas para sonar como personas.
Por Roque Pérez para NLI
Hasta ahora, cuando un vecino tenía un problema con el Estado porteño, la relación podía ser incómoda, burocrática, lenta o frustrante, pero existía —al menos en principio— una dimensión humana detrás del mostrador, del teléfono o de la pantalla. Había alguien a quien explicarle una situación, alguien que podía escuchar una excepción, interpretar un problema que no encajaba exactamente en un formulario y, eventualmente, hacerse cargo de una respuesta. Esa relación está empezando a cambiar en la Ciudad de Buenos Aires: el Gobierno porteño acaba de adjudicar una licitación para incorporar una plataforma de inteligencia artificial conversacional y síntesis de voz de alta fidelidad que permitirá atender interacciones mediante agentes capaces de hablar con los ciudadanos utilizando voces artificiales cada vez más parecidas a las humanas.
La contratación fue adjudicada el pasado viernes 7 de agosto de 2026 mediante la Resolución 130/SECITD/26. El expediente corresponde a la Licitación Pública 2051-0661-LPU26 y tiene como destino la Dirección General Canales Digitales, dependiente de la Subsecretaría Ciudad Inteligente de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital. El propio objeto de la licitación resulta revelador: “Plataforma de IA Conversacional y Síntesis de Voz de Alta Fidelidad Modalidad SaaS”. No se trata, entonces, de comprar simplemente un sistema que convierta textos en audios, sino de incorporar una infraestructura tecnológica pensada para establecer conversaciones entre los ciudadanos y agentes artificiales.
Incorporar una infraestructura tecnológica pensada para establecer conversaciones entre los ciudadanos y agentes artificiales.
Cuando el Estado empieza a hablar con voz de máquina
La tecnología contratada tiene una característica que modifica radicalmente la experiencia: la inteligencia artificial no se limitará a responder por escrito. La plataforma elegida es ElevenLabs, una herramienta especializada en generación y síntesis de voz, y la contratación contempla además servicios de contingencia y consultoría, soporte y mantenimiento evolutivo del denominado “ecosistema de voz”. El contrato fue adjudicado a Solar Insights S.A. por $3.020.928.204,80, de los cuales $950.366.524,80 corresponden a la suscripción de ElevenLabs, $1.198.050.000 a servicios de contingencia (una bolsa equivalente a 4,2 millones de minutos, cuyo uso dependerá de las necesidades y consumo del sistema) y $872.511.680 a consultoría, soporte y mantenimiento.
La cifra, por supuesto, merece ser observada, pero reducir la historia a cuánto dinero se gastó sería perder lo más importante. La verdadera transformación está en el vínculo que el Estado pretende establecer con quien necesita de sus servicios. La pregunta ya no es solamente cuánto cuesta la herramienta, sino qué clase de administración pública empieza a construirse cuando una máquina puede recibir una queja, reconocer el lenguaje utilizado, contestar con una voz natural y continuar la conversación sin que necesariamente aparezca un trabajador estatal del otro lado.
La propia estructura de la contratación revela esa orientación. La Dirección General Canales Digitales tiene entre sus responsabilidades coordinar las interfaces entre plataformas digitales y canales conversacionales, además de establecer estándares de experiencia conversacional para los bots utilizados por el Gobierno porteño. La nueva plataforma se incorpora, por lo tanto, dentro de una estrategia más amplia de digitalización de la relación entre la administración y sus ciudadanos.
Y hay una palabra particularmente significativa en esta transformación: “conversacional”. Una pantalla que devuelve información es una cosa. Una voz que responde “entiendo su problema”, hace una pausa, formula una pregunta y continúa la conversación es otra completamente distinta. La segunda construye una apariencia de vínculo interpersonal. La máquina no solamente transmite información: simula una presencia humana.
La máquina no solamente transmite información: simula una presencia humana.
Ese detalle tiene consecuencias sociológicas que suelen quedar ocultas detrás de palabras como innovación, eficiencia o modernización. Durante décadas, la burocracia estatal fue criticada por su despersonalización: formularios, números de expediente, ventanillas, sellos y turnos convertían a las personas en números administrativos. La paradoja de la nueva revolución digital es que ahora puede ocurrir algo diferente: el Estado puede despersonalizar todavía más la atención mientras utiliza máquinas diseñadas para parecer personales.
La burocracia del futuro podría no tener una ventanilla fría ni un empleado que responde mecánicamente. Podría tener una voz amable, cálida y perfectamente modulada que haga exactamente lo mismo.
La máquina que escucha, interpreta y mide al ciudadano
El salto tecnológico no está solamente en que la IA pueda hablar. También está en lo que ocurre alrededor de esa conversación. La documentación técnica de la contratación contempla una infraestructura capaz de trabajar con agentes conversacionales, integrar información y evaluar las interacciones. Entre los objetivos aparece la medición de la resolución autónoma de las conversaciones, es decir, cuánto puede resolver el sistema sin intervención de un operador humano.
Esto cambia el criterio con el que se evalúa la atención pública. Durante décadas, la calidad de un servicio podía medirse por la capacidad de una persona para resolver un problema, orientar a un vecino o comprender una situación particular. En el nuevo esquema aparece otra variable: qué porcentaje de ciudadanos puede ser atendido completamente por una máquina.
No es un detalle menor. Significa que la automatización deja de ser solamente una herramienta auxiliar y comienza a convertirse en un objetivo de gestión. Cuanto mayor sea la proporción de conversaciones que el sistema resuelva sin derivarlas a una persona, más eficiente será considerado el mecanismo.
La tecnología también permite trabajar con voz, transcripciones y análisis de las conversaciones, lo que introduce otra dimensión delicada: el ciudadano no solamente habla con el Estado, sino que esa interacción puede convertirse en información susceptible de ser procesada algorítmicamente. La Agencia de Acceso a la Información Pública viene advirtiendo precisamente sobre la necesidad de incorporar transparencia y protección de datos personales durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA. Su guía para entidades públicas y privadas señala que la transparencia y la protección de datos son dimensiones centrales de una IA responsable.
El ciudadano no solamente habla con el Estado, sino que esa interacción puede convertirse en información susceptible de ser procesada algorítmicamente
La propia AAIP creó en 2023 un programa específico sobre transparencia y protección de datos personales en el uso de inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer las capacidades estatales frente a los riesgos asociados a estos sistemas. El organismo remarcó que la privacidad y la protección de los datos deben ser consideradas desde la recopilación hasta la utilización, almacenamiento y supresión de la información.
Por eso, en este nuevo escenario aparece una pregunta inevitable: ¿qué sabe exactamente la máquina de la persona con la que está hablando? Y otra todavía más importante: ¿qué sabe esa persona acerca de la máquina con la que está hablando?
¿El vecino sabrá que del otro lado no hay una persona?
Aquí aparece uno de los puntos más sensibles de la contratación.
En la documentación pública que pudimos revisar no encontramos una cláusula expresa que establezca que el ciudadano deba ser informado, al comenzar la conversación, de que está interactuando con una inteligencia artificial. Tampoco la resolución de adjudicación establece una obligación semejante. Esto no permite afirmar que la Ciudad vaya necesariamente a ocultarlo: puede existir una instrucción posterior de implementación, una política de privacidad o una advertencia incorporada al sistema que no forme parte de la resolución publicada. Pero, al menos en los documentos analizados, no aparece de manera explícita esa obligación de identificación frente al ciudadano.
Y la cuestión no es trivial. Cuanto más natural resulte una voz artificial, más importante se vuelve saber quién está hablando.
Una voz humana transmite mucho más que palabras: genera confianza, autoridad, cercanía y, en determinadas circunstancias, empatía. Si un ciudadano escucha una voz perfectamente natural diciéndole que su reclamo fue recibido, puede interpretar que detrás existe una persona que comprendió su situación. Pero una voz humana no significa que exista una persona. La diferencia entre ambas cosas puede volverse prácticamente invisible.
La Argentina, de hecho, ya reconoce institucionalmente que el uso de inteligencia artificial exige reglas de transparencia. La AAIP sostiene que el Estado debe garantizar que los sistemas sean comprensibles y responsables, y sus recomendaciones para el uso de IA señalan que los proyectos públicos deben contemplar la transparencia, la protección de los datos y los riesgos de los procesos automatizados.
El problema, entonces, no es estar a favor o en contra de la inteligencia artificial. El problema es quién controla la relación entre la máquina y el ciudadano y cuánto sabe el ciudadano acerca de esa relación. Porque una cosa es que el Estado diga: “Esta es nuestra inteligencia artificial; puede ayudarte a resolver este trámite y, si no puede hacerlo, te comunicará con una persona”. Y otra muy diferente es construir una experiencia en la que el usuario tenga la impresión de estar conversando con un empleado cuando en realidad está hablando con un sistema automatizado. La primera situación puede ser una herramienta tecnológica. La segunda plantea un problema de transparencia y autonomía.
La eficiencia como nueva forma de deshumanización
Hay una cuestión todavía más profunda. La incorporación de IA suele justificarse mediante una palabra que parece indiscutible: eficiencia. Una máquina puede atender miles de consultas simultáneamente, no se enferma, no tiene horarios, puede responder de manera uniforme y no necesita multiplicar la cantidad de trabajadores a medida que crece la demanda.
Todo eso puede ser cierto. Pero la eficiencia no es el único valor que debería organizar una administración pública.
Un Estado no existe solamente para procesar trámites. Existe para relacionarse con personas que, muchas veces, llegan a él precisamente porque tienen un problema. El ciudadano que reclama porque perdió un turno, porque no puede acceder a un beneficio, porque necesita resolver una infracción, porque tiene dificultades con un trámite o porque no comprende una decisión administrativa no siempre necesita únicamente una respuesta correcta. A veces necesita que alguien pueda comprender que su situación es excepcional.
La máquina trabaja extraordinariamente bien con aquello que puede ser convertido en datos. El problema comienza cuando la vida real no entra en el formulario.
La promesa de la IA es que esos límites podrán reducirse. Y probablemente sea así. Pero mientras más decisiones y respuestas se automaticen, mayor será la necesidad de preservar mecanismos de atención humana para los casos que no encajen en las categorías previstas por el algoritmo.
El riesgo no es que una computadora sea fría. El riesgo es más profundo: que el Estado termine considerando que una conversación está resuelta cuando el sistema logró cerrar el ticket, aunque la persona siga teniendo el problema.
La Ciudad acaba de dar un paso importante en esa dirección. La resolución del 7 de agosto formalizó la adjudicación de una herramienta que puede convertirse en una nueva puerta de entrada a la administración porteña. La licitación recibió cuatro ofertas y finalmente fue adjudicada a Solar Insights S.A., presidida por Matías Bedacarratz; las otras tres fueron desestimadas por no cumplir con las condiciones del pliego.
No estamos, entonces, ante una fantasía futurista. La transformación ya tiene expediente, licitación, empresa adjudicataria, presupuesto y una tecnología concreta. Lo que todavía está abierto es la discusión democrática sobre qué límites deberá tener esa transformación. Porque una ciudad inteligente no debería ser solamente aquella que responde más rápido. También debería ser aquella que sabe cuándo una persona necesita hablar con otra persona.
Y quizás esa sea la pregunta más importante que deja esta contratación: si el Estado puede construir una máquina capaz de sonar como nosotros, ¿quién se asegurará de que detrás de esa voz siga existiendo un Estado capaz de escucharnos como seres humanos?
Comenzaron a cerrar locales de la cadena Tostado, que maneja el hijo de Patricia Bullrich. Ya bajó la persiana una sucursal en la zona más transitada de Buenos Aires y se suman a la crisis de Le Blé, que cerró 14 sucursales.
Tostado es una de las cadenas de mayor crecimiento en la Argentina. Según su página web, cuenta con 56 locales en el país y también en Brasil, España, Italia y EEUU.
La empresa funciona con un sistema de franquicias que está a cargo de Francisco Langieri Bullrich, hijo de la senadora.
La crisis, que en Buenos Aires ya arrastró a varios restaurantes de la Guía Michelin, también llegó a las cafeterías, el negocio que más proliferó en la Ciudad en la última década.
El Tostado de Corrientes 999, frente al Obelisco, dejó de funcionar la semana pasada. Según pudo comprobar LPO, el nombre del emprendimiento desapareció de la marquesina y las persianas no volverán a abrir. «Se fueron, cerraron, ya se llevaron casi todo», explicó el empleado de un local vecino.
«Fundió el Tostado del Obelisco, vuela el consumo», ironizó El Barón del Merval. «Cerró una que estaba en Vicente López. Creo que es bear market de Tostado», agregó Lady Market, que desde hace tiempo perdió la fe en el Gobierno. En La Plata
Le Blé, la cadena que existe desde 2008 y llegó a tener 39 locales, también redujo la cantidad de sucursales.
Según publicó IProfesional, pasaron a 25 y es posible que la cadena cierre definitivamente. La firma tiene 175 cheques rechazados por más de $205 millones y la mayoría corresponde al segundo trimestre de 2026. Además, acumula más de 500 millones de pesos de deuda financiera.
Además, en las últimas horas se sumó el cierre de Los Laureles de Barracas, que nació en 1893 como pulpería y que durante 137 años logró resistir a todas las crisis argentinas.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
