El Intendente Marcelo Orazi participó esta mañana de la puesta en marcha del programa ‘Construyendo puentes, desafíos de verano’ que lleva adelante el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro en forma articulada con los distintos Municipios.
Este programa tiene como objetivo establecer puentes de revinculación social para jóvenes que no se han comunicado con la escuela durante el tiempo de pandemia, o lo hicieron al principio y en un momento se desvincularon, y que han quedado al margen de las posibilidades que ofreció la continuidad pedagógica.
Estos espacios se desarrollarán durante enero y febrero y ofrecerán distintas actividades artísticas, deportivas, recreativas, aprendizaje de oficios, entre otras, en las que se puede incluirse de ser necesario apoyo escolar en determinadas asignaturas.
En Villa Regina, en conjunto con las Direcciones de Deportes y Cultura, se dictarán canotaje, vóley playa, murga y educación por el arte.
Durante su mensaje, el Intendente Orazi manifestó que “el año que pasó nos obligó a todos a redefinirnos y reinventarnos en todos los aspectos, en nuestras acciones, en nuestros proyectos, en nuestra vida diaria. Y en esto el sistema educativo no fue la excepción. Por el contrario, sus actores, directivos, docentes, alumnos, familias, se adaptaron al nuevo contexto y, con grandes esfuerzos pero sobre todo compromiso, llevaron el año escolar adelante”.
“En este camino y por diversas razones muchos jóvenes no pudieron seguir transitándolo y por ello celebro esta iniciativa. Desde el Municipio de Villa Regina, las Direcciones de Cultura y Deportes trabajarán junto a los talleristas para que ‘Construyendo puentes’ cumpla con ese objetivo. La educación de nuestros jóvenes, nuestro futuro, también forma parte de nuestras acciones de gobierno, y por ello ponemos a disposición las herramientas con las que contamos”, finalizó el jefe comunal.
Hoy forma parte de la vida cotidiana de millones de argentinos y es uno de los símbolos más reconocidos de la identidad nacional. Sin embargo, hubo un tiempo en que tomar mate era considerado una mala costumbre, una práctica «viciosa» e incluso una amenaza para el orden social. La historia de la yerba mate es también la historia de un producto nacido de los pueblos originarios que resistió prohibiciones, intereses económicos y prejuicios hasta convertirse en uno de los rasgos culturales más fuertes del Río de la Plata.
Por Redacción de NLI
Pocas escenas representan tanto a la Argentina como un grupo de personas compartiendo un mate. Está presente en una reunión familiar, en una universidad, en una fábrica, en una oficina, en una plaza o en la cabina de un camión que atraviesa el país. Es un gesto cotidiano que parece haber existido desde siempre. Sin embargo, esa costumbre que hoy une generaciones y atraviesa todas las clases sociales estuvo a punto de desaparecer hace más de cuatro siglos. La Corona española, sectores de la Iglesia y distintos funcionarios coloniales intentaron prohibir su consumo convencidos de que se trataba de un hábito perjudicial que fomentaba la ociosidad y alteraba las costumbres de la población.
La historia del mate comienza mucho antes de la llegada de los europeos. Los pueblos guaraníes ya consumían las hojas de la Ilex paraguariensis, tanto por sus propiedades estimulantes como por el valor social que tenía compartir la bebida. Para esas comunidades, la yerba no era una mercancía sino un elemento integrado a la vida cotidiana, al intercambio y a las relaciones entre las personas. Fueron los propios conquistadores quienes, después de observar esa práctica con desconfianza, terminaron adoptándola hasta convertirla en un producto de enorme demanda en todo el Virreinato del Perú.
Lo que inicialmente había sido visto como una curiosidad indígena comenzó a expandirse con una velocidad inesperada. A comienzos del siglo XVII, el mate ya circulaba desde las actuales provincias del Litoral hasta el Alto Perú y Chile. Su consumo atravesaba sectores populares y también llegaba a las élites coloniales, lo que despertó preocupación entre autoridades civiles y religiosas que observaban con desconfianza cualquier costumbre nacida fuera de la cultura europea.
Una bebida perseguida por la Corona
Las primeras críticas contra el mate no tenían fundamentos científicos, sino morales y políticos. Algunos gobernadores afirmaban que provocaba «vicios», debilitaba el carácter y hacía perder tiempo a quienes debían trabajar. Desde sectores eclesiásticos también aparecieron cuestionamientos porque se trataba de una práctica asociada a pueblos originarios y porque las reuniones alrededor del mate escapaban al control de las autoridades.
Hubo gobernadores que impulsaron restricciones al comercio de yerba y documentos coloniales donde se proponía limitar su circulación. Las críticas eran tan insistentes que algunos cronistas de la época llegaron a describir el consumo de mate como una verdadera «enfermedad social». Paradójicamente, mientras aumentaban las prohibiciones, también crecía el número de personas que no concebían su vida cotidiana sin esa infusión.
La historia terminó demostrando que aquellas medidas tenían pocas posibilidades de éxito. La demanda continuó creciendo y la yerba mate se transformó rápidamente en uno de los productos más importantes del comercio regional.
Los jesuitas y el nacimiento de una economía
El gran cambio llegó cuando las reducciones jesuíticas lograron domesticar el cultivo de la yerba mate. Hasta entonces, gran parte de la producción dependía de la recolección silvestre, una tarea difícil y peligrosa. Los jesuitas desarrollaron técnicas de cultivo que permitieron organizar una producción más estable y con mayor calidad, impulsando un circuito económico que benefició a numerosas comunidades de la región.
Aquella experiencia convirtió a la yerba en uno de los productos más valiosos del nordeste sudamericano. La llamada «yerba de las misiones» adquirió prestigio en buena parte del territorio colonial y consolidó un mercado que sobrevivió incluso después de la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767.
Con el paso del tiempo, el mate dejó de ser solamente una bebida para transformarse en un hábito cultural profundamente arraigado. A diferencia de otras infusiones, su consumo estaba asociado al encuentro, la conversación y la construcción de vínculos sociales. Compartir un mate implicaba compartir un tiempo, una ronda y una confianza.
De costumbre regional a símbolo nacional
Tras la independencia, el mate siguió acompañando la vida cotidiana de gauchos, trabajadores rurales, soldados y familias de todo el territorio. A medida que Argentina fue consolidando su identidad nacional durante el siglo XIX, la infusión comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en el imaginario colectivo. La literatura gauchesca, las pinturas costumbristas y más tarde el cine y la fotografía ayudaron a convertir al mate en uno de los emblemas culturales del país.
La inmigración europea, lejos de desplazar esa tradición, terminó incorporándola. Millones de italianos, españoles, sirios, libaneses y otros inmigrantes adoptaron el mate como parte de su nueva vida en la Argentina. De esa manera, una práctica nacida en los pueblos guaraníes terminó integrando una identidad nacional construida a partir de múltiples raíces culturales.
Ese recorrido también deja una enseñanza histórica. Muchas de las expresiones culturales que hoy parecen naturales fueron, en algún momento, objeto de discriminación o desprecio. La historia del mate demuestra que la identidad de un pueblo no surge de decretos ni de imposiciones oficiales, sino de prácticas que las propias comunidades sostienen y transmiten a lo largo del tiempo.
Una tradición que sigue generando debates
En los últimos años, la yerba mate volvió a ocupar un lugar en la discusión pública por razones económicas. La situación de los pequeños productores, el funcionamiento del mercado yerbatero y el papel del Estado en la regulación del sector fueron motivo de fuertes controversias, especialmente a partir de las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei sobre organismos vinculados a la actividad.
Detrás de esos debates no solamente está en juego el precio de un paquete de yerba. También aparece una vieja discusión argentina: si productos profundamente ligados a la cultura nacional deben quedar exclusivamente sometidos a las reglas del mercado o si el Estado tiene la responsabilidad de proteger a los pequeños productores frente a la concentración económica. La experiencia histórica muestra que, cuando desaparecen los mecanismos de regulación, quienes suelen quedar en desventaja son precisamente los actores más pequeños de la cadena productiva.
Cuatrocientos años después de que las autoridades coloniales intentaran erradicar el consumo de mate, la infusión sigue acompañando la vida cotidiana de millones de personas. Sobrevivió a prohibiciones, prejuicios y cambios políticos porque nunca fue solamente una bebida. Es una forma de encontrarse, de conversar y de compartir. Tal vez por eso el mate continúa siendo uno de los pocos símbolos capaces de atravesar diferencias sociales, generacionales e ideológicas, recordando que la identidad de un pueblo suele construirse alrededor de gestos sencillos que el tiempo termina convirtiendo en patrimonio común.
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Escándalo en el Gobierno de Milei por la designación de Adriana Baravalle en Ciencia: su doctorado en Inteligencia Artificial quedó bajo la lupa por la universidad que lo otorgó.
Por Roque Pérez para NLI
La designación de Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología abrió una polémica que excede largamente una discusión sobre currículums. La funcionaria llega para conducir una de las áreas estratégicas del Estado argentino con un doctorado en Inteligencia Artificial otorgado por la American Andragogy University, una institución radicada en Hawaii que, según distintas fuentes periodísticas, no cuenta con reconocimiento oficial en Estados Unidos.
El dato resulta particularmente llamativo porque Baravalle no fue presentada como una funcionaria administrativa más, sino como una especialista destinada a conducir la política científica y tecnológica de un país que posee universidades, investigadores, organismos científicos y una extensa tradición académica. La controversia, por lo tanto, pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué criterios está utilizando el Gobierno de Javier Milei para seleccionar a quienes deben conducir la ciencia argentina?
Un doctorado que quedó bajo la lupa
El título de doctora en Inteligencia Artificial que figura asociado a Baravalle proviene de la American Andragogy University, una institución de enseñanza a distancia de Hawaii cuya situación académica generó cuestionamientos. La propia universidad se presenta como una institución con métodos de formación “no tradicionales” y advierte que sus diplomas pueden no resultar habilitantes para determinadas profesiones.
La controversia se profundiza por las características del programa. Según la información difundida sobre la institución, una tesis doctoral podría completarse en un período extraordinariamente breve, algo que naturalmente despierta interrogantes cuando se lo compara con los procesos habituales de formación doctoral en universidades reconocidas.
El problema no es que una persona estudie a distancia. Tampoco que una universidad tenga métodos pedagógicos diferentes. La cuestión central es otra: qué reconocimiento académico tiene efectivamente el título y qué valor posee una credencial de ese tipo para quien pasa a dirigir la política científica de la Argentina.
El caso ya generó repercusiones en otros países. Distintas publicaciones recordaron que en Perú hubo cuestionamientos vinculados con un ex funcionario que había incorporado a su currículum un doctorado otorgado por la misma institución.
La paradoja de un Gobierno que ajusta a la ciencia
La polémica adquiere una dimensión mayor cuando se la coloca en el contexto de la política científica del Gobierno.
Mientras el sistema nacional de ciencia y tecnología atraviesa recortes presupuestarios, pérdida de investigadores y reducción de programas, la administración libertaria acaba de colocar al frente del área a una funcionaria cuya principal credencial polémica es precisamente un doctorado cuya validez académica genera cuestionamientos.
No se trata de descalificar toda la trayectoria de Baravalle. Y allí está justamente una de las cuestiones que conviene separar para evitar simplificaciones.
La funcionaria sí posee antecedentes académicos y profesionales comprobables. Tiene formación de posgrado en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento en la Universidad Austral, experiencia en áreas vinculadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y gestión de datos, y una extensa actividad docente. La propia Universidad Austral registra su trayectoria académica y profesional.
También aparece documentada como doctoranda en Ingeniería de la Universidad Austral, además de contar con antecedentes de investigación y participación en actividades vinculadas con inteligencia artificial y ciberseguridad.
Por eso, el escándalo no pasa sencillamente por afirmar que “no sabe nada” o que carece de formación. Eso sería una caricatura y no está respaldado por la información disponible.
La discusión es más precisa: ¿por qué una funcionaria con una trayectoria profesional real decidió incorporar a su perfil el título de doctora en Inteligencia Artificial de una institución cuya acreditación genera semejante controversia? ¿Qué evaluación hizo el Gobierno de esa credencial antes de designarla para conducir la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología?
Ciencia argentina: cuando el problema no es solamente el currículum
La escena tiene además una carga simbólica difícil de ignorar.
Argentina posee universidades públicas y privadas de enorme prestigio, investigadores reconocidos internacionalmente, organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Comisión Nacional de Energía Atómica y una comunidad científica que durante décadas construyó capacidades en campos como biotecnología, medicina, física nuclear, informática, inteligencia artificial y tecnología satelital.
En ese contexto, la conducción política de la ciencia no es un cargo menor. Define prioridades de investigación, políticas de innovación, vínculos con universidades, financiamiento, transferencia tecnológica y buena parte de las condiciones en las que trabajan miles de científicos.
La designación de Baravalle, entonces, vuelve a poner en discusión una contradicción más profunda del modelo libertario: un Gobierno que cuestiona permanentemente las estructuras académicas y científicas existentes termina generando controversias alrededor de las credenciales de quienes coloca al frente del sistema.
El caso tampoco debería convertirse en una caza de brujas contra la funcionaria. Su trayectoria previa merece ser evaluada por sus resultados, sus antecedentes comprobables y sus decisiones al frente del organismo. Pero justamente por tratarse de un área estratégica, las credenciales académicas de quien la conduce deben poder ser examinadas públicamente.
La ciencia no funciona sobre la base de títulos decorativos ni de etiquetas. Funciona sobre publicaciones, investigación, evaluación de pares, instituciones, evidencia y conocimiento acumulado.
Y allí aparece la paradoja que deja este nuevo episodio del Gobierno de Milei: mientras se reclama “excelencia” para justificar el ajuste sobre universidades, investigadores y organismos científicos, la persona elegida para conducir la política nacional de ciencia llega al cargo envuelta en una polémica precisamente por una de sus credenciales académicas.
El problema, en definitiva, no es solamente Adriana Baravalle. Es qué lugar ocupa el conocimiento científico en el proyecto de país que propone el Gobierno y cuáles son los criterios con los que se decide quién tiene la responsabilidad de conducirlo.
Porque una nación que pretende disputar el futuro tecnológico no puede darse el lujo de convertir la discusión sobre quién dirige su ciencia en una discusión sobre si un doctorado merece o no ser considerado un verdadero doctorado.
La pregunta queda abierta. Y ahora deberá responderla el Gobierno.
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