El Intendente Marcelo Orazi participó esta mañana de la puesta en marcha del programa ‘Construyendo puentes, desafíos de verano’ que lleva adelante el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro en forma articulada con los distintos Municipios.
Este programa tiene como objetivo establecer puentes de revinculación social para jóvenes que no se han comunicado con la escuela durante el tiempo de pandemia, o lo hicieron al principio y en un momento se desvincularon, y que han quedado al margen de las posibilidades que ofreció la continuidad pedagógica.
Estos espacios se desarrollarán durante enero y febrero y ofrecerán distintas actividades artísticas, deportivas, recreativas, aprendizaje de oficios, entre otras, en las que se puede incluirse de ser necesario apoyo escolar en determinadas asignaturas.
En Villa Regina, en conjunto con las Direcciones de Deportes y Cultura, se dictarán canotaje, vóley playa, murga y educación por el arte.
Durante su mensaje, el Intendente Orazi manifestó que “el año que pasó nos obligó a todos a redefinirnos y reinventarnos en todos los aspectos, en nuestras acciones, en nuestros proyectos, en nuestra vida diaria. Y en esto el sistema educativo no fue la excepción. Por el contrario, sus actores, directivos, docentes, alumnos, familias, se adaptaron al nuevo contexto y, con grandes esfuerzos pero sobre todo compromiso, llevaron el año escolar adelante”.
“En este camino y por diversas razones muchos jóvenes no pudieron seguir transitándolo y por ello celebro esta iniciativa. Desde el Municipio de Villa Regina, las Direcciones de Cultura y Deportes trabajarán junto a los talleristas para que ‘Construyendo puentes’ cumpla con ese objetivo. La educación de nuestros jóvenes, nuestro futuro, también forma parte de nuestras acciones de gobierno, y por ello ponemos a disposición las herramientas con las que contamos”, finalizó el jefe comunal.
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El gobierno perdió el control de las redes que llevaron a Javier Milei a la presidencia y el impacto de los tuits del libertario cayeron un 70% en menos de un año y medio.
La caída de la imagen del presidente que reflejan las encuestas se traslada de manera proporcional a las redes, donde Milei gozaba de una recepción de estrella de rock y ahora cosecha cientos de comentarios negativos ante cada tuit.
Los insultos y las burlas al presidente en cada posteo superan por escándalo a los mensajes de apoyo que otrora motorizaban los trolls. Un informe de la consultora AdHoc reveló que justamente las menciones de las 15 cuentas de Twitter más vinculadas al presidente lo mencionan cada vez menos.
El informe, titulado «Fatiga Digital», revela que esos usuarios, entre los que se encuentran el Gordo Dan, Traductor Te Ama y La Derecha Diario, «perdieron capacidad para instalar agenda y traccionar el debate público». Esos usuarios mencionan menos al presidente y generan también menos interacciones.
De acuerdo al informe, Milei tuvo un pico de menciones en Twitter que llegó a los 13 millones en febrero de 2025, justo antes del escándalo de la criptoestafa Libra. Desde entonces, la sucesión de casos como el de Espert, las coimas de Andis y Adorni, fueron horadando el impacto positivo del presidente y sus menciones cayeron a 3,7 millones en junio de este año.
Los streamings oficialistas como Carajo y Neura también tuvieron un descenso en la audiencia, que queda en evidencia en Youtube, con programas que tienen menos de 1000 personas viendo en vivo cuando antes acumulaban decenas de miles. «Más allá de las métricas, perdimos la discusión», dijeron a LPO fuentes libertarias.
En 2026, las entrevistas presenciales del propio Milei en Carajo y Neura tuvieron menos visualizaciones e impacto. En el canal de Alejandro Fantino, por ejemplo, a Milei lo vieron 1,5 millón de personas en abril de 2024. En junio de este año, sólo 279 mil espectadores.
El informe de AdHoc analiza que la pérdida de frescura en redes refleja un desgaste político que va más allá de Twitter: el gobierno no es capaz de canalizar el descontento social y achacarle la culpa a la gestión anterior.
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YPF aceptó la oferta de Edenor para quedarse con el 70% de MetroGAS y el 5% de MetroENERGÍA por US$780 millones. La operación implica la salida de la petrolera de mayoría estatal del control de una de las principales distribuidoras de gas del país y consolida al grupo empresario de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti como un actor cada vez más poderoso del mapa energético argentino.
Por Roque Pérez para NLI
Hay operaciones empresariales que pueden leerse como una simple transacción financiera y otras que, detrás de los números, cuentan una historia mucho más profunda sobre el rumbo de un país. La venta del 70% de MetroGAS por US$780 millones que YPF acordó con Edenor pertenece claramente a la segunda categoría. La petrolera de mayoría estatal decidió desprenderse de su participación controlante en una de las principales distribuidoras de gas de la Argentina, en una operación que todavía debe atravesar las condiciones y autorizaciones regulatorias correspondientes, pero que ya marca una definición estratégica: YPF abandona el control de MetroGAS y el negocio queda en manos de un conglomerado privado encabezado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.
El Gobierno y la conducción de YPF presentan la decisión como parte de una reorganización del portafolio de la compañía, orientada a concentrar capital y esfuerzos en la producción de hidrocarburos, especialmente en Vaca Muerta. Desde esa mirada, la distribución de gas no forma parte del núcleo estratégico que la petrolera quiere conservar y la venta permite obtener US$780 millones para destinarlos a otras inversiones. El argumento puede tener una lógica empresarial, pero la pregunta política que inevitablemente aparece es otra: ¿qué significa para la Argentina que una empresa de mayoría estatal abandone el control de una infraestructura energética que llega a millones de hogares y que el Estado había recuperado indirectamente en 2012?
De Gas del Estado a YPF y otra vez al sector privado
Para entender qué está ocurriendo hay que retroceder varias décadas. MetroGAS nació durante el proceso de privatización y fragmentación de Gas del Estado, llevado adelante durante el gobierno de Carlos Menem. Aquella transformación significó el desmantelamiento de la empresa estatal que había concentrado durante décadas buena parte de la actividad gasífera argentina y la transferencia de segmentos del negocio a compañías privadas. MetroGAS quedó como una de las grandes distribuidoras del área metropolitana.
La historia tuvo un giro significativo en 2012, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. YPF, que acababa de volver al control estatal tras la expropiación del 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol, decidió ejercer una opción de compra sobre el 54,67% de Gas Argentino que pertenecía a British Gas. De ese modo, YPF pasó a controlar indirectamente el 70% de MetroGAS, convirtiéndose en el accionista mayoritario de la principal distribuidora de gas del país. La propia documentación de YPF de aquel año señalaba que el objetivo era hacer de MetroGAS una empresa más eficiente y rentable y recuperar su valor estratégico dentro de la matriz energética nacional.
El contraste con la situación actual es difícil de ignorar. Catorce años después, el camino se invierte: aquello que el Estado había recuperado a través de YPF vuelve a quedar bajo control privado. Por eso, aunque técnicamente no sea correcto decir que el gobierno de Javier Milei “privatizó MetroGAS” —la empresa ya había sido privatizada décadas atrás—, sí es correcto afirmar que el Estado vuelve a retirarse del control de un activo energético estratégico que había recuperado.
Y la diferencia no es menor. La venta tampoco significa que el Estado desaparezca del negocio energético: YPF continúa siendo una pieza central del sistema y conserva activos de enorme importancia. Pero sí expresa una determinada concepción acerca de cuál debe ser el papel estatal: concentrarse en producir hidrocarburos, particularmente en Vaca Muerta, y desprenderse de otras posiciones dentro de la cadena energética.
El comprador no es un actor cualquiera
La otra mitad de la historia está en quién se queda con MetroGAS. La compradora es Edenor, la principal distribuidora eléctrica del país, controlada por un grupo empresario integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. La oferta de US$780 millones fue seleccionada luego de un proceso competitivo en el que participaron distintos interesados por la distribuidora.
El movimiento tiene una importancia que excede ampliamente a MetroGAS. El grupo que controla Edenor amplía ahora su posición dentro del mercado energético y suma el control de una de las principales distribuidoras de gas a su presencia en el negocio eléctrico. En otras palabras, un mismo entramado empresario pasa a tener una posición mucho más relevante en dos servicios esenciales: electricidad y gas.
Además, Manzano no llega desde afuera de MetroGAS. El empresario ya tenía participación accionaria en la compañía a través de Integra Capital, lo que vuelve todavía más significativa la operación: no se trata simplemente de la llegada de un nuevo competidor, sino de la consolidación del control en manos de un grupo que ya tenía presencia en la distribuidora. Durante el proceso de venta, el grupo encabezado por Manzano, Vila y Filiberti fue identificado como uno de los principales interesados en quedarse con el paquete accionario de YPF.
Aquí aparece uno de los interrogantes centrales que deja la operación. El Gobierno de Milei llegó al poder prometiendo combatir la concentración del poder económico y terminar con supuestos privilegios de la “casta”. Sin embargo, en el sector energético se observa una dinámica en la que activos estratégicos van pasando de manos estatales o de grandes empresas a otros grupos privados con enorme capacidad de concentración.
La discusión, por supuesto, no debería reducirse a nombres propios. Lo verdaderamente importante es preguntarse qué estructura energética está construyendo la Argentina y quiénes tendrán capacidad para decidir sobre ella en los próximos años.
Vaca Muerta como argumento y la concentración como consecuencia
La justificación de YPF tiene un elemento difícil de discutir: la compañía necesita concentrar recursos para desarrollar Vaca Muerta, aumentar la producción de petróleo y gas y transformar ese recurso en una fuente creciente de exportaciones y divisas. En esa estrategia, desprenderse de activos considerados secundarios puede liberar capital para invertir en exploración y producción.
Pero una cosa es reconocer esa lógica y otra muy distinta aceptar que la distribución energética sea un asunto menor. Producir gas es estratégico; distribuirlo también. Las redes que llevan el combustible hasta los hogares, comercios e industrias constituyen una infraestructura esencial de la economía argentina. MetroGAS tiene millones de usuarios y una posición central dentro del sistema de distribución del área metropolitana.
Por eso la operación abre un debate que va mucho más allá de los US$780 millones. ¿Cuánto vale para el país que YPF controle una distribuidora de esta magnitud? ¿Es correcto medir su conveniencia exclusivamente por la rentabilidad financiera que puede obtener la petrolera? ¿Qué ocurre cuando el Estado abandona posiciones dentro de la cadena y esas posiciones son acumuladas por grandes conglomerados privados?
No se trata de sostener que toda empresa energética debe ser necesariamente estatal. El problema es otro: la privatización y la concentración no son sinónimos de eficiencia por sí mismas. El funcionamiento de estos servicios depende también de regulación, tarifas, inversiones, calidad, mantenimiento de las redes y capacidad del Estado para controlar a empresas que operan en mercados donde los usuarios no pueden simplemente elegir otra red de gas o de electricidad.
La historia argentina ofrece demasiados antecedentes como para tratar estos procesos como si comenzaran hoy. La privatización de los servicios públicos durante los años 90 mostró que la transferencia de activos estatales al sector privado no elimina la necesidad de regulación pública. Por el contrario, la vuelve todavía más importante.
Ahora, bajo el gobierno de Milei, el péndulo vuelve a desplazarse con fuerza en la otra dirección. YPF vende MetroGAS, Edenor avanza sobre el negocio gasífero y el Estado concentra su apuesta en la explotación de Vaca Muerta.
La operación puede terminar siendo un buen negocio financiero para YPF. Puede incluso formar parte de una estrategia razonable para convertir a la petrolera en una compañía más enfocada y competitiva. Pero hay una dimensión que el balance contable no puede resolver: quién controla los recursos, las redes y los servicios que sostienen la vida cotidiana de millones de argentinos.
En 2012, YPF había recuperado MetroGAS bajo la premisa de que se trataba de una pieza importante de la matriz energética nacional. En 2026, la misma compañía decide que es un activo del que puede desprenderse por US$780 millones. Entre una decisión y otra pasaron apenas catorce años, pero también cambió profundamente la concepción sobre el papel del Estado en la economía.
Y quizás allí esté la verdadera noticia.
Mientras el Gobierno de Milei habla de convertir a la Argentina en una potencia energética a partir de Vaca Muerta, el Estado se retira de una parte cada vez mayor de la cadena que conecta esa energía con los usuarios. Y en ese proceso, los grandes grupos privados no sólo compran empresas: también acumulan poder sobre sectores estratégicos de la economía.
La venta de MetroGAS es, entonces, mucho más que una operación de US$780 millones. Es otra pieza del nuevo mapa energético argentino. Y esta vez, el Estado vuelve a estar del lado de afuera.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que obtuvo media sanción en Diputados esconde entre los artículos destinados a garantizar su supuesta independencia, una modificación de enorme alcance: habilita expresamente al BCRA a poner las reservas como garantía para conseguir financiamiento en el exterior.
La nueva norma abre la puerta a respaldar préstamos, repos y otras operaciones financieras con oro, divisas y activos líquidos que forman parte de las reservas. El cambio está contenido en el artículo que sustituye el actual artículo 33 de la Carta Orgánica. «Metieron el artículo, entre otras cosas, para blanquear la operación con el oro que nunca aclararon», afirmó a LPO un experimentado operador del mercado.
Hasta ahora, la ley establecía que el Central puede mantener parte de sus activos externos en depósitos, operaciones a interés en bancos del exterior o papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o moneda extranjera. La reforma amplía de manera considerable ese menú y, sobre todo, agrega una facultad decisiva: esos activos podrán utilizarse como garantía en operaciones propias de banca central.
La modificación abarca un universo amplio. Incluye oro, divisas y activos financieros líquidos. Al mismo tiempo, incorpora dentro de la Carta Orgánica la inembargabilidad de los bienes que integran las reservas, una protección que hasta ahora estaba contemplada en el artículo 6 de la Ley de Convertibilidad.
Es decir, las reservas quedan protegidas frente a embargos de terceros, pero el propio Central queda habilitado para ofrecerlas voluntariamente como garantía de sus operaciones financieras.
Metieron el artículo, entre otras cosas, para blanquear la operación con el oro que nunca aclararon.
La reforma no se agota ahí. Otro artículo busca ampliar las fuentes de financiamiento a las que puede recurrir el BCRA e incorporar a bancos internacionales privados entre las contrapartes de las que puede tomar préstamos. Y también busca sacar del camino restricciones legales para los contratos financieros internacionales, de manera de permitir acuerdos bajo las condiciones habituales del mercado internacional.
El paquete encaja como las piezas de un rompecabezas: el Central puede endeudarse con más actores, puede firmar contratos bajo estándares internacionales de banca privada y puede garantizar esas operaciones con activos de sus reservas, sin requerir autorización del poder legislativo. Ese es el punto clave.
El punto tiene una derivación especialmente sensible. Una parte de las reservas brutas del Banco Central tiene como contrapartida los encajes correspondientes a depósitos en dólares del sistema financiero.Dentro de las reservas aparecen divisas originadas en los requisitos de efectivo mínimo que los bancos integran en el BCRA sobre depósitos de sus clientes.
El libertario Santiago Pauli.
La reforma no distingue en esa autorización entre reserva . En los hechos, habilita una arquitectura donde activos que respaldan obligaciones del BCRA pueden quedar afectados a operaciones de financiamiento externo.
La nueva norma también parece escrita a la medida de una operación que ya generó una fuerte controversia: el traslado del oro de las reservas al exterior. La historia del oro es una de las operaciones más opacas del Banco Central. Como reveló LPO, los lingotes comenzaron a salir del país en vuelos comerciales y en plena madrugada, en operativos que no fueron informados oficialmente.
La Bancaria detectó envíos realizados a través de la transportadora Loomis y British Airways. El Gobierno primero negó la maniobra y recién después Luis Caputo reconoció que el oro había sido trasladado al exterior para obtener un rendimiento.
Pero ni Caputo ni Santiago Bausili explicaron oficialmente cuánto oro salió, dónde quedó depositado, bajo qué contratos ni qué operación financiera respaldaba.
La historia del oro es una de las operaciones más opacas del Banco Central. Los lingotes salieron del país en plena madrugada, en operativos que no fueron informados. La Bancaria detectó envíos a través de Loomis y British Airways. El Gobierno primero negó la maniobra y después Luis Caputo reconoció que el oro había sido trasladado al exterior, pero nunca explicaron cuánto oro salió, dónde quedó depositado y bajo qué contratos.
Otra cuestión para nada menor, que se desprende del artículo 13, es que el Banco Central puede realizar operaciones de endeudamiento externo sin necesidad de pasar por el Congreso.
El artículo 13 de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fue el que encendió la discusión en Diputados. La tensión explotó durante la votación en particular. El oficialista Santiago Pauli pidió votar el proyecto por títulos y no artículo por artículo. Germán Martínez reclamó que los puntos más sensibles se pudieran votarse de manera separada y chocó directamente con Martín Menem.
«No tenés palabra», le lanzó el jefe del bloque peronista al presidente de la Cámara. Menem respondió: «Conmigo no». Martínez redobló: «Bajá el dedito que no te da». La discusión escaló a los gritos. Tuvo que intervenir Cristian Ritondo para destrabar el conflicto.
Treinta y ocho personas murieron y 2.635 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina -la mayor cifra de casos positivos en una jornada-, con lo que suman 1.116 los fallecidos y 49.851 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación. A…
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