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Orazi participó de la entrega de un vehículo y equipamiento a la Policía

El Intendente Marcelo Orazi participó este mediodía del acto en el que el gobierno provincial hizo entrega de un vehículo y equipamiento a la Policía local. En la oportunidad estuvieron presentes la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia Betiana Minor y el Jefe de la Policía de Río Negro Osvaldo Tellería.

Concretamente se entregaron una camioneta 0 kilómetro a la Comisaría N° 35 y cuatro Bodycam para unidades especiales de la zona. “De esta manera incrementamos la presencia policial en la calle y dotamos de nueva tecnología al personal para garantizar la seguridad de los reginenses”, destacó Minor.

Las Bodycam fueron adquiridas por el gobierno de Río Negro con una inversión total de $13.229.060 para ser distribuidas en toda la provincia. Estos dispositivos tienen múltiples funcionalidades que permitirán darle legitimidad a los procedimientos tanto en la prevención como en las investigaciones que lleva adelante la policía, aportando material irrefutable para las fuerzas y la justicia penal.

La actividad de Orazi junto a Minor y Tellería continúa con una reunión con la Cooperadora Policial y una visita a las instalaciones donde funcionaba el Juzgado de Garantías, espacio al que se trasladará la Comisaría de la Familia.

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  • Lucrecia Martel en la tierra de Chocobar

     

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    El apellido Chocobar se viralizó en Argentina por el policía que disparó siete veces contra un ladrón en Buenos Aires en 2017. Con la reproducción de la escena hasta el infinito, el abrazo del autor de la balacera con el entonces presidente Macri y el apoyo ferviente de Patricia Bullrich, su ministra, el crimen se convirtió en una forma de pensar la seguridad y la justicia: la doctrina Chocobar. Parte de la crueldad del símbolo es borrar las aristas hasta volverse meme. Un nombre devenido en adjetivo, sinónimo de una manera de entender la vida y la muerte de las personas, oculta que hay miles de personas con ese apellido en todo el norte argentino y la región andina que no tienen nada que ver con balear gente por la espalda.

    Y en particular hay un hombre que se llamó Javier Chocobar y que fue asesinado en 2009 en Tucumán. Tenía 68 años y era una autoridad indígena del pueblo Chuschagasta. Los asesinos fueron un vecino terrateniente y emprendedor minero, y dos policías retirados que pretendían desalojar a la comunidad indígena Chuschagasta de sus tierras.

    El crimen, que quedó grabado en video, es el puntapié de Nuestra Tierra, el primer documental de la directora Lucrecia Martel.

    No hay un consenso claro de qué significa ni de dónde viene la palabra Chocobar: hay quienes intentan traducirlo del quechua o del aymara, pero sus raíces se pierden en la previa de la conquista, cuando muchos de los nombres originales fueron trastocados por el conquistador. Sí hay registro de que es un nombre que se extendió por toda la región cuando todavía no había países ni fronteras. 

    Los Chuschagasta, el pueblo al que pertenecía, quizás tampoco tengan ese nombre desde siempre. En algunos registros coloniales se los anota como Chuchingasta, Chachagasta, Chuchagasti, Chugasta, Chuscas o Chujchas.

    Lo que es claro, como señala una comunera en la película, es que «el papel permite lo que le quieran poner».

    Lucrecia Martel dice que la violencia de la gramática es de las primeras dificultades para contar esta historia. Escribir «El Capitán Sotomayor trasladó a 40 indios», dice, es darle voluntad y nombre al poderoso y convertir a las víctimas en un número, despojadas de voluntad y poder, forzadas a estas circunstancias por muchas estrategias de las que los mismos conquistadores se jactan, como secuestros y hambrunas.

    Quizás por eso Martel tardó catorce años en terminar el documental: narrar sin violencia en una época de sobreabundancia de crueldad es intentar deconstruir el lenguaje de una época.

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    Javier Chocobar, el Chocobar de esta historia, las noches de luna llena salía de madrugada para cortar cañas de azúcar, un trabajo duro y mucho más cuando se escarchan o está oscuro. Solía llevar una lapicera en el bolsillo de la camisa. Quizá porque nunca se sabía cuándo habría que anotar algo nuevo para defender los derechos de su comunidad. O tal vez porque funcionaba como contraseña para que a simple vista se notara que sabía leer y escribir.

    El conflicto que enfrenta su pueblo no es fácil: los Chuschas fueron trasladados al Valle de Choromoros desde los Valles Calchaquíes hace más de 350 años, forzados por las autoridades coloniales locales luego de las guerras calchaquíes, un intento de resistencia de los pueblos de la región contra los invasores.

    Y allí viven desde entonces: sobre los animales que crían y sus cultivos pasó una maraña de papeles, desde los tributos que les cobraban sus encomenderos, hasta los arriendos que les impusieron otros vecinos estancieros y funcionarios, descendientes también de aquellas familias beneficiadas por la colonia, y más tarde beneficiadas por el nuevo orden, que los declararon extinguidos en 1808 para hacerse de sus tierras. 

    En los censos nacionales de medio siglo más tarde, los ancestros con los mismos apellidos que tiene la comunidad hoy, están registrados con oficios de servicio, como peones, lavanderas, etc,  dependientes de una de estas familias estancieras a la que le debieron pagar arriendos y cumplir con «obligaciones», una forma de trabajo servil muy difundida en el norte, bajo la amenaza latente de desalojo.

    En dos siglos de estancias queriendo acaparar su territorio están los Molina, los Cobo, los Alurralde, los Colombres –que terminaron expropiados por el Estado provincial– y finalmente los Amín, que llegaron en 1959 con la misma intención. A esa familia pertenecía Darío Amín, uno de los condenados por el crimen de Chocobar.

    Pero con todas esas idas y vueltas, los habitantes nunca jamás se fueron del Valle de Choromoro.

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    «Hoy a las 11 es el operativo, no le digas nada a la mamá, me tiembla todo, pero confío en Luis, y van 4 policías más. No digas nada a nadie. Vos y yo lo sabemos». El mensaje de texto lo mandó Darío Amín unas horas antes del crimen.

    Luis es Luis Humberto Gómez, alias “El Niño”, un policía retirado. Junto con ellos estaba otro policía, José Valdivieso. El objetivo de Amín era explotar una cantera de piedra laja en el corazón de la comunidad. Para eso se había asociado con Gómez: la idea era ir 50 y 50. Le pusieron a la sociedad Campo Amigo, combinando sus apellidos. La misión de Gómez era “limpiar” el territorio apelando a la intimidación.

    El operativo, como lo llamaron, se hizo el 12 de octubre de 2009. ¿Habrá sido casual la fecha? ¿Eligieron el día del aniversario de la conquista española como una cábala?

    Quizás no se detuvieron en ese detalle, pero fueron preparados para  una masacre. Amín llevó un revólver calibre 32 largo, Gómez una pistola marca Taurus calibre 40 y otra marca CZ calibre 6,35 mm. Valdivieso una pistola Beretta, calibre 9mm. En la camioneta en la que llegaron, también guardaron una escopeta.

    Además de todo, llevaron una cámara digital. El de Chocobar fue un crimen registrado en una época donde el registro permanente de la violencia todavía no estaba tan normalizado.

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    En la primera imagen del video hay un hombre vestido de color caqui que baja de una camioneta. Frente a él, un grupo de comuneros llega en silencio por el camino. Traen la mirada un poco gacha, pero avanzan firmes, todos juntos. Detrás de ellos viene Javier Chocobar.

    El hombre vestido de caqui, el ex policía Gómez, avanza hacia ellos, parece sacar pecho. Todavía no muestra sus armas.

    –¿Quién es el encargado de ustedes?– pregunta.

    –Acá no hay encargados– responden los comuneros.

    –¿No hay nadie? –repite Gómez, que vuelve hacia la camioneta– Hasta luego, que anden bien ustedes.

    Lo dice con desprecio, con un tono de ‘ahora van a ver lo que les espera’.

    En la camioneta hay respiraciones agitadas, discuten por dónde seguir. Del lado de afuera, los comuneros miran. Uno de ellos, Delfín Cata, tiene una cámara de rollo, de esas que antes se usaban para los cumpleaños. Toma una fotografía.

    –No sé para qué toman fotos –masculla Amín–. Si en tribunales ya nadie les da bola.

    En la siguiente escena, los comuneros y Gómez están frente a frente.

    –Quiénes son ustedes, qué tienen que venir a meterse aquí.

    –Los Amín –dice el hombre de caqui–. Nosotros somos los Amín.

    –Nadie tiene que venir a hacer aquí.

    –Usted dice que no, explíquenos quiénes son ustedes –dice Amín.

    –Somos indígenas, estamos defendiendo nuestro derecho.

    –Bueno, tranquilo, tranquilo, hablando nos vamos a entender. Si no, capaz que no nos entendemos –dice gesticulando Gómez–, usted sabe que hay una orden judicial… Si yo voy a denunciar lo que ustedes están haciendo, vamos a tener problemas todos.

    –¿Qué es lo que estamos haciendo? –dice Andrés Mamaní. Da un paso al frente.

    Está tranquilo, pero firme. Gómez lo empuja con las manos.

    –Maestro, quedate piola –dice y saca la pistola que lleva en la cintura–. ¡Vos a mí no me vas a venir a prepiar, te estoy hablando por las buenas!

    Delfín Cata levanta su cámara pocket y toma una foto. Gómez lo ve, le dispara a los pies y avanza para pegarle un culatazo en la cabeza.

    –¡Qué te creés vos, qué te creés vos! – grita.

    La cámara que filma la escena baja. El que la lleva también empuña un arma. Lo que sigue después es audio. Hay gritos, más disparos. «Qué pasa, te voy a hacer pingo, culeado», se escucha mientras la cámara rueda al suelo/a la tierra.

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    En la reconstrucción judicial se supo que, tras el golpe y el disparo, Delfín forcejeó con Gómez, que seguía disparando. Con la ayuda de otros comuneros lograron reducirlo y le arrebataron su pistola Taurus calibre 40 y una cachiporra que llevaba encima.

    Gómez intentó sacar la pistola CZ de una tobillera, pero Delfín lo derribó de un empujón, le sacó el arma y la tiró al monte. Y, una vez que desarmó a Gómez, corrió a auxiliar a otros compañeros que intentaban frenar a José Valdivieso. Tras un breve forcejeo, logró quitarle la Beretta 9 mm con la que también había disparado.

    “Yo les quité las armas a los asesinos”, dijo tiempo después al medio La Palta. “Si yo hubiera sido otra persona, quizás con las mismas armas los habría liquidado”.

    Parecía que la situación se calmaba, pero Amín siguió disparando: lo hizo primero contra Javier Chocobar y, cuando logró darle, siguió. Primero hirió a Emilio Mamaní en la pierna y luego a Andrés Mamaní en el abdomen. En el tambor de su arma quedaron seis vainas servidas.

    —¡Turco hijo de puta, me ha baleado! —gritó Javier con las últimas fuerzas que le quedaban, recuerdan quienes estuvieron ahí.

    Valdivieso, que había logrado zafarse, recuperó la pistola que se le había caído a Gómez y disparó contra los comuneros que escapaban cerro arriba por un sendero.

    Los tres hombres subieron a la camioneta y escaparon mientras Javier Chocobar se desangraba frente a su familia.

    Además de Chocobar, Andres Mamani recibió un disparo en el abdomen, y desde entonces vive en los cerros con una colostomía, incapacitado para trabajar con sus animales. Y a Emilio Mamani le dieron un disparo en la pierna. Todavía tiene el plomo clavado en el hueso. 

    Después de la huida de los agresores, Delfín recogió la cámara y la guardó. Más tarde la entregó a un policía que, a pesar de recibir presiones de Hugo Sánchez, el entonces jefe de la policía provincial y cuñado de Gómez, no descartó esa evidencia fundamental para esclarecer el crimen. 

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    ¿Cómo se recuerda al que murió defendiendo su tierra? ¿Con esa última escena, diciendo “Turco hijo de puta me has baleado”? ¿Con los brazos abiertos frente a una muerte que no esperaba? ¿Cómo se hace honor a su memoria?

    La película de Martel parece hacerse esa pregunta y la responde metiéndose en la historia de la comunidad y del propio Chocobar. Hay algo muy amoroso en las dos horas de película que elige detenerse y poner el eje en la memoria de la comunidad.

    El documental muestra sus fiestas, a Chocobar vestido de traje con toda la onda del mundo, peinado y firme para las muchas fotos de plaza que se tomó con fotógrafos minuteros. Habla de los que fueron a trabajar a las ciudades y volvieron, de los que se quedaron en su territorio a pesar de los papeles y las amenazas, de las cosechas, de las mujeres que trabajaron en fábricas, en la costura, limpiando casas con cama adentro cuando todavía eran niñas, pero que luego sintieron el llamado a volver a su tierra.  “Trabajé en casas de jueces, de abogados, de doctores”, dice una de las comuneras, Isabel Cata. “Cuando ya he cumplido mi mayoría de edad he querido salir de ahí y trabajar por mi cuenta”.

    Martel es conocida por construir en sus películas paisajes sonoros con varias capas superpuestas. Para esta producción, le pidieron a la comunidad los chips de sus teléfonos viejos. Allí descubrieron que, aunque la imagen de los celulares antiguos esté pixelada, el sonido de las fiestas familiares, los chistes, la forma de hablar sin inhibiciones, es un tesoro imposible de recrear con actores.

    A esos archivos se suman los álbumes de fotos familiares de los comuneros. Y con ellos Martel no solo construye esa atmósfera onírica que envuelve sus películas, sino que también hace un prodigio de la mirada: pone el foco en las vidas subalternas. Nombra a aquellos que para la historia oficial no tienen ni siquiera rostro.

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    Hay otra dramaturgia que contrasta con las fotografías en blanco y negro sobre la mesa: la narrativa judicial de los expedientes y los pasillos judiciales. Más allá del uso de cartas y títulos de propiedad para evidenciar la manipulación del lenguaje legal, el film se detiene en las contradicciones del juicio contra los acusados por el asesinato de Chocobar.

    En una de las escenas, la defensa interroga a un testigo de la comunidad.

    —¿Por qué estaban ahí?

    —Nosotros estábamos cuidando nuestras tierras, que no vayan otras personas ajenas a quitárnoslas.

    —¿Desde cuándo ustedes cuidan estas tierras en ese lugar?

    —Nosotros vivíamos ahí, desde nuestros ancestros, los abuelos.

    —¿Qué edad tiene usted?

    —46 años.

    —¿Hace 46 años que cuidan las tierras?

    —No, de más antes.

    El documental evidencia el contraste visual entre la inmensidad de los paisajes que habitan los Chuschas y el encierro de la sala de audiencias, con el kitsch burocrático de tonos marrones de los despachos, los jueces y abogados tomando jugo y café mientras los rostros indígenas observan en silencio absoluto.

    Los acusados, vestidos de traje, parecen en su salsa.

    La escena del testigo al que someten a un careo con el policía Valdivieso parece sacada de una película policial de cine negro.

    Otro de los testigos convocado por Gómez para respaldarlo es su amigo y compañero policía, Justo Danielsen, da fe de su aptitud como comando:

    –Yo puedo estar hablando –dice–, pensando y analizando, puedo unificar y hacer dos o tres cosas al mismo tiempo…

    Más tarde, Gómez se jacta de su puntería:

    – Si hubiese querido matar era más fácil levantar el arma y disparar.

    Y al final agrega, como una confesión de parte:

    –El Estado me entrenó para hacer esto.

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    Los tres responsables del crimen fueron condenados recién en 2018: 18 años de prisión para el expolicía Gómez, 10 para Valdivieso y 22 para Darío Amín, el hombre que apretó el gatillo. La libertad les llegó pronto gracias a los laberintos de las apelaciones. Recién el 23 de octubre de 2025 la Corte Suprema dejó firmes las penas, aunque para Amín el veredicto llegó tarde: murió por Covid-19 antes de volver a la cárcel.

    Pero mientras los expedientes acumulaban tecnicismos que rechazaban la justicia, la comunidad de Chuschagasta hacía otro trabajo: el de la persistencia. La película de Martel no es solo un registro del horror, sino un acto de restitución. La primera vez que se proyectó el documental fue en el salón comunitario en el territorio, con la comunidad en pleno. Allí descubrieron que, aunque el Estado lo convierta en número, hay un registro que ninguna bala pudo destruir: el de un pueblo que, tras 350 años de asedio, sigue eligiendo no irse de su lugar en el mundo.

    La historia, que el poder intentó reducir a un «operativo» de desalojo, se convirtió en otra cosa. Quizás el cine sirva para que Chocobar ya no sea solo ese eco violento que resuena en Buenos Aires. Quizás el cine nos permita darle el sentido que ese apellido tiene en la comunidad de los Chuschas: el de un hombre que murió defendiendo su tierra, con una lapicera en el bolsillo y los brazos abiertos.

    La entrada Lucrecia Martel en la tierra de Chocobar se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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  • En el entorno de Karina dicen que Adorni les miente: «Tenemos miedo que aparezca más mugre»

     

    En el entorno de Karina Milei están preocupados porque Manuel Adorni haya escondido más escándalos de su onerosa vida privada que expongan aún más a Javier Milei.

    El presidente tuvo que salir a defender a su jefe de gabinete luego de que aparecieran nuevas revelaciones de su patrimonio no declarado. A los 15 mil dólares que pagó en vuelos en un mes pese a cobrar un salario de 3,5 millones de pesos, se le sumó una casa en el Country Indio Cuá, cuyos valores están en torno a los 150 mil dólares, aunque algunas viviendas llegan a los 250 mil dólares.

    «El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin», tuiteó Adorni junto a Milei, que posó disfrazado con el mameluco de YPF y haciendo su típica duckface. Entre los libertarios no compartían que Adorni se diera el lujo del sarcasmo mientras expone a Milei y siguen apareciendo hechos escandalosos.

    «Tenemos miedo que aparezca más mugre», dijo a LPO un funcionario del ala karinista, que es justamente a la que reporta Adorni. La desconfianza con el jefe de gabinete comenzó a crecer a medida que sus zigzagueantes explicaciones chocaron con la aparición de nuevas pruebas que lo incriminan en faltas éticas y hasta con posibles consecuencias penales.

    De hecho, además de las denuncias por enriquecimiento ilícito que le presentó Marcela Pagano, ahora podría sumarse otra por dádivas. Clarín reveló que el viaje de ida a Punta del Este en vuelo privado lo pagó la productora Imhouse SA del periodista Marcelo Grandio, el amigo de Adorni que trabaja en la TV pública y lo albergó en la ciudad uruguaya.

    Denuncian que ARCA, Banco Nación, YPF, Aerolíneas y AYSA triangularon para contratar a la esposa de Adorni 

    Esa revelación, surgida de la investigación de la causa que llevan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, confirma que tanto Adorni como su amigo mintieron en sendas ocasiones. La primera vez que le preguntaron en LN+, el funcionario dijo que el viaje se lo había pagado él.

    Como eso podía derivar en denuncias de enriquecimiento ilícito, que finalmente llegaron, Grandio salió a decir que el viaje se había pagado con plata del Estado. En ese momento pareció que Grandio estaba enterrando a su amigo funcionario, pero a la vista de las nuevas revelaciones, su intención acaso fue protegerlo de una denuncia por dádivas.

     

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  • Frigerio advirtió que podría ir a La Haya para frenar la refinería en Paysandú: «No podemos permitir otra Botnia»

     

    El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dijo que no descarta ir a tribunales internacionales para evitar que Uruguay instale una refinería de combustibles no fósiles frente a las costas de Colón.

    «No podemos permitir otra Botnia»,

    advirtió.

     

    Frigerio destacó que están realizando las gestiones para evitar que se apruebe y comiencen las obras de la planta de HIF Global en Paysandú. En ese sentido, destacó que lograron que «el estudio de impacto ambiental incluya a Colón».

    «No podemos permitir una nueva Botnia. No podemos, después de ese tremendo mal paso que dio la Argentina, repetirlo», dijo Frigerio, que recordó que aquel momento las negociaciones bilaterales se encararon con las obras ya comenzadas. En cambio, dijo que ahora ya hubo tres reuniones con el gobierno de Uruguay «para evitar que esto prospere».

    «Estamos a tiempo, estamos haciendo las cosas que no se hicieron en aquel momento y que provocaron ese conflicto que duró tantos años», señaló el gobernador entrerriano, que confió en que conseguirá un resultado favorable, pero en caso contrario escalará la pelea. «Si tenemos que ir a la Haya, vamos a la Haya. Si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos. A todos lados vamos a ir», advirtió.

    Quirno viajó de urgencia a Uruguay para evitar un nuevo caso Botnia

    Frigerio recalcó que la provincia necesita el acompañamiento del gobierno nacional para hacer las gestiones bilaterales ante un Uruguay y destacó que el canciller Pablo Quirno lo acompañó en dos reuniones. El tema es que, como contó LPO, Quirno tuvo que ser apercibido por la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, para empezar a moverse.

    Frigerio viene reclamando a Uruguay que relocalice la planta para no afectar el turismo y el desarrollo sostenible de toda la costa del Río Uruguay. En Entre Ríos denuncian que Uruguay habría violado tres veces los tratados vigentes y el gobierno de Milei no hizo nada para controlar su cumplimiento y dejó vencer los plazos en favor de HIF Global.

    Si tenemos que ir a la Haya, vamos a la Haya. Si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos. A todos lados vamos a ir

    Se sabe que el presidente Milei tiene una postura muy clara en no escuchar los reclamos ambientales para frenar inversiones, algo que dejó claro ayer cuando tildó a los ambientalistas de «idiotas extremos». Pero en este caso Frigerio es un aliado muy fuerte de la Casa Rosada.

    En la conferencia realizada este lunes, Frigerio llamó a la oposición a trabajar en conjunto y deponer «los intereses berretas de la política» para defender a la ciudad de Colón. En ese sentido, legisladores nacionales e intendentes del peronismo activaron días atrás la web amigosdelriouruguay.com para que los ciudadanos de Entre Ríos accedan a la información del expediente judicial.

     

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