El Intendente Marcelo Orazi participó este mediodía del acto en el que el gobierno provincial hizo entrega de un vehículo y equipamiento a la Policía local. En la oportunidad estuvieron presentes la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia Betiana Minor y el Jefe de la Policía de Río Negro Osvaldo Tellería.
Concretamente se entregaron una camioneta 0 kilómetro a la Comisaría N° 35 y cuatro Bodycam para unidades especiales de la zona. “De esta manera incrementamos la presencia policial en la calle y dotamos de nueva tecnología al personal para garantizar la seguridad de los reginenses”, destacó Minor.
Las Bodycam fueron adquiridas por el gobierno de Río Negro con una inversión total de $13.229.060 para ser distribuidas en toda la provincia. Estos dispositivos tienen múltiples funcionalidades que permitirán darle legitimidad a los procedimientos tanto en la prevención como en las investigaciones que lleva adelante la policía, aportando material irrefutable para las fuerzas y la justicia penal.
La actividad de Orazi junto a Minor y Tellería continúa con una reunión con la Cooperadora Policial y una visita a las instalaciones donde funcionaba el Juzgado de Garantías, espacio al que se trasladará la Comisaría de la Familia.
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El triunfo del Frente Cívico de Gerardo Zamora con el 66% de los votos y la derrota de La Libertad Avanza en Santiago del Estero exponen los límites del proyecto libertario en el interior argentino y anticipan una nueva disputa por el rumbo político nacional.
Por Roque Perez para NLI
Las urnas de Santiago del Estero dejaron mucho más que un resultado municipal. Detrás del contundente triunfo del Frente Cívico por Santiago, liderado por Gerardo Zamora, aparece una señal política que incomoda a la Casa Rosada: el discurso de La Libertad Avanza comienza a encontrar límites concretos cuando abandona el escenario de las redes sociales y se enfrenta al territorio real de la Argentina profunda.
Con el 66% de los votos, el oficialismo santiagueño se impuso en todos los municipios y departamentos donde se disputaron cargos, mientras que la fuerza de Milei quedó relegada al segundo lugar con apenas el 8% de los sufragios. La diferencia no fue solamente numérica: fue una demostración de estructura, presencia territorial y capacidad de representación política frente a un espacio libertario que todavía no logra construir raíces fuera de los grandes centros urbanos.
El resultado tiene una lectura nacional porque ocurre en un momento donde el Gobierno intenta instalar la idea de que su proyecto posee una adhesión social irreversible. Santiago del Estero muestra otra fotografía: una parte importante del electorado argentino continúa votando en función de identidades provinciales, obras públicas, presencia estatal, gestión concreta y vínculos comunitarios que no pueden ser reemplazados por una narrativa basada exclusivamente en la confrontación ideológica.
Un golpe al relato de una Argentina pintada de violeta
Desde la llegada de Milei al poder, La Libertad Avanza construyó una interpretación política según la cual el país habría iniciado una transformación histórica destinada a desplazar definitivamente a las fuerzas tradicionales. Bajo esa mirada, cada elección debía confirmar una expansión permanente del fenómeno libertario.
Pero el mapa electoral argentino es más complejo. Las provincias tienen dinámicas propias, liderazgos locales y estructuras políticas que no desaparecen simplemente porque un movimiento nacional logre una fuerte presencia mediática. Santiago del Estero volvió a mostrar que la política argentina no se define solamente desde Buenos Aires ni desde las tendencias digitales.
El Frente Cívico por Santiago, que gobierna la provincia desde hace más de dos décadas, logró sostener una alianza amplia donde confluyen sectores del radicalismo, del peronismo y fuerzas provinciales. Esa construcción territorial fue precisamente lo que La Libertad Avanza todavía no consiguió desarrollar.
La derrota libertaria adquiere mayor relevancia porque no ocurrió frente a una oposición fragmentada que apenas logró sobrevivir electoralmente, sino ante una fuerza provincial con una identidad consolidada y una red política capaz de competir municipio por municipio. Según los datos difundidos tras los comicios, el espacio de Milei incluso tuvo una representación muy limitada en la disputa por concejalías.
El problema para la Casa Rosada es que Santiago del Estero no aparece como un caso aislado sino como parte de una pregunta más amplia: ¿qué ocurre cuando el ajuste económico impacta sobre comunidades donde el Estado tiene un rol histórico y donde la política se mide por resultados concretos?
El interior frente al experimento libertario
La elección santiagueña expone una tensión central del proyecto de Milei: mientras el Gobierno nacional busca reducir el Estado y presentar esa reducción como una condición necesaria para el crecimiento, muchas provincias construyeron durante décadas una relación política basada precisamente en la presencia estatal.
Escuelas, hospitales, rutas, programas sociales, empleo público y obras de infraestructura forman parte de una discusión que excede la economía y entra directamente en el terreno de la identidad política. En ese punto, el discurso libertario encuentra una resistencia diferente a la que puede enfrentar en sectores urbanos donde predominan otros reclamos.
La elección también representa un desafío para quienes sostienen que el peronismo y los espacios provinciales atraviesan un proceso irreversible de desaparición. La realidad electoral muestra que, cuando existe organización territorial y capacidad de gestión, esos espacios conservan una importante capacidad de representación.
El triunfo de Zamora no implica automáticamente una derrota nacional de Milei, pero sí funciona como una advertencia: el mapa político argentino no está completamente alineado con la lógica libertaria. La Argentina federal sigue teniendo actores propios, intereses locales y tradiciones políticas que no pueden ser anuladas por una construcción presidencial.
Santiago del Estero como primer aviso del desgaste
Toda elección provincial o municipal tiene sus particularidades y sería un error trasladar mecánicamente un resultado local a todo el país. Sin embargo, los procesos políticos suelen comenzar con señales pequeñas antes de transformarse en tendencias más amplias.
Santiago del Estero puede convertirse en una de esas señales porque muestra una contradicción que empieza a aparecer con mayor fuerza: mientras Milei sostiene un discurso de victoria permanente, las urnas comienzan a exhibir territorios donde su fuerza todavía no logra consolidarse.
El Gobierno nacional llegó al poder prometiendo una ruptura total con la política tradicional. Pero para transformar una sociedad no alcanza con ganar una elección presidencial: hace falta construir mayorías, organizar territorios y generar una representación que sobreviva al impacto inicial de un liderazgo carismático.
El resultado santiagueño deja una pregunta abierta para el oficialismo: si el proyecto libertario pretende convertirse en una nueva hegemonía política, deberá demostrar que puede algo más que movilizar adhesiones en redes sociales y grandes ciudades. Deberá disputar la Argentina real, esa que vive en municipios, provincias y comunidades donde la política todavía se construye cara a cara.
Porque allí, en el territorio donde los votos no se consiguen únicamente con consignas, apareció la primera grieta visible en el relato de un triunfo permanente. Santiago del Estero encendió una luz amarilla para Milei: la Argentina profunda todavía no está escrita en color violeta.
Escriben: Fernando Ramoa y Luciano Ramirez. Proponemos empezar esta nota con la siguiente pregunta: ¿No les preocupa el hecho de que una sociedad no pueda asegurar su propio bienestar si no es a través de la implementación de políticas de Estado coercitivas o punitivas que potencialmente aumenten las posibilidades de que se cometan abusos de…
La jugada de los abogados de Cristina Kirchner de apelar a la ONU para pedir una revisión de su condena para que pueda ser candidata en 2027 choca con la doctrina de la Corte Suprema que niega que exista una cuarta instancia internacional contra sus pronuciamientos. En 2017, la Corte Suprema estableció en el fallo Fontevecchia que los tribunales internacionales no tienen competencia para anular decisiones del máximo tribunal.
El kirchnerismo lanzó un operativo clamor para que Cristina pueda competir por la presidencia en las elecciones del año próximo. Fue tras el anuncio de la integración de un nuevo equipo de abogados para asesorar a la ex presidenta en la búsqueda de un fallo internacional que revierta su condena actual que incluye la inhabilitación de por vida para presentarse en elecciones que disputen un cargo público.
Javier Borrego, ex juez del Supremo Tribunal de España y el brasileño Rafael Valim, ex abogado de Lula y especialista en Lawfare, que se sumaron al penalista Carlos Beraldi, en la defensa de la expresidenta.
Ese equipo anunció esta semana que recurriría a la ONU para exigir un pronunciamiento de su Comité de Derechos Humanos contra la condena de Cristina Kirchner y además presentarán un «amparo» ante el comité de expertos que asesora a ese comité, para que se le permita presentarse en las PASO.
Pero tres fuentes judiciales, incluso una cercana a la ex presidenta, afirmaron a LPO que la vía elegida no tiene posibilidades de éxito. El primer escollo es que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emite dictámenes que no son vinculantes. Si bien una decisión favorable a Cristina podría generar una gran presión internacional, su aplicación dependerá de la justicia local. De hecho, Lula continuó preso a pesar de haber recibido un dictamen favorable.
Menos viable aún es que funcione el «amparo» ante el grupo de expertos que asesora al Comité de la ONU. «Se trata de abogados que emiten un documento de análisis, no es el dictámen del Comité de Derechos Humanos y mucho menos un fallo», afirmó a LPO una de las fuentes consultadas.
En 2017, con el fallo Fontevecchia la Corte estableció que no hay una cuarta instancia internacional superior a los fallos del máximo tribunal argentino.
Pero más allá de lo que defina el Comité de Derechos Humanos de la ONU y de las probabilidades inciertas de que lo haga antes de las elecciones del año que viene, en el Poder Judicial creen que la maniobra de Cristina tiene otros dos obstáculos insuperables.
La primera es una barrera constitucional. La reforma de la Constitución de 1994 le dio rango constitucional a los tratados internacionales y como en ellos está incorporada la adhesión de la Argentina al tratado que dio nacimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CNDH), abrió un largo debate jurídico sobre si había adquirido estatus constitucional una «cuarta instancia» de apelación o revisión de los fallos firmes de la justicia argentina.
Pero, según estableció la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1997 para el caso Genie Lacayo vs Nicaragua, la CIDH puede señalar «las violaciones procesales de los derechos consagrados», pero «carecen de competencia» para subsanarlas.
Rafael Valim y Javier Borrego, los nuevos abogados de Cristina.
La condena de Cristina en la Causa Vialidad está firme en todas las instancias judiciales de la Argentina: en junio de 2025, la Corte Suprema rechazó el último recurso de queja de la defensa y agotó las vías judiciales internas del país, lo que dejó la condena firme de manera definitiva.
Y ahí aparece la segunda barrera a la nueva estrategia judicial de la ex presidenta: la jurisprudencia al respecto. En la Justicia recuerdan que esta misma Corte estableció que no existe cuarta instancia en la Argentina el caso de Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico contra el Estado argentino. En 1995, la revista Noticias publicó dos artículos que revelaban la existencia de un hijo no reconocido del entonces presidente Carlos Menem. El riojano le hizo una demanda civil al medio y consiguió que la Corte Suprema dejara firme en 2001 un fallo que obligaba a Fontevecchia a pagar una indemnización de 150 mil dólares por violación del derecho a la intimidad.
La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales.
El dueño de la Editorial Perfil acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el argumento de que la vida privada de un presidente es escrutada legítimamente si involucra el uso de fondos públicos o afecta su idoneidad para el cargo. Además pidieron que se revocara la penalización económica. La CIDH le dio la razón a Fontevecchia en 2011.
La CIDH dispuso que el dueño de Perfil debía ser indemnizado y además recomendó que se anule el fallo de Corte de 2001.
Seis años más tarde, en 2017, la Corte actual aceptó la exigencia de indemnizar a Fontevecchia, pero rechazó revocar o anular su propia sentencia de aquel año.
Ese fallo estableció un límite histórico en la relación de Argentina con los tribunales internacionales. El máximo tribunal determinó que la CIDH no representa una «cuarta instancia» con facultades para anular fallos locales firmes.
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado estos principios al manifestar que la protección internacional que otorgan los órganos de supervisión de la Convención es de carácter subsidiario y que no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales», argumentó la Corte en el fallo de 2017.
Ante la consulta de LPO, Valim respondió que la condena a Cristina se inscribe en el ámbito penal y no en el civil, como el caso de Fontevecchia.
El abogado explicó que ante un fallo favorable, «el Código Procesal Penal Federal prevé la revisión de la decisión interna por parte del propio poder judicial argentino para adecuarlo a las obligaciones internacionales obligatorias por la constitución argentina».
Y agregó: «La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales».
El antecedente de la CIDH le sirvió al kirchnerismo para no recurrir a es mismo tribunal por dos motivos: la posibilidad de no superar esa doctrina y evitar una demora de 16 años como la que padeció Fontevecchia. Acaso por eso recurrieron a la ONU, aunque el final asoma igual de desfavorable.
Además, en la Justicia aseguraron a LPO que existe un acuerdo para avanzar con el decomiso de los bienes de la ex presidenta antes de que termine el año. La condena de la Causa Vialidad prevé la ejecución de bienes por 685 mil millones de pesos. Los abogados de Cristina aclararon que la cuestión del decomiso no tiene relación con la presentación que realizaron ante Naciones Unidas.
Si esto se confirma, en la segunda mitad de este año la ex presidenta enfrentará una agenda judicial muy distinta al debate sobre su apelación a la ONU, sino sobre la venta de sus hoteles y otros bienes.
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