Orazi participó de la entrega de un vehículo y equipamiento a la Policía

Orazi participó de la entrega de un vehículo y equipamiento a la Policía

Orazi participó de la entrega de un vehículo y equipamiento a la Policía

El Intendente Marcelo Orazi participó este mediodía del acto en el que el gobierno provincial hizo entrega de un vehículo y equipamiento a la Policía local. En la oportunidad estuvieron presentes la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia Betiana Minor y el Jefe de la Policía de Río Negro Osvaldo Tellería.

Concretamente se entregaron una camioneta 0 kilómetro a la Comisaría N° 35 y cuatro Bodycam para unidades especiales de la zona. “De esta manera incrementamos la presencia policial en la calle y dotamos de nueva tecnología al personal para garantizar la seguridad de los reginenses”, destacó Minor.

Las Bodycam fueron adquiridas por el gobierno de Río Negro con una inversión total de $13.229.060 para ser distribuidas en toda la provincia. Estos dispositivos tienen múltiples funcionalidades que permitirán darle legitimidad a los procedimientos tanto en la prevención como en las investigaciones que lleva adelante la policía, aportando material irrefutable para las fuerzas y la justicia penal.

La actividad de Orazi junto a Minor y Tellería continúa con una reunión con la Cooperadora Policial y una visita a las instalaciones donde funcionaba el Juzgado de Garantías, espacio al que se trasladará la Comisaría de la Familia.

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    La Cámara Federal de Rosario iniciará una auditoría que explique por qué se detectaron unos 8 mil casos paralizados en juzgados federales de primera instancia, que al no haber sido trasladadas a tiempo a las fiscalías no tuvieron ningún impulso investigativo, lo que puede implicar delitos no esclarecidos y con impunidad hacia sus posibles autores.

    La anomalía llegó a conocimiento de la Procuración General de la Nación, que está a cargo de todos los fiscales federales, luego de que en el Ministerio Público Fiscal de Rosario advirtieran que les cursaban extemporáneamente causas ingresadas a los juzgados federales 3 y 4, en algún caso hasta con seis años de demora. Algo que hizo que se pronunciara sobre esto con preocupación el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro. «Acá hay responsabilidades funcionales», declaró.

    El juzgado federal 3 está a cargo de Carlos Vera Barros y el 4 de Marcelo Bailaque, actualmente con prisión domiciliaria acusado por tres delitos en el desempeño de ese cargo considerados hechos de corrupción institucional.

    Detectan ocho mil causas penales paralizadas en los juzgados federales de Rosario

    Frente a esta situación, que dio a conocer LPO, la Cámara Federal de Rosario ordenó este martes a los secretarios de los juzgados 3 y 4 que informen en 48 horas los criterios de actuación utilizados para supervisar la información documentada que explique que esas causas hayan quedado paralizadas.

    La Cámara Federal pide eso para cotejar el número excedente con las cifras que se confeccionaron en mayo de 2024 cuando dejó de tener vigencia el sistema de juicio escrito y comenzó el modelo acusatorio. Entonces los juzgados hicieron un listado de los expedientes que estaban en trámite para una transición hasta que tuvieran sentencia. Eran según fuentes de la Procuración unos 1.180 legajos. Pero ahora aparece una cifra de ocho mil adicionales que son anteriores a esa fecha límite y que no se comunicaron.

    Al mismo tiempo, la Cámara también pidió al Ministerio Público Fiscal que les remita un listado de esas 1.180 causas a fin de contrastarlo con los guarismos de los informes que ahora encargan a los juzgados.

    Pullaro criticó a la justicia federal por las 8 mil causas paralizadas en Rosario

    Esta situación de limbo en el que quedaron esas causas puede deberse a motivos burocráticos que impliquen negligencia pero no intenciones deliberadas de ocultarlos. «Puede haber una mala gestión de los expedientes u otra cosa más grave que se verá», dijo a LPO una fuente de la Cámara Federal. Pero esto ocurre en una jurisdicción donde hay causas penales en curso por expedientes cajoneados sin explicación o hechos que prescribieron por falta de impulso, en especial delitos tributarios, que tienen como infractores a personas de capacidad económica. 

     

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