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Orazi participó de la entrega de un vehículo y equipamiento a la Policía

El Intendente Marcelo Orazi participó este mediodía del acto en el que el gobierno provincial hizo entrega de un vehículo y equipamiento a la Policía local. En la oportunidad estuvieron presentes la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia Betiana Minor y el Jefe de la Policía de Río Negro Osvaldo Tellería.

Concretamente se entregaron una camioneta 0 kilómetro a la Comisaría N° 35 y cuatro Bodycam para unidades especiales de la zona. “De esta manera incrementamos la presencia policial en la calle y dotamos de nueva tecnología al personal para garantizar la seguridad de los reginenses”, destacó Minor.

Las Bodycam fueron adquiridas por el gobierno de Río Negro con una inversión total de $13.229.060 para ser distribuidas en toda la provincia. Estos dispositivos tienen múltiples funcionalidades que permitirán darle legitimidad a los procedimientos tanto en la prevención como en las investigaciones que lleva adelante la policía, aportando material irrefutable para las fuerzas y la justicia penal.

La actividad de Orazi junto a Minor y Tellería continúa con una reunión con la Cooperadora Policial y una visita a las instalaciones donde funcionaba el Juzgado de Garantías, espacio al que se trasladará la Comisaría de la Familia.

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  • Dura decisión de Milei contra Clarín: obliga a Telecom a desprenderse de 6 millones de abonados

     

    El gobierno de Javier Milei le ordenó al Grupo Clarín que se desprenda de 6 millones de abonados o de lo contrario rechazará la fusión de Telecom con Telefónica Argentina, tal como anticipó LPO en exclusiva.

    La durísima medida se conoció por un comunicado del gobierno en base a una fallo del «Tribunal de Defensa de la Competencia», un órgano decisor de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) que los libertarios se aseguraron de validar recientemente en el Senado.

    «Telecom deberá ceder 6 millones de clientes móviles, junto con la infraestructura asociada, distribuidos estratégicamente entre el AMBA, la Región Norte y la Región Sur, a un nuevo competidor del sector de las telecomunicaciones», dice el comunicado. 

    El texto publicado en la página oficial del gobierno apunta directamente al Grupo Clarín y dice que buscan «evitar que esta operación constituya la formación de un monopolio que perjudique a los usuarios y a la libre competencia».

    Milei le exige a Clarín que ceda 6 millones de clientes para aprobar la fusión con Telefónica

    En el Grupo hablan de una animadversión por parte del presidente, que tiene un tuit fijado hace un año y medio  en el que califica a Clarín como «la gran estafa argentina» y cuestiona especialmente la fusión de Telecom y Telefónica, por la que el grupo debió endeudarse en más de 1000 millones de dólares.

    En el mulimedio aseguran que la del Tribunal no fue una decisión técnica, sino política y «con mala onda». Los 6 millones de abonados representan un 40 por ciento de la facturación del grupo.

    Una muestra de esa animadversión, creen en el multimedio, es que se enteraron de la decisión por el comunicado y ni siquiera les hicieron llegar la resolución para que la estudien los abogados. En el comunicado se habla solamente del Grupo Clarín, pese a que en Telecom son socios el mexicano David Martínez, otra parte de Telecom que cotiza en Wall Street y otra parte que tiene Anses, por lo que en el multimedio creen que Milei ordenó atacar al grupo. 

    LPO también anticipó que el gobierno había rechazado la propuesta de Clarín, surgida tras el informe de Enacom de marzo que recomendaba la desinversión. En este entonces, el multimedio presentó dos empresas que absorberían 2.9 millones de los seis millones de usuarios que le pedía el gobierno de Milei que resignaran, para aprobar la fusión de las telco. Una de ellas fue creada recientemente por un ex CEO de Telefónica que quedó afuera tras la venta, mientras que la segunda es una empresa local que quedó como alternativa, por si el gobierno objetaba la primera. 

    Para cumplir otro de los requisitos del Tribunal, la empresa «deberá garantizar a un nuevo operador acceso a su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión por el término de 2 años, asegurando la continuidad y calidad del servicio mientras el competidor desarrolla su propia red». 

    En Clarín aseguran que en Argentina quedó probado que no hay lugar para una tercera empresa en el rubro y que por eso Telefónica vendió sus acciones. En el Grupo aseguran que ya no compiten a nivel local ni tienen un monopolio, sin que tienen competencia global: Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk, entró al negocio por obra de Milei y ya tiene un millón de usuarios en sólo dos años.

    Ahora, en Clarín esperan que les manden la resolución para que los abogados definan si la aceptan o si resisten judicialmente. En el caso de que acepten, el proceso no será fácil: Clarín debe encontrar un comprador que quiera pagar por el 40% de su cartera. En ese caso creen que el gobierno les pondrá un plazo y es incierto qué pasaría si ese plazo no se cumple, ya que se asoma la posiblidad de una expropiación. 

     

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  • Alarma en los bancos de Brasil, ante la decisión de Trump de catalogar al PCC y el Comando Vermelho como terroristas

     

    La decisión de Estados Unidos de catalogar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas encendió una alarma en el sistema financiero brasileño. Los principales bancos del país comenzaron a analizar posibles escenarios de riesgo y buscaron asesoramiento en México, donde una ofensiva similar terminó golpeando a varias entidades financieras.

    La preocupación excede ampliamente la cuestión de la seguridad pública. En el sector financiero temen que la nueva estrategia de Washington derive en mayores exigencias regulatorias, auditorías más rigurosas y un aumento de los riesgos legales para cualquier institución que opere en dólares o tenga exposición al sistema financiero estadounidense.

    Por eso, varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico. El objetivo es evitar errores y prepararse para un escenario que podría volverse mucho más exigente.

    El antecedente mexicano es el principal motivo de preocupación. A mediados de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso bajo la mira a tres entidades financieras: CIBanco, Intercam y Vector. Las acusó de haber facilitado o permitido operaciones de lavado de dinero vinculadas a organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.

    Sheinbaum descartó riesgos al sistema financiero tras sanciones a CIBanco, Vector e Intercam

    Lo llamativo es que las investigaciones realizadas posteriormente por las autoridades mexicanas no encontraron pruebas concluyentes que confirmaran las acusaciones formuladas por Washington. Sin embargo, el daño sobre las entidades ya estaba hecho.

    Varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico, como CIBanco, Intercam y Vector.

    Ante el riesgo de una corrida y para evitar un efecto contagio sobre el resto del sistema financiero, el gobierno mexicano intervino las tres instituciones. La prioridad fue proteger a los ahorristas y preservar la estabilidad del sistema bancario. Aun así, las consecuencias fueron severas, las 3 instituciones dejaron de operar y transfirieron sus activos a otras entidades.

    El episodio se convirtió en una señal de alerta para toda la industria financiera de la región. En México todavía existe preocupación por la posibilidad de que nuevas entidades sean alcanzadas por medidas similares. Incluso circulan versiones sobre una eventual atención especial de las autoridades estadounidenses sobre el Banco del Bienestar, la entidad estatal mexicana.

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con su equipo económico.

    Ese es precisamente el escenario que los bancos brasileños intentan evitar. La designación del PCC y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas modifica la naturaleza de los riesgos que enfrentan las entidades financieras. Ya no se trata únicamente de cumplir con las normas tradicionales de prevención del lavado de dinero.

    La nueva categoría amplía las responsabilidades de bancos, fintechs y compañías que operan en el sistema financiero internacional. Los controles sobre clientes, beneficiarios finales, movimientos de fondos y estructuras societarias pasan a ser mucho más estrictos, especialmente cuando existen operaciones en dólares.

    La principal amenaza radica en las sanciones de carácter extraterritorial. Una entidad puede enfrentar restricciones para operar con bancos estadounidenses o incluso perder acceso a determinados servicios financieros si las autoridades consideran que existió algún tipo de vínculo, aunque sea indirecto, con organizaciones alcanzadas por las sanciones.

    Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.

    Por eso el impacto potencial no se limita al sector bancario. Empresas de logística, transporte, comercio exterior, minería y agronegocios también podrían verse obligadas a reforzar sus mecanismos de control para evitar quedar involucradas en investigaciones o revisiones regulatorias.

    Para los inversores, la señal es clara. Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.

    La experiencia mexicana mostró que una investigación o una acusación pueden tener consecuencias significativas incluso antes de que exista una condena o una prueba definitiva. Por eso en Brasil el sector financiero decidió actuar con anticipación. La preocupación ya no es solamente el crimen organizado: ahora también es el costo de quedar bajo la lupa de Washington.

     

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