Orazi participó de la entrega de un vehículo y equipamiento a la Policía

 

 Las chances del juez federal de la Seguridad Social Fernando Strasser de ascender a camarista quedaron reducidas por un motivo inesperado. Ocurre que hace diez días otro juez, que se defiende con uñas y dientes de que lo manden a juicio político, lo mandó al frente. Sostuvo que en su momento Strasser, en el concurso con el que buscaba ser magistrado, ocultó que había tenido una sanción como funcionario judicial. Y eso ahora tiene consecuencias que pueden sacarlo de carrera.

En 2014 Strasser concursó para ser juez subrogante. En ese momento no consignó que cuando era secretario del juzgado federal 8 de la Seguridad Social había recibido una sanción de 30 días por un proceso disciplinario. El que recordó eso hace diez días fue el juez federal de Rosario Gastón Salmain. Que hizo lo mismo cuando concursó en 2017: omitió decir que en 2002 la Corte Suprema de la Nación lo dejó cesante de su cargo de empleado de la Justicia Federal por haber ofrecido una coima a una secretaria de tribunal para direccionar un expediente.

¿Por qué Salmain botoneó así a Strasser? Para tener un argumento defensivo. Lo que dijo es que el reglamento de concursos exige hacer constar antecedentes de los últimos diez años de la compulsa, y que cuando él era examinado había pasado más tiempo. Pero además dijo que otros candidatos habían tenido sanciones y eso no les había impedido ser designados. Ahí dio el ejemplo de Strasser. Sin nombrarlo, pero dando datos inequívocos de que hablaba de su caso.

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La referencia difícilmente ayude a Salmain, porque el Consejo de la Magistratura decidió el jueves llevar su caso al plenario, donde pueden suspenderlo e iniciar el proceso para su destitución. Pero los dichos pusieron en alerta a los consejeros, que dijeron que si se comprueba lo que dijo el polémico juez de Rosario, el Senado no deberá aprobar el pliego de Strasser.

Con buenas relaciones con el macrismo, ahora impulsado por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, Strasser es un magistrado oriundo de la ciudad de Buenos Aires con reiterados cuestionamientos de sectores políticos y jurídicos amplios que lo califican de tener un sesgo marcadamente contrario a los derechos de jubilados. Lo han llegado a llamar «el Bonadío de la seguridad social».

 Strasser fue cuestionado por sectores políticos y jurídicos que lo calificaban de tener un sesgo marcadamente contrario a los derechos de jubilados. Lo han llegado a llamar el Bonadío de la seguridad social

Lo que dijo Salmain implicó que esta semana le abrieran un expediente en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Fue a partir de una presentación de Yamil Castro Bianchi, abogado de Salmain, en referencia a la omisión del dato de la sanción del juez de Rosario. Y a las constancias del descargo de Salmain, donde señala que Strasser también pasó de largo en su momento de su primer concurso, cuando no dijo que lo habían sancionado.

Salmain conocía bien el ejemplo que daba. Antes de que lo echaran por ofrecer un soborno en 2002, trabajaba también, con el cargo de secretario, en el juzgado federal 8 de la Seguridad Social. Era el mismo donde sancionaron a Strasser con un mes de suspensión y el congelamiento de haberes. Según dos miembros la Justicia Federal y del Consejo dijeron a LPO, Salmain fue despedido en el mismo año cuando trabajaba allí.

El abogado de Salmain hizo algo más: pidió al Consejo la nulidad «absoluta e insanable» del concurso 253 con el que Strasser fue nombrado juez subrogante, por haber omitido las sanciones disciplinarias que tuvo.

En 2014 el Consejo fue advertido de esa omisión. Pero por una rosca de los consejeros, contaron desde adentro, todos menos uno consideraron que no haber dicho nada de que lo habían sancionado no sería motivo de objeción. Con eso terminó nombrado.

 [La Magistratura dejó al juez federal Salmain al borde del Juicio político y puede ir preso] 

Difícilmente este manotazo de Salmain –defenderse de una irregularidad señalando a alguien que cometió otra– vaya a salvar al juez federal de Rosario. Pero su señalamiento sí dejó bajo análisis lo que hizo su colega y antiguo compañero de juzgado.

 Difícilmente este manotazo de Salmain –defenderse de una irregularidad señalando a alguien que cometió otra– vaya a salvar al juez federal de Rosario. Pero su señalamiento sí dejó bajo análisis lo que hizo su colega y antiguo compañero de juzgado 

Sobre todo porque en 2023, cuando tuvo la entrevista en el Consejo de la Magistratura, a Strasser le volvieron a preguntar si había tenido sanciones. El que hizo la pregunta, directa, fue Guillermo Tamarit. Strasser respondió que no y así lo atestigua el registro en audio de esa sesión del organismo que evalúa a los jueces y a los que son candidatos a serlo.

Ahora el Consejo tiene en una carpeta la resolución 31 del Tribunal de Superintencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social que en 2001 sancionó por 30 días con suspensión sin goce de haberes a Strasser. Un año después la Corte ratificó la medida aunque excluyó afectarle su sueldo.

Si fuera por la letra estricta del reglamento 11 del reglamento de concursos, solo hay que mencionar antecedentes de los últimos diez años a la fecha de la prueba. El senador nacional y consejero Luis Juez descalificó este jueves la entidad de esa normativa y, sobre todo, su lógica política. «¿A ustedes les parece que da lo mismo que el Senado cuando evalúa a alguien que va a ser juez hasta los 75 años sepa que esa persona tuvo sanciones o no sepa?», fue su pregunta. Justamente lo decía porque él se comió la situación de avalar a Salmain en 2017 sin tener idea que lo habían echado 15 años antes del Poder Judicial por intentar armar un caso de fórum shopping.

Lo que pide el abogado de Salmain parece inviable porque el concurso está terminado. Sin embargo sí habilita la discusión política que probablemente se dé en el Senado si los pilegos se tratan este jueves. ¿Es viable nombrar a un juez que omite señalar una sanción disciplinaria que recibió? Es la misma pregunta que el Consejo, con Salmain, hace tres días consideró algo inaceptable.

 

El Intendente Marcelo Orazi acompañó este mediodía a la Gobernadora Arabela Carreras en el acto de entrega de maquinaria correspondiente al programa de financiamiento para la provisión de máquinas agrícolas destinadas a la producción rionegrina. Fueron 22 las herramientas rurales entregadas a productores del Alto Valle para mejorar la productividad y la competitividad del sector…

 

Desde que su hijo se suicidó, Gabriela intenta ganarle a la fuerza de los algoritmos. Comparte en Facebook insistentemente cada posteo que pide justicia con el nombre de Axel. 

Axel Almeida cumplió 31 años el 9 de diciembre de 2025. Ese día no hizo fiesta, ni salida con amigos. No faltó a trabajar. En su cuenta de Instagram se lo veía alegre, seguro de sí mismo. En el encabezado de su perfil todavía puede leerse “Preguntame si te pregunté”, junto a ese emoji de carita amarilla que en lugar de boca tiene un cierre. Ese mismo día, en el puesto de vigilancia en un barrio privado de Mar del Plata en el que trabajaba desde septiembre de 2025, escribió por WhatsApp a un superior pidiendo que interviniera en una situación que no daba para más. El hostigamiento cotidiano que sufría hacía meses se había intensificado. Un compañero lo bautizó “frutillita Almeida” y se burlaba de su sexualidad. El apodo se extendió rápidamente entre vigiladores, supervisores y jefes de turno.

El mensaje al jefe no surtió efecto. Todos se reían de él. Nadie frenó. Entre los vigiladores, era como si humillar a alguien fuera apenas una forma de pasar las horas. 

Tres meses después, el 5 de marzo de 2026, Axel escribió cinco cartas. En la primera explicó por qué se quitaba la vida: “Hice eso porque ya no soportaba al personal, era hostigamiento constante, y reclamé muchas veces a los jefes y no hacían nada, era la burla del todo el personal”. En cada una de las otras cuatro nombró a una persona distinta de la empresa a la que señalaba por el acoso. Después se suicidó.

Su mamá y su hermano Kevin, de 26 años, encontraron el cuerpo. Con esas cartas como estandarte, hoy piden justicia y castigo a los compañeros responsables y a la empresa, que a pesar de ser advertida decidió no hacer nada.

“Todos ellos son responsables por instigación al suicidio”, dice Kevin. Entre la angustia y la impotencia, se detiene en dos detalles: que nadie escuchó a su hermano y que él mismo pagó su propio entierro.

Al momento de terminar con su vida, Axel recién había cobrado el salario con el que los familiares pagaron el sepelio. Más de un mes después, la empresa publicó un comunicado y tomó contacto con la madre, ofreciéndole asistencia psicológica. Hoy, mientras la familia avanza judicialmente, la empresa busca una estrategia legal para desligarse de la denuncia. 

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El trabajo de vigilador puede durar hasta doce horas seguidas, muchas veces de pie o en garitas de seguridad donde casi no circula el aire. El tiempo y el espacio compartido con compañeros generan una intimidad apretada, casi cuerpo a cuerpo. Lo que sucede ahí no se disipa fácilmente. Rebota, se acumula: 

“A la mujer, por ser mujer; al puto, por puto; a la torta, por torta. No hay respeto. Solo te tratan bien si los encargados de servicio te respetan”, dice Martha, que hace diez años presta servicio en la misma empresa que Axel.

En espacios muy masculinizados, como el de la seguridad privada pero también en otros como algunos sectores industriales o ámbitos sindicales, la homosexualidad aparece como una amenaza a cierta idea de hombre. Entonces hay algo a reducir, corregir, disciplinar a ese cuerpo para salvaguardar cierta masculinidad compartida.

En la empresa donde trabajaba Axel y aún trabaja Martha, toda queja o reclamo sobre las condiciones laborales puede ser razón para poner en riesgo el día de franco o el respeto por los turnos pautados. Cuando Axel reclamaba por el maltrato de sus compañeros, aclaraba que solo quería cumplir su horario y volver a su casa. 

Cumplir y volver.

A veces ni siquiera eso alcanza. El miedo a perder el salario convive con el miedo a no soportar otro día más de violencia. La precariedad laboral se vuelve más cruda cuando el ambiente de trabajo fuerza la discriminación, la burla y el señalamiento. Trabajar es factor de riesgo cuando ni siquiera la existencia se respeta. ¿A quién dignifica el trabajo cuando pone en riesgo tu propia vida?

Sobrevivir en el trabajo es un trabajo extra. Un estudio de Grow Género y Trabajo y Mundo Sur, publicado en 2025, muestra que las personas LGBTINB+ son quienes más reportan haber vivido situaciones de violencia laboral. Nueve de cada diez identifican experiencias de violencia psicológica: aislamientos, descalificaciones, burlas, chistes, silencios. Formas que muchas veces se naturalizan y, justamente por eso, cuesta reconocerlas como violencia.

“La homofobia tiene un costo. Cuando una empresa no absorbe ese costo, lo pagan las personas”, dice Mariano González King, Coordinador del área LGBTINB+de la ONG Grow Género y Trabajo. Y resume: “Existe una idea de sobrecompensación muy presente en las personas LGBTINB+: demostrar que la orientación sexual o la identidad de género no afecta el desempeño laboral. Como si hubiera que trabajar un poco más, cumplir un poco más, aguantar un poco más. En el caso menos extremo, el costo puede ser renunciar, perder el salario, perder condiciones de vida. Pero en situaciones extremas, como la de Axel, él terminó pagando el costo de la homofobia no abordado por la empresa con  su propia vida”.

En un contexto de precarización, dejar un trabajo muchas veces no es una opción. Sostener un ingreso implica también sostener situaciones de violencia, maltrato o discriminación. Sostener el trabajo para sostener la vida. Aunque el trabajo también empiece a destruirla.

Mariano insiste en que el aumento de los discursos violentos no exime a las instituciones de su responsabilidad: “El trabajo debería ser un espacio protegido. Los instrumentos para nombrar y prevenir la violencia siguen existiendo y las organizaciones tienen que responder frente a eso”.

La violencia hacia personas LGBTINB+, afuera y adentro del trabajo, no es nueva. Pero en la Argentina actual aparece con menos freno, más expuesta, más cruda. Durante 2025, se registró un crimen de odio contra personas LGBTINB+ cada 38 horas. El dato surge del último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, que contabilizó 227 casos en un año y marcó un crecimiento sostenido respecto de los relevamientos anteriores.

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Lucas Román trabaja de hablar, de hacer reír. Está acostumbrado a exponerse, a convertir lo personal en material público. Sin embargo, cuando intenta contar lo que pasó, duda. No encuentra del todo las palabras. Hay algo en esa violencia que no termina de traducirse, se traba en el cuerpo. A principios de marzo de 2026, mira a cámara, tiene un ojo hinchado y violeta. Dice que no es bueno hablando en serio. El día anterior, al salir de Futurock, la emisora en la que trabaja, un hombre lo golpeó mientras le gritaba “puto de mierda”.

Un día antes, Javier Milei abrió las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso en el que arrojó expresiones como: “Me encanta domarlos. Me encanta verlos llorar”. Si bien el presidente apuntó contra los “kukas” y los “zurdos”, Lucas encuentra una relación entre esas expresiones y la violencia que sufrió al día siguiente. Ya en enero de 2025, en el Foro Económico Mundial en Davos, el mandatario había dado un discurso donde asimiló homosexualidad con pedofilia, y provocó una movilización intersectorial histórica. Muchas de las expresiones de Milei son las mismas que aparecen en los comentarios que le hacen a Lucas en redes sociales. Insultos, amenazas, deseos de daño.

“Todas las personas que están a favor del presidente, que tienen una militancia bastante aguerrida, repiten constantemente lo que dice. Y si vos te pones a pensar, lo que pasa, o lo que me pasó a mí, fue exactamente lo que él disfruta —dice Lucas Román—. Disfruta ver sufrir a los zurdos, disfruta ver sufrir a los kukas, le gusta domar a las personas. Yo estaba en una esquina, vino una persona, me quiso domar y me vio sufrir. Efectivamente hizo lo que dice el presidente: ¿me gusta verlo sufrir? Bueno, voy y lo cago a piñas”.

Más de 80 mil usuarios de Instagram compartieron el reel donde Lucas cuenta lo que le pasó. Se comentó en programas, se escribieron algunas notas, fue tema de agenda durante algunos días. Hubo indignación, mensajes de apoyo, repudios. Reconoce la reacción social como una ventaja sobre otras personas que atravesaron violencias similares. La misma visibilidad que lo pone como blanco de esos ataques empuja la relevancia pública. A diferencia de cualquier caso, la fiscalía tardó nada más que una semana en convocar a declarar.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia completa del ataque. Agustina Lloret, coordinadora del área de litigio del CELS y abogada de Lucas, explicó que, aunque hasta ahora no lograron identificar al agresor por la baja calidad de las imágenes, tanto la querella como la propia Fiscalía coinciden en que no se trató de un hecho azaroso. “Lo estaba esperando en la esquina para pegarle específicamente a Lucas”, sostiene. Según reconstruyeron, a partir de los videos, el hombre se movió para interceptarlo apenas salió de la radio.

Para la querella, establecer la identidad del agresor también podría ayudar a reconstruir el posible móvil discriminatorio del ataque. La investigación sigue abierta y todavía se analizan imágenes y publicaciones en redes sociales vinculadas al caso.

Los discursos de odio no funcionan simplemente como insultos o agresiones aisladas. Operan sobre colectivos históricamente vulnerados y buscan legitimar, promover o habilitar formas de discriminación y violencia. En las redes sociales, además, circulan con una velocidad y una capacidad de repetición inéditas.

“Uno de los efectos de los discursos de odio, cuando se generalizan, es el corrimiento de los límites de lo decible”, explica Micaela Cuesta, investigadora y directora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA). “Se empieza a naturalizar cierta violencia sobre los derechos. No es que se afloje la censura: lo que se erosionan son los consentimientos alrededor de esos derechos”.

Lo que cambia no es solamente la existencia de la violencia, sino las condiciones sociales alrededor de ella: qué empieza a tolerarse, qué deja de generar sanción y qué agresiones encuentran cada vez menos rechazo público.

“No es que antes no pasara —dice Gabriela Mitidieri, investigadora del CELS e integrante del equipo de Movilización y Democracia—. Lo que vemos ahora es otra cosa”. El Registro de Ataques de las Derechas Argentinas Radicalizadas cuenta con un relevamiento que sigue agresiones con contenido misógino y LGBT-odiante. No es un mapa completo. Se arma con denuncias, con casos que aparecen en medios, con registros de usuarios de redes sociales.

“En la previa al triunfo de Milei hubo un aumento de denuncias —explica Mitidieri—. Después bajaron un poco, pero lo que cambió fue la intensidad. Si antes veíamos amenazas o pintadas a locales LGBTINB+, ahora aparecen más ataques físicos”.

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Una niña trans de 11 años, tras la muerte de su madre,  cruza sola caminando los dos kilómetros y medio del puente San Roque González de Santa Cruz, que une Encarnación, en Paraguay, con Posadas, Misiones. Dos décadas después, a Claudia Gabriela Gómez todos la conocen como “Caí”.  

El último 2 de abril la encontraron inconsciente en un sendero de Puerto Iguazú, donde vivía desde 2022. Tenía lesiones graves y murió días después en el hospital. La autopsia determinó que la mataron de un golpe en la cabeza con un elemento contundente. A partir de esos resultados, la Justicia recaratuló la causa como homicidio agravado por odio a la identidad de género y ordenó allanamientos que derivaron en la detención de tres jóvenes.

“Acá se perdió una persona como parte de un mismo odio social. A pesar de su situación de consumo problemático, era sumamente dulce y alegre, tenía muchas ganas de vivir. Su velorio se llenó de gente que no paraba de hablar de lo buena y cariñosa que era”, dice Nazarena Fleitas, Coordinadora de la asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina en Misiones.

Sus compañeras travestis y trans, que hicieron mucho para intentar modificar su realidad de extrema vulnerabilidad, hoy piden justicia y convocan a diferentes iniciativas en redes sociales, donde el odio también se manifiesta. “Cuando pedimos justicia, nos responden ‘uno menos’, ‘un degenerado menos’”, dice Fleitas. “No son perfiles falsos. Son personas reales, con nombre y apellido. El odio da miedo porque ya no tiene vergüenza de decir lo que escriben”. 

La vida de Caí fue un recorrido marcado por la intemperie: una identidad que se afirmó en un entorno que muchas veces la empujó a desaparecer. Como tantas travestis y trans que migran, su historia quedó atravesada por las dificultades para acceder a derechos básicos. En ese contexto, el consumo no aparece como excepción sino como parte de una trama más amplia de desprotección.

Quizás por eso su historia también obliga a discutir algo más incómodo: cuánto de esa violencia empieza mucho antes del golpe que finalmente mata. La muerte de Caí es investigada por el Juzgado de Instrucción Nro. 3. como un travesticidio. Término que ganó reconocimiento judicial en Argentina a partir del fallo por el asesinato de la activista travesti Diana Sacayán, en 2018. Una figura que no busca explicar solamente cómo murió Caí, sino también el acumulado de violencias, expulsiones y desprotecciones que atravesaron su vida.

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En un scroll rápido por las fotos del perfil de Fuma Espuma los chicos juegan al fútbol, comparten lo que parece ser la previa o post partido, dentro y fuera de la cancha. Hay algunas celebraciones de cumpleaños, convocatorias a la marcha de orgullo, flyers por ley nacional de cupo laboral e inclusión laboral trans. Bien abajo, por el año 2016, en los orígenes de la cuenta, aparece una publicación donde ocho personas miran de frente a la cámara, abrazados como jugadores de fútbol, en lo que parece el interior de una casa, llena de cuadritos colgados en el fondo. En esa escena más íntima, Vica sonríe.

Vica Monteros nació en Tucumán y en Córdoba armó algo propio. Estudió arquitectura, era activista, fundó el primer equipo de fútbol gay de la ciudad: un espacio donde el deporte dejaba de ser territorio hostil y podía ser un espacio amoroso de encuentro entre pares.

El domingo 12 de abril de 2026, sus vecinos del barrio Alberdi vieron que salía humo de su casa y llamaron a la policía. Cuando entraron, encontraron el cuerpo de Vica sin vida. Tenía más de treinta puñaladas. El fuego, creen los investigadores, fue un intento por borrar lo que había pasado antes. Esa noche había pactado una cita. 

Dos días después detuvieron a un sospechoso. Inicialmente la causa fue investigada como homicidio agravado por alevosía y ensañamiento. Pero a fines de abril el fiscal Guillermo González incorporó el agravante por odio a la orientación sexual, después de analizar publicaciones discriminatorias que el acusado habría realizado en redes sociales antes del crimen. Para la Justicia, al menos de manera preliminar, ya no se trata solamente de un asesinato: también empieza a investigarse como un crimen de odio.

Las aplicaciones de citas, los encuentros pautados por redes sociales y la exposición permanente aparecen cada vez más seguido en las reconstrucciones de estos ataques. Lugares donde muchas personas LGBTINB+ buscan vínculos, deseo o comunidad también empiezan a volverse espacios de vulnerabilidad.

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En noviembre de 2025, el periodista Dante Leguizamón reconstruyó en Revista Anfibia el crimen de Samuel Tobares, también en Córdoba. Ahí no había que buscar responsables: fueron los propios policías. Lo golpearon, lo tiraron al suelo y lo aplastaron hasta matarlo. Antes, le gritaron “puto de mierda”. El fiscal Ricardo Mazzuchi, a cargo de la causa, los imputó del delito de homicidio preterintencional. La familia reclama que se cambie la carátula como homicidio calificado y que se investigue como un crimen de odio.

El 18 de mayo comenzará el juicio oral por el triple lesbicidio de Barracas. Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante murieron en mayo de 2024, después de que un vecino arrojara una bomba molotov dentro de la habitación de hotel donde vivían. Sofía Castro Riglos sobrevivió. Durante los meses previos al ataque, el agresor las había amenazado y hostigado. Les decía “tortas”, “engendros”, que las iba a matar. Las querellas buscarán que la Justicia reconozca el caso como un crimen de odio y un lesbicidio, y que esas amenazas previas sean entendidas como parte de la misma violencia que terminó incendiando la habitación.

A dos años del ataque, el caso dejó de leerse como un episodio excepcional. El aumento sostenido de agresiones y ataques contra personas LGBTINB+ en todo el país empezó a volver visible algo más amplio: cómo ciertas narrativas de odio encuentran cada vez menos sanción social y mayores niveles de tolerancia pública.

Axel soportó hostigamientos diarios en el trabajo hasta que se suicidó. Lucas recibió una golpiza en la calle mientras le gritaban “puto de mierda”. Caí fue asesinada a golpes en un sendero de Puerto Iguazú después de una vida atravesada por la exclusión y la violencia. Vica Monteros recibió más de treinta puñaladas dentro de su casa tras pactar una cita. Samuel Tobares fue asesinado por policías que antes lo habían insultado por su orientación sexual.

Escenas distintas, violencias distintas, pero atravesadas por un mismo clima donde el odio deja de aparecer como excepción y empieza a encontrar cada vez menos freno.Las narrativas de odio puestas en circulación desde lugares de poder no inventan la violencia, pero sí pueden ordenarla, habilitarla y volverla socialmente tolerable. También se montan sobre otras capas previas de violencia, marginación, precarización y desprotección que históricamente atravesaron las vidas LGBTINB+. Mientras tanto, del otro lado, persiste, obstinado y rebelde, el deseo de que la liberación sexual no tenga que pagarse con la propia vida.

La entrada Otro caso aislado de odio se publicó primero en Revista Anfibia.

 

 

El juez federal de Rosario Gastón Salmain entró en un laberinto de difícil salida. Este jueves la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura impulsó por unanimidad de sus siete miembros que dos de los hechos que se le reprochan sean analizados por el plenario de veinte miembros del órgano que evalúa jueces, lo que lo deja en la orilla de la suspensión para un juicio político. La sola suspensión podría activar la prisión preventiva de Salmain en un caso donde está procesado por pedir un soborno, que solo no se aplicó porque lo amparan sus fueros como magistrado.

Los hechos por los que Salmain está en la mira del Consejo son dos. Uno es la causa penal por haber autorizado a los tenedores de un fideicomiso Attilla a comprar diez millones de dólares mientras regía el cepo cambiario, a cambio de un pago del diez por ciento de la diferencia de cambio entre el dólar oficial y el dólar blue, lo que se considera un soborno que los fiscales del caso estimaron en 200 mil dólares. La pena en expectativa para el principal delito que le atribuyen es de prisión efectiva y va de cuatro a doce años.

El segundo hecho es el que más ruido causó desde que se escuchó el descargo del juez la semana pasada. Es porque omitió señalar en su CV al concursar que en 2002 la Corte Suprema lo echó de la Justicia Federal, donde era empleado, por ofrecer una coima a una secretaria de juzgado para direccionar un expediente. Ocho días atrás, ante una consulta del consejero y senador nacional Luis Juez, que le preguntó porqué escamoteó eso, Salmain dijo que no lo mencionó porque no se lo habían preguntado.

Salmain delató a un colega que también llegó a juez pese a haber sido sancionado 

Esa respuesta, que fue un latiguillo en redes durante días, la recogió Juez este miércoles antes de votar para impulsar el jury. No lo perdonó y habló bien en criollo. «El nunca dijo que había sido funcionario judicial y, cuando concursó, que había sido expulsado de la Justicia por un hecho gravísimo. A ver si podemos lograr que los jueces que van a venir a rendir ac{a entiendan lo que es la categoría de juez. ¿Va a ser juez federal hasta los 75 años y vas a hacer eso, hermano? Lo que tenés que hacer es decir siempre la verdad».

El argumento de Salmain es que el reglamento del concurso vigente pide reseñar los antecedentes del concursante en los últimos diez años. Y a Salmain la Corte lo echó por coimero hace veinticuatro.

Antes de la sesión de este miércoles, Salmain intentó un recurso a través de un abogado para que Juez no pudiera votar por mérito para ser recusado y que el expediente disciplinario se declarara nulo. No tuvo eco en ningún consejero.

La sesión siguió entonces adelante y el recusado tuvo su oportunidad. Suena tautológico, pero Juez despellejó al juez. «Después le exigimos al ciudadano común condiciones que no estamos dispuestos a cumplir cuando somos jueces», dijo. Siguió señalando que el sospechado hizo reproches sobre la cantidad de gente que a su criterio los fiscales que lo investigan deberían haber citado en su mismo caso y no lo hicieron. «Esta es la forma en que se defienden los delincuentes. Se defienden acusando a otros». Dijo por último que se imaginaba salir airoso si él fuera imputado en un caso e, indagado por su delito, le dijera a cualquier juez que no había hablado de eso «porque no me preguntó».

«El otro día lo teníamos acá a Salmain. No puedo creer que una persona esté más preocupada por la continuidad del salario y su cargo que defender su honor», dijo el senador cordobés. «Lo escuché con oído entrenado como abogado, hace 40 años que ejerzo la profesión, fue una defensa espantosa. Estamos hablando de un magistrado enormemente sospechado y la defensa del señor Salmain nos quería hacer creer que se confabuló toda la Justicia Federal de Rosario para ponerlo en este lugar procesal. Necesitamos jueces con honor. Y el honor no se defiende con artilugios, picardías o chicanas. Que vaya al jury para que podamos evaluar su conducta». Lo señalaba porque la defensa de Salmain intentó en reiteradas ocasiones, sin lograrlo, recusar a los jueces que actuaron en sus causas y también apartar a los fiscales.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade impulsó el dictamen que manda los antecedentes de Salmain al plenario del Consejo para decidir el jury. No estuvo de acuerdo en que se lo reproche por haber obviado que lo dejaron cesante por pedir una coima, porque efectivamente el reglamento de concurso no exige dar cuenta de antecedentes que excedan los diez años a la fecha de esa compulsa. Y sostuvo que el juez hizo una defensa técnica acorde cuando compareció, que deben analizarse en el jury. Pero alertó que Salmain tiene procesamiento confirmado por corrupción y sigue en su cargo.

«Es un juez con prisión preventiva que está tomando audiencias, es una situación inverosímil», observó Tailhade.

Procesan al juez Salmain por una coima: le prohíben salir del país y lo embargan por USD 200 mil

El consejero César Grau dijo que si estuviera vigente el reglamento de concursos que postulan ahora desde la Corte Suprema el artilugio atribuido a Salmain no habría prosperado y nunca habría llegado a juez. ¿Por qué? Porque se establece la conformación de un legajo digital único, unificado, público, transparente y permanente», afirmó Grau. «El sistema actual se basa en la buena fe, es una declaración jurada. Entonces, si miente el postulante, ¿qué pasa?» La respuesta que sugería es que un aspirante con un gravísimo antecedente irregular, como pasó con Salmain, puede llegar a juez. «La casta en algún momento tiene que perder», dijo.

Salmain está actualmente procesado por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. El plenario del Consejo sesionará sin fecha definida pero en breve para considerar si lo lleva a juicio político, lo que podría definirse con trece de los veinte votos. En caso de suspensión los jueces a cargo del caso en Rosario tendrán que decidir si tornan efectiva la prisión preventiva que le dictaron y que su inmunidad como magistrado dejó en suspenso.

 

 

 Amalia Granata bajó el perfil de confrontación permanente contra Pullaro en la Legislatura de Santa Fe pero igual se la rebusca para no quedar afuera de la conversación pública. Esta vez, por un video realizado con inteligencia artificial para promocionar Atenxia, una aplicación móvil orientada al tratamiento y reeducación de niños con dislexia y TDAH.

La legisladora difundió la firma de un proyecto con la plataforma a través de un avatar creado con IA que la muestra hablando frente a una especie de rooftop parisino. La voz artificial, en delay y los movimientos del personaje llamaron rápidamente la atención de los usuarios que señalaban la mala calidad de la confección del avatar.

Uno de los que reaccionó fue Jorge Haddad, el comediante cordobés conocido por su personaje Hermana Beba, que suele ironizar sobre influencers, celebridades y referentes políticos desde una mirada ácida y provocadora.

«¿Estás rara, Ama, estás bien? ¿Estás durmiendo bien?», comienza preguntándose Beba en un reel que se volvió viral. Luego se detiene en detalles del avatar digital. «Le veo un pelo que se mueve solo», comenta mientras observa el video de Granata.

 ¿Estás rara, Ama, estás bien? ¿Estás durmiendo bien?», comienza preguntándose Beba en un reel que se volvió viral. Luego se detiene en detalles del avatar digital. «Le veo un pelo que se mueve solo 

El comediante fue todavía más lejos al sugerir que la diputada estaba «curseada», una expresión tomada del inglés cursed que suele utilizarse en internet para describir situaciones o imágenes extrañas, inquietantes o directamente bizarras.

«Ama, te han hecho un trabajo. Esta chica está curseada», bromeó antes de recomendar, entre risas, que la llevaran a ver a un cura.

Lejos de molestarse, Granata recogió el guante y respondió con humor. De hecho, fue una de las primeras en comentar la publicación de Hermana Beba. «TE AMO», escribió la diputada junto a un emoji de corazón.