El Intendente Marcelo Orazi participó este mediodía del acto en el que el gobierno provincial hizo entrega de un vehículo y equipamiento a la Policía local. En la oportunidad estuvieron presentes la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia Betiana Minor y el Jefe de la Policía de Río Negro Osvaldo Tellería.
Concretamente se entregaron una camioneta 0 kilómetro a la Comisaría N° 35 y cuatro Bodycam para unidades especiales de la zona. “De esta manera incrementamos la presencia policial en la calle y dotamos de nueva tecnología al personal para garantizar la seguridad de los reginenses”, destacó Minor.
Las Bodycam fueron adquiridas por el gobierno de Río Negro con una inversión total de $13.229.060 para ser distribuidas en toda la provincia. Estos dispositivos tienen múltiples funcionalidades que permitirán darle legitimidad a los procedimientos tanto en la prevención como en las investigaciones que lleva adelante la policía, aportando material irrefutable para las fuerzas y la justicia penal.
La actividad de Orazi junto a Minor y Tellería continúa con una reunión con la Cooperadora Policial y una visita a las instalaciones donde funcionaba el Juzgado de Garantías, espacio al que se trasladará la Comisaría de la Familia.
El Senado de Brasil aprobó este miércoles por 48 votos a favor y 25 en contra, el Proyecto de Ley de Sentencias que reduce las penas de los condenados por los hechos del 8 de enero de 2023 y el intento de golpe de Estado juzgados por el Supremo Tribunal Federal, incluyendo al expresidente Jair Bolsonaro.
Ahora, el proyecto pasa ahora al presidente para su sanción pero hay grandes chances que la vete porque considera que Bolsonaro tiene que pagar por su condena.
LPO publicó la semana pasada que el líder brasileño dijo en na entrevista que «cuando llegue a mi despacho, tomaré la decisión. Así que, ahora, que se exprese el Legislativo. Cuando llegue al despacho del Ejecutivo, tomaré mi decisión».
Lula dejó en claro que Bolsonaro «tiene que pagar» por haber atentado contra la democracia y afirmó que si Bolsonaro hubiera tenido la misma actitud que cuando perdió las elecciones, hoy no estaría en prisión y «podría estar presentándose a las elecciones».
«Tiene que pagar por el intento de golpe de Estado, por el intento de destruir la democracia que llevó a cabo en este país. Él lo sabe. No tiene sentido quejarse ahora. Fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión porque intentó hacer algo muy serio», remarcó.
El impulsor de la iniciativa es el senador de derecha Esperidião Amin que en la Comisión de Constitución y Justicia, aceptó una enmienda del senador y ex juez Sergio Moro para restringir la reducción de penas en regímenes cerrados en relación con delitos contra el Estado Democrático de Derecho.
En la práctica, la propuesta puede beneficiar a personas más allá de quienes participaron en los sucesos del 8 de enero, incluyendo a los condenados por actos contra la democracia, como es el caso de los acusados investigados por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
La propuesta puede beneficiar a personas más allá de quienes participaron en los sucesos del 8 de enero, incluyendo a los condenados por actos contra la democracia, como es el caso de los acusados investigados por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022
A pesar de modificar el proyecto de ley, la enmienda fue clasificada como editorial, no sustancial, por el relator. Esto permite que el texto evite su retorno a la Cámara de Diputados para su análisis, con aprobación en el pleno. Sin embargo, los senadores de la comisión y del pleno discreparon sobre la clasificación de la enmienda.
En efecto, la propuesta aborda la reducción del cálculo de las penas y, para ello, el texto enumera condiciones y establece porcentajes mínimos para el cumplimiento de la pena y la progresión de régimen. También determina que la remisión de la pena puede ser compatible con el arresto domiciliario.
El proyecto de ley modifica la Ley de Ejecución Penal, estableciendo nuevas condiciones y porcentajes mínimos para la progresión de régimen. Según la norma actual, la transferencia a un régimen menos restrictivo se produce tras cumplir el 16% de la condena, siempre que el delito no se haya cometido con violencia ni amenaza grave.
En cuanto a Jair Bolsonaro, si una persona es condenada por «ejercer el mando, individual o colectivamente, de una organización criminal estructurada para la práctica de delitos atroces o equivalentes, debe cumplirse al menos el 50% de la condena
De esta forma, la iniciativa prevé la posibilidad de progresión tras cumplir una sexta parte de la condena, con porcentajes más altos para delitos atroces, feminicidios, formación de milicias y reincidencia.
En cuanto a Jair Bolsonaro, si una persona es condenada por «ejercer el mando, individual o colectivamente, de una organización criminal estructurada para la práctica de delitos atroces o equivalentes, debe cumplirse al menos el 50% de la condena». Este sería el caso de Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses de prisión y con la ley permanecería en prisión preventiva otros 2 años y 4 meses.
La base del gobierno rechazó el proyecto pero en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía), el líder del oficialismo en el Senado, Jaques Wagner, declaró que buscaba un acuerdo de procedimiento, no de fondo, con la oposición para que el texto se sometiera a votación este miércoles y no se pospusiera hasta el próximo año. Afirmó que la iniciativa era suya y no contaba con la aprobación del Palacio Presidencial.
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Vuelos privados sin declarar, valijas que pasan sin control, contratos millonarios con el Estado y nombres que se repiten en todas las causas sensibles. Una trama que cruza narcotráfico, espionaje, estafas y financiamiento político vuelve a poner en el centro de la escena al entorno de Milei.
Por Tomás Palazzo para NLI
Los aviones privados se convirtieron en el símbolo más explícito de los escándalos de corrupción que rodean al gobierno de Milei. No se trata de hechos aislados ni de simples irregularidades administrativas: detrás hay narcotráfico, lavado de dinero, campañas electorales financiadas por fuera de la ley y vínculos con los servicios de inteligencia, tanto locales como extranjeros.
Uno de los focos más sensibles está en Texas, donde el narco Fred Machado afrontó una audiencia clave ante el juez Bill Davis. En manos del magistrado hay dos celulares, una laptop y cinco pendrives secuestrados al empresario, dueño de una megaestructura de vuelos privados utilizada —según la acusación— para transportar cocaína y lavar dinero. Ese material podría ser explosivo para la política argentina.
Los 38 vuelos de Espert y los dólares que no cierran
Entre los datos que sobrevuelan la causa aparece un nombre conocido: José Luis Espert, exdiputado y primer candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires. Según consta en la investigación, realizó 38 vuelos privados nunca declarados en aviones de Machado durante su campaña electoral y recibió 200.000 dólares cuya justificación es, como mínimo, inverosímil.
Espert sostuvo que el dinero correspondía a trabajos de consultoría para una mina en Guatemala, Minas del Pueblo, una firma que, según la fiscalía, no tenía actividad real y es señalada como posible pantalla para el lavado de dinero. El fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, ya tiene el contenido del celular de Espert y espera informes internacionales que podrían terminar de derrumbar la coartada.
La hipótesis judicial es clara: resulta increíble que alguien se suba casi cuarenta veces a los aviones de un narco sin preguntar nada, reciba préstamos de vehículos blindados y comparta viajes al exterior sin conocer el origen de los fondos.
Texas, el arrepentido y lo que puede salir a la luz
La audiencia en Estados Unidos se realizó bajo un llamativo hermetismo. Para los investigadores, ese silencio indica una posibilidad concreta: Machado podría negociar con la fiscalía y convertirse en arrepentido. De hacerlo, no sólo hablaría de los vuelos y del dinero, sino también de quiénes fueron beneficiarios políticos del esquema.
La acusación en su contra es demoledora: conspiración para fabricar y distribuir cocaína, lavar dinero, cometer fraude, violar normas federales y manipular la registración de aeronaves. Si no colabora, enfrenta una condena similar a la de su socia Debbie Mercer-Edwin, sentenciada a 16 años de prisión.
El presentador: Mastropietro y el 3 por ciento para Karina
En esta trama aparece un personaje clave: Sergio Daniel Mastropietro, quien presentó a Machado con Espert. Mastropietro no es un desconocido: fue accionista de empresas de vuelos privados junto al narco, presidió Avian Líneas Aéreas —continuadora de Macair, la aerolínea de la familia Macri— y aparece en innumerables causas de corrupción.
Hoy está imputado en el expediente de Discapacidad, donde se investiga el robo sistemático de fondos públicos mediante sobreprecios y facturación falsa de vuelos privados, el famoso “3 por ciento para Karina”. En esa causa, el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello documentaron maniobras para esconder dinero antes de allanamientos, utilizando justamente empresas aéreas.
Cuando Casanello ordenó secuestrar su celular, Mastropietro protagonizó una escena digna de película: venía de Miami en vuelo privado, desvió el avión a Tucumán y, al llegar a Aeroparque, el celular ya no estaba. Dijo haberlo “perdido”.
Scatturice, valijas, espías y una cancillería paralela
Otro nombre central es el del exagente de inteligencia Leonardo Scatturice, dueño de Royal Class y operador de vuelos privados que ingresaron valijas sin control al país, con apagón de transponder incluido. Scatturice no sólo mueve aviones: también acumula contratos con la SIDE, el Ministerio de Economía, ARCA y Anses, se quedó con Flybondi y ahora con OCA, tras una refinanciación escandalosa de deudas con el Estado.
Scatturice incluso registró en la Argentina una empresa vinculada a la CPAC, la organización ultraderechista que lidera Donald Trump. Desde allí, según se investiga, habría montado algo parecido a una cancillería paralela, actuando como nexo informal entre Milei y sectores del poder estadounidense.
Los aviones de Scatturice también aparecen en la estafa de la criptomoneda Libra. En uno de ellos recorrió el país Hayden Davis, el armador del fraude que tuvo como partícipe indispensable a Milei. El fiscal Domínguez detectó además facturas de Espert a nombre de Mauricio Novelli, el operador que articuló Libra desde la Casa Rosada.
Las piezas empiezan a encajar: aviones privados, vuelos opacos, valijas sin control, narcos, espionaje y negocios con el Estado. Todo bajo un mismo patrón.
Un hilo conductor imposible de disimular
Como expuso el periodista Raúl Kollmann, nada parece casual. Los nombres se repiten, los métodos también. Aviones que despegan sin control, dinero que viaja sin declarar, empresarios que pasan de ser desconocidos a manejar sectores estratégicos y un gobierno que mira para otro lado.
Aviones, vuelos privados, el gobierno de Milei y la corrupción. A veces el hilo es visible. Otras, apenas disimulado. Pero siempre está ahí.
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