Orazi participó de la entrega de un vehículo y equipamiento a la Policía

El domingo 12 a partir de las 19 horas se llevará a cabo una nueva edición de la Feria ReEmprender en la Plaza Primeros Pobladores. Allí, artesanos y pequeños emprendedores podrán exponer sus productos y generar espacios de intercambio y promoción. Difunde esta nota

 

Juan Bautista Mahiques consiguió este jueves que la comisión de Selección del Consejo de la Magistratura aprobara el Concurso 442 para la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, donde deben cubrirse una vacante en su sala II y tres en la sala III.

Fuentes judiciales dijeron a LPO que para esos cargos el ministro de Justicia negoció con Gerónimo Ustarroz, ex representante del Poder Ejecutivo en el Consejo y hermano del senador Eduardo «Wado» De Pedro, los nombres de postulantes «atractivos para el peronismo». Pero también logró colar aspirantes funcionales a su propio armado entre el PRO, la lista Bordó y la agrupación Compromiso Judicial, dos espacios de militancia al interior de la Asociación de Magistrados.

Uno de los jueces ofendidos por los manejos para ubicar candidatos en los concursos deslizó que el propio Ustarroz habría admitido las conversaciones con Mahiques. «Estos son los que podemos meter, si les gustan, bien», habría sido la frase que usó el titular de la cartera de Justicia ante el hombre de Mercedes, distrito del que son oriundos no solamente Wado y su hermano sino también los integrantes de la familia Mahiques.

Pese a que De Pedro siempre negó el diálogo que se le atribuyó como negociador en representación de Cristina con este gobierno y también con el actual ministro y sus parientes, fuentes del kirchnerismo aseguran lo contrario. Pero, además, lo dicen con un reproche: «La amistad de Wado con los Mahiques no sirvió para evitar que le fallen en contra a Cristina».

Ultimátum de Irurzun a Mahiques para que le mande el pliego, con una medida clave en la causa de Karina en juego

Como sea, las ternas aprobadas para este concurso quedaron formadas por Ignacio Martín Rebaudi Basavilbaso, Alejandro Nóbili y Juliana Gabriela Kina; Camilo Almeida Pons, Beatriz Pfarher y Javier Pico Terrero; Silvina Bracamonte, Alejandro José Laje y Marcelo Gota; y José Luis Cassineiro, Fernando Julián Olta Santa Cruz y Sofía Saint Jean.

De esos 12 candidatos, si el plenario del Consejo los aprueba y Viola manda sus nombres a la Casa Rosada, Milei deberá elegir uno para cada vacante. El asunto es que no todos obtuvieron esos puestos en el orden de mérito por el rendimiento en sus exámenes sino que varios escalaron por las entrevistas, instancia en la que pueden pesar apreciaciones subjetivas y hasta simpatías ideológicas.

En efecto, Kina y Pfarher subieron desde los puestos 11° y 10° al 3° y 5°, respectivamente. Ambas hicieron su carrera en el Ministerio Publico Fiscal y cultivaron la línea de Alejandra Gils Garbó, un dato que las convierte en candidatas que el peronismo podría votar.

Laje, por su parte, es quien renunció al concurso 405 para la vacante de la Sala D de la Cámara Civil, con el objetivo de que pudiera simularse el ingreso a terna de Raul Agustin Rubiero, quien estaba en lista complementaria, es miembro del tribunal de apelaciones de la AFA desde 2021 y fiscal de CABA desde octubre 2025. Tal como reveló LPO, Mahiques mandó el pliego de Rubiero la semana pasada al Senado.

Santiago Viola y Alejandra Provítola.

Una magistrada al tanto de las negociaciones admitió ante LPO que «Mahiques acordó que Laje se baje del concurso 405 para que entre Rubiero y le garantizó a cambio el acceso a una terna en el 442». «La renuncia al 405 fue un favor a Mahiques y ya fue retribuido», argumentó.

Los casos más asombrosos son los de Gota y Saint Jean, que habían quedado en los puestos 18° y 20°, respectivamente, pero treparon hasta el 9° y el 12° con las entrevistas personales. Un ascenso meteórico que gatilló una impugnación que hizo peligrar la votación del concurso en sí en el Consejo, que arrancó la discusión con dos horas de demora.

Viola hizo un terremoto en el orden de mérito y el resultado es la inclusión de candidatos atractivos al peronismo, seguramente con miras a negociar los pliegos en el Senado.

La objeción fue presentada por Ximena Rocha y Julio César García Villalonga. Los dos son funcionarios de la Cámara Civil y Comercial pero Rocha figuraba en el 8° puesto antes de las entrevistas y la bajaron al 14°.

En la nota, apuntan contra la jueza Alejandra Provítola y el viceministro de Justicia, Santiago Viola, los dos representantes del Consejo a cargo de la subcomisión de Selección, porque hallaron «cambios que no encuentran un correlato razonable y fundado en función de la nómina plasmada en el orden de mérito aprobado el 28 de marzo de 2022, ni menos aún en la propuesta de mayoría aprobada por la Comisión el 8 de noviembre de 2022».

Sucede que el 442 es un concurso iniciado en 2021, que ya durmió en los cajones durante varias composiciones del Consejo. El paso del tiempo y la nueva integración del cuerpo perjudicó a Rocha y permitió que entrara en el concurso Pfarher.

Un consejero aseguró a LPO que «el que tenía a cargo la confección de las ternas es Santiago Viola con la supervisión de Mahiques». «Viola hizo un terremoto en el orden de mérito y el resultado es la inclusión de candidatos del peronismo, seguramente con miras a negociar los pliegos en el Senado», comentó.

 

 

Desde que su hijo se suicidó, Gabriela intenta ganarle a la fuerza de los algoritmos. Comparte en Facebook insistentemente cada posteo que pide justicia con el nombre de Axel. 

Axel Almeida cumplió 31 años el 9 de diciembre de 2025. Ese día no hizo fiesta, ni salida con amigos. No faltó a trabajar. En su cuenta de Instagram se lo veía alegre, seguro de sí mismo. En el encabezado de su perfil todavía puede leerse “Preguntame si te pregunté”, junto a ese emoji de carita amarilla que en lugar de boca tiene un cierre. Ese mismo día, en el puesto de vigilancia en un barrio privado de Mar del Plata en el que trabajaba desde septiembre de 2025, escribió por WhatsApp a un superior pidiendo que interviniera en una situación que no daba para más. El hostigamiento cotidiano que sufría hacía meses se había intensificado. Un compañero lo bautizó “frutillita Almeida” y se burlaba de su sexualidad. El apodo se extendió rápidamente entre vigiladores, supervisores y jefes de turno.

El mensaje al jefe no surtió efecto. Todos se reían de él. Nadie frenó. Entre los vigiladores, era como si humillar a alguien fuera apenas una forma de pasar las horas. 

Tres meses después, el 5 de marzo de 2026, Axel escribió cinco cartas. En la primera explicó por qué se quitaba la vida: “Hice eso porque ya no soportaba al personal, era hostigamiento constante, y reclamé muchas veces a los jefes y no hacían nada, era la burla del todo el personal”. En cada una de las otras cuatro nombró a una persona distinta de la empresa a la que señalaba por el acoso. Después se suicidó.

Su mamá y su hermano Kevin, de 26 años, encontraron el cuerpo. Con esas cartas como estandarte, hoy piden justicia y castigo a los compañeros responsables y a la empresa, que a pesar de ser advertida decidió no hacer nada.

“Todos ellos son responsables por instigación al suicidio”, dice Kevin. Entre la angustia y la impotencia, se detiene en dos detalles: que nadie escuchó a su hermano y que él mismo pagó su propio entierro.

Al momento de terminar con su vida, Axel recién había cobrado el salario con el que los familiares pagaron el sepelio. Más de un mes después, la empresa publicó un comunicado y tomó contacto con la madre, ofreciéndole asistencia psicológica. Hoy, mientras la familia avanza judicialmente, la empresa busca una estrategia legal para desligarse de la denuncia. 

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El trabajo de vigilador puede durar hasta doce horas seguidas, muchas veces de pie o en garitas de seguridad donde casi no circula el aire. El tiempo y el espacio compartido con compañeros generan una intimidad apretada, casi cuerpo a cuerpo. Lo que sucede ahí no se disipa fácilmente. Rebota, se acumula: 

“A la mujer, por ser mujer; al puto, por puto; a la torta, por torta. No hay respeto. Solo te tratan bien si los encargados de servicio te respetan”, dice Martha, que hace diez años presta servicio en la misma empresa que Axel.

En espacios muy masculinizados, como el de la seguridad privada pero también en otros como algunos sectores industriales o ámbitos sindicales, la homosexualidad aparece como una amenaza a cierta idea de hombre. Entonces hay algo a reducir, corregir, disciplinar a ese cuerpo para salvaguardar cierta masculinidad compartida.

En la empresa donde trabajaba Axel y aún trabaja Martha, toda queja o reclamo sobre las condiciones laborales puede ser razón para poner en riesgo el día de franco o el respeto por los turnos pautados. Cuando Axel reclamaba por el maltrato de sus compañeros, aclaraba que solo quería cumplir su horario y volver a su casa. 

Cumplir y volver.

A veces ni siquiera eso alcanza. El miedo a perder el salario convive con el miedo a no soportar otro día más de violencia. La precariedad laboral se vuelve más cruda cuando el ambiente de trabajo fuerza la discriminación, la burla y el señalamiento. Trabajar es factor de riesgo cuando ni siquiera la existencia se respeta. ¿A quién dignifica el trabajo cuando pone en riesgo tu propia vida?

Sobrevivir en el trabajo es un trabajo extra. Un estudio de Grow Género y Trabajo y Mundo Sur, publicado en 2025, muestra que las personas LGBTINB+ son quienes más reportan haber vivido situaciones de violencia laboral. Nueve de cada diez identifican experiencias de violencia psicológica: aislamientos, descalificaciones, burlas, chistes, silencios. Formas que muchas veces se naturalizan y, justamente por eso, cuesta reconocerlas como violencia.

“La homofobia tiene un costo. Cuando una empresa no absorbe ese costo, lo pagan las personas”, dice Mariano González King, Coordinador del área LGBTINB+de la ONG Grow Género y Trabajo. Y resume: “Existe una idea de sobrecompensación muy presente en las personas LGBTINB+: demostrar que la orientación sexual o la identidad de género no afecta el desempeño laboral. Como si hubiera que trabajar un poco más, cumplir un poco más, aguantar un poco más. En el caso menos extremo, el costo puede ser renunciar, perder el salario, perder condiciones de vida. Pero en situaciones extremas, como la de Axel, él terminó pagando el costo de la homofobia no abordado por la empresa con  su propia vida”.

En un contexto de precarización, dejar un trabajo muchas veces no es una opción. Sostener un ingreso implica también sostener situaciones de violencia, maltrato o discriminación. Sostener el trabajo para sostener la vida. Aunque el trabajo también empiece a destruirla.

Mariano insiste en que el aumento de los discursos violentos no exime a las instituciones de su responsabilidad: “El trabajo debería ser un espacio protegido. Los instrumentos para nombrar y prevenir la violencia siguen existiendo y las organizaciones tienen que responder frente a eso”.

La violencia hacia personas LGBTINB+, afuera y adentro del trabajo, no es nueva. Pero en la Argentina actual aparece con menos freno, más expuesta, más cruda. Durante 2025, se registró un crimen de odio contra personas LGBTINB+ cada 38 horas. El dato surge del último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, que contabilizó 227 casos en un año y marcó un crecimiento sostenido respecto de los relevamientos anteriores.

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Lucas Román trabaja de hablar, de hacer reír. Está acostumbrado a exponerse, a convertir lo personal en material público. Sin embargo, cuando intenta contar lo que pasó, duda. No encuentra del todo las palabras. Hay algo en esa violencia que no termina de traducirse, se traba en el cuerpo. A principios de marzo de 2026, mira a cámara, tiene un ojo hinchado y violeta. Dice que no es bueno hablando en serio. El día anterior, al salir de Futurock, la emisora en la que trabaja, un hombre lo golpeó mientras le gritaba “puto de mierda”.

Un día antes, Javier Milei abrió las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso en el que arrojó expresiones como: “Me encanta domarlos. Me encanta verlos llorar”. Si bien el presidente apuntó contra los “kukas” y los “zurdos”, Lucas encuentra una relación entre esas expresiones y la violencia que sufrió al día siguiente. Ya en enero de 2025, en el Foro Económico Mundial en Davos, el mandatario había dado un discurso donde asimiló homosexualidad con pedofilia, y provocó una movilización intersectorial histórica. Muchas de las expresiones de Milei son las mismas que aparecen en los comentarios que le hacen a Lucas en redes sociales. Insultos, amenazas, deseos de daño.

“Todas las personas que están a favor del presidente, que tienen una militancia bastante aguerrida, repiten constantemente lo que dice. Y si vos te pones a pensar, lo que pasa, o lo que me pasó a mí, fue exactamente lo que él disfruta —dice Lucas Román—. Disfruta ver sufrir a los zurdos, disfruta ver sufrir a los kukas, le gusta domar a las personas. Yo estaba en una esquina, vino una persona, me quiso domar y me vio sufrir. Efectivamente hizo lo que dice el presidente: ¿me gusta verlo sufrir? Bueno, voy y lo cago a piñas”.

Más de 80 mil usuarios de Instagram compartieron el reel donde Lucas cuenta lo que le pasó. Se comentó en programas, se escribieron algunas notas, fue tema de agenda durante algunos días. Hubo indignación, mensajes de apoyo, repudios. Reconoce la reacción social como una ventaja sobre otras personas que atravesaron violencias similares. La misma visibilidad que lo pone como blanco de esos ataques empuja la relevancia pública. A diferencia de cualquier caso, la fiscalía tardó nada más que una semana en convocar a declarar.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia completa del ataque. Agustina Lloret, coordinadora del área de litigio del CELS y abogada de Lucas, explicó que, aunque hasta ahora no lograron identificar al agresor por la baja calidad de las imágenes, tanto la querella como la propia Fiscalía coinciden en que no se trató de un hecho azaroso. “Lo estaba esperando en la esquina para pegarle específicamente a Lucas”, sostiene. Según reconstruyeron, a partir de los videos, el hombre se movió para interceptarlo apenas salió de la radio.

Para la querella, establecer la identidad del agresor también podría ayudar a reconstruir el posible móvil discriminatorio del ataque. La investigación sigue abierta y todavía se analizan imágenes y publicaciones en redes sociales vinculadas al caso.

Los discursos de odio no funcionan simplemente como insultos o agresiones aisladas. Operan sobre colectivos históricamente vulnerados y buscan legitimar, promover o habilitar formas de discriminación y violencia. En las redes sociales, además, circulan con una velocidad y una capacidad de repetición inéditas.

“Uno de los efectos de los discursos de odio, cuando se generalizan, es el corrimiento de los límites de lo decible”, explica Micaela Cuesta, investigadora y directora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA). “Se empieza a naturalizar cierta violencia sobre los derechos. No es que se afloje la censura: lo que se erosionan son los consentimientos alrededor de esos derechos”.

Lo que cambia no es solamente la existencia de la violencia, sino las condiciones sociales alrededor de ella: qué empieza a tolerarse, qué deja de generar sanción y qué agresiones encuentran cada vez menos rechazo público.

“No es que antes no pasara —dice Gabriela Mitidieri, investigadora del CELS e integrante del equipo de Movilización y Democracia—. Lo que vemos ahora es otra cosa”. El Registro de Ataques de las Derechas Argentinas Radicalizadas cuenta con un relevamiento que sigue agresiones con contenido misógino y LGBT-odiante. No es un mapa completo. Se arma con denuncias, con casos que aparecen en medios, con registros de usuarios de redes sociales.

“En la previa al triunfo de Milei hubo un aumento de denuncias —explica Mitidieri—. Después bajaron un poco, pero lo que cambió fue la intensidad. Si antes veíamos amenazas o pintadas a locales LGBTINB+, ahora aparecen más ataques físicos”.

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Una niña trans de 11 años, tras la muerte de su madre,  cruza sola caminando los dos kilómetros y medio del puente San Roque González de Santa Cruz, que une Encarnación, en Paraguay, con Posadas, Misiones. Dos décadas después, a Claudia Gabriela Gómez todos la conocen como “Caí”.  

El último 2 de abril la encontraron inconsciente en un sendero de Puerto Iguazú, donde vivía desde 2022. Tenía lesiones graves y murió días después en el hospital. La autopsia determinó que la mataron de un golpe en la cabeza con un elemento contundente. A partir de esos resultados, la Justicia recaratuló la causa como homicidio agravado por odio a la identidad de género y ordenó allanamientos que derivaron en la detención de tres jóvenes.

“Acá se perdió una persona como parte de un mismo odio social. A pesar de su situación de consumo problemático, era sumamente dulce y alegre, tenía muchas ganas de vivir. Su velorio se llenó de gente que no paraba de hablar de lo buena y cariñosa que era”, dice Nazarena Fleitas, Coordinadora de la asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina en Misiones.

Sus compañeras travestis y trans, que hicieron mucho para intentar modificar su realidad de extrema vulnerabilidad, hoy piden justicia y convocan a diferentes iniciativas en redes sociales, donde el odio también se manifiesta. “Cuando pedimos justicia, nos responden ‘uno menos’, ‘un degenerado menos’”, dice Fleitas. “No son perfiles falsos. Son personas reales, con nombre y apellido. El odio da miedo porque ya no tiene vergüenza de decir lo que escriben”. 

La vida de Caí fue un recorrido marcado por la intemperie: una identidad que se afirmó en un entorno que muchas veces la empujó a desaparecer. Como tantas travestis y trans que migran, su historia quedó atravesada por las dificultades para acceder a derechos básicos. En ese contexto, el consumo no aparece como excepción sino como parte de una trama más amplia de desprotección.

Quizás por eso su historia también obliga a discutir algo más incómodo: cuánto de esa violencia empieza mucho antes del golpe que finalmente mata. La muerte de Caí es investigada por el Juzgado de Instrucción Nro. 3. como un travesticidio. Término que ganó reconocimiento judicial en Argentina a partir del fallo por el asesinato de la activista travesti Diana Sacayán, en 2018. Una figura que no busca explicar solamente cómo murió Caí, sino también el acumulado de violencias, expulsiones y desprotecciones que atravesaron su vida.

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En un scroll rápido por las fotos del perfil de Fuma Espuma los chicos juegan al fútbol, comparten lo que parece ser la previa o post partido, dentro y fuera de la cancha. Hay algunas celebraciones de cumpleaños, convocatorias a la marcha de orgullo, flyers por ley nacional de cupo laboral e inclusión laboral trans. Bien abajo, por el año 2016, en los orígenes de la cuenta, aparece una publicación donde ocho personas miran de frente a la cámara, abrazados como jugadores de fútbol, en lo que parece el interior de una casa, llena de cuadritos colgados en el fondo. En esa escena más íntima, Vica sonríe.

Vica Monteros nació en Tucumán y en Córdoba armó algo propio. Estudió arquitectura, era activista, fundó el primer equipo de fútbol gay de la ciudad: un espacio donde el deporte dejaba de ser territorio hostil y podía ser un espacio amoroso de encuentro entre pares.

El domingo 12 de abril de 2026, sus vecinos del barrio Alberdi vieron que salía humo de su casa y llamaron a la policía. Cuando entraron, encontraron el cuerpo de Vica sin vida. Tenía más de treinta puñaladas. El fuego, creen los investigadores, fue un intento por borrar lo que había pasado antes. Esa noche había pactado una cita. 

Dos días después detuvieron a un sospechoso. Inicialmente la causa fue investigada como homicidio agravado por alevosía y ensañamiento. Pero a fines de abril el fiscal Guillermo González incorporó el agravante por odio a la orientación sexual, después de analizar publicaciones discriminatorias que el acusado habría realizado en redes sociales antes del crimen. Para la Justicia, al menos de manera preliminar, ya no se trata solamente de un asesinato: también empieza a investigarse como un crimen de odio.

Las aplicaciones de citas, los encuentros pautados por redes sociales y la exposición permanente aparecen cada vez más seguido en las reconstrucciones de estos ataques. Lugares donde muchas personas LGBTINB+ buscan vínculos, deseo o comunidad también empiezan a volverse espacios de vulnerabilidad.

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En noviembre de 2025, el periodista Dante Leguizamón reconstruyó en Revista Anfibia el crimen de Samuel Tobares, también en Córdoba. Ahí no había que buscar responsables: fueron los propios policías. Lo golpearon, lo tiraron al suelo y lo aplastaron hasta matarlo. Antes, le gritaron “puto de mierda”. El fiscal Ricardo Mazzuchi, a cargo de la causa, los imputó del delito de homicidio preterintencional. La familia reclama que se cambie la carátula como homicidio calificado y que se investigue como un crimen de odio.

El 18 de mayo comenzará el juicio oral por el triple lesbicidio de Barracas. Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante murieron en mayo de 2024, después de que un vecino arrojara una bomba molotov dentro de la habitación de hotel donde vivían. Sofía Castro Riglos sobrevivió. Durante los meses previos al ataque, el agresor las había amenazado y hostigado. Les decía “tortas”, “engendros”, que las iba a matar. Las querellas buscarán que la Justicia reconozca el caso como un crimen de odio y un lesbicidio, y que esas amenazas previas sean entendidas como parte de la misma violencia que terminó incendiando la habitación.

A dos años del ataque, el caso dejó de leerse como un episodio excepcional. El aumento sostenido de agresiones y ataques contra personas LGBTINB+ en todo el país empezó a volver visible algo más amplio: cómo ciertas narrativas de odio encuentran cada vez menos sanción social y mayores niveles de tolerancia pública.

Axel soportó hostigamientos diarios en el trabajo hasta que se suicidó. Lucas recibió una golpiza en la calle mientras le gritaban “puto de mierda”. Caí fue asesinada a golpes en un sendero de Puerto Iguazú después de una vida atravesada por la exclusión y la violencia. Vica Monteros recibió más de treinta puñaladas dentro de su casa tras pactar una cita. Samuel Tobares fue asesinado por policías que antes lo habían insultado por su orientación sexual.

Escenas distintas, violencias distintas, pero atravesadas por un mismo clima donde el odio deja de aparecer como excepción y empieza a encontrar cada vez menos freno.Las narrativas de odio puestas en circulación desde lugares de poder no inventan la violencia, pero sí pueden ordenarla, habilitarla y volverla socialmente tolerable. También se montan sobre otras capas previas de violencia, marginación, precarización y desprotección que históricamente atravesaron las vidas LGBTINB+. Mientras tanto, del otro lado, persiste, obstinado y rebelde, el deseo de que la liberación sexual no tenga que pagarse con la propia vida.

La entrada Otro caso aislado de odio se publicó primero en Revista Anfibia.

 

 

El interventor de Andis, Alejandro Vilches, envió este domingo al juzgado de Ariel Lijo un informe que confirma la trama de sobreprecios que había detectado el fiscal Franco Picardi, en su investigación sobre el caso de las coimas que estalló con la divulgación de los audios de Diego Spagnuolo.

Vilches responde al ministro de Salud, Mario Lugones, quien a su vez es padre de uno de los socios de Santiago Caputo, el asesor sin cargo de Javier Milei. Fuentes libertarias creen que la presentación es parte de una escalada de la interna entre Caputo y Karina Milei.

En el documento, Vilches denuncia que «se han detectado desvíos críticos y sobreprecios en las facturas presentadas por Ortopedia Bernat SRL, Farma Salud SRL, Artrobone Ortopedia SA, Cirugia Y Ortopedia Imnova SA, BYMAX MEDICAL y Expo Trauma». «Se ha identificado un universo de 505 expedientes que comprometen un presupuesto total de $18.368.585.604,78», dice y agrega que «del monto total mencionado, una cifra cercana a los $4.770 millones se encuentra aún en estado «Pendiente» de liquidación».

Según el autor del informe, al menos esa cuota «otorga a la administración la oportunidad de ejercer un control de legalidad preventivo, ya que el análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público».

Lijo le hace un guiño a Karina y le pide a Gendarmería que perite los audios de Spagnuolo

La trama descubierta por Vilches se produce justo en el momento de mayor tensión entre la Casa Rosada con el sector del Poder Judicial que se expresa en la Corte Suprema a través de Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz y con Lijo en los tribunales de Retiro. «Hay pólvora en todos lados», resumió una fuente del gobierno a LPO.

En efecto, la pelea en curso deriva de la decisión de Karina de barrer a Sebastián Amerio del Ministerio de Justicia cuando designó a Juan Bautista Mahiques como reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Como reveló LPO en exclusiva, Milei habría llegado a cursarle un mensaje de WhatsApp a Lorenzetti en el que decía que el Ministerio de Justicia sería para el intendente Guillermo Montenegro pero su hermana terminó optando por Mahiques, en un acuerdo con Daniel «Tano» Angelici.

Por aquellos días, el joven Caputo llegó a advertirle al Presidente que «Mahiques es su propio jefe», dolido por el desplazamiento de su segundo, Amerio. El ex procurador porteño, hijo del camarista de la Casación Carlos «Coco» Mahiques, llegaba a la cartera de Justicia con el mandato de aplacar las causas judiciales que preocupaban a Karina y la AFA al mismo tiempo.

Sin embargo, su efectividad habría sido puesta en duda desde Balcarce 50 para desactivar las causas que afectan a Karina y Manuel Adorni, tal como informó LPO. La presentación del informe de Vilches se inscribe en esa saga.

El documento de Vilches es una prueba contundente en la investigación de las coimas, que había caído bajo un manto de sospechas de congelamiento a raíz del pedido de Lijo a la Gendarmería para peritar los audios de Spagnuolo

Entre los casos de mayor gravedad, el interventor de la Andis menciona el «Caso Reinoso, Alexis Lautaro (Factura 38425)». «Se facturó un importe de $12.150.000,00, lo que representa un sobreprecio del 4.239% respecto al valor de referencia obtenido para un equipo de prestaciones idénticas».

También detectó legajos con desvíos superiores al 800% en los casos de Perea de Fusco (908%), Suárez (897%), Martínez Figueroa (872%) y Serrano Dalina (853% y 801%).

Además, encontró que «existe una relación directa y estrecha basada en lazos familiares, directivos compartidos y una misma sede social». Uno de los casos más resonantes es el de Grupo Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova SA: «Vínculo Familiar y Societario: Martin Gonzalo Armella es el Presidente de Cirugía y Ortopedia Imnova SA y, a su vez, es Director Suplente (y Socio/Representante Legal) de Artrobone Ortopedia SA. Evangelina Ileana Garcia es la Presidenta de Artrobone Ortopedia SA y, según el acta de constitución de Imnova SA, es la madre de Martín Gonzalo Armella, estableciendo un claro vínculo familiar directo entre los principales directivos de ambas empresas», precisó.

El documento de Vilches es una prueba contundente en la investigación de las coimas, que había caído bajo un manto de sospechas de congelamiento a raíz del pedido de Lijo a la Gendarmería, donde tiene ascendencia Patricia Bullrich, para peritar los audios de Spagnuolo. «Es una vergüenza», había dicho una fuente al tanto de los movimientos del expediente la noche en que el juez libró el oficio.

Incluso, circularon versiones sobre un encuentro secreto entre el magistrado y Karina en la previa de aquella jugada. Ahora, el fiscal Picardi y el juez Lijo contarían con elementos probatorios que ratificarían el último dictamen elevado para las indagatorias del mes pasado, que llegaron hasta la citación del propio Spagnuolo.

 

El Intendente Marcelo Orazi junto al Ministro de Gobierno y Comunidad Rodrigo Buteler recorrieron el predio de la cancha donde se disputan los partidos pertenecientes a la Liga Municipal de Veteranos. En la oportunidad, el Ministro ratificó el acompañamiento del gobierno provincial para ejecutar la obra de luminarias que permitirá destinar más horas para los…