El Intendente Marcelo Orazi fue el encargado de brindar las palabras de bienvenida en la apertura del 4º Foro Patagónico y 2º Latinomericano de Energías Sustentables que se desarrolla bajo la modalidad virtual y que tiene a Villa Regina como sede.
En la oportunidad Orazi destacó que “es un gran honor como Intendente ser el anfitrión de este evento que una vez más cuenta con prestigiosos investigadores del país y de países vecinos y también de Europa”.
“Desde hace tiempo, los gobiernos, tanto nacional, como provincial y municipal, venimos prestando mucha atención al ambiente que nos rodea. La gestión municipal que encabezo, a través del trabajo de Hugo Curzel en la Dirección de Ambiente, viene realizando un trabajo a conciencia y de concientización en muchos aspectos, pero quiero destacar tres: uso racional del agua, gestión de residuos sólidos y forestación”, enfatizó.
Agregó: “Estos tres aspectos son fundamentales para atenuar los efectos del cambio climático y debe ser llevado a las escuelas. Porque así lograremos que nuestros nietos tengan un planeta que sea mejor que el actual para que nuestra casa común tenga temperatura agradable, equidad, inclusión y agua potable en cantidad y calidad”.
De la apertura también participaron a Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro Dina Migani, la Secretaria de Energía de la provincia Andrea Confini, la vicerrectora de la Universidad Nacional del Comahue Adriana Caballero, de parte del Comité Organizador, también Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad Hugo Curzel, además de otros referentes provinciales, de Neuquén y de Nación.
En estos momentos se desarrollan las disertaciones que abordan temas como temáticas Estrategias de alimentación saludable, Fortalecimiento de la extensión universitaria, Electro movilidad y movilidad sustentable, Energía solar, Eficiencia energética y el debate para finalizar la primera jornada.
Mañana en tanto, las exposiciones abordarán temas como Aplicación de energías renovables, Economía circular y residuos sólidos urbanos, Generación distribuida, y luego vendrá el cierre y las conclusiones finales.
Recordemos que esta actividad es organizada por la Universidad Nacional del Comahue, grupo EDESA de la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la UNCo, Universidad Nacional del Sur, Universidad Tecnológica Nacional La Plata y la Municipalidad de Villa Regina.
El gobierno mandó este viernes al Congreso el proyecto de Inocencia Fiscal II, cuya presentación fue delegada por Luis Caputo en tres tributaristas en el Ministerio de Economía, pero la oposición ya advierte sobre su inconstitucionalidad.
El peronista Guillermo Michel señaló que el texto fue redactado por el estudio Lisicki Litvin y advirtió que «César Litvin es un asesor impositivo, que trabaja mucho para Patricia Bullrich». «Incluso hay una foto de Caputo con varios tributaristas, ni siquiera lo armó el Estado porque como la mayoría de las leyes que presenta este gobierno, no las hacen los funcionarios públicos sino los estudios de abogados», sostuvo.
Según el entrerriano, los libertarios «buscan copiar el viejo tapón fiscal» de Domingo Cavallo. «Consiste en que el contribuyente presente la última declaración jurada y que para atrás no se pueda ir», indicó, y concluyó que «así como está el borrador, claramente es inconstitucional porque, con un blanqueo, eximís de responsabilidad penal y tributaria para atrás».
En declaraciones al streaming Gelatina, el legislador conjeturó que «no van con un blanqueo general de nuevo porque le GAFI le pondría reparos». «Es inconstitucional porque las facultades del Estado, la de controlar, fiscalizar y recaudar, no las podés delegar. No podés decir ‘no voy a hacer esa facultad'», argumentó.
De todas maneras, aventuró que se trata nada más que de «un anuncio periodístico». «El blanqueo anterior fue exitoso, 24 mil millones de dólares, pero este último lo están modificando porque no está dando resultados», aseguró.
También el socialista Esteban Paulón se pronunció contra la intención del gobierno de habilitar el acogimiento de funcionarios y familiares al esquema de este proyecto. «El Gobierno confirmó que funcionarios, políticos y sus familiares también podrán adherir al régimen de «inocencia fiscal. Más impunidad. Menos transparencia», posteó en X.
%uD83D%uDEA8 El Gobierno confirmó que funcionarios, políticos y sus familiares también podrán adherir al régimen de «inocencia fiscal».Más impunidad. Menos transparencia.Insistimos con el proyecto que presenté hace unas semanas para excluir a quienes ejercen cargos públicos. La ley no… pic.twitter.com/mwYcGs5feb
Paulón había presentado a principios de mes un proyecto para excluir a quienes ejercen cargos públicos. «La ley no puede ser un salvavidas para los poderosos», dijo.
Agustín Rossi también se manifestó contra la iniciativa, al tildar el proyecto como «vergonzoso». «No solo premian a los grandes evasores, ahora también habilitan un régimen para quienes ejercen la función pública», se quejó.
Compartimos el documento del Consejo Local de las Mujeres Villa Regina redactado para el paro internacional feminista #8M. Como Consejo Local de las Mujeres ¡¡¡queremos celebrar que hemos recuperado las calles!!!! Tras dos años muy difíciles de pandemia hemos sido muchas haciendo paro en nuestros trabajos, en nuestras casas y de las maneras que podemos…
La distribuidora Edersa anunció un corte de energía para mañana martes 26 en Villa Regina que, afectará, entre otras, la calle donde se encuentra el edificio central de la Municipalidad de Villa Regina (Avenida Rivadavia 220). Por esta razón la atención al público relacionada con el cobro de tasas y trámites que impliquen la utilización…
La Municipalidad de Villa Regina invita a participar de la capacitación sobre ‘Buenas prácticas de manipulación de alimentos y protocolos de COVID-19 para deliverys’ organizada por la Universidad Nacional de Río Negro. La misma está destinada a personas que desarrollan la actividad en el Alto Valle y Valle Medio de la provincia. Contará de cuatro…
Después de 30 años terminó la concesión privada de las represas hidroeléctricas de Tucumán. Milei abrió una transición y crecen las incógnitas sobre su futuro.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Treinta años después de haber sido entregadas en concesión durante la ola privatizadora del menemismo, las represas hidroeléctricas de Tucumán llegaron al final del contrato que las mantenía bajo administración privada. La decisión del Gobierno de Javier Milei de establecer un período de transición, en lugar de renovar automáticamente la concesión o anunciar una nueva licitación, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino de un conjunto de activos estratégicos para la generación eléctrica y para el manejo del recurso hídrico de la provincia.
El final de una concesión nacida al calor del modelo privatizador de los años 90
La resolución de la Secretaría de Energía que puso en marcha la transición de las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo marca un nuevo capítulo en la larga historia de las privatizaciones argentinas, un proceso que comenzó a principios de la década del noventa y que transformó profundamente la relación entre el Estado y los servicios considerados estratégicos.
Durante el gobierno de Carlos Menem, y luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado en 1989, la Argentina ingresó en una etapa de transferencia al sector privado de empresas y activos que durante décadas habían sido administrados por organismos estatales. Bajo la promesa de mejorar la eficiencia, atraer inversiones y reducir la participación estatal en la economía, el Gobierno nacional avanzó sobre sectores como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios públicos.
En ese contexto, la generación hidroeléctrica también fue alcanzada por el proceso privatizador. Muchas de las obras construidas durante décadas con financiamiento público fueron entregadas bajo esquemas de concesión a empresas privadas, que pasaron a administrar la explotación comercial de centrales que seguían teniendo una importancia estratégica para el sistema energético nacional.
Así nació Hidroeléctrica Tucumán S.A., la empresa que recibió la concesión de los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres instalaciones fundamentales para la provincia. El contrato firmado en 1996 estableció un plazo de explotación privada de 30 años, período que comenzó formalmente el 30 de julio de ese año y llegó a su vencimiento en julio de 2026.
La fecha de finalización no fue una sorpresa ni una decisión política tomada de manera repentina: estaba contemplada desde el inicio del contrato. Sin embargo, su llegada obliga ahora al Estado a definir qué hacer con un patrimonio energético que vuelve a quedar bajo su órbita después de tres décadas.
Qué decidió el Gobierno de Milei y por qué no implica una estatización
La Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, no dispuso una estatización de las represas ni anunció la creación de una nueva empresa pública para administrarlas. Lo que hizo fue activar el mecanismo previsto en el contrato de concesión para garantizar la continuidad operativa durante una etapa intermedia, evitando que el vencimiento del vínculo privado genere un vacío de gestión sobre instalaciones que requieren supervisión permanente.
El Gobierno estableció un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026, durante el cual Hidroeléctrica Tucumán S.A. continuará operando las centrales bajo un régimen especial, mientras la autoridad energética nacional supervisará el funcionamiento de los complejos.
Para esa tarea fue designada la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor estatal, con la responsabilidad de controlar la operación, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y garantizar que las condiciones de seguridad de las represas permanezcan intactas. Además, se invitó a la Provincia de Tucumán a participar mediante la designación de un representante.
La medida responde a una cuestión central: una central hidroeléctrica no puede simplemente cambiar de manos de un día para otro. Se trata de infraestructura compleja, vinculada no sólo a la generación de electricidad sino también al manejo del agua, la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo y la planificación energética de largo plazo.
Por eso, aunque la concesión terminó formalmente, la operación continúa bajo un esquema transitorio mientras el Gobierno define el próximo paso.
Los bienes vuelven al Estado después de 30 años
Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el vencimiento de la concesión implica el retorno al Estado de los bienes afectados al servicio, tal como estaba establecido en el contrato original firmado durante la década del noventa.
No se trata de una expropiación ni de una compra. La lógica contractual establecía que, al finalizar el período de explotación privada, las instalaciones, equipamientos y activos vinculados al funcionamiento de las centrales debían quedar nuevamente bajo control estatal.
Ese punto resulta significativo porque muestra una diferencia entre el discurso político que acompañó las privatizaciones de los años 90 y la realidad jurídica de muchos de esos contratos: las concesiones privadas no implicaban una transferencia definitiva de la propiedad de los recursos estratégicos, sino un derecho temporal de explotación.
Ahora, tres décadas después, el Estado vuelve a estar frente a la responsabilidad de decidir cómo administrar esos activos.
La paradoja de un Gobierno que busca privatizar frente al vencimiento de una privatización
El caso tucumano presenta además una particular contradicción política para la administración de Javier Milei.
Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó una agenda basada en la reducción del Estado, la apertura económica y la privatización de empresas públicas consideradas ineficientes. Sin embargo, en este caso específico, una concesión privada heredada de la década menemista llegó a su fin y obligó al Estado a asumir nuevamente un rol de supervisión directa.
La administración nacional tenía distintas alternativas frente al vencimiento: extender la concesión, avanzar rápidamente hacia una nueva licitación o establecer un esquema transitorio. Finalmente optó por esta última opción, dejando abierta la definición sobre el futuro de las centrales.
La resolución no determina si habrá una nueva privatización, si se buscará un esquema mixto con participación estatal y privada o si el Estado mantendrá algún tipo de control directo sobre las represas. Esa indefinición será uno de los puntos centrales del debate energético en los próximos meses.
Un recurso estratégico que vuelve al centro de la discusión
Más allá de la discusión contractual, las represas tucumanas representan un activo estratégico que excede la generación eléctrica. Los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo cumplen funciones vinculadas al almacenamiento y regulación del agua, al desarrollo productivo regional y a la infraestructura energética de la provincia.
Por eso, la discusión sobre su futuro no es solamente empresarial: implica definir qué papel tendrá el Estado en la administración de recursos considerados esenciales y cuál será la relación entre la inversión privada y la planificación pública en áreas sensibles.
La resolución publicada por el Gobierno marca el cierre formal de una etapa iniciada durante el menemismo, cuando una parte importante del patrimonio energético argentino pasó a manos privadas mediante contratos de concesión de largo plazo. Ahora comienza una nueva fase, todavía abierta, en la que deberá definirse si el final de aquella privatización será simplemente el comienzo de otra concesión o si representará un cambio más profundo en la forma de administrar la energía hidroeléctrica tucumana.
Este miércoles 06 de abril 9:30 hs se brindará un taller integral que aborda diversas temáticas relacionadas con la soberanía alimentaria en el Galpón de las Artes El taller de soberanía alimentaria es una actividad abierta y gratuita y se llevará adelante mañana miércoles a partir de las 9:30hs en el Galpón de las Artes…
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