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Orazi participa de la Asamblea Nacional de Intendentes frente al Cambio Climático

El Intendente Marcelo Orazi participa en Bariloche de la ‘III Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático’, el Primer Congreso presencial desde el inicio de la pandemia.

El acto de apertura estuvo presidido por la Gobernadora Arabela Carreras, junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Juan Cabandie y el intendente local Gustavo Gennuso.

El encuentro, que cuenta con la participación de más de 70 intendentes de todo el país, será de doble jornada y tendrá como objetivo trabajar en la planificación de acciones conjuntas e intercambiar experiencias positivas sobre el tema.

En su disertación, Orazi explicó ante sus pares de otros puntos de Argentina que “Villa Regina se encuentra en el Alto Valle de la provincia de Río Negro, es una de las mayores productoras de manzanas y peras de la provincia y del país, pero donde también se viene diversificando la economía y la producción”.

“No es una producción fácil, se lucha contra las inclemencias del tiempo en forma permanente, como la piedra y la helada”, comentó el Intendente y dio precisiones sobre las prácticas que se venían llevando adelante para proteger a los frutos de estos fenómenos.

Por otro lado, señaló que “estamos trabajando en pos de una producción orgánica, que deje de lado el uso de productos contraproducentes para la salud y para el ambiente. Desde comienzos de mi gestión en el 2019 y gracias a la tarea del Director de Ambiente Hugo Curzel, quien me acompaña, venimos trabajando fuertemente en políticas ambientales. De hecho, fuimos el único municipio de Río Negro en recibir un millonario equipamiento para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y aprovecho para agradecer al Ministro de Ambiente de Nación por esta decisión, y a la Secretaría de Ambiente de Provincia por el acompañamiento en la gestión”.

Finalmente manifestó el compromiso del municipio en continuar trabajando en este sentido, haciendo hincapié en “la educación ambiental para la concientización y adopción de conductas en pos del cuidado de nuestra casa”.

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    El Presidente retiró entonces al Estado de la causa que debía investigar el destino de los fondos otorgados por el organismo multilateral de crédito, para favorecer tanto a su ministro de Economía como a su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, que también formó parte del gobierno de Cambiemos.

    El decreto de Milei es el 87/26 y establece en su artículo 2° que se instruye a la Procuración «a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019». Esa investigación se caratuló «Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y otros» y fue la querella criminal que anunció el expresidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo de 2021.

    Capuchetti consideró en su fallo que «las conductas observadas en el manejo de los fondos por parte de las autoridades argentinas no pueden ser calificadas como constitutivas del delito de malversación de caudales públicos, debido a la ausencia de una norma jurídica, reglamento u orden de autoridad competente que impusiera al gobierno cuestionado un destino obligatorio y preciso respecto de los recursos otorgados». Por eso, dispuso el archivo de la causa.

    La jueza Capuchetti.

    Sin embargo, el fiscal Franco Picardi objetó la medida al señalar que la magistrada realizó «una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas». «Todo ello, para arribar a un temperamento conclusivo de la investigación», aseveró.

    Según Picardi, «la resolución recurrida posee una valoración fragmentaria y aislada del material probatorio, al analizar de manera individual y solapada las distintas acciones que, en verdad, se concatenan entre sí para materializar la toma del empréstito con el FMI y la administración de esas divisas, sin efectuar una apreciación conjunta, integral y contextual de todos los elementos reunidos en la causa».

    La magistrada realizó una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas.

    La investigación tenía como objeto esclarecer si había efectivamente un «esquema defraudatorio» montado entre por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional y el Banco Central de la Nación Argentina (BCRA), en connivencia con agentes del sector privado. Picardi recuerda que se contrajo deuda por U$s 57100 millones «vulnerando la Constitución Nacional y las leyes nacionales y normas que regulan el funcionamiento de la administración pública nacional y la toma de crédito público; y, esgrimiendo argumentos falsos y engañosos en torno a los objetivos y los usos que se les darían a las divisas solicitadas».

    Además, postula que se destinaron «de manera ruinosa las sumas obtenidas a cuestas del endeudamiento estatal, al financiamiento y profundización del proceso de fuga de capitales, en beneficio de grupos privados concentrados y en perjuicio del erario público». «Ello incluye la posible obtención, en ese marco, de beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o la provisión de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales», completa.

    Noticia en desarrollo.

     

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