El Intendente Marcelo Orazi participa en Bariloche de la ‘III Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático’, el Primer Congreso presencial desde el inicio de la pandemia.
El acto de apertura estuvo presidido por la Gobernadora Arabela Carreras, junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Juan Cabandie y el intendente local Gustavo Gennuso.
El encuentro, que cuenta con la participación de más de 70 intendentes de todo el país, será de doble jornada y tendrá como objetivo trabajar en la planificación de acciones conjuntas e intercambiar experiencias positivas sobre el tema.
En su disertación, Orazi explicó ante sus pares de otros puntos de Argentina que “Villa Regina se encuentra en el Alto Valle de la provincia de Río Negro, es una de las mayores productoras de manzanas y peras de la provincia y del país, pero donde también se viene diversificando la economía y la producción”.
“No es una producción fácil, se lucha contra las inclemencias del tiempo en forma permanente, como la piedra y la helada”, comentó el Intendente y dio precisiones sobre las prácticas que se venían llevando adelante para proteger a los frutos de estos fenómenos.
Por otro lado, señaló que “estamos trabajando en pos de una producción orgánica, que deje de lado el uso de productos contraproducentes para la salud y para el ambiente. Desde comienzos de mi gestión en el 2019 y gracias a la tarea del Director de Ambiente Hugo Curzel, quien me acompaña, venimos trabajando fuertemente en políticas ambientales. De hecho, fuimos el único municipio de Río Negro en recibir un millonario equipamiento para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y aprovecho para agradecer al Ministro de Ambiente de Nación por esta decisión, y a la Secretaría de Ambiente de Provincia por el acompañamiento en la gestión”.
Finalmente manifestó el compromiso del municipio en continuar trabajando en este sentido, haciendo hincapié en “la educación ambiental para la concientización y adopción de conductas en pos del cuidado de nuestra casa”.
El discurso oficial intenta presentar a Fernando Cerimedo como una figura definitivamente alejada de Milei desde el final de la campaña electoral de 2023. Sin embargo, los registros oficiales de acceso a la Casa Rosada reconstruidos a partir de la información de la Secretaría General de la Presidencia muestran una secuencia muy diferente: el consultor ingresó al menos 13 veces a Balcarce 50 entre el 11 de diciembre de 2023 y el 5 de junio de 2024, cuando Milei ya llevaba casi seis meses como Presidente. No se trata, por lo tanto, de una presencia vinculada exclusivamente con la campaña, sino de una serie de visitas distribuidas durante el primer semestre de la gestión libertaria y autorizadas por funcionarios de distintos sectores del Gobierno.
El dato adquiere una dimensión política particular en el contexto de la detención de Cerimedo en Bolivia, donde permanece acusado por su presunta participación en el ataque contra su expareja Nadia Beller, y de las denuncias que volvieron a poner bajo la lupa su recorrido como operador político y digital de la nueva derecha latinoamericana. La discusión ya no pasa solamente por determinar qué relación tuvo con Milei durante la campaña de 2023, algo que el propio Cerimedo exhibía públicamente, sino por establecer hasta cuándo mantuvo canales de acceso al poder una vez que La Libertad Avanza llegó a la Casa Rosada. Y en ese punto, los registros oficiales aportan una cronología difícil de compatibilizar con la idea de una ruptura inmediata.
Trece ingresos, seis meses de Gobierno y varios nombres del poder libertario
La secuencia comienza el 11 de diciembre de 2023, apenas ocho días después de la asunción de Milei. Ese primer ingreso fue autorizado por Lisandro Catalán, entonces secretario del Interior, y tuvo como destino el Ministerio del Interior. El 15 de enero de 2024 Cerimedo volvió a entrar, nuevamente autorizado por Catalán, y el 30 de enero repitió la visita. El 20 de febrero se produjo un cuarto ingreso, otra vez con autorización de Catalán y hacia la misma área. La reiteración es relevante porque muestra que no se trató de una visita protocolar aislada inmediatamente posterior al cambio de gobierno, sino de un vínculo de acceso que continuó durante los primeros meses de la nueva administración.
Marzo fue el mes de mayor actividad. El 7 de marzo, Cerimedo ingresó autorizado por Eduardo “Lule” Menem hacia la Subsecretaría de Asuntos Políticos; el 18 de marzo volvió a ingresar, nuevamente con autorización vinculada al entorno de Menem, esta vez hacia la Subsecretaría de Gestión Institucional. Al día siguiente, el 19 de marzo, fue habilitado por Catalán y el 20 volvió a ingresar, esta vez con autorización del propio Guillermo Francos, entonces ministro del Interior. En apenas veinte días, los registros contabilizan cuatro ingresos, con presencia en áreas vinculadas tanto al Ministerio del Interior como a sectores de la estructura política de la Casa Rosada.
Hay, además, un episodio particularmente significativo dentro de esa cronología. El 20 de marzo de 2024, según los registros citados por distintos medios, Francos recibió a Cerimedo junto con otras cuatro personas en una reunión vinculada con “posibles inversiones para Argentina”. Entre los asistentes figuraban dos ciudadanos rusos y un ciudadano ucraniano, en un encuentro que había sido gestionado en representación del denominado Grupo de Inversión YCRT y que estaba relacionado con la situación de posibles inversiones para la central termoeléctrica de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Es decir, uno de los ingresos de Cerimedo durante el gobierno de Milei no aparece simplemente como una visita informal a un viejo conocido: está documentado en una reunión con un ministro del Poder Ejecutivo y potenciales inversores.
Durante abril continuó la circulación. El 18 de ese mes Cerimedo ingresó autorizado por Catalán hacia el Ministerio del Interior y el 22 volvió a hacerlo, esta vez habilitado por Lule Menem y con destino a la Secretaría General. En mayo se registraron otras dos visitas: el 22, nuevamente con autorización de Catalán, y el 29, con destino a la Secretaría General. La última entrada documentada se produjo el 5 de junio de 2024, cuando Cerimedo ingresó a las 14.11 por Balcarce 24 y permaneció hasta las 15.20. Pero ese último movimiento tiene un elemento político adicional: la autorización correspondió a Santiago Caputo, uno de los principales operadores políticos y estratégicos del mileísmo.
La totalidad de los registros permite reconstruir una fotografía bastante precisa del recorrido: Catalán autorizó buena parte de los ingresos; Lule Menem intervino en otros; Guillermo Francos aparece directamente vinculado a uno de ellos y Santiago Caputo autorizó el último registrado. Al mismo tiempo, no figura ningún ingreso de Cerimedo a la Quinta de Olivos durante 2024, 2025 ni 2026 en los registros consultados, por lo que el dato debe ser leído con precisión: las visitas comprobadas corresponden a la Casa Rosada y no permiten afirmar que Cerimedo haya mantenido encuentros personales con Milei en cada una de esas oportunidades.
La cronología que contradice la versión del “vínculo terminado en 2023”
La diferencia entre la versión política difundida tras la detención de Cerimedo y los registros de acceso constituye el núcleo de la cuestión. Desde el Gobierno se sostuvo que Milei había dejado de tener relación con Cerimedo en 2023, una afirmación que puede interpretarse como una referencia al final de la campaña presidencial. Pero los registros muestran que el consultor continuó entrando a la sede del Poder Ejecutivo durante los primeros seis meses de la presidencia libertaria, con autorizaciones provenientes de funcionarios ubicados en diferentes espacios de la estructura gubernamental.
Esto demuestra, sin dudas, que la maquinaria institucional del Gobierno continuó habilitando su acceso a la Casa Rosada mucho después del supuesto corte de 2023. Y esa distinción es fundamental, porque una cosa es afirmar que el Presidente dejó de reunirse personalmente con un consultor y otra muy diferente es sostener que el consultor dejó de tener cualquier vínculo operativo o político con el entorno gubernamental.
La última visita, además, se produjo el 5 de junio de 2024, más de un año antes de que los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, colocaran a Cerimedo nuevamente en el centro de la escena política argentina. En septiembre de 2025, Cerimedo declaró ante la Justicia y negó haber sido quien grabó y filtró esos audios, mientras que posteriormente las declaraciones de Nadia Beller volvieron a ubicarlo dentro de una trama de relaciones políticas que alcanza a distintos actores de la derecha regional.
La importancia de reconstruir estos movimientos no reside entonces en transformar un registro de ingresos en una conclusión que los documentos no permiten sostener, sino exactamente en lo contrario: poner límites a la versión política y dejar que los datos establezcan hasta dónde llegó el vínculo. Cerimedo no aparece en Olivos, pero sí aparece trece veces en Casa Rosada; no todos sus ingresos fueron autorizados por las mismas personas, pero entre quienes habilitaron su entrada aparecen nombres centrales del primer gobierno de Milei; y la última visita no ocurrió en diciembre de 2023, sino seis meses después, con Santiago Caputo como autorizante.
En política, los registros administrativos suelen tener una virtud que las declaraciones públicas no siempre conservan: permiten reconstruir la secuencia de los hechos. Y en el caso Cerimedo, esa secuencia muestra que la historia del operador que supuestamente quedó afuera del Gobierno con el cierre de la campaña de 2023 no coincide exactamente con lo que ocurrió en Balcarce 50. Durante el primer semestre de 2024 siguió entrando a la sede del Ejecutivo, fue recibido por funcionarios de primera línea y participó incluso de reuniones vinculadas con posibles inversiones. El último ingreso quedó asentado bajo la autorización de Santiago Caputo. Después, efectivamente, desapareció de los registros. Pero para entonces habían pasado seis meses desde la llegada de Milei al poder y ya existía una historia de acceso institucional que los discursos posteriores no pueden borrar.
El juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti fue denunciado en el Consejo de la Magistratura y recusado en la causa 16.997/2023 por Guillermo Pinarello, uno de los imputados en una investigación por explotación de juego online clandestino y lavado de activos.
Pinarello acusó al juez Inchausti de difundir información de la causa cuando regía el secreto de sumario, aplicar tratos diferenciados a distintos imputados y la manera en que se ejecutó una resolución de la Cámara Federal que le había concedido la prisión domiciliaria a un imputado.
También recusó al juez y solicitó formalmente que sea apartado de la causa en la que lo investiga, al considerar que existen elementos como «enemistad manifiesta» y «pérdida objetiva de la imparcialidad» que ponen en duda su competencia para continuar interviniendo en el expediente.
Pinarello está siendo investigado de ser el presunto organizador de una asociación ilícita dedicada a operar casinos online sin autorización y a introducir las ganancias en el circuito financiero mediante distintos mecanismos, entre ellos cuentas y billeteras virtuales.
Entre los principales ejes que justifican el pedido de recusación, se destaca un episodio que, según Pinarello, se remonta a 2016 y tuvo como protagonistas al magistrado y al padre del imputado, Elías Guillermo Pinarello, quien por entonces se desempeñaba como Director de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata. Según el escrito, ambos mantuvieron una fuerte discusión durante una reunión en el despacho de Inchausti por diferencias de criterio institucional.
Pinarello asegura que en aquel encuentro el magistrado le manifestó a su padre que en la ciudad se investigaría aquello que él dispusiera y que, si no se adecuaba a sus directivas, «duraría poco tiempo en el cargo», con una referencia expresa a las consecuencias que podría sufrir su carrera profesional.
La recusación sostiene que aquel conflicto nunca fue superado y que terminó proyectándose sobre la causa que actualmente involucra a Pinarello. Como elementos para fundamentarlo, la presentación enumera distintas medidas adoptadas contra su padre, entre ellas una inhibición general de bienes ordenada en noviembre de 2025 que se extiende hasta el día de hoy y el bloqueo temporal de la cuenta sueldo en la que percibía sus haberes, pese a que hasta el 6 de agosto de 2026 no había sido citado a indagatoria.
Pinarello también cuestionó el tratamiento que recibió en comparación con otro de los imputados en la misma causa, Joaquín Otero Cao. Según señala la recusación, Inchausti había concedido en primera instancia la prisión domiciliaria a Otero Cao y rechazado la suya, decisión que posteriormente fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que terminó otorgándole ese beneficio.
Asimismo, Pinarello sostiene que, mientras Otero Cao había podido salir del penal sin que previamente le colocaran una tobillera electrónica, en su caso el juzgado condicionó la salida a la instalación del dispositivo. Esa situación provocó que permaneciera casi diez días adicionales en prisión pese a que la Cámara ya había dispuesto su domiciliaria. Además, denuncia que se le impuso una caución de $100 millones, el doble de los $50 millones establecidos para su coimputado.
Otro de los puntos cuestionados está vinculado a las circunstancias en las que Pinarello quedó a disposición de la Justicia. Él afirma que se entregó voluntariamente al tomar conocimiento del pedido de captura y que esa decisión había sido comunicada por escrito en el expediente. Sin embargo, sostiene que desde el Juzgado y la Fiscalía se construyó una narrativa según la cual había sido capturado cuando intentaba darse a la fuga, versión que luego fue reproducida por distintos medios de comunicación.
Las filtraciones periodísticas constituyen uno de los principales capítulos de la denuncia que Pinarello realizó ante el Consejo de la Magistratura. Allí señaló que el secreto de sumario fue levantado el 13 de noviembre de 2025 a las 14, pero que antes de ese momento distintos medios ya habían publicado detalles sobre la investigación, las hipótesis acusatorias y circunstancias personales de quienes estaban vinculados al expediente. Por ese motivo, pidió que se investigue específicamente el origen de esas filtraciones.
«La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que la imparcialidad del juzgador no sólo debe existir en los hechos, sino que también debe ser objetivamente perceptible para los justiciables, de manera que no exista duda razonable sobre su ausencia. Los hechos descriptos constituyen, en su conjunto, una secuencia de circunstancias objetivas y verificables que revelan una continuidad de conductas que se proyectan desde el conflicto personal de 2016 hasta las decisiones adoptadas en la presente causa», expresó Pinarello en la presentación.
Los cuestionamientos se producen sobre un magistrado que ya había sido objeto de otras denuncias y críticas a lo largo de su trayectoria. Inchausti es titular del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata y también se desempeña como subrogante del Juzgado Federal N° 1 (son los únicos 2 juzgados penales federales en Mar del Plata, es decir, tiene el monopolio de la justicia penal federal de la ciudad). A lo largo de sus 15 años como magistrado, ha sido blanco de acusaciones por abuso de autoridad, mal desempeño e imparcialidad, y se lo conoce como «el juez encarcelador» por su fama de primero encarcelar y luego investigar.
En esta oportunidad, Pinarello solicitó que Inchausti sea apartado de la causa «en resguardo de la garantía constitucional del juez imparcial». En caso de que el propio magistrado no considere procedente su apartamiento, el acusado pidió que las actuaciones sean elevadas inmediatamente al tribunal superior para que resuelva el planteo.
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