El Intendente Marcelo Orazi participa en Bariloche de la ‘III Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático’, el Primer Congreso presencial desde el inicio de la pandemia.
El acto de apertura estuvo presidido por la Gobernadora Arabela Carreras, junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Juan Cabandie y el intendente local Gustavo Gennuso.
El encuentro, que cuenta con la participación de más de 70 intendentes de todo el país, será de doble jornada y tendrá como objetivo trabajar en la planificación de acciones conjuntas e intercambiar experiencias positivas sobre el tema.
En su disertación, Orazi explicó ante sus pares de otros puntos de Argentina que “Villa Regina se encuentra en el Alto Valle de la provincia de Río Negro, es una de las mayores productoras de manzanas y peras de la provincia y del país, pero donde también se viene diversificando la economía y la producción”.
“No es una producción fácil, se lucha contra las inclemencias del tiempo en forma permanente, como la piedra y la helada”, comentó el Intendente y dio precisiones sobre las prácticas que se venían llevando adelante para proteger a los frutos de estos fenómenos.
Por otro lado, señaló que “estamos trabajando en pos de una producción orgánica, que deje de lado el uso de productos contraproducentes para la salud y para el ambiente. Desde comienzos de mi gestión en el 2019 y gracias a la tarea del Director de Ambiente Hugo Curzel, quien me acompaña, venimos trabajando fuertemente en políticas ambientales. De hecho, fuimos el único municipio de Río Negro en recibir un millonario equipamiento para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y aprovecho para agradecer al Ministro de Ambiente de Nación por esta decisión, y a la Secretaría de Ambiente de Provincia por el acompañamiento en la gestión”.
Finalmente manifestó el compromiso del municipio en continuar trabajando en este sentido, haciendo hincapié en “la educación ambiental para la concientización y adopción de conductas en pos del cuidado de nuestra casa”.
En el marco del programa ‘Maratón Cultural’, a partir de hoy viernes y hasta el domingo se desarrollará el Festival de Arte en el Cine Teatro Círculo Italiano que se transmitirá vía streaming en vivo. La segunda edición de este programa provincial tiene a Villa Regina como sede y comenzó con las capacitaciones a los…
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La Asociación Trabajadores del Estado encendió todas las alarmas al denunciar la desaparición de $3.863 millones que tenían destino específico para el pago de salarios en la Planta Industrial de Agua Pesada. Apuntan a la conducción de la Comisión Nacional de Energía Atómica y anuncian cortes de ruta.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) quedó en el centro de un grave escándalo político y financiero tras la denuncia pública de ATE por el presunto desvío de $3.863.026.100 que estaban destinados al pago de salarios y al funcionamiento de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en la provincia de Neuquén.
La acusación fue realizada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien sostuvo que en diciembre de 2025 ingresó una ampliación presupuestaria con destino específico a la Empresa Argentina de Servicios de Ingeniería (ENSI), responsable de la administración de la planta, pero el dinero nunca llegó a su destino y se desconoce qué se hizo con esos fondos.
Según detalló el sindicato, los recursos estaban destinados a garantizar el pago de los salarios de diciembre, además de cubrir costos operativos y de mantenimiento de una instalación estratégica para el sistema energético nacional. Sin embargo, los trabajadores pasaron las fiestas sin cobrar y continúan sin percibir sus ingresos, mientras la conducción del organismo guarda silencio.
NUEVO CASO DE CORRUPCIÓN?? ATE DENUNCIA UN MULTIMILLONARIO DESVÍO DE FONDOS EN LA CNEA!!
DESAPARECIERON MÁS DE 3.863 MILLONES DE PESOS!!
Estamos frente a una GRAVE IRREGULARIDAD. En diciembre ingresaron $3.863.026.100 a las arcas de la Comisión Nacional de Energía Atómica que… pic.twitter.com/YdNdcquLCQ
Aguiar fue categórico al afirmar que no se trata de un error administrativo sino de una irregularidad gravísima. Remarcó que los fondos tenían una asignación clara y que no podían ser malversados bajo ningún concepto, lo que abre la puerta a la hipótesis de un posible accionar delictivo.
Desde ATE señalaron que la responsabilidad política recae sobre el actual presidente de la CNEA, Martín Porro, a quien acusan de no dar explicaciones sobre el paradero del dinero. Para el sindicato, la situación no solo afecta a los trabajadores y sus familias, sino que pone en riesgo la provisión de insumos y la capacidad de garantizar energía, en un contexto nacional atravesado por recortes y ajuste sobre el Estado.
Salarios impagos, energía en riesgo y un Estado ausente
La Planta Industrial de Agua Pesada no es una dependencia menor: cumple un rol estratégico dentro del esquema energético argentino. La paralización de su funcionamiento por falta de salarios e insumos impacta directamente en la soberanía energética, un aspecto que el gobierno de Milei parece dispuesto a sacrificar en nombre del ajuste.
ATE advirtió que la desaparición de los fondos destinados a salarios no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de una política de vaciamiento del Estado, donde se desfinancian áreas sensibles mientras se naturaliza que los trabajadores queden como variable de ajuste.
Cortes en la Ruta 22 y un conflicto que recién empieza
Frente a la falta de respuestas, ATE anunció medidas de fuerza inmediatas. En las próximas horas se llevarán adelante cortes en el puente Arroyito, sobre la Ruta Nacional 22, una vía clave para la región. Las protestas comenzaron el lunes 12 de enero y, en principio, se extenderán hasta el viernes 16, en el horario de 7.30 a 10 de la mañana.
Desde la Junta Interna de la PIAP explicaron que el plan de lucha continuará y que la próxima semana se evaluará profundizar las acciones en función de si la CNEA brinda o no explicaciones concretas y garantiza el pago total de los salarios adeudados.
Mientras tanto, la pregunta sigue sin respuesta: qué hicieron con los casi $4.000 millones que estaban destinados a los trabajadores. Para ATE, el dinero estaba, tenía destino y se esfumó. Y si no aparecen explicaciones, lo que hoy es una denuncia sindical podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción del área energética en los últimos años.
El gobierno de Milei puso en marcha la llamada Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un nuevo dispositivo estatal destinado a “desmentir mentiras”, “exponer operaciones” y señalar a medios y dirigentes políticos. Presentada como una defensa de la libertad de expresión, la iniciativa ya despertó críticas por su evidente sesgo propagandístico y por el riesgo de que el poder político se arrogue la facultad de definir qué es verdad y qué no.
Por Roque Pérez para NLI
Un nuevo organismo para disciplinar el relato público
A través de un extenso hilo publicado en la red social X, el oficialismo anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, un espacio que —según su propia definición— no solo informará, sino que se dedicará activamente a desmentir lo que considere falsedades y operaciones mediáticas.
El texto inaugural sostiene que “informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta” y plantea que la democracia no se fortalece tolerando la mentira, sino exponiéndola. En la práctica, el Gobierno decidió sumar una voz oficial permanente para intervenir en el debate público, marcar errores, señalar responsables y fijar una versión autorizada de los hechos desde el Estado.
La paradoja es evidente: en nombre de la libertad de expresión, el Ejecutivo crea un organismo específico para corregir discursos ajenos.
Quién está a cargo y cómo funciona
La Oficina de Respuesta Oficial depende de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, que ya administra las cuentas oficiales de la Casa Rosada y de la Oficina del Presidente. Al frente de ese esquema se encuentra Juan Pablo Carreira, conocido en redes como Juan Doe, un militante libertario digital con llegada directa al núcleo duro del poder y alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo.
No se trata de un organismo técnico ni autónomo, sino de una estructura política de comunicación centralizada, con lógica de confrontación permanente y fuerte impronta ideológica. Desde allí se decidirá qué publicación es una “operación”, qué dato es “mentira” y qué medio merece ser desmentido públicamente por el Estado.
Clarín, el primer blanco del nuevo “desmentidor oficial”
El debut práctico de la Oficina no tardó en llegar y tuvo como protagonista al Grupo Clarín. En su primera intervención pública, el organismo acusó al diario de publicar información falsa sobre el programa Volver al Trabajo y celebró que el medio hubiera “borrado” una nota tras la respuesta oficial.
Lo cierto es que Clarín no eliminó el artículo, sino que modificó su título, algo habitual en portales digitales. Sin embargo, la Oficina utilizó el episodio para exhibirse como árbitro de la verdad y para marcar territorio frente a uno de los actores centrales del sistema mediático argentino.
El mensaje fue claro: a partir de ahora, el Gobierno no solo responderá políticamente, sino que dictará correcciones públicas desde una cuenta estatal.
El Estado como Ministerio de la Verdad
Las críticas no tardaron en aparecer. Desde distintos sectores se advirtió que el Estado no debe fabricar la verdad, ni convertirse en juez de lo que puede o no circular en el debate público. La comparación con el Ministerio de la Verdad de la novela 1984 no es exagerada: un poder central que corrige relatos, señala desvíos y reescribe versiones en tiempo real.
Resulta llamativo que un gobierno que se autodefine como defensor del libre mercado y enemigo de la intervención estatal haya creado un organismo específico para intervenir en el mercado de ideas. La libertad de expresión, bajo este esquema, deja de ser un derecho amplio y pasa a estar condicionada por la respuesta oficial.
Más propaganda que información
Lejos de limitarse a ofrecer datos verificables, la Oficina nace con una misión explícitamente política: exponer enemigos, desacreditar voces críticas y consolidar un relato oficial. No se trata de un área de prensa tradicional, sino de un dispositivo de combate comunicacional permanente.
En la Argentina de Milei, la verdad ya no se discute únicamente entre periodistas, fuentes y ciudadanos. Ahora también se administra desde una cuenta verificada del Estado, con tono doctrinario y vocación de disciplinamiento simbólico.
Como en toda distopía moderna, la consigna es simple: la mentira no será lo que falte a la verdad, sino todo aquello que no coincida con la versión oficial. Y si queda alguna duda, siempre habrá una Oficina dispuesta a aclararla.
El Intendente Marcelo Orazi fue recibido el miércoles en Viedma por el Ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro Carlos Valeri, con quien dialogó sobre las obras en marcha en la ciudad que son financiadas por el gobierno provincial. Una de ellas el avance del Plan Director de Desagües Cloacales, donde se comenzó…
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