El Intendente Marcelo Orazi participa en Bariloche de la ‘III Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático’, el Primer Congreso presencial desde el inicio de la pandemia.
El acto de apertura estuvo presidido por la Gobernadora Arabela Carreras, junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Juan Cabandie y el intendente local Gustavo Gennuso.
El encuentro, que cuenta con la participación de más de 70 intendentes de todo el país, será de doble jornada y tendrá como objetivo trabajar en la planificación de acciones conjuntas e intercambiar experiencias positivas sobre el tema.
En su disertación, Orazi explicó ante sus pares de otros puntos de Argentina que “Villa Regina se encuentra en el Alto Valle de la provincia de Río Negro, es una de las mayores productoras de manzanas y peras de la provincia y del país, pero donde también se viene diversificando la economía y la producción”.
“No es una producción fácil, se lucha contra las inclemencias del tiempo en forma permanente, como la piedra y la helada”, comentó el Intendente y dio precisiones sobre las prácticas que se venían llevando adelante para proteger a los frutos de estos fenómenos.
Por otro lado, señaló que “estamos trabajando en pos de una producción orgánica, que deje de lado el uso de productos contraproducentes para la salud y para el ambiente. Desde comienzos de mi gestión en el 2019 y gracias a la tarea del Director de Ambiente Hugo Curzel, quien me acompaña, venimos trabajando fuertemente en políticas ambientales. De hecho, fuimos el único municipio de Río Negro en recibir un millonario equipamiento para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y aprovecho para agradecer al Ministro de Ambiente de Nación por esta decisión, y a la Secretaría de Ambiente de Provincia por el acompañamiento en la gestión”.
Finalmente manifestó el compromiso del municipio en continuar trabajando en este sentido, haciendo hincapié en “la educación ambiental para la concientización y adopción de conductas en pos del cuidado de nuestra casa”.
El gobierno libertario pone cada vez más restricciones.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El paquete de resoluciones publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial volvió a dejar expuesta una orientación política cada vez más definida del gobierno de Javier Milei: ampliar mecanismos de vigilancia, reforzar restricciones administrativas y consolidar herramientas de control preventivo sobre la vida social. Detrás de medidas que en apariencia aparecen fragmentadas —estadios, bases de datos, restricciones de concurrencia y sistemas federales de información— se perfila una arquitectura estatal donde el concepto de “seguridad” empieza a extenderse mucho más allá del delito consumado.
La resolución más significativa del día fue la ampliación del programa Tribuna Segura, un sistema que originalmente había sido presentado para controlar el ingreso de barras bravas y personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. La nueva normativa incorpora ahora la posibilidad de aplicar restricciones vinculadas a incumplimientos civiles, como los registros de deudores alimentarios, y profundiza el uso de mecanismos administrativos para impedir accesos sin necesidad de condenas penales firmes.
Detrás de la narrativa oficial sobre “orden” y “protección”, lo que aparece es otra cosa: el avance de un esquema de prevención estatal basado en el monitoreo permanente y la ampliación de facultades discrecionales del Ejecutivo. El cambio no es solamente operativo. Es político.
De la protesta social al control de conductas
Desde la implementación del protocolo antipiquetes, el Gobierno viene construyendo una lógica donde la protesta social dejó de ser tratada como un fenómeno político para pasar a encuadrarse dentro de la órbita de la seguridad interior. El corrimiento conceptual fue gradual, pero constante.
Las resoluciones publicadas este 13 de mayo profundizan ese camino. En los fundamentos administrativos del nuevo esquema de Tribuna Segura aparecen referencias a controles preventivos sobre manifestaciones y concentraciones públicas, consolidando la idea de que el Estado debe intervenir antes de que exista delito alguno.
No se trata solamente de impedir hechos violentos en una cancha. Se trata de construir herramientas permanentes de identificación, seguimiento y restricción de circulación aplicables a distintos ámbitos de la vida pública.
Ese punto es central porque modifica el paradigma histórico de actuación estatal. El foco ya no está únicamente en castigar delitos comprobados, sino en administrar riesgos potenciales mediante bases de datos, controles cruzados y sanciones preventivas.
Bases de datos, vigilancia y centralización
Otra de las resoluciones relevantes del día fue la vinculada al SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aunque presentada como una actualización técnica y administrativa, la medida refuerza la centralización de información criminal, pedidos de captura, secuestros y alertas judiciales entre fuerzas federales y provinciales.
En términos prácticos, el Ministerio sigue avanzando en la integración nacional de sistemas de vigilancia e identificación. La interoperabilidad de datos permite acelerar operativos y controles, pero también incrementa el poder estatal sobre la circulación de información sensible de millones de personas.
El argumento oficial es la eficiencia. La discusión política, en cambio, pasa por otro lado: qué controles institucionales existen sobre estas herramientas y hasta dónde puede expandirse su utilización.
La preocupación no es abstracta. En los últimos meses el Gobierno ya había endurecido políticas sobre protestas, operativos callejeros y control de movilizaciones, en un contexto social marcado por despidos, ajuste económico y creciente conflictividad.
El orden como narrativa de gobierno
Las medidas difundidas este miércoles también revelan otro aspecto central del modelo Milei: el uso político de la seguridad como construcción discursiva. Deudores alimentarios impedidos de ingresar a estadios, barrabravas bloqueados, presos sin celulares y sistemas federales de monitoreo son decisiones diseñadas para generar impacto mediático inmediato y construir una narrativa de autoridad estatal.
La lógica es clara: instalar la idea de un Gobierno que “pone orden” frente a una sociedad presentada como caótica o fuera de control.
Pero detrás de esa construcción comunicacional aparece una tendencia más profunda y persistente: la expansión de mecanismos administrativos que permiten restringir derechos y movimientos sin intervención judicial plena ni condena firme.
La discusión de fondo recién empieza. Porque mientras el Gobierno presenta estas herramientas como medidas de seguridad modernas y eficientes, crecen las advertencias sobre el riesgo de consolidar un modelo de vigilancia permanente donde cada vez más aspectos de la vida social quedan bajo monitoreo estatal.
Mauricio Macri se juntó en secreto con Patricia Bullrich para entusiasmarla con la idea de lanzarse contra Javier Milei y armar un proyecto alternativo para las elecciones presidenciales del año próximo.
El encuentro se produjo la semana pasada, en la previa de la cumbre de Macri con empresarios en Colonia del Sacramento revelada en exclusivo por LPO. Allí, Macri contó que la reunión fue muy positiva y se entusiasmó con el feeling que hubo con Patricia: «La dejé aceleradísima».
Casualidad o no después de la reunión con Macri, Bullrich lanzó este lunes un explosivo tuit en el que por primera vez choca de frente con Milei al avisar que no obedecerá la orden de votar el retiro del pliego para jueza de María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
La reunión entre Macri y Bullrich es consecuencia de otro encuentro sucedido semanas atrás entre el expresidente y el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca. En su casona de Martínez, el empresario ítalo-argentino le pidió a Macri que se acerque a la senadora, como reveló este medio.
Fuentes al tanto de lo sucedido en el encuentro contaron a LPO que Macri y Bullrich hablaron de la idea de avanzar cada uno por su lado de cara a las elecciones 2027, pero coordinados. Si todo marcha acorde al plan, más cerca de los comicios definirán quién es el mejor candidato, sobre todo teniendo en cuenta a cuál le iría mejor en un eventual ballotage.
En la cumbre de Colonia, Macri le dio detalles del encuentro con Bullrich a sus amigos empresarios y quedó claro que el operativo contra Milei está lanzadísimo. El presidente del PRO nombró a un interlocutor para que sigan el tema del proyecto electoral. El nombre del interlocutor no trascendió, pero impactó a los empresarios.
En el encuentro en la ciudad uruguaya estuvieron Marcos Galperín, Jonathan Kovalivker, Ignacio Sáenz Valiente, Gabriel Sánchez Catena y Eduardo Bastitta. Las fuentes contaron que Macri les pidió apoyo para sumar fuerza en los medios y particularmente dijo que está en conversaciones con las señales de noticias A24 y La Nación +.
Macri y Bullrich hablaron de la idea de avanzar cada uno por su lado de cara a las elecciones 2027, pero coordinados
Macri y Bullrich son los proyectos alternativos de un sector del establishment encabezado por Rocca frente a los sucesivos desplantes de Milei y lo que consideran la falta de resultados de su modelo en la economía real. Esto, creen, pondrá en riesgo su reelección y le dará la oportunidad de ser competitivo a Axel Kicillof, con el que no quieren saber nada. Por eso, empezaron a buscar un proyecto de derecha racional.
El presidente del PRO cree que Milei va a pagar el costo político del ajuste y también presagia que Toto Caputo no llegará como ministro al final del mandato, lo que agregará mucha incertidumbre económica. En resumen, Macri no cree que Milei llegue con chances y además dice que el establishment y Estados Unidos apoyarán a otro candidato.
Con una idea parecida se mueve Bullrich, que como reveló LPO sumó a integrantes del equipo de campaña de
Nasry «Papi a la Orden»
Asfura, el nuevo presidente de Honduras y casi un delegado de Trump.
En la campaña de Papi trabajaron consultores como el cubanoamericano Carlos Díaz-Rosillo, que fue funcionario en el primer gobierno de Trump y ahora asesora a Bullrich. El nexo entre Díaz-Rosillo y Bullrich fue Andrés «Andy» Rivas, un consultor con excelentes contactos en el Departamento de Estado y muy cercano a otro histórico sponsor de la ex ministra, el empresario Mario Montoto.
Son un total de 900 mil dosis que llegan al país y forman parte de las dosis cuyo principio activo fue producido en la Argentina y luego enviado a México para su fraccionamiento y envasado, y que arribó el último lunes proveniente de Estados Unidos, se informó oficialmente. El Plan de Vacunación diseñado por el…
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