El Intendente Marcelo Orazi firmó en la tarde de este jueves con el Ministro de Transporte de la Nación Mario Meoni el convenio que contempla la remodelación integral de la terminal de ómnibus de media y larga distancia de Villa Regina por un monto superior a los $65 millones.
La rúbrica se concretó en la ciudad de Cinco Saltos en un acto que contó con la presencia, además, del Senador Nacional Martín Doñate, y los jefes comunales de la localidad anfitriona Liliana Alvarado, Viedma Pedro Pesatti, Sierra Grande Renzo Tamburrini y Luis Beltrán Robin del Río.
Además de la firma del convenio, se anunció que el recorrido del Tren del Valle se extenderá hasta la localidad de Chichinales.
El Intendente Orazi destacó la importancia de ambas gestiones para Villa Regina que. En el caso de la terminal porque significará poner en valor un inmueble que hoy presenta graves falencias edilicias y así poder mejorar la prestación de los servicios a los usuarios.
El jefe comunal reginense recordó que la necesidad de remodelar integralmente la terminal había sido planteada en ocasión de la visita del Ministro Meoni a San Carlos de Bariloche en diciembre pasado. “En ese momento, lo puse en conocimiento de las conversaciones que llevábamos adelante con el actual concesionario que actualmente están en una etapa de definición, y de la necesidad de mejorar sus instalaciones. Ese diálogo dio sus frutos y hoy estamos firmando este convenio”, destacó Orazi.
Por otro lado, también valoró el anuncio de la extensión del recorrido del Tren del Valle a la localidad de Chichinales, lo cual, indicó, “también había solicitado al Ministro mediante nota elevada hace unos meses”.
“Son sin dudas dos excelentes noticias para Villa Regina y la región”, señaló.
Por su parte, el Ministro Meoni destacó que “para nosotros no hay nada más importante que estar cerca de cada intendente y poder seguir realizando importantes inversiones en el transporte, que necesita modernizarse al igual que las estaciones terminales”.
En otro tramo del discurso, el Ministro indicó que “es importante que desde el Estado Nacional podamos acompañar este tipo de inversiones en infraestructura que para muchos intendentes se les hace muy difícil. Y esto forma parte de la Argentina que queremos, una Argentina activa, porque de concretarlo las terminales de ómnibus van a tener una actividad muy intensa, y no queremos tener sólo terminales en las grandes ciudades sino en cada lugar del país para que se pueda recepcionar a la gente de la mejor manera”.
Además, el Ministro también se refirió a la cesión de las tierras a la Universidad de Río Negro para que ésta pueda llevar adelante el proyecto de ampliación de la sede que actualmente tiene en Villa Regina. “Para nosotros el tema de la Universidad no es un inconveniente, nosotros trabajamos para que las tierras estén al servicio de cada vecino o localidad del país. Lo que hay en Regina es un centro muy importante de lo que será el desarrollo del Tren Norpatagónico, con la inversión seguramente se requerirán de esas tierras por lo tanto ya pudimos refuncionalizar ese espacio y así podrá funcionar el tren y la Universidad continuar con su construcción”.
Toto Caputo adjudicó este viernes la concesión de una nueva tanda de rutas nacionales y avanza en su objetivo de entregarle a privados el control de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales por 20 años antes de julio.
Ante eso, en las entidades de usuarios viales denuncian que en las rutas ya concesionadas hace meses recién comenzaron con obras menores de bacheo, mientras que en las recientemente adjudicadas apenas se contempla el mantenimiento y corte de pasto. Eso, a cambio de la multiplicación de los peajes.
En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, fuentes del Ejecutivo consultadas señalaron a LPO que la Fiscalía de Estado evalúa una presentación judicial por la exclusión de la estatal bonaerense Aubasa de los tramos de la Etapa II que este viernes adjudicó Caputo.
A la vez, denunciaron que, más allá de algunos movimientos de tierra, «no hay un kilómetro de nuevo asfalto» en los tramos de las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226 que atraviesan la provincia de Buenos Aires y que fueron entregados al control de privados.
En su resolución de viernes (ver abajo) el ministro de Economía le otorgó al consorcio de las constructoras Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco la concesión de las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Newbery, así como las rutas nacionales 3, 205 y 226.
En la Ruta 3 van a poner ocho peajes de Capital a Bahía Blanca. Un peaje cada 90 kilómetros para no hacer nada, peor que en los 90
Además, le entregó mendocina Ceosa (Construcciones Electromécanicas del Oeste) la concesión de la Ruta Nacional 5 entre Luján (Buenos Aires) y Santa Rosa (La Pampa). Ceosa cotizó una tarifa de peaje inicial de 2.850 pesos.
En tanto, el consorcio ganador de las autopistas y las rutas 3, 205 y 226 cotizó una tarifa de peaje de 1.206 pesos. Eso, con el aditivo de una multiplicación de las cabinas de peajes.
«En la Ruta 3 van a poner ocho peajes de Capital a Bahía Blanca. Un peaje cada 90 kilómetros para no hacer nada, peor que en los 90», dijo a LPO Ricardo Lasca titular del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv).
En esa entidad, advierten que en la Red Federal de Concesiones promovida por el gobierno libertario no existe inversiones de envergadura para evitar los choques frontales. «Es solo corte de pasto y mantenimiento. Es una estafa», acusó Lasca.
Un dato relevante es que para los 1.800 kilómetros de rutas que Caputo adjudicó este viernes, el Gobierno exige apenas 84,3 kilómetros de obras nuevas: 28,75 kilómetros para el caso de las autopistas y 55,98 kilómetros de ruta segura en la Ruta 226, entre el empalme de la Ruta 55 y la 22.
El tenor de obras en las rutas a privatizar por el gobierno libertario ya se advierte en la Etapa I, el llamado «Tramo Oriental» (RN 12 y 14) y Conexión (Puente Rosario- Victoria y 50 kilómeotros de la RN 174).
En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, fuentes del Ejecutivo consultadas señalaron a LPO que la Fiscalía de Estado evalúa una presentación judicial por la exclusión de la estatal bonaerense Aubasa de los tramos de la Etapa II que este viernes adjudicó Caputo.
La empresa ganadora de esa licitación fue Autovía Construcciones y Servicios S.A., del Grupo Cartellone, involucrado en la causa Cuadernos.
Con el control de esas trazas, la concesionaria, rebautizada como Autovía del Mercosur, al momento hizo tareas de limpieza de banquinas, mantenimiento de la calzada, mejoras en iluminación y «acondicionamiento general de la ruta».
«Recién ahora empezaron a hacer algo», dijo Lasca que, de todos modos, advirtió que no existen obras de magnitud. Eso, a pesar de que, para las obras en la ruta del Mercosur, el banco BICE que depende de Economía puso a disposición un crédito de 56 mil millones.
«Rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada», posteó este viernes en X el ministro de Economía.
«Caputo habla de inversión privada, cuando las obras están financiadas por el Fondo de las Pymes y el Banco BICE. Y encima no hay ente regulador, que tendría que haber salido por ley antes de adjudicar los corredores porque las concesiones viales tienen carácter de servicio público, como la luz y el agua. Es escandaloso», acusó Lasca.
Mientras tanto, Caputo acelera con las licitaciones del resto de los tramos en su objetivo de alcanzar la totalidad de las concesiones a mitad de año.
Días atrás, se realizó la apertura de sobres de la Etapa II-B que abarca los Tramos Mediterráneo (RN 7 y RN 35), Puntano (RN 8, RN 36, RN A-005 y RN 193), Portuario Sur (RN 9 y RN 188) y Norte (RN 9, RN 33 y la Circunvalación de Rosario).
El libertario Gonzalo Roca pidió este miércoles, en la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, la postergación del trámite contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, denunciado por abuso sexual y maltrato laboral. El pedido resultó curioso porque ese magistrado fue el que censuró a los medios que difundieron los audios de Diego Spagnuolo revelando la presunta trama de corrupción que involucraría a Karina Milei y los Menem.
Pero el problema es que en las últimas semanas también ingresó un expediente desde la comisión de Disciplina por el cual la actriz Esmeralda Mitre también denuncia a Maraniello, por su inacción ante el maltrato que le habría dispensado Julio Saguier en una audiencia en el marco del litigio por la sucesión del diario La Nación.
Según el testimonio de la heredera de los Mitre, el juez habría cometido «omisión consciente de actuar ante actos de violencia de género» por haber permitido que su contraparte la insultara sin intervenir. «Su inacción no fue un descuido, sino una omisión consciente de su deber de garantizar un proceso libre de violencia», dejó asentado ante el Consejo.
La jugada de Roca para ayudar a Maraniello se produce, además, justo cuando Javier Milei escala su confrontación contra los periodistas en general y el diario La Nación en particular, tal como informó LPO.
Por eso, sorprendió la maniobra al resto de los consejeros, que terminaron revelando que ese no había sido el acuerdo en la reunión previa al debate pero acompañaron la iniciativa con su voto, incluso los kirchneristas, en un insólito intercambio con el diputado cordobés, que con sus intervenciones seguía aportando a la confusión.
A poco de iniciar la reunión, Roca planteó: «Tratemos todos los expedientes de todas las causas en conjunto para no ser improlijos (SIC)». El problema, advertido enseguida por Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, era que ya se había votado uno de los cuatro expedientes que tramitaban contra el juez.
Santiago Viola, Alberto Maques y Alejandra Provítola.
El larretista Álvaro González, desconcertado, pidió la palabra y preguntó: «qué es lo que estamos… (votando)». Tailhade rió y Roca se puso nervioso.
El presidente de la comisión, el abogado Alberto Maques, trataba de interpretar el pedido del diputado libertario y, junto a su par César Grau, tradujeron que Roca promovía la postergación para «analizar y acumular los expedientes a los fines de la economía procesal».
Sin embargo, Roca volvió a intervenir. «Perdón, perdón. Pero no es la moción que había hecho yo, tratemos de tener una reunión por acumulación de expediente», solicitó.
Perdón, perdón. Pero no es la moción que había hecho yo, tratemos de tener una reunión por acumulación de expediente.
El representante del Poder Ejecutivo en el consejo, Santiago Viola, no podía disimular su incomodidad. Es que el viceministro de Justicia ofició como abogado de Karina cuando Maraniello censuró la circulación de los audios de Spagnuolo en los que atribuía a la hermana presidencial el supuesto cobro de coimas en la Andis.
En ese contexto, el senador Luis Juez confesó: «nos estamos enredando, a mí me parece una cosa de locos». La diputada Vanesa Siley, por su parte, objetó la propuesta de Roca: «Acabamos de votar el expediente 21/26, que es una denuncia contra Maraniello. Si hubiera sido lógico lo que había pedido Roca, no tendríamos que haber votado lo que acabamos de votar», argumentó.
Acabamos de votar el expediente 21/26, que es una denuncia contra Maraniello. Si hubiera sido lógico lo que había pedido Roca, no tendríamos que haber votado lo que acabamos de votar.
Maques, resignado, concluyó: «Por esta vez en particular, todo lo que tiene que ver con Maraniello queda suspendido».
LPO había informado que la secretaria privada y jefa de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 6 lo había acusado de «maltratado». Según su exposición, Maraniello «usaba plata del Estado para solventar los gastos de la Asociación», entidad que tenía entre sus auspiciantes, dijo, al intendente de José C Paz (en uso de licencia) Mario Ishi. «Maraniello respetaba las formas por WhatsApp, pero cambiaba radicalmente su actitud de manera presencial -aseguró-. Se iba de eje, perdía el equilibrio y te maltrataba. Se sacaba y no tenía límites», expresó.
El magistrado fue denunciado en el Consejo de la Magistratura en 2024, a través de distintas presentaciones que formularon empleados en el sindicato Asociación de Judiciales y ante la oficina de Bienestar Laboral de la Cámara Civil y Comercial Federal. En la comisión de Disciplina se había escuchado a testigos como el ex camarista Guillermo Antelo, quien contó que oyó a una de las víctimas decir que Maraniello le exigía «usar pollera y tacos» y «todos los días entraba a su despacho, la agarraba de la cintura y la besaba».
Entre las terribles consecuencias del modelo económico vigente en Argentina desde 2023, una de las más graves es el endeudamiento para sobrevivir. Algunxs lo enfocan con preocupación macroeconómica ante el previsible crack que puede suponer este escenario, otrxs consideramos que estamos ante una tecnología de gestión de la subjetividad dirigida a producir una individualización del ajuste, el agotamiento total, la asunción de que nuestro devenir , el de las mayorías, es vivir para pagar deudas.
Es consecuencia obvia, no un error ni un exceso, del conjunto de medidas económicas que se vienen implementando y tiene una secuencia histórica que vale la pena reponer, para pensar más allá de las tropelías del gobierno de turno.
Desde que el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a pisar la Argentina en 2018, los ingresos populares comenzaron a caer y, en paralelo, empezó a observarse un fenómeno particular: la toma masiva de deuda de individuos no destinada a resolver alguna cuestión circunstancial o transitoria, sino a completar ingresos que cada vez alcanzan menos.
2018 es el año en que deuda externa y deuda de las familias se relacionan orgánicamente en un combo que empieza con la bicicleta financiera promovida desde el Estado para sostener la fuga del excedente económico y que se expresa en cada casa con ingresos devaluados y en forma de un endeudamiento perpetuo.
Otro momento importante fue la pandemia que, ya sabemos sobradamente, no fue solo una crisis sanitaria. Fue también el momento en que se infiltró en las casas la tecnología financiera de las billeteras virtuales. Esas que te permitían evitar salir o ir al cajero, que entraron en nuestras camperas como medios de pago, empezaron a ofrecer préstamos en un momento de precarización generalizada de la vida. Así, desde un click del celular, cualquiera accede en el momento a la solución financiera de una emergencia.
En esta historia que reponemos rápidamente aquí, hoy estamos ante un punto de inflexión. La escalera al infierno está multiplicando peldaños a fuerza de una intensificación y aceleración de este proceso a niveles nunca vistos. Este nivel de endeudamiento es una decisión política, que en absoluto se explica por la decisión desesperada de cada individuo. Para decirlo con un poema de Laura Devetach: “Vibrando en el cansancio elemental de ganarle nuestra vida a un puñado de crápulas”. El broche es el conjunto de decisiones que se han tomado en nombre de la modernización, la desregulación, junto con la decisión de favorecer la privatización y concentración descomunal de recursos, lo que explica que las filas de endeudados y endeudados para sobrevivir no pare de crecer.
En términos históricos, Argentina ha tenido bajos niveles de endeudamiento familiar en comparación con otros países de la región que forjaron sus modelos neoliberales a fuerza de privatización y oferta de deuda. Pero, además, el motivo del endeudamiento y la capacidad de pago hacen la diferencia. Los principales motivos de la demanda crediticia son el costo de vida, la inflación creciente y el acceso a la vivienda. Para hacerlo bien gráfico: la deuda y la mora aumentan porque compensan tres procesos en simultáneo: la desregulación de los precios más importantes (alquileres, servicios públicos, salud, educación, internet) para sostener la vida de las familias, el atraso de los salarios con respecto a la inflación y el festival de tasas usureras y desreguladas. Todo, en buena parte, ministerio de Sturzenegger mediante.
En ese combo, estar endeudadx para vivir es la condición transversal de las mayorías sociales. Y la mora, una consecuencia de tasas que acumulan deuda mes tras mes y es la muestra más concreta de que ya no hay más de dónde pedir prestado.
Un mapeo del sobreendeudamiento y sus consecuencias
El modelo muestra sus límites. Son económicos y se ven en los balances de bancos y empresas de fintech. Pero sobre todo son límites en la salud mental de la población. Cada día este tema gana, afortunadamente, más espacio comunicacional. Se han multiplicado desde diciembre los proyectos legislativos.
Las cifras se repiten provengan del sector que sea. Referimos aquí el análisis que efectúa la CTA a enero de 2026, donde se afirma que estamos ante “un deterioro generalizado de la cartera crediticia de los hogares. La mora de las familias se ubicó en 10,6%, frente a un 2,7% registrado en el mismo mes del año anterior y un 2,5% al cierre de 2024. Los atrasos crecieron durante dieciséis meses consecutivos. Es el nivel más alto desde que existen registros comparables”, esto es: 2004.
Es particularmente útil la comparación que este informe hace entre las tasas de endeudamiento y el tipo de deuda, con la sistematización de las estrategias de manutención que el Estado mismo releva a través del INDEC: “Los hogares de menores ingresos se endeudan más (30,4% frente a 18,5% del estrato alto) y por vías distintas: mientras los sectores altos recurren a bancos, los bajos dependen de préstamos de familiares y amigos en una proporción casi tres veces mayor”.
A eso es posible sumar informe tras informe de consultoras privadas y análisis de centros especializados que confirman mes a mes el impacto desmedido de la deuda en la economía y en la vida de cada vez más personas.
Para dimensionar, según una nota publicada el último 6 de abril en el Perfil, el endeudamiento total de las familias supera los $39 billones, con $32,1 billones en crédito bancario y $6,9 billones fuera del sistema. Comparemos estos números. Si el presupuesto total del Gobierno, aprobado en diciembre de 2025, fue de 148 billones, la deuda acumulada representa casi un tercio de ese total. En la misma línea, la deuda por supervivencia de las familias es casi ocho veces el presupuesto para educación y cultura (6.8 billones) y más de diez veces el presupuesto en salud (3.1 billones).
A estas cifras se suma la calamidad del endeudamiento informal, administrado más que nunca por bandas criminales que se ufanan del terreno ganado a la política en cada territorio.
La vida, las partes del cuerpo, la libertad, son moneda de cambio financiero de formas brutales. El Observatorio Villero de La Poderosa destaca que casi el 25% de quienes se endeudan en los barrios populares lo hacen con prestamistas informales: “Nosotros convivimos con una realidad más cruda: 4 de cada 10 hogares deben dinero a prestamistas informales, casas de electrodomésticos, comercios barriales, billeteras virtuales y tarjetas de crédito. Apenas el 8% accede a un empleo formal (…) Con ingresos que promedian los $340.000, muy por debajo de lo necesario para no ser pobres, el crédito se volvió una trampa cotidiana. Nos endeudamos para sostener lo básico, mientras el Estado y el trabajo formal retroceden”.
En un relevamiento de la organización Movida Ciudad, pionera en asumir la dimensión federal del sobreendeudamiento con una política de acompañamiento y seguimiento de casos de distintos lugares del país, es posible ver constantes en quienes se endeudan y en los efectos que está teniendo en distintos niveles de la vida. La mayoría de las deudas formales siguen siendo con tarjetas de crédito, y las billeteras virtuales. Los datos de esta organización expresan la misma tendencia que las cifras de La Poderosa. Pero lo que una política de acompañamiento y seguimiento permite ver es quiénes y por qué se sobreendeudan. En la mayoría de los casos son mujeres quienes sostienen la economía del hogar, administran ingresos insuficientes y recurren al crédito para cubrir necesidades de otras personas. Ya sea hijxs, personas mayores, o personas con discapacidad. Algunos datos que surgen del último informe de marzo de 2026 la Cocina de los Cuidados, apoyan esta afirmación. Entre las principales dificultades durante 2025 para familias que cuidan personas con discapacidad, los principales obstáculos fueron el aumento del 70% en medicamentos y del costo de los prestadores en un 20%.
Esto debe leerse en un contexto de crecimiento de los hogares monomarentales y una persistente renuencia de los padres a hacerse cargo de la cuota alimentaria de sus hijxs. No tomamos dimensión real, pero según datos de UNICEF publicados en noviembre de 2025, 7 de cada 10 padres no cumple con su obligación de pagar la cuota alimentaria de sus hijos o lo hace irregularmente. De esta forma, la centralidad de la responsabilidad de cuidados es también una expresión concreta del peso específico de la alianza patriarcado y capital cuando analizamos el endeudamiento para la supervivencia como se ha destacado desde una lectura feministade la deuda.
Hablar de endeudamiento hoy es también tocar un punto nodal de la salud mental, donde se asume individualmente el ajuste, donde confluyen la sensación de fracaso personal, angustia e imposibilidad de imaginar un futuro por fuera del de la deuda. Así también lo acreditan varios testimonios de personas endeudadas en el último Encuentro Federal Por el Desendeudamiento de Movida Ciudad, donde eran recurrentes los testimonios tales como: “Desde que estoy endeudada me metí para adentro, no veo y no salgo con mis amigos para no gastar y porque ya no tengo ganas”; o “ bajé de peso, todo es un caos en mi casa, mucho bardo con mi hijo preadolescente”.
También vimos hacer esta conexión con fresca lucidez a la conducción estudiantil de varios colegios de la Ciudad de Buenos Aires, que reclaman no ser abandonados por una lectura simplista y reduccionista del síntoma – pintadas amenazando con matar a todos en distintos colegios – para asumir el contexto de precariedad económica, social y afectiva que atraviesa las vidas de ellxs, pero también el espacio familiar. En sus intervenciones, el par endeudamiento-salud mental es central en la caracterización y la demanda de intervención que promueven.
El poliendeudamiento destruye la organización política y lo comunitario
La decisión de no solventar políticas públicas como las de cuidado, las de reducción de desigualdades y asimetrías, empuja a muchas familias a endeudarse a escala individual e impacta incluso en la disponibilidad para el trabajo comunitario, para lo colectivo.
El pluriempleo destruye también la organización colectiva y está orgánicamente vinculado al endeudamiento. No arrasa solo con lo lúdico y el descanso, que ya es una pesadilla, condiciona al extremo el tiempo para el encuentro con los demás.
No pocas veces este saqueo planificado a quienes tienen menos para desbordar las arcas infinitas de los mismos pocos de siempre, se hace además criminalizando a quienes recibían esas ayudas. En el transcurso de este proceso político se ha acuñado la idea de gerentes de la pobreza para demonizar toda práctica social redistributiva. Estas realidades también deben ser incorporadas urgentemente en el mapa de lecturas del sobreendeudamiento y sus funcionalidades políticas.
Demonizar lo comunitario, desalentar la comprensión del carácter común del problema es una herramienta de este proceso. Como en un movimiento de pinzas, se celebra el hiperindividualismo y se nos ha inundado con la apelación constante a la idea de gerenciamiento de la pobreza y la demonización del empleo público. Se bastardea una historia enorme y rica de tejidos de apoyo comunitario, a los que ahora se persigue marcando que el verdadero crimen es la solidaridad, tal como ocurre con la avanzada punitiva sobre comedores, organizaciones sociales y redes abocadas a paliar el hambre en los barrios.
Tamar Pitch en su libro “El malentendido de la víctima” (Tinta Limón, 2025) habla, en esta línea, de la criminalización de “acciones de personas que hacen lo que, presumiblemente, las instituciones deberían hacer, y al hacerlo, resaltan no solo sus deficiencias, sino sobre todo, sus injusticias. Sus acciones se vuelven políticas, tanto más cuánto más se las criminaliza”
Llegamos a un límite y hoy la demanda por el desendeudamiento es una urgencia que atraviesa desde el debate legislativo hasta la vida política de cualquier organización.
¿Qué hacer?
1. Politizar la deuda y el modelo económico que lo produce. Dar por sentado el carácter individual del sobreendeudamiento es una trampa. Y las iniciativas políticas que no ponen en discusión la legitimidad en la composición de la deudas familiares – tanto en el motivo de la deuda, como en las condiciones de usura que les son impuestas por el mercado y la desesperación – son el reaseguro de esa trampa. Debemos instalar en el vocabulario político palabras como condonación y quitas. El punto de partida de una política de reparación de los daños de este plan sistemático de endeudamiento para sobrevivir no debe dar por sentado que los acreedores de esa deuda tienen legitimidad y carecen de toda responsabilidad. Varios de los proyectos en discusión hoy en el Congreso tienen esta limitación: no parten de reconocer que es indispensable no dar por sentada la legitimidad de toda esta deuda.
Es importante considerar que la legislación y las políticas que se propongan en este sentido, puedan trabajar de manera novedosa. Por ejemplo, trabajar con presunciones por endeudadx que operen como indicadores para avanzar con condonaciones o quitas: si los ingresos no aseguran salario mínimo o canasta básica, o si existen condiciones de vida extremadamente precarias (vivir en la calle, en hoteles, tener amparos), si se tiene a cargo el cuidado de personas que súbitamente fueron abandonadas por el Estado y sus políticas. En ese sentido, la medida de que la deuda no afecte más del 20 o el 30 por ciento de los ingresos debería completarse con que el monto que paguen las familias en una reestructuración/quita no puedan dejarla por debajo de la línea de la pobreza.
2. Aliviar en la urgencia. Claro que urge coyunturalmente aliviar la situación aquí y ahora. Esto es importante porque además, en el transcurso de estos años todo recurso institucional para garantizar derechos de consumidores y reequilibrar las relaciones ha sido desmantelado. Según los acompañamientos realizados en Movida Ciudad desde fines de 2025, la voluntad de pago de quiénes están en mora es mayoritaria, sin embargo se encuentran con obstáculos permanentes como falta de información clara y accesible sobre las deudas, condiciones de refinanciación inviables incluso por parte de bancos públicos, ausencia de instancias formales de negociación y prácticas abusivas en cobranzas. Para dar un ejemplo, el desmantelamiento del Servicio de conciliación previa en las relaciones de consumo (COPREC) que era una instancia gratuita, accesible y sin necesidad de abogado para resolver conflictos de consumo, dejó a muchas personas sin instancias de mediación y con la judicialización como única salida. Cosa que, en la práctica, es inaccesible.
Las políticas de acompañamiento deben forzar nuestra imaginación, no podemos solo lamentarnos por la ausencia de Estado, hay que promover la mayor fuerza de las organizaciones intermedias porque los efectos subjetivos y anímicos tienen consecuencias ahora.
Un punto crucial y de atención inmediata. Volver sobre la política desinformada y opaca que favorece que las personas asuman créditos con condiciones draconianas que favorecen el abuso financiero sobre el salario. Prácticas como los débitos compulsivos por parte de bancos privados y públicos de deudas sobre el salario, jubilaciones y prestaciones por discapacidad. En este punto, considerar el tipo de ingreso y la finalidad, así como la ubicación de lxs deudorxs debajo de la línea de pobreza, es indispensable para pensar un sistema de débitos que no obligue a tomar deuda tras deuda.
3. Organizar el sindicalismo contra la deuda.La intervención de los sindicatos es clave tanto para mapear con más detalle la deuda permitiendo correlacionar atraso salarial con endeudamiento. Son indispensables para romper el cerco del individualismo y la pura decisión personal como causa de la deuda para sobrevivir.
Veamos un ejemplo. En Entre Ríos, una investigación elocuentemente titulada “Trabajar para deber” muestra esto con cruel claridad en base a una encuesta autoadministrada entre trabajadores estatales: “Del total de encuestados un 35,1% declaró percibir ingresos inferiores a $1.000.000 mensuales; un 36,7% declaró percibir ingresos de entre $1.000.000 y $1.500.000 mensuales; un 22,3% dijo percibir entre $1.500.000 y $2.500.000 mensuales y solo el 5,9% declaró ingresos superiores a $2.500.000 mensuales. (…) el 71,8% de los participantes percibe hasta $1.500.000, lo que los posiciona por debajo o en el umbral de la línea de pobreza”. ¿Y cuánto de esos ingresos se destinan a pagar la deuda? En el caso de quienes reciben un salario de menos de $1.000.000, el pago de deudas compromete el 72,7% de su ingreso y quienes están comprendidos en el rango de ingresos de $1.000.000-$1.500.000 destinan el 65,8% de su ingreso a pago de deuda, quienes ganan hasta $2.500.000 asignan un 46,4% y los que perciben más de $2.500.000 un 42,4% estimado. Como puede verse, a menor ingreso, mayor compromiso salarial para el pago de la deuda.
El sobreendeudamiento se ha transformado en un mecanismo permanente de extracción de ingresos. Hoy, lo que se discute en paritarias -siempre y cuando existan- raramente empata frente a la inflación, pero en gran medida esa supuesta mejora estará destinada a pagar deudas. La exigencia de medidas urgentes para desendeudar a lxs trabajadores debe ser incorporada en la discusión sindical. Politizar y acompañar en la obtención de alivio es un gran programa político, pero también es necesario organizar el conflicto contra el extractivismo financiero sobre el salario .
4. Discutir la estructura legal-jurídica del saqueo financiero. Hay un hilo, a 50 años de la dictadura cívico eclesial militar. Directamente relacionado con la cuestión de la legitimidad de la deuda y el peso del endeudamiento con tarjetas de crédito y fintech, hay que derribar la arquitectura jurídica para que el saqueo se consume: aún cargamos con la Ley de Entidades Financieras de 1977, que regula gran parte del funcionamiento de bancos y entidades crediticias. Pero para acercarnos en el tiempo, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, validado por los cultores de la gobernabilidad aunque consoliden verdaderos cementerios sociales, les regaló a los bancos y financieras el poder de definir sus tasas de interés para estos productos, sin regulación alguna del Estado, sin mediación ni requisitos. Pueden fijar el monto que les plazca, lo pueden cambiar, no tienen que alertar ni avisar. No están sujetos a obligaciones de advertencia dirigidas a los consumidores ni tampoco deben abstenerse de ofrecer préstamos frente a imposibilidades evidentes para pagar. Todo lo contrario a las recientes regulaciones, por ejemplo, de la Unión Europea qu,e frente al crecimiento de deudas familiares marcadas por la inflación, la crisis habitacional y las restricciones salariales, dispuso reforzar controles de este tipo. La libertad de la desregulación total de las tasas de interés es el primer eslabón de las cadenas del endeudamiento para sobrevivir. Si la deuda es con una fintech, el horror escala. En estos tiempos, la usura – que es delito – se ha vuelto una política pública a cielo abierto. La lógica timbera de la economía la favorece..
A la discusión sobre la regulación de las tasas de interés le debe acompañar necesariamente una discusión pública sobre las ganancias de bancos y fintechs durante los últimos años de empobrecimiento generalizado. Muchos de los proyectos legislativos promueven formas de absorción estatal de estas deudas ¿Es justo que el Estado absorba las deudas de las familias o sería deseable que las empresas asuman parte de la responsabilidad por haber obtenido ganancias con tasas usureras sobre una situación de precarización acelerada?.
5. Pensar quién le debe a quién: discutir la legitimidad del sobreendeudamiento para vivir.El endeudamiento para sobrevivir es un gesto masivo para acceder a lo que el salario ya no garantiza, para reemplazar lo que el Estado decidió dejar abandonado, o lo que destruyó el gobierno, como un topo desde adentro. Las personas insisten con la costumbre de comer al menos una vez al día, luchan por sostener la llegada a los trabajos y lugares de estudio, se comprometen con la posibilidad de vivir bajo techo e incluso pretenden acceder a medicamentos que atemperen el desamparo durante la vejez. Donde antes había claro que perfectibles políticas públicas combinadas con salarios no tan arrasados y organización comunitaria solidaria, ahora avanza la lógica de la usura y la extorsión. Nuevamente, según el último informe de la Cocina de los Cuidados sólo queda vigente el 8% de las políticas de cuidado: 4 de 50 que había antes de la llegada del actual gobierno.
Finalmente, la pregunta sigue siendo quién le debe a quién. Lo que hagamos hoy con las deudas es también lo que configura quienes pensamos que tienen que cargar con los costos de este programa económico ¿Es justo que le reclamemos la deuda a una persona que se endeudó para cuidar a una persona con discapacidad a la que le estaban recortando prestaciones? Necesitamos cuestionar el régimen de saqueo desde todas estas dimensiones, romper el velo de la voluntariedad y poner en discusión que la obediencia pasiva sea el único destino. Sumarse desde cada casa, cada lugar para volver ilegítimo que vivir en Argentina signifique vivir para pagar deudas. Es necesario devolver esta discusión al centro de la vida política y sacarla de la preocupación arrasadora de la vida individualmente considerada.
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