El Intendente Marcelo Orazi firmó en la tarde de este jueves con el Ministro de Transporte de la Nación Mario Meoni el convenio que contempla la remodelación integral de la terminal de ómnibus de media y larga distancia de Villa Regina por un monto superior a los $65 millones.
La rúbrica se concretó en la ciudad de Cinco Saltos en un acto que contó con la presencia, además, del Senador Nacional Martín Doñate, y los jefes comunales de la localidad anfitriona Liliana Alvarado, Viedma Pedro Pesatti, Sierra Grande Renzo Tamburrini y Luis Beltrán Robin del Río.
Además de la firma del convenio, se anunció que el recorrido del Tren del Valle se extenderá hasta la localidad de Chichinales.
El Intendente Orazi destacó la importancia de ambas gestiones para Villa Regina que. En el caso de la terminal porque significará poner en valor un inmueble que hoy presenta graves falencias edilicias y así poder mejorar la prestación de los servicios a los usuarios.
El jefe comunal reginense recordó que la necesidad de remodelar integralmente la terminal había sido planteada en ocasión de la visita del Ministro Meoni a San Carlos de Bariloche en diciembre pasado. “En ese momento, lo puse en conocimiento de las conversaciones que llevábamos adelante con el actual concesionario que actualmente están en una etapa de definición, y de la necesidad de mejorar sus instalaciones. Ese diálogo dio sus frutos y hoy estamos firmando este convenio”, destacó Orazi.
Por otro lado, también valoró el anuncio de la extensión del recorrido del Tren del Valle a la localidad de Chichinales, lo cual, indicó, “también había solicitado al Ministro mediante nota elevada hace unos meses”.
“Son sin dudas dos excelentes noticias para Villa Regina y la región”, señaló.
Por su parte, el Ministro Meoni destacó que “para nosotros no hay nada más importante que estar cerca de cada intendente y poder seguir realizando importantes inversiones en el transporte, que necesita modernizarse al igual que las estaciones terminales”.
En otro tramo del discurso, el Ministro indicó que “es importante que desde el Estado Nacional podamos acompañar este tipo de inversiones en infraestructura que para muchos intendentes se les hace muy difícil. Y esto forma parte de la Argentina que queremos, una Argentina activa, porque de concretarlo las terminales de ómnibus van a tener una actividad muy intensa, y no queremos tener sólo terminales en las grandes ciudades sino en cada lugar del país para que se pueda recepcionar a la gente de la mejor manera”.
Además, el Ministro también se refirió a la cesión de las tierras a la Universidad de Río Negro para que ésta pueda llevar adelante el proyecto de ampliación de la sede que actualmente tiene en Villa Regina. “Para nosotros el tema de la Universidad no es un inconveniente, nosotros trabajamos para que las tierras estén al servicio de cada vecino o localidad del país. Lo que hay en Regina es un centro muy importante de lo que será el desarrollo del Tren Norpatagónico, con la inversión seguramente se requerirán de esas tierras por lo tanto ya pudimos refuncionalizar ese espacio y así podrá funcionar el tren y la Universidad continuar con su construcción”.
Luego del comunicado donde habló de “solidaridad y apoyo incondicional” a Cristina Kirchner tras el fallo de la Corte en su contra, en la cúpula de la CGT descartan la posibilidad de un paro en repudio a la ratificación de la condena que le impide a la ex presidenta ser candidata.
Frente a esa postura, crece la bronca en los gremios más cercanos al kirchnerismo, que califican de “tibia” la actitud de la central obrera y, en paralelo, preparan acciones de protesta y una movilización masiva en apoyo a Cristina.
“La CGT está totalmente a destiempo. Sacan un comunicado sin ningún posicionamiento ni acción clara. Es una actitud vergonzosa”, dijo a LPO Carlos Ortega, secretario General del gremio de trabajadores de Anses (Secasfpi).
Al hablar de “una actitud bastante egoista” de la mesa chica de la central obrera, Ortega apuntó: “Escuchan mucho a la embajada de Estados Unidos y así como pensaban que Macri duraba ocho años y cerraron la boca, hoy están en la misma posición, expectante y de especulación”.
El malestar con la cúpula cegetista escaló a la salida de la reunión de autoridades del PJ que se hizo esta tarde en Matheu para coordinar las próximas acciones. Ahí, empezaron a llegar mensajes confirmando que no hay voluntad de reunión en Azopardo y menos aún de paro.
La CGT está totalmente a destiempo. Sacan un comunicado sin ningún posicionamiento ni acción clara. Es una actitud vergonzosa
Como fuere, el bloque de gremios que viene articulando a la par del PJ nacional ya definió una reunión para este jueves en la sede de Smata con el objetivo de definir las medidas a tomar por los casi 50 gremios que se declararon en estado de alerta y movilización por el fallo contra la ex mandataria y que ya realizaron medidas de fuerza este miércoles.
En ese sentido, la idea es profundizar acciones desde huelgas hasta una movilización masiva para los próximos días.
Luego del encuentro en Smata, está prevista una reunión de consejo directivo y regionales de Las 62 Organizaciones peronistas en la sede del sindicato de Peones de Taxis.
“La idea es movilizar a las regionales, convocar a la unidad del movimiento obrero y adaptarnos a la decisión del PJ. Las 62 organizaciones históricamente ha sido la estructura política para decir lo que la CGT a veces no dice”, dijo a LPO el titular de Las 62, Marcelo Pariente, que definió como “tibia” la postura de la CGT ante el fallo de la Corte.
La estrategia que habían trazado Karina Milei y Lule Menem de competir en las elecciones provinciales con candidatos libertarios puros se chocó de frente en Corrientes con la dificultad para encontrar un candidatos potable.
El jueves pasado hubo un contacto entre el gobernador radical Gustavo Valdés y el asesor presidencial Santiago Caputo y la candidatura a gobernador por La Libertad Avanza del diputado Lisandro Almirón, quedó herida de muerte. La Casa Rosada tiene decidido ir en un acuerdo electoral con Valdés en las elecciones de gobernador del próximo 31 de Agosto, donde el actual mandatario postulará como sucesor a su hermano Juan Pablo.
La muy probable decisión de bajar a Almirón fue compartida por Lule Menem y tendría el visto bueno de Karina Milei, que tiene la última palabra en las definiciones de armados políticos del Gobierno. La decisión tuvo un argumento de peso: evitarse un papelón electoral a una semana de las criticas elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
Es que las encuestas que manejan en la casa Rosada arrojaron números alarmantes: Almirón aparecía cuarto debajo de Valdés, del radical rebelde Ricardo Colombi y el kirchnerista Martín Ascua.
Almirón viene de protagonizar varios escándalos vinculados a las cajas de Anses y PAMI, por la designación de familiares en las dependencias públicas y hasta una denuncia por una supuesta falsificación de la firma de su abuela para quedarse con un inmueble.
La decisión de la Casa Rosada de bajar al diputado Almirón tuvo un argumento de peso: evitarse un papelón electoral a una semana de las criticas elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. El libertario, golpeado por distintos escándalos, aparecía en cuarto lugar en las encuestas.
Además de todos los escándalos en su provincia, Almirón saltó a la fama cuando se agarró a trompadas con Oscar Zago en pleno recinto de la Cámara de Diputados, cuando se iba a votar la ratificación de Marcela Pagano en la Comisión de Juicio Político.
Cuando empezó a quedar claro que la candidatura de Almirón era inviable, un grupo de libertarios díscolos constituyeron el Grupo Alondra y trataron de llevarle a Karina un candidato alternativo, pero no consiguieron un nombre atractivo.
El diputado Lisandro Almirón junto a Oscar Zago.
Situación que aprovechó Santiago Caputo para colar en la negociación el nombre de su protegido, el senador peronista Camau Espínola. “Quieren meterlo de candidato a vicegobernador o a intendente de Corrientes Capital”, afirmó a LPO un dirigente radical al tanto de las negociaciones.
La opción que tiene alguna chance, según este dirigente, es la de candidato a intendente porque permitiría a Juan Pablo Valdés sumar algunos puntos en la capital provincial, siempre difícil. “Es muy difícil que vaya de vice, tiene muy mala imagen a nivel provincial”, afirmó a LPO un operador cercano al gobernador.
La otra incógnita importante de la elección es si el radical rebelde Colombi cerrará una alianza con el peronista Martín “Tincho” Ascúa, apadrinado por Cristina Kirchner. “Es poco probable”, estiman en el oficialismo correntino.
Camau puede ir de candidato a intendente de Corrientes Capital del oficialismo, pero es muy difícil que vaya de vice, tiene mala imagen a nivel provincial.
Estas definiciones son importantes porque en Corrientes hay un sistema de doble vuelta. Para evitar el ballotage, el ganador tiene que sacar más de 45 puntos o 40 puntos y una diferencia de 10 puntos con el segundo, como en las presidenciales.
El peronismo apuesta a un ballotage, pero si Valdés termina de cerrar con los libertarios y camau, ese objetivo se le complica.
Como sea, todas estas incógnitas se terminarán de despejar este lunes, cuando vence el plazo para presentar las alianzas partidarias.
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa que quedan disponibles los últimos lugares destinados a artesanos y emprendedores que deseen participar de la Feria ReEmprender especial ‘Carnaval del amor’ durante sábado y domingo próximos. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 2984 904350 o acercarse a la Oficina de Turismo ubicada en…
Desde que soy chica escucho la misma historia, que la fruticultura no encuentra soluciones a la crisis y vive en un loop constante, que cada año hay menos productores, que los medianos y pequeños no se pueden solventar, que otras tantas chacras quedan abandonadas sin trabajar, o son vendidas en pos del crecimiento urbano, o…
Negocios millonarios y favores cruzados: el clan Menem-Hazaff se potencia con el aval de Milei. Con el sello de Javier Milei, compañías emergentes vinculadas a Martín Menem y un empresario enigmático ganan licitaciones millonarias en seguridad y limpieza. Una trama que deja en evidencia una política pública opaca y una cercanía dentro del nuevo poder que merece preguntas incómodas.
Desde diciembre de 2023, dos firmas poco conocidas en el mundo de los negocios estatales —Global Protection Service (GPS) Group y La Bizantina S.G. S.A.— empezaron a copar los contratos públicos. En total, acumulan más de 4.324 millones de pesos en servicios de vigilancia y limpieza. ¿Lo curioso? Ambas emanan de un mismo entramado familiar: por un lado, los hermanos Menem, con Martín como figura pública en la Cámara de Diputados; por el otro, los Hazaff, con “El Turco” Nicolás en el centro de la operación secreta.
Este posicionamiento empresarial impresionante coincide con la llegada del Gobierno de Javier Milei. Antes del 10 de diciembre de 2023, ninguna de estas empresas figuraba como proveedor del Estado. Ahora, GPS recibe contratos enormes y recurrentes; La Bizantina hace lo propio con obra gruesa en limpieza. Resultado: un claro beneficiario de las políticas libertarias del nuevo Ejecutivo.
GPS Group surge como un derivado de Tech Security, firma privada de seguridad fundada por Martín Menem y sus hermanos hace más de dos décadas. Al asumir como presidente de Diputados, Menem cedió formalmente su participación, pero la placa del negocio siguió brillando. Los contratos que antes llevaba Tech Security, poco a poco aterrizaron sobre GPS, que en la zaga del cambio de Gobierno se inclinó en cascada sobre la nueva firma.
Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): 1.140 millones de pesos, más una ampliación por 290 millones.
ENARGAS (antes Tech Security): 289,7 millones en octubre de 2024.
Teatro Nacional Cervantes: 152,4 millones en diciembre 2023 y, tras prórroga en 2024, creció hasta 448,6 millones.
INCUCAI: un contrato inicial de 137 millones y otro adicional de 442 millones.
A todo esto se suma un contrato menor con la ANAC (17,9 millones) y, sobre todo, la participación en seguridad aeroportuaria con Aerolíneas Argentinas, que rondaría los mil millones anuales. Con la reciente desregulación de cargas aeroportuarias, GPS Group (a través de globalhandling.com) ya se prepara para monopolizar otro nicho con riesgo de exclusividad.
El llamado «Turco» Hazaff, casi invisible en redes, pero con ascendencia bien clara en el mundo empresario, habría sido el puente clave. Fuentes señalan que mantiene relación directa con Fernando Menem, hermano menor de Martín —posiblemente el nexo para la cesión de contratos sin licitaciones claras.
Como GPS, La Bizantina debutó con el arribo de Milei, y lo hizo en grande. La firma, presidida por Claudio Oberst —cuñado de Hazaff—, ya acumuló casi 1.367 millones de pesos en contratos de limpieza:
Cámara de Diputados: 694,7 millones para la limpeza total del Palacio Legislativo, adjudicado en septiembre 2024, bajo la conducción de Menem.
Ministerio de Seguridad (Bullrich): 553 millones en diciembre 2024.
ANAC: 120 millones desde enero 2025, para mantenimiento en aeropuertos y aeródromos.
Nadie impulsó los bolsillos de La Bizantina tanto como los propios miembros del clan que ahora ostentan influencia directa en las estructuras de poder. Una estrategia donde la familia Hazaff – Menem aparece como co-distribuidora de negocios sin antecedentes ni competencia real.
Aquí toma fuerza una pregunta sensible para cualquier demócrata: ¿es mérito o es amiguismo? El Gobierno libertario proclamó una revolución del sector público basada en eficiencia, reducción del Estado y transparencia. Pero lo que se observa en este caso es diametralmente opuesto: creación de oligopolios privados con acceso privilegiado, contratos millonarios sin historial previo, y una cascada de beneficios atribuibles directamente a la posición política de sus titulares —Menem y Bullrich—.
Un entramado que echa por tierra el discurso oficial, permeado por el «desregulación» y la «competencia libre». Aquí se impone una reinterpretación del poder: no es libre mercado, es mercado libre solo para unos pocos.
Martín Menem intenta disfrazar su exitismo con actos simbólicos: sortea su salario como una operación de marketing bien orquestada, copiada de Milei, quien ya lo realizó públicamente. Sin embargo, la performance artístico-politica no encubre el contraste brutal entre su salario legislativo y los ingresos por contratos estatales: en montos que multiplican por varias veces esa cifra, sin dejar rastro de garantías, transparencia ni competencia pública.
Por su parte, Milei tiene ante sí un desafío: o sigue permitiendo este tipo de estructuras con olor a corrupción (porque fuentes directas vinculan a funcionarios y familiares) o se hace valer su discurso de revolución libertaria. Hasta el momento, el silencio y la continuidad de contratos les permiten a ambos seguir recaudando –y limpiando como les viene en gana.
Es necesario marcar que ninguna ley prohíbe que familiares de legisladores participen de licitaciones públicas. Tampoco el traspaso de acciones de empresas para preservar formalmente la “incompatibilidad”. Pero para quien observe desde afuera, el cuadro luce empañado por una larga urdimbre de confianza interna, conexiones familiares e influencia política cruzada: una transacción en donde los ciudadanos pagan la factura.
Observar cómo contratos por seguridad y limpieza —servicios esenciales— quedan en manos de actores con vínculos directos al poder y una historia económica menor en el sector, debería activar alarmas sobre la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de control estatal. Especialmente cuando los beneficiarios pertenecen a círculos cercanos a quienes dicen querer reducir el Estado.
El relato mediático del Gobierno de Milei se deshace cuando se revelan conexiones como esta. No es la austeridad, no es la eficiencia, no es la transparencia: es una redistribución de recursos públicos hacia bolsillos afines. Una suerte de privatización encubierta, donde los favorecidos no son “emprendedores virtuosos”, sino familias que han sabido amoldarse al viento político.
El verdadero negocio no está en la desregulación de las cargas aeroportuarias, ni en el rubro de la seguridad o la limpieza. Está en construir un sistema paralelo, donde el Estado permanece disponible para quienes comparten -o abonan- afinidades ideológicas. Y eso no es casualidad, es estrategia.
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