El Intendente Marcelo Orazi firmó en la tarde de este jueves con el Ministro de Transporte de la Nación Mario Meoni el convenio que contempla la remodelación integral de la terminal de ómnibus de media y larga distancia de Villa Regina por un monto superior a los $65 millones.
La rúbrica se concretó en la ciudad de Cinco Saltos en un acto que contó con la presencia, además, del Senador Nacional Martín Doñate, y los jefes comunales de la localidad anfitriona Liliana Alvarado, Viedma Pedro Pesatti, Sierra Grande Renzo Tamburrini y Luis Beltrán Robin del Río.
Además de la firma del convenio, se anunció que el recorrido del Tren del Valle se extenderá hasta la localidad de Chichinales.
El Intendente Orazi destacó la importancia de ambas gestiones para Villa Regina que. En el caso de la terminal porque significará poner en valor un inmueble que hoy presenta graves falencias edilicias y así poder mejorar la prestación de los servicios a los usuarios.
El jefe comunal reginense recordó que la necesidad de remodelar integralmente la terminal había sido planteada en ocasión de la visita del Ministro Meoni a San Carlos de Bariloche en diciembre pasado. “En ese momento, lo puse en conocimiento de las conversaciones que llevábamos adelante con el actual concesionario que actualmente están en una etapa de definición, y de la necesidad de mejorar sus instalaciones. Ese diálogo dio sus frutos y hoy estamos firmando este convenio”, destacó Orazi.
Por otro lado, también valoró el anuncio de la extensión del recorrido del Tren del Valle a la localidad de Chichinales, lo cual, indicó, “también había solicitado al Ministro mediante nota elevada hace unos meses”.
“Son sin dudas dos excelentes noticias para Villa Regina y la región”, señaló.
Por su parte, el Ministro Meoni destacó que “para nosotros no hay nada más importante que estar cerca de cada intendente y poder seguir realizando importantes inversiones en el transporte, que necesita modernizarse al igual que las estaciones terminales”.
En otro tramo del discurso, el Ministro indicó que “es importante que desde el Estado Nacional podamos acompañar este tipo de inversiones en infraestructura que para muchos intendentes se les hace muy difícil. Y esto forma parte de la Argentina que queremos, una Argentina activa, porque de concretarlo las terminales de ómnibus van a tener una actividad muy intensa, y no queremos tener sólo terminales en las grandes ciudades sino en cada lugar del país para que se pueda recepcionar a la gente de la mejor manera”.
Además, el Ministro también se refirió a la cesión de las tierras a la Universidad de Río Negro para que ésta pueda llevar adelante el proyecto de ampliación de la sede que actualmente tiene en Villa Regina. “Para nosotros el tema de la Universidad no es un inconveniente, nosotros trabajamos para que las tierras estén al servicio de cada vecino o localidad del país. Lo que hay en Regina es un centro muy importante de lo que será el desarrollo del Tren Norpatagónico, con la inversión seguramente se requerirán de esas tierras por lo tanto ya pudimos refuncionalizar ese espacio y así podrá funcionar el tren y la Universidad continuar con su construcción”.
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Luis Caputo abrió una nueva fuente potencial de financiamiento para el Tesoro. Esta vez, con el fondo creado para afrontar las indemnizaciones de los trabajadores.
La Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía definió este miércoles dónde podrán colocarse los recursos del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y dejó una particularidad difícil de pasar por alto: puso límites para casi todos los activos, menos para la deuda del Estado nacional.
El FAL es una de las piezas centrales de la reforma laboral aprobada este año. Fue creado por la Ley 27.802 para que las empresas acumulen recursos destinados a afrontar indemnizaciones por despidos y otras formas de extinción del contrato laboral. No reemplazan formalmente la indemnización ni liberan al empleador si el dinero acumulado resulta insuficiente. Funcionan como una reserva financiera para ayudar a pagarla.
El sistema alcanzará a los empleadores privados y comenzará a funcionar el 1 de noviembre. Cada empresa tendrá una cuenta individual dentro de un fondo común de inversión o fideicomiso financiero autorizado por la Comisión Nacional de Valores. Ese patrimonio será separado, inembargable y de afectación específica. La administración quedará en manos de entidades habilitadas por la CNV.
La plata tampoco sale directamente del bolsillo del trabajador. La ley estableció una contribución mensual equivalente al 1% de la masa salarial imponible para las grandes empresas y al 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas. El Poder Ejecutivo podrá elevar esos porcentajes hasta 1,5% y 3%, respectivamente, con las condiciones previstas por la propia norma. Los pagos serán canalizados mensualmente a través de ARCA.
Son recursos que hasta ahora tenían destino previsional y financiaban el sistema de seguridad social. La reforma reduce contribuciones patronales y redirecciona una parte de ese flujo hacia las cuentas destinadas a afrontar futuras indemnizaciones.
Hasta ahí, la arquitectura laboral. La resolución de Caputo incorpora ahora la pata financiera y transforma ese flujo en una nueva masa de ahorro institucional que saldrá todos los meses al mercado a buscar activos.
Economía autorizó que los fondos compren títulos públicos nacionales a tasa fija, ajustados por CER, vinculados a la TAMAR, dólar linked y bonos duales. También podrán colocar dinero en deuda provincial, obligaciones negociables de empresas privadas y depósitos bancarios. Todos los instrumentos deberán estar integrados y ser pagaderos en pesos.
Pero la diversificación tiene una curiosidad. La deuda provincial no podrá representar más del 15% de la cartera. Las obligaciones negociables privadas tendrán un límite del 20%. Los depósitos en una misma entidad financiera tampoco podrán superar el 15%. Para los títulos dólar linked habrá además un máximo agregado del 10%. Para la deuda del Tesoro Nacional, en cambio, la resolución no establece un porcentaje máximo equivalente.
En otras palabras, Economía puso barandas alrededor de casi todos los casilleros de inversión y dejó abierto el que conduce a sus propios títulos.
Para la deuda del Tesoro Nacional, la resolución no establece un porcentaje máximo equivalente. En otras palabras, Economía puso barandas alrededor de casi todos los casilleros de inversión y dejó abierto el que conduce a sus propios títulos
La reglamentación que todavía debe dictar la CNV podrá agregar restricciones adicionales, pero en la resolución publicada por Caputo no aparece un techo específico para la exposición del FAL a deuda soberana nacional.
El detalle cobra mayor importancia por otra disposición. Los fondos deberán mantener como mínimo un 10% de su patrimonio en activos de alta liquidez para responder a los pagos de indemnizaciones.
Entre los instrumentos que Economía considera aptos para cumplir esa exigencia incluyó expresamente Letras del Tesoro en pesos, a tasa fija o ajustables por CER, con hasta 90 días de plazo remanente.
Es decir, hasta el colchón de liquidez que debe estar disponible para pagar un despido podrá utilizarse para financiar al Tesoro.
Federico Sturzenegger, el ideólogo del plan para las indemnizaciones
El contraste con el tratamiento de otros emisores es todavía mayor. Para comprar deuda provincial u obligaciones negociables privadas, los instrumentos deberán contar con calificación AAA en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras registradas ante la CNV. Los títulos emitidos por el Estado Nacional no enfrentan ese filtro.
El tamaño potencial del nuevo jugador tampoco es menor. Según los últimos datos disponibles del SIPA, en abril había 6,13 millones de asalariados privados registrados. El RIPTE de mayo, que sirve sólo como referencia y no coincide exactamente con la base imponible del FAL, alcanzó los 1.849.728 de pesos mensuales.
El contraste con el tratamiento de otros emisores es todavía mayor. Para comprar deuda provincial u obligaciones negociables privadas, los instrumentos deberán contar con calificación AAA en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras registradas ante la CNV. Los títulos emitidos por el Estado Nacional no enfrentan ese filtro
Un cálculo mecánico permite dimensionar el volumen, aunque no proyectar todavía con precisión cuánto dinero efectivamente ingresará al sistema. Si todos esos trabajadores tributaran sobre una remuneración equivalente al RIPTE, una contribución del 1% representaría alrededor de 113.000 millones de pesos mensuales, unos 1,36 billones por año. Con una alícuota del 2,5%, el flujo treparía a unos 283.000 millones de pesos mensuales, cerca de 3,4 billones anuales.
El monto real estará en algún punto que no puede determinarse todavía con esos datos, porque depende de la masa salarial efectivamente alcanzada, de la distribución de trabajadores entre grandes empresas y MiPyMEs y de la remuneración imponible de cada uno.
Pero la cuenta sirve para mostrar la escala: el Gobierno acaba de crear un inversor institucional capaz de administrar varios billones de pesos y habilitó al Tesoro para disputar una porción importante de ese ahorro.
La CNV tendrá ahora que completar el tablero. El decreto reglamentario le encomendó dictar las normas necesarias para poner en funcionamiento los vehículos de inversión y establecer sus requisitos.
Hasta entonces, el diseño que dejó Caputo tiene una particularidad política y financiera difícil de disimular. La reforma laboral creó un fondo para garantizar que haya plata cuando llegue el momento de pagar una indemnización. Economía acaba de decidir que, mientras ese momento no llegue, una parte potencialmente muy importante de esa plata podrá descansar en títulos emitidos por el propio Estado. El fondo de los despidos entra así al mercado de pesos. Y el Tesoro queda primero en la fila.
La operación tiene entonces dos movimientos. Primero, una porción de los recursos que ingresaban al sistema previsional deja de hacerlo y pasa a alimentar los Fondos de Asistencia Laboral. Después, mientras esos pesos no sean necesarios para pagar indemnizaciones, las administradoras podrán invertirlos en los activos habilitados por Economía.
La imagen de Javier Milei alcanzó el 57% de negativos y solo lo superan en ese ítem Máximo Kirchner y Mauricio Macri según un estudio de la consultora Giacobbe.
El presidente suma 33,9% de imagen positiva, un número que lo deja por debajo del 36,7 de Axel Kicillof y del 34,5% de Patricia Bullrich.
Más atrás se encuentra Cristina Kirchner con 29,6%, Diego Santilli con 27,4%, Mauricio Macri con 18,3%, Máximo Kirchner con 16,4% y Victoria Villarruel con 12,4%.
Macri tiene una negativa de 61,4%, más que el 58% de Máximo Kirchner y que Milei y los tres quedaron últimos en ese rubro.
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