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Orazi firmó el convenio para la remodelación integral de la terminal de ómnibus

El Intendente Marcelo Orazi firmó en la tarde de este jueves con el Ministro de Transporte de la Nación Mario Meoni el convenio que contempla la remodelación integral de la terminal de ómnibus de media y larga distancia de Villa Regina por un monto superior a los $65 millones.

La rúbrica se concretó en la ciudad de Cinco Saltos en un acto que contó con la presencia, además, del Senador Nacional Martín Doñate, y los jefes comunales de la localidad anfitriona Liliana Alvarado, Viedma Pedro Pesatti, Sierra Grande Renzo Tamburrini y Luis Beltrán Robin del Río.

Además de la firma del convenio, se anunció que el recorrido del Tren del Valle se extenderá hasta la localidad de Chichinales.

El Intendente Orazi destacó la importancia de ambas gestiones para Villa Regina que. En el caso de la terminal porque significará poner en valor un inmueble que hoy presenta graves falencias edilicias y así poder mejorar la prestación de los servicios a los usuarios.

El jefe comunal reginense recordó que la necesidad de remodelar integralmente la terminal había sido planteada en ocasión de la visita del Ministro Meoni a San Carlos de Bariloche en diciembre pasado. “En ese momento, lo puse en conocimiento de las conversaciones que llevábamos adelante con el actual concesionario que actualmente están en una etapa de definición, y de la necesidad de mejorar sus instalaciones. Ese diálogo dio sus frutos y hoy estamos firmando este convenio”, destacó Orazi.

Por otro lado, también valoró el anuncio de la extensión del recorrido del Tren del Valle a la localidad de Chichinales, lo cual, indicó, “también había solicitado al Ministro mediante nota elevada hace unos meses”.

“Son sin dudas dos excelentes noticias para Villa Regina y la región”, señaló.

Por su parte, el Ministro Meoni destacó que “para nosotros no hay nada más importante que estar cerca de cada intendente y poder seguir realizando importantes inversiones en el transporte, que necesita modernizarse al igual que las estaciones terminales”.

En otro tramo del discurso, el Ministro indicó que “es importante que desde el Estado Nacional podamos acompañar este tipo de inversiones en infraestructura que para muchos intendentes se les hace muy difícil.  Y esto forma parte de la Argentina que queremos, una Argentina activa, porque de concretarlo las terminales de ómnibus van a tener una actividad muy intensa, y no queremos tener sólo terminales en las grandes ciudades sino en cada lugar del país para que se pueda recepcionar a la gente de la mejor manera”.

Además, el Ministro también se refirió a la cesión de las tierras a la Universidad de Río Negro para que ésta pueda llevar adelante el proyecto de ampliación de la sede que actualmente tiene en Villa Regina. “Para nosotros el tema de la Universidad no es un inconveniente, nosotros trabajamos para que las tierras estén al servicio de cada vecino o localidad del país. Lo que hay en Regina es un centro muy importante de lo que será el desarrollo del Tren Norpatagónico, con la inversión seguramente se requerirán de esas tierras por lo tanto ya pudimos refuncionalizar ese espacio y así podrá funcionar el tren y la Universidad continuar con su construcción”.

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  • La secretaria de Energía criticó a la industria y crece la pelea por el precio del gas

     

     La secretaria de Energía, María Tettamanti, profundizó la pelea del Gobierno con las industrias por el costo del gas en invierno. La funcionaria rechazó los reclamos de las cámaras empresarias y sostuvo que los problemas del sector privado no se explican por el precio de la energía.

    «Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía», afirmó Tettamanti en el Midstream & Gas Day organizado por Econojournal. La funcionaria dijo que la energía argentina es «muy competitiva» y que el aumento de los costos por la guerra afectó a todos los países. «De hecho, en algunos países fue peor porque no tienen energía», agregó. Y cerró con una definición política: «Hay que atacar las causas, no las consecuencias».

    La frase cayó en medio de un conflicto abierto. La Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera y los grandes consumidores de gas venían acumulando reclamos por el aumento inesperado de los costos de abastecimiento, la falta de previsibilidad y el riesgo de cortes en pleno pico de consumo invernal.

    El Gobierno reasumió la importación de GNL a través de Enarsa para evitar un impacto directo sobre las tarifas residenciales. Pero al mismo tiempo decidió que las industrias absorban el costo real del gas importado, sin subsidios directos. La cuenta quedó partida en dos. Los hogares quedaron protegidos del shock. Las fábricas, en cambio, quedaron expuestas al precio pleno.

    Caputo festejó el dato de industria y construcción, pero los números del Indec muestran caídas

    El enojo empresario tiene tres frentes. El primero es el precio. En las subastas de Enarsa por el GNL regasificado, las industrias se encontraron con valores que podían rozar los 20 dólares por millón de BTU, casi cinco veces el valor del gas local. En una primera compulsa, el precio informado fue de 19,76 dólares por millón de BTU y la subasta quedó desierta. Nadie quiso convalidar ese número.

    El caso de CIARA volvió más ruidosa la pelea. La cámara aceitera denunció falta de transparencia después de que Enarsa informara, pocas horas antes de una subasta, un aumento del 47% en el costo de regasificación. El valor pasó de 3,50 a 5,16 dólares por millón de BTU. Para las cerealeras, ese salto alteró la planificación, encareció el costo exportador y golpeó procesos críticos como el secado de granos, la generación eléctrica y la producción vinculada a fertilizantes.

    Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía.

    El segundo frente son los cortes. A fines de mayo, unas 130 fábricas ya sufrían restricciones totales o parciales de gas. El problema pegó sobre todo en Córdoba, el Litoral y el NOA, donde la capacidad de transporte no alcanza cuando sube la demanda residencial. Según los industriales, las interrupciones no se limitaron a contratos interrumpibles. También alcanzaron a empresas con contratos firmes y semifirmes, que pagan más para tener mayor seguridad de suministro.

    El impacto no es administrativo. Una planta que se queda sin gas tiene que parar líneas, reorganizar turnos, usar combustibles alternativos más caros o absorber costos que después aparecen en toda la cadena. La Unión Industrial de Córdoba lo planteó en esos términos: producir bajo incertidumbre diaria y sobrecostos extraordinarios complica el empleo, la inversión y los precios.

    El tercer frente es el traslado del riesgo. ACIGRA, que reúne a grandes consumidores industriales, cuestionó que el nuevo esquema obliga a las empresas a estimar con precisión cuánto gas necesitarán durante el invierno. Si compran de más, pagan un sobrecosto millonario por un insumo que quizás no usan. Si compran de menos, o si el sistema se satura, pueden quedarse sin abastecimiento.

    Por eso las cámaras llevaron el reclamo al Ministerio de Economía. La mesa chica de la UIA se lo planteó a Luis Caputo y a Pablo Lavigne. La propuesta fabril fue pagar el costo real del GNL, pero sin absorber todo el salto provocado por la guerra. En la entidad plantean que pasar de 10 dólares a 22 o 23 dólares por millón de BTU es inviable para una industria golpeada por caída de demanda, presión impositiva, márgenes comprimidos y dificultades financieras.

    El conflicto tiene una historia corta, pero intensa. En febrero, mediante la Resolución 33/2026, Economía había convocado a una licitación nacional e internacional para elegir un «comercializador» privado. Ese operador debía importar GNL, regasificarlo en Escobar y venderlo en el mercado interno. El objetivo era sacar esa carga financiera del Estado y reducir el riesgo fiscal.

    La idea duró poco. A fines de abril, el Ejecutivo dio marcha atrás. La licitación, en la que aparecían jugadores como Trafigura y Naturgy, quedó cancelada y la operatoria volvió a Enarsa. El motivo fue doble. Por un lado, la volatilidad internacional y la suba del gas por la tensión geopolítica. Por otro, las ofertas privadas llegaron más caras de lo previsto. Economía intervino la licitación después de ofertas de 4,91 y 4,95 dólares por millón de BTU, más del doble del costo que venía pagando Enarsa por el mismo concepto.

    El Gobierno eligió entonces una solución intermedia. Enarsa compra, el Estado ordena, pero las industrias pagan. La administración libertaria evita un salto tarifario pleno en hogares para no pegarle a la inflación, cuida el superávit fiscal con subsidios más focalizados y descarga sobre el sector productivo el costo más duro del invierno.

    Tettamanti defendió esa arquitectura con una frase que resume la doctrina oficial. «La eficiencia se logra cuando los precios reflejan los costos», dijo. También insistió en que el sector privado debe «contractualizar» y que el Plan Gas termina en 2028 y no será renovado. Cuando le preguntaron a qué precio, respondió: «No sé a qué precio, la verdad es que no tengo ni idea». Y agregó: «No es mi responsabilidad, no es mi obligación y no es mi rol». Su rol, explicó, es fijar reglas.

    La neutralidad también es reparto. El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo.

    Alejandro Di Palma, del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, lo resumió con una fórmula incómoda para el discurso oficial: «La neutralidad también es un reparto». Para el especialista, la Secretaría de Energía no puede decir que solo fija reglas y después desentenderse del precio, porque esas reglas ya definen ganadores y perdedores. «El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo», señaló. En su lectura, el racionamiento no se privatizó: lo que se privatizó fue el riesgo.

    La paradoja es que el Estado se retira de la garantía, pero no del mando. Sigue definiendo la demanda prioritaria. Sigue ordenando cortes. Sigue obligando a las distribuidoras a ejecutar restricciones con cuadrillas y controles. 

    El punto físico también desarma parte del relato. Tettamanti admitió que el sistema llega al invierno con la misma capacidad de transporte que el año pasado, igual o mayor producción en Neuquén y una cantidad similar de barcos de GNL. Si la restricción está en los caños y no en la molécula, mandar a la industria a comprar gas no agrega un metro cúbico al sistema. Apenas reordena por precio una escasez que antes se administraba por instrucción. La señal de precios no construye gasoductos.

    Ahí aparece la renta escondida. Vaca Muerta produce gas barato, pero en los picos de consumo el precio lo fija el GNL importado. La brecha entre el gas local y el importado no expresa solo un costo. También expresa la falta de infraestructura. El industrial que paga el sobreprecio no paga únicamente energía. Paga la escasez de transporte que el propio Estado no resolvió, ni este gobierno ni los anteriores.

    El equilibrio actual tiene otro dato incómodo: cierra porque la economía está fría. La red no desborda, en parte, porque buena parte de la industria está de rodillas. Si la actividad se recupera, el límite del transporte va a aparecer con más fuerza. 

    La discusión, entonces, excede el invierno. Vaca Muerta puede ser una plataforma para abaratar la energía de la producción local o una caja de renta exportadora. Son dos países distintos. 

     

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  • Una nueva semana de colonia de vacaciones, en marcha

    Este lunes comenzó la tercera semana de la colonia de vacaciones que organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina. Niños y niñas de los barrios Tierra del Fuego, Lihue, Valsecchi, Padre Gardín, 25 de Mayo, San Martín, Cerezos 1 y 2, Fedalto, Aylen, Progreso y CGT disfrutan de las actividades recreativas…

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  • Dos legisladores abandonan a Weretilneck y desatan una crisis política en Rio Negro

     

    Alberto Weretilneck perdió dos legisladores y podría ser el inicio de una sangría en el oficialismo que incluya a otros legisladores, a concejales e intendentes en todo Río Negro.

    La partida de Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti es algo inédito en los 15 años de gobierno de Juntos Somos Río Negro. Ambos abandonaron el bloque oficialista en la legislatura provincial el mismo día que Weretilneck lanzaba la renovación del partido.

    El elegido para liderar Juntos Somos Río Negro fue Rodrigo Buteler, el intendente de Cipolletti que Weretilneck ve como su sucesor en 2027 si las encuestas no lo favorecen. En caso de pasar el filtro, el gobernador tiene decidido «abrir la fórmula» al PRO, como le confesó hace poco a Horacio Massaccesi.

    El problema de Weretilneck es que son pocos los que imaginan al oficialismo gobernando la provincia otros cuatro años. «Después de 15 años, hay un desgaste muy grande y una crisis de representación», explicó un funcionario que abandonó el espacio.

    Denuncian que Weretilneck habilitó tres hidroeléctricas para capitales qataríes sin pasar por la Legislatura

    El gobernador delega las cuestiones energéticas en su esposa, Andrea Confini y no abre el juego a otros actores. Ese manejo hizo que Weretilneck se ganara varios enemigos, como su vice gobernador Pedro Pesatti, que terminó rompiendo como antes lo había hecho Arabela Carreras, ex gobernadora.

    Gennuso tiene muy mala relación con Weretilneck. Los libertarios lo saben y por eso lo nombraron. Van a venir por la provincia en 2027.

    El ex intendente de Bariloche Gustavo Genusso también se distanció de Weretilneck y logró que el gobierno nacional lo designara al frente de la prestigiosa Fundación Intecnus. A los pocos días la Justicia reactivó una causa contra él que estaba dormida.

    El ex intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso.

    «Gennuso tiene muy mala relación con Weretilneck. Los libertarios lo saben y por eso lo nombraron. Van a venir por la provincia en 2027», dijo a LPO un legislador provincial.

    María Emilia Soria, del peronismo, y Aníbal Tortoriello, ahora cercano a LLA, aparecen como los principales contendientes.

    Sin pertenencia partidaria marcada y con orientación socialcristiana, Tortoriello perteneció al PRO y luego desembarcó en LLA. Años antes había estado en conversaciones para ser candidato a intendente de Cipolleti por el peronismo, pero terminó ganado con la lista del PRO.

    Soria, intendenta de General Roca, también será candidata el año próximo. El apellido tiene peso en la provincia: su hermano Martín se impuso en 2025 en la boleta de senadores, mientras que Tortoriello ganó en diputados.

    «Hay otros intendentes, legisladores y concejales de Juntos Somos Río Negro que están esperando una señal de Tortoriello para irse. Hay clima de fin de ciclo», le dijo a LPO un ex funcionario que se alejó del oficialismo.

     

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