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Orazi firmó convenio que beneficiará con el servicio de cloacas a más de 600 familias

El Intendente Marcelo Orazi firmó en Buenos Aires el convenio para una obra de gran importancia para más de 600 familias: el proyecto de la colectora cloacal para el sector suroeste de Villa Regina por un monto aproximado de $68 millones.

Tras más de 6 años de espera, los vecinos de los barrios Tinti Méndez, ARA San Juan y Vesprini y del loteo Asociación Civil Hogar se verán beneficiados con la ejecución de los trabajos.

Hay que destacar que además se generarán más de 20 empleos en la ciudad.

El convenio fue firmado entre el Intendente Orazi y el Ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis, acompañado por el representante del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento  (ENOHSA), Néstor Alvarez.

Para arribar a esta rúbrica fue fundamental la gestión que Orazi realizó en junio ante el ENOHSA ya que a partir de allí se agilizó el proceso.

“Estoy verdaderamente feliz de dar esta noticia tan importante a los vecinos ya que significa que próximamente contarán con este servicio tan necesario”, manifestó el Intendente.

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    Osvaldo Jaldo logró reactivar la obra pública en Tucumán, una provincia que arrastra décadas de baja inversión en infraestructura y había quedado relegada, incluso frente a vecinos como Jujuy, Catamarca y Salta.

    En su segundo año de mandato y en medio de la caída casi total de la obra pública por el ajuste de Milei, Tucumán activó un ambicioso plan de obra pública que incluye finalizar un complejo de torres Procrear de 1.600 viviendas, que es en los hechos el proyecto de viviendas populares en construcción, más grande del país y que el gobierno de Milei abandonó con apenas el 10 por ciento de avance.

    Al inicio del año Jaldo prometió que el 2025 iba a ser el año de la reactivación de la obra pública en Tucumán y esto generó cierta incredulidad por el adverso contexto nacional, pero Jaldo se las ingenió para reactivar las obras con una combinación de recursos propios y acuerdos puntuales con el gobierno de Milei, con el que siempre mantuvo líneas abiertas y en instancias críticas ayudó con el quórum de sus diputados en el Congreso.

    En plena negociación del Presupuesto, Milei le gira 20 mil millones de ATN a Jaldo

    De hecho, logró que el ministro Toto Caputo le transfiera a la provincia el Procrear Manantial Sur, ubicado en la periferia de San Miguel de Tucumán, que contempla la construcción de 1.600 viviendas y la urbanización de 1.400 lotes con servicios, por un costo total de 80.000 millones. 

    El abandono de los Procrear es uno de los costados más lamentables de la administración de Milei, que tiene en el complejo de Berazategui de la provincia de Buenos Aires su símbolo más evidente, donde torres de viviendas para 1.400 personas casi terminadas, fueron dejadas a la interperie.

    Pese a ser por lejos la provincia con mayor potencia económica del Norte, Tucumán venía muy rezaga en obra pública respeto a sus vecinos y a años luz de provincias como Córdoba o Mendoza, en términos de infraestructura.

    Jaldo logró que Toto Caputo le transfiera a la provincia el Procrear Manantial Sur, ubicado en la periferia de San Miguel de Tucumán, que contempla la construcción de 1.600 viviendas y la urbanización de 1.400 lotes con servicios, por un costo total de 80.000 millones. 

    No es un secreto que el gasto en la política se disparó en Tucumán en las últimas décadas y Jaldo inició su mandato, ayudado por el giro discursivo de Milei, con un fuerte ajuste del Estado provincial. Pero este año las obras se reactivaron y Jaldo terminará el 2025 con 1.700 viviendas en proceso de entrega. 

    «La obra pública es clave para sostener el empleo», repite Jaldo en la intimidad. Es que Tucumán, como otras provincias con tejido industrial, está sufriendo fuerte el impacto de la apertura indiscriminada de importaciones y la recesión en marcha, que hasta golpeó a empresas potentes como la fábrica de camiones Scania, que tuvo que suspender al personal.

    El Procrear de Manantial Sur en las afueras de San Miguel de Tucumán.

    En cuanto a obras viales, la más importante la reparación integran de la ruta provincial 307 que atraviesa los Valles Calchaquíes y conecta Tafí del Valle con Cafayate en Salta. Se trata de uno de los corredores turísticos más importantes del norte y una obra muy compleja de alta montaña.

    La ruta -pavimentada hace 20 años- estaba detonada al inicio del mandato de Jaldo, con tramos casi sin asfalto y pozos gigantes, que la volvían muy peligrosa. Su reparación incluyó un trabajó de conectividad importante para que tenga wifi en todo su recorrido, ya que en los tramos más altos los celulares se quedan sin señal. Además se culminó una obra postergada como el nuevo puente sobre el río Santa María, detruido por una tormenta.

    La obra vial más importante es la reparación integran de la ruta provincial 307, que atraviesa los Valles Calchaquíes y conecta Tafí del Valle con Cafayate. Se trata de uno de los corredores turísticos más importantes del norte y una obra muy compleja de alta montaña.

    La otra obra importante en la zona es la pavimentación de la ruta provincial 357, que busca potenciar el turismo de los valles Calchaquíes tucumanos y que integró en su desarrollo a la comunidad de indios Quilmes de la zona. 

    También se avanza con la repavimentación de la ruta provincial 329, en el tramo que une las localidades de Concepción y Monteagudo, atravesando los departamentos de Chicligasta y Simoca, otro punto turístico importante famoso por su célebre fiesta de carruajes.

    Máquinas en la ruta 307.

    Jaldo, que proviene de la localidad de Trancas del interior tucumano, también le puso prioridad a los accesos a los pueblos y la reparación y asfaltado de los caminos secundarios y terciarios que los conectan.

    Pero la obra más esperada es la construcción del aeropuerto de Tucumán cuyos trabajos comenzarán en abril con una inversión de USD 58 millones. Una vez finalizada la remodelación se podrá operar 1.500.000 pasajeros por año, el doble que en la actualidad y despachar vuelos domésticos e internacionales en simultáneo.

    La obra más esperada es la construcción del aeropuerto de Tucumán cuyos trabajos comenzarán en abril con una inversión de USD 58 millones.

    Es la obra más importante que hará este año en el país el concesionario Aeropuertos Argentina 2000 y arrastra una larga historia de demoras.

    El aeropuerto Benjamín Matienzo quedó relegado en el plan que trazó el gobierno de Mauricio Macri con el grupo de Eurnekian, por el que se remodelaron las terminales más importantes del país. En ese momento, el gobernador Juan Manzur quería avanzar con un proyecto propio del arquitecto César Pelli y rechazó la propuesta de Aeropuertos 2000. Pero  el proyecto era tan costoso que finalmente quedó en la nada.

    Trabajos sobre el puente de la ruta provincial 323.

    También hay obras menores como la repavimentación de la ruta provincial 325. Se trata de cinco kilómetros cruciales que conectan las localidades de El Cercado con Capitán Cáceres, en el departamento Monteros.

    Además hay trabajos de repavimentación de la ruta 331, en el tramo que conecta Aguilares con Monte Bello, una obra largamente esperada por la comunidad y en la ruta provincial 323 se trabaja en la recuperación integral de 14 kilómetros de calzada, que se extienden desde la intersección con la Ruta 306 hasta las proximidades de Agua Azul. La obra incluye la construcción de un nuevo puente sobre el río Vizcacheral y la incorporación de una rotonda.

     

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    Conicet en alerta: científicos rechazan la eliminación de Proyectos y advierten por el vaciamiento de la ciencia

     

    Representantes de la comunidad científica en el directorio del Conicet salieron a cuestionar la decisión del Gobierno de eliminar convocatorias clave de financiamiento y alertaron que sin inversión pública sostenida no hay desarrollo científico posible.

    Por Alina C. Galifante para NLI

    La tensión entre el Gobierno y el sistema científico argentino sumó esta semana un nuevo capítulo. Cinco integrantes del directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), en representación de las áreas de estudio y del Consejo de Universidades, firmaron un documento en el que rechazan la eliminación de la convocatoria a los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) y defienden el financiamiento público de la ciencia.

    En el texto expresaron su “profunda preocupación” por una serie de medidas que consideran gravísimas: la anulación de las convocatorias PICT 2022 ya adjudicadas, el cierre de la convocatoria PICT 2023 y el anuncio de una nueva modalidad que, según denuncian, desconoce a amplias áreas del conocimiento y excluye particularmente a la investigación en ciencia básica.

    El pronunciamiento no fue acompañado por los otros tres miembros del directorio que representan al agro, la industria y las provincias. No por desinterés, aclaran los firmantes, sino porque el documento nació como un eco directo de la alarma que recorre hoy a investigadores, becarios y equipos científicos frente al futuro inmediato de su trabajo en Argentina.

    Fondos básicos, investigación paralizada

    El sociólogo Mario Pecheny, representante del área de Ciencias Sociales y Humanidades en el directorio, explicó que desde 2023 no se abrían nuevas convocatorias PICT y que la última, prorrogada durante meses, fue finalmente cancelada esta semana. En declaraciones al diario Página/12, detalló que los fondos destinados al grueso de los proyectos de investigación de todo el país quedaron directamente sin convocatoria.

    La situación es especialmente grave porque esa última convocatoria había sido evaluada y adjudicada. Es decir, los proyectos ya estaban aprobados, pero nunca llegaron los recursos. El resultado es inmediato: investigadores, equipos universitarios y el propio Conicet se quedan sin insumos, sin infraestructura y sin posibilidades materiales de investigar.

    Los PICT se financian a través de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), que históricamente funcionó como la principal fuente de recursos para la investigación científica. Mientras los salarios —magros y atrasados— los pagan el Conicet o las universidades, es la agencia la que permite sostener los gastos reales de investigar: equipos, materiales, viajes, trabajo de campo y funcionamiento cotidiano de los laboratorios.

    Pecheny subrayó además que el impacto fiscal de estos programas es mínimo. El porcentaje del PBI destinado a los PICT es ínfimo, pero su efecto multiplicador sobre la producción de conocimiento, la formación de recursos humanos y el desarrollo nacional es enorme. Por eso, el documento funciona como un reclamo político claro: sin presupuesto, la ciencia simplemente no existe.

    Ciencia o mercado: un modelo en disputa

    La alternativa que impulsa hoy la agencia, según explicaron desde el directorio, está orientada casi exclusivamente a proyectos con participación empresarial y resultados de corto plazo. Se trata de una lógica de mercado que prioriza desarrollos con utilidad inmediata y rentabilidad rápida, dejando de lado la investigación básica y de largo aliento.

    El problema, advierten, es estructural. La investigación científica es, por definición, incierta y lenta. Si se supiera de antemano cuál será el resultado, no sería investigación. Muchas de las aplicaciones que hoy sostienen economías enteras nacieron de descubrimientos que parecían inútiles durante décadas, desde avances matemáticos hasta estudios sociales que luego permitieron mejorar políticas públicas, sistemas de salud o acceso a derechos básicos como la vivienda.

    Para los científicos, la colaboración con empresas es parte necesaria del ecosistema, pero no puede transformarse en el único motor del sistema. Cuando el Estado se retira y deja todo en manos del interés privado, el resultado no es eficiencia sino desarticulación. Se rompe el equilibrio entre lo público y lo privado y se condena al país a depender de conocimientos producidos afuera.

    En esa línea, Pecheny fue contundente: el modelo de desarrollo que impulsa Milei reduce al mínimo el rol del Estado y desconoce la existencia de bienes públicos esenciales. La ciencia, al igual que una ruta, un hospital infantil o el cuidado del agua, no puede quedar librada a intereses particulares sin consecuencias devastadoras para el bienestar colectivo.

    Becarios congelados y un futuro en riesgo

    El ajuste también golpea con fuerza a los sectores más jóvenes del sistema científico. Los becarios financiados por la agencia —doctorandos y posdoctorandos— tienen sus estipendios congelados desde hace dos años. Mientras tanto, los becarios del Conicet y de las universidades apenas lograron actualizaciones parciales, siempre por detrás de la inflación.

    El impacto no es solo individual. Los científicos advierten que la investigación debe pensarse de manera intergeneracional y federal. Sin universidades fuertes no habrá futuros investigadores, y sin financiamiento distribuido en todo el país la ciencia quedará concentrada en dos o tres grandes centros urbanos, dejando al resto de las provincias fuera del mapa del conocimiento.

    Por eso, el documento cierra con una advertencia política de fondo. Los cinco miembros científicos del directorio instaron a revertir de manera urgente estas decisiones que, aseguran, atentan contra el desarrollo científico, el pluralismo académico y un crecimiento equitativo del país. Sin ciencia pública, advierten, no hay soberanía ni futuro posible.

     

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