El Intendente Marcelo Orazi firmó en Buenos Aires el convenio para una obra de gran importancia para más de 600 familias: el proyecto de la colectora cloacal para el sector suroeste de Villa Regina por un monto aproximado de $68 millones.
Tras más de 6 años de espera, los vecinos de los barrios Tinti Méndez, ARA San Juan y Vesprini y del loteo Asociación Civil Hogar se verán beneficiados con la ejecución de los trabajos.
Hay que destacar que además se generarán más de 20 empleos en la ciudad.
El convenio fue firmado entre el Intendente Orazi y el Ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis, acompañado por el representante del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), Néstor Alvarez.
Para arribar a esta rúbrica fue fundamental la gestión que Orazi realizó en junio ante el ENOHSA ya que a partir de allí se agilizó el proceso.
“Estoy verdaderamente feliz de dar esta noticia tan importante a los vecinos ya que significa que próximamente contarán con este servicio tan necesario”, manifestó el Intendente.
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás impuso a la empresa productora de herbicidas el pago de 150 millones de pesos por la contaminación irreparable del río Paraná a través del vuelco de los efluentes líquidos industriales. El fallo se conoció, luego de que la Cámara de Apelación en lo…
Bajo el discurso de la “eficiencia”, la “transparencia” y el “orden administrativo”, el decreto 942/2025 firmado por Milei elimina la Agencia Nacional de Discapacidad y concentra todas las políticas del sector dentro del Ministerio de Salud. Detrás del lenguaje técnico, la medida implica más controles, más auditorías y un riesgo concreto de recorte de derechos para las personas con discapacidad.
Por Roque Pérez para NLI
La publicación del DNU 942/2025 pasó casi inadvertida en medio del cierre de año, pero su contenido es de enorme gravedad para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El decreto no solo prorroga la emergencia sanitaria, sino que desmantela la estructura institucional que durante años tuvo a su cargo la política pública en discapacidad.
La decisión central es clara: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deja de existir como organismo descentralizado y pasa a ser absorbida por el Ministerio de Salud bajo la figura de una Secretaría Nacional de Discapacidad. Lo que el texto presenta como una “reorganización” es, en los hechos, una fuerte centralización política y presupuestaria.
El fin de la ANDIS y la pérdida de autonomía
Hasta ahora, la ANDIS contaba con cierta autonomía funcional y administrativa. Eso le permitía tener un presupuesto propio, equipos técnicos especializados y un margen —limitado, pero real— para sostener políticas públicas específicas.
Con el decreto de Milei, la discapacidad deja de ser una política integral de derechos y pasa a ser un área subordinada a las prioridades sanitarias y fiscales del Ministerio de Salud. Esto no es neutro: implica que las decisiones sobre discapacidad quedarán atravesadas por criterios de ajuste, “racionalización del gasto” y metas presupuestarias.
En otras palabras, la discapacidad deja de ser un derecho humano garantizado y pasa a ser un costo a administrar.
Pensiones por invalidez: auditorías, revisiones y posibles bajas
Uno de los puntos más sensibles del decreto está en el nuevo inciso 39 del artículo 23 de la Ley de Ministerios. Allí se establece que el Ministerio de Salud tendrá a su cargo:
“el otorgamiento, control, revisión y auditoría de las pensiones por invalidez”.
La inclusión explícita de las palabras control, revisión y auditoría no es casual. El propio decreto justifica la medida hablando de “irregularidades”, “falencias” y “desorden administrativo”.
La experiencia histórica en la Argentina es clara: cuando se anuncian auditorías masivas sobre pensiones por invalidez, lo que sigue son suspensiones, demoras y bajas, muchas veces injustificadas. Personas con discapacidad que dependen de ese ingreso quedan meses sin cobrar o deben atravesar procesos humillantes para volver a demostrar una condición que ya fue certificada.
El decreto habilita legalmente ese escenario.
El Certificado Único de Discapacidad, bajo la lupa
El texto reconoce que existen problemas en la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD): sistemas fragmentados, falta de interoperabilidad y demoras. Sin embargo, la solución que propone no es fortalecer el acceso, sino centralizar la información y endurecer los mecanismos de control.
Esto puede traducirse en:
Trámites más lentos
Mayor discrecionalidad administrativa
Nuevos obstáculos para renovar o acceder al CUD
Para miles de personas, sin CUD no hay prestaciones, transporte gratuito, medicamentos ni acompañamientos terapéuticos. Cualquier demora o restricción impacta directamente en su vida cotidiana.
Prestaciones en riesgo y prestadores ahogados
La Ley 24.901 garantiza un sistema de prestaciones básicas que incluye tratamientos, rehabilitación, transporte, apoyos y acompañantes terapéuticos. El decreto afirma que busca “transparentar contrataciones” y “optimizar el gasto”.
En la práctica, este tipo de procesos suele derivar en:
Retrasos en los pagos a prestadores
Revisión de convenios
Reducción de coberturas
Prestadores que dejan de atender porque el Estado no paga
No hace falta un recorte explícito: la asfixia administrativa también es una forma de ajuste.
Mucha Convención, poca participación real
El decreto cita reiteradamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no crea ningún mecanismo nuevo y concreto de participación de las organizaciones del sector. Todo queda concentrado en la estructura ministerial.
Esto contradice el espíritu mismo de la Convención, que exige la participación activa de las personas con discapacidad en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que las afectan.
Emergencia sanitaria prorrogada: más discrecionalidad
La prórroga de la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2026 le otorga al Ejecutivo un margen extraordinario para tomar decisiones sin debate parlamentario. En ese marco, la política de discapacidad queda sujeta a resoluciones administrativas, reestructuraciones internas y cambios de criterio que pueden afectar derechos adquiridos.
Menos Congreso, menos control, menos garantías.
Un cambio de paradigma peligroso
El decreto 942/2025 marca un giro claro: la discapacidad deja de ser abordada desde una perspectiva de derechos y pasa a ser tratada como un problema de gestión y gasto público.
Detrás de palabras como “eficiencia”, “trazabilidad” y “orden”, se esconde un riesgo concreto de ajuste sobre quienes más necesitan del Estado. La eliminación de la ANDIS no es un hecho técnico: es una decisión política con consecuencias reales.
En tiempos donde el gobierno de Milei repite que “no hay plata”, la pregunta es inevitable: ¿el ajuste también va a caer sobre las personas con discapacidad?
En conmemoración al Día internacional del Turismo el próximo 27 de septiembre, la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina prepara una serie de actividades para #SentirseTurista en la ciudad. Las mismas se desarrollarán a partir del sábado 24 de septiembre y se extenderán hasta el domingo 3 de octubre donde podrás disfrutar…
Cristian Ritondo presentó el amparo para impugnar el nombramiento de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti en la Auditoría General de la Nación (AGN), por haberse realizado por fuera del temario previsto para la sesión extraordinaria convocada por el gobierno. Tal como informó LPO, los macristas se retiraron furiosos del recinto antes que se concretara la votación y, desde ese momento, adelantaron que continuarían con su planteo en el Poder Judicial
El jefe del bloque PRO pidió que se declare «la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución», que se votó en la madrugada del jueves después que se le diera media sanción al proyecto de presupuesto. LPO publicó que la designación de los auditores se produjo por un acuerdo parlamentario entre Máximo Kirchner, Martín Menem y los gobernadores del norte, desplazando al macrismo y su voluntad de colocar en el colegio de la AGN al ex ministro de Trabajo Jorge Triaca.
Según el escrito presentado por el diputado, «a las 02:55 am del día 18 de diciembre, cuando todavía restaba el tratamiento del expediente 0011-PE-2025 correspondiente al Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria (Orden del Día 2), en un horario de baja visibilidad pública y, a espaldas del debate público, tomó la palabra el Diputado Nacional Gabriel Bornoroni, Presidente del Bloque La Libertad Avanza, quien sorpresivamente formuló una moción, SIN ESPECIFICAR QUÉ MOCIÓN IBA A REALIZAR, SIN PEDIR APARTAMIENTO DE REGLAMENTO, para que la Cámara procediera a la designación de los Auditores Generales de la Nación».
Ritondo se opuso en ese instante a la designación que estaba a punto de producirse, apelando a la letra del artículo 63 y el inciso 9 del 99 de la Constitución Nacional. Su argumento fue que la Cámara había sido expresamente convocada por el Poder Ejecutivo para tratar un temario determinado.
Por eso, solicita la suspensión de las designaciones realizadas en la escandalosa sesión del miércoles pasado. Fuentes del PRO comentaron a LPO que el lunes se realizaría el sorteo de la causa para saber en qué juzgado recaería, acaso un posible dolor de cabeza para el gobierno. Hasta el viernes, el oficialismo no creía que Ritondo tuviera la determinación de presentar su objeción en sede judicial.
Martín Menem, en recinto.
Además, en la presentación expresó: «Enfaticé que la Auditoría General de la Nación es un órgano extrapoder de rango constitucional, establecido en el artículo 85 de la Constitución Nacional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y que la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario». «Agregué que durante las sesiones extraordinarias el Congreso carece de facultades para incorporar temas por su propia iniciativa, siendo el temario una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional que se establece en el Decreto de la convocatoria», sostuvo.
La AGN es un órgano extrapoder de rango constitucional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario.
Ritondo considera que «avanzar en la designación de autoridades de la AGN fuera de ese marco no fortalece el sistema de control, sino que lo debilita, al violentar las reglas constitucionales que lo sustentan». «La gravedad institucional del hecho se profundiza al advertir que la moción- voy a seguir hasta el cansancio, no sabemos qué moción- fueintroducida de manera sorpresiva, sin haber sido tratada en la reunión de Labor Parlamentaria, sin dictamen previo, sin debate alguno y completamente al margen del temario de sesiones extraordinarias», remarcó.
Por otra parte, el diputado macrista acusa a los flamantes auditores de haber prestado juramento «procurando completar de facto un procedimiento cuya irregularidad fue objetada por legisladores, analistas y organizaciones especializadas en control institucional».
La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de Argentina (Agencia I+D+i) es el nombre completo del organismo que financia proyectos científicos pero el gobierno de Milei dispuso un recorte del 78% de sus fondos y la dejó al borde del cierre. Esta semana, los científicos con proyectos vigentes se enteraron que no habrá más dinero para sus investigaciones (ver informe).
Mientras que el CONICET financia infraestructura, edificios, equipamientos y personal de carrera y becarios, la Agencia invertía en proyectos, o sea, en líneas de investigaciones rigurosamente seleccionadas en distintas ramas del conocimiento desde las ingenierías, la medicina, la biotecnología aplicada al agro, la industria alimenticia y las ciencias sociales, entre muchas más.
En una era donde no abundan los consensos, hay acuerdo sobre la importancia del desarrollo científico y tecnológico y el conocimiento como valor estratégico. Pero en Argentina esa capacidad de investigar que es muy destacada a nivel mundial ahora se puso en jaque: vislumbramos un panorama sombrío sin fondos para sostener los equipos andando, reparar los que necesiten ajustes o renovar los que estén obsoletos, contó a LPO Fabio Busnengo, investigador principal del CONICET y director del Instituto de Física Rosario.
«La física es una ciencia experimental y las preguntas surgen en medio de los experimentos, por eso es fundamental contar con equipos funcionando y que sean modernos para hacer una ciencia competitiva a nivel internacional para no hacer cosas que a nadie le interesa y se saquen conclusiones que ya han sido sobrepasadas», agregó el investigador.
Vislumbramos un panorama sombrío sin fondos para sostener los equipos andando, reparar los que necesiten ajustes o renovar los que estén obsoletos
En el predio de la Ciudad Universitaria de Rosario se encuentran las doce Unidades Ejecutoras de CONICET que, a su vez, se dividen en Institutos y ocupan sofisticados edificios con modernos laboratorios, instalaciones de experimentación, archivos y docencia. Entre otros tantos, hay un Instituto de Ciencia de los Materiales y sus trabajos se utilizan en la industria y la construcción. Periódicamente se hacían mesas de trabajo con pequeñas y medianas empresas que exponían sus necesidades y los científicos explicaban sus avances. Todo eso ahora quedó sin financiamiento.
Informe sobre subejecución presupuestaria y recortes en Ciencia y Tecnología
«Sin fondos, comienzan a faltar equipamiento, insumos, gases, drogas para sintetizar nuevos materiales y todo eso sale carísimos. Por eso es imprescindible el financiamiento del Estado. Ahora, el gobierno quiere que la Agencia se autofinancie con fondos que aporten las empresas. ¿Qué empresario va a poner fondos en investigación básica cuando un proyecto es un viaje a lo desconocido con resultado incierto?», se preguntó Busnengo que hace esfuerzos para explicar lo evidente.
Guillermo Labadie es químico y dirige el CONICET Rosario. Se especializa en el desarrollo de medicamentos para enfermedades desatendidas por la industria farmacológica como el chagas parasitosis, tuberculosis y cánceres. En diálogo con LPO, explicó cómo funcionaba la Agencia I+D+i:
«Todos los años se abría la convocatoria para proyectos que se seleccionaban mediante rigurosos concursos. Los elegidos recibían los fondos y se ejecutaban los proyectos que duraban entre 3 y 4 años. Durante ese tiempo, los equipos tenían la obligación de presentar informes periódicos que eran evaluados por pares y científicos del exterior», detalló Labadie.
«Una vez que se establecen los planes en Ciencias y Tecnologías se consideran áreas prioritarias, se privilegian ciertas temáticas sobre otras, se definen temas abiertos y se buscan propuestas que se consideren oportunas, eso es potestad de cualquier gobierno. Eso es delimitar un plan científico. Lo que se hace ahora es directamente vaciar a la ciencia», consideró.
Un dato fundamental que aportó el director del Conicet Rosario es que la Agencia I+D+i se manejaba históricamente con créditos del BID de afectación específica y sus recursos no se pueden desviar y si las partidas no se transfieren, el Estado las tiene que devolver. Como este año se subejecutaron los fondos y se paralizaron investigaciones cuando estaban los recursos, el gobierno le va a tener que devolverle al BID esos fondos. Tampoco se pidió la partida para el 2026 y eso significa la paralización de proyectos y pérdida de muchos avances.
la Agencia I+D+i se manejaba históricamente con créditos del BID de afectación específica y sus recursos no se pueden desviar y si las partidas no se transfieren, el Estado las tiene que devolver. Como este año se subejecutaron los fondos y se paralizaron investigaciones cuando estaban los recursos, el gobierno le va a tener que devolverle al BID esos fondos
Por otro lado, el sistema científico colabora en el concierto internacional. Ahora el desfinanciamiento de la investigación abrirá una nueva era de éxodo de científicos argentinos a Europa, Estados Unidos u otros destinos con posibilidades.
Hasta ahora, Argentina era un lugar atractivo para científicos latinoamericanos que venía a especializarse y a investigar en el país. En diálogo con LPO, el especialista en Historia de la Educación Gustavo Adolfo Parra de Colombia estudia las transformaciones pedagógicas en la escuela secundaria entre las décadas de 60 y 70. La investigación obtuvo financiamiento de la Agencia para el período de marzo 2024 a febrero 2027, fueron uno de los últimos grupos que consiguieron beca y se la suspendieron a los pocos meses.
Con los recortes de Milei, las condiciones cambiaron significativamente. Además del vaciamiento financiero, a los extranjeros se les suma el inconveniente de que la Agencia no emite los recibos de sueldo desde febrero de este año. Sin poder comprobar que trabajan, no pueden pedir la residencia definitiva y se les complica renovar la transitoria.
Además, los ingresos de los becarios se congelaron en los 800 mil pesos promedio y lo tienen que hacer alcanzar para la subsistencia y también pagar los seminarios que tienen que cursar para su formación doctoral que para los extranjeros es una cuota más elevada. La matrícula ronda los 550 mil pesos por cuatrimestre y a veces tienen que viajar a otras universidades para cursar, contó Gustavo.
Otro caso similar es el de Eva Soto, también colombiana, que se especializa en biomedicina y estudia el cáncer de mama triple negativo y el reposicionamiento de fármacos. Eva investiga cómo actúa la microbiota insestinal y tumoral para identificar la reacción con los fármacos y la manera en que los microorganismos del intestino pueden favorecer o no a los tratamientos oncológicos.
La duda que tiene Soto y la mayoría de los investigadores es el lugar que le dará el gobierno a la ciencia básica porque sus voceros hablan solo de la aplicada cuando la ciencia básica es la que le da el andamiaje a la industria farmacológica, por ejemplo.
Pareciera que ni las entidades del campo ni los industriales reivindican esta alianza que tantos beneficios les han generado. Al menos en sus reclamos más aireados que no van más allá de la eliminación de las retenciones.
Para su trabajo Eva necesita del laboratorio e insumos para seguir investigando. Una de las líneas que siguen atentamente son las nuevas bacterias resistentes a los antibióticos, un tema que le quita el sueño a la ciencia internacional y que se está estudiando en los laboratorios del CONICET Rosario.
En el recorte cayeron institutos que hicieron grandes aportes al campo y a la industria. El más reconocido por su impacto internacional fue el Trigo HB4, un proyecto que condujo la biotecnóloga de CONICET Santa Fe Raquel Chan y al que se sumó Bioceres en su tiempo de esplendor. Como ese, hay cientos de descubrimientos que se cimentaron en los laboratorios argentinos y que le dieron impulso al engranaje productivo más allá de los vaivenes políticos.
Sin embargo, pareciera que ni las entidades del campo ni los industriales reivindican esta alianza que tantos beneficios les han generado. Al menos en sus reclamos más aireados que no van más allá de la eliminación de las retenciones.
El recorte a la ciencia del presupuesto 2026 ronda los 300 millones de dólares, poco más de la mitad de lo que representará para la recaudación la reducción de retenciones a las exportaciones de cereales y derivados de entre 2 y 3 puntos como anunció Toto Caputo esta semana. La Bolsa de Comercio de Rosario calculó en 511 millones de dólares que el Estado no recaudará.
Como sea, Argentina no podría haberse convertido en uno de los países líderes de la siembra directa sin la ciencia y la tecnología que permitió expandir los límites agrícolas y potenciar los rindes y convertir a la agricultura en la principal fuente genuina de dólares. A pesar de ello, los gobiernos provinciales tampoco son muy efusivos en el reclamo al gobierno nacional.
José Mayans tuvo su primer cruce cara a cara con Patricia Bullrich en el Senado, luego de que la flamante senadora concretara su jugada para quedarse con la presidencia de la comisión de Trabajo y apurar el dictamen de la reforma laboral.
Como contó LPO, el formoseño venía advirtiendo que La Libertad Avanza conformaría la comisión sin contemplar el artículo 14 del reglamento, que establece que «en su primera sesión el Senado, por sí, o delegando esta facultad en el presidente, nombra o integra las comisiones».
Pero los libertarios, Victoria Villarruel y aliados lo hicieron en una reunión de Labor Parlamentaria y este miércoles conformaron la comisión de Trabajo, sin presencia de los senadores peronistas que consideran que todo es ilegal. Los peronistas fueron a la reunión de comisión como invitados y, tras una breve pero caliente discusión, LLA puso a votación una moción para designar a Bullrich como presidenta.
La maniobra fue concretada por el secretario parlamentario, Agustín Giustian, que apuró a Patricia para que ejerciera la presidencia. Pero en ese momento Mayans fue más rápido y se sentó en el lugar del presidente.
«Me siento yo también en la Presidencia, si acá es cualquier cosa, usted no puede hacer lo que está haciendo», lo retó Mayans a Giustian, que atinó a decir que fue votado. «No puede estar votando una comisión ilegítima», insistió el formoseño.
«Tiene la palabra a viva voz la senadora», gritó Mayans, mientras Patricia intentaba frenarlo hasta agarrándolo del brazo. «Acá hacen lo que se les canta las pelotas», siguió el formoseño que casi arranca uno de los micrófonos.
Paralizada, Patricia pedía el micrófono sin darse cuenta que ya funcionaba y Giustinian la ayudó a que pueda dar por cerrada la reunión y cite a una nueva reunión a las 11 de la mañana para empezar a tratar la reforma laboral.
Un rato antes, Mayans advirtió que la maniobra aportaría una razón más para judicializar la reforma. «Si así inician el tratamiento de una ley que cambia la estructura laboral, esto va derecho al Poder Judicial porque nace en forma torcida», señaló.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
