El Intendente Marcelo Orazi y el Ministro de Gobierno y Comunidad de Río Negro Rodrigo Buteler se hicieron presentes en la primera jornada del programa ‘Comunidad en Municipios’ que se desarrolla en Regina.
La actividad comenzó pasadas las 9 horas en el polideportivo Cumelen, donde los equipos de trabajo del Registro de la Propiedad Inmueble, Inspección General de Personas Jurídicas, Registro Civil, Ley Pierri y la agencia CREAR brindaron atención, asesoramiento y realizaron trámites para las y los vecinos. Mañana jueves tendrá continuidad en el mismo lugar, también de 9 a 15 horas.
Durante la recorrida, el Ministro y el Intendente estuvieron acompañados por el Secretario de Gobierno de Río Negro Agustín Ríos, el legislador José Rivas, el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, el concejal Silvio Rodríguez y otros funcionarios.
En la oportunidad, Buteler destacó que “Comunidad y Municipios tiene la particularidad de llevar a las distintas localidades de Río Negro gran parte de los organismos del Ministerio de Gobierno y de otros Ministerios para acercarlos a la gente y poder retomar lo que tanto le gusta al Estado provincial de estar acompañando a los vecinos y a las instituciones”.
“Esta experiencia ha sido muy buena. Cuando venimos con los organismos venimos con sus autoridades y de esta manera nos ponemos a disposición de cualquier consulta o requerimiento”, sostuvo.
Orazi, en tanto, manifestó que “cuando charlamos con el Ministro sobre la posibilidad de contar con este programa en Regina fue una gran noticia para nosotros porque significa facilitarle al vecino el acceso inmediato a la información, a una solución. Es muy positivo para Villa Regina. Mañana (jueves) seguiremos contando con este programa en la ciudad, así que los vecinos pueden acercarse al Cumelen para evacuar sus dudas”.
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A las 3.35 de la madrugada del domingo 15 de junio, en un quirófano del Garrahan, nació Z. Para su mamá Luana y su papá José, que la buscaban desde hace años, fue una bendición. Para el hospital pediátrico más importante de Latinoamérica, que hoy atraviesa la peor crisis presupuestaria de sus 37 años de historia, un hito: la beba de 2 kilos 700 gramos fue la primera operada dentro del útero de su madre en un hospital público de Argentina.
“¡Hola a todos!
Quería contarles que anoche
se hizo la cesárea de la paciente
a la que se le realizó la cirugía
fetal del mielomeningocele en abril”.
El mensaje de Patricia Bellani, responsable del área de Neonatología del Garrahan, llegó el día siguiente al grupo de whatsapp de los coordinadores médicos. La cesárea se había programado para el martes. Pero la mamá rompió bolsa el sábado a la noche y el equipo intervino de inmediato.
“Fue una cirugía perfecta, operamos en la semana 27 y nació en la 36 con una cicatriz impecable y moviendo las piernas”, dice la cordobesa Analizia Astudillo, con una sonrisa de puro orgullo y 38 jóvenes años para los títulos que acumula: ginecóloga, obstetra y especialista en Medicina fetal. Médica egresada de la UBA. Un posgrado en Inglaterra, otro en España.
Analizia sonríe a cámara en un canal de streaming. La cara fresca y redonda, pelo atado en media cola, anteojos de nerd. Cuenta quela operación corrigió un defecto de la columna vertebral y redujo las secuelas severas que hubiera causado en Z. su espina bífida. La hazaña la protagonizó junto a otros 20 profesionales entre neurocirujanos, neonatólogos, especialistas en medicina fetal, terapistas, enfermeras e instrumentadoras quirúrgicas.
La primogénita de Luana y José —ama de casa ella; peón de campo él— es una hija más del Garrahan, el hospital pediátrico que trata al 40 por ciento de los niños con cáncer del país, hace alrededor de 100 trasplantes por año y atiende 600 mil consultas anuales de las enfermedades más graves de niños, niñas y adolescentes de Argentina y países limítrofes.
Z. es también hija de este sistema de salud público argentino, el mismo que desde que asumió Javier Milei enfrenta un desmantelamiento inédito, que incluye recortes de presupuestos, eliminación de programas esenciales, reducción del personal médico y asistencial y congelamiento salarial de los que aún resisten.
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La entrada de Combate de los Pozos se va poblando de guardapolvos blancos. Son las 12 del mediodía del lunes 26 de mayo. Para muchos, el ritual ya es conocido: el reclamo empezó hace 10 meses, en agosto del año pasado. Impresiona, a simple vista, ver más mujeres que varones. Llevan carteles: La salud pública en llamas, dice uno escrito con letras que simulan el fuego; otro en cartulina amarilla: Paro Residentes, y otro más resume el conflicto en números: 10 años de formación, 68 hs x semana, $ 797.000 x mes, $2930 x hora.
Un hombre con canas, que usa pantalones de tela rosa y verde y parece salido de un quirófano, se adelanta. Habla al micrófono: “Hoy estamos aquí reunidos los jefes de las distintas especialidades. No podemos seguir sin ser escuchados ante la situación crítica que atraviesa nuestra institución. El Garrahan no es solo un hospital, es el centro de referencia nacional en salud pediátrica de alta complejidad”.
El Garrahan funciona en forma autárquica y es financiado en un 80 por ciento por el Estado nacional, mientras que el 20 por ciento restante lo aporta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Aquí la motosierra muestra su fase más despiadada: salarios congelados, residentes gritando que con vocación no se paga el alquiler, renuncias de profesionales especializados con años de experiencia, trabajadores que tienen entre dos y hasta tres empleos para llegar a fin de mes.
En un péndulo que combina dosis iguales de indiferencia y crueldad, el Gobierno repite como un mantra la letra húmeda de un guión fallido: que la plata está pero mal administrada, que los trabajadores son ñoquis, que sobran administrativos, que los paros son impulsados por “sindicalistas privilegiados”, como dijo el vocero Manuel Adorni el mismo día que Radio con vos hizo una transmisión especial desde la puerta del hospital.
El Garrahan tiene 587 camas, 132 de terapia intensiva. Realiza más de 10 mil cirugías y da el alta a unos 28 mil pacientes al año. Tiene un banco de sangre, células y tejidos; un banco de cordón umbilical donde se preservan células madre; 14 laboratorios y un área de imágenes e intervencionismo que realiza 180 mil prestaciones anuales. Es el único hospital público que cuenta con un equipo de rayos de última generación para tratar el cáncer. Tiene 20 quirófanos. Ocupa cuatro manzanas.
Hace tres semanas, el gobierno de Javier Milei amplió las partidas presupuestarias destinadas a Salud, a través del decreto 425/2025 publicado en el Boletín Oficial, y acompañó la decisión con la artillería mediática necesaria para confundir a los desprevenidos. Mostró así un incremento de $16.000 millones que, sumados a los $169.445 millones asignados al Garrahan para este año y considerando las proyecciones de inflación publicadas por el Banco Central, se ubican por debajo de lo recibido en 2024. ¿Cómo se traducen estos números? La pérdida del salario es mayor al 40 por ciento, denuncian los trabajadores.
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La entrada por Pichincha parece la Bombonera un domingo de clásico. Los más chicos corretean entre los asientos ocupados, una mamá empuja un changuito con una nena de unos 10 años y con la otra mano apura al más chico, que no debe pasar los dos. Bebés envueltos en mantas térmicas, llanto, mocos colgando, algún que otro chico en silla de ruedas y adolescentes con los ojos clavados en sus pantallas. De tanto en tanto, una risa de juego rompe la monotonía de la espera.
La primera vez que J. vio este paisaje le pareció un laberinto. Tras ese hall de espera que transitan miles de personas por día, se abren pasillos y rampas de colores que suben y bajan como calles de una ciudad.
J. prefiere no decir su nombre, tiene 27 años y es residente de segundo año de neurocirugía. R2, en la jerga. De padre psicólogo y hermana estudiante de Bioquímica, eligió el Garrahan para especializarse porque “junto al Fleni y al Cruce es el lugar que más neurocirugías realiza”.
Por contrato, su horario de trabajo es de 8 a 16, pero los residentes suelen adelantarse una hora para hacer el pase con los médicos de planta. Después de ver pacientes, hablar con familias, evolucionar historias clínicas y estudiar casos, se van entre las seis de la tarde y las ocho de la noche.
Desde el 1 de junio, todos los días, además de marcar tarjeta, mira a la cámara del nuevo sistema biométrico de asistencia, ubicado sobre dos grandes columnas que abren paso al pasillo central.
Como R2, J. cobra $1.250.000. Ese número está estancado desde hace meses. “Con la vocación no se puede pagar el alquiler”, dice. Apoya el reclamo, pero cree que si se adhiere al paro, podría sufrir represalias. “Como los residentes nos ocupamos del 80 por ciento del trabajo, si nosotros paramos, se para el servicio”.
Al cierre de esta nota, el Ministerio de Salud cambió el histórico sistema de residencias médicas y las convirtió en becas de formación. El pretexto: recuperar el rol formativo y corregir las distorsiones y parches acumulados durante más de una década.
Con el nuevo sistema de residencias, los profesionales podrán elegir la beca Institución, que depende de cada hospital y es una modalidad de trabajo sin aportes ni cargas sociales, o la beca Ministerio, que mantiene las condiciones actuales pero sin la posibilidad de recibir de las instituciones para compensar los bajos salarios. En ambos casos, se eliminan el aguinaldo y las asignaciones familiares.
Los residentes del Garrahan que dependen del Ministerio de Salud son alrededor de 300. A partir de los reclamos, y previo al nuevo sistema, el Gobierno anunció un incremento salarial, que en realidad es un bono no remunerativo. Con ese incremento, el sueldo de un profesional en formación de primer año a partir de julio ascendió a $1.300.000.
Para blindar el presupuesto de la salud infantil en el país y encontrar una solución profunda a la crisis, la Cámara de Diputados dictaminó esta semana en la comisión de Presupuesto la Ley de Emergencia Pediátrica, incluyendo un artículo que vuelve atrás con el nuevo sistema de residencias. Por estos días, el proyecto debería tratarse en el recinto y, si es aprobado, pasaría a la Cámara de Senadores para convertirse en ley. Luego, como viene siendo costumbre, podría ser vetado por Milei.
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En los 90, el papá de Silvana Calligaris manejaba un remis en una agencia de Lomas de Zamora para que ella pudiera estudiar medicina en la UBA. Silvana se tomaba un tren, un colectivo y un subte para llegar a la facultad. Cuando por fin se recibió y arrancó la residencia en el hospital Pedro Elizalde, ex Casa Cuna, pasó cuatro meses sin cobrar y se mudó a una pensión. Después, hizo un postgrado en el Hospital Italiano.
Al Garrahan llegó en 2016, cuando concursó un cargo en el área de neurointervencionismo, pero lo conocía desde antes: durante su adolescencia, un hermano suyo fue atendido en el hospital por una enfermedad reumática grave. Allí lo trataron, le dieron contención y hasta cursó en la escuela hospitalaria para no atrasarse en los estudios.
Silvana se especializó en Epilepsia y Enfermedades Musculares Degenerizantes. Descendiente de inmigrantes serbios, primera universitaria de la familia, seis años de carrera de Medicina, cuatro de residencia en Pediatría y otros tres de residencia en Neurología infantil.
Este 1° de julio por la mañana hay 5 grados de sensación térmica. Frente a la entrada del hospital hay siete cámaras alineadas. El sol no llega a entibiar los cuerpos de un centenar de trabajadores y trabajadoras de la salud que van ocupando lugares junto al vocero de turno, jefe de Oncología del hospital, Pedro Zubizarreta.
“No queremos que este conflicto se naturalice. No queremos que la sociedad ni las autoridades se acostumbren a vernos de paro, ni tampoco que piensen que bajamos los brazos. No nos queremos rendir, porque estamos defendiendo algo mucho más grande que un salario, estamos defendiendo un modelo sanitario que ha salvado miles de vidas”, lee.
Silvana fue delegada del grupo de profesionales autoconvocados que sigue avivando el reclamo y hoy tiene mayor visibilidad gracias a la intransigencia del Poder Ejecutivo. Dice que las demandas fueron para todos los gobiernos y que hasta 2022 “con movilizaciones y algunos paros siempre un poquito de salario recuperamos”. Las paritarias del Garrahan son las del conjunto de los empleados estatales, donde pisan fuerte los gremios mayoritarios UPCN y ATE.
“La diferencia —asegura hoy— es que siempre hubo algún diálogo con las autoridades del Consejo de la Administración del Garrahan o con el Ministerio de Salud. Se discutía y se proponía un plan. Ahora lo que vemos del otro lado es agresión. Provocación permanente”.
Silvana, que vive en pareja y tiene un hijo de 14 y otro de 7, hace unos meses se tomó en el Garrahan una licencia sin goce de sueldo por 120 días para entrar a prueba en una institución privada. La angustia venía desde mediados de 2018, cuando Mauricio Macri estaba en el gobierno. Entonces renunció a dar clases en la facultad porque no podía sostener su vida con dos salarios tan bajos.
Siempre dio todo por el hospital: teléfono abierto las 24 horas, no sólo diagnosticar y pensar el mejor tratamiento para un niño, sino ayudar a esa familia o mamá sola con los papeles y las trabas burocráticas, codo a codo con los trabajadores administrativos para que puedan tramitar el certificado único de discapacidad (CUD) y otras cuestiones vinculadas a los cuidados especiales.
Desde 2022, del Garrahan se fueron 233 profesionales. En el último mes, renunciaron 13. En su mayoría, ultra calificados, graduados en universidades públicas, con un promedio de 15 años de formación y altísima experiencia en enfermedades graves que afectan a niños.
En unos días, a Silvana se le termina la licencia. Cuando accede a hablar con Anfibia, está por tomar la decisión más difícil de su vida. Dejar el Garrahan es terminar una historia de amor y profesionalismo que nació incluso antes de empezar a trabajar. Hay pertenencia. Desde el cargo jerárquico más alto hasta el que recién ingresa. Ciencia y amor, como definió la mamá de una paciente.
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A Soledad le gustan las ciencias naturales desde chica. Entrerriana, fue la primera de su familia en estudiar una carrera relacionada con la salud. Dudaba entre Medicina y Química y, finalmente, optó por entender en los diagnósticos de las enfermedades, investigar y hacer nuevas pruebas para encontrar la mejor solución disponible. Tal vez por eso entrar al Garrahan, que tiene un laboratorio central certificado con normas internacionales y donde reciben pacientes que no se pueden tratar en otros hospitales, era su mayor anhelo.
“Hay residencias puntuales que te dan la especialidad, presentas cursos y trabajos que lo avalan. Después te anotás en un concurso, rendís un examen y la nota se promedia con el puntaje del resto de la carrera”, detalla. “Estudié un montón y acá estoy”, se le quiebra la voz.
Soledad hoy tiene 27 años y vive en Capital Federal. Usa el pelo lacio a la cintura y anteojos negros de carey. Es R1 de Bioquímica desde septiembre de 2024. En el Garrahan hay especialistas en trasplantes hepáticos, renales, cardíacos y especialidades oncológicas que no se ven en otros hospitales. “Nosotros al tener esa diversidad podemos decir: para este cáncer es mejor este tratamiento y no aquel. Pero no solo eso, acá los técnicos de hemostasia conocen los nombres de los pacientes”, se emociona.
Desde 2022, del Garrahan se fueron 233 profesionales. En el último mes, renunciaron 13. En su mayoría, ultra calificados, graduados en universidades públicas, con un promedio de 15 años de formación y altísima experiencia en enfermedades graves que afectan a niños.
No puede precisar desde cuándo el clima se enrareció, pero sí una escena de cebolla picada, rodajas de zanahoria y salsa de tomate. El miércoles 25 de junio, a las 11 de la mañana, los trabajadores y trabajadoras del Garrahan hicieron un paro activo y un festival. Mientras en la puerta del hospital preparaban el tuco para los ñoquis —en respuesta a los agravios del gobierno— y el circo de Mekeke entretenía a chicos y grandes, adentro, se cocía un guiso más espeso.
En el laboratorio de Hematología, una mujer bien peinada y con barbijo se presentó como integrante del Ministerio de Trabajo y le pidió a Soledad y a una compañera los datos personales y el DNI. Ella accedió y le explicó que, por ser residente, estaba rotando por distintos servicios.
—Estoy constatando que las personas estén en sus puestos— devolvió ella y anotó en un listado. Acompañada por un hombre, siguió recorriendo el pasillo.
Después de este episodio, Soledad se tomó unas vacaciones para descomprimir, frenar la angustia y reflexionar sobre su futuro.
Los que tienen muchos años en el hospital dicen que esto nunca había pasado. A Soledad le tiembla la voz de nuevo. “Voy a trabajar con miedo. Me siento muy mal, camino el hospital y me pongo a llorar, necesito descansar y no puedo, los de planta también, todos estamos muy mal”, dice. Pensó en irse. Pero no. “Me esforcé mucho para llegar. Ellos quieren que nos vayamos de a poco. No hay que darles el gusto. Hay que evitar que el hospital pierda su calidad”.
A la seguidilla de malas noticias para los trabajadores y trabajadoras se sumó la semana pasada la designación de Mariano Pirozzo como nuevo director médico ejecutivo del Hospital. Se trata del ex interventor del Hospital Nacional Bonaparte.
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El trabajo de Florencia Vargas —40 años, desde hace 9 en el área de prestaciones de auditoría médica— es pedir a las obras sociales todo lo que necesita un paciente para operarse o realizar una práctica. Por ejemplo, si a un niño lo atienden en Hemodinamia y le piden estudios y materiales para analizar los parámetros del corazón, con todos esos papeles la familia va al sector administrativo para tramitarlo con la obra social.
Florencia, que es delegada de la junta interna de ATE, entró al hospital el 1° de agosto de 2016, después de un largo proceso de selección: un examen, otro y después el concurso. Ella venía de trabajar en IOSFA, la obra social del personal de la Fuerzas Armadas, y antes en el call center de Cablevisión.
“Lloré cuando me dijeron que iba a trabajar ahí. Poder ayudar a estas familias… Estos días en que se escuchan tantas historias de pacientes, de médicos, te emociona más, esto es una casa”, se enorgullece durante una entrevista telefónica con Anfibia.
Para mantener semejante estructura, el trabajo de los administrativos es clave. Ellos y ellas se encargan de gestionar la adquisición de equipamiento e insumos médicos; orientar, asistir y acompañar a las familias que llegan desde las provincias o facilitar su atención y seguimiento a través de la telesalud, entre muchas otras tareas. Pero el Gobierno nacional los apuntó con la idea falsa de un staff sobredimensionado. Dijeron que el Garrahan tiene 953 empleados administrativos y solo 478 médicos de planta. Falso: el 68 por ciento de los trabajadores —3.190 empleados— forman parte del nivel asistencial y están en contacto con pacientes. Mientras que 957 integran el grupo de logística, donde sólo 473 son administrativos, según datos del área de estadística del hospital.
“Nunca antes vivimos un momento así”, asegura Florencia. Y no habla sólo de su situación laboral, que le preocupa y mucho: trabaja 8 horas de lunes a viernes y gana $900.000. Como no llega a fin de mes, hace horas extras. Sus compañeros también. Otros manejan Uber, venden cacerolas o suman otras changas.
Florencia habla también de los niños y niñas y de las familias que necesitan atención. “Muchos reciben maltrato por parte de las obras sociales y no tienen recursos para hacer un amparo y nosotros no tenemos respuestas para darles. Antes la dirección aceptaba cubrir más procedimientos que después se recuperaban, pero ahora solo es en casos muy urgentes”, dice.
Más del 60 por ciento de los niños que se atienden en el Garrahan cuentan con cobertura pública exclusiva y alrededor del 35 por ciento tiene obra social o prepaga. El 70 por ciento vive en la provincia de Buenos Aires, mientras que un 22 por ciento proviene de otras provincias y el 16,29 por ciento de la Capital Federal, según datos del hospital.
“Acá atendemos a ese 60 por ciento de niños pobres del país, pero también a los chicos que tienen cobertura y que necesitan procedimientos de alta complejidad. La situación es desesperante y angustiante. Quieren avanzar sobre una conquista como la salud pública dejando de lado a las niñeces y los viejos”, denuncia Florencia, que sufre las mismas necesidades con su papá, que tiene Pami y cobra la jubilación mínima.
El 68 por ciento de los trabajadores —3.190 empleados— forman parte del nivel asistencial y están en contacto con pacientes. Mientras que 957 integran el grupo de logística, donde sólo 473 son administrativos, según datos del área de estadística del hospital.
El jueves 4 de junio Florencia estaba en su oficina cerrando la jornada de trabajo. A las 15.45 una compañera también residente pero dependiente de la Ciudad de Buenos Aires le avisó que a los de Nación los presionaban con despedirlos si no levantaban el paro. Agarró sus cosas y subió al segundo piso. Muchos estaban en shock, algunos lloraban, se abrazaban. Al otro día volvieron a trabajar y tomaron la guardia. Denunciaron: “Nos vimos obligados a cesar la medida del paro, ante las advertencias del consejo de administración de aplicar sanciones, incluyendo descuentos en los haberes, pérdida de la regularidad en la residencia e, incluso, el despido”.
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Todos los días, Paola, de 47 años, sale a las 7 de la mañana de su casa en Virrey del Pino para dar clases a las 8 en la Universidad de La Matanza. Al mediodía, recorre en su auto la distancia que la separa del Garrahan. Siempre esquiva los peajes para que no se le vaya un montón de plata. Es enfermera en el área de Neonatología.
De chica, quería ser oceanógrafa o veterinaria porque le gustaban el mar y los animales. Pero ganó la tradición familiar —su mamá es enfermera ya jubilada— a la que se resistía “porque históricamente la enfermería estuvo mal paga y tenía menos reconocimiento social que hoy”.
La Neo es una sala con 50 camas, 30 ocupan un espacio común y se ven incubadoras conectadas a mandos de control y monitores con muchos cables: es la Unidad de Terapia Intensiva. De las 20 restantes, 16 son para internación y 4 para madres. La rutina de Paola varía según el lugar en el que le toque rotar.
Paola llega, toma la guardia, chequea los pacientes que tiene asignados —si fueron operados o vienen derivados de otro hospital para una cirugía compleja—, y arranca con las tareas habituales: en bebés que llegaron a pesar 500 gramos hace laboratorio, coloca vías, sondas nasogástricas o vesicales, revisa las indicaciones de los médicos, prepara la medicación, coloca catéteres.
Como buena exponente del Garrahan, Paola se sumergió en la enfermería como si fuera el mar que alguna vez soñó. Cumplió todos los pasos: fue auxiliar mientras terminaba el secundario en el Hospital Israelita, se graduó en la carrera de Enfermería de la UBA e hizo la licenciatura en la Universidad Austral. Después, como le gustaba la docencia, completó el profesorado de salud en la Universidad de Buenos Aires.
El camino le sirvió para atender a los más vulnerables de los vulnerables y ser sensible y empática con el dolor. “Todos tienen alguna complicación, alguna alteración, nosotros estamos entre la vida y la muerte siempre. Acá, si fallece un chico, tenemos que contener a la familia y seguir atendiendo al que está al lado. La batalla es todos los días”, dice, natural, con 15 años de Garrahan a cuestas.
Pese a la tarea esencial que desarrollan, la mayoría de los enfermeros y las enfermeras se ven obligadas a tener más de un trabajo por los bajos salarios. En el Garrahan, el salario básico para la enfermería es de $352.000 y a eso se le suman adicionales: título de especialidad o desempeño en áreas críticas, entre otros. Ella, con 11 años de antigüedad, ronda el $ 1.500.000.
“Cuando ves que un enfermero en esas cadenas de farmacia puede ganar hasta $3.000.000, te indigna. Pensás lo abajo que está lo que hacemos, ¿no? Somos profesionales de la salud y atendemos estas complejidades o en otros servicios y tenemos a cargo una vida ¿Qué está pasando?”, se pregunta.
La semana pasada bajó al kiosco a comprar y vio a una mamá de la Neo compartiendo la vianda con los otros hijos en el hall de ingreso. La rodeaban como pollos a una gallina. El sol se colaba por las puertas vidriadas de la entrada, donde un gran mostrador daba la bienvenida con un HOLA. Últimamente, se internan más bebés con familias en situación de calle. En el Garrahan le dan comida y alojamiento al cuidador. Por eso muchos no quieren recibir el alta.
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Antes de cumplir un año Abril dejó de comer. Y aunque algunos médicos pensaron que estaba cortando dientes, su mamá sintió que había algo raro y la llevó al Garrahan. Cuando llegaron, tenía mucha retención de líquido y después de algunos estudios dieron con el diagnóstico: el tamaño del corazón se le había triplicado a causa de una miocardiopatía dilatada por adenovirus.
Lo que vino después es historia conocida. Tras ingresar en la lista de espera de emergencia nacional del INCUCAI, Abril Dispenza —que hoy tiene 22 años y vive con su pareja en la localidad de San Martín— fue trasplantada el 24 de enero de 2004 gracias a un donante con sangre no compatible. Otro hito del Garrahan.
Es lunes 2 de junio de 2025. Cae la noche sobre la plazoleta del Obelisco. Abril, su mamá Carolina, la pediatra Marisa y la kinesióloga Bety forman una ronda entre las más de mil personas reunidas alrededor del monumento, donde hay médicos, residentes, trabajadores de salud y familias de pacientes con velas en sus manos, la mayoría con pines de corazón recortados en cartulina violeta. Es la noche de las velas, convocada por los residentes del Garrahan.
“El conflicto nos atraviesa a todos, es algo muy difícil, me siento parte de los chicos que están reclamando por un salario digno, hoy en día no estoy en el hospital, pero si te estás atendiendo ahí también estás pensando en que les paguen como les tienen que pagar”, dice a Anfibia en un audio mientras prepara Psicología evolutiva de la niñez, materia del tercer año de la carrera de Psicología de la UBA.
“Me molesta un poco el hecho de que se haya trivializado la discusión de si es importante o no, porque es meterse con la salud, un tema tan importante, —dice Abril— y con el Garrahan que es el hospital infantil más importante de Argentina y a nivel regional también”.
Pese a los intentos del Gobierno por denostar al Garrahan y a sus trabajadores, el 85,9 por ciento de los argentinos cree que es justo el reclamo de los residentes, y el 72,2 por ciento rechaza la idea de que los médicos tienen que ajustarse como todo el mundo, según datos publicados por la consultora Zuban Córdoba.
¿De qué está hecho el Garrahan? “De un grupo de personas increíbles”, responde Abril. “De gente que te escucha y que quiere solucionar tu problema, y está formada y capacitada para resolver enfermedades de chicos muy complejas. Con todo lo que hacen, ahí no sobra nadie.”
