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Orazi analizó avance de proyectos presentados en el ENOHSA

El Intendente Marcelo Orazi se reunió en Buenos Aires con el Gerente General del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) Alejandro Hoc con quien analizó el avance de los proyectos presentados por el Municipio ante el organismo nacional. En la oportunidad el Intendente estuvo acompañado del Senador Nacional Alberto Weretilneck y el secretario de Coordinación Ariel Oliveros.

Entre las iniciativas elevadas al ENHOSA se encuentran la obra de nexo cloacal del sector suroeste y las cloacas del barrio Villa Alberdi. “Lo que planteamos fue la necesidad de poder cuanto antes enterrar los caños a 5 o 6 metros de profundidad y hacerlo previo a que la napa suba para no perder un año”, manifestó Orazi respecto al primer proyecto.

Agregó: “El otro proyecto importante que abordamos fueron las cloacas parar Villa Alberdi. Respecto a este punto, nos dijeron que es viable y esperamos tener novedades para el año próximo”.

“Le agradezco al senador Weretilneck la gestión para que podamos tener esta audiencia”, indicó el Intendente.

Por otro lado, Orazi hizo referencia al anuncio realizado junto a la Primera Dama Fabiola Yañez de la construcción de un vacunatorio pediátrico, una obra de 350 metros cubiertos y 123 metros descubiertos para la cual se cedió un terreno ubicado en calles Continentes y San Lorenzo. En ese mismo terreno se construirá el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) anunciado tiempo atrás.

“Este viaje a Buenos Aires nos permitió por un lado ver el avance de algunos proyectos e iniciara otros, que son imposibles de hacer con fondos municipales o provinciales. No acostumbro a decir que fuimos a gestionar, pero estoy convencido que de acá a fin de años se verán los frutos”, finalizó.

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  • El gobierno militarizó el INTI para impedir el ingreso de empresarios pyme

     

     El vaciamiento del INTI sensibilizó al empresariado industrial que contaban con el instituto público una cantidad de servicios, asesoramientos y sistemas de certificaciones casi privativo si tuviesen que ir a contratar empresas privadas para desarrollar nuevos productos o materiales.

    Frente al ajuste que amenaza con desguazar todo el instituto, empresarios pyme industriales y directivos de cámaras sectoriales iban a congregarse en el Parque Tecnológico Miguelete, pero no pudieron entrar porque el gobierno desplegó gendarmes para impedir el acto.

    La actividad, convocada por mandos medios del INTI bajo el lema «Argentina productiva, con el INTI de pie», terminó realizándose en la puerta del organismo luego de que las autoridades libertarias cerraran el acceso al predio. Según los organizadores, participaron más de cien empresarios y otros industriales del interior siguieron la jornada de manera virtual.

    Trabajadores del organismo contaron a LPO que muchos de los empresarios que se acercaron al acto admitían haber votado a Javier Milei, pero coincidían en que el ajuste sobre el INTI y otras áreas del Estado, «excede cualquier posición ideológica» por el impacto directo que tendría sobre la industria, las exportaciones y los sistemas de certificación técnica, como en este caso.

    «La gran convocatoria los obligó a ceder y permitir la realización del encuentro previsto en la puerta», señalaron desde la organización, que denunció un operativo con «decenas de gendarmes» rodeando el auditorio del instituto.

    [Peligra la exportación de miel por el desguace al INTI]

    El encuentro se realizó en medio de la crisis que atraviesa el organismo luego de la eliminación de servicios técnicos, el cierre del Servicio Argentino de Calibración y el desmantelamiento del sistema de Metrología Legal. Además, las autoridades anunciaron más de 700 despidos que se sumarían al recorte del 30% del personal que ya sufrió el instituto desde la llegada de Javier Milei al gobierno.

    Durante el acto hablaron empresarios de distintos sectores industriales que defendieron el rol estratégico del INTI para la producción y las exportaciones. Marco Meloni, vicepresidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), sostuvo que «los países que admiramos crecen porque están apoyados en el desarrollo tecnológico, industrial y social».

    En la misma línea, Luciano Galfione, presidente de Fundación Pro Tejer, advirtió que «sin el INTI no hay industria y sin industria no hay Nación» y cuestionó que el gobierno pretenda reemplazar los controles públicos por laboratorios privados «más caros» y que muchas veces ni siquiera existen en la Argentina.

    También hubo advertencias sobre el impacto en áreas sensibles como seguridad, salud y comercio. Fernanda Mettini, directora técnica de El Balancero SRL, alertó que la disolución del área de Metrología Legal afecta controles sobre balanzas, etilómetros y cinemómetros utilizados en todo el país.

    Desde el sector empresario insistieron además en que el INTI cumple un rol clave para certificar productos y permitir exportaciones industriales bajo estándares internacionales.

     

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  • Guerra de mineras por una línea de alta tensión que pagaron los sanjuaninos

     

     La pelea minera en San Juan no es por el cobre. Es por la energía. Vicuña, sociedad de BHP y Lundin Mining, quedó en el centro de una disputa con otras empresas por la capacidad de transporte de una línea eléctrica clave para el desarrollo cuprífero en el norte provincial. La empresa promete una inversión histórica de USD 18.000 millones, pero antes de activar los desembolsos pidió prioridad sobre casi toda la capacidad de transporte eléctrico disponible.

    El dato político pesa. El 17 de febrero, Javier Milei recibió en Casa Rosada a Ron Hochstein, CEO global de Vicuña Corp. y a José Morea, country director de la compañía. También estuvieron Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. El Gobierno presentó el encuentro como respaldo a la mayor inversión extranjera directa de la historia de San Juan.

    Morea no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo, entonces funcionario de Macri. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.

    Orrego afronta la audiencia pública por el proyecto minero de Vicuña por la línea eléctrica que le regaló Caputo

    Al día siguiente de la reunión en Casa Rosada, el ENRE difundió la Resolución 79/2026. El trámite había sido presentado por Transener a pedido de Vicuña Argentina para abastecer la fase 1 de Josemaría, que requiere 260 MW de potencia. La obra incluye la vinculación de la línea Nueva San Juan-Rodeo, la construcción de la estación transformadora Chaparro y una nueva línea de extra alta tensión de 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro. El lobby de la minera, apadrinada por Caputo, tuvo una eficacia eléctrica, que no cayó bien en otros jugadores importantes del sector minero.

    El punto que encendió la guerra fue el beneficio regulatorio. La resolución le otorgó a Vicuña prioridad de uso frente a terceros por el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. Según los cálculos de Cammesa, eso equivale al 71% de la capacidad total de una línea de 854 MVA. La misma prioridad alcanza a la nueva línea Rodeo-Chaparro y a la nueva estación Chaparro. Todo por 25 años.

    José Morea, country manager de Vicuña no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.

    La infraestructura no nació de un repollo privado. La línea Nueva San Juan-Rodeo fue concebida para operar en 500 kV, aunque inicialmente funciona en 132 kV. Tiene unos 162 kilómetros y fue financiada con aportes nacionales, provinciales y recursos de los usuarios sanjuaninos a través de fondos como el PIEDE. Es decir: la obra que ahora disputan las mineras fue pagada durante años por la provincia y por los argentinos.

    Vicuña sostiene que no se apropia de nada. Su argumento es que financiará obras nuevas para fortalecer el sistema y que la capacidad incremental quedará dentro del SADI, operada por la transportista. Traducido: asegura que va a agrandar la ruta y que por eso pide carril preferencial. En una empresa competidora lo resumen con menos cortesía: «Todavía no pusieron nada, pero ya pidieron mucho».

    El problema es que en San Juan nadie mira esa ruta como una autopista vacía. El EPRE provincial advirtió que la capacidad del corredor no es un excedente disponible sino un recurso estratégico para abastecer la demanda actual y futura de la provincia. También reclamó que Vicuña sea tratada como beneficiaria no iniciadora de una obra que ya fue financiada por otros.

    La audiencia pública de este miércoles, convocada por el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, no fue vinculante, pero dejó expuesto el conflicto. El expediente trató el acceso a 260 MW para Josemaría y la ampliación del sistema de transporte eléctrico. Participaron empresas, organismos provinciales y los municipios afectados.

    Ahí aparecieron los otros jugadores. Los Azules, Hualilán, Barrick y Gualcamayo plantearon objeciones técnicas, legales y regulatorias. Barrick condicionó su apoyo a que se respeten sus derechos históricos de transporte. Gualcamayo pidió resguardar su potencia energética. Hualilán cuestionó la reserva de capacidad. Los Azules fue más lejos y habló de una prioridad desproporcionada.

    En la audiencia pública para definir el acceso prioritario de Vicuña a la línea de alta tensión su competidora de Los Azules habló de una preferencia desproporcionada.

    Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, dijo que una prioridad por 25 años sobre infraestructura ya construida equivale en los hechos a una exclusividad sobre un corredor estratégico del SADI. Y agregó que la audiencia debía servir para corregir el acto y preservar la coherencia regulatoria.

    También hay que decirlo: No hay ingenuidad en esa pelea. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán defienden sus propios proyectos, sus cronogramas y su acceso a la red. Nadie fue a la audiencia sólo por amor al usuario residencial. Cada uno cuida su pedazo de montaña.

    Pero esa disputa empresaria no borra el problema de fondo. Si una sola minera se queda con casi toda la capacidad disponible, Jáchal e Iglesia pueden quedar atados a una red sin margen. El efecto no sería sólo sobre otros proyectos mineros. También puede golpear emprendimientos agrícolas, industriales y comerciales que necesiten energía para crecer.

    Los municipios del norte sanjuanino viven de una trama minera diversificada. Gualcamayo, Veladero, Los Azules, Hualilán y Josemaría no son nombres en un PowerPoint: son regalías, empleo, proveedores, rutas, campamentos y recaudación. Si el sistema eléctrico queda capturado por un solo jugador, la provincia queda pegada a una ventanilla única.

    El otro temor es más cotidiano. El EPRE pidió acuerdos de mitigación para evitar que una demanda gigante como la de Josemaría deteriore la calidad del servicio. En los pueblos, eso se traduce sin tecnicismos: bajas de tensión, cortes o inestabilidad. La minería mira 500 kV; los vecinos miran la heladera, la bomba de agua y la luz de la casa.

    El Gobierno nacional defiende el RIGI y presenta a Vicuña como una postal de la Argentina que viene, pero apareció por una pregunta vieja: quién decide sobre una infraestructura pública cuando el negocio privado necesita pasar primero.

    El gobierno de San Juan que conduce Marcelo Orrego tiene un desafío interesante: De un lado, una inversión que puede cambiar la escala minera del país. Del otro, una red financiada por el Estado y por usuarios durante años, que enfrenta la presión de grupo de empresas que compite para entrar al mismo corredor. La montaña promete dólares, pero abajo la pelea es por el cable.

     

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  • Ahora Milei invita a Bullrich a la reunión de ministros y Karina arma un gabinete VIP para dejarla afuera

     

    Javier Milei no acató la orden de Karina Milei y la invitó a Patricia Bullrich a la reunión de gabinete para evitar una ruptura con final impredecible.

    LPO anticipó en exclusiva que Karina echó a Patricia de las reuniones de gabinete enojada por el ultimátum que le dio a Manuel Adorni para que presente la declaración jurada. El propio Milei le había gritado a Bullrich en la última reunión con los ministros, enojado por cómo dejó expuesto al jefe de gabinete, acorralado por los escándalos patrimoniales.

    Luego de la revelación de LPO, Bullrich retiró a Federico Angelini, su funcionario de mayor rango, de una estratégica subsecretaría del ministerio de Seguridad.

    Para evitar que siguiera escalando el conflicto, el gobierno se apresuró a filtrar este viernes que Bullrich finalmente estará en la reunión del gabinete posterior al Tedeum del 25 del mayo.

    Pero la jugada de Karina, que anticipó Infobae, ahora es crear reuniones de gabinete VIP de las que sólo puedan participar los integrantes del Poder Ejecutivo. El objetivo indisimulable es que Bullrich, que es senadora, se quede afuera.

    Bullrich seguirá participando de la mesa política, que no es lo mismo que el gabinete VIP, aclararon en el gobierno. De este modo, habrá tres modalidades de reunión de ahora en más. La reunión de gabinete ampliado, un concepto que evitan mencionar entre los libertarios porque les suena muy macrista; la reunión de gabinete VIP de Karina y la mesa política.

    Como sucede en la teoría de los conjuntos, iniciada por los matemáticos alemanes Richard Dedekind y Georg Cantor en la década de 1870, la membresía de un funcionario en una mesa no le impide participar de otra. La única que está en todas las intersecciones es Karina.

     

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