El Intendente Marcelo Orazi se reunió en Buenos Aires con el Gerente General del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) Alejandro Hoc con quien analizó el avance de los proyectos presentados por el Municipio ante el organismo nacional. En la oportunidad el Intendente estuvo acompañado del Senador Nacional Alberto Weretilneck y el secretario de Coordinación Ariel Oliveros.
Entre las iniciativas elevadas al ENHOSA se encuentran la obra de nexo cloacal del sector suroeste y las cloacas del barrio Villa Alberdi. “Lo que planteamos fue la necesidad de poder cuanto antes enterrar los caños a 5 o 6 metros de profundidad y hacerlo previo a que la napa suba para no perder un año”, manifestó Orazi respecto al primer proyecto.
Agregó: “El otro proyecto importante que abordamos fueron las cloacas parar Villa Alberdi. Respecto a este punto, nos dijeron que es viable y esperamos tener novedades para el año próximo”.
“Le agradezco al senador Weretilneck la gestión para que podamos tener esta audiencia”, indicó el Intendente.
Por otro lado, Orazi hizo referencia al anuncio realizado junto a la Primera Dama Fabiola Yañez de la construcción de un vacunatorio pediátrico, una obra de 350 metros cubiertos y 123 metros descubiertos para la cual se cedió un terreno ubicado en calles Continentes y San Lorenzo. En ese mismo terreno se construirá el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) anunciado tiempo atrás.
“Este viaje a Buenos Aires nos permitió por un lado ver el avance de algunos proyectos e iniciara otros, que son imposibles de hacer con fondos municipales o provinciales. No acostumbro a decir que fuimos a gestionar, pero estoy convencido que de acá a fin de años se verán los frutos”, finalizó.
La CGT se reunió con las principales entidades empresarias de Santa Fe -FISFE, CAME y ADIMRA- para debatir sobre empleo, producción y competitividad en un foro al que llamaron, sugestivamente, «Argentina Produce: diálogo que construye».
Las entidades coincidieron en anticipar un segundo semestre crítico. En el encuentro realizado en Rosario, industriales y sindicalistas alertaron por la caída de la actividad, el deterioro de la cadena de pagos, el cierre de pymes y la pérdida de puestos de trabajo.
El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), Javier Martín, advirtió que el segundo semestre será «muy complicado» para la industria y puso el foco en las crecientes dificultades financieras:
«Estamos viendo cada vez más problemas en la cadena de pagos, demoras y tardanzas», afirmó, y atribuyó la situación al menor nivel de actividad que afecta a las industrias, las empresas y el comercio dependiente del mercado interno.
El segundo semestre será muy complicado para la industria. Estamos viendo cada vez más problemas en la cadena de pagos, demoras y tardanzas
El diagnóstico más alarmante lo aportó el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Elio Del Re. El dirigente aseguró que el sector metalúrgico acumula veinte meses de retracción y utiliza apenas el 39,8% de su capacidad instalada. «De diez máquinas, seis están paradas», resumió.
Las advertencias surgieron durante «Argentina Produce: Diálogo que Construye», una jornada celebrada en la sede de la Asociación Empresaria de Rosario que reunió a más de 300 representantes de los sectores productivo, empresarial, sindical y académico. El encuentro fue organizado por CAME, la CGT, FISFE y ADIMRA.
Desde la CGT, Jorge Sola coincidió con los industriales en que el tejido productivo argentino está dañado y responsabilizó al modelo económico del gobierno de Javier Milei. El cosecretario general de la central obrera señaló que desde diciembre de 2023 se perdieron más de 300 mil empleos formales y cerraron más de 30 mil pequeñas y medianas empresas. «No vemos un proyecto hacia la industria ni hacia el comercio. Es un proyecto económico demasiado aperturista», cuestionó.
Sola también rechazó que la reforma laboral sancionada por el Congreso vaya a generar nuevos puestos de trabajo y advirtió que su aplicación todavía está rodeada de incertidumbre. Recordó que la CGT cuestionó la constitucionalidad de más de 80 artículos y espera una definición de fondo de la Justicia.
Javier Martín -FISFE- Gustavo Puccini -Ministro de Producción de Santa Fe-
El presidente de CAME y de la Asociación Empresaria de Rosario, Ricardo Diab, calificó la situación como «muy difícil» y alertó sobre el impacto de las importaciones y la caída del consumo. «Cada fábrica que cierra son pérdidas de empleo y cada trabajador que se queda sin ingresos es, a la vez, la pérdida de un consumidor», sostuvo.
Martín reconoció los avances en materia de estabilidad macroeconómica y desaceleración de la inflación, pero cuestionó la falta de políticas para recuperar el mercado interno y la capacidad productiva. Además, sostuvo que el crecimiento del gas, el petróleo, la minería y el agro no alcanza para sostener a 50 millones de argentinos sin un proyecto productivo que incorpore ciencia, tecnología y trabajo calificado.
Empresarios y sindicalistas plantearon que necesitan reconstruir una agenda común frente a la crisis. «Si hoy estamos todos acá expresando las mismas dificultades es porque algo no está funcionando», resumió Diab.
El Gobierno logró construir algunos puntos de apoyo para desplegar su modelo económico. El resultado fiscal es el más sólido. La política monetaria y el frente cambiario aportaron otros, bastante más movedizos. Pero al programa le falta el protagonista capaz de hacer de la estabilización una cuestión sostenible: las inversiones. Y los números muestran que, lejos de llegar, están retrocediendo.
«Toda política fiscal, monetaria o cambiaria es discutible. No sólo por sus resultados. También porque inevitablemente distribuye costos y beneficios, define ganadores y perdedores y modifica la relación entre sectores. Pero cualquier modelo que pretenda crecer de manera sostenida necesita inversión. Sin capital que amplíe la capacidad productiva, incorpore maquinaria, construya infraestructura y genere empleo, la estabilidad tiene patas cortas», comentó a LPO un ex ministro de economía.
Ahí aparece uno de los datos más incómodos del programa de Javier Milei. La Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) cayó 11,6% interanual. La inversión no está acompañando la estabilización: se está achicando.
La gran apuesta del Gobierno para llenar ese vacío es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Pero la información que obtuvo LPO mediante un pedido de acceso a la información pública permite mirar debajo del número de anuncios.
Al cierre del primer trimestre había 12 proyectos aprobados, por una inversión total declarada de 26.436 millones de dólares. De ese monto, 24.691 millones fueron considerados «activos computables» para acceder a los beneficios del régimen.
Ese concepto es clave. Los activos computables no son un registro de dólares que ya ingresaron al país ni de inversiones efectivamente realizadas desde la aprobación del RIGI. Son los gastos que la normativa admite para determinar si un proyecto alcanza el piso de inversión necesario para entrar al régimen.
Lo que estoy viendo, y esta es la parte que me preocupa, es que no estoy viendo inversiones grandes. La inversión cae, el empresario está viendo que esto no levanta.
Economía aclaró incluso que pueden computarse inversiones realizadas desde la entrada en vigencia del RIGI aunque sean anteriores a la adhesión formal del vehículo empresario. Es decir, una parte del número puede corresponder a inversiones que ya estaban en marcha.
Los anexos muestran además qué hay adentro de esos montos. No todo consiste en nuevas plantas construidas con producción y trabajo local. Los planes incluyen compra de equipamiento, maquinaria, materiales, ingeniería, logística, instalaciones eléctricas, software, servicios y construcción. En varios de los grandes proyectos, una porción relevante corresponde a bienes de capital y equipos que pueden ser importados.
El detalle entregado por Economía, sin embargo, no discrimina qué porcentaje será de origen nacional y cuál importado, por lo que tampoco permite traducir automáticamente los millones anunciados en impacto sobre proveedores o empleo local.
El caso del parque solar El Quemado sirve para entenderlo. Sus 211,6 millones de dólares de costos de construcción incluyen 42,7 millones en paneles, 22,3 millones en trackers, 9,4 millones en inversores, 8,3 millones en la estación de potencia, 7,9 millones en transformadores y otros equipos.
El RIGI contabiliza esas erogaciones como inversión del proyecto, pero la documentación oficial no informa dónde se fabricarán esos bienes ni cuánto valor agregado quedará en Argentina.
Hay casos todavía más contundentes. El proyecto Rincón de litio presenta 2.299 millones de dólares en activos computables dentro de una inversión total de 2.744 millones. Allí aparecen 320 millones en paquetes tecnológicos, 254 millones en equipamiento mecánico, 106 millones en materiales e instalaciones eléctricas y sólo 85 millones en mano de obra directa. El desglose permite ver por qué el monto de inversión no puede leerse linealmente como generación de empleo: son variables distintas.
También hay inversiones que no nacieron con el RIGI. VMOS declara un plan total de 2.900 millones de dólares, pero el anexo identifica 42 millones como inversiones previas a la vigencia de la ley. El Gobierno, además, aprobó como ampliaciones proyectos que ya existían, como Veladero y Fénix.
La concentración sectorial termina de achicar la foto. De los 26.436 millones de dólares aprobados, 15.156 millones corresponden solamente al proyecto de licuefacción de Southern Energy y otros 2.900 millones a VMOS. Después aparecen los grandes proyectos mineros que buscan financiamiento. Fuera de hidrocarburos, minería y generación eléctrica, la lista se reduce prácticamente a la acería de Sidersa y la Terminal Multipropósito Timbúes.
El RIGI consiguió volumen anunciado, pero todavía no muestra una ola de inversión. Y existe un problema adicional para medir cuánto de todo eso ya ocurrió. Economía reconoció ante el pedido de LPO que el seguimiento está distribuido entre distintas áreas técnicas y que, por el «volumen, dispersión y heterogeneidad» de los datos, no tiene sistematizada una información integral sobre los mecanismos de control.
Los mismos empresarios creen que la economía va a crecer, pero no prevén aumentar la inversión. El 74% espera crecimiento del PBI y el 68% proyecta una inflación menor. Pero apenas el 43% prevé aumentar sus inversiones.
Tampoco realizó revisiones posteriores del ratio exigido a los proyectos frente a eventuales cambios de precios, costos, cronogramas o generación de caja. En otras palabras, el Gobierno puede informar con precisión cuánto prometieron invertir las empresas para entrar al RIGI, pero la respuesta oficial no ofrece una cifra consolidada de cuánto de esa inversión ya se ejecutó.
«Lo que estoy viendo, y esta es la parte que me preocupa, es que no estoy viendo inversiones grandes», dijo el economista Fausto Spotorno en el stream Ahora Play. «La inversión cae, cae, cae», agregó. Para Spotorno, el fenómeno tampoco puede explicarse simplemente por desconfianza política. «El empresario está viendo que esto no levanta», sostuvo.
Spotorno también puso el foco en la distancia entre los anuncios del RIGI y el volumen de capital efectivamente desplegado. «No es que no hay, hay. Pero que eso esté puesto en la cancha y genere volumen grande todavía no lo vemos», explicó. Y marcó una excepción: «El sector energético es lejos el que está invirtiendo más. Está invirtiendo fangotes».
Según los cálculos que maneja el economista, el sector energético recibe un flujo anualizado del orden de los 12.000 millones de dólares. Parece una montaña hasta compararla con las necesidades de capital del conjunto de la economía.
Spotorno estima que Argentina necesita inversiones cercanas a los 120.000 millones de dólares por año. Incluso el sector que más capital atrae representa así alrededor de una décima parte de ese volumen.
En el mercado hacen una lectura parecida, con un agregado importante: Vaca Muerta juega un campeonato bastante separado del resto de la economía. «Vaca Muerta mueve las mismas inversiones con cualquier gobierno porque está despegada del ciclo económico. Son 12 mil millones por año. Así y todo la cuenca necesita cerca de 20 mil millones para desarrollar su potencial», explicó a LPO una fuente que sigue de cerca las inversiones del sector.
La cautela aparece también entre los propios empresarios. La última Encuesta de Expectativas de Ejecutivos de IDEA, realizada entre 218 directivos, mostró que la proporción de empresas que trabaja cerca de su capacidad máxima aumentó del 36% al 46%. Sin embargo, la inversión anual como porcentaje de la facturación cayó del 14% al 10%.
El contraste es mayor porque esos mismos empresarios creen que la economía va a crecer, pero no prevén aumentar la inversión. El 74% espera crecimiento del PBI y el 68% proyecta una inflación menor. Pero apenas el 43% prevé aumentar sus inversiones.
Alejandro «Topo» Rodríguez, ex diputado nacional y economista, introduce otra diferencia clave para leer los números. «Hay que distinguir entre las inversiones que ‘se anuncian’ y las que efectivamente se realizan. Con Milei, se inició un proceso de desinversión que se explica por la contracción de la demanda y la caída de la rentabilidad esperada», dijo a LPO.
El planteo toca uno de los problemas centrales del programa: la inversión no depende solamente de bajar impuestos o conceder beneficios. Una empresa invierte cuando espera vender lo suficiente como para recuperar el capital y obtener rentabilidad. Ese es el agujero que queda detrás de los avances que el Gobierno exhibe en la macro.
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