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Orazi analizó avance de proyectos de obras con Ana Marks

El Intendente Marcelo Orazi recibió este jueves a la Coordinadora de la Subsecretaría de Relaciones Municipales de la Secretaría de Municipios del Ministerio del Interior para la Patagonia Norte Argentina Ana Marks.

Durante el encuentro el jefe comunal puso en conocimiento de la funcionaria nacional los proyectos elevados por el Ejecutivo al Gobierno Nacional en el marco de distintos programas.

Orazi detalló el estado de avance que presentan los mismos ante los diferentes organismos nacionales y solicitó a Marks su acompañamiento para agilizar algunos trámites.

El Intendente expresó su satisfacción por el trabajo que se viene desarrollando junto a Nación.

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    «Hoy no podriamos pagar los aguinaldos si no recibimos ayuda de Provincia», dijo a LPO un intendente del interior bonaerense que reveló que su gestión tiene tramitada en el Ministerio de Economía provincial una asistencia que, de prosperar, estimó que se dará bajo el formato de adelanto de coparticipación.

    Además, en varios municipios alertan un proceso de endeudamiento con proveedores más profundo de lo habitual a raíz del derrumbe en la recaudación de las tasas y de los recursos que llegan vía coparticipación, sumando a un aumento en la demanda en el sistema de salud local.

    Por eso, aunque advirtieron que el mes pasado mejoró la coparticipación porque se liquidó ganancias, esa excepcionalidad no alcanza para ponerse al día con los pagos a proveedores.

    En el sur de la provincia, otro intendente consultado sostuvo que en la región «varios tienen dificultades» con el pago de aguinaldos y que contemplaron la alternativa de pedir un adelanto de coparticipación a la Provincia.

     En los municipios acusan que la extensión de la dinámica recesiva bajo la era Milei está profundizando un rojo financiero que pone en corto áreas clave para mostrar capacidad de gestión 

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    Durante los últimos años, recursos provinciales han salido al auxilio de algunas comunas. Pero, ahora, en los municipios acusan que la extensión de la dinámica recesiva bajo la era Milei está profundizando un rojo financiero que pone en corto áreas clave para mostrar capacidad de gestión, como la recolección de residuos.

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    Por lo bajo, hay intendentes que admiten la necesidad de encontrar «alternativas» al servicio tercerizado que sus comunas mantienen con empresas de recolección y que definen como «deficitario».

    Pero saben que avanzar en una municipalización del servicio desataría un choque automático con Pablo Moyano que, meses atrás, le plantó una protesta frente al municipio de Villa Gesell al axelista Gustavo Barrera, que tuvo que dar marcha atrás en la intención de cortar el contrato con la empresa de recolección y que amenazaba con afectar a trabajadores afiliados a Camioneros.

    Aunque Moyano logró con el caso Villa Gesell obturar inmediatamente otros conflictos en ciernes en otros municipios, esta semana salió a flote una nueva crisis relativa a la recolección, esta vez en San Pedro.

     En el municipio de San Pedro alertaron que, por la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza están recaudando cerca de 170 millones, cuando el servicio de recolección supera los 360 millones al mes. 

    En ese municipio del norte bonaerense, los trabajadores de la empresa de recolección Ashira realizaron un paro al no percibir los salarios. Ante eso, en Ashira acusaron que el municipio no pagó los más de 360 millones que debe abonar por mes por la prestación de ese servicio en la ciudad y localidades del distrito.

    Ante eso, en la gestión del axelista Cecilio Salazar señalaron que el problema central está el derrumbe de los ingresos de la comuna.

    «La tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza volvió a caer y hoy estamos en un 47% de cobrabilidad», dijo el secretario de Economía de San Pedro, Roberto Borgo a la radio local 92.3.

    Guerra entre Camioneros y Municipales por el control de la recolección de residuos

    Al advertir que durante junio el municipio recibirá un 8% menos de fondos coparticipables que en mayo (alrededor de 226 millones menos) Borgo sostuvo: «Vamos a tener dificultades todos los meses si siguen cayendo los recursos».

    En la gestión Salazar alertaron que, por esta tasa, están recaudando cerca de 170 millones, cuando el servicio de recolección supera los 360 millones.

    «Hay que empezar a discutir seriamente qué servicio estamos dispuestos a sostener y cómo lo vamos a financiar», dijo el funcionario, que detalló que la deuda que acumula el municipio con Ashira es superior a los 1.900 millones. 

     

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    El meme: país de boludos

    ¿Cómo tomar en serio a alguien que toma a todos los argentinos como una sarta de boludos? ¿Para qué detenerse sobre algo tan transparente, tan cristalinamente autoincriminatorio? ¿Qué sentido tendría desnudar algo que ya se desnuda solo? ¿Cómo escribir sobre las declaraciones de Adorni algo que no sea un meme?

    El meme, ya ha sido dicho desde Trump vuelto meme en Pepe el Sapo, condensa la estrategia comunicacional estrella de una nueva forma de gobernanza global, en la que procesos de desregulación institucional se corresponden con procesos de desinhibición discursiva que aplanan la palabra en un juego obnubilante de obscenidades y evidencias. Volverse meme es un modo de forzar, en el gesto autosatírico, la neutralización de la crítica y el debate por anticipado.

    La Ley de Inocencia Fiscal es sólo el ejemplo más reciente, y uno de los más extremos, de un proceso de desregulación a favor de los ricos que está en el corazón del programa de este gobierno.

    Si esto es así, que el vocero del presidente libertario se haya convertido en un meme viviente no debería ser motivo para restarle importancia, todo lo contrario: es una razón para ahondar en los modos en que la descomposición política e institucional exige formas de descomposición comunicacional y mediática, que sitúan al meme como eje de nuestra amainada vida simbólica. 

    La extrema desregulación estatal promovida por el gobierno requiere una extrema desregulación cognitiva del discurso público general.

    Lanzar las inverosímiles y alucinatorias fabulaciones que anoche ofreció Manuel Adorni pretendiendo que sean recibidas como explicaciones plausibles de su situación patrimonial, contradiciendo sus propios dichos en esta farsa (y hacerlo además a horas del inicio del mundial), es tomarnos de boludos a los 45 millones de argentinos. Entonces, cómo llegó a tener el patrimonio que tiene es una preocupación que contiene otra, acaso más profunda: ¿cómo pudo un boludo del tamaño de Adorni llegar a tomar por boludos al resto de los argentinos?

    Necesitamos memes, pero necesitamos también ir más a fondo. Porque ellos sí que están yendo a fondo con un modelo de gobierno, de estado y de economía del cual el caso Adorni no es más que el testimonio más insólito, exótico y lumpen. Apenas la punta de iceberg de un modelo de país que el gobierno está construyendo para unos pocos. 

    Legalizar lo ilegal: el estado como agente paraestatal

    La verdadera cuestión en relación al caso Adorni es menos su declaración irrisoria que la Ley de Inocencia Fiscal con la que se busca lavar todos los desfalcos e irregularidades en que incurrió el actual jefe de Gabinete. Y con él, las de toda una lista de rufianes -entre los que se encuentran el actual ministro Sturzenegger y el cancelado ex candidato a legislador Espert- que ahora pueden blanquear bienes que tenían en negro sin explicar sus origen ni pagar multas. Un  ordenamiento legal diseñado para la perpetuación del desfalco y la irregularidad.

    Este gobierno, se ha dicho muchas veces, supo leer los efectos de la informalidad que aquejaba la vida económica en la Argentina, sobre todo al mundo de la informalidad laboral, cuyos problemas, frustraciones y resentimientos -no tenidos en cuenta por los gobiernos anteriores – fueron escuchados y atendidos por Milei. Pero el objetivo del gobierno en relación a esas zonas de informalidad no fue ni eliminarlas ni regularlas, sino convertirlas en el modelo de una nueva estatalidad reducida que garantizara el libre juego de fuerzas para-institucionales, en las que pudiera construirse una exótica alianza de clases lumpen entre los de muy abajo, para los que las regulaciones nunca fueron una ayuda, y los de muy arriba, para los que las regulaciones nunca fueron un problema.

    El escándalo Adorni es el rostro bobo de la inquietante utopía tecnocapitalista de desestatización de la soberanía, en la que el mercado, la tecnología y la competencia entre jurisdicciones reemplazarían progresivamente funciones históricamente asociadas al Estado.

    El actual gobierno llega al estado como agente paraestatal. No es vano repetir que Milei, hoy inmolándose en defensa de Adorni, es quien formuló su tarea en la máxima magistratura como la del topo que llega al Estado para destruirlo desde dentro. Milei, que tendrá razones turbias para defender al indefendible Adorni, es el que repite como un mantra que los impuestos son un robo, y que quienes evaden son héroes. “Defender lo indefendible” se llama el libro que Milei regaló a todo su gabinete como obsequio navideño del año pasado. Entre los crímenes que se reivindican en ese libro atroz, los de Adorni son un juego de niños.

    En este contexto tan extraño y distorsivo en el que un jefe de Estado usa su posición para legitimar la descomposición del Estado como ordenador de la distribución de la riqueza del país, la “corrupción” cambia de sentido. ¿Cómo se resignifica en un país en el que se legitima la evasión de impuestos? ¿Qué implica un acto delictivo en un debate público en el que se propone ese dejar hacer?

    La Ley de Inocencia Fiscal es sólo el ejemplo más reciente, y uno de los más extremos, de un proceso de desregulación a favor de los ricos que está en el corazón del programa de este gobierno. El cometido fundamental de ese Terminator calvo en el que proyectan al ministro de desregulación “Arnold” Sturzenegger: dar fuerza de ley a la ley del más fuerte. Así como, también por vía de la “legalización”, se intenta legitimar la entrada de los tecnomagnates para apropiarse del territorio y los datos de los argentinos a través del Súper RIGI, muy pronto a tratarse en el Congreso. 

    Porque de futuros anticipados y tecnologías delirantes estamos hablando. Un mundo soñado y promovido por las estrechas mentes de los superricos que pretenden digitar nuestro futuro.

    Laboratorio de un mundo posdemocrático: Adorni y Peter Thiel

    Uno de esos tecnomagnates se ha instalado en nuestro país, y su presencia nos obliga a conectar el escándalo de superficie con movimientos mucho más hondos de la historia presente. Si el iceberg que estamos por chocar tiene a Adorni en la punta, en lo profundo de sus sombras reinan figuras como las de Peter Thiel.

    El escándalo Adorni tiene como trasfondo real la reformulación de la estructura legal del estado para normalizar comportamientos como los de Adorni, es decir, para que lo que considerábamos “corrupción” pase a ser considerado un conjunto de prácticas normales y legales. Lo que antes era excepción, busca hacerse sitio como nueva regla. Innovaciones legales que van desde el proyecto de gemelo digital o de “corporaciones no humanas” hasta el régimen de inocencia fiscal son expresión de una reformulación integral del sentido del estado como tal.

    Y allí es donde la presencia de Thiel en la Argentina oficia de recordatorio siniestro acerca del horizonte histórico hacia el que Milei pretende llevarnos. 

    El escándalo Adorni es el rostro bobo de la inquietante utopía tecnocapitalista de desestatización de la soberanía, en la que el mercado, la tecnología y la competencia entre jurisdicciones reemplazarían progresivamente funciones históricamente asociadas al Estado.

    Algunos aspectos centrales de esta agenda que necesitamos tener a la vista son:

    1. Los impuestos son concebidos como una expropiación de la innovación y la acumulación. La tributación aparece menos como mecanismo redistributivo o de financiamiento de bienes públicos que como obstáculo para la creatividad empresarial y el crecimiento económico.

    2. La soberanía estatal es vista como ineficiente y monopolística. Frente al monopolio territorial del Estado, se fabula un ecosistema de jurisdicciones en competencia: ciudades privadas, zonas económicas especiales, comunidades flotantes, plataformas digitales o incluso redes de gobernanza algorítmica.

    3. La tecnología funciona como sustituto de la política. Problemas tradicionalmente resueltos mediante deliberación democrática y conflicto político aspiran a ser abordados mediante mecanismos técnicos, incentivos de mercado o sistemas automatizados.

    4. La ciudadanía se transforma en elección de pertenencia. El modelo deja de ser el ciudadano sujeto a una soberanía territorial para acercarse a la figura del consumidor que selecciona entre distintas ofertas de gobernanza.

    En este marco, la “corrupción” cambia su marco teórico, y en tiempos de “defender lo indefendible” y de celebración de la “incorrección política” puede convertirse en una nueva forma de heroísmo del nuevo orden posdemocrático en construcción. 

    Por eso hay que insistir en que la crítica a los impuestos no es simplemente económica: es parte de un proyecto más amplio de erosión de la capacidad estatal para identificar, registrar, controlar y redistribuir la riqueza, función indispensable para que el estado pueda seguir siendo un estado democrático. 

    La Ley de Inocencia Fiscal no debe leerse, entonces, como una medida tributaria puntual, sino como un síntoma de esa imaginación política más amplia. La idea de presumir la legitimidad de los fondos no declarados, reducir los mecanismos de fiscalización y desplazar la carga de la prueba hacia el Estado expresa una concepción según la cual la circulación privada del capital debe gozar de una autonomía creciente frente a las capacidades de inspección pública, es decir, de contralor democrático.

    Lo interesante es que aquí aparece una tensión. Estas corrientes suelen presentarse como defensoras de una sociedad capaz de funcionar con menos Estado. Sin embargo, la historia muestra que los mercados requieren infraestructuras jurídicas, monetarias y coercitivas complejas para operar. Por eso algunos críticos sostienen que la promesa de una “gobernanza sin Estado” no implica realmente la desaparición del poder, sino su relocalización: desde instituciones públicas relativamente universalistas-democráticas hacia actores privados-corporativos capaces de ejercer funciones cuasi soberanas.

    La crítica tecnocapitalista a los impuestos no apunta únicamente a reducir la presión fiscal, sino a debilitar uno de los fundamentos materiales de la soberanía estatal. Desde Peter Thiel hasta Nick Land, emerge una imaginación política que concibe la competencia entre jurisdicciones, la innovación tecnológica y la autonomía del capital como sustitutos de la mediación democrática. 

    En ese horizonte, herramientas como la Ley de Inocencia Fiscal pueden interpretarse como anticipaciones parciales de una utopía postestatal: una sociedad donde la circulación de la riqueza quede progresivamente desacoplada de los mecanismos públicos de registro, control y redistribución, y donde la gobernanza adopte formas cada vez más privatizadas y tecnificadas.

    Adorni es la cara boba de un mismo proyecto cuya cara siniestra acaba de instalarse en una mansión en Barrio Parque. Es fácil hacer de Adorni un meme. No pasa lo mismo con Thiel, verdadero Terminator que llega, como el verdadero Schwarzenegger, de un futuro distópico que se está haciendo realidad gracias a la apariencia grotesca de sus operadores locales.

    La entrada País de boludos se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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