Orazi analizó avance de proyectos de obras con Ana Marks

 

Lotes de mil metros cuadrados a orillas de un lago central de 180 hectáreas, canchas de tenis, avenidas con palmeras y amplio club house. Así es La Isla, el área más exclusiva de Nordelta que tiene las mejores panorámicas del barrio. En la zona residen los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, y también tiene su casa el Cholo Simeone. Y allí vivía Marcelo Clayton Alves De Sousa hasta que la policía, que no lo encontró, entró a buscarlo. Ese vecino brasileño, discreto y sonriente, era el principal operador en Argentina de una formidable maquinaria de lavado de activos del Comando Vermelho.

Ahora cinco miembros de su organización acaban de ser condenados de manera definitiva por haber ayudado a poner en el circuito financiero legal la impresionante suma de 520 millones de dólares, lo que las autoridades judiciales argentinas estiman se hizo entre 2015 y 2023. El dinero sucio provenía del narcotráfico y se utilizaba para la compra de armas pesadas y de gran porte que abastecen al Comando Vermelho, el grupo delictivo de mayor envergadura de Brasil, que nació en la década del 70 con robos de bancos y blindados y progresó hacia el tráfico internacional de cocaína.

La investigación fue ardua, provino de una alerta de Brasil y fue desarrollada en Argentina por fiscales de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac). Que descubrieron que desde 2015 hasta 2023 esta organización, en base a una ingeniería financiera muy desplegada y que requirió de decenas de testaferros, lavó dinero en el país para remesarlo a Brasil. Lo hicieron mediante transferencias para las que usaron sociedades fachada, cuevas financieras y centros de operaciones. El lavado de activos se concretó con cuentas en cuentas Banco Santander, Banco Galicia, BBVA, Brubank, Banco Itaú Argentina y Mercado Libre. También con plataformas de criptomonedas como Binance o Ualá.

Hace dos semanas la Cámara Federal De Casación dejó firmes las condenas a tres años de prisión en suspenso contra cinco brasileños que actuaban como enlaces para transferir dinero a cuentas de Marcelo Souza y multas descomunales que llegan en algunos de los implicados hasta 780 millones de pesos. Los totales por los cinco son 2.640 millones de pesos.

Todos comparten rasgos semejantes: salvo una excepción, personas no mayores de 35 años, con pasaporte argentino, con el rol de recibir fondos de origen no demostrado, que posteriormente aplicaban en activos virtuales y productos financieros. Como reconocieron los hechos y la figura penal es de penas leves – partícipe necesaria del delito de lavado de activos de origen ilícito- todos quedaron en libertad. Porque son engranajes necesarios pero menores de la red.

La mayoría en Palermo, desde oficinas en un edificio en Santa María de Oro y Guatemala, donde canalizaban fondos mediante criptoactivos, bitcoins, billeteras virtuales y bienes registrables como vehículos de alta gama. Realizaban transferencias y depósitos en efectivo desde muy distintos lugares del país de fondos remitidos por terceras personas que no tenían ninguna relación con los titulares de las cuentas desde las que operaban.

Alves de Sousa y su esposa Naly Pires Diniz están prófugos. Llevaban una vida con ostentaciones en su casa de dos plantas en la calle Los Mimbres frente al lago de Nordelta cuando un equipo de fiscales dirigido por el jefe de la Procelac Diego Velasco estableció, tras una investigación compleja y prolongada, los resultados de la ingeniería financiera que desplegaban para lavar activos del sanguinario Comando Vermelho.

El día que los allanaron, el 6 de septiembre de 2023, no estaban en Nordelta, donde, contaron a LPO desde una de las fiscalías, hubo desde adentro resistencias hacia los operativos policiales, como ocurrió el año pasado cuando fueron a registrar a los hermanos Kovalivker por las coimas en la Secretaría Nacional de Discapacidad (Andis).

Aquel mismo día de 2023 el portero del edificio de Palermo donde Alves de Souza tenía la oficina principal avisó por whatsapp que había una requisa. Ese mismo día los lavadores dejaron abandonado un auto en el Shopping DOT sobre la avenida General Paz cerca del acceso Norte. Tres acompañantes fueron detenidos. Alves de Sousa y su mujer se escabulleron. Permanecen fugitivos.

Los fiscales acreditaron que desde 2015 hasta 2023 habían gestionado sin justificación debida del origen el manejo de 84.918.576,04 de pesos, 303.210 dólares, 188,73267 bitcoins (que en octubre de 2025 al cerrarse los abreviados a cinco miembros de la red equivalían a 13.682.925 de dólares) y tenencias en criptomonedas (dólar Tether) por una suma impactante: 515.567.165 dólares. Todo provenientes de operaciones de narcotráfico, estafas y evasión impositiva.

 En total, por los fondos encontrados al grupo cuando los detuvieron les decomisaron más de 18 millones de pesos, 271 mil dólares, 28 mil reales, 4.500 euros y cinco vehículos valuados en 130 millones de pesos 

Es tal el volumen de dinero que lavaron desde Argentina estos nexos del Comando Vermelho que, por los montos involucrados, a los dos líderes de la asociación ilícita solo la multa a fijarles superaría los 700 mil millones de pesos.

El radar se activó sobre Alves de Souza por la detección de dos depósitos bancarios que habían sido realizados el 29 de octubre de 2019, y que despertaron las alarmas del sistema financiero brasileño. Posteriormente, el avance de esa pesquisa adoptó la hipótesis de que las distintas operaciones bancarias y de criptoactivos que se fueron detectando buscaban canalizar activos ilícitos provenientes del Comando Vermelho.

Las redes de Marcelo Alves de Souza estaban movilizadas por un experto financiero de origen chino en Buenos Aires llamado Hang Wang, actualmente prófugo, que planificaba las operaciones de lavado de activos. El nombre de Alves De Souza apareció en el marco de una operación en Brasil llamada «Mercador de Ilusoes», una gigantesca investigación antilavado realizada en septiembre de 2023 en nueve estados de ese país que acreditó lavado de dinero del Comando Vermelho por tres billones de reales, lo que equivale a casi 600 millones de dólares entre 2019 y 2021.

Ese impresionante volumen de operaciones se concretó en nueve estados brasileños y en Brasilia. El esquema lo utilizaba como líder Antonio Ilário Ferreira, conocido como Rabicó, para ocultamiento de venta de drogas y para adquirir armas de gran porte. Utilizaban algo muy parecido que la red de Alves de Souza en Argentina: una práctica conocida como smurfing, que consiste en depósitos o transferencias de grandes montos de dinero efectuados en forma fraccionada. Muchas de estas transacciones las hacían moradores de regiones de frontera con Brasil. Se constataba lo mismo: el lavado se hacía con criptomonedas, que son activos digitales movilizados sin control del Banco Central y de la Receita Federal, que es el órgano recaudatorio de Brasil, lo que dificulta el rastreo de transacciones y favorece el lavado de dinero y la evasión de divisas.

¿Cómo entraba a Argentina esa montaña de dinero que luego se blanqueba con operaciones financieras hacia Brasil? Las computadoras y teléfonos secuestrados al grupo, más la información procedente de las autoridades judiciales del país vecino, delataban que buena parte venía de transferencias concretadas desde la Triple Frontera, de traspasos de efectivo y de empresas radicadas en Brasil conectadas al Comando Vermelho.

´Uno de los lavadores locales de Marcelo Souza ahora condenados de modo firme, Eliamar Dolores De Melo, movía fondos con transferencias de terceros a Mercovía SA, que era concesionario del grupo fronterizo entre Santo Tomé en Corrientes y San Borja en Brasil.

Una de las primeras alarmas públicas sobre esta organización se dio cuando se hizo público en la prensa brasileña el operativo Mercader de Ilusoes. Una nota del complejo O Globo reveló el 22 de septiembre de 2022 que los jefes del grupo investigado «tienen una vida de lujo en Buenos Aires».

Al condenar a los implicados en juicio abreviado, el Tribunal Oral Federal 7 sostuvo el planteo de los fiscales de que en Argentina «la organización recibió al menos 520 millones de dólares norteamericanos, sin fuente de origen legal, que luego drenó por canales informales, opacos y de poca regulación (activos virtuales) y en el sistema financiero argentino a través de la utilización de testaferros y fragmentación de depósitos».

«Asimismo, en relación a los activos virtuales, a partir del avance de la pesquisa, especialmente por el aporte de la dificultosa tarea de trazabilidad que está siendo llevada a cabo para identificar el flujo de los activos virtuales operados por la organización, a la fecha está acreditado que esta asociación se encargó de a recepción y posterior transferencia de, al menos, USD 520.531.997,645 provenientes de un ilícito penal en el período 11 de febrero de 2021 a 6 de septiembre de 2023.»

Los eslabones de la red financiero canalizaban muchas transferencias. Por ejemplo Wilson Alexandre Cardoso de Oliveira, desde las oficinas de Palermo, realizaban movimientos del banco Santander mediante transferencias y depósitos comúnmente fraccionados desde muchas sucursales: operó por ejemplo en las sucursales de Rosario, Rosario Centro, Posadas, Plaza Houssay, Santiago del Estero, Bahía Blanca, Chaco, El Dorado, Salta, Corrientes, Paraná, La Carlota, Córdoba.

El camarista Gustavo Hornos

Hace unos días el camarista de Casación Gustavo Hornos validó las condenas a tres años de prisión condicional a los brasileños que aceptaron su delito, y rechazó la apelación de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) al acuerdo. Los sentenciados aceptaron su delito y las multas cuantiosas que les fijaron. Son Felipe Gabriel Correia Goncalves, con multa de 720 millones de pesos). Eliamar Das Dores De Melo, Wilson Alexandre Cardoso De Oliveira y Thiago Cardoso de Oliveira, con multas a cada uno de 480 millones de pesos. Y Selma De Lima Muniz Barbosa, con multa de 180 millones de pesos.

Ya había condenados en una primera etapa otros tres operadores identificados como Ma Hai, oriunda de China, Katherine Yola Chasqui Inta, de Bolivia, y Juan David Babilonia Mora, colombiano. El Ministerio Público Federal pidió que otros investigados como Juan José Isola, María Antonella Garbagnati, Luana Belén Isola y Samira Eugenia Isola vayan a juicio oral. Los acusan de recepcionar de Alves de Sousa unidades de activos virtuales por dos billeteras Binance y tres descentralizadas, que originaron transacciones «por un valor total de 74.332.149,35 dólares».

En total, por los fondos encontrados al grupo cuando los detuvieron les decomisaron más de 18 millones de pesos, 271 mil dólares, 28 mil reales, 4.500 euros y cinco vehículos valuados en 130 millones de pesos.

 

A través del Decreto 173/21, la Municipalidad de Villa Regina otorga plazo hasta el 29 de diciembre de este año a los familiares de los fallecidos que figuran en el listado que se adjunta en la publicación a fin de que den a los restos un destino diferente en los términos del artículo 211 de…

 

La renuncia de Néstor Lamboglia a la presidencia del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad expuso el problema de fondo del organismo: fue creado para controlar a las empresas, pero nació sin poder real para hacerlo. A menos de un mes de haber asumido, Lamboglia dejó el cargo y será reemplazado por su vice, Vicente Serra, en medio de una interna por la puesta en marcha del ente que fusionó al Enre y el Enargas.

La salida se conoció este lunes y tomó por sorpresa al sector energético. Lamboglia había sido designado al frente del nuevo organismo el 12 de mayo. En el directorio quedaron Vicente Serra como vicepresidente y Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Falzone como vocales. Menos de tres semanas después, el presidente ya estaba afuera.

La explicación formal habla de una interna dentro del directorio. Según publicó el sitio especializado EconoJournal, Lamboglia mantenía una fuerte disputa con Marcelo Nachón, ex interventor del Enargas, por contratos, asesores, oficinas y el armado administrativo del nuevo organismo. La pelea venía desde antes de que el ente terminara de constituirse y se agravó con la convivencia de las dos estructuras.

El secretario legal de Caputo renunció por diferencias con el Súper RIGI

El punto más sensible fue salarial. El Post Energético reveló que en el organismo se discutía una recomposición de hasta el 30 por ciento para parte del personal, sobre todo para achicar la diferencia entre trabajadores provenientes del ex ENRE y del ex Enargas. La propuesta incluía un concepto «puente» en los recibos de sueldo, remunerativo y bonificable.

Pero en el sector creen que esa pelea no alcanza para explicar la renuncia. «No tenía margen de movimiento», dijo a LPO una fuente que conoce la interna del organismo. La frase resume el problema. El ente debía regular gas y electricidad, pero las decisiones centrales ya estaban tomadas en otro lado. Lamboglia quedó sentado en una oficina con responsabilidad formal y escaso poder político.

La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.

La muestra más clara fue el proyecto que el Gobierno mandó al Congreso para condonar deudas de Edenor, Edesur y otras distribuidoras con Cammesa. LPO reveló que el monto alcanza los 1.842 millones de dólares. La iniciativa permite que las empresas descuenten de sus deudas los ingresos que dicen haber dejado de percibir por atrasos tarifarios. Diputados le dio media sanción al proyecto junto con el recorte del régimen de Zona Fría.

Según fuentes del sector, Lamboglia se enteró por los medios de los detalles de esa iniciativa. El presidente del organismo encargado de controlar a las distribuidoras eléctricas no participó de la letra fina de una norma que impacta de lleno sobre esas mismas empresas que debe regular. El mensaje interno fue evidente: el ente miraba desde afuera una decisión que debía tenerlo como actor central.

El mecanismo es simple. El Estado reconoce a las distribuidoras un crédito por ingresos supuestamente no percibidos. Luego, ese crédito se usa para compensar deudas con Cammesa. A cambio, las empresas deberían desistir de reclamos judiciales. En los papeles, el Gobierno lo presenta como una normalización del sistema. En los hechos, limpia balances privados con una decisión pública.

Esa discusión dejó a Lamboglia en una posición muy débil. El nuevo ente todavía no había terminado de ordenar oficinas, contratos y escalas salariales, pero el Gobierno ya avanzaba con una medida de alto impacto para las empresas reguladas. El organismo nació para poner reglas, pero el Ejecutivo ya negociaba las reglas por arriba del organismo.

La electricidad tiene además su propia interna. El área quedó bajo la influencia de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica. LPO viene contando su cercanía con los hermanos Neuss, que aceleraron su expansión en el sistema eléctrico desde la llegada de Milei al poder y fueron por activos clave como Transener y Transnoa.

Ese vínculo es decisivo para entender la renuncia. Si el área eléctrica está políticamente intervenida por Sanfilippo y por empresarios con intereses directos en generación transporte y distribución, el margen del regulador queda reducido. No se trata sólo de una interna administrativa. Se trata de quién manda sobre los negocios que el ente debería controlar.

En gas ocurre algo parecido, donde los empresarios del sector tienen fuerte incidencia en las políticas del gobierno.

La fusión del ENRE y el Enargas fue presentada como una reforma de eficiencia. Menos organismos, menos burocracia, más coordinación. Pero el resultado, por ahora, muestra otra cosa: un regulador más grande en el organigrama y más chico en la práctica. 

La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.

Serra asumirá con el mismo problema. Si las decisiones de fondo pasan por los grupos que operan en electricidad y gas, el nuevo ente tendrá una función limitada. Un poder condicionado que se extiende a la Secretaria de Energía, que también perdió capacidad de regulación. No define precios, no ordena inversiones y no arbitra entre jugadores. 

«En definitiva, esa es la idea del gobierno de Milei, que el mercado funcione solo», resumió a LPO una fuente del sector.