El Intendente Marcelo Orazi recibió este jueves a la Coordinadora de la Subsecretaría de Relaciones Municipales de la Secretaría de Municipios del Ministerio del Interior para la Patagonia Norte Argentina Ana Marks.
Durante el encuentro el jefe comunal puso en conocimiento de la funcionaria nacional los proyectos elevados por el Ejecutivo al Gobierno Nacional en el marco de distintos programas.
Orazi detalló el estado de avance que presentan los mismos ante los diferentes organismos nacionales y solicitó a Marks su acompañamiento para agilizar algunos trámites.
El Intendente expresó su satisfacción por el trabajo que se viene desarrollando junto a Nación.
Este fin de semana se celebra en Villa Regina la #FiestadelaVendimia2020 y la Dirección de Cultura con Silvia Alvarado a la cabeza tuvo el atino de crear dos escenarios para poder generar más espacios para artistas locales, quienes estarán compartiendo la escena cultural de la #Vendimia con colegas regionales y nacionales. Las aperturas en el…
Desde que vencieron en 2025 las exenciones impositivas previstas por la Ley de Energías Renovables, hay municipios que avanzan en un esquema destinado a cobrarle tributos locales a los parques eólicos, algo que ya genera tensiones con empresas y opositores, que denuncian un «impuesto al viento».
En Olavarría, donde existen tres parques eólicos y se está construyendo un cuarto, el intendente camporista Maximiliano Wesner mandó un proyecto para crear una tasa de seguridad e higiene destinada a esos predios y que fijaría un valor de USD 5.200 por aerogenerador por año.
Recién está teniendo tratamiento en las comisiones internas del deliberativo y, más allá del rechazo de todos los bloques opositores, se espera que la iniciativa salga a partir de la mayoría propia con la que cuenta el Ejecutivo local en el Concejo.
El proyecto ya genera resistencia de las empresas que acusan «inconstitucionalidad» y aseguran que los municipios no tienen potestad sobre actividades reguladas a escala nacional.
El proyecto del intendente fijaría una tasa de USD 5.200 por aerogenerador por año.
También, citan como antecedente el caso de Puerto Madryn, donde las empresas a cargo de los parques eólicos consiguieron un fallo favorable en la Justicia para no pagar un tributo de similares características al que intenta aprobar Wesner.
«Más impuestos representa menos inversiones», acusó la concejal del Partido Libertario Adela Casamayor, que adelantó su rechazo a la iniciativa, lo mismo que el resto de los bloques opositores. Sin embargo,el oficialismo tiene la mitad del recinto y la presidencia, suficiente para que el proyecto pueda avanzar.
En las empresas dicen que, por las variaciones propias del viento, la generación concreta es mucho más reducida que la potencia instalada, razón por la que ya lanzan advertencias sobre la rentabilidad de sus proyectos con este tributo.
El Parque Eólico Vientos de Olavarría que controla Ternium
La ley 27.191 de energías renovables en su artículo 17 establece que el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía «no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2025».
Vencido ese plazo, hay sectores del Gobierno que empujan una prórroga de esas exenciones en el Congreso. Mientras tanto, ya hay municipios que empiezan a discutir con los privados la manera de instaurar esquemas tributarios en tiempos donde la recaudación municipal y los recursos que llegan a las comunas por coparticipación cayeron a pisos históricos.
La Legislatura rionegrina aprobó en segunda vuelta la modificación de la Ley 3.308, para habilitar el desarrollo de actividad hidrocarburífera en la zona en el Golfo San Matías con 40 votos a favor 1 en contra, dos ausencias y una abstención, desde la Multisectorial Golfo San Matías/Defendamos a Nuestro Golfo que reúne asambleas, organizaciones, vecinos…
Sebastián Pareja afirmó que La Libertad Avanza tiene como objetivo eliminar el Senado bonaerense para convertir a la Legislatura de la provincia en unicameral. «Estamos cansados de sostener bancas y contratos políticos mientras el Estado provincial abandona sus funciones esenciales», dijo el diputado que cuenta en la Legislatura con 10 senadores y 20 diputados.
Pareja retoma una versión periodística publicada el fin de semana que afirmó que el peronismo en la provincia trabaja en un proyecto para ampliar la cantidad de senadores y diputados bonaerenses.
«Mientras colapsan la salud, la educación y la seguridad, al kirchnerismo no se le ocurre mejor idea que proponer un aumento de la cantidad de legisladores en ambas cámaras», dijo en un posteo publicado en las redes.
Esos trascendidos fueron negados de manera enfática tanto por los bloques de Fuerza Patria como desde el gobierno de Axel Kicillof.
La propuesta de Pareja tiene el tono y la impronta libertaria. Sin embargo, es un tema que se discute hace varios años en la provincia. Unas 15 provincias más la Ciudad de Buenos Aires cuentan con sistema unicameral. Incluso varias provincias pasaron de un sistema bicameral a un cámara única. Córdoba y Tucumán son dos ejemplos.
El problema para avanzar con la iniciativa es que se requieren consensos, algo en que ni el peronismo ni los libertarios están dispuestos a trabajar. La actividad legislativa tanto en el Senado como Diputados es mínima producto de la falta de acuerdos y de las internas en los bloques mayoritarios: Fuerza Patria y La Libertad Avanza.
Para pasar a una Legislatura unicameral hace falta una reforma de la Constitución bonaerense. Eso se puede lograr de dos maneras: una convención constituyente o un proyecto de ley aprobado por dos tercios refrendado por los bonaerenses en una consulta popular.
Uno de los proyectos ingresados en los últimos meses fue redactado por el diputado de Bahía Blanca, Héctor Gay. En el texto propone la creación de una Convención Reformadora que trabajará durante 120 días reordenar, correlacionar, y enumerar el articulado de la Constitución bonaerense para convertir a la Legislatura en unicameral.
Durante la última asamblea general de la Federación de Productores, encabezada por el presidente Sebastián Hernández a la que asistieron más de 200 productores de la zona, los directivos a modo de carácter informativo pusieron sobre la mesa una propuesta que generó expectativas. La apertura de un canal comercial directo para abastecer comedores escolares y…
Aída Tarditti, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, no habló a través de un fallo, sino de un like. La destacada penalista le puso un corazón a una publicación que advertía sobre la eventual salida de la Fiscalía General de Carlos Lezcano, impulsado por Martín Llaryora hace pocos meses.
La cuenta en Instagram de Búnker advirtió en un posteo: «Las razones que dejarían a Lezcano afuera de la Fiscalía General antes de fin de año». Y describió la situación así: «Lezcano, ¿out de la Fiscalía General? Las razones políticas de una salida récord». A los pocos minutos de su publicación, apareció el corazón de Tarditti. Y le siguieron otros varios funcionarios judiciales, entre ellos, Martín Bertone, un fiscal de Cámara con peso propio en el esquema del Ministerio Público Fiscal.
El trasfondo es la colonización del Ministerio Público Fiscal dispuesta por Llaryora en los últimos meses. Lezcano fue la pieza clave que movió el gobernador para ese armado afín al Gobierno: Lezcano tuvo una larga militancia en el peronismo de la ciudad de Córdoba hasta que en 2003 fue designado juez de Control, cargo que ejerció hasta que asumió como fiscal General. También fue socio de Luis Juez y mantiene vasos comunicantes con él. De hecho, el juecismo en la Legislatura no rechazó el pliego.
En paralelo, Lezcano viene tropezando en sus declaraciones públicas. Primero dijo qu e
«la batalla contra el narcotráfico sabemos que no la vamos a ganar, pero la tenemos que dar de todas maneras». Luego empeoró todo durante la crisis por el femicidio de Agostina Vega: ese fin de semana estaba en el caribe; y cuando regresó dijo que no conocía detalles de la causa.
La jueza Aída Tarditti
En Tribunales, el like de Tarditti tuvo una sola lectura: el descontento con con Llaryora por el esquema de abogados amigos que sembró en la Justicia. A esta situación política se agrega que desde hace varias semanas la Justicia provincial funciona a media máquina por protestas salariales y quejas de los magistrados por el desacople (en los hechos) de los salarios provinciales con los que fija la Corte Suprema para jueces federales.
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