El Intendente Marcelo Orazi recibió este jueves a la Coordinadora de la Subsecretaría de Relaciones Municipales de la Secretaría de Municipios del Ministerio del Interior para la Patagonia Norte Argentina Ana Marks.
Durante el encuentro el jefe comunal puso en conocimiento de la funcionaria nacional los proyectos elevados por el Ejecutivo al Gobierno Nacional en el marco de distintos programas.
Orazi detalló el estado de avance que presentan los mismos ante los diferentes organismos nacionales y solicitó a Marks su acompañamiento para agilizar algunos trámites.
El Intendente expresó su satisfacción por el trabajo que se viene desarrollando junto a Nación.
La agenda del 06 al 09 de enero prevé diversas actividades en la localidad balnearia y en distintos puntos de la provincia La inauguración del nuevo local del Mercado Artesanal se realizó ayer a las 20 hs en la Galería Antares. Allí, se exhibieron y se pusieron a la venta productos de artesanas y artesanos…
En menos de dos semanas, un movimiento cívico histórico, con dosis de reggaetón, creatividad al tope, mucho de indignación y pacifismo activo acabó con la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Un movimiento revolucionario sin precedentes en la isla. Revolución pura, sin quitarle una sola letra, solo agregándole ritmo afrocaribeño. Ver esta publicación…
Si las letras también se quemaron y nos quedamos mudxs, ahora nos toca regenerar las hojas de verduzcas expectativas, las indescifrables ramificaciones de los deseos, el tronco mocho de la responsabilidad y las raíces enterradas del porvenir. Sobrevolaron helicópteros y teros, mientras alguien observaba cómo una nube embarazada de la más pura y divina agua…
La Cámara Penal de Rosario confirmó por unanimidad de tres jueces la condena al ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, en un caso de corrupción que toca de lleno a un sector activo de la política santafesina. En primera instancia otros tres jueces, también de modo coincidente, ya había encontrado culpable a Serjal de recibir sobornos de un capitalista de juego ilegal para no investigarlo y le impusieron nueve años de prisión. A un empleado de la fiscalía, Nelson Ugolini, lo habían condenado a cinco años, pena que quedó refrendada.
Este caso tiene como principal novedad que implica a un poderoso actor de la política contemporánea de Santa Fe que no fue juzgado pero que está ya imputado de ser jefe de la misma organización en la que Serjal desde este miércoles con su condena confirmada. Se trata del senador Armando Traferri, uno de los hombres fuertes del peronismo santafesino desde hace dos décadas, quien no fue a juicio en este caso porque resistió durante cuatro años amparándose en sus fueros.
En el fallo que condena a Serjal también queda complicado Traferri porque de los tres camaristas hay dos que reconocen el delito de asociación ilícita. Son los jueces Ismael Manfrín y Carolina Hernández. El que entiende que no hay asociación ilícita es Javier Beltramone, presidente del tribunal, que quedó en minoría.
Este caso fue, a lo largo de los seis años que duró el trámite, un muestrario por demolición de cómo una construcción de poder en que está la política institucional, importantes medios de comunicación locales y estudios profesionales hicieron todo lo posible por tumbar un caso que seis jueces consideraron sólido, aunque uno le haya dejado a Traferri de una forma muy minoritaria la idea de que no hay asociación ilícita.
Ese derrotero incluyó haber corrido con acusaciones que nunca prosperaron judicialmente a los dos fiscales que iniciaron la investigación. Dos fiscales colegas de estos los acusaron de haberse valido de una informante de modo ilegal para amañar evidencia. La prueba colectada por esos dos investigadores iniciales, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, fue convalidada ya como legítima y contundente de un delito de corrupción que incluye a políticos, a funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y a abogados en ejercicio de la profesión que están aún en una etapa inicial de imputación. A pesar de una enérgica estrategia para desacreditarlos y, como pedía Traferri en una expectativa lograda, correrlos del caso.
En abril pasado, cuando arrancaron las audiencias de revisión de la condena, se habló de Traferri en cada jornada de audiencia, como pasó durante el juicio de primera instancia que fue en 2025 y duró dos meses. Esto porque se señaló que el histórico senador provincial es según el equipo de fiscales también organizador del mismo delito atribuido a Serjal, como jefe de la «pata política» de la organización criminal, que comprendía funcionarios legislativos y políticos, para garantizarle cobertura al capitalista de juego Leonardo Peiti, a cambio de dinero para campañas políticas y para hacer lobby en favor del empresario. Peiti aspiraba a obtener licencias de juego online en la Legislatura. Esto mismo quedó plasmado en la sentencia que en noviembre pasado por unanimidad condenó al ex fiscal regional.
La condena a Serjal dictada hace nueve meses había sido interpretada como una condena al senador ya que los jueces, en forma coincidente, habían considerado inequívoca la pertenencia del senador a la asociación ilícita que le mereció al conductor de los fiscales una pena por ese delito, por cohecho y prevaricato.
«Vamos a ver cuántos políticos santafesinos salen a hablar de este fallo mañana. La forma en cómo la política se cuida a sí misma se va a ver ahí», dijo un funcionario judicial que habló este miércoles con LPO con la resolución recién difundida.
A lo largo de este caso existió una descarga contínua de acciones para demoler esta imputación ahora convertida en condena ratificada. Se armaron acusaciones contra los fiscales que salían en medios periodísticos de Rosario y Santa Fe antes que tener trámite iniciado en sede penal. La defensa de Serjal organizó como primera y visible estrategia no atacar la prueba por endeble, algo que los jueces no vieron, sino la conducta privada de los fiscales. Una cosa llamativa es que los principales testigos de la defensa fueron fiscales que armaron conjeturas de delito de los acusadores que resultaron pulverizadas por los jueces. Los que acusaron en especial a Edery, sin encontrar validación, fueron los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno, actualmente camarista penal.
Ahora viene el juicio de Traferri con el antecedente de que a Serjal se lo condenó por asociación ilícita. El camarista Beltramone que no vio asociación ilícita no va a poder participar de ese juicio. Era un magistrado que rechazó una recusación por tener una relación con uno de los miembros de la asociación ilícita investigada, algo que luego fue ratificado por un tribunal.
Los análisis sobre este caso se desplegaron de inmediato por una tribuna de funcionarios judiciales que vieron en este trámite un caso testigo de la política santafesina y sus relaciones con el mundo empresarial y de la Justicia. Un importante funcionario de Rosario que no participó de este caso le dijo a este medio que este fallo es un gran problema para Traferri.
«Quemaron el voto de Beltramone ahora, en vez de reservarlo para cuando sea juzgado Traferri. Se veía este voto disidente como algo previsible y en los pasillos estaba anticipado. Ahora el senador no va a tener ningún voto asegurado. Quizá en el juicio que viene contra Traferri se podía construir una mayoría contra la asociación ilícita. Difícil que pase. De seis jueces en este caso por asociación ilícita condenaron cinco. Acá hubo todo el tiempo estrategia para tumbar el caso. Otra vez se equivocaron», analizó.
En la condena a Serjal los jueces de primera instancia lo nombran a Traferri 104 veces en un texto que tiene casi el doble de páginas. Lo hicieron porque no se puede explicar ni entender para ellos el funcionamiento de la organización criminal, dicen, sin aludir al rol predominante del senador. En el juicio el capitalista Peiti admitió al declarar que le había dado 200 mil dólares a Traferri para la campaña política. Y que también le pagaba a Serjal para no ser investigado.
Armando «Pipi» Traferri
La acusación sostuvo la existencia de una asociación ilícita destinada a usufructuar el dinero de una red de juego clandestino y apuestas electrónicas sin autorización, activa al menos entre el 24 de abril de 2017 y el 24 de julio de 2020, con centro de operaciones en Rosario y ramificaciones en Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela.
Los camaristas Manfrín y Hernández adhirieron a Beltramone en las imputaciones de cohecho y peculado, pero para ellos hubo asociación ilícita. Rechazaron la exigencia de prueba directa del pacto. Como la asociación ilícita se configura en un ámbito privado, íntimo o secreto, dijeron que es «contraintuitivo» reclamar pruebas directas y explícitas, como si se tratara de un contrato formal. Para Manfrín y Hernández, son los elementos indiciarios y periféricos, valorados en conjunto según la sana crítica, los que permiten inferir el acuerdo de voluntades.
Sin embargo, el voto de Beltramone que desconoce la asociación ilícito lo hace en virtud de violación supuesta de garantías para los juzgados y puede ameritar que la disputa del caso prosiga. Este juez se refirió al rol del arrepentido aplicado antes de su regulación procesal expresa en Santa Fe para avanzar en este caso y la depuración de valoraciones sobre terceros ausentes. Estos son los ejes sobre los que probablemente se discuta si el caso sigue escalando.
No obstante estos señalamientos hay planteos que implican cuestiones para que se revisen ocurridas en la fiscalía. Un capítulo relevante del voto de Beltramone son discordancias e interrogantes que a su criterio exigen control. Una es que no se dio una definición procesal sobre una maniobra extorsiva sufrida en 2019 por el capitalista Leo Peiti, con un legajo sin imputados. También la contradicción entre la imputación inicial de Peiti como integrante del plan extorsivo contra el financista Pablo Fortuny y su posterior «desaparición procesal» sin resolución fundada.
«Hay cuestiones donde parece faltarles información a los sentenciantes y si es así serían errores groseros. A Peiti le archivaron la causa de Fortuny. La «discordancia» que mencionan es porque hubo un acuerdo institucional del MPA para que algunos actores se investigaran en otra jurisdicción. Y eso se hizo», comentaron a LPO desde el MPA sobre esas observaciones.
Hoy parece imposible imaginar un kiosco sin una botella de Coca-Cola. Sin embargo, hubo un período en el que la bebida más famosa del mundo prácticamente dejó de producirse en el país. Detrás de aquella historia hubo una combinación de guerra mundial, restricciones al comercio internacional, industrialización y cambios en el modelo económico argentino.
Por Redacción de NLI
Pocas marcas poseen un nivel de reconocimiento comparable al de Coca-Cola. Desde hace más de un siglo logró instalarse en casi todos los rincones del planeta y convertirse en uno de los mayores símbolos del consumo global. Precisamente por esa omnipresencia resulta difícil imaginar que hubo un momento en el que conseguir una botella en la Argentina se volvió una tarea casi imposible. No fue consecuencia de un boicot ni de una decisión comercial de la empresa. La explicación se encuentra en uno de los períodos más complejos del siglo XX, cuando la Segunda Guerra Mundial alteró las cadenas internacionales de abastecimiento y obligó a muchos países, entre ellos la Argentina, a replantear su relación con las importaciones y con el desarrollo industrial.
La guerra que cambió hasta el contenido de una botella
Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, el comercio marítimo internacional sufrió una transformación sin precedentes. Los convoyes eran atacados, los barcos mercantes escaseaban y numerosos productos dejaron de circular con normalidad entre continentes. Aunque la Argentina permaneció neutral durante la mayor parte del conflicto, la economía local sintió rápidamente las consecuencias de un mercado mundial completamente alterado.
Uno de los problemas afectó directamente a la producción de bebidas gaseosas. Muchos de los insumos utilizados por la industria alimenticia provenían del exterior y comenzaron a llegar con enormes demoras o directamente dejaron de ingresar. Entre ellos se encontraba el concentrado utilizado para elaborar Coca-Cola, cuya producción dependía de una compleja red logística internacional controlada desde los Estados Unidos.
Las dificultades para importar ese componente redujeron drásticamente la capacidad de producción local. En distintas regiones del país la bebida desapareció durante largos períodos y fue reemplazada por marcas nacionales que comenzaron a ganar espacio aprovechando la escasez. Empresas argentinas incrementaron su presencia en el mercado ofreciendo alternativas elaboradas íntegramente con insumos locales, un fenómeno que coincidía con el proceso de industrialización por sustitución de importaciones que empezaba a consolidarse en el país.
La oportunidad que encontraron las industrias nacionales
La ausencia parcial de productos extranjeros no afectó únicamente a las gaseosas. También abrió oportunidades para cientos de pequeñas y medianas empresas que comenzaron a fabricar bienes que hasta entonces llegaban desde Europa o Estados Unidos. Electrodomésticos, textiles, medicamentos, alimentos procesados y una enorme variedad de artículos empezaron a producirse en territorio argentino para cubrir una demanda que ya no podía satisfacerse mediante importaciones.
En ese contexto, el mercado de las bebidas vivió una transformación notable. Numerosas marcas regionales crecieron gracias a esa coyuntura y algunas lograron consolidarse durante las décadas siguientes. La competencia obligó incluso a las multinacionales a revisar sus estrategias una vez finalizada la guerra, incrementando la producción local para reducir la dependencia de las importaciones.
El episodio demuestra hasta qué punto un conflicto internacional puede modificar aspectos aparentemente menores de la vida cotidiana. La falta de una simple botella en un almacén reflejaba, en realidad, profundas alteraciones del comercio mundial y del funcionamiento de toda la economía.
Mucho más que una gaseosa
Con el fin de la guerra y la normalización progresiva del comercio internacional, Coca-Cola recuperó rápidamente su presencia en la Argentina. La expansión del consumo masivo durante la segunda mitad del siglo XX terminó convirtiéndola en una de las marcas más difundidas del país. Sin embargo, aquel episodio quedó como una muestra de que incluso las compañías más poderosas pueden verse condicionadas por los grandes procesos históricos.
La historia también invita a una reflexión más amplia. Durante décadas, la Argentina debatió qué grado de dependencia debía tener respecto de las importaciones y qué sectores estratégicos convenía desarrollar localmente. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial mostró que las crisis internacionales podían interrumpir el abastecimiento de productos considerados cotidianos y reforzó la idea de construir una industria capaz de responder a esas contingencias.
Hoy, cuando la globalización vuelve a mostrar signos de tensión por conflictos geopolíticos, guerras comerciales y problemas logísticos, aquella historia adquiere una actualidad inesperada. La desaparición temporal de una gaseosa puede parecer una anécdota menor, pero detrás de ella se esconden preguntas mucho más profundas sobre la producción, la soberanía económica y la capacidad de un país para sostener su abastecimiento cuando el mundo deja de funcionar con normalidad.
En los próximos días, la Municipalidad de Villa Regina recibirá la totalidad del equipamiento para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en los basurales y el equipamiento para potenciar la clasificación y separación de los mismos, además de dotar de infraestructura necesaria para la mejora de las condiciones laborales de los recicladores urbanos….
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