El Intendente Marcelo Orazi recibió este jueves a la Coordinadora de la Subsecretaría de Relaciones Municipales de la Secretaría de Municipios del Ministerio del Interior para la Patagonia Norte Argentina Ana Marks.
Durante el encuentro el jefe comunal puso en conocimiento de la funcionaria nacional los proyectos elevados por el Ejecutivo al Gobierno Nacional en el marco de distintos programas.
Orazi detalló el estado de avance que presentan los mismos ante los diferentes organismos nacionales y solicitó a Marks su acompañamiento para agilizar algunos trámites.
El Intendente expresó su satisfacción por el trabajo que se viene desarrollando junto a Nación.
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La nueva licitación de la represa Futaleufú quedó bajo sospecha. Chubut reclama participación y advierte que el Gobierno podría diseñar un proceso favorable a grupos empresarios cercanos al poder.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La renovación de una concesión estratégica vuelve a poner en discusión el modelo energético de Milei
Mientras el Gobierno nacional avanza con una nueva ola de privatizaciones y concesiones de activos estratégicos, la Central Hidroeléctrica Futaleufú, una de las principales generadoras de energía del país, quedó en el centro de una nueva controversia. La decisión de extender nuevamente la concesión vigente mientras se prepara una licitación nacional e internacional despertó fuertes cuestionamientos desde Chubut, donde denuncian que el proceso podría terminar favoreciendo a empresarios con llegada a la Casa Rosada y volver a relegar los intereses de la provincia que alberga el complejo.
La discusión trasciende el aspecto administrativo. Lo que está en juego es el futuro de una represa que produce alrededor de 560 MW de potencia instalada, cuya energía históricamente alimentó a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn y que representa uno de los activos hidroeléctricos más importantes del país. La definición sobre quién administrará esa infraestructura durante las próximas décadas también implica decidir quién captará la renta de un recurso estratégico y cuál será el papel del Estado y de las provincias en ese esquema.
Un nuevo aplazamiento mientras se prepara la licitación
La concesión original otorgada durante el proceso de privatizaciones de los años noventa venció en 2025. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió sucesivamente prorrogar su vigencia hasta llegar a una nueva extensión que lleva la operación hasta diciembre de 2026, o hasta que concluya un nuevo proceso licitatorio. La explicación oficial sostiene que la complejidad técnica de los pliegos hace necesario mantener la continuidad operativa mientras se organiza la futura adjudicación.
No obstante, la acumulación de prórrogas comenzó a generar sospechas. Diversos sectores políticos y especialistas en energía sostienen que el Ejecutivo estaría utilizando ese tiempo para diseñar un esquema licitatorio cuyas condiciones podrían beneficiar a determinados grupos económicos, reproduciendo un mecanismo que ya fue cuestionado en otros procesos de privatización impulsados durante la gestión de Javier Milei.
Chubut reclama un lugar en una decisión que considera propia
Uno de los principales focos del conflicto es la participación de la provincia de Chubut. Tras la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales pasaron a ser de dominio provincial, argumento con el que el gobierno chubutense reclama intervenir de manera efectiva en la definición del futuro de Futaleufú.
La provincia incluso acudió a la Corte Suprema para exigir que se reconozca ese derecho y sostiene que no puede volver a repetirse un esquema donde las decisiones se toman exclusivamente desde Buenos Aires mientras el territorio donde se encuentra la represa recibe escasos beneficios económicos y sociales.
El reclamo también apunta a una histórica desigualdad. Desde distintos sectores de Chubut recuerdan que cuando se construyó la central se prometieron tarifas preferenciales, desarrollo regional y un fuerte impulso para las localidades cercanas. Sin embargo, sostienen que muchas comunidades continúan pagando algunas de las tarifas eléctricas más elevadas del país e incluso existen poblaciones ubicadas a pocos kilómetros del complejo que todavía no forman parte del sistema interconectado nacional y dependen de generación mediante combustibles fósiles.
El antecedente de las privatizaciones y el peso de Aluar
La historia de Futaleufú explica buena parte del debate actual. El complejo comenzó a proyectarse a principios de la década de 1970 y fue inaugurado en 1978, durante la última dictadura militar, con un objetivo central: abastecer de energía barata a la producción de aluminio. Desde entonces quedó estrechamente vinculada a Aluar, la única productora de aluminio primario del país.
Con las privatizaciones impulsadas por el menemismo en 1995 nació Hidroeléctrica Futaleufú S.A., sociedad que pasó a operar la central durante treinta años y en la que Aluar quedó como accionista mayoritario. Ese modelo permitió garantizar el suministro eléctrico para la empresa, pero también consolidó un esquema que desde hace años es cuestionado por sectores políticos y sociales de Chubut, que consideran que la provincia nunca recibió una participación equivalente al valor estratégico de sus recursos naturales.
Una política energética cada vez más concentrada
La controversia por Futaleufú no aparece aislada. Forma parte de una política más amplia del Gobierno nacional orientada a volver a concesionar centrales hidroeléctricas, profundizar la participación privada en infraestructura energética y reducir el rol operativo del Estado.
En ese contexto, los críticos advierten que las futuras licitaciones podrían terminar concentrando aún más el control de recursos estratégicos en grandes grupos empresarios, especialmente si los pliegos establecen requisitos técnicos o financieros que sólo puedan cumplir un número reducido de compañías. Esa posibilidad alimenta las denuncias sobre procesos «a medida», una expresión que comenzó a repetirse en distintos conflictos vinculados con licitaciones nacionales durante la actual administración.
Un recurso estratégico cuyo destino vuelve a debatirse
La definición sobre Futaleufú excede la continuidad de una concesión. Lo que deberá resolverse en los próximos meses es si la Argentina consolida un modelo donde las grandes centrales hidroeléctricas continúan administradas bajo esquemas de fuerte predominio privado o si las provincias logran ganar protagonismo en la gestión de recursos que la Constitución reconoce como propios.
Mientras el Gobierno prepara los pliegos de la futura licitación, crecen las presiones para que el proceso garantice competencia real, transparencia y participación provincial. En caso contrario, la sospecha de que la concesión termine diseñada para beneficiar a actores cercanos al poder podría convertirse en uno de los conflictos políticos y económicos más relevantes del sector energético durante el segundo semestre del año.
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Mercado Libre recibió 42 millones de dólares en beneficios del Estado. La empresa de Marcos Galperin se ahorró de pagar 29 millones de Impuesto a las Ganancias y otros 13 millones de dólares de contribuciones sociales en los primeros seis meses del año. Equivale a 68 mil millones de pesos.
La presentación del balance de Mercado Libre ante la SEC hizo que sus acciones se desplomaran más de 7%, aunque repuntaron y terminaron con una caída cercana el 5% un día más tarde.
La compañía marcó un récord de facturación superior a los 10 mil millones de dólares de ingresos netos, pero su margen de ganancias fue menor al esperado.
En el balance presentado ante la SEC, la empresa explicó que en la Argentina recibió beneficios fiscales por 42 millones de dólares, cerca de 63 mil millones de pesos en la primera mitad del año. Por la Ley de Economía del Conocimiento se ahorró 29 millones de dólares correspondientes al Impuesto a las Ganancias.
También hubo cuestionamientos por el acoso a sus deudores: Agustín, un usuario de la plataforma, denunció que Mercado Pago había llamado con insistencia a su ex jefa para reclamarle por la deuda contraída.
Cuando la acusación contra Mercado Libre se volvió viral, la compañía se contactó con el damnificado y le explicó que «los términos y condiciones les permiten leer los contactos de su teléfono pero que esa respuesta sido un ‘error’ de mala interpretación del agente de soporte», según reveló Maximiliano Firtman.
Oficialmente, Mercado Libre argumentó que el teléfono de su ex jefa lo habían obtenido de un pedido realizado por Agustín años atrás y que nada tenía que ver con el préstamo.
Según se desprende del balance de Mercado Libre, el 64,3% de su facturación en la Argentina corresponde al negocio financiero, casi el doble de lo obtenido por e commerce. Una parte se explica por la caída del consumo y otra por la explosión de préstamos de instituciones no bancarias con condiciones de acceso más flexibles.
Casi una cuarta parte de los préstamos otorgados por Mercado Libre en Latinoamérica está en mora. Eso no impide un negocio fabuloso.
«Hay un modelo de tasa muy alta contra pérdida muy alta, donde un cuarto de la cartera está en atraso y el precio del crédito es lo que hace que el negocio cierre igual», sostiene el economista y consultor Emiliano Estrada.
«Este trimestre Mercado Libre vendió préstamos ya otorgados a terceros en dos países: en Argentina colocó US$ 66 M y ganó US$ 8 M, un 12,1%; en México, US$ 53 M con una ganancia de US$ 2 M, 3,8%. El comprador paga más cuanto más alta es la tasa del crédito que se lleva», agregó.
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