El Intendente Marcelo Orazi recibió este jueves a la Coordinadora de la Subsecretaría de Relaciones Municipales de la Secretaría de Municipios del Ministerio del Interior para la Patagonia Norte Argentina Ana Marks.
Durante el encuentro el jefe comunal puso en conocimiento de la funcionaria nacional los proyectos elevados por el Ejecutivo al Gobierno Nacional en el marco de distintos programas.
Orazi detalló el estado de avance que presentan los mismos ante los diferentes organismos nacionales y solicitó a Marks su acompañamiento para agilizar algunos trámites.
El Intendente expresó su satisfacción por el trabajo que se viene desarrollando junto a Nación.
El Gobierno aceleró esta semana en el proceso licitatorio de una serie de tramos de la Red Federal de Concesiones por la que pretende dar en concesión por 20 años alrededor de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.
Para dos corredores estratégicos -el tramo Porturario Sur y el Mediterráneo-, el consorcio integrado por la constructora Plantel y por Creditech -empresa del Grupo Corven- presentó una propuesta en la que ofreció un rango de tarifa 25% inferior a la de su competidor más cercano.
Ese panorama genera fuertes expectativas en Plantel y Creditech de cara a lo que viene. En el consorcio tienen la convicción de que se confirmará la adjudicación de las propuestas económicas presentadas para ambos corredores «por ser las más convenientes para el interés público».
«Recibimos este resultado con entusiasmo y con el compromiso de aportar nuestra experiencia y capacidades para el desarrollo de un proyecto estratégico para la infraestructura vial del país», señalaron desde el consorcio.
Y agregaron: «La complementariedad entre Plantel y Creditech nos permitió presentar una propuesta sólida y competitiva, que combina capacidad técnica, capital de trabajo, gestión operativa y respaldo financiero y patrimonial para brindar un servicio eficiente, seguro y sustentable para el interés público».
Los dos corredores sobre los que presentó ofertas este consorcio abarcan 1.309,07 kilómetros de rutas nacionales estratégicas, posicionándose como uno de los proyectos más relevantes de esta etapa del proceso licitatorio.
Plantel es una firma que tiene más de 15 años de experiencia en obras viales. El Grupo Corven, en tanto, es un grupo industrial nacional con más de 57 años de trayectoria, que actualmente posee más del 30% del mercado de motos en Argentina.
Los dos corredores sobre los que presentó ofertas este consorcio abarcan 1.309,07 kilómetros de rutas nacionales estratégicas, posicionándose como uno de los proyectos más relevantes de esta etapa del proceso licitatorio.
El Tramo Portuario Sur se extiende a lo largo de 636,75 kilómetros, sobre la Ruta Nacional N.º 9, entre Campana y San Nicolás, y la Ruta Nacional N.º 188, desde San Nicolás hasta Realicó (La Pampa).
Por su parte, el tramo Mediterráneo comprende 672,32 kilómetros de la Ruta Nacional N.º 7, desde Luján (provincia de Buenos Aires) hasta el límite entre Córdoba y San Luis, incluyendo la conexión con la Ruta Nacional N.º 8 y un tramo de la Ruta Provincial N.º 35.
En las últimas semanas, los intendentes del conurbano reforzaron contactos con curas y sacerdotes con quienes buscan contener la creciente demanda de comida y ayuda social en los barrios más humildes.
La Iglesia también sufre el ajuste del gobierno nacional y los recursos que llegan desde Desarrollo Social no alcanzan para comedores y espacios de contención comunitaria. Por su cercanía con los barrios, son los intendentes quienes ahora cargan con la responsabilidad de resolver esa falta de recursos.
«Estamos trabajando mucho con personas en situación de calle. Vemos un crecimiento de la demanda, en particular de personas muy jóvenes que pierden su trabajo, no pueden pagar el alquiler y terminan en la calle», explica a LPO Leonardo Silio, responsable de la parroquia San Martín de Porrés, ubicada en el sur de Moreno.
Silio arroja una cifra alarmante. Asegura que en las primeras semanas del año se duchaban en los espacios de Cáritas unas 25 personas en situación de calle por día. Hoy esa cifra asciende a 60.
Vemos un crecimiento de la demanda de personas muy jóvenes que pierden su trabajo y terminan en la calle. En enero se duchaban en los espacios de Cáritas unas 25 personas por día. Hoy esa cifra asciende a 60.
Además, afirma que las personas en situación de calle quedan atravesadas por otros factores muy complejos como los consumos de droga y alcohol y también la inseguridad.
«Los actores que tienen responsabilidad empiezan a trabajar fuerte sobre el tema y ahí es donde aparecen los intendentes. La ayuda social es un conjunto de todos», dice Silio.
El párroco dice que los envíos de alimentos se vienen manteniendo por parte de Capital Humano, pero hubo otros recursos que fueron recortándose. «La alimentación es sólo una parte de la contención. Nosotros le damos el plato de comida, pero después vuelve a la calle», explica.
Federico Otermin, recorrió el barrio El Cocho junto al obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, con quien recorrió la finalización una la obra de saneamiento hídrico. El barrio el Corcho forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares y está compuesto por ocho manzanas donde viven más de 4.500 personas.
«Nosotros creemos que la salida es en comunidad y este es un ejemplo de eso, una obra que surgió desde el obispo, desde la capilla, desde la comunidad, y que entre todos pudimos hacer», dijo Otermin.
En tanto, Gabriel Katopodis estuvo al frente de un encuentro entre intendentes con el presidente del Episcopado, Marcelo Colombo.
Katopodis instó a todos a fortalecer una red para sostener a la gente en los barrios. «El Gobierno nacional está desconectado y sin reacción. No hay plan de salida y lo que abandonan lo están sosteniendo las parroquias, las organizaciones, los municipios», dijo el ministro de Axel Kicillof.
Estuvieron Jorge Ferraresi (Avellaneda), Ariel Sujarchuk (Escobar), Andrés Watson (Florencio Varela), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Fernando Espinoza (La Matanza), Mariel Fernández (Moreno) y Mariano Cascallares (Almirante Brown).
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron firme este jueves el cálculo de $685.000 millones para la ejecución del decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados en la causa Vialidad.
El proceso incluye más de 100 inmuebles sujetos a embargo y subasta. Aunque todavía no se precisaron con exactitud cuáles serían esas propiedades, se calcula que alrededor de 20 pertenecerían a Máximo y Florencia Kirchner, incluyendo el Hotel Los Sauces.
Sin embargo, dirigentes del kirchnerismo cuestionaron el fallo de la Corte Suprema. «Es una vergüenza: por un lado la Justicia la sobreseyó en dos instancias por enriquecimiento por el tema de la DDJJ y, por otro, la misma Justicia la decomisa», dijo una legisladora cercana a Cristina.
En ese sentido, desde el entorno de la ex presidenta explicaron a LPO que «el decomiso debe probar que la cosa es producto del delito pero acá no hay prueba y además fue sobreseída por el tema bienes». En el kirchnerismo hablan de una «venganza» de la Corte a la que buscaron hacerle juicio político durante el gobierno de Alberto Fernández.
Fuentes judiciales dijeron a LPO que tanto Cristina como su hijo, el diputado Máximo Kirchner, intentaron sin éxito que la Corte Suprema no rechazara el recurso presentado por los abogados Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, basándose en el artículo 280 del Código Procesal, la misma jugada a la que apelaron los supremos cuando dejaron firme su condena a prisión.
Allegados a la ex presidenta dijeron a LPO que «en la primera causa donde se analizó el patrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner se investigaron las declaraciones juradas del matrimonio entre 1994 y 2003 pero el juez federal Julián Ercolini sobreseyó al entonces presidente y a su esposa y el fiscal Eduardo Taiano no apeló la sentencia».
«La segunda oportunidad estuvo a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, la denuncia la realizó el presidente de la Asociación Anticorrupción, Ricardo Monner Sans, a raíz de investigaciones periodísticas que señalaban irregularidades en las declaraciones juradas de los Kirchner entre 2005 y 2007 pero, en 2008, el magistrado desestimó la denuncia por inexistencia de delito», agregaron.
Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti.
Luego de eso, el fiscal Manuel Garrido apeló la resolución de Canicoba Corral por considerarlo un acto «infundado y prematuro» y porque halló «inconsistencias e incongruencias» en las presentaciones. «La Cámara declaró mal concedido el recurso de apelación, la causa dejó de mostrar avances y casi cuatro años más tarde, después de la muerte del ex presidente Kirchner, Canicoba Corral sobreseyó a Cristina, que ya había iniciado su segundo mandato», recordaron.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2, presidido por Rodrigo Giménez Uriburu, había estipulado el decomiso por perjuicio al Estado en $84.835 millones pero habilitó la posibilidad de que el monto fuese ajustado cuando la sentencia quedara firme.
Para calcular la suma de dinero, intervinieron peritos de la Corte, las defensas y el Ministerio Público. La cifra final es resultado de la actualización por el IPC del Indec, entre noviembre de 2022 y mayo de 2025. Los abogados de Cristina trataron de desactivar esta resolución y rechazaron esa metodología pero no pudieron torcer la voluntad de la Corte.
El decomiso incluye más de 100 inmuebles sujetos a embargo y subasta. Se calcula que alrededor de 20 pertenecerían a Máximo y Florencia Kirchner, incluyendo el Hotel Los Sauces.
El fallo fue suscripto por los tres magistrados pero Rosatti y Rosenkrantz hicieron suyos los argumentos del voto de Lorenzetti. «El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)», dice en los considerandos del pronunciamiento, y agrega: «se desestima la presentación directa».
El rafaelino incluyó en su voto una cita a una resolución tomada por él mismo, Rosatti y los ex jueces Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, en un fallo anterior. «Cabe poner de relieve -a fin de evitar interpretaciones erróneas acerca del alcance de los fallos de la Corte Suprema- que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación de dicha norma no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida», argumentó.
Es una vergüenza: por un lado la Justicia la sobreseyó en dos instancias por enriquecimiento por el tema de las DDJJ y, por otro, la misma Justicia la decomisa.
Un camarista deslizó ante LPO que ahora se abre un período indeterminado para la concreción del decomiso de bienes, que supone el pasaje hacia «la ejecución integral» contra Cristina. La imposibilidad de fijar un plazo con precisión también se debe, según la fuente, a la intervención de la UIF en tanto la investigación buscó determinar la existencia de lavado.
Acaso por decoro, dirigentes del kirchnerismo no precisaban al cierre de esta nota cuáles eran los bienes que la Justicia le decomisaba a Cristina.
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