PorMunicipalidad Villa Regina
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La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invita a disfrutar de un nuevo encuentro de ‘Domingos de Plaza’.
El domingo 7 a partir de las 20 horas se presentarán en la Plaza de los Próceres Ángeles Fuentes, M2 Dúo Sofi y Mi mamá no me deja. También estarán Francisca y Zoe, con sus ‘Trocitos de arte’, regalando una melodía y un dibujo a cambio de una bolsita de alimento para los perritos callejeros.
(Foto archivo)
El axelismo decidió jugar fuerte en Lanús y desplegó un fuerte operativo para juntar avales de cara a la interna del PJ bonaerense. La militancia del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en ese distrito gobernado por La Cámpora difundió unos 15 puntos donde los afiliados pueden acercarse a firmar avales.
La movida parece más una provocación que una necesidad real. La cantidad de avales que se necesitan es ínfima y cualquier línea interna del peronismo puede juntarlos sin necesidad de mostrar un despliegue como el que plasmó el axelismo en ese punto del sur del conurbano que gobierna el camporista Julián Alvarez.
No parece casual que semanas atrás Juan Grabois ahay atacado fuertemente la gestión de Alvarez, en una movida que en La Cámpora creen que está coordinada con Kicillof.
A pocos días de definir si habrá una interna o si se llega a una lista de unidad, parece haber en el axelismo una decisión de jugar fuerte. La cumbre en Gesell donde Kicillof planteó que el próximo presidente del PJ bonaerense tiene que estar alineado con el gobernador sirvió como orden de largada para salir a juntar avales y armar listas en los distritos.
En La Cámpora sospechan que Grabois tiene un acuerdo con Kicillof para desgastarlos
Pero hasta ahora no se había blanqueado de manera explícita una movida como la que lanzó la militancia axelista en Lanús. Al frente del operativo estuvo el concejal Ezequiel Berrueco, también secretario Ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral de ministerio de Trabajo bonaerense.
Hasta ahora no se había blanqueado de manera explícita un desafío territorial a La Cámpora como el que lanzó la militancia axelista en Lanús.
Hay una batalla madre que tiene que ver con la conducción del PJ bonaerense, pero además se pone en discusión los partidos en los 135 distritos de la provincia. Una idea sobre la que parece haber consenso interno es que donde gobierne un intendente del MDF, ese sea quien designe al presidente del partido local, mientras que donde gobierne un intendente de La Cámpora, sea este quien determine quién conduce el partido.
Ese consenso parece entrar en crisis con el despliegue del axelismo en Lanús, un distrito conducido por el camporista Julián Álvarez.
En el axelismo aseguran que la junta de avales como los borradores con listas locales son una medida preventiva. Lo ven como una herramienta para tener todo listo en caso que las negociaciones que se vienen fracasen y la sea un hecho. También ven a esos borradores como una estrategia para tener más peso en caso de que haya unidad.
Este martes debía reunirse la Junta Electoral del partido. Sin embargo, la reunión se postergó para el miércoles. Según trascendió, hubo desentendimientos por la carga de afiliaciones.
En el kirchnerismo prima el silencio. La semana pasada fue la diputada nacional Teresa García, una referente del peronismo muy cercana a Cristina Kirchner, quien lanzó algunas críticas.
«A los compañeros del Movimiento Derecho al Futuro los vemos muy apurados. Le están errando si realmente quieren jugar de esa manera», dijo y negó que el kirchnerismo esté abocado a armar listas. «Nosotros no estamos instruyendo a intendentes o referentes a que armen lista propia. No escuché, ni participé en ninguna reunión donde se inste al armado de listas propias», dijo.
En la noche del martes, la Policía de Tucumán secuestró casi 160 kilos de marihuana durante un allanamiento realizado en la zona de Villa Luján, en San Miguel de Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo destacó el operativo y subrayó los resultados de la política de seguridad y lucha contra el narcotráfico que implementó el Gobierno provincial.
El mandatario puso en valor el trabajo sostenido de la fuerza policial y el accionar coordinado con el sistema judicial, en el marco de una estrategia definida desde el inicio de su gestión para enfrentar el narcotráfico y el narcomenudeo en la provincia.
En ese sentido, Jaldo explicó el alcance de las decisiones adoptadas desde octubre de 2023 y afirmó: «Desde aquel 29 de octubre de 2023, que nos hicimos cargo del gobierno, hemos fijado una política en materia de seguridad y en materia carcelaria muy dura, muy eficiente y muy planificada, y hoy estamos teniendo los resultados, fundamentalmente ayudando al Gobierno nacional en la lucha contra el narcotráfico y poniendo en vigencia la Ley de Narcomenudeo en la provincia de Tucumán».
Al comparar las estadísticas de incautaciones, el Gobernador destacó el crecimiento interanual de los procedimientos y señaló: «Si comparamos el año 2024 con el 2025, en cocaína hemos incrementado casi un 300% la incautación, y en marihuana hemos incrementado un 1.600%. En 2025 hemos superado los 1.100 kilos de marihuana y otro tanto en cocaína».
Respecto al operativo realizado en Villa Luján, Jaldo atribuyó el resultado al trabajo previo de investigación y coordinación institucional. «Lo de anoche es producto del trabajo de inteligencia que viene realizando nuestra Policía de Tucumán a través de las unidades especiales, con el acompañamiento de la Justicia de la provincia. Venimos de secuestrar casi 400 kilos de marihuana y ahora, en un nuevo operativo en San Miguel de Tucumán, se secuestraron cerca de 160 kilos», expresó.
El Gobernador aclaró que los detalles del procedimiento quedaron a disposición de la Justicia Federal y remarcó el impacto social de estos operativos. «Ustedes se imaginan esos 160 kilos distribuidos en la provincia de Tucumán y el daño que se le estaría haciendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a cualquier persona que consuma este tipo de sustancias», advirtió.
Finalmente, Jaldo sostuvo que la lucha contra el narcotráfico seguirá profundizándose en la provincia y destacó la continuidad de una política basada en hechos concretos.
La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina estuvo presente en el ‘Pedaleando 24 horas por un sueño’ que se desarrolló durante el fin de semana. Con el objetivo de generar un cambio de actitud a la hora de transitar en la vía pública, se llevaron a cabo distintas actividades…
El Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Bajo el argumento de la “modernización normativa”, el Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado y borra del reglamento sanitario el tratamiento especial para los pequeños productores. La Resolución 62/2026 del SENASA, publicada hoy en el Boletín Oficial no crea reglas nuevas: directamente quita las que protegían a los sectores más vulnerables de la cadena agroalimentaria.
La medida fue publicada el 23 de enero y pasa casi desapercibida fuera del ámbito técnico, pero su impacto es profundo. Con una sola firma, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria derogó dos capítulos completos del Reglamento de Inspección de Productos de Origen Animal, vigente desde 1968, que cumplían funciones centrales: el asesoramiento estatal y la regulación específica para la agricultura familiar.
Uno de los capítulos eliminados es el Capítulo XXIX – Del Asesoramiento, que establecía la obligación del SENASA de publicar guías, materiales explicativos y normas de divulgación para que productores y elaboradores supieran cómo cumplir con los requisitos sanitarios.
La derogación implica un cambio de paradigma:
el Estado deja de tener la obligación normativa de explicar cómo cumplir la ley, pero mantiene intacta su capacidad de controlar, sancionar y clausurar.
En otras palabras, menos acompañamiento y más castigo. Una lógica coherente con el espíritu de la Ley Bases, que atraviesa toda la resolución como marco político general.
Más grave aún es la derogación del Capítulo XXXIII – De los productos provenientes de la agricultura familiar. Ese apartado reconocía algo elemental: no es lo mismo un frigorífico industrial que un pequeño productor artesanal.
El capítulo contemplaba:
Al eliminarlo, el SENASA borra del reglamento cualquier tratamiento diferenciado y somete a la agricultura familiar al mismo esquema normativo que rige para grandes empresas del complejo agroindustrial.
El resultado es previsible:
más exclusión, más informalidad y más presión sobre los eslabones más débiles de la cadena.
La resolución justifica las derogaciones en la necesidad de “actualizar” normas obsoletas y acompañar los avances tecnológicos. Sin embargo, hay un dato central que el texto no puede disimular:
no se dicta ninguna norma nueva que reemplace lo eliminado.
No hay:
Solo hay vacío normativo.
La Resolución 62/2026 se apoya reiteradamente en la Ley 27.233, que establece la responsabilidad primaria de los actores de la cadena agroalimentaria. Pero al mismo tiempo, reduce el rol activo del Estado a su mínima expresión.
El mensaje es claro:
cada productor debe arreglárselas solo, aun cuando las condiciones de partida sean profundamente desiguales.
Bajo el discurso de la eficiencia y el reordenamiento normativo, se consolida un modelo de Estado que controla pero no acompaña, sanciona pero no explica, exige pero no reconoce diferencias.
Aunque redactada en lenguaje administrativo, la resolución tiene una consecuencia política nítida:
debilita a la agricultura familiar y fortalece un esquema pensado para grandes actores.
No es una simplificación inocente. Es una decisión que reconfigura quién puede producir, quién puede cumplir y quién queda afuera del sistema formal.
Y como suele ocurrir, el ajuste normativo no cae sobre los poderosos, sino sobre quienes producen en pequeña escala, sostienen economías regionales y garantizan alimentos en condiciones adversas.
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