Cada año para conmemorar el aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud, el DÍA MUNDIAL DE LA SALUD, se aborda un lema que marca la agenda de trabajo y concientización, para los gobiernos, empresas y la sociedad. En esta oportunidad, el lema pone en análisis un tema que deberíamos ya entender como TRANSVERSAL a nivel mundial: la crisis climática. Según estimaciones y estadísticas de la OMS, se registran más de 13 millones de muertes al año en todo el mundo como consecuencia de causas ambientales evitables.
La contaminación del aire y el agua, el saneamiento inadecuado, incluida la gestión de residuos sólidos, los riesgos relacionados con ciertos productos químicos peligrosos y los efectos negativos del cambio climático son las amenazas ambientales más urgentes para la salud pública. Estas amenazas a la salud se ven agravadas por la poca acción de los gobiernos, las desigualdades dentro del sistema de salud, así como el limitado acceso a la misma.
«No existe una fórmula mágica que nos haga regular esta situación (crisis climática). Hoy día estamos viviendo las consecuencias de la acumulación de gases en nuestra atmosfera de desde hace 300 años», explica Fernanda Giordana en esta nota https://latapa.com.ar/calentamiento-global-intensificado-y-cambio-climatico/
Algunas claves para entender las advertencias de la ciencia:
«El caso Dalmasso es el ‘Nisman del cordobesismo’. Cada vez que hay quilombo se reactiva el tema». La frase pertenece a una persona que conoce detalles de lo sucedido por la causa del crimen de Nora Dalmasso en Río Cuarto, en noviembre del 2006. Y sintetiza el tembladeral judicial y político que comenzó este martes en la Legislatura provincial con el jury a los tres primeros fiscales que intervinieron en el caso: Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles.
Los tres están acusados por mal desempeño y negligencia grave. Acusaciones por las que son juzgados frente a un tribunal policromático que incluye llaryorismo, schiarettismo, radicalismo y juecismo; y que tiene como acusadora a la Adjunta del Ministerio Público Fiscal, Bettina Croppi. Situación que en el arranque de la jornada motivó el pedido de nulidad del proceso por parte del abogado de Miralles que insistió con que, quien debía estar sentado en ese rol para acusar era el flamante Fiscal General, Carlos Lezcano.
Funcionario que asumió hace casi dos semanas con un fuerte aval del llaryorismo y para suceder al schiarettista Juan Manuel Delgado con quien, la nueva generación del cordobesismo nunca tuvo buena relación.
En tanto, la compensación que tiene el jury que se inició este martes en la Unicameral cordobesa cuenta con varios ingredientes. Es presidido por Julieta Rinaldi, legisladora del peronismo que responde de manera directa al exgobernador Juan Schiaretti; pero también lo integran el jefe de bloque del oficialismo, Facundo Torres, hombre de Alta Gracia de buen vínculo con el exmandatario, pero que reconstruyó su relación con Llaryora. Al punto que el actual mandatario lo dejó al frente del PJ provincial.
Javier Di Santo, uno de los fiscales acusados.
Y están el legislador radical que responde a De Loredo, Miguel Nicolás; y el juecista Walter Gispert. En tanto, por el Poder Judicial, la silla la ocupa la vocal del Tribunal Superior (TSJ), Aída Tarditti, de muy buena relación con la senadora Alejandra Vigo y de frío vínculo con Llaryora.
Este esquema es el que definirá el futuro de los tres primeros fiscales que tuvo el crimen más resonante del siglo en Córdoba y por el que la política se preocupó. Y mucho.
Al punto que un memorioso hoy recordó en 2007, después del perejilazo cuando se acusó y detuvo al pintor Gastón Zárate -al que luego se liberó por la marcha en Río Cuarto- cómo reaccionó la política y la tensión que se produjo entre De la Sota y Néstor Kirchner. Con una escala del por entonces presidente en Río Cuarto que incluyó acto y algunas palabras alusivas al caso.
De los tres fiscales, el futuro más complejo lo tiene Di Santo. Que hoy, al momento de declarar se quebró y dijo no ser prejuicioso. «Es de total falsedad sostener que no se investigó a Barzola», señaló, además, sobre quien se apuntó, recién hace poco más de un año como el autor material, aunque luego fue absuelto.
Di Santo cruzó fuerte a Croppi, la Adjunta que tiene el rol acusatorio y está ligada a Vigo, aunque el desembarco en el MPF lo motorizó Llaryora.
Por su parte, Miralles también se defendió y Pizarro, que tomó la causa en el 2017, reparó en la cantidad de fiscalías que tenía a su cargo cuando tomó la investigación.
No obstante, en la convivencia que existe entre los pasillos de la Justicia y los despachos de la política en Córdoba saben que los dos funcionarios judiciales con mayor peso que tiene Llaryora son la vocal del TSJ, Jéssica Valentini, y el jefe de los fiscales, Lezcano. Si el jury a los fiscales del caso Dalmasso termina con destitución será un correctivo contundente al resto del ministerio público fiscal.
La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó los planteos del lobista Santiago Busaniche, acusado en una causa por corrupción judicial, en la que sus defensores solicitaron el apartamiento del equipo de fiscales federales que lo investigan en Rosario. El mismo tribunal también no le hizo lugar al pedido de recusar al juez federal de la misma ciudad que los había procesado tanto a él como al magistrado federal Gastón Salmain por la gestión del cobro de un soborno.
Los planteos de los jueces de Casación confirman que las causas contra Busaniche siguen en curso bajo el control de los mismos fiscales. Busaniche es un escribano santafesino vinculado a la política que se estableció en Buenos Aires hace 25 años y se convirtió en un importante operador judicial de sectores de la cúpula de la Justicia Federal.
Los fiscales federales lo cuestionan en diferentes causas. Una de ellas es por haber sido instigador de una extorsión contra dos empresarios bursátiles de Rosario, que fueron víctimas del armado de una causa penal por lavado de dinero, con la cual les pidieron un soborno a fin de dormirla y desvincularlos. Los que tramaron este chantaje, ya bajo imputación, son el ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, el ex director regional de AFIP Carlos Vaudagna y el financista Fernando Whpei.
El segundo hecho es la gestión atribuida a Busaniche para que el juez Salmain ordenara al BCRA el pago de 10 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario para que el administrador de un fideicomiso, el empresario Fernando Whpei, pagara una deuda con el exterior. A cambio de esa infrecuente resolución, cuestionada por el BCRA, Salmain habría solicitado un retorno del diez por ciento.
Por este caso el juez federal Vera Barros procesó al juez Salmain y a Busaniche por incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y prevaricato.
Por este caso el juez federal Vera Barros procesó al juez Salmain y a Busaniche por incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y prevaricato. Hace tres semanas la Cámara Federal confirmó por unanimidad esa resolución.
Este jueves la sala de Casación que integran los vocales Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma rechazaron los planteos de los abogados Diego Pirotta y Debora Lichtmann que representan a Busaniche. Señalaron básicamente que en los pedidos de recusación se basan en «meros juicios discrepantes» con las resoluciones dictadas previamente. Los camaristas consideraron inadmisibles los planteos y les cargó las costas a los defensores.
La defensa de Busaniche pedía apartar a los fiscales Federico Reynares Solari, Diego Velasco, Juan Agustin Argibay Molina, Matías Scilabra, Sergio Leonardo Rodriguez y Esteban Venditti. En la resolución los camaristas remarcan que la recusación había sido rechazada dos veces, en primera instancia y por la Cámara Federal de Rosario, por lo que había doble conforme para ellos.
Los defensores también objetaron ante otra sala de la Cámara de Casación los mismos procesos judiciales llevados adelante contra Busaniche. Aducen que no hay razones para considerar un caso complejo esta investigación y que los fiscales tuvieron una conducta selectiva al formular sus imputaciones «por razones políticas». Para justificar esto dicen que los acusadores obviaron citar por ejemplo a Héctor Daniel Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, quien según el antiguo director de la AFIP Vaudagna instigaba a Busaniche a impulsar las extorsiones a los empresarios.
Este planteo se hizo a la sala de Casación integrada por Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques el pasado 26 de marzo. La Cámara indicó entonces que en 20 días hábiles difundiría su veredicto.
El libertario Gonzalo Roca pidió este miércoles, en la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, la postergación del trámite contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, denunciado por abuso sexual y maltrato laboral. El pedido resultó curioso porque ese magistrado fue el que censuró a los medios que difundieron los audios de Diego Spagnuolo revelando la presunta trama de corrupción que involucraría a Karina Milei y los Menem.
Pero el problema es que en las últimas semanas también ingresó un expediente desde la comisión de Disciplina por el cual la actriz Esmeralda Mitre también denuncia a Maraniello, por su inacción ante el maltrato que le habría dispensado Julio Saguier en una audiencia en el marco del litigio por la sucesión del diario La Nación.
Según el testimonio de la heredera de los Mitre, el juez habría cometido «omisión consciente de actuar ante actos de violencia de género» por haber permitido que su contraparte la insultara sin intervenir. «Su inacción no fue un descuido, sino una omisión consciente de su deber de garantizar un proceso libre de violencia», dejó asentado ante el Consejo.
La jugada de Roca para ayudar a Maraniello se produce, además, justo cuando Javier Milei escala su confrontación contra los periodistas en general y el diario La Nación en particular, tal como informó LPO.
Por eso, sorprendió la maniobra al resto de los consejeros, que terminaron revelando que ese no había sido el acuerdo en la reunión previa al debate pero acompañaron la iniciativa con su voto, incluso los kirchneristas, en un insólito intercambio con el diputado cordobés, que con sus intervenciones seguía aportando a la confusión.
A poco de iniciar la reunión, Roca planteó: «Tratemos todos los expedientes de todas las causas en conjunto para no ser improlijos (SIC)». El problema, advertido enseguida por Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, era que ya se había votado uno de los cuatro expedientes que tramitaban contra el juez.
Santiago Viola, Alberto Maques y Alejandra Provítola.
El larretista Álvaro González, desconcertado, pidió la palabra y preguntó: «qué es lo que estamos… (votando)». Tailhade rió y Roca se puso nervioso.
El presidente de la comisión, el abogado Alberto Maques, trataba de interpretar el pedido del diputado libertario y, junto a su par César Grau, tradujeron que Roca promovía la postergación para «analizar y acumular los expedientes a los fines de la economía procesal».
Sin embargo, Roca volvió a intervenir. «Perdón, perdón. Pero no es la moción que había hecho yo, tratemos de tener una reunión por acumulación de expediente», solicitó.
Perdón, perdón. Pero no es la moción que había hecho yo, tratemos de tener una reunión por acumulación de expediente.
El representante del Poder Ejecutivo en el consejo, Santiago Viola, no podía disimular su incomodidad. Es que el viceministro de Justicia ofició como abogado de Karina cuando Maraniello censuró la circulación de los audios de Spagnuolo en los que atribuía a la hermana presidencial el supuesto cobro de coimas en la Andis.
En ese contexto, el senador Luis Juez confesó: «nos estamos enredando, a mí me parece una cosa de locos». La diputada Vanesa Siley, por su parte, objetó la propuesta de Roca: «Acabamos de votar el expediente 21/26, que es una denuncia contra Maraniello. Si hubiera sido lógico lo que había pedido Roca, no tendríamos que haber votado lo que acabamos de votar», argumentó.
Acabamos de votar el expediente 21/26, que es una denuncia contra Maraniello. Si hubiera sido lógico lo que había pedido Roca, no tendríamos que haber votado lo que acabamos de votar.
Maques, resignado, concluyó: «Por esta vez en particular, todo lo que tiene que ver con Maraniello queda suspendido».
LPO había informado que la secretaria privada y jefa de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 6 lo había acusado de «maltratado». Según su exposición, Maraniello «usaba plata del Estado para solventar los gastos de la Asociación», entidad que tenía entre sus auspiciantes, dijo, al intendente de José C Paz (en uso de licencia) Mario Ishi. «Maraniello respetaba las formas por WhatsApp, pero cambiaba radicalmente su actitud de manera presencial -aseguró-. Se iba de eje, perdía el equilibrio y te maltrataba. Se sacaba y no tenía límites», expresó.
El magistrado fue denunciado en el Consejo de la Magistratura en 2024, a través de distintas presentaciones que formularon empleados en el sindicato Asociación de Judiciales y ante la oficina de Bienestar Laboral de la Cámara Civil y Comercial Federal. En la comisión de Disciplina se había escuchado a testigos como el ex camarista Guillermo Antelo, quien contó que oyó a una de las víctimas decir que Maraniello le exigía «usar pollera y tacos» y «todos los días entraba a su despacho, la agarraba de la cintura y la besaba».
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