No se instalarán radares sin homologar

 

En el plazo de unos pocos días, más de cincuenta mil personas cruzaron la frontera de Marruecos hacia el enclave-ciudad-española de Ceuta. Un joven de 21 años de origen libanés fue abatido por la policía alemana al día siguiente de atentar con una furgoneta contra la Marcha del Orgullo en el Tiergarten de Berlín, matando a una mujer y dejando 29 personas heridas. En Argentina, el Gobierno libertario publicó un decreto para impedir la entrada al país y expulsar a los extranjeros que “agravien al pueblo argentino”. Ninguno de estos episodios admite una única explicación. Sin embargo, los tres forman parte de una misma mutación de la racionalidad política contemporánea, que toma poblaciones vulnerables como fichas del tablero político, ejércitos de reserva despojados ya no solo de empleo, sino también de cualquier derecho.

Las imágenes de Ceuta muestran masas de cuerpos corriendo entre los espigones fronterizos, miles de personas cruzando a nado el espigón del Tarajal, agentes de la Guardia Civil rescatando criaturas mientras se ahogaban, el despliegue militar en las playas fronterizas, hombres marroquíes rompiendo o escalando las verjas y un montón de gente desesperada. Son imágenes que condensan décadas de asimetrías, acuerdos migratorios y tensiones diplomáticas. En la escena de Berlín, en cambio, la mayoría celebraba una fiesta callejera que abraza la diversidad sexual. El atacante, radicalizado pero formalmente integrado, estaba en la mira de las autoridades. Los servicios de inteligencia lo habían clasificado como “orientado a la violencia”, pero no tenían ningún asidero legal para restarle libertades. Dos episodios muy distintos de la multitud, la vulnerabilidad y las diferencias insalvables que trazan los itinerarios de un viejo continente que ve cómo se desfiguran los marcos con los que las democracias liberales suelen narrar la migración. La proximidad de estos dos casos en tiempo y espacio vuelve visible la dificultad de encontrar un lenguaje capaz de pensar las transformaciones recientes de la migración sin reducirlas a la alternativa entre el humanitarismo y la seguridad.

Ceuta y Berlín muestran que la figura del migrante ya no ocupa un lugar fijo en los debates políticos, sino que su halo se ha vuelto móvil, plástico, disponible para usos estratégicos muy distintos.

Como era previsible, las dos noticias fueron absorbidas de inmediato por la lógica de la polarización. De un lado, aparecieron voces que denunciaban la xenofobia latente en toda llamada a reforzar fronteras y mezclar islamismo con fundamentalismo. Del otro, señalaron la ingenuidad de las políticas de acogida y la incapacidad estatal para proteger a sus ciudadanos de bien. El debate se organizó, una vez más, alrededor de la oposición entre la custodia de la nación y la defensa irrestricta de la diversidad. Esa dicotomía tiene una eficacia política inmediata, porque ordena el campo, pero también tiene un costo analítico severo. Impide advertir un cambio más profundo en la manera en que la figura del migrante circula por el espacio público contemporáneo.

Lo verdaderamente nuevo, de todas maneras, no está en los argumentos (archiconocidos, por otra parte), sino en la transformación que permanece oculta cuando nos limitamos a tomar partido. Ceuta y Berlín son acontecimientos que desbordan tanto el relato humanitario como el relato securitario. Ambos muestran que la figura del migrante ya no ocupa un lugar fijo en los debates políticos, sino que su halo se ha vuelto móvil, plástico, disponible para usos estratégicos muy distintos. La dicotomía entre puertas abiertas y puertas cerradas supone que la migración es un fenómeno que se puede aceptar o rechazar. Pero lo que estas escenas sugieren es que la migración se ha convertido también en un lenguaje a través del cual los Estados y los movimientos políticos se disputan algo más que el control del territorio. El problema no se reduce, por lo tanto, a un hecho demográfico. La transformación de la figura del migrante es una pieza central de la racionalidad política actual.

Durante buena parte del siglo XX, las masas migrantes habían sido pensadas como trabajadores, como refugiados o como víctimas de persecuciones. Hoy, sin dejar de ser ninguna de esas cosas, se han convertido además en un instrumento de presión interestatal y en un soporte simbólico para nuevas formas de autoridad (¿o autoritarismo?). Esa mutación es algo que exige ser pensado.

En Ceuta, el protagonista de la noticia no era el migrante individual con su historia y sus motivos, sino la frontera como instrumento diplomático. El gobierno marroquí, según lo que dijeron prácticamente todos los análisis, relajó los controles como respuesta a una decisión del Tribunal Supremo español que limitaba las devoluciones “en caliente” (sin procedimientos formales de identificación y expulsión). Más de sesenta mil personas se convirtieron, en cuestión de horas, en una señal enviada de una capital a otra. La movilidad humana funcionó como un mensaje que no necesitaba ser formulado explícitamente. Las personas concretas quedaron subsumidas en una función geopolítica que las excedía por completo.

La migración se ha convertido también en un lenguaje a través del cual los Estados y los movimientos políticos se disputan algo más que el control del territorio.

En Berlín, el protagonista tampoco fue el atacante en su singularidad, sino el fracaso de ciertas categorías con las que Europa en general y Alemania en particular habían intentado pensar la integración. El episodio hizo visible una tensión que los discursos oficiales habían mantenido en un discreto segundo plano: la coexistencia, dentro del mismo espacio jurídico, de marcos normativos profundamente incompatibles.

Ambos casos expresan una misma reorganización simbólica (y no solo) del campo político que va desde el lenguaje de la geopolítica y la presión migratoria hasta el lenguaje de la seguridad interior y el conflicto de valores. Tanto en Berlín como en Ceuta, el migrante pasó a convertirse en operador político, como instrumento de negociación entre Estados o detonante de una reconfiguración discursiva que ya no opone simplemente izquierda y derecha, sino que atraviesa y reorganiza ambos campos.

Para entender la profundidad de este desplazamiento conviene abrir el foco histórico. Lo ocurrido en Ceuta no es una excepción. En 2021, el mismo gobierno marroquí permitió la entrada masiva de miles de personas al enclave español tras un desacuerdo diplomático vinculado al Sahara Occidental. En aquella ocasión, igual que en esta, el movimiento migratorio se usó para agitar una negociación que hasta entonces transcurría por los canales oficiales. La repetición del procedimiento indica que no estamos ante una estrategia puntual, sino ante la consolidación de un repertorio de acción estatal que utiliza el control selectivo de la movilidad como una herramienta de presión exterior. Ese mismo año, el caso de Bielorrusia reforzó esa impresión. Durante varios meses, el régimen de Aleksandr Lukashenko facilitó la llegada de miles de migrantes, principalmente de Oriente Medio, hasta la frontera con Polonia, Lituania y Letonia. Ahí también las imágenes de personas atrapadas en un bosque helado entre alambradas y uniformes militares dieron la vuelta al mundo. La Unión Europea denunció lo que calificó como un ataque híbrido que se apoyaba en la instrumentalización deliberada de seres humanos con fines geopolíticos. En ese caso, como en Ceuta, la movilidad de miles de personas era administrada como un recurso para desestabilizar al adversario. Y el problema humanitario era más una consecuencia. Turquía, por su parte, ya había mostrado la eficacia del mecanismo en 2016, cuando la UE firmó un acuerdo con Ankara para que contuviera los flujos migratorios hacia Grecia a cambio de miles de millones de euros y concesiones políticas. En 2020, cuando las tensiones entre Turquía y la UE se intensificaron, el presidente Recep Tayyip Erdoğan abrió brevemente esa frontera y centenares de personas se dirigieron hacia Europa como tierra prometida, cayendo en la misma trampa. La movilidad no era el efecto colateral de una guerra o un desastre ecológico, sino una palanca que se accionaba de forma calculada, un instrumento de presión que atrapaba a las personas entre la indolencia y la indiferencia. La lógica no se limita al vecindario europeo ni a los países que “producen” migrantes. En Estados Unidos, Donald Trump convirtió al “extranjero” en un eje privilegiado para reorganizar el debate sobre soberanía, seguridad y autoridad estatal. Sus maniobras para controlar la frontera con México la volvieron un escenario privilegiado para narrar una idea de nación.

Sumados, todos estos casos empiezan a configurar un catálogo relativamente estable. Distintos gobiernos, con regímenes políticos y orientaciones ideológicas diferentes, descubren que la administración de poblaciones desplazadas puede rendir beneficios hacia adentro y hacia afuera de las fronteras. Por supuesto, los migrantes tienen agencia y motivos propios, pero sus movimientos se insertan en un entramado de tolerancias y bloqueos que los convierte en un recurso estratégico. La vulnerabilidad extrema se transforma en un activo para negociar.

Estamos ante la consolidación de un repertorio de acción estatal que utiliza el control selectivo de la movilidad como una herramienta de presión exterior.

¿Qué es lo que hizo que la circulación de personas adquiriese semejante valor táctico y tan poco valor humano? Más allá de las asimetrías económicas y los conflictos armados, se puede pensar que cuando la UE convirtió el control migratorio en una prioridad política de primer orden, otorgó involuntariamente a sus vecinos un nuevo recurso de negociación: la amenaza de dejar pasar y la promesa de contener.

Es muy útil recuperar, con todas las precauciones necesarias, una vieja categoría de la tradición crítica: el ejército industrial de reserva. Marx describió con ese concepto la masa de trabajadores desempleados que el capitalismo mantenía disponibles para presionar a la baja los salarios y disciplinar a la clase obrera activa. Con eso develó que esa población “excedente” no era un accidente del sistema, sino un componente estructural en su funcionamiento que era medido en términos principalmente económicos. Hoy, el migrante sigue siendo, en muchos contextos, mano de obra precarizada que engrosa los márgenes del mercado laboral. Pero esa condición económica ya no agota su función política. Junto a su explotación como trabajador, emerge una nueva modalidad de uso, ya que el migrante empieza a valer políticamente por la presión que su sola presencia (efectiva o virtual) ejerce sobre los sistemas de acogida y la opinión pública. 

Los movimientos migrantes se insertan en un entramado de tolerancias y bloqueos que los convierte en un recurso estratégico. La vulnerabilidad extrema se transforma en un activo para negociar.

Ya no se trata solo de un excedente laboral que regula el mercado de trabajo, como planteó Marx, sino de una masa de seres humanos “sobrantes” que regula relaciones de fuerza en el escenario internacional; cuerpos cuya vulnerabilidad puede ser administrada (y exhibida) según las circunstancias. No hay nada particularmente novedoso en el uso político de las migraciones. El siglo XX ya ofrece innumerables ejemplos de desplazamientos forzados, expulsiones masivas e instrumentalización de poblaciones enteras con fines militares, diplomáticos o económicos. La novedad parece residir en que hoy la migración es un dispositivo a través del cual se reorganizan discusiones mucho más amplias sobre soberanía, seguridad, ciudadanía e identidad. Funciona como un fenómeno capaz de disciplinar el conjunto del debate público. 

La analogía con el ejército de reserva es estructural, porque así como la existencia de población desocupada permitía reorganizar las relaciones entre capital y trabajo en favor de la burguesía, la centralidad política del migrante permite hoy reorganizar las fronteras de la comunidad nacional favoreciendo los discursos de las derechas identitarias. Es un principio alrededor del cual se ordenan conflictos que lo exceden ampliamente. La consecuencia de ese desplazamiento es profunda. El cuerpo migrante pasa a valer por sus efectos políticos, por la capacidad de alterar agendas mediáticas y cálculos electorales. Los Estados hoy pueden tratar a las personas como fichas de negociación, tomando prestados recursos del lenguaje humanitario que se mantienen en la superficie mientras la gramática profunda es la de la instrumentalización.

Junto a su explotación como trabajador, emerge una nueva modalidad de uso: el migrante empieza a valer políticamente por la presión que su sola presencia ejerce sobre los sistemas de acogida y la opinión pública.

En Berlín, desde esta perspectiva, el conflicto que se desató después del atentado no enfrenta simplemente a quienes quieren cerrar las fronteras con quienes quieren abrirlas. Lo que emerge es una tensión entre distintos principios normativos que conviven dentro del mismo edificio liberal. Por un lado, el principio de protección de las minorías sexuales, que exige perseguir y condenar el odio homofóbico. Por otro, el principio de no discriminación, que obliga a no estigmatizar a toda una comunidad religiosa por el acto de algunos individuos. Ambos principios son legítimos, pero su articulación se vuelve extremadamente difícil en un clima de miedo y polarización. Esta tensión constituye uno de los principales combustibles del crecimiento de las nuevas derechas europeas. No necesitan demostrar que todos los inmigrantes son peligrosos; alcanza con instalar la idea de que el Estado no es capaz de distinguir entre quienes representan un riesgo y quienes no (o que cuando lo hace es demasiado tarde), de que los derechos de las minorías atentan contra la seguridad nacional. La extrema derecha capitaliza la sensación de que el control se ha perdido y de que las élites políticas lo ocultan por razones ideológicas o por conveniencia.

El Cono Sur merece particular atención precisamente porque parece situarse en las antípodas del caso europeo, pero replica su gramática. A fines de julio, el gobierno de Javier Milei publicó un decreto que amplía las facultades del Estado para expulsar a migrantes que atenten contra el orden público, incluyendo causales vinculadas a manifestaciones orales o escritas. Argentina no presenta ni de lejos una crisis migratoria comparable a la europea. La migración regional, legal prácticamente en su totalidad, proveniente de países limítrofes, es un fenómeno consolidado desde hace décadas que no ha generado tensiones culturales significativas ni desafíos de integración equiparables a los del Mediterráneo. Los índices de delincuencia de la población migrante no difieren de los de la población nativa. No hay atentados ni conflictos lingüísticos que cuestionen la soberanía estatal. Cualquier comparación con Ceuta o Berlín sería híper forzada.

¿Por qué, entonces, el presidente argentino adopta un lenguaje político tan parecido al que utilizan las derechas europeas para hablar de la migración? Las respuestas no están en los hechos o los datos, sino en la identificación con una forma de construir el conflicto político. Lo que revela el DNU libertario es la voluntad de inscribir al país en las conversaciones del Norte global. La idea de que ciertos migrantes representan una amenaza para la comunidad nacional y que el Estado debe tener la capacidad de expulsarlos con rapidez es un tópico central del repertorio de las nuevas derechas globales, verosímil dentro de un relato más amplio sobre la decadencia y la necesidad de restaurar una autoridad centralizada.

Hoy la migración es un dispositivo a través del cual se reorganizan discusiones mucho más amplias sobre soberanía, seguridad, ciudadanía e identidad.

El decreto introduce criterios que atañen a la relación simbólica del migrante con la nación. Se trata de habilitar la promesa de la expulsión como atributo de fuerza. La frontera se desplaza desde la conducta hacia la opinión, como marca la rítmica actual. Permanecer en el territorio deja de ser un derecho que se pierde por infringir la ley penal y empieza a ser una concesión que puede revocarse por no compartir los valores que un gobierno define como propios.

El migrante, incluso en contextos donde su presencia no supone ningún problema social significativo, funciona como un objeto privilegiado para reorganizar los imaginarios sobre soberanía, comunidad y autoridad. A través de su figura se vuelve a discutir qué es la nación y quién tiene derecho a definirla. Más que un conflicto entre nativos y extranjeros, la operación usa al migrante para reconfigurar el vínculo entre el Estado y el conjunto de la población, en la medida que envíe un mensaje general sobre hasta dónde está dispuesto a llegar un gobierno en nombre del orden.

Así como la población desocupada permitía reorganizar las relaciones entre capital y trabajo en favor de la burguesía, la centralidad política del migrante permite hoy reorganizar las fronteras de la comunidad nacional favoreciendo los discursos de las derechas identitarias.

Es posible observar la manera en que ciertos grupos adquieren un nuevo valor estratégico y, con eso, insistir en que no se trata de profetizar un futuro distópico ni de equiparar mecánicamente el siglo XXI con el XIX. Se trata de identificar un patrón emergente y un uso de las poblaciones migrantes como recurso político de primer orden cuya fragilidad es exactamente lo que lo habilita. La precariedad de esas vidas se convierte en poder, pero no para esas poblaciones (el mito del “empoderamiento” mostró su esterilidad), sino para quienes las administran. 

Lo que asoma en los tres escenarios es una política que ya no quiere resolver problemas o mejorar la vida de las personas. El migrante, convertido en recurso estratégico, deja de ser sujeto de derecho para transformarse en un buen argumento para endurecer leyes o renegociar acuerdos. Hay millones de personas que dependen cada vez más de gobiernos que las usan como justificación para ampliar sus facultades. Quizá por eso, la frontera se instaló en el centro del lenguaje con que el poder se narra a sí mismo.

La entrada Un nuevo ejército de reserva se publicó primero en Revista Anfibia.

 

 

La Provincia de Buenos Aires se bajó de la 30° edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), el mayor evento promocional de la región, en un gesto político de la gestión de Axel Kicillof tendiente a denunciar la crisis del sector, por la que acusan a Daniel Scioli de ser «partícipe de la destrucción».

«Con los números que estamos viendo de nuestros destinos, decidimos este año no ir por primera vez a la Feria», dijo la titular del área en la provincia, Soledad Martínez, en el marco de la asamblea del Consejo Federal de Turismo.

La decisión fue anunciada poco después de los números en rojo que mostró el gobierno bonaerense relativos a las vacaciones de invierno que, resaltaron, fueron «las peores desde la pandemia», con un derrumbe del 11,5% en cantidad de turistas con relación a 2025 y del 22,3% respecto de 2023 (ver abajo).

Hoteleros alertan un inicio flojo del receso y muchos decidieron no abrir: «Estar cerrado es ganancia»

En el Ejecutivo provincial detallaron que los costos de participar con un stand de 840 m2 en el evento que se realizará a finales de septiembre en La Rural merodean los 1.000 millones de pesos, sumando logística, personal y material de promoción.

«En este contexto, se prefiere reinvertir en otro lado», dijo Martínez en declaraciones a radio Splendid, para agregar que la idea es redirigir esos recursos a estrategias de promoción directa y a los municipios. «Esto es una decisión fundamentalmente política», sostuvo.

Como contó LPO, el receso invernal registró números muy flojos en materia de reservas, con numerosos hoteles que decidieron no abrir y otros, de cuatro y cinco estrellas, que llegaron a tener apenas dos habitaciones ocupadas, de más de cien a disposición.

 «No hubo movimiento a pesar de las tarifas casi ridículas que algunos ofrecieron, casi por debajo del costo y pauperizando el servicio. Complicado», dijo a LPO un empresario turístico de uno de los principales destinos de la provincia 

En Mar del Plata las ventas en vacaciones de invierno cayeron 4,9%. «Si bien la situación mejoró levemente durante la segunda semana, no alcanzó para lograr una comparación positiva respecto del año anterior», dijo Blas Taladrid, presidente de la Unión de Comercio, Industria y Producción local (UCIP).

«No hubo movimiento a pesar de las tarifas casi ridículas que algunos ofrecieron, casi por debajo del costo y pauperizando el servicio. Complicado», dijo a LPO un empresario turístico de uno de los principales destinos de la provincia.

El informe de la Subsecretaría de Turismo de la provincia expuso también un derrumbe de los ingresos reales por turismo del 29%, con una estadía media que estuvo seis puntos por debajo del invierno pasado y con un consumo también en picada.

Frente a eso, Soledad Martínez apuntó contra Scioli: «Entiendo que él no decide la política macroeconómica, pero la avala y la defiende. Está siendo partícipe de la destrucción del turismo interno», dijo. 

 

 

Javier Milei enfureció al ver a José Ignacio De Mendiguren caminando en La Rural y lo atacó con insultos. «Mirá ¿lo ves pasando? fue cómplice de Duhalde en la salida de la convertibilidad y voltear la convertibilidad. Va ahí», dijo mientras daba una entrevista desde un móvil de Radio Mitre.

Ocurrió después de su discurso en el cierre de la exposición anual. Milei venía hablando acerca de la inflación acumulada a lo largo de los años y del rol del Banco Central cuando reconoció al ex funcionario caminando entre las personas.

«Mirá, ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina», sostuvo, mientras apuntaba hacia adelante. «¿Quién?» se escucha preguntar a una productora, a lo que el mandatario respondió: «¿Mirá, lo ves pasando, fue cómplice de Duhalde en la salida de la convertibilidad y voltear la convertibilidad, va ahí», insistió.

Milei trató a Lula de «ladrón» en un acto con Flavio Bolsonaro y abrió un conflicto diplomático con Brasil

Uno de los conductores le apuntó entonces que la persona a la que señalaba era De Mendiguren, quien había sido ministro de Producción de la Nación durante el gobierno de Eduardo Duhalde, pero que también se desempeñó como secretario de Industria y Desarrollo Productivo durante el gobierno de Alberto Fernández. 

Ese le cagó a los argentinos 30 mil millones de dólares. Vos, si, ladrón, vos arruinaste el país con Duhalde y toda su banda.

«Ese le cagó a los argentinos 30 mil millones de dólares. Vos, si, ladrón, vos arruinaste el país con Duhalde y toda su banda», gritó Milei, mientras continuaba señalando a través de la ventana.

Durante el acto principal, Milei ratificó que eliminará las retenciones. «Son una aberración que nunca debió haber existido», dijo y afirmó que su eliminación sigue siendo una prioridad para el Gobierno. Sin embargo, aclaró que el proceso será gradual para preservar el equilibrio fiscal.

El Presidente respondió al pedido del campo de eliminar para siempre las retenciones: «Estamos en camino de liberarlos por completo», dijo. Minutos antes, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, había señalado que las retenciones «deben dejar de existir por ley y para siempre».

Milei destacó la reducción de impuestos al sector que llevó adelante durante su gestión y aseguró que el crecimiento de otras actividades como la energética permitirá llevar las retenciones a cero.

«El campo todavía carga con el peso de las retenciones, todo lo que lograron fue con una mano atada a la espalda. Vamos camino a terminar de liberarlos por completo. Lo que estamos viendo es apenas el punto de partida. Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos».

El Presidente advirtió que «la política convirtió al campo en el pagador de última instancia de la Argentina» y señaló: «Se lo atacó con cepos y otras medidas. Se atacó a la gallina de los huevos de oro. Era un campo exprimido, atado de pies y manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre».

Se lo atacó con cepos y otras medidas. Se atacó a la gallina de los huevos de oro. Era un campo exprimido, atado de pies y manos.

En tanto, defendió el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y aseguró que permitirá atraer inversiones por unos 15.000 millones de dólares para distintas actividades productivas.

Además, destacó las medidas que implementó en su gestión, como la eliminación del cepo cambiario, al que calificó como «el robo más grande que sufría el mercado». «Vaya que fue bueno eliminarlo. No es tema menor, porque el maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos», dijo.

Milei sostuvo que el sector agropecuario dejará atrás años de restricciones y afirmó que «se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos», gracias a las medidas de desregulación impulsadas por su gestión.

También destacó más de mil desregulaciones para el agro. El Presidente enumeró las medidas adoptadas desde el inicio de su gestión, entre ellas la eliminación del cepo, del Impuesto PAIS, la flexibilización del Senasa, la autorización para importar maquinaria usada y la eliminación de diversas restricciones para exportar.

Según indicó, Argentina logró abrir más de 500 mercados internacionales durante su administración y avanzó en acuerdos comerciales con la Unión Europea, Singapur, Indonesia, Japón, India, Vietnam y Emiratos Árabes Unidos.

La carne vacuna está viviendo un momento histórico. la exportación creció un 46% en valor en los primeros cinco meses.

«La carne vacuna está viviendo un momento histórico. la exportación creció un 46% en valor en los primeros cinco meses. El mercado de Estados Unidos es una máquina de batir récords. Ustedes son los protagonistas de este cambio, y nuestra labor es sacarles la bota del cuello tan pronto como sea posible», celebró luego el Presidente.

Y añadió: «Nosotros y ustedes queremos exactamente lo mismo: volver al país que cuando le dio libertad al campo se convirtió en el granero del mundo y en una de las naciones más ricas del planeta. Argentina despertó finalmente de un siglo de letargo y el mundo nos está observando».

 

 

Mauricio Macri podría ser alcanzado por los coletazos de la crisis que sacude a la FIFA a partir de la intención de su titular Gianni Infantino de abrir la Copa del Mundo a inversores privados, con un familiar de Donald Trump como agente financiero.

El ex presidente argentino llegó a la fundación del máximo organismo mundial de fútbol en enero de 2020, un mes después de dejar la Casa Rosada, por impulso del propio Infantino.

Macri había tejido un lazo cercano al suizo y le otorgó una invitación especial a la cumbre del G20 que se realizó en Buenos Aires en 2018. La Fundación FIFA la inventó el propio Infantino en 2018 y luego de dos años de preparación, el suizo le creó el cargo a Macri como primer Executive Chariman (presidente ejecutivo).

Como toda fundación, se inventó para recaudar fondos y Macri acercó sus influencias con los qataríes, con los que hace tiempo sueña con privatizar el fútbol argentino. Al líder del PRO se lo pudo ver en buena parte de los partidos de Qatar 2022 y en el reciente mundial de Estados Unidos.

La relación estrecha que cultivó con Infantino lo ató a la suerte del suizo en la FIFA. Infantino tiene intenciones de renovar su último mandato en 2027 hasta 2031, pero la propuesta de privatizar la FIFA y el Mundial, empujado por Trump, le provocó un efecto boomerang que incluso motivó versiones de su renuncia. Su principal asesor, Carlos Cordeiro, renunció este viernes en medio del desplante de la UEFA, Concacaf y la confederación de Asia.

«Si cae Infantino, cae Macri», dijo a LPO un importante dirigente de la Conmebol, que en la tarde de este viernes salió a rechazar la propuesta de Infantino.