El proyecto de ordenanza del Ejecutivo Municipal que establece la colocación de radares para el control de velocidad en el ejido de Villa Regina tuvo tratamiento y aprobación en el Concejo Deliberante.
La iniciativa adhiere a la Ley Nacional 23.363 que en el artículo 4 inciso ñ) establece la homologación y remite a la Ley Nacional 25.650 donde se expresa claramente la prohibición de utilizar radares de control sin homologar.
Además se aclara que la contratación de cualquier empresa que quiera ser concesionaria de este servicio deberá contar con la aprobación de los 2/3 del Concejo Deliberante.
En caso de multas por ingesta de alcohol positiva, no se otorgará el beneficio de reducir la multa un 50%.
La iniciativa del Ejecutivo apunta a que el dinero que se recaude en concepto de multas por infracciones de tránsito quede en las arcas municipales para ser destinado pura y exclusivamente a los distintos programas de capacitación, prevención y educación vial de la Dirección de Tránsito Municipal.
Buen fin de semana para nuestros embajadores deportivos. En Motocross Pablo Galletta tuvo una destacada actuación en el inicio de campeonato Sur de la República que tuvo su primer fecha en el Motocross club Neuquén, el piloto reginense obtuvo el 3er puesto en la categoría MX1. Por otro lado, Manu Navarro sigue de racha positiva…
Con un DNU firmado en pleno ajuste, el Gobierno modificó el Plan Gas.Ar para “aplanar” las tarifas durante el año. El cambio garantiza el cobro de las petroleras y traslada al Estado —y al presupuesto— el costo completo de la variación estacional del gas.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Decreto 26/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, introduce una modificación clave en el Plan Gas.Ar para hacerlo compatible con el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Bajo el argumento de evitar saltos tarifarios en invierno, el Gobierno de Milei resolvió que el precio del gas que pagan los usuarios se calcule como un promedio anual, eliminando el diferencial estacional visible en las boletas. Sin embargo, el trasfondo del cambio deja una certeza: el Estado pasa a absorber íntegramente las diferencias de precio, garantizando la renta del sector hidrocarburífero.
La medida se adoptó por Decreto de Necesidad y Urgencia, sin debate previo en el Congreso, y redefine uno de los puntos centrales del esquema creado en 2020 para asegurar producción local de gas y reducir importaciones.
Precio “plano” para el usuario, cobertura total para las petroleras
El núcleo del decreto es la sustitución del punto 13 del Plan Gas.Ar, que habilita explícitamente a la Secretaría de Energía a fijar un Precio Anual Uniforme del gas. Ese valor será el que llegue a los usuarios residenciales, independientemente de la época del año.
En la práctica, esto implica que:
En verano, cuando el gas es más barato, el usuario pagará un precio más alto que el de mercado.
En invierno, cuando el gas es más caro, el usuario pagará menos que el precio real de abastecimiento.
La diferencia —ya sea a favor o en contra— queda siempre a cargo del Estado nacional. El decreto es explícito: el Tesoro cubrirá cualquier desfasaje entre el precio anual uniforme y el precio que surge de las subastas del Plan Gas.Ar, ajustadas por estacionalidad.
De este modo, las empresas productoras cobran el precio pleno comprometido, sin asumir riesgos por la nueva modalidad de facturación al usuario.
Subsidios “focalizados”, pero garantizados
El Gobierno presenta la medida como parte del ordenamiento de los subsidios energéticos. Sin embargo, lejos de reducirlos, el decreto consolida un esquema donde el Estado actúa como amortiguador absoluto del sistema. No solo subsidia cuando el precio es alto, sino que también administra compensaciones inversas cuando el precio de mercado es menor.
Para ello, el DNU ordena modificar el régimen de cálculo de compensaciones del Plan Gas.Ar, admitiendo que:
En algunos meses el Estado deba pagar montos adicionales a los productores.
En otros meses, se realicen deducciones.
El balance cierre siempre a favor de la estabilidad del negocio energético.
El objetivo declarado es evitar cortes en la cadena de pagos y garantizar previsibilidad al sector, aun en un contexto de ajuste fiscal severo sobre jubilaciones, salarios y políticas sociales.
Ajuste para abajo, blindaje para arriba
Mientras Milei sostiene un discurso de “déficit cero” y poda del gasto público, el Decreto 26/2026 muestra otra cara de la política energética: cuando se trata del gas y de las petroleras, el Estado sigue siendo garante de rentabilidad. El riesgo del mercado no se traslada a las empresas, sino al presupuesto público.
En términos concretos, el usuario puede ver boletas más estables a lo largo del año, pero el costo estructural del sistema sigue recayendo sobre el Estado, en un esquema que posterga cualquier discusión de fondo sobre tarifas, renta energética y soberanía sobre los recursos.
El DNU ahora deberá ser tratado por la Comisión Bicameral del Congreso. Pero, como ya es habitual, el modelo queda en marcha: precios “suavizados” para el consumo, negocios asegurados para arriba y un Estado que paga la cuenta.
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