El proyecto de ordenanza del Ejecutivo Municipal que establece la colocación de radares para el control de velocidad en el ejido de Villa Regina tuvo tratamiento y aprobación en el Concejo Deliberante.
La iniciativa adhiere a la Ley Nacional 23.363 que en el artículo 4 inciso ñ) establece la homologación y remite a la Ley Nacional 25.650 donde se expresa claramente la prohibición de utilizar radares de control sin homologar.
Además se aclara que la contratación de cualquier empresa que quiera ser concesionaria de este servicio deberá contar con la aprobación de los 2/3 del Concejo Deliberante.
En caso de multas por ingesta de alcohol positiva, no se otorgará el beneficio de reducir la multa un 50%.
La iniciativa del Ejecutivo apunta a que el dinero que se recaude en concepto de multas por infracciones de tránsito quede en las arcas municipales para ser destinado pura y exclusivamente a los distintos programas de capacitación, prevención y educación vial de la Dirección de Tránsito Municipal.
Nació el 17 de diciembre de 1936, hijo de emigrantes, su padre, Mario, era contador, empleado en ferrocarril, mientras que su madre, Regina Sivori, se ocupaba de la casa y de la educación de los cinco hijos. Se graduó como técnico químico, y eligió luego el camino del sacerdocio entrando en el seminario diocesano de…
El Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno nacional oficializó este jueves un nuevo esquema de descuentos automáticos sobre salarios estatales mediante el Decreto 352/2026 publicado hoy, una medida presentada como una “modernización administrativa” pero que, en los hechos, profundiza un fenómeno cada vez más visible en la Argentina de Milei: la financierización extrema del ingreso de los trabajadores públicos.
El mecanismo habilita a bancos, mutuales, cooperativas y otras entidades autorizadas a cobrar créditos, cuotas y consumos directamente desde el recibo de sueldo de empleados estatales nacionales. Es decir: el dinero puede ser retenido antes incluso de que el trabajador vea depositado su salario. En un país donde la caída del poder adquisitivo empuja a millones a endeudarse para sobrevivir, el Estado pasa a convertirse en garante directo del negocio financiero.
La medida aparece en un contexto económico particularmente delicado. Con salarios públicos deteriorados por la inflación, recortes presupuestarios y pérdida sostenida del consumo, el endeudamiento dejó de ser una herramienta excepcional para transformarse en una condición estructural de supervivencia. Tarjetas, préstamos personales, refinanciaciones y créditos de corto plazo son hoy parte del paisaje cotidiano de amplios sectores asalariados.
En ese escenario, el decreto funciona como una señal política clara: en lugar de discutir recomposición salarial o recuperación del ingreso, el Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.
Un Estado al servicio del cobro automático
El decreto reglamenta un sistema de “códigos de descuento” aplicable a trabajadores de la Administración Pública Nacional. La lógica parece técnica, pero sus consecuencias son profundamente políticas. Cuanto más automatizado y garantizado es el cobro de préstamos y cuotas, menor es el riesgo para financieras y entidades crediticias.
Y cuando el riesgo baja, el negocio crece.
El sistema de descuento por haberes es especialmente codiciado por bancos y mutuales porque reduce casi a cero la posibilidad de incobrabilidad. No importa si el trabajador llega ajustado a fin de mes: la cuota se descuenta antes. El acreedor cobra primero; el asalariado administra lo que queda.
La paradoja es brutal. Mientras el Gobierno sostiene un discurso de “libertad económica” y retiro estatal, el aparato público se transforma en una estructura de aseguramiento para el circuito financiero privado.
En otras palabras: el Estado se corre de áreas sociales, pero permanece firme cuando se trata de garantizar el flujo de pagos hacia bancos y entidades de crédito.
Salarios débiles, deuda fuerte
La financierización del salario no es nueva en Argentina, pero sí adquiere una intensidad particular en esta etapa. La combinación entre caída de ingresos, apertura económica, tarifazos y recesión genera un terreno ideal para la expansión del crédito de supervivencia.
Ya no se toma deuda para crecer o invertir. Se toma deuda para comer, pagar servicios o llegar al día 20.
En ese marco, el decreto oficializa una lógica preocupante: asumir que el endeudamiento permanente del trabajador estatal es un dato normal del funcionamiento económico. La discusión deja de ser cómo mejorar salarios y pasa a ser cómo hacer más eficiente el cobro de las cuotas.
El problema no es solamente económico. También es político y social. Un trabajador altamente endeudado tiene menos margen de conflicto, menos capacidad de organización y mayor dependencia del ingreso mensual. El salario deja de ser una herramienta de autonomía para convertirse en un flujo parcialmente comprometido de antemano.
El trasfondo silencioso del modelo Milei
La medida encaja además con una dinámica más amplia del modelo económico actual: licuación salarial, retracción del consumo y expansión de mecanismos financieros de corto plazo.
En medio de una economía paralizada, muchas entidades encuentran en el descuento automático sobre haberes uno de los pocos negocios relativamente seguros. Y el Gobierno parece decidido a fortalecer ese esquema.
Detrás del lenguaje administrativo del decreto aparece una definición de fondo: frente a una sociedad crecientemente endeudada, el Estado ya no interviene para limitar la dependencia financiera sino para facilitarla.
Porque cuando el salario no alcanza, la deuda deja de ser una excepción. Y cuando el Estado garantiza el cobro de esa deuda, la precariedad económica se institucionaliza.
El conflicto en el INTI escaló en los últimos días con denuncias de vaciamiento, baja de más de 900 servicios técnicos y un plan de despidos que, según los gremios, podría superar a los mil trabajadores. La reestructuración impulsada por el Gobierno en el marco del ajuste estatal afecta áreas sensibles como alimentos, materiales y control industrial, y generó protestas.
En ese contexto, la industria de la miel aparece como un caso testigo de la importancia del INTI en la estructura productiva. Hasta 2018, el sector enfrentaba rechazos recurrentes en aduana por problemas de contaminación de los tambores utilizados para exportación y por la falta de una normativa clara que garantizara estándares sanitarios.
La situación se estabilizó recién con el trabajo conjunto del INTI y el SENASA, que fijaron un sistema de certificación para los envases que permitió ordenar la trazabilidad y reducir los rechazos en mercados exigentes como la Unión Europea.
En ese esquema, el INTI auditaba los procesos, realizaba ensayos físicos y químicos y certificaba que los tambores donde se embazaba de hasta 340 kilos donde se embazaba la miel cumplieran con los estándares internacionales. Era un control clave para evitar contaminación por residuos o metales pesados, uno de los principales motivos de rechazo en destino.
Ahora ese sistema quedó en el aire. Según fuentes del sector que hablaron con LPO, el Gobierno dio de baja esos servicios dentro del INTI y trasladó las certificaciones al Organismo Argentino de Acreditación (OAA), una entidad privada. En las empresas advierten que el cambio implica mayores costos a la industria y genera incertidumbre sobre la capacidad técnica.
Los tambores diseñados y controlados por INTI
Argentina es el cuarto exportador mundial de miel y concentra casi el 90% de sus ventas en tres mercados: Estados Unidos, Alemania y España. En especial Alemania, uno de los principales destinos que aplica controles extremadamente rigurosos sobre calidad y residuos.
Por eso, en la industria temen que el desarme del sistema que funcionaba desde 2018 reabra un nuevo frente de conflicto para los mercados internacionales: «Se había logrado un estándar que nos permitió competir. Volver atrás en eso es jugar con fuego», sostuvo para LPO un especialista en producción de miel de Santa Fe.
Argentina es uno de los principales jugadores del mercado global de miel: en 2024 exportó más de 78 mil toneladas y se consolidó como el cuarto proveedor mundial, detrás de China, India y Ucrania aunque en el sector sospechan que Ucrania es una plaza que triangula con China.
En la industria temen que el desarme del sistema que funcionaba desde 2018 reabra un nuevo frente de conflicto para los mercados internacionales: «Se había logrado un estándar que nos permitió competir. Volver atrás en eso es jugar con fuego
La actividad involucra a unos 22 mil apicultores en todo el país y tiene fuerte presencia en provincias como Entre Ríos y Santa Fe, donde la cadena productiva genera empleo y divisas en economías regionales que dependen casi exclusivamente de la exportación.
El negocio, además, está altamente concentrado en mercados externos exigentes: Estados Unidos absorbe cerca del 70% de los envíos, mientras que Alemania y España completan el grueso de las ventas.
Esa dependencia vuelve al sector particularmente sensible a cualquier falla en estándares sanitarios o de calidad. En ese contexto, la pérdida de controles técnicos como los que garantizaba el INTI no solo genera ruido en la industria, sino que pone en juego una de las economías regionales que sostiene volumen exportador de manera constante, o sea, en términos de la escuela austríaca, es muy competitiva.
El desplazamiento de Carlos Frugoni, funcionario del Ministerio de Economía, por ocultar propiedades en Estados Unidos abre una pregunta incómoda que el oficialismo evita responder: ¿por qué a algunos los echan y a otros, con situaciones similares, los sostienen?
Por Roque Pérez para NLI
La salida de Frugoni se produjo luego de que se confirmara que tenía al menos siete u ocho inmuebles en Florida sin declarar ante los organismos argentinos, además de sociedades en el exterior utilizadas para adquirirlos. El caso no fue menor: se trata de un funcionario clave en el área de infraestructura, bajo la órbita directa del ministro Luis Caputo.
El escándalo que terminó en despido
La investigación periodística reveló que Frugoni omitió incluir en sus declaraciones juradas propiedades valuadas entre 140.000 y 310.000 dólares cada una, muchas de ellas adquiridas a través de firmas registradas en Delaware, una jurisdicción conocida por su opacidad.
El propio funcionario terminó admitiendo la irregularidad. Reconoció que no había declarado esos bienes y aseguró que se trataba de un “error” que estaba intentando corregir.
Pero el daño ya estaba hecho. La normativa argentina es clara: todo funcionario debe declarar la totalidad de su patrimonio, tanto en el país como en el exterior, y la omisión puede configurar delitos como enriquecimiento ilícito u omisión maliciosa.
En ese contexto, el Gobierno decidió avanzar con su salida. Una decisión que, en apariencia, busca mostrar firmeza frente a la corrupción.
La incómoda comparación con Adorni
Sin embargo, el caso abre una contradicción evidente. Porque mientras Frugoni fue eyectado, Manuel Adorni sigue en su cargo pese a estar bajo cuestionamientos patrimoniales y judiciales similares, tal como ya trascendió en distintas investigaciones públicas.
La comparación no es menor: ambos casos giran en torno a inconsistencias en declaraciones juradas, patrimonio no declarado o bajo sospecha, y posibles irregularidades en el manejo de bienes.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué a Frugoni sí y a Adorni no?
Discrecionalidad, relato y costo político
La respuesta parece menos jurídica que política. Frugoni era un funcionario técnico, prescindible dentro del esquema de poder. Adorni, en cambio, es una figura central en la comunicación del gobierno de Milei, con exposición mediática diaria y rol estratégico en la construcción del relato oficial.
En otras palabras, no todos los funcionarios valen lo mismo dentro del dispositivo político.
El gobierno intenta instalar una narrativa de “tolerancia cero” frente a irregularidades, pero los hechos muestran otra cosa: la vara cambia según el peso político del implicado.
Un problema más profundo
El caso Frugoni no es un hecho aislado. Se inscribe en una serie de episodios que golpean el discurso de transparencia de la actual gestión, especialmente en áreas sensibles como la obra pública y la administración de recursos.
La utilización de sociedades en el exterior, la omisión de bienes y las inconsistencias patrimoniales no son meros tecnicismos: son señales de posibles circuitos de opacidad que contradicen el discurso anticasta.
Y cuando la reacción del Estado es selectiva, el problema se agrava.
La pregunta que queda abierta
El desplazamiento de Frugoni podría haber sido un gesto de institucionalidad. Pero pierde fuerza cuando no se aplica el mismo criterio a todos.
Porque en política, tan importante como sancionar es hacerlo sin discrecionalidad. Y hoy, la sensación que queda es otra: no hay una política anticorrupción, sino una administración del costo político de cada escándalo.
En el marco de su cronograma de formación, la semana próxima la Secretaría de Deporte, llevará adelante tres capacitaciones vinculadas a diferentes temáticas deportivas de manera libre y gratuita. Las actividades comenzarán el miércoles 30 a las 18 con el curso de autogestión y charla de introducción “Iniciación Deportiva: de la Conceptualización General a las…
El ministerio de Capital Humano homologó sin modificaciones el acuerdo salarial que habían celebrado la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) en representación de los trabajadores, y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), en representación de los empresarios.
El acuerdo paritario que había anunciado FAECYS contempla para el primer trimestre un incremento del 5% distribuido de forma escalonada de la siguiente manera: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio. Asimismo, se estableció el pago de un bono extraordinario de $120.000 para los trabajadores de todas las categorías, y una contribución empresarial por la vigencia de convenio de 28 mil pesos por cada trabajador de comercio.
Al respecto, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, señaló que «este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía».
A eso agregó: «Uno de los puntos era el valor de la cuota solidaria, que con la excusa de una modernización se pretendía asfixiar a los sindicatos. La discusión quedó saldada con la medida cautelar que fijó el Juzgado Federal N 2 de San Martin, al suspender la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, dando continuidad a todas las cláusulas convencionales y que establece que las empresas deben mantener la retención y el depósito de las contribuciones solidarias pactadas, fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones gremiales».
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