Desde ayer lunes, niños y niñas de diferentes barrios de Villa Regina disfrutan de las propuestas que se enmarcan en la colonia de vacaciones que se desarrolla en el balneario municipal de la Isla 58.
La actividad es organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad. Hasta el próximo viernes, participan de la colonia chicos y chicas de los barrios Don Bosco, Borgatti, El Trabajo, Civora, Matadero, Este, Provincial, Namuncura, Belgrano y 201 Viviendas.
Mientras tanto, entre el 18 al 22 de enero participarán quienes residan en Nuevo, Melipal, Cipolletti, El Sauce, La Graava, Pretto, Businelli, Los Fresnos, Santa Rita, Frutillar, Tinti Méndez y Moschini.
Las inscripciones se reciben en la Junta Vecinal de cada barrio de residencia y en el polideportivo Cumelen (Colón 107) en el horario de 8 a 13.
Lejos de apagar el incendio político, la diputada libertaria Lilia Lemoine terminó echando más nafta al fuego: al responderle al periodista Pablo Duggan, confirmó que la propiedad denunciada de Manuel Adorni existe. El intento de minimizar el tema dejó al descubierto lo que el oficialismo venía evitando reconocer.
Por Roque Pérez para NLI
El escándalo por la casa en un country no declarada por Manuel Adorni sumó en las últimas horas un elemento clave: la confirmación desde el propio espacio libertario. Y no fue menor el dato, porque llegó de boca de una de las dirigentes más cercanas al núcleo duro del oficialismo.
Todo ocurrió cuando Lemoine salió a responderle a Duggan en redes sociales, en medio de la creciente polémica. En ese intercambio, la diputada intentó relativizar la gravedad del asunto, pero terminó admitiendo lo central: la vivienda existe. Su frase fue tan explícita como reveladora: sostuvo que se trata de “una casa reformada… en un country de clase media”, intentando contrastarla con una “mansión”.
Es una casa reformada… en un country de clase media. No es una MANSIÓN EN LA ISLA.
El problema es que, en ese intento de “bajarle el precio” político al tema, terminó validando el punto de partida de la denuncia: la propiedad señalada efectivamente está.
De la negación al reconocimiento implícito
Hasta ahora, el oficialismo había evitado dar precisiones claras sobre la denuncia que tomó estado público y que incluso ya había sido recogida por NLI, donde se detalló el carácter no declarado del inmueble.
Sin embargo, el giro discursivo de Lemoine marca un punto de inflexión. Ya no se trata de discutir si la casa existe o no, sino de por qué no figura en las declaraciones correspondientes.
El propio Duggan venía insistiendo en distintas irregularidades vinculadas al patrimonio y los gastos de Adorni, señalando inconsistencias entre ingresos declarados y consumos registrados, lo que abrió un frente de sospechas que ahora suma este nuevo capítulo ().
En ese contexto, la confirmación indirecta de Lemoine no hace más que profundizar el escándalo: si la casa está, la pregunta es por qué no fue informada.
El intento de minimizar que agravó la situación
El argumento elegido por la diputada libertaria tampoco pasó desapercibido. En lugar de negar los hechos, optó por una estrategia clásica: relativizar el valor de la propiedad.
Pero ese enfoque generó el efecto contrario. Porque en términos políticos y legales, el problema no es si la casa es lujosa o de “clase media”, sino su eventual omisión en los registros patrimoniales.
En otras palabras, el eje no está en cuánto vale la propiedad, sino en si fue declarada o no.
Y ahí es donde el oficialismo queda expuesto: la defensa no desmiente la acusación, la confirma.
Un escándalo que escala
El caso ya venía creciendo en los últimos días con denuncias mediáticas, cuestionamientos por gastos y el foco puesto sobre el patrimonio del funcionario. Ahora, con la intervención de Lemoine, el tema entra en una nueva etapa.
Porque cuando la propia tropa oficialista admite el dato central, el margen para eludir explicaciones se reduce drásticamente.
Así, lo que comenzó como una denuncia periodística empieza a transformarse en un problema político concreto para el entorno de Milei, que vuelve a quedar bajo sospecha por inconsistencias entre discurso y prácticas.
Y esta vez, no hizo falta una investigación judicial ni una filtración: bastó un tuit para confirmar lo que intentaban negar.
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Axel Kicillof demora el envío al Senado de tres pliegos de candidatos a jueces de la Suprema Corte. Los nombres ya están en manos del gobernador y corresponden a los tres sectores mayoritarios del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Eos sectores afirman que el gobernador se comprometió a enviarlos en diciembre pasado.
En los primeros días de diciembre pasado, Kicillof selló un acuerdo con el kirchnerismo, el massismo, al que se sumó el radicalismo que conduce el senador Maxi Abad. En una oficina de la Ciudad de Buenos Aires llegaron Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, como negociadores de Kicillof. Facundo Tignanelli y Federico Otermin, por el kirchnerismo. Alexis Guerrera, por el massismo. Y Maxi Abad y Diego Garciarena por el radicalismo. «Kicillof participó vía teléfono en altavoz», afirmó a LPO un dirigente al tanto de las negociaciones.
Allí se acordó enviar al Senado bonaerense tres pliegos para que sean aprobados a fines de diciembre junto con el presupuesto 2026 y las autorizaciones de endeudamiento. Esos pliegos correspondían a los tres sectores del peronismo. En el entorno del gobernador consideraron en ese momento que mezclar las dos discusiones iba a terminar trabando la sanción del presupuesto y limitaron el reparto de cargos al directorio del Bapro.
Respecto de los nombres existe total hermetismo. Por el lado del gobernador suena el nombre de Santiago Pérez Teruel, hoy titular de la Asesoría General de Gobierno. En tanto, en las últimas semanas trascendió que el presidente del Honorable Tribunal de Cuentas, Federico Thea, también quiere ser.
En el massismo guardan hermetismo sobre su candidata para la Corte bonaerense, pero esta semana comenzó a sonar en despachos judiciales el nombre de Micaela Morán, una ex diputada nacional cercana a Malena Galmarini y siempre muy cuidada por el Frente Renovador.
Kicillof designó a Thea al frente de un cargo vitalicio por lo que resulta extraño que desista de ese asiento para pasar a la Suprema Corte. En tanto, el ala más progresista del gobierno bonaerense promueve que se elija a una mujer.
En el massismo hay algunos nombres. Esta semana comenzó a sonar en despachos judiciales el nombre de Micaela Morán, una ex diputada nacional cercana a Malena Galmarini y siempre muy cuidada por el massismo. Además de Morán, siempre estuvo en carpeta el nombre del diputado nacional Ramiro Gutiérrez, quizás el principal asesor de Massa en temas judiciales.
Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez.
En el kirchnerismo el hermetismo es total. Desde el inicio de la gestión Kicillof, cuando se generaron las primeras vacancias en el Máximo Tribunal, el nombre que trascendió fue el de Marisa Herrera, autora de tratados de referencia en derecho de familia.
En el peronismo no están conformes con la decisión de Kicillof de postergar las designaciones. «El gobernador lleva más dos meses demorando el acuerdo», confió a LPO un dirigente involucrado en las decisiones.
Como sea, en la reunión de diciembre se acordó además que el cuarto pliego se enviará al Senado antes de la feria judicial de julio. Ese lugar debe ser para el radicalismo y todo indica que el sector de Abad impondrá el nombre de la vicerrectora de la Universidad de Mar del Plata, Marina Sánchez Herrero.
En el kirchnerismo el hermetismo es total. Desde el inicio de la gestión Kicillof, cuando se generaron las primeras vacancias en el Máximo Tribunal, el nombre que trascendió fue el de Marisa Herrera, autora de tratados de referencia en derecho de familia.
Pero a ese cuarto pliego se le podría sumar un quinto. Es que en el gobierno bonaerense dan por hecho la decisión de la jueza Hilda Kogan de jubilarse.
LPO había adelantado en noviembre pasado las versiones de salida de la jueza. Kogan tuvo que presidir la Junta Electoral de la provincia cuando Kicillof desdobló la elección provincial y fue la responsable de garantizar una elección casi inédita en la historia reciente de la provincia. «Hasta acá llegué», dijo tras el recuento definitivo de los votos.
La jueza bonaerense Hilda Kogan.
Todo indica que ese quinto lugar también quedará para el peronismo, que niega la posibilidad de que el PRO o La Libertad Avanza se quede con ese asiento en la Corte.
Argumentan que por un lado tienen los votos en el Senado para quedarse con todos los lugares, pero están decididos a respetar el acuerdo con el radicalismo que ocupa distintas posiciones de poder de la provincia. Además, sostienen que el último juez en sumarse al Tribunal fue Sergio Torres en 2019 y fue elegido por la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, de manera que el PRO ya tendría su magistrado
Hoy, la Suprema Corte funciona con apenas tres de los siete jueces que la componen, una anormalidad institucional que preocupa en todos los ámbitos políticos.
En los últimos años la Corte fue acumulando vacancias. En junio del año pasado se retiró Luis Genoud, antes habían renunciado Eduardo De Lázzari y Juan Carlos Hitters. También falleció en su cargo el juez Héctor Negri, en 2020. Kicillof siempre postergó el momento de cubrir esas vacancias. «Así como está funciona muy bien», repetían en el gobierno provincial.
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