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Mediante el DNU 41/2026, Milei modificó artículos clave del Código Aduanero para redefinir quién decide y cómo las reglas antes de importar o exportar. Bajo el argumento de cumplir con compromisos de la OMC, el decreto limita la discrecionalidad estatal, fija plazos máximos y habilita avanzar con operaciones aun cuando el Estado no responda.

Por Celina Fraticiangi para NLI

El Poder Ejecutivo avanzó con una nueva modificación estructural del andamiaje normativo del comercio exterior argentino. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 41/2026, el Gobierno sustituyó los artículos 226 y 323 del Código Aduanero, reorganizando el sistema de resoluciones anticipadas tanto para importaciones como para exportaciones.

La medida se inscribe en la misma lógica que atraviesa toda la política económica de Milei: menor margen de intervención estatal, mayor previsibilidad para los operadores privados y alineamiento explícito con los estándares de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No es casual que el decreto invoque como razón central la urgencia de cumplir con el Acuerdo de Facilitación del Comercio.

Qué son las resoluciones anticipadas y por qué importan

Las resoluciones anticipadas son decisiones administrativas que los importadores o exportadores pueden solicitar antes de realizar una operación, para saber con antelación cómo será tratado un producto por el Estado. Incluyen cuestiones clave como clasificación arancelaria, valoración de la mercadería y origen.

En la práctica, funcionan como un blindaje jurídico: una vez emitidas, la Aduana no puede cambiar el criterio después, salvo que cambie la ley o los hechos. Para las grandes empresas del comercio exterior, esto implica reducir riesgos, costos y conflictos posteriores.

El reparto de poder entre Aduana y Economía

El decreto introduce una división tajante de competencias. Por un lado, el servicio aduanero conserva la potestad de dictar resoluciones anticipadas sobre clasificación arancelaria, valoración y otros aspectos técnicos tributarios, tanto en importación como en exportación.

Por otro lado, las resoluciones anticipadas sobre origen de la mercadería dejan de estar bajo la órbita aduanera y pasan a manos de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, que incluso puede delegar esa facultad en funcionarios de rango inferior. Este corrimiento no es menor: el origen determina aranceles, preferencias comerciales y la aplicación de acuerdos internacionales.

Plazos cortos y silencio que juega a favor del privado

Uno de los puntos más sensibles del DNU es la fijación de un plazo máximo de 30 días para que el Estado emita la resolución anticipada. Si ese plazo se cumple y no hay respuesta, el importador o exportador puede avanzar igual con la operación, en los términos que propuso originalmente.

El decreto habilita a la Aduana a exigir una garantía, pero le quita la posibilidad de frenar la operatoria por falta de definición. Se trata, en los hechos, de un silencio administrativo favorable, una figura históricamente resistida por el Estado y celebrada por los grandes actores del comercio exterior.

Un DNU con destinatarios claros

El Gobierno justifica el uso del DNU en la urgencia de cumplir los plazos otorgados por la OMC, que vencían el 23 de enero de 2026. Sin embargo, el trasfondo político es evidente: consolidar un esquema pro-mercado, reducir instancias de control y trasladar el riesgo desde el privado hacia el Estado.

Lejos de beneficiar a pymes o economías regionales, el nuevo régimen favorece principalmente a grandes importadores y exportadores, con capacidad técnica y jurídica para anticipar escenarios y litigar si es necesario. Mientras tanto, el Congreso vuelve a quedar relegado a un rol meramente revisor, a través de la Comisión Bicameral.

En nombre de la “facilitación del comercio”, Milei vuelve a gobernar por decreto y a redefinir reglas estructurales sin debate legislativo. Una vez más, la urgencia invocada funciona como atajo para reconfigurar el Estado en favor de los intereses concentrados del comercio internacional.

 

 

Un acta difundida por el Consulado de Uruguay en Buenos Aires y presentada por la Comisión Gardel Rioplatense vuelve a sacudir el histórico debate sobre el origen de Carlos Gardel. El hallazgo señala a Tacuarembó como su lugar de nacimiento y desafía tanto la tesis argentina como la francesa, aunque todavía despierta fuertes discusiones entre especialistas.

Por Alina C. Galifante para NLI

Durante décadas, el lugar de nacimiento de Carlos Gardel fue motivo de disputas apasionadas entre Argentina, Uruguay y Francia. Esa controversia, lejos de apagarse, volvió a encenderse tras la difusión de un documento que podría modificar la historia oficial del máximo ícono del tango.

La Comisión Gardel Rioplatense (CGR), integrada por investigadores uruguayos y argentinos, anunció el hallazgo de un acta tramitada el 8 de octubre de 1920 ante el Consulado de Uruguay en Buenos Aires. En ese folio, gestionado por el propio Gardel con la presencia de dos testigos, se consigna que el cantor nació el 11 de diciembre de 1887 en Tacuarembó, que era hijo de uruguayos, artista y soltero.

Según los investigadores, ese documento funcionó como partida de nacimiento provisoria, permitiéndole a Gardel obtener la ciudadanía argentina, lo que refuerza la idea de una identidad rioplatense construida entre ambas orillas del Río de la Plata.

Un hallazgo que promete cerrar un debate… o reabrirlo

Desde la CGR sostienen que el acta encontrada en noviembre de 2025 podría poner fin a las teorías que ubican el nacimiento del Zorzal Criollo en Buenos Aires o en Toulouse, Francia. Para el historiador Gustavo Colman, especialista en la vida de Gardel, el documento confirma lo que el propio cantor afirmaba sobre sí mismo.

Colman explicó que “la vida de Gardel tuvo un comienzo con datos fidedignos que él sostenía: era un ciudadano del Río de la Plata, nacido en Tacuarembó, registrado como uruguayo y luego ciudadano argentino”, y remarcó que se trata de “un Gardel rioplatense, nunca francés”.

El historiador también señaló que el hallazgo fue posible gracias al celo profesional de un funcionario, que recuperó el documento desde Buenos Aires y permitió su difusión pública.

Escepticismo y dudas sobre la autenticidad

Sin embargo, no todos los especialistas están convencidos. Desde sectores académicos argentinos se advierte que el acta es “un testimonio de un momento puntual”, es decir, una declaración realizada por una persona ante un funcionario en un contexto determinado y con intereses concretos.

Bajo esa mirada, el documento no constituye una constatación directa del hecho biográfico que declara. Algunos investigadores recuerdan que Gardel adaptaba su identidad según necesidades laborales, contractuales o migratorias, por lo que la inscripción sería relevante, pero no concluyente.

Las pericias que definirán el futuro del acta

Para despejar dudas, el documento deberá someterse a verificaciones técnicas y archivísticas. El proceso incluirá análisis de tinta, papel, sellos y caligrafía, además de un peritaje oficial impulsado por organismos del Estado uruguayo.

Una vez finalizadas esas pericias, el acta sería enviada a la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica para su eventual certificación internacional, paso clave para que organismos globales puedan reconocer formalmente la identidad histórica de Gardel.

La tesis francesa y una herencia polémica

Respecto a la versión que ubica su nacimiento en Toulouse como Charles Romuald Gardes, Colman fue tajante. Aseguró que detrás de esa hipótesis hubo intereses económicos, especialmente vinculados a la herencia del cantor tras su muerte.

El historiador recordó que Gardel no dejó herederos directos, y que existieron disputas en las que participaron apoderados y cómplices de distintos países. Incluso aclaró que el joven francés llamado Charles Romuald Gardes existió, convivió con Gardel, pero murió bajo otra identidad, lo que complejizó aún más el reparto de bienes.

Gardel, más allá del origen

Más allá de actas, sellos y peritajes, Carlos Gardel sigue siendo un símbolo indiscutido de Buenos Aires y del Río de la Plata. Ya en 1931, Osvaldo Sosa Cordero lo expresó con claridad al señalar que la identidad de Gardel y la de Buenos Aires se confunden en una misma emoción colectiva, presente en cada milonga y en cada cantor.

El documento de Tacuarembó promete cambiar archivos y debates académicos. Pero en el imaginario popular, Gardel sigue siendo eso que nunca estuvo en discusión: una voz que pertenece a todo un pueblo.