El Intendente Marcelo Orazi y la responsable del Área Mujer y Diversidad Fabiola Parra participaron esta mañana de la presentación del programa provincial ‘Consolidarnos’ que busca fortalecer las áreas de género y diversidad municipales, a través de capacitación, asistencia técnica y financiamiento.
El acto fue encabezado por la Gobernadora Arabela Carreras, acompañada por el Ministro de Gobierno y Comunidad Rodrigo Buteler y la Secretaria de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género, Luz Val Heredia.
El programa contempla la creación de 6 Mesas Regionales de las que participarán los 39 municipios agrupados por zonas que tienen como propósito lograr un trabajo articulado con los gobiernos municipales en relación a los programas y políticas en materia de género y diversidad.
Con este objetivo, se firmará un convenio marco de colaboración, cooperación y asistencia.
“La problemática de género no puede quedar solamente en el ámbito judicial, porque ese es un camino que tiene un límite y que, en general, llega tarde. Entonces, lo que estamos buscando es trabajar en políticas que se anticipen y den respuestas más adecuadas. Que estén a la altura de la demanda que la sociedad está reclamando”, expresó en la oportunidad la Gobernadora Carreras.
El Intendente Marcelo Orazi participó el sábado del acto académico de entrega de diplomas a 147 alumnos que finalizaron sus estudios en distintas disciplinas en el Instituto Crecer. En la oportunidad estuvo acompañado por la Legisladora Marcela Ávila, el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros y la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra, entre otros funcionarios….
Desde el jueves 6 de enero la Secretaría de Estado de Cultura llevará adelante una diversa agenda de actividades artísticas y culturales. La agenda cultural se puso en marcha el jueves 6 de enero en Las Grutas y El Cóndor, y prevé durante la temporada diversas actividades en Bariloche, General Roca, Jacobacci, Río Colorado, Dina…
Dominados y dominantes he ahí la cuestión. La práctica estatal comenzó en Egipto, o sea, la lógica de dominación dada por el monopolio de la coerción y lo legitimado en aquella etapa de Nagada II en el Alto Egipto. Ahora bien, hay diferentes maneras de construir nuestra realidad psíquica y social. El surgimiento del Estado…
El Municipio, invita a toda la población de nuestra localidad y alrededores a presenciar una nueva jornada de la Liga Municipal de Fútbol Femenino, el domingo 3 de noviembre en las canchas que posee Banco Nación. El predio ubicado en las intersecciones de las calles Juan XXIII y Lisandro de la Torre, tendrá como protagonista…
Mientras el Gobierno insiste con el discurso del ajuste, el equilibrio fiscal y la motosierra, el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 incluye una partida millonaria para remodelar y mantener la residencia oficial argentina en Washington. No se trata de un consulado ni de un edificio de atención pública, sino de una vivienda de representación política, ubicada en uno de los barrios más caros de la capital estadounidense.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Presupuesto 2026, presentado como una hoja de ruta guiada por el “equilibrio fiscal” que impulsa Milei como ancla inflacionaria, vuelve a exhibir sus contradicciones. Entre recortes, prórrogas y reasignaciones que afectan áreas sensibles del gasto público, aparece una de esas perlitas que no pasan desapercibidas: una obra millonaria en el exterior, financiada por el Estado argentino, en plena era del ajuste permanente.
La iniciativa figura en el artículo 11 del proyecto, que habilita la contratación de obras y adquisiciones con incidencia en ejercicios futuros. Allí se incluye el proyecto 40, denominado “Remodelación y mantenimiento de la Residencia oficial en Washington”, bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, dentro del Programa 2: Acciones Diplomáticas y Relaciones Internacionales.
Millones para una residencia, no para la comunidad
Según el texto presupuestario, el costo total de la obra asciende a 9.429 millones de pesos, equivalentes a unos 6,4 millones de dólares al tipo de cambio actual. El gasto está planteado como un esquema plurianual que se extenderá entre 2026 y 2028.
Para el ejercicio 2026 se prevé una partida inicial de 5.388 millones de pesos, destinada a bienes de uso, lo que representaría un avance físico del 57,14% del proyecto. En 2027 se sumarían 3.852,4 millones de pesos, alcanzando un progreso acumulado del 98%, y finalmente en 2028 se asignarían 188,6 millones de pesos para completar el 100% de la obra.
Sin embargo, los fundamentos del Presupuesto no detallan los alcances concretos de la remodelación, ni desagregan los costos, los plazos específicos o las etapas técnicas del proyecto. Tampoco se explicita si la cifra corresponde a un único contrato o a varias intervenciones sucesivas. El número aparece consolidado, sin mayor desarrollo ni información pública complementaria.
Sin informes, sin urgencias, sin explicaciones
Desde la Cancillería no se difundieron informes oficiales que expliquen el estado edilicio actual del inmueble ni la supuesta urgencia de una intervención de esta magnitud. No hay antecedentes recientes de advertencias sobre riesgos estructurales, incumplimientos normativos o situaciones de emergencia que justifiquen un desembolso millonario en dólares.
Por el contrario, todo indica que se trata de gastos mayormente estéticos o de puesta en valor, en una residencia destinada exclusivamente a la representación política del país en Estados Unidos. Nada de atención consular, nada de servicios a la comunidad migrante, nada de funciones públicas directas.
A esto se suma un problema adicional: los mecanismos de control. Las obras en el exterior presentan dificultades extra para el seguimiento administrativo y la auditoría. Contrataciones, proveedores y certificaciones suelen regirse por una combinación de normativa argentina y regulaciones locales. Sin información pública detallada, el control queda limitado a organismos que ya operan con recursos recortados.
Antecedentes: la remodelación macrista
No es la primera vez que la residencia oficial en Washington aparece en el Presupuesto. En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, se incluyó una partida de 3,5 millones de dólares para la “Remodelación Embajada y Residencia en Washington – Etapa II”.
En aquel entonces, el presupuesto contemplaba un monto base de 2.964.000 dólares, más un adicional del 20% para cubrir eventuales variaciones de costos. Esa previsión generó polémica, ya que la inflación acumulada en Estados Unidos durante 2015 había sido de apenas 1,5%, lo que ponía en duda la justificación de semejante margen extra.
Desde la propia embajada argentina explicaron en ese momento que los fondos se destinarían a reformas estructurales: instalaciones eléctricas, redes de agua y cloacas, calefacción, tratamiento de humedades en cimientos, reparación integral de techos y puesta en valor general del edificio. También se argumentó que no se habían realizado obras en la residencia oficial desde la década del 60.
Un barrio top, precios que incomodan
La residencia oficial argentina se encuentra en el exclusivo barrio de Dupont Circle, una de las zonas más cotizadas de la capital estadounidense. El inmueble fue originalmente construido para George Franklin Huff, congresista republicano de Pennsylvania, y diseñado en 1906 por el reconocido arquitecto Horace Trumbauer. El Estado argentino compró la propiedad en 1913, tras el fallecimiento de Huff.
Un relevamiento básico del mercado inmobiliario en la zona muestra que casas de características similares se ofrecen hoy por valores que oscilan entre 1,7 y 1,9 millones de dólares. Es decir, montos muy por debajo de los 6,4 millones de dólares que el Presupuesto 2026 proyecta gastar en la remodelación.
Ajuste para adentro, dólares para afuera
El contraste es evidente. Mientras el Gobierno ajusta jubilaciones, salarios, universidades y políticas sociales, no escatima recursos para mantener y embellecer una residencia de lujo en el exterior. Todo en nombre de un equilibrio fiscal que, una vez más, no parece aplicarse cuando se trata de los intereses y comodidades del poder.
El diputado nacional de Unión por la Patria Agustín Rossi lanzó una dura advertencia contra el DNU 941, mediante el cual el Gobierno amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Para el ex ministro de Defensa, la norma representa un retroceso institucional de enorme gravedad y abre la puerta a prácticas propias de los años más oscuros de la Argentina.
Por la Redacción de NLI
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Rossi afirmó sin rodeos que “estamos en presencia del intento de convertir a la SIDE en una policía secreta”, al tiempo que confirmó que la oposición buscará rechazar el decreto en el Congreso durante febrero, sin esperar al inicio de las sesiones ordinarias.
Detenciones sin juez y reminiscencias de la dictadura
Uno de los puntos que Rossi calificó como “gravísimo” es la posibilidad de que agentes de la SIDE realicen aprehensiones temporales de ciudadanos y ciudadanas sin autorización judicial, algo que —según remarcó— ni siquiera aclara cuánto tiempo puede durar esa detención.
Pero el cuestionamiento no termina ahí. El diputado santafesino alertó que el decreto también habilita al jefe de la SIDE a involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interior, con una simple solicitud administrativa. Para Rossi, esto remite directamente al funcionamiento del aparato represivo durante la dictadura militar, cuando los militares realizaban inteligencia interna y la SIDE detenía personas.
En ese sentido, fue categórico: “Sin ninguna duda es un hecho gravísimo. Vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para tratar de rechazar el DNU”.
El Congreso puede actuar en pleno receso
Frente al argumento oficial de que el tratamiento parlamentario debería esperar a marzo, Rossi aclaró que no existe ningún impedimento legal para avanzar durante el receso. Al tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, explicó, el Parlamento está obligado a abordarlo de manera inmediata.
Según detalló, la ley establece que el jefe de Gabinete debe remitir el DNU al Congreso dentro de los diez días hábiles de su firma. Una vez cumplido ese plazo, la comisión bicameral puede tratarlo, y aun si eso no ocurre, cualquiera de las cámaras queda habilitada para llevarlo al recinto.
“Yo creo que en febrero podemos tratarlo”, anticipó Rossi, dejando en claro que la oposición buscará frenar en el Congreso una avanzada que consideran incompatible con el sistema democrático.
El cuestionamiento al DNU 941 se suma a una creciente preocupación por la concentración de poder y el debilitamiento de los controles institucionales bajo el gobierno de Milei, en un contexto donde las facultades extraordinarias parecen transformarse en regla y no en excepción.
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