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Municipio y Provincia trabajarán en políticas públicas con perspectiva de género

El Intendente Marcelo Orazi y la responsable del Área Mujer y Diversidad Fabiola Parra participaron esta mañana de la presentación del programa provincial ‘Consolidarnos’ que busca fortalecer las áreas de género y diversidad municipales, a través de capacitación, asistencia técnica y financiamiento.

El acto fue encabezado por la Gobernadora Arabela Carreras, acompañada por el Ministro de Gobierno y Comunidad Rodrigo Buteler y la Secretaria de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género, Luz Val Heredia.

El programa contempla la creación de 6 Mesas Regionales de las que participarán los 39 municipios agrupados por zonas que tienen como propósito lograr un trabajo articulado con los gobiernos municipales en relación a los programas y políticas en materia de género y diversidad.

Con este objetivo, se firmará un convenio marco de colaboración, cooperación y asistencia.

“La problemática de género no puede quedar solamente en el ámbito judicial, porque ese es un camino que tiene un límite y que, en general, llega tarde. Entonces, lo que estamos buscando es trabajar en políticas que se anticipen y den respuestas más adecuadas. Que estén a la altura de la demanda que la sociedad está reclamando”, expresó en la oportunidad la Gobernadora Carreras.

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    En ese contexto, la definición del magistrado podría constituir un giro copernicano respecto del camino que había trazado Sebastián Casanello, que subrogó el juzgado de Lijo hasta febrero pasado.

    De hecho, Lijo basó su argumento para el pedido a la Gendarmería en los lineamientos dispuestos por la Sala II de la Cámara de Apelaciones el 4 de diciembre pasado. Ese juzgado está integrado por Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah.

    Irurzun y Boico habían dejado abierta la causa por el reclamo del gobierno para que, justamente, se impugnara lo actuado por Casanello y el fiscal Franco Picardi, quienes alegaban que no instruían la causa con el contenido de los audios sino a partir de la prueba que obtuvieron en los allanamientos de las casas de los imputados, sus computadoras y sus teléfonos celulares. Farah había votado en sentido contrario.

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    La interna del gobierno no se detiene. Ahora un sector del gobierno salió a cuestionar varios de los pliegos de jueces enviados por  el ministro Juan Bautista Mahiques al Senado porque «no representa la ideología libertaria». Vinculan a varios de los candidatos a jueces y fiscales con Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y hasta el Centro de Estudios Legales y sociales (CELS), un organismo creado por Horacio Verbitsky.

    Apuntan a la candidata a la Defensoría ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3, Ana Clarisa Galán. También la candidata a Defensora Pública del Interior con asiento en la ciudad de Formosa, María Esther Pinos. Incluso señalan a Hernán Enrique Figueroa, candidato para los Tribunales Orales en lo Penal Económico. Según dicen en el gobierno, los tres firmaron un rechazo al proyecto de baja de la edad de imputabilidad que había impulsado el gobierno de Javier Milei.

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    En tanto, Raúl Agustín Rubiero fue incluido en el paquete de pliegos como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. Rubiero es parte del Tribunal de Apelaciones de la AFA, que dirige Claudio Tapia, confirmando los vínculos de Mahiques con el capo del fútbol argentino.

    Raúl Agustín Rubiero fue incluido en el paquete de pliegos como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. Rubiero es parte del Tribunal de Apelaciones de la AFA, que dirige Claudio Tapia.

    Este viernes ingresaron al Senado 30 nuevas propuestas de diferentes fueros federales y del interior del país, así como también de algunos jueces que están en edad de jubilarse y que el Ejecutivo pide su continuidad por 5 años más, como o casualidad, el magistrado que avaló la reforma laboral del Gobierno que había sido suspendida en primera instancia.

    El listado, al que LPO pudo tener acceso, incluye jueces, fiscales y defensores públicos destinados a diferentes fueros y jurisdicciones. La nómina comprende aspirantes a los juzgados y tribunales federales y nacionales de Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santiago del Estero.

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    Los pliegos incluyen postulaciones para cargos de defensores públicos y fiscales. Entre ellos, Germán Luis Artola aparece como Defensor Público Oficial Adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11, mientras que Pedro Mariano Rebollo aspira a la Fiscalía ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. También se proponen defensores de víctimas, como María Laura Irastorza en Río Negro y Sofía Beatriz del Milagro Martín en Santiago del Estero.

     

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  • Abogados y políticos traban el proyecto de las grandes empresas para meterse en la selección de jueces

     

    Horacio Rosatti habilitó a los consejeros de la Magistratura en representación del Congreso y el estamento de los abogados para que hundan provisoriamente la acordada de la Corte Suprema, firmada por sus colegas Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, para cambiar el mecanismo de selección de los jueces.

    Detrás de la decisión se juega una pelea estratégica sobre el formato que tendrá la justicia argentina. Un experimentado funcionario judicial explicó a LPO que el proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz es un paso en un limitación de la injerencia de la política en los tribunales, no en favor de la democratización del poder más elitista del Estado, sino en una acentuación de ese rasgo, propiciando detrás de la bandera de lo «técnico» un mayor peso de las grandes empresas y los grandes estudios que las asesoran en la selección de los jueces.

    Por eso, un tema absolutamente críptico para el ciudadano de a pie, es tapa de los grandes diarios y por eso también las asociaciones de empresas más concentradas, como el G6, salieron a respaldar públicamente la movida de Lorenzetti y Rosenkrantz, que antes de sumarse a la Corte eran abogados de muchas de esas mismas empresas.

    Escándalo judicial: Mahiques mandó el pliego de su papá y el de la esposa del juez que investiga a Karina Milei

    No se trata de teorías conspirativas. Luego de la decisión del Consejo de la Magistratura de postergar el tema, el establishment más concentrado hizo conocer su desagrado. El Grupo de los Seis (G6), integrado por la Sociedad Rural, la UIA, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción y la Asociación de Bancos, emitió un poco usual comunicado apoyando la acordada de Rosenkrantz y Lorenzetti. 

    «El G6 insta al Consejo de la Magistratura, en el marco de sus funciones y atribuciones, a aprobar con celeridad el reglamento propuesto, lo que constituiría un paso concreto hacia el fortalecimiento institucional del país», ordenaron las cámaras que reúnen a los grandes actores del poder económico.

    Detrás de discusión se juega una pelea estratégica sobre el formato que tendrá la justicia argentina. El proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz es un paso en un limitación de la injerencia de la política en los tribunales, no en favor de la democratización del poder más elitista del Estado, sino en una acentuación de ese rasgo, propiciando un mayor peso de las grandes empresas y los grandes estudios en la selección de los jueces.

    Estas tensiones quedaron en evidencia durante la reunión del Consejo de la Magistratura de este miércoles. Cuando se analizaron los temas que se tratarán en el plenario previsto del próximo 15 de abril, la iniciativa de Rosenkrantz fue postergada. Con los sofisticados modos de la justicia, el abogado César Grau, identificado con el kirchnerismo, planteó que se había emocionado con el discurso que dio Rosenkrantz este lunes cuando presentó la iniciativa y propuso que el expediente se incluyera en el orden del día pero «no para votarlo, sino para habilitar el pase a la comisión de Reglamentación». Un elogio para enterrarlo. 

    En ese momento, en lo que pareció un movimiento cordionado, Rosatti respondió que se trataba de un proyecto que debía ser analizado en detalle y profundidad, según relató a LPO uno de los consejeros presentes. Esta jugada enfrió el pedido de tratamiento perentorio formulado por Rosenkrantz y las empresas que representaba. La postura de Rosatti contó con el respaldo de los representantes de los académicos, que responden a Diego Molea, el juez Diego Barroetaveña y los abogados Jimena De la Torre y Alberto Maques, quienes responden a Mauricio Macri y Daniel Angelici, respectivamente.

    El consejero de los abogados, César Grau.

    Pero la discusión no terminó allí. Más tarde, al reunirse la comisión de Selección, presidida por Fernanda Vázquez, que accedió a su silla por la lista de la minoría de los abogados pero con el auspicio de Molea, se criticó el apuro de Lorenzetti y Rosenkrantz por modificar el reglamento vigente, bajo el argumento de eliminar la «partidización» y la «discrecionalidad».

    «Los jueces querían a Montenegro de ministro y ahora no están amigos del gobierno»

    De La Torre adelantó que está «absolutamente de acuerdo con todos los términos de la acordada» pero aclaró que el tema «deberá discutirse en la comisión de Selección y la de Reglamentación y, en todo caso, votarse en plenario». Una manera de alargar el debate. De La Torre agregó que ella es autora de uno de los 14 proyectos sobre el tema, otra manera de avisarle que son los consejeros los que discuten cómo mejorar los mecanismos de selección de jueces y son muchas las ideas en danza, no sólo las de Rosenkrantz y Lorenzetti.

    Es una acordada que ha sido presentada para ser sometida a este consejo, no es un libro cerrado ni mucho menos pero entiendo que hay muchas cosas para modificar. Es un colectivo donde los abogados seguimos viajando de parados y nos gustaría también poder sentarnos.

    Esa advertencia coincidió con una pregunta demoledora que un diputado le hizo en los últimos días a un juez de la Corte: «¿Nosotros podemos meternos con las sentencias?». La respuesta por la negativa solo ameritó una lacónica onomatopeya del legislador: «Ah».

    En la misma sintonía, el consejero Maques objetó este miércoles la premura de Rosenkrantz y Lorenzetti. «Es una acordada que ha sido presentada para ser sometida a este consejo, no es un libro cerrado ni mucho menos», afirmó y agregó: «es un colectivo donde los abogados seguimos viajando de parados y nos gustaría también poder sentarnos».

    Maques es hombre de Angelici y, por propiedad transitiva, pertenecería al mismo esquema que termina en la figura de Karina Milei, quien definió el ascenso de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y detonó la aspiración de Ricardo Lorenzetti.

    Santiago Viola, representante del Ejecutivo en el Consejo.

    Lorenzetti quedó del lado perdedor en la discusión por el Ministerio de Justicia, ya que como reveló LPO, respaldaba junto a los principales jueces de Comodoro Py la designación de Guillermo Montenegro.

    Milei le exige a Clarín que ceda 6 millones de clientes para aprobar la fusión con Telefónica

    Que se instale el tema de la necesidad de «limitar» la intervención política en la selección de jueces, justo cuando el flamante ministro Juan Bautista Mahiques remite al Senado el pliego para que de manera excepcional se extienda por cinco años la calidad de juez de la Cámara de Casación Federal de su papá, Coco Mahiques, no parece casualidad.

    Una impugnación a la que contribuye el ministro cuando de manera pública oficia como un abogado de los Milei en la causa por la criptoestafa $Libra, proponiendo cursos de acción para anular las pruebas contra el presidente y su hermana. En esa misma sintonía, parece inscribirse la decisión de Mahiques de promover el ascenso a jueza de Ana Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, que instruye la causa $Libra. Un verdadero escándalo.

    Le sirve además el tema a Lorenzetti para raspar a su eterno rival por la postulación de su hijo, Emilio Rosatti, como juez federal de Santa Fe. En el Palacio Talcahuano podía percibirse este miércoles la bronca contenida contra la publicación de Clarín que reveló que el heredero del presidente de la Corte no había sacado la nota más alta para el orden de mérito, donde había quedado 9º, pero luego de la entrevista terminó más arriba. Precisamente el proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz busca limitar el peso de las entrevistas personales en la selección del orden de mérito de los que compiten por la calidad de juez.

    Es por eso, que el deslizamiento más impactante es el que concretó Rosenkrantz, que de pasar los últimos tres años formando mayoría con Rosatti, pasó a alinearse con Lorenzetti. «Acaso ese cambio se explique por la confrontación de Milei con Clarín por las trabas para la fusión Telecom-Telefónica», analizó un consejero consultado por LPO. Rosenkrantz, antes de ser juez, fue abogado del grupo de medios al que Milei quiere imponer un draconiano pliego de condiciones para aprobarle la fusión, como reveló LPO en exclusiva.

     

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