El Intendente Marcelo Orazi y la responsable del Área Mujer y Diversidad Fabiola Parra participaron esta mañana de la presentación del programa provincial ‘Consolidarnos’ que busca fortalecer las áreas de género y diversidad municipales, a través de capacitación, asistencia técnica y financiamiento.
El acto fue encabezado por la Gobernadora Arabela Carreras, acompañada por el Ministro de Gobierno y Comunidad Rodrigo Buteler y la Secretaria de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género, Luz Val Heredia.
El programa contempla la creación de 6 Mesas Regionales de las que participarán los 39 municipios agrupados por zonas que tienen como propósito lograr un trabajo articulado con los gobiernos municipales en relación a los programas y políticas en materia de género y diversidad.
Con este objetivo, se firmará un convenio marco de colaboración, cooperación y asistencia.
“La problemática de género no puede quedar solamente en el ámbito judicial, porque ese es un camino que tiene un límite y que, en general, llega tarde. Entonces, lo que estamos buscando es trabajar en políticas que se anticipen y den respuestas más adecuadas. Que estén a la altura de la demanda que la sociedad está reclamando”, expresó en la oportunidad la Gobernadora Carreras.
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El dato surge de las estadísticas oficiales de mortalidad y muestra un salto de 21.276 fallecimientos entre 2023 y 2024 entre las personas de 65 años y más. El fenómeno adquiere mayor relevancia cuando se compara la mortalidad observada con un nivel esperado construido sobre años no pandémicos: para 2024, el cálculo arroja unas 33.500 muertes por encima de ese valor de referencia. Las cifras no permiten atribuir cada fallecimiento a una política determinada, pero sí muestran un deterioro sanitario que merece ser investigado.
Por Roque Pérez para NLI
La discusión sobre las condiciones de vida de los jubilados argentinos acaba de adquirir una dimensión que ya no puede reducirse a la evolución del haber mínimo, al precio de los medicamentos o a las protestas frente a las oficinas del PAMI. Las estadísticas oficiales de mortalidad muestran que en 2024 murieron 284.798 personas de 65 años y más, frente a 263.522 en 2023: son 21.276 fallecimientos adicionales en apenas un año. El dato surge de los Anuarios de Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación encargado de producir, analizar y difundir las estadísticas sanitarias oficiales del país.
La magnitud del salto merece ser observada con cuidado. El aumento equivale a aproximadamente 8,1% en un solo año en el número absoluto de defunciones de personas de 65 años y más. Entre los mayores de 80 años, según la comparación de las estadísticas oficiales, el incremento fue todavía más pronunciado y alcanzó aproximadamente 9,46%. No se trata, por lo tanto, de una diferencia estadística marginal ni de una fluctuación de unas pocas centenas de casos: son decenas de miles de fallecimientos adicionales dentro de la población de mayor edad.
Qué significa realmente hablar de exceso de mortalidad
Para interpretar correctamente estos números hay que introducir un concepto fundamental de epidemiología: el exceso de mortalidad. No consiste simplemente en comparar un año contra el anterior, porque la cantidad de personas que mueren naturalmente puede variar por envejecimiento poblacional, estructura etaria, tamaño de la población y otros factores. La pregunta estadísticamente más interesante es otra: ¿cuántas muertes podían esperarse razonablemente en 2024 y cuántas ocurrieron efectivamente?
Tomando como referencia los valores que venimos analizando para 2017, 2018, 2019 y 2023, es decir, años que permiten evitar el comportamiento extraordinario producido por la pandemia de COVID-19, el promedio de defunciones de personas de 65 años y más se ubica en torno de 251.255 muertes anuales. Frente a las 284.798 efectivamente registradas en 2024, la diferencia alcanza aproximadamente 33.543 fallecimientos.
Ese cálculo debe ser presentado con precisión: 33.543 significa que la cantidad observada en 2024 estuvo aproximadamente 33.500 por encima del nivel obtenido mediante esa referencia estadística. Un salto de semejante magnitud entre la mortalidad esperada y la observada constituye una señal sanitaria que requiere explicación. Y la explicación no puede construirse solamente mirando las estadísticas de mortalidad: hay que cruzarlas con el acceso a medicamentos, consultas, tratamientos, vacunación, alimentación, ingresos previsionales, internaciones y utilización efectiva del sistema sanitario.
El dato aparece en el primer año completo de Milei
La dimensión política de la cifra surge de una circunstancia temporal imposible de ignorar: 2024 fue el primer año calendario completo de la presidencia de Javier Milei. El nuevo gobierno asumió el 10 de diciembre de 2023 y durante 2024 implementó una política económica caracterizada por una fuerte reducción del gasto público, contracción de distintas partidas sociales y modificaciones en los mecanismos de acceso a medicamentos para los afiliados del PAMI.
La coincidencia temporal, por sí sola, no prueba que las políticas implementadas por el Gobierno hayan provocado las muertes. Pero sí establece un período concreto para investigar. La pregunta relevante deja de ser simplemente cuántos jubilados murieron y pasa a ser qué ocurrió con las causas de esas muertes y con las condiciones sanitarias y económicas de esa población durante el mismo período.
La ausencia de datos oficiales de mortalidad correspondientes a 2025 constituye hoy una limitación importante. La DEIS ya tiene publicado el anuario de Estadísticas Vitales 2024, pero la serie oficial de 2025 todavía no está disponible.
Medicamentos, ingresos y salud: la explicación que todavía debe investigarse
La cuestión de los medicamentos ocupa un lugar central en el debate porque para una parte importante de la población mayor el tratamiento farmacológico no constituye un gasto prescindible sino una condición para mantener bajo control enfermedades crónicas. Hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, patologías respiratorias y múltiples afecciones propias de edades avanzadas requieren tratamientos sostenidos y, en muchos casos, combinaciones de medicamentos.
Por eso, una interrupción, reducción o postergación de tratamientos puede tener consecuencias sanitarias. La propia estadística sanitaria permite avanzar en esa dirección. Hay además un elemento demográfico que obliga a ser todavía más rigurosos: una población envejecida naturalmente registra más fallecimientos, aun cuando las condiciones sanitarias no empeoren. Por eso, comparar solamente 2023 contra 2024 puede sobreestimar o subestimar la dimensión real del fenómeno. El análisis de exceso de mortalidad intenta justamente corregir parcialmente esa dificultad mediante una referencia histórica.
Lo que muestran los números disponibles es, en consecuencia, más serio que una simple consigna política. Argentina registró en 2024 un aumento excepcional de las muertes entre las personas de 65 años y más respecto de 2023, después de la salida de los años extraordinarios de la pandemia. Y cuando se utiliza una referencia estadística no pandémica, la mortalidad observada queda muy por encima del promedio utilizado como línea de comparación.
Eso no permite mirar hacia otro lado frente a 33.543 muertes por encima de ese nivel de referencia y atribuirlas simplemente al azar demográfico. La discusión política, en definitiva, debería empezar por reconocer ese dato. La vida de las personas mayores no puede medirse solamente por cuánto aumenta nominalmente una jubilación o por cuánto dice el Gobierno que gasta en una obra social. También debe medirse por su capacidad efectiva de acceder a medicamentos, controles, tratamientos, alimentación y atención médica. Si en el primer año completo del gobierno de Milei la mortalidad de los mayores de 65 años saltó en más de 21.000 casos respecto del año anterior y alcanzó un nivel aproximadamente 33.500 fallecimientos superior a la referencia estadística utilizada en este análisis, el fenómeno exige una investigación sanitaria profunda.
Y esa investigación tiene que continuar: cuánto de este exceso responde a la estructura demográfica, cuánto a las secuelas de la pandemia y cuánto podría estar asociado con el deterioro de las condiciones sociales y sanitarias de los adultos mayores durante la nueva etapa económica.
Por ahora, el dato oficial ya plantea una pregunta incómoda para el Gobierno: en 2024 murieron 21.276 personas de 65 años y más que el año anterior. Y una democracia que pretende proteger a sus mayores debería considerar ese número no como una molestia estadística, sino como una señal que merece ser explicada con la máxima rigurosidad.
Fuentes principales: Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación, Estadísticas Vitales – Año 2023 y Estadísticas Vitales – Año 2024; registros oficiales de mortalidad y análisis estadístico de exceso de mortalidad. La DEIS es el organismo nacional responsable de producir y analizar las estadísticas vinculadas con las condiciones de vida y los problemas de salud.
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El equipo económico empezó a liberar pesos en el mercado para forzar una baja de las tasas de interés y tratar de reactivar una economía que no termina de despegar. La estrategia marca un cambio respecto del fuerte apretón monetario de los últimos meses, que permitió contener al dólar pero llevó el costo del dinero a niveles que terminaron golpeando al crédito y la actividad.
Un informe de Martín Mejía, analista de la Oficina de Inversiones de Cohen puso números a ese proceso y señaló que la base monetaria se contrajo más de 20% en términos reales durante los últimos 12 meses. La caída se profundizó durante agosto y, según la sociedad de Bolsa, provocó una escasez de liquidez que fue una de las principales causas del salto de las tasas de interés.
La señal más reciente del cambio apareció en la última licitación de deuda. El Tesoro enfrentaba vencimientos por $12,67 billones, pero decidió renovar $12,16 billones, un rollover de 95,96%. De esa manera, dejó algo más de $500.000 millones en manos del mercado en lugar de ofrecer una tasa mayor para absorberlos.
Para Cohen, la decisión no fue accidental. La consultora considera que la liberación de esos pesos contribuye a frenar la contracción monetaria y debería empujar las tasas hacia abajo. De hecho, la TAMAR, que había llegado al 26%, terminó la última semana de agosto en 25,2%.
Justina Gedikian, estratega de Renta Fija de Cohen, anticipó a LPO que este movimiento podría profundizarse en las próximas colocaciones. «En las próximas licitaciones deberíamos empezar a ver al Tesoro liberando algo más de liquidez al mercado, lo que permitiría que las tasas comiencen a relajarse», afirmó.
Sin embargo, Gedikian advirtió que Economía tiene poco margen para acelerar ese proceso sin poner en peligro otras variables del programa. «Ese alivio tendría que ser acotado, para no tensionar el tipo de cambio y no poner en riesgo el proceso de desinflación», agregó.
En las próximas licitaciones deberíamos empezar a ver al Tesoro liberando algo más de liquidez al mercado, lo que permitiría que las tasas comiencen a relajarse. Pero ese alivio tendría que ser acotado, para no tensionar el tipo de cambio y no poner en riesgo el proceso de desinflación.
La decisión del Tesoro se suma a los movimientos que ya había realizado el Banco Central. 1816 destacó que el 19 de agosto la autoridad monetaria compró $1,3 billones de la Lecap S31G6, en lo que calificó como la mayor operación de mercado abierto del año. Para la consultora, esa intervención fue determinante para ponerle un techo a las tasas de muy corto plazo.
Así, Economía comenzó a actuar por dos vías. Por un lado, el Central aportó liquidez mediante la compra de títulos en el mercado secundario. Por el otro, el Tesoro dejó de intentar renovar cada peso que vencía y permitió que unos $500.000 millones quedaran disponibles en el sistema financiero.
Detrás del cambio aparece una preocupación creciente por la actividad. Cohen sostiene que el objetivo de fondo de la baja de tasas es acelerar la economía real. Si bien el último EMAE mostró una recuperación, el nivel de actividad continúa lateralizado y todavía se mantiene por debajo del máximo alcanzado en marzo. Comercio, industria y construcción aparecen entre los sectores más perjudicados por el elevado costo financiero.
La misma lectura hizo Adcap, que describió un cambio en el equilibrio de la política económica. Según la consultora, durante agosto el Gobierno restringió fuertemente la liquidez para contener al dólar, pero el salto posterior de las tasas terminó contaminando toda la curva y aumentando las dificultades para el crédito, la actividad y el propio financiamiento del Tesoro.
El problema para Caputo es que liberar pesos tampoco resulta gratuito. Cohen advierte que, si las tasas continúan bajando, una parte de los inversores puede abandonar las colocaciones en moneda local y buscar cobertura en dólares. Eso podría generar nuevas presiones sobre el tipo de cambio, que sigue siendo una de las principales anclas del programa de desinflación.
De hecho, 1816 observó una relación directa entre ambos movimientos. Después de la compra de $1,3 billones de bonos por parte del Central y la consecuente baja de las tasas, el dólar oficial superó los $1.500. Adcap también señaló que el Gobierno parece haber aceptado una mayor flexibilidad cambiaria a cambio de conseguir tasas más bajas y una mayor liquidez.
El dilema que enfrenta Economía es cada vez más evidente. Mantener una escasez extrema de pesos ayuda a contener la demanda de dólares, pero encarece el financiamiento y profundiza el freno de la actividad. Liberar liquidez permite descomprimir las tasas y recuperar el crédito, pero aumenta el riesgo de que una parte de esos pesos termine buscando cobertura cambiaria.
Por eso, el movimiento de las últimas semanas supone una recalibración de la estrategia más que un abandono del esquema monetario. Después de utilizar las tasas altas para sostener el frente cambiario, Caputo empezó a liberar pesos para intentar darle aire a una economía que muestra dificultades para recuperar impulso. El desafío será conseguir que esa liquidez termine en crédito y actividad antes que en una nueva presión sobre el dólar.
La Municipalidad de Villa Regina, a través de la Dirección de Tránsito y Protección Civil, solicita a los vecinos tener en cuenta las siguientes recomendaciones por la realización del Rally Ciudad de Villa Regina. En principio, el día viernes mantener liberado el estacionamiento de la Avenida 9 de Julio margen norte desde calle Irigoyen hasta…
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