El Intendente Marcelo Orazi y la responsable del Área Mujer y Diversidad Fabiola Parra participaron esta mañana de la presentación del programa provincial ‘Consolidarnos’ que busca fortalecer las áreas de género y diversidad municipales, a través de capacitación, asistencia técnica y financiamiento.
El acto fue encabezado por la Gobernadora Arabela Carreras, acompañada por el Ministro de Gobierno y Comunidad Rodrigo Buteler y la Secretaria de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género, Luz Val Heredia.
El programa contempla la creación de 6 Mesas Regionales de las que participarán los 39 municipios agrupados por zonas que tienen como propósito lograr un trabajo articulado con los gobiernos municipales en relación a los programas y políticas en materia de género y diversidad.
Con este objetivo, se firmará un convenio marco de colaboración, cooperación y asistencia.
“La problemática de género no puede quedar solamente en el ámbito judicial, porque ese es un camino que tiene un límite y que, en general, llega tarde. Entonces, lo que estamos buscando es trabajar en políticas que se anticipen y den respuestas más adecuadas. Que estén a la altura de la demanda que la sociedad está reclamando”, expresó en la oportunidad la Gobernadora Carreras.
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El talón de Aquiles del proyecto de reelección de Martín Llaryora como gobernador de Córdoba es la gestión de la capital provincial de Daniel Passerini, que arrastra muy bajos niveles de aceptación. Muy consciente de este flanco, el gobernador lanzó un impactante plan de obras para las principales ciudades de la provincia, pero que tiene como eje a Córdoba Cital.
«No hay nada, si no existe Llaryora 2027. En otras palabras: en Córdoba, el peronismo se acaba por un buen tiempo si se termina Llaryora». Así graficó una de las personas que más conoce al gobernador cordobés el escenario que vive el oficialismo provincial de cara al 2027 y donde el único objetivo que prevalece al resto es el operativo reelección del mandatario.
Dentro de ese marco, la primera consigna es surfear la ola de la sintonía fina con la Nación sin alterar al peronismo duro, pero dando señales al Círculo Rojo y, en este tramo, diferenciarse del modelo libertario sin gritar ni exponerlo. Esto último con fondos que empezarán a derramar en los municipios más grandes de la provincia de Córdoba en formato de obras y por un monto global que alcanza los 130 mil millones de pesos.
La consigna es impregnar la lógica en las ciudades más grandes de un gobernador que fue intendente y que considera que lo básico debe estar al cien por ciento: bacheo, alumbrado y espacios verdes. Parte de lo que hizo en la capital cordobesa antes de ser gobernador.
«Llaryora es muy del intendente del interior del interior y lo va a repetir en las ciudades grandes. Lógicamente, entiende que Córdoba no está como cuando él era intendente y la Ciudad será la que más reciba esos fondos, hay que levantar la imagen en la Capital para lograr la reelección», dijo un funcionario que conoce detalles de esa inyección de fondos para obras, que incluyen la construcción de dos grandes viaductos elevados, uno inaugurado semanas atrás y otro en marcha.
Llaryora entiende que Córdoba no está como cuando él era intendente y la Ciudad será la que más reciba esos fondos, hay que levantar la imagen en la Capital para lograr la reelección.
Pero además de la capital cordobesa se incluirá en el plan de obras a Río Cuarto, San Francisco, Villa María, Alta Gracia y también aquellas que no son gobernadas por el PJ, siempre y cuando haya sintonía con el intendente.
En el entorno del gobernador saben que hay municipios que están al límite y sienten, desde hace varios meses, la ausencia de llegada de fondos de la Nación. Suplir eso es una manera de diferenciarse sin lanzar dardos en redes o mensajes públicos.
El intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini.
Por otro lado, la relación de Llaryora y Passerini, entró en una fase de menos tensión según reconocen en ambos campamentos.
«Hubo una propalación de ambos lados que no le sirvió a nadie. Entonces, creo que lo mejor fue entender que el objetivo es uno solo y que para que se cumpla se tienen que dar una serie de factores. Entre ellos levantar el caudal de votos en la Ciudad que tiene una caída y no sólo por responsabilidad de Daniel», dijo un funcionario provincial.
Acá se abren dos aspectos en la necesidad de revincularse de Llaryora con la capital cordobesa: por un lado, con la sociedad para repuntar en términos de imagen a cuando él fue intendente; por el otro, igual de complejo, con la dirigencia del PJ capitalino. Atento a la carrera por la intendencia y los ruidos que contó en su momento LPO.
Para ambos, la receta puede estar en relacionarse de la manera que lo hizo el exgobernador Juan Schiaretti cuando decidió, hace cuatro años, aplacar las tensiones con el llaryorismo entendiendo el objetivo de sucesión de aquel momento.
Sin embargo, dentro de esa lógica apareció un factor que hizo ruido. Por su rol en el peronismo de la capital cordobesa, pero también por la banca que ocupa en el Senado. Ámbito clave de la negociación entre Milei y Llaryora.
La senadora Alejandra Vigo.
Porque la senadora Alejandra Vigo, la esposa de Schiaretti, decidió desmarcarse de manera muy anticipada a la discusión por la venta ilimitada de tierras a extranjeros, anticipó su rechazo y le quita un voto central en la negociación que Karina mandó a hacer a Patricia Bullrich. Esto no cayó bien en el seno del llaryorismo que busca otra relación con Casa Rosada.
«Es coherente con lo que hizo siempre, no sorprende», dijo un llaryorista puro sobre la actitud de la esposa del exgobernador.
Después de 30 años terminó la concesión privada de las represas hidroeléctricas de Tucumán. Milei abrió una transición y crecen las incógnitas sobre su futuro.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Treinta años después de haber sido entregadas en concesión durante la ola privatizadora del menemismo, las represas hidroeléctricas de Tucumán llegaron al final del contrato que las mantenía bajo administración privada. La decisión del Gobierno de Javier Milei de establecer un período de transición, en lugar de renovar automáticamente la concesión o anunciar una nueva licitación, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino de un conjunto de activos estratégicos para la generación eléctrica y para el manejo del recurso hídrico de la provincia.
El final de una concesión nacida al calor del modelo privatizador de los años 90
La resolución de la Secretaría de Energía que puso en marcha la transición de las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo marca un nuevo capítulo en la larga historia de las privatizaciones argentinas, un proceso que comenzó a principios de la década del noventa y que transformó profundamente la relación entre el Estado y los servicios considerados estratégicos.
Durante el gobierno de Carlos Menem, y luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado en 1989, la Argentina ingresó en una etapa de transferencia al sector privado de empresas y activos que durante décadas habían sido administrados por organismos estatales. Bajo la promesa de mejorar la eficiencia, atraer inversiones y reducir la participación estatal en la economía, el Gobierno nacional avanzó sobre sectores como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios públicos.
En ese contexto, la generación hidroeléctrica también fue alcanzada por el proceso privatizador. Muchas de las obras construidas durante décadas con financiamiento público fueron entregadas bajo esquemas de concesión a empresas privadas, que pasaron a administrar la explotación comercial de centrales que seguían teniendo una importancia estratégica para el sistema energético nacional.
Así nació Hidroeléctrica Tucumán S.A., la empresa que recibió la concesión de los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres instalaciones fundamentales para la provincia. El contrato firmado en 1996 estableció un plazo de explotación privada de 30 años, período que comenzó formalmente el 30 de julio de ese año y llegó a su vencimiento en julio de 2026.
La fecha de finalización no fue una sorpresa ni una decisión política tomada de manera repentina: estaba contemplada desde el inicio del contrato. Sin embargo, su llegada obliga ahora al Estado a definir qué hacer con un patrimonio energético que vuelve a quedar bajo su órbita después de tres décadas.
Qué decidió el Gobierno de Milei y por qué no implica una estatización
La Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, no dispuso una estatización de las represas ni anunció la creación de una nueva empresa pública para administrarlas. Lo que hizo fue activar el mecanismo previsto en el contrato de concesión para garantizar la continuidad operativa durante una etapa intermedia, evitando que el vencimiento del vínculo privado genere un vacío de gestión sobre instalaciones que requieren supervisión permanente.
El Gobierno estableció un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026, durante el cual Hidroeléctrica Tucumán S.A. continuará operando las centrales bajo un régimen especial, mientras la autoridad energética nacional supervisará el funcionamiento de los complejos.
Para esa tarea fue designada la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor estatal, con la responsabilidad de controlar la operación, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y garantizar que las condiciones de seguridad de las represas permanezcan intactas. Además, se invitó a la Provincia de Tucumán a participar mediante la designación de un representante.
La medida responde a una cuestión central: una central hidroeléctrica no puede simplemente cambiar de manos de un día para otro. Se trata de infraestructura compleja, vinculada no sólo a la generación de electricidad sino también al manejo del agua, la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo y la planificación energética de largo plazo.
Por eso, aunque la concesión terminó formalmente, la operación continúa bajo un esquema transitorio mientras el Gobierno define el próximo paso.
Los bienes vuelven al Estado después de 30 años
Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el vencimiento de la concesión implica el retorno al Estado de los bienes afectados al servicio, tal como estaba establecido en el contrato original firmado durante la década del noventa.
No se trata de una expropiación ni de una compra. La lógica contractual establecía que, al finalizar el período de explotación privada, las instalaciones, equipamientos y activos vinculados al funcionamiento de las centrales debían quedar nuevamente bajo control estatal.
Ese punto resulta significativo porque muestra una diferencia entre el discurso político que acompañó las privatizaciones de los años 90 y la realidad jurídica de muchos de esos contratos: las concesiones privadas no implicaban una transferencia definitiva de la propiedad de los recursos estratégicos, sino un derecho temporal de explotación.
Ahora, tres décadas después, el Estado vuelve a estar frente a la responsabilidad de decidir cómo administrar esos activos.
La paradoja de un Gobierno que busca privatizar frente al vencimiento de una privatización
El caso tucumano presenta además una particular contradicción política para la administración de Javier Milei.
Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó una agenda basada en la reducción del Estado, la apertura económica y la privatización de empresas públicas consideradas ineficientes. Sin embargo, en este caso específico, una concesión privada heredada de la década menemista llegó a su fin y obligó al Estado a asumir nuevamente un rol de supervisión directa.
La administración nacional tenía distintas alternativas frente al vencimiento: extender la concesión, avanzar rápidamente hacia una nueva licitación o establecer un esquema transitorio. Finalmente optó por esta última opción, dejando abierta la definición sobre el futuro de las centrales.
La resolución no determina si habrá una nueva privatización, si se buscará un esquema mixto con participación estatal y privada o si el Estado mantendrá algún tipo de control directo sobre las represas. Esa indefinición será uno de los puntos centrales del debate energético en los próximos meses.
Un recurso estratégico que vuelve al centro de la discusión
Más allá de la discusión contractual, las represas tucumanas representan un activo estratégico que excede la generación eléctrica. Los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo cumplen funciones vinculadas al almacenamiento y regulación del agua, al desarrollo productivo regional y a la infraestructura energética de la provincia.
Por eso, la discusión sobre su futuro no es solamente empresarial: implica definir qué papel tendrá el Estado en la administración de recursos considerados esenciales y cuál será la relación entre la inversión privada y la planificación pública en áreas sensibles.
La resolución publicada por el Gobierno marca el cierre formal de una etapa iniciada durante el menemismo, cuando una parte importante del patrimonio energético argentino pasó a manos privadas mediante contratos de concesión de largo plazo. Ahora comienza una nueva fase, todavía abierta, en la que deberá definirse si el final de aquella privatización será simplemente el comienzo de otra concesión o si representará un cambio más profundo en la forma de administrar la energía hidroeléctrica tucumana.
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