El Intendente Marcelo Orazi y la responsable del Área Mujer y Diversidad Fabiola Parra participaron esta mañana de la presentación del programa provincial ‘Consolidarnos’ que busca fortalecer las áreas de género y diversidad municipales, a través de capacitación, asistencia técnica y financiamiento.
El acto fue encabezado por la Gobernadora Arabela Carreras, acompañada por el Ministro de Gobierno y Comunidad Rodrigo Buteler y la Secretaria de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género, Luz Val Heredia.
El programa contempla la creación de 6 Mesas Regionales de las que participarán los 39 municipios agrupados por zonas que tienen como propósito lograr un trabajo articulado con los gobiernos municipales en relación a los programas y políticas en materia de género y diversidad.
Con este objetivo, se firmará un convenio marco de colaboración, cooperación y asistencia.
“La problemática de género no puede quedar solamente en el ámbito judicial, porque ese es un camino que tiene un límite y que, en general, llega tarde. Entonces, lo que estamos buscando es trabajar en políticas que se anticipen y den respuestas más adecuadas. Que estén a la altura de la demanda que la sociedad está reclamando”, expresó en la oportunidad la Gobernadora Carreras.
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La pelea minera en San Juan no es por el cobre. Es por la energía. Vicuña, sociedad de BHP y Lundin Mining, quedó en el centro de una disputa con otras empresas por la capacidad de transporte de una línea eléctrica clave para el desarrollo cuprífero en el norte provincial. La empresa promete una inversión histórica de USD 18.000 millones, pero antes de activar los desembolsos pidió prioridad sobre casi toda la capacidad de transporte eléctrico disponible.
El dato político pesa. El 17 de febrero, Javier Milei recibió en Casa Rosada a Ron Hochstein, CEO global de Vicuña Corp. y a José Morea, country director de la compañía. También estuvieron Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. El Gobierno presentó el encuentro como respaldo a la mayor inversión extranjera directa de la historia de San Juan.
Morea no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo, entonces funcionario de Macri. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
Al día siguiente de la reunión en Casa Rosada, el ENRE difundió la Resolución 79/2026. El trámite había sido presentado por Transener a pedido de Vicuña Argentina para abastecer la fase 1 de Josemaría, que requiere 260 MW de potencia. La obra incluye la vinculación de la línea Nueva San Juan-Rodeo, la construcción de la estación transformadora Chaparro y una nueva línea de extra alta tensión de 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro. El lobby de la minera, apadrinada por Caputo, tuvo una eficacia eléctrica, que no cayó bien en otros jugadores importantes del sector minero.
El punto que encendió la guerra fue el beneficio regulatorio. La resolución le otorgó a Vicuña prioridad de uso frente a terceros por el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. Según los cálculos de Cammesa, eso equivale al 71% de la capacidad total de una línea de 854 MVA. La misma prioridad alcanza a la nueva línea Rodeo-Chaparro y a la nueva estación Chaparro. Todo por 25 años.
José Morea, country manager de Vicuña no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
La infraestructura no nació de un repollo privado. La línea Nueva San Juan-Rodeo fue concebida para operar en 500 kV, aunque inicialmente funciona en 132 kV. Tiene unos 162 kilómetros y fue financiada con aportes nacionales, provinciales y recursos de los usuarios sanjuaninos a través de fondos como el PIEDE. Es decir: la obra que ahora disputan las mineras fue pagada durante años por la provincia y por los argentinos.
Vicuña sostiene que no se apropia de nada. Su argumento es que financiará obras nuevas para fortalecer el sistema y que la capacidad incremental quedará dentro del SADI, operada por la transportista. Traducido: asegura que va a agrandar la ruta y que por eso pide carril preferencial. En una empresa competidora lo resumen con menos cortesía: «Todavía no pusieron nada, pero ya pidieron mucho».
El problema es que en San Juan nadie mira esa ruta como una autopista vacía. El EPRE provincial advirtió que la capacidad del corredor no es un excedente disponible sino un recurso estratégico para abastecer la demanda actual y futura de la provincia. También reclamó que Vicuña sea tratada como beneficiaria no iniciadora de una obra que ya fue financiada por otros.
La audiencia pública de este miércoles, convocada por el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, no fue vinculante, pero dejó expuesto el conflicto. El expediente trató el acceso a 260 MW para Josemaría y la ampliación del sistema de transporte eléctrico. Participaron empresas, organismos provinciales y los municipios afectados.
Ahí aparecieron los otros jugadores. Los Azules, Hualilán, Barrick y Gualcamayo plantearon objeciones técnicas, legales y regulatorias. Barrick condicionó su apoyo a que se respeten sus derechos históricos de transporte. Gualcamayo pidió resguardar su potencia energética. Hualilán cuestionó la reserva de capacidad. Los Azules fue más lejos y habló de una prioridad desproporcionada.
En la audiencia pública para definir el acceso prioritario de Vicuña a la línea de alta tensión su competidora de Los Azules habló de una preferencia desproporcionada.
Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, dijo que una prioridad por 25 años sobre infraestructura ya construida equivale en los hechos a una exclusividad sobre un corredor estratégico del SADI. Y agregó que la audiencia debía servir para corregir el acto y preservar la coherencia regulatoria.
También hay que decirlo: No hay ingenuidad en esa pelea. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán defienden sus propios proyectos, sus cronogramas y su acceso a la red. Nadie fue a la audiencia sólo por amor al usuario residencial. Cada uno cuida su pedazo de montaña.
Pero esa disputa empresaria no borra el problema de fondo. Si una sola minera se queda con casi toda la capacidad disponible, Jáchal e Iglesia pueden quedar atados a una red sin margen. El efecto no sería sólo sobre otros proyectos mineros. También puede golpear emprendimientos agrícolas, industriales y comerciales que necesiten energía para crecer.
Los municipios del norte sanjuanino viven de una trama minera diversificada. Gualcamayo, Veladero, Los Azules, Hualilán y Josemaría no son nombres en un PowerPoint: son regalías, empleo, proveedores, rutas, campamentos y recaudación. Si el sistema eléctrico queda capturado por un solo jugador, la provincia queda pegada a una ventanilla única.
El otro temor es más cotidiano. El EPRE pidió acuerdos de mitigación para evitar que una demanda gigante como la de Josemaría deteriore la calidad del servicio. En los pueblos, eso se traduce sin tecnicismos: bajas de tensión, cortes o inestabilidad. La minería mira 500 kV; los vecinos miran la heladera, la bomba de agua y la luz de la casa.
El Gobierno nacional defiende el RIGI y presenta a Vicuña como una postal de la Argentina que viene, pero apareció por una pregunta vieja: quién decide sobre una infraestructura pública cuando el negocio privado necesita pasar primero.
El gobierno de San Juan que conduce Marcelo Orrego tiene un desafío interesante: De un lado, una inversión que puede cambiar la escala minera del país. Del otro, una red financiada por el Estado y por usuarios durante años, que enfrenta la presión de grupo de empresas que compite para entrar al mismo corredor. La montaña promete dólares, pero abajo la pelea es por el cable.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que el ciclo ‘Cine en mi barrio’ tendrá continuidad este fin de semana en el Pulmón Ecológico y barrios Este y Provincial. La película ‘Amadrinadas’, comedia de fantasía, se proyectará a partir de las 21 horas según el siguiente cronograma: -Viernes 19: Pulmón Ecológico…
El llaryorismo decidió apuntar todos los dardos a la compleja situación que atraviesa Marcos Carasso, el radical que en el 2023 fue compañero de fórmula y candidato a vicegobernador de Luis Juez. En aquel momento, Carasso era, además, el presidente de la UCR cordobesa; situación por la que el senador aliado de Javier Milei lo eligió para completar el binomio y tratar de contar con la totalidad del respaldo radical. Algo que tampoco ocurrió.
Ahora, a casi tres años de aquellos comicios, el panorama para Carasso se complicó porque fue imputado en una causa en la que se investiga sobrefacturación en Pami. Motivo por el que fue allanado la semana pasada en su domicilio particular, en la localidad de General Cabrera, como así también en las oficinas que ocupa en la capital cordobesa en el Tribunal de Cuentas, el organismo que controla el juecismo. Y desde el que incomoda y presiona la gestión de Llaryora.
Por esto, en las últimas horas Carasso terminó imputado por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa. En una maniobra en la que se investiga asociación ilícita y defraudación al Estado por casi 1400 millones de pesos en la obra social nacional.
De acuerdo con lo que se desprende de la investigación, el radical, que es licenciado en Kinesiología podría estar vinculado a una empresa de servicios médicos en General Cabrera, localidad de la que también fue intendente, que proveía prestaciones a Pami. Y es ahí adonde apunta la investigación de la Justicia federal.
La situación es curiosa por distintos motivos. Entre ellos, porque hace algunas semanas, cuando los intendentes reclamaron a la Nación por el envío de los fondos adeudados de Pami, el libreto libertario, los socios de Juez, fue: «que se dejen auditar». Auditoría que, en el caso de Carasso, se vuelve en contra.
No sólo porque Carasso fue candidato a vice de Juez, sino porque el propio senador le dio trabajo dentro del Tribunal de Cuentas con un sueldo que roza los cuatro millones de pesos.
Por esta situación, cuando esta mañana Rodrigo de Loredo fue consultado en una entrevista con La Voz dijo: «por eso, pregúntenle a Juez». Y se despegó de inmediato de Carasso, con quien nunca tuvo una buena relación.
No obstante, en el llaryorismo fueron por un paso más. Presentaron un pedido de informes en la Unicameral que fue impulsado por el jefe del bloque del oficialismo y presidente del PJ, Facundo Torres. «Hace apenas unos días vimos a dirigentes de la oposición hacer carancheo político incluso en medio de una situación dolorosa que conmocionó a toda la provincia. No faltó nada: conferencias de prensa, declaraciones, videos para redes, fotos, pedidos de jury y una carrera por llegar primero al micrófono», dijo Torres.
Y agregó que «sin embargo, cuando la situación involucra al radical Marcos Carasso, ex diputado nacional, ex candidato a vicegobernador de Luis Juez e integrante de la lista que nucleó en su momento a la absoluta mayoría de quienes hoy integran la oposición en la Legislatura, el silencio parece imponerse de golpe».
En el peronismo dicen que Carasso fue candidatos de la gran mayoría de la oposición -radicalismo, juecismo, un sector del PRO y también de un neolibertario-, con lo cual deberían responder por la situación del radical oriundo del sur provincial.
La causa en la que se investiga al radical tuvo su primer impacto hace unos días, pero puede ser mayor el golpe en los próximos días. Porque en el pedido de informes, el peronismo sumó el nombre de Claudio Suchecki, el cuñado de Juez y hombre que se desempeñó en distintos cargos dentro del Estado en los que el juecismo tuvo injerencia.
Este lunes 20 se llevó adelante el primer examen en el marco del concurso interno para cubrir cargos en la planta permanente del Ejecutivo municipal. De esta manera se avanza con el proceso iniciado tiempo atrás producto de la decisión del Intendente Marcelo Orazi en acuerdo con los gremios. Con el objetivo de llevarles la…
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