El Intendente Marcelo Orazi y la responsable del Área Mujer y Diversidad Fabiola Parra participaron esta mañana de la presentación del programa provincial ‘Consolidarnos’ que busca fortalecer las áreas de género y diversidad municipales, a través de capacitación, asistencia técnica y financiamiento.
El acto fue encabezado por la Gobernadora Arabela Carreras, acompañada por el Ministro de Gobierno y Comunidad Rodrigo Buteler y la Secretaria de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género, Luz Val Heredia.
El programa contempla la creación de 6 Mesas Regionales de las que participarán los 39 municipios agrupados por zonas que tienen como propósito lograr un trabajo articulado con los gobiernos municipales en relación a los programas y políticas en materia de género y diversidad.
Con este objetivo, se firmará un convenio marco de colaboración, cooperación y asistencia.
“La problemática de género no puede quedar solamente en el ámbito judicial, porque ese es un camino que tiene un límite y que, en general, llega tarde. Entonces, lo que estamos buscando es trabajar en políticas que se anticipen y den respuestas más adecuadas. Que estén a la altura de la demanda que la sociedad está reclamando”, expresó en la oportunidad la Gobernadora Carreras.
Tras más de un mes de demora desde la promesa que hizo Patricia Bullrich a productores e intendentes, el gobierno de Javier Milei comunicó el giro de 1.046 millones a municipios bonaerenses golpeados por las inundaciones durante 2025.
Pero los giros gestionados a través del Fondo para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios solo llegaron a 10 de los 20 distritos previstos desde aquella visita de Bullrich a Nueve de Julio, epicentro de las inundaciones.
En concreto, la transferencia de Aportes No Reintegrables fue para Laprida, Roque Pérez, Carlos Tejedor, Las Flores, Carlos Casares, General Guido, Veinticinco de Mayo, Bolívar, Monte y Nueve de Julio.
Sin embargo, quedaron excluidos otros municipios donde el agua tuvo un paso devastador, como Bragado.
El convenio está firmado, así que espero que en algún momento lo cumplan, sino tendremos que enviar una carta documento para recordarlo
«Acá no llegó nada. Nosotros habíamos firmado un convenio por 61 millones de pesos, que era lo que ellos determinaron que le correspondía a Bragado pero no lo han enviado», dijo a LPO el intendente de esa comuna, el axelista Sergio Barenghi.
Frente a eso, el jefe comunal de Bragado analiza iniciar acciones legales en caso de que no lleguen los recursos. «El convenio está firmado, así que espero que en algún momento lo cumplan, sino tendremos que enviar una carta documento para recordarlo», agregó.
Bragado integra el lote de municipios del noroeste bonaerense más afectado por las inundaciones. A noviembre, un estudio de Carbap detalló que fueron 41.900 las hectáreas afectadas por el agua en Bragado.
La bronca de algunos intendentes ya se venía visibilizando por la demora y la falta de comunicación en torno a esa ayuda prometida, que de todas formas consideran exigua en un contexto de extrema complejidad para cumplir con los pagos de fin de año.
«A mí no llegó nada. Apenas pude pagar el sueldo de diciembre y aguinaldos con las migajas», dijo otro intendente consultado.
Además, hay quejas por la escasez de maquinarias nacionales para trabajar en el arreglo de caminos rurales que habían quedado intransitables.
El desastre de las inundaciones en la provincia fue mensurado recientemente en el campo, donde salieron a advertir que en 2026 dejarán de ingresar 2.000 millones de dólares por las inundaciones que golpean al centro y noroeste de la provincia.
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Otra vez el «periodista» queda expuesto tras una montaña de billetes.
Por Roque Pérez para NLI
Mientras se presenta como periodista “crítico” del poder, Luis Majul volvió a quedar en el centro de la polémica por el cobro de cuantiosas sumas de dinero provenientes, en esta ocasión, de la pauta oficial del gobierno de Córdoba. Una investigación periodística reveló los montos millonarios que recibió su productora durante años y expuso una relación incómoda entre medios, negocios y poder político.
La trama quedó al descubierto a partir de una investigación de Data 24, que reconstruyó el flujo de fondos públicos que terminaron en manos de La Cornisa Producciones S.A., la empresa ligada a Luis Majul, a través de contratos de pauta oficial con la provincia de Córdoba. Los datos surgen de registros oficiales y muestran que el vínculo económico con el Estado provincial se sostuvo tanto durante la gestión de Juan Schiaretti como en la actual administración de Martín Llaryora.
Según la investigación, entre 2020 y 2023 la productora de Majul facturó decenas de millones de pesos bajo el concepto de “publicidad y difusión de actos de gobierno”. Al actualizar esas cifras por inflación, el volumen real del dinero recibido resulta todavía más impactante: más de 60 millones de pesos en los primeros años, cerca de 59 millones en 2022 y más de 100 millones de pesos ajustados en 2023, un año atravesado por la campaña electoral.
Pauta, relato y silencios convenientes
Uno de los datos que más llama la atención es que, tras no percibir fondos durante 2024, en 2025 la pauta volvió a fluir: el gobierno de Llaryora habría destinado 12 millones de pesos adicionales a la empresa de Majul. La secuencia refuerza la sospecha de que la pauta oficial funciona como herramienta de disciplinamiento, premio o negociación política, incluso con periodistas que en pantalla construyen un discurso de confrontación permanente.
La contradicción es evidente: Majul es una de las caras mediáticas más identificadas con el antiperonismo, con editoriales durísimas contra gobiernos nacionales populares, pero no tuvo reparos en cobrar durante años del peronismo cordobés. La grieta, una vez más, parece diluirse cuando se trata de negocios.
El rol del gobierno de Llaryora
La investigación también pone el foco en una decisión política concreta del oficialismo cordobés: la pauta oficial no se ajusta, incluso en contextos de recortes, crisis económica y deterioro social. Mientras se habla de austeridad, el presupuesto destinado a propaganda estatal se mantiene firme y beneficia a grandes actores mediáticos, muchos de ellos con llegada nacional.
Este esquema no sólo distorsiona el sistema informativo, sino que erosiona la credibilidad del periodismo y refuerza la idea de que parte del discurso mediático está condicionado por intereses económicos antes que por convicciones editoriales reales.
Cuando la crítica se paga con fondos públicos
El caso Majul vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo: ¿qué independencia puede tener un periodista que cobra millones del Estado al que dice cuestionar? La investigación no sólo aporta cifras, sino que desnuda una práctica estructural donde la pauta oficial opera como moneda de cambio y donde la supuesta neutralidad periodística queda seriamente en entredicho.
En tiempos donde Milei agita el ajuste brutal y la demonización del Estado, estos vínculos entre gobiernos provinciales y comunicadores “opositores” muestran que el problema no es el Estado en sí, sino quién se queda con sus recursos y para qué.
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