Municipio y Provincia trabajarán en políticas públicas con perspectiva de género

El entramado de préstamos que rodea al vocero presidencial suma ahora un dato que complejiza aún más el cuadro: una de las mujeres que habría aportado dinero fue ascendida durante la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad. Documentación oficial revela vínculos que abren interrogantes sobre relaciones, favores y circuitos de financiamiento poco transparentes.

Por Ramiro C. Ferrante para NLI

La trama financiera que involucra a Manuel Adorni continúa sumando capítulos incómodos. A partir dela Declaración Jurada del funcionario, donde se detalla que el actual vocero presidencial habría recibido 100.000 dólares en préstamos de al menos dos mujeres, ,adre e hija, ahora se agrega un elemento que tensiona aún más la situación: una de ellas cuenta con antecedentes dentro de la estructura de seguridad del Estado y fue beneficiada con un ascenso durante el gobierno de Mauricio Macri, bajo la órbita directa de Patricia Bullrich.

El dato no es menor. Según surge del Decreto 1308/2016, firmado por Mauricio Macri y por entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Graciela Isabel Molina de Cancio —quien revestía como Comisario— fue ascendida al rango de Comisario Inspector dentro del Escalafón Seguridad. Se trata de un ascenso formal dentro de la Policía Federal Argentina, que la ubica en una posición jerárquica relevante dentro de la fuerza.

La coincidencia entre ese nombre y el de una de las personas señaladas como prestamistas en la operatoria que rodea a Adorni abre preguntas inevitables. ¿Cuál es la naturaleza del vínculo entre el funcionario y una integrante de las fuerzas de seguridad con ascenso político-administrativo? ¿Se trata de una relación personal, profesional o de otro tipo? Hasta el momento, no hay explicaciones públicas que despejen estas dudas.

Préstamos, hipotecas y relaciones

La investigación periodística que tomó estado público describe un esquema en el cual Adorni habría recurrido a financiamiento privado para afrontar operaciones inmobiliarias, incluyendo la hipoteca de un departamento en Caballito. En ese contexto, aparecen dos mujeres como prestamistas de una suma considerable en dólares, lo que ya de por sí genera interrogantes sobre la trazabilidad de esos fondos y las condiciones en que se otorgaron.

Sin embargo, la incorporación del dato sobre Molina de Cancio modifica el eje de análisis. Ya no se trata únicamente de préstamos entre particulares, sino de la posible participación de una figura con recorrido dentro de la estructura estatal y con un ascenso otorgado en un contexto político específico. La relación entre poder político, fuerzas de seguridad y financiamiento privado comienza a dibujar un mapa más complejo y difícil de justificar como una simple operatoria personal.

El peso de los antecedentes

El Decreto 1308/2016 no deja lugar a interpretaciones: el ascenso de Molina de Cancio fue parte de una serie de promociones dentro de la fuerza durante la gestión de Cambiemos. En aquel entonces, Patricia Bullrich consolidaba su influencia sobre el aparato de seguridad, promoviendo cuadros de confianza en puestos clave.

En ese marco, la aparición de una de esas figuras en una operatoria financiera vinculada a un funcionario del actual gobierno libertario no puede leerse como un dato aislado. Por el contrario, sugiere la persistencia de vínculos y redes que atraviesan gestiones y espacios políticos, conectando a actores que, en apariencia, pertenecen a universos distintos pero que en los hechos podrían compartir circuitos de confianza.

Silencio oficial y preguntas abiertas

Hasta ahora, desde el entorno de Adorni no hubo aclaraciones sustantivas sobre estos vínculos ni sobre el origen preciso de los fondos recibidos. Tampoco se explicó por qué una funcionaria policial con trayectoria y ascenso formal habría decidido otorgar un préstamo de tal magnitud, ni bajo qué condiciones se habría realizado dicha operación.

El silencio, en este contexto, lejos de despejar dudas, las amplifica. Porque lo que está en juego no es solo la situación patrimonial de un funcionario, sino la posible existencia de relaciones cruzadas entre política, seguridad y financiamiento privado que podrían comprometer la transparencia institucional.

En un gobierno que llegó con la promesa de terminar con los privilegios y la “casta”, la aparición de este tipo de vínculos vuelve a poner en cuestión el discurso oficial. Y deja flotando una certeza incómoda: detrás de la retórica antiestablishment, los nombres, los contactos y los mecanismos parecen ser, muchas veces, los de siempre.