El Intendente Marcelo Orazi y la responsable del Área Mujer y Diversidad Fabiola Parra participaron esta mañana de la presentación del programa provincial ‘Consolidarnos’ que busca fortalecer las áreas de género y diversidad municipales, a través de capacitación, asistencia técnica y financiamiento.
El acto fue encabezado por la Gobernadora Arabela Carreras, acompañada por el Ministro de Gobierno y Comunidad Rodrigo Buteler y la Secretaria de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género, Luz Val Heredia.
El programa contempla la creación de 6 Mesas Regionales de las que participarán los 39 municipios agrupados por zonas que tienen como propósito lograr un trabajo articulado con los gobiernos municipales en relación a los programas y políticas en materia de género y diversidad.
Con este objetivo, se firmará un convenio marco de colaboración, cooperación y asistencia.
“La problemática de género no puede quedar solamente en el ámbito judicial, porque ese es un camino que tiene un límite y que, en general, llega tarde. Entonces, lo que estamos buscando es trabajar en políticas que se anticipen y den respuestas más adecuadas. Que estén a la altura de la demanda que la sociedad está reclamando”, expresó en la oportunidad la Gobernadora Carreras.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que están abiertas las inscripciones para participar de las clases de reggaetón a cargo de los profesores Diego Álvarez y Dai Quiroga. Los interesados pueden anotarse en la Escuela Municipal de Arte ubicada en Brasil 91. Para consultas pueden comunicarse al celular 2984650817. Las…
La Justicia volvió a frenar el intento de Milei de perseguir y silenciar a la prensa crítica. Tras el sobreseimiento del periodista Nicolás Lantos, ahora el mandatario deberá pagar más de 5,6 millones de pesos en honorarios. La derrota judicial expone, una vez más, la estrategia oficial de judicializar la disidencia.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Una derrota judicial que desnuda el método Milei
La Justicia determinó esta semana que Milei deberá abonar $5.646.480 en concepto de honorarios a los abogados de Nicolás Lantos, periodista de El Destape, a quien había denunciado por “calumnias e injurias” en julio de este año. Lantos fue sobreseído el 9 de octubre, cuando un fallo contundente derribó la acusación presidencial y confirmó que uno de los símbolos señalados en sus artículos estaba efectivamente vinculado al nazismo.
Se trata de una nueva caída de Milei en Tribunales después de meses de arremetidas contra periodistas críticos. La presentación contra Lantos se daba en el marco de una seguidilla de denuncias cuyo objetivo evidente era censurar y disciplinar al periodismo opositor, una estrategia que Noticias La Insuperable viene registrando y denunciando en distintas coberturas.
La ofensiva contra Lantos y el discurso extremista
La denuncia contra Nicolás Lantos surgió a partir de un comentario editorial del 16 de mayo, donde el periodista analizaba la relación entre la retórica de La Libertad Avanza y los discursos de odio de la extrema derecha global. Allí advertía que Milei alimentaba una narrativa que “pone en riesgo la convivencia y los derechos en Argentina”.
Lantos remarcó la doble vara del mandatario: mientras acusaba a periodistas de difamación, él mismo desplegaba un lenguaje cargado de descalificaciones y referencias simbólicas vinculadas a la ultraderecha. Más tarde, en un artículo posterior, sostuvo que Milei lleva adelante “una estrategia que combina autoritarismo, persecución y manipulación social para consolidar un proyecto profundamente antidemocrático”.
La Justicia le dio la razón. En la resolución del sobreseimiento se detalló que el símbolo “1488” —cuestionado por Lantos en sus textos— es una referencia numérica de la supremacía blanca, reconocida por organizaciones como La Liga Antidifamación. Esto derribó por completo la denuncia presidencial.
El ataque sistemático a la prensa crítica
La ofensiva de Milei no empezó con Lantos. Antes había acusado a Ari Lijalad de violar la IHRA por una nota donde el periodista advertía sobre los peligros de banalizar el Holocausto y promover discursos de odio desde el poder. A las pocas semanas, el Presidente apuntó también contra Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico, todos señalados por supuestas “calumnias e injurias”.
Incluso figuras que no pueden considerarse opositoras, como Viviana Canosa y Carlos Pagni, terminaron alcanzadas por la agresiva cruzada judicial del mandatario.
El caso Lijalad fue especialmente ilustrativo: el periodista había publicado una columna titulada “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”, donde advertía que el gobierno impulsa “un proceso de incitación al odio y la violencia contra quienes piensan distinto”. Tanto el juez Daniel Rafecas como la fiscal Paloma Ochoa concluyeron que no existía delito. La fiscal recordó que se trataba de un tema de interés público, lo que otorga una protección reforzada a la labor periodística frente a intentos de censura estatal.
Un patrón preocupante
Los reveses judiciales de Milei no detienen su método: acusar, intimidar, perseguir, y luego obligarse a retroceder cuando la Justicia confirma que no hay delito. Pero el daño ya está hecho: se instala el miedo, se fuerza al periodista a defenderse, se busca limitar el debate público.
La decisión que obliga a Milei a pagar más de 5 millones de pesos es más que una derrota personal: es una advertencia institucional. La Justicia le recordó al Gobierno que la libertad de expresión no se negocia y que el poder político no puede usar los tribunales como arma para disciplinar a quienes investigan, opinan o cuestionan.
En un país donde la democracia se sostiene sobre la pluralidad de voces, la avanzada judicial del mandatario no es un hecho aislado: es un síntoma de un proyecto que, bajo el relato libertario, avanza sobre derechos básicos. Esta vez no le salió gratis.
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El gobierno nacional confirmó que alcanzó un acuerdo con seis bancos internacionales para un préstamo repo de USD 3.000 millones que se utilizará para pagarle a los bonistas la deuda que vence este viernes, despejando así una incógnita que venía golpeando a los activos argentinos.
El Banco Central informó que el acuerdo es por USD 3.000 millones a un plazo de 372 días y con una tasa del 7,4% anual. La entidad que conduce Santiago Bausili indicó que utilizará como garantía parte de su tenencia de los BONARES 2035 y 2038.
El BCRA aseguró que recibió ofertas por USD 4.400 millones, pero decidió no ampliar el monto adjudicado. La cifra es considerablemente menor a los USD 7.000 millones que según Luis Caputo le habían ofrecido.
Se trata de un préstamo a corto plazo, pero que le sigue metiendo presión al gobierno para los próximos vencimientos. Caputo ya había cerrado el año pasado otros dos repos con bancos USD 1.000 millones y USD 2.000, también a pagar en 2027.
Superado el pago de los
USD 4.200 millones que vencen el viernes, a Caputo le quedan en el resto del 2026 algo más de 15 mil millones de dólares para pagar. El 9 de julio vencen otros USD 4.200 millones de bonistas. En tanto, el gobierno debe pagar USD 4.400 millones al FMI y USD 4.700 millones a organismos internacionales, entre otros compromisos.
LPO informó el martes que Economía presentó ante el Bank New York Mellon, representante de los bonistas, el aviso formal de que este viernes pagaría el vencimiento, una señal de que el repo con los bancos estaba cerrado.
Se trata de un préstamo a corto plazo, pero que le sigue metiendo presión al gobierno para los próximos vencimientos. Caputo ya había cerrado el año pasado otros dos repos con bancos USD 1.000 millones y USD 2.000, también a pagar en 2027. Superado el pago de los USD 4.200 millones que vencen el viernes, a Caputo le quedan en el resto del 2026 algo más de 15 mil millones de dólares para pagar
En la previa, en el mercado estimaban que el Tesoro tenía depositados en el Banco Central USD 1.963 millones, de acuerdo a los últimos datos oficiales de 2025. Parte del monto se explica por la emisión de USD 910 millones a una tasa superior al 9%, en la operación que Caputo vendió como el regreso a los mercados. Además, Caputo apuró a los nuevos concesionarios de las represas hidroeléctricas de la Patagonia para que depositen los USD 703 millones del canon.
Hasta ayer en el mercado estimaban que el gobierno tenía entre 2000 y 2500 millones de dólares y que la única opción para cubrir el resto era el REPO con los bancos, ya que la vía de una nueva financiación del Tesoro de EEUU parece cerrada.
Nadie en el mercado desconfiaba de que el gobierno pudiera afrontar el pago, pero las dudas eran sobre el costo que pagaría Caputo para acceder a los dólares.
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