El Intendente Marcelo Orazi y la responsable del Área Mujer y Diversidad Fabiola Parra participaron esta mañana de la presentación del programa provincial ‘Consolidarnos’ que busca fortalecer las áreas de género y diversidad municipales, a través de capacitación, asistencia técnica y financiamiento.
El acto fue encabezado por la Gobernadora Arabela Carreras, acompañada por el Ministro de Gobierno y Comunidad Rodrigo Buteler y la Secretaria de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género, Luz Val Heredia.
El programa contempla la creación de 6 Mesas Regionales de las que participarán los 39 municipios agrupados por zonas que tienen como propósito lograr un trabajo articulado con los gobiernos municipales en relación a los programas y políticas en materia de género y diversidad.
Con este objetivo, se firmará un convenio marco de colaboración, cooperación y asistencia.
“La problemática de género no puede quedar solamente en el ámbito judicial, porque ese es un camino que tiene un límite y que, en general, llega tarde. Entonces, lo que estamos buscando es trabajar en políticas que se anticipen y den respuestas más adecuadas. Que estén a la altura de la demanda que la sociedad está reclamando”, expresó en la oportunidad la Gobernadora Carreras.
En 1929, durante la segunda presidencia de , el Congreso sancionó la Ley 11.544, que estableció por primera vez en todo el país la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales. El texto legal recogía una demanda histórica del movimiento obrero argentino y colocaba a la Argentina, al menos formalmente, dentro del mapa de las legislaciones laborales modernas.
Sin embargo, entre 1929 y 1945, la distancia entre la ley y la realidad fue abismal. La jornada de 8 horas existía en los códigos, pero no organizaba la vida cotidiana de la mayoría de los trabajadores.
La sanción de la ley no implicó automáticamente su cumplimiento. El Estado argentino carecía —y en muchos casos no tenía voluntad— de los mecanismos necesarios para garantizarla. Las inspecciones laborales eran escasas, las sanciones simbólicas y la justicia tendía a fallar en favor de los empleadores. En los hechos, el límite horario seguía siendo una decisión patronal.
En algunos sectores urbanos e industrializados la situación fue diferente. Grandes empresas, talleres visibles y actividades con fuerte organización sindical —gráficos, ferroviarios, portuarios— lograron imponer, no sin conflictos, la jornada legal. Aun allí, el cumplimiento era parcial: horas extras obligatorias no pagadas, jornadas partidas que extendían el tiempo total de trabajo y mecanismos de evasión salarial eran prácticas habituales.
Pero fuera de esos núcleos organizados, la ley simplemente no existía en la práctica. En el campo, donde la relación laboral estaba atravesada por el aislamiento, la dependencia personal y la ausencia casi total de inspección estatal, las jornadas de sol a sol siguieron siendo la regla. En las economías regionales, la situación era aún más evidente. En los ingenios azucareros de Tucumán, la jornada se organizaba en torno al ritmo de la zafra: turnos extensos, calor extremo y trabajo continuo mientras durara la molienda, sin límites horarios reales. En los yerbatales de Misiones, los mensúes cobraban por cantidad de kilos transportados, lo que los obligaba a prolongar indefinidamente la jornada para alcanzar un ingreso mínimo. El tiempo de trabajo no se medía en horas, sino en desgaste físico.
En los viñedos cuyanos y los algodonales del norte, la lógica era similar: trabajo estacional, pago por rendimiento y jornadas que se extendían mientras hubiera luz natural. La ley de 8 horas era irrelevante frente a un sistema productivo que organizaba el trabajo por campaña y no por jornada.
En los pequeños talleres urbanos de ciudades como Buenos Aires o Rosario, especialmente en rubros como la confección, el calzado o la metalurgia liviana, eran habituales las jornadas de 10 a 12 horas, justificadas como “aprendizaje” o compensadas con salarios miserables. El trabajo a destajo permitía al empleador exigir una producción diaria fija que solo podía alcanzarse extendiendo el horario real de trabajo.
El comercio minorista reproducía una lógica similar. Empleados de almacenes, tiendas y casas de ramos generales abrían temprano y cerraban de noche, muchas veces con descanso parcial o inexistente, bajo la excusa de la atención al público. En el servicio doméstico, directamente excluido de toda protección efectiva, la jornada carecía de límites: vivir en la casa del empleador implicaba disponibilidad permanente, sin distinción clara entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso.
La ley estaba vigente, pero no tenía ejecutores. El Estado carecía de un cuerpo de inspectores con presencia territorial, las sanciones eran irrisorias y la justicia laboral —cuando intervenía— tendía a legitimar las prácticas patronales. En ese contexto, la jornada de 8 horas no era un derecho exigible sino una declaración abstracta, desconocida para amplios sectores del mundo del trabajo. Para millones de trabajadores, la jornada legal era una promesa distante, ajena a su vida cotidiana y subordinada a una realidad donde el poder de fijar el tiempo de trabajo seguía en manos del patrón.
La clave no estaba en el texto legal sino en la correlación de fuerzas. Donde había sindicatos fuertes, comisiones internas y capacidad de huelga, la jornada de 8 horas se defendía. Donde no, el trabajador quedaba librado a su patrón. Durante esos años, el cumplimiento de un derecho laboral dependía más de la organización colectiva que del Estado.
En los últimos años, sectores libertarios repiten como argumento que el peronismo “miente” porque la jornada de 8 horas no fue creada por Perón, sino sancionada en 1929. El señalamiento es formalmente correcto, pero históricamente falaz. Confunde deliberadamente legislar con garantizar. La Ley 11.544 existía desde hacía más de una década, pero fue incumplida de manera sistemática por amplios sectores del empresariado, con un Estado ausente o complaciente. Reducir la historia social a una fecha en el Boletín Oficial implica borrar la diferencia central entre un derecho escrito y un derecho vivido.
Ese divorcio entre la ley y la realidad empieza a romperse recién a partir de 1943–1945, cuando el Estado deja de mirar para otro lado y decide intervenir de manera directa en la relación entre capital y trabajo. No se trató de crear nuevos derechos, sino de hacerlos cumplir. Bajo la acción del Estado y el impulso político de , la jornada de 8 horas dejó de ser una recomendación abstracta y pasó a convertirse en una norma exigible. El límite al tiempo de trabajo ya no lo fijó el patrón, sino el Estado. Ese fue el verdadero punto de inflexión.
La experiencia deja una enseñanza incómoda pero fundamental: los derechos laborales no existen solo porque estén escritos. Existen cuando hay un Estado dispuesto a garantizarlos y una sociedad organizada para defenderlos. Entre 1929 y 1945, la jornada de 8 horas fue una conquista legal sin poder. Su historia demuestra que la legislación social, sin voluntad política, puede convertirse en una promesa vacía.
La jornada de 8 horas no nació plena. Fue primero una letra, después una pelea y recién más tarde una realidad. Y esa diferencia —entre ley y vida— explica buena parte de la historia social argentina.
Un artículo de Science traza un panorama inquietante sobre cómo ciertas intervenciones políticas profundas en el ámbito científico de Estados Unidos podrían dejar huellas duraderas en su ecosistema de investigación. Aunque gran parte del texto se centra en el contexto estadounidense, sus conclusiones ofrecen un espejo útil para analizar la situación de la ciencia en Argentina bajo el gobierno de Milei.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Una tormenta política sobre la ciencia estadounidense
Un artículo de Science titulado “Which of Trump’s upheavals in U.S. science are likely to stick”, destaca que, tras la asunción de Donald Trump, el sistema científico de Estados Unidos entró en una fase de “sacudidas” que afectan estructuras, financiación y la libertad académica. Aunque algunos cambios pueden revertirse con futuros gobiernos, varias medidas profundas tienen potencial para arraigarse —como la reorientación de la financiación y la politización de los procesos de evaluación de proyectos científicos— lo que podría transformar la manera en que se hace ciencia en ese país.
Estos cambios no surgen de manera aislada. En 2025, miles de científicos firmaron cartas de advertencia señalando la erosión de la ciencia independiente y la creciente interferencia política en decisiones académicas y de investigación; advierten que esta politización amenaza con “aniquilar” el ecosistema científico tal como ha existido en las últimas décadas.
Algunas de las principales transformaciones incluyen recortes y congelamientos en la financiación de organismos clave, revisión ideológica de proyectos de investigación, despidos masivos y purgas de datos científicos relacionados con temas como cambio climático, diversidad y salud pública.
¿Qué cambios podrían “pegar” y no revertirse?
Según la reflexión de Science y del seguimiento de analistas internacionales, algunos efectos de estas políticas podrían perdurar incluso si cambian las administraciones:
Reconfiguración de prioridades científicas: al condicionar financiamiento o investigación a criterios políticos, Estados Unidos corre el riesgo de institucionalizar sesgos que privilegian ciertos temas sobre otros, afectando la capacidad para generar conocimiento básico a largo plazo.
Daño institucional: agencias con décadas de historia y estructuras robustas como la National Science Foundation (NSF) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH) enfrentan transformaciones que —si se consolidan— podrían debilitar su independencia científica.
Clima de incertidumbre académica: la politización del proceso de financiamiento y la inseguridad en el futuro de las investigaciones pueden desalentar a nuevas generaciones de científicos e impulsar la “fuga de cerebros”, un fenómeno ya observado en datos recientes de encuestas al personal científico.
La situación de la ciencia en Argentina bajo Milei
En Argentina, la ciencia también ha estado bajo tensiones crecientes desde la llegada de Javier Milei al poder. Aunque el contexto es distinto al estadounidense (diferente estructura institucional, financiamiento y cultura política), existen paralelos preocupantes:
Financiamiento en retroceso: la ciencia argentina viene enfrentando años de subejecución presupuestaria, depreciación de subsidios y pérdida de competitividad para atraer y retener talento investigador.
Politización y recortes: decisiones gubernamentales recientes han priorizado ajustes fiscales por sobre la inversión sostenida en investigación y desarrollo, debilitando programas estratégicos en áreas como energía, salud y agricultura.
Fuga de cerebros acentuada: jóvenes científicos y técnicos han emigrado para buscar oportunidades más estables en Europa y América del Norte, un fenómeno que recuerda a las preocupaciones expresadas por científicos estadounidenses frente al panorama de Trump.
A diferencia de Estados Unidos, donde una parte de la comunidad científica aún puede apoyarse en redes y fondos privados o institucionales amplios, en Argentina la ciencia pública tiene un rol central y fiscalizaciones orientadas por prioridades macroeconómicas pueden resultar en daños estructurales difíciles de revertir si no se sostienen políticas claras de apoyo a largo plazo.
¿Lecciones compartidas?
El análisis de Science nos recuerda que la ciencia no es un sector aislado: es una infraestructura social e intelectual que requiere estabilidad, financiamiento adecuado y autonomía respecto de ciclos políticos. La evidencia internacional —tanto en Estados Unidos como en Argentina— sugiere que cuando el conocimiento se subordina a lógicas exclusivamente ideológicas o de ajuste cortoplacista, el impacto no se siente solo en laboratorios, sino en generaciones de innovación, salud pública y soberanía tecnológica.
Si los cambios impulsados bajo administraciones como la de Trump o la de Milei arraigan profundamente, el retorno a prácticas de apoyo estable a la ciencia puede demandar años de reconstrucción y reconfiguración institucional.
El artículo de Science sobre las sacudidas en la ciencia estadounidense no es solo una advertencia sobre la situación de Estados Unidos, sino también un llamado de atención global: cuando la política invade la ciencia sin resguardar su independencia y sustentabilidad, las sociedades enteras pierden capacidad para enfrentar sus propios desafíos técnicos, sociales y productivos. Argentina, con una comunidad científica valiosa pero frágil frente a recortes y restricciones, debe tomar nota de que la defensa de la ciencia es también la defensa del futuro colectivo.
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