Con el objetivo de definir y coordinar acciones a desarrollar en forma conjunta, el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros y la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra visitaron esta mañana la sede de APANDI y se reunieron con su titular José Luis Fuertes. Acompañaron además el Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable Hugo Curzel y la Directora de Turismo Katerina Iogna.
En la oportunidad, los funcionarios municipales recorrieron las instalaciones de la institución junto a Fuertes, quien les ofreció un detalle de las actividades que realizan diariamente y cómo ha se adaptado su funcionamiento a los protocolos en el marco de la pandemia por COVID-19.
Durante el encuentro Oliveros le transmitió a Fuertes la decisión y el compromiso del Intendente Marcelo Orazi de llevar adelante un trabajo coordinado junto a las instituciones, y, en este contexto, destacó la importancia que tiene APANDI en la vida comunitaria de la ciudad a través del trabajo que lleva adelante.
La tarea en conjunto se comenzará a concretar en la colaboración que prestará el Municipio para que la Asociación pueda iniciar su proyecto para contar con una huerta, para lo cual las áreas de Desarrollo Social y Ambiente prestarán el asesoramiento y aportes necesarios.
Por otro lado, el área que conduce Luisa Ibarra pondrá a disposición de APANDI de una asistente social que visitará la entidad cada 15 días y así evaluará demandas y necesidades.
Por su parte, la institución tendrá a su cargo la construcción de maceteros a través del taller de carpintería que serán utilizados en el marco de las actividades de ‘Vendimia Celebra 2021’.
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El gobierno puso en revisión 44 inmuebles de todo el país que estaban bajo la esfera de IOSFA y que podrían estar cerca de ser vendidos.
El documento oficial al que accedió a LPO tiene fecha del 19 de marzo y propone anular transferencias, retirar propiedades del balance y redefinir la titularidad de hoteles, delegaciones y centros recreativos.
La medida abre interrogantes sobre el control y la gestión futura de los bienes y aumenta el malestar de una buena parte de las Fuerzas Armadas que aún se resiste a perder el patrimonio histórico.
La iniciativa se enmarca en la aplicación del DNU 88/2026 y fue elaborado por la Subgerencia de Servicios Generales del organismo, propone una serie de medidas que incluyen la anulación de procesos de transferencia en curso, la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la exclusión de estos inmuebles del patrimonio neto del instituto.
Entre los activos alcanzados figuran hoteles, delegaciones, farmacias, centros recreativos y sedes administrativas, muchos de ellos ubicados en puntos estratégicos como la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba y la Patagonia.
En el caso de Mar del Plata, por ejemplo, aparecen varios hoteles emblemáticos, cocheras y dependencias operativas que forman parte de la estructura histórica del organismo. Según el texto, uno de los ejes centrales es revertir la situación jurídica de los inmuebles que estaban en proceso de transferencia al IOSFA.
En esos casos, se propone que la AABE retome la jurisdicción, con intervención del Ministerio de Defensa, manteniendo el uso por parte de la obra social pero bajo un nuevo encuadre legal. En paralelo, se impulsa la anulación de resoluciones y expedientes tramitados en los últimos años.
El documento también sugiere archivar definitivamente múltiples actuaciones administrativas vinculadas a estas transferencias. Otro punto sensible es la recomendación de excluir los 44 inmuebles del registro contable del IOSFA.
Pero para algunos integrantes de las fuerzas, los argumentos técnicos que aparecen en el documento oficial no so suficientes. Un militar en actividad afirmó a LPO que «toda esa lista de inmuebles van a ser afectados a la venta para poder pagar la deuda o parte de la deuda».
«Lo curioso es que algunos bienes son de las fuerzas, por ejemplo los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, la residencia Cerrón a la Falda, la residencia Cosquín, esos eran hoteles de las fuerzas, que después pasaron al IOSFA pero bueno, obviamente nadie va a decir nada», agregó.
La disolución del IOSFA se produjo para dar lugar a una nueva obras social pero el gobierno nunca detalló la manera en la que iba a pagar de 200 mil millones de pesos que incluye deudas con clínicas y hospitales de diferentes lugares del país que han dejado sin cobertura a militares activos y retirados.
Esto generó una situación grave para pacientes de enfermedades graves que tiene que cubrir con plata de su bolsillo los costos de los tratamientos y en ciudades como Mar del Plata salieron a protestar.
LPO adelantó en exclusivo que los estudios contables de IOSFA antes de la llegada de Luis Petri mostraban una obra social con 25 mil millones de pesos de superávit que empeoró tres años después para dejarla en un situación de absoluto quebranto.
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