Con el objetivo de definir y coordinar acciones a desarrollar en forma conjunta, el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros y la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra visitaron esta mañana la sede de APANDI y se reunieron con su titular José Luis Fuertes. Acompañaron además el Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable Hugo Curzel y la Directora de Turismo Katerina Iogna.
En la oportunidad, los funcionarios municipales recorrieron las instalaciones de la institución junto a Fuertes, quien les ofreció un detalle de las actividades que realizan diariamente y cómo ha se adaptado su funcionamiento a los protocolos en el marco de la pandemia por COVID-19.
Durante el encuentro Oliveros le transmitió a Fuertes la decisión y el compromiso del Intendente Marcelo Orazi de llevar adelante un trabajo coordinado junto a las instituciones, y, en este contexto, destacó la importancia que tiene APANDI en la vida comunitaria de la ciudad a través del trabajo que lleva adelante.
La tarea en conjunto se comenzará a concretar en la colaboración que prestará el Municipio para que la Asociación pueda iniciar su proyecto para contar con una huerta, para lo cual las áreas de Desarrollo Social y Ambiente prestarán el asesoramiento y aportes necesarios.
Por otro lado, el área que conduce Luisa Ibarra pondrá a disposición de APANDI de una asistente social que visitará la entidad cada 15 días y así evaluará demandas y necesidades.
Por su parte, la institución tendrá a su cargo la construcción de maceteros a través del taller de carpintería que serán utilizados en el marco de las actividades de ‘Vendimia Celebra 2021’.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hizo saber este viernes que el nuevo modelo penal de enjuiciamiento se posterga hasta febrero de 2027. Es el tercer atraso en la implementación de un modelo que ayudaría a reducir la politización de los juzgados federales y que fue la bandera del ex ministro Mariano Cúneo Libarona, que dejó el gobierno sin lograr su instrumentación.
Ahora, Mahiques adujo razones ligadas a los recursos para justificar esta nueva postergación, cuando hace unos días había indicado que no era ese motivo para suspender su inicio. El modelo ya se aplica en doce provincias pero se posterga en el fuero más sensible, porque juzga los casos de corrupción de los funcionarios del gobierno nacional.
Definido por la Constitución de 1994, el acusatorio lleva un retraso de 31 años en su aplicación. Su implementación provoca un cambio total de funciones y de influencias. Los todopoderosos jueces federales pierden su poder de investigar que pasa a los fiscales. Los tiempos eternos de las causas se terminan. Los trámites dejan de ser secretos y cada acto se transparenta en una audiencia pública.
Comodoro Py no tiene ninguna urgencia por cambiar esa realidad. Hoy los jueces de Retiro reciben una denuncia, la pisan años y la usan como herramienta de negociación política. «La saco y en un minuto tengo sentado a un diputado, a un ministro o al jefe de gabinete. La meto en un cajón y consigo que me deban algo», le dice un juez santafesino a LPO.
Otro tema central que también complica su instrumentación es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que tendrá peso en la definición de quien tomará cada causa.
Un tema central que también complica la instrumentación del sistema acusatorio es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que definirá quien tomará cada causa.
En el acusatorio son los fiscales los que, al controlar las investigaciones, toman el poder de los jueces. Lo que vienen rosqueando entre el Ministerio de Justicia y la Procuración General de la Corte es quién se queda con el rol de fiscal coordinador que define la línea de persecución y la asignación de cargas de trabajo. La interna se disputa entre tres exponentes del Ministerio Público Federal porteño.
Uno es Diego Luciani, fiscal de la causa Vialidad, que terminó en condena contra Cristina Kirchner. El otro es Carlos Stornelli, el fiscal de instrucción de la causa Cuadernos con una historia polémica, como estar en rebeldía en la causa por espionaje ilegal donde fue condenado Marcelo D’Alessio. El tercero es Ramiro González, el que celebró su cumpleaños con una fiesta de lujo en la que cantó Cristian Castro, y en la que estuvieron jueces federales, el operador macrista Daniel Angelici y hasta el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti.
Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.
«La pelea sigue siendo la misma, quién dirige la Procuración y el fiscal responsable. Hasta que ellos no tengan el nombre de quien va a alinear la tropa en Comodoro Py no van a hacer nada», dice un analista y funcionario que tiene su despacho en Retiro.
Coincide con esto Javier Alfie, director Ejecutivo del Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). «No hay nada más allá que una lucha de tribus al interior de la Procuración para definir cómo se tramitan causas que involucran corrupción. En esta pelea intervienen mafias judiciales que controlan Comodoro Py por quien se queda con la manija. Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica», le dijo a este medio.
En el Inecip indican que van 13 años desde que se aprobó el Código Procesal Penal. Son tres años desde que el gobierno reactivó su implementación en todo el país, que anunció que lo haría en dos años. Y dos años desde que por primera vez se anunció una fecha de entrada en vigencia para Comodoro Py.
Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica.
Es esto, y no la mentada cuestión de recursos no asignados para el cambio, la que llevó a Mahiques a postergar el arranque de un sistema que, sin que se definieran nombramientos especiales, funciona en la mitad de la Argentina. Cuneo Libarona lo hizo dos veces. Debía empezar el 11 de agosto de 2025, lo cambió al 10 de noviembre del mismo año y al llegar esa fecha lo volvió a diferir para el 27 de abril de este año.
El calendario vuelve a estirarse. La Procuración General de la Corte a cargo de Eduardo Casal, que lleva un interinato de ocho años, indica que para cambiar el modelo judicial primero hay que garantizar recursos humanos, tecnológicos y edilicios.
Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema. Es un pretexto.
«Es un pretexto absoluto ese planteo», dice un funcionario desde adentro de la Justicia Federal de Rosario. «Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema». Que rige en Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Salta, Corrientes y Bahía Blanca entre otras jurisdicciones.
En ningún lugar tienen resuelto los temas de nombramientos. En Rosario los jueces de garantías que afrontan las audiencias iniciales donde se imputa a un detenido son magistrados de Tribunales Orales que cubren esa función. En Corrientes para los juicios orales actúan un juez de General Roca y otro de Formosa.
Los jueces Ercollini y Martínez di Giorgi.
Los que en la Procuración definen con Casal para ver quién es el ungido como fiscal coordinador son Juan Manuel Olima y Juan Manuel Casanova. Pero nada saldrá sin la anuencia de la Casa Rosada o, por lo menos, una negociación.
En ese rumbo la que está tratando de tender puentes con Comodoro Py es Karina Milei, quien tiene preocupación e interés en que les frenen las causas en contra en camino. Con una gestión que ya atraviesa los últimos dos años la sensibilidad y el poder de presión de los jueces federales se activa. Mahiques y Santiago Viola, como delegados de Karina, van a querer incidir en los nombramientos de fiscal coordinador y fiscal revisor con el fin de suavizar los compromisos judiciales en la Casa Rosada.
La puja por poner el procurador de la Corte que conduce a los fiscales federales también es parte de esta martingala. Los que buscan sentarse en la silla de Casal son los jueces Ariel Lijo y Mariano Borinsky, que también suena como posible candidato a la Corte Suprema.
Hay fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal tenga un pedido de indagatoria sin citar a los implicados durante siete años. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios.
Lo que hace doblarse de ironía a funcionarios judiciales que siguen esta rosca eterna es la preocupación que, tanto en la Procuración como en el ámbito de los jueces federales, alegan por los posibles inconvenientes de la entrada del acusatorio.
«Lo dicen muy serios fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal, por ejemplo, tenga un pedido de indagatoria sin citar durante siete años a los implicados. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios», dice el juez rosarino que habla con LPO.
Esa capacidad política de jugar con los tiempos en el sistema acusatorio se termina. Los fiscales federales investigan desde el inicio, deben llevar de inmediato a audiencia de imputados a breve lapso, que no deciden ellos sino una oficina de gestión judicial. Los jueces solo valoran las pruebas en una sala frente a público que entra sin restricciones.
Los jueces Borinsky y Hornos.
El Inecip consignó en un documento del año pasado que los fiscales federales de la CABA tienen la carga de trabajo más baja de todo el país. «Solo el 1 % de las condenas de Comodoro Py corresponden a delitos de alto impacto. El sistema acusatorio es imprescindible para optimizar el uso de los recursos y mejorar la actual tasa de 1 % de eficacia político-criminal».
Aunque después Comodoro Py le dobló el brazo, el año pasado a esos números Cuneo Libarona se los refregó a los fiscales que pedían prórroga porque no podrían enfrentar delitos complejos sin recursos. Le mandó una carta a Casal diciendo que solo el 3% de las causas que manejan son por delitos relevantes. Por ejemplo, en Comodoro Py las causas por narcocriminalidad representaron en 2024 el 0,84% del total, las de corrupción el 0,51% y las de criminalidad económica el 0,08%.
«Y eso pasa en un fuero en CABA con una cantidad desproporcionada hacia otros distritos en relación a sus recursos humanos», dice Alfie. «Incluso las fiscalías por la cantidad de empleados son incomparables a las jurisdicciones del interior del país».
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Mariano Borinsky se reunió este viernes en Casa Rosada con Santiago Caputo y se reavivaron las especulaciones sobre la negociación del gobierno con un sector de Comodoro Py, liderado por Ariel Lijo, para completar las vacantes de la Corte.
Tal como reveló LPO, Lijo, Borinsky, Marcelo Martínez de Giorgi y María Romilda Servini conforman un cuarteto que combina aspiraciones por escalar en el Poder Judicial con la concentración de las causas que más complican a la Casa Rosada. Mientras que Martínez de Giorgi está a cargo del juzgado que investiga la estafa $Libra, Lijo tiene en sus manos las causas de Adorni y las coimas de la Andis, que involucra directamente a Karina Milei.
El encuentro de Borinsky con Caputo, en este contexto, es un desafío directo al ministro Juan Bautista Mahiques, quien Karina Milei nombró para que consiga disimuladamente el freno de esas causas, bajo la promesa que lo postularían a la Procuración General de la Nación, cargo que detenta de forma interina Eduardo Casal desde 2016.
El problema es que también Lijo, que se mueve como primus inter pares con Borinsky y muchos de sus colegas de Comodoro Py, apuesta a recalar en el sillón de Casal. Su puesto es más que codiciado por jueces de peso porque, con la eventual puesta en marcha del modelo acusatorio, el jefe de los fiscales ganaría un poder casi inconmensurable.
Lijo, que se mueve como primus inter pares con Borinsky y muchos de sus colegas de Comodoro Py, apuesta a recalar en el sillón de Casal. Su puesto es más que codiciado por jueces de peso porque, con la eventual puesta en marcha del modelo acusatorio, el jefe de los fiscales ganaría un poder casi inconmensurable.
Por lo demás, el nombre de Borinsky se convirtió en un comodín ante cada vacante de envergadura que aparece en la Justicia y las de la Corte no son la excepción. Aunque convertirse en supremo sea una de las apuestas que se le atribuyen tanto en el Congreso como en los pasillos judiciales, en los tribunales de Retiro dicen que el magistrado se complace con los trascendidos y se cuida de parecer ansioso.
Del encuentro entre Borinsky y el joven Caputo participó, además, Sebastián Amerio, ex viceministro de Justicia desplazado a la Procuración del Tesoro con el desembarco de Mahiques.
Desde el entorno de los funcionarios aseguraron que el presidente Milei está decidido a reformar el Código Penal pero exige que los impulsores originales, como Borinsky, lleguen a un acuerdo con Mahiques que podó ese articulado. Acaso ese sea un objetivo difícil de conseguir en medio de la disputa por las vacantes en la Corte, la Procuración, los juzgados federales y hasta la reforma del reglamento de selección de jueces que impulsan Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
Ariel Lijo.
En efecto, LPO publicó que fueron Karina y Mahiques los que decidieron enterrar el proyecto de reforma de Borinsky y otros colegas, que trabajaron durante dos años. La hermana presidencial y el ministro colaron subas para casi todos los delitos, menos para los de la corrupción política. El efecto Adorni dispara esquirlas sin control.
Lo curioso es que Karina volteó la iniciativa de Borinsky después de la primera reunión entre Mahiques y Milei.
Como sea, la reunión del camarista de la Casación con el asesor presidencial y Amerio demuestra que la pelea descontrolada de Comodoro Py contra el eje de Karina y Mahiques no se detiene. La interna del Poder Judicial podría tramitarse ahora también en la discusión del nuevo Código Penal.
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