Milei reordena los subsidios al gas
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Milei reordena los subsidios al gas

 

Con un DNU firmado en pleno ajuste, el Gobierno modificó el Plan Gas.Ar para “aplanar” las tarifas durante el año. El cambio garantiza el cobro de las petroleras y traslada al Estado —y al presupuesto— el costo completo de la variación estacional del gas.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El Decreto 26/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, introduce una modificación clave en el Plan Gas.Ar para hacerlo compatible con el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Bajo el argumento de evitar saltos tarifarios en invierno, el Gobierno de Milei resolvió que el precio del gas que pagan los usuarios se calcule como un promedio anual, eliminando el diferencial estacional visible en las boletas. Sin embargo, el trasfondo del cambio deja una certeza: el Estado pasa a absorber íntegramente las diferencias de precio, garantizando la renta del sector hidrocarburífero.

La medida se adoptó por Decreto de Necesidad y Urgencia, sin debate previo en el Congreso, y redefine uno de los puntos centrales del esquema creado en 2020 para asegurar producción local de gas y reducir importaciones.


Precio “plano” para el usuario, cobertura total para las petroleras

El núcleo del decreto es la sustitución del punto 13 del Plan Gas.Ar, que habilita explícitamente a la Secretaría de Energía a fijar un Precio Anual Uniforme del gas. Ese valor será el que llegue a los usuarios residenciales, independientemente de la época del año.

En la práctica, esto implica que:

  • En verano, cuando el gas es más barato, el usuario pagará un precio más alto que el de mercado.
  • En invierno, cuando el gas es más caro, el usuario pagará menos que el precio real de abastecimiento.

La diferencia —ya sea a favor o en contra— queda siempre a cargo del Estado nacional. El decreto es explícito: el Tesoro cubrirá cualquier desfasaje entre el precio anual uniforme y el precio que surge de las subastas del Plan Gas.Ar, ajustadas por estacionalidad.

De este modo, las empresas productoras cobran el precio pleno comprometido, sin asumir riesgos por la nueva modalidad de facturación al usuario.


Subsidios “focalizados”, pero garantizados

El Gobierno presenta la medida como parte del ordenamiento de los subsidios energéticos. Sin embargo, lejos de reducirlos, el decreto consolida un esquema donde el Estado actúa como amortiguador absoluto del sistema. No solo subsidia cuando el precio es alto, sino que también administra compensaciones inversas cuando el precio de mercado es menor.

Para ello, el DNU ordena modificar el régimen de cálculo de compensaciones del Plan Gas.Ar, admitiendo que:

  • En algunos meses el Estado deba pagar montos adicionales a los productores.
  • En otros meses, se realicen deducciones.
  • El balance cierre siempre a favor de la estabilidad del negocio energético.

El objetivo declarado es evitar cortes en la cadena de pagos y garantizar previsibilidad al sector, aun en un contexto de ajuste fiscal severo sobre jubilaciones, salarios y políticas sociales.


Ajuste para abajo, blindaje para arriba

Mientras Milei sostiene un discurso de “déficit cero” y poda del gasto público, el Decreto 26/2026 muestra otra cara de la política energética: cuando se trata del gas y de las petroleras, el Estado sigue siendo garante de rentabilidad. El riesgo del mercado no se traslada a las empresas, sino al presupuesto público.

En términos concretos, el usuario puede ver boletas más estables a lo largo del año, pero el costo estructural del sistema sigue recayendo sobre el Estado, en un esquema que posterga cualquier discusión de fondo sobre tarifas, renta energética y soberanía sobre los recursos.

El DNU ahora deberá ser tratado por la Comisión Bicameral del Congreso. Pero, como ya es habitual, el modelo queda en marcha: precios “suavizados” para el consumo, negocios asegurados para arriba y un Estado que paga la cuenta.

 

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  • Riesgo de estanflación: aún con ventas en caída, el nuevo techo del dólar empuja subas de precios

     

    Las ventas caen, y, aun así, los precios vuelven a subir. Es un mecanismo defensivo. En un mercado exhausto, muchas empresas decidieron cubrirse por precio lo que ya no pueden sostener por cantidad. La lógica ya no pasa por vender más, sino por perder menos. 

    Sectores clave como alimentos muestran caídas de la demanda de hasta 20% interanual. Sin embargo, desde el 1° de enero varias fábricas anunciaron aumentos superiores al 5%. Empujaron las decisión los costos fijos, que subieron fuerte: tarifas, combustibles, alquileres. 

    Esa estructura deja en evidencia un problema más profundo. La teoría oficial sostiene que con emisión contenida y disciplina fiscal la inflación debería apagarse sola. Pero la práctica muestra otra cosa. Con la demanda en caída y sin expansión monetaria, los precios igual suben. 

    Las remarcaciones vienen empujadas por el nuevo techo del dólar que empieza a descontar el mercado. La recalibración de las bandas cambiarias funciona como una señal de precio adelantada: si el techo se corre, el dólar de mañana vale más que el de hoy. En una economía bimonetaria indexada al tipo de cambio, ese mensaje se traduce rápido en los precios. 

    La carne subió un 8,3% en noviembre y el impacto fue mayor en el conurbano

    Las empresas ajustan ahora para no quedar atrapadas con costos dolarizados, energía, insumos, reposición, alquileres atados a un tipo de cambio más alto. No es especulación abstracta, es cobertura. El techo del dólar sube en los papeles y los precios se mueven en la góndola

    El problema no es solo monetario. Es estructural. Y está del lado de los costos y de la oferta. Los números de tarifas lo explican mejor que cualquier discurso. Según la consultora Economía y Energía, desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada la luz subió 344% y el gas 617%. Pero igual hay cortes masivos. En el mismo período, la inflación acumulada rondó el 200%. Los salarios crecieron 229%. 

    En un mercado exhausto, muchas empresas decidieron cubrirse por precio lo que ya no pueden sostener por cantidad. La lógica ya no pasa por vender más, sino por perder menos.

    Es decir, los costos fijos de producir y vivir le ganaron por goleada tanto a los precios generales como a los ingresos. Y eso sin contar el transporte, que subió más de 900%, ni la medicina prepaga, que atraviesa a buena parte de la clase media y trabajadora. 

    El panorama no mejora hacia adelante. El 2026 arranca con nuevos aumentos de tarifas en todo el país. Luz, gas, agua y cloacas vuelven a ajustarse. Las subas previstas van del 2,5% al 4% promedio, antes de la quita de subsidios que anunció el Gobierno y que puede llevar esos incrementos a dos dígitos, sobre todo en gas. 

    En el AMBA, donde operan Edenor y Edesur, la suba de la electricidad será de 2,5%. A nivel nacional, el precio mayorista de la electricidad sube 3,2% y luego cada provincia traslada ese impacto a la distribución. 

    En gas natural por red, los aumentos rondan entre 2% y 3%. Pero la verdadera incógnita es qué pasará cuando el precio mayorista salte de los actuales USD 2,95 a USD 3,79 por millón de BTU, tras la quita de subsidios. Para los usuarios de Metrogas y del resto del país, ese cambio puede sentirse con fuerza en la boleta.

    El ajuste de las bandas por inflación despertó al dólar que se acercó al techo de la banda

    Ese efecto se potencia por los cotos de la energía, que tienen un componente muy alto dolarizado. Gas y electricidad no no sólo suben por tarifa, sino porque su estructura de precios responde a valores en dólares que impactan de lleno en los costos fijos de producción. El resultado es un combo conocido: expectativa de dólar más alto, energía más cara, costos que se recalculan y una inflación que se anticipa antes de ocurrir. 

    A esto se suma otro dato que erosiona el relato oficial. En el período de mayor suba de precios de los alimentos se registró también el mayor ingreso de productos importados, producto de la apertura irrestricta. Lejos de disciplinar precios, las importaciones no abarataron los productos locales. El argumento de la competencia externa quedó corto. 

    Ahora resta ver cómo ese fenómeno impacta en el IPC, donde alimentos explican buena parte del índice y la carne tiene una ponderación decisiva. 

    Se suma otro dato que erosiona el relato oficial. En el período de mayor suba de precios de los alimentos se registró también el mayor ingreso de productos importados Las importaciones no abarataron los productos locales. El argumento de la competencia externa quedó corto. 

    Pero las remarcaciones impactan en todos los segmentos. En la primera semana de diciembre, las grandes cadenas registraron subas promedio del 0,7%, con mayor presión en bebidas y alimentos de góndola. En carnicerías, el ajuste fue más brusco: aumentos de hasta 35% en menos de un mes y la posibilidad de otro 10% antes de cerrar diciembre. 

    Las grandes marcas lideran las subas. Coca Cola aumentó 5% en la última semana. Bimbo aplicó el mismo ajuste en panificados. La Virginia pasó listas con subas del 8%. Arcor acumuló un 8% en el mes. 

    Las consultoras coinciden en que la inflación de alimentos se aceleró. Se ubica entre 3,7% mensual y 4% en la medición punta a punta. A eso todavía hay que sumarle los aumentos de servicios, que en diciembre rondaron el 2,8%, y los combustibles, que se actualizan casi a diario. 

     «Con ventas que no repuntan y costos que no aflojan, muchas empresas remarcan para no cerrar», resume en off un empresario industrial. No es una lectura aislada. El propio diagnóstico de la UIA apunta en la misma dirección: la presión sobre los precios viene desde la oferta, desde los productores, y no solo desde expectativas o factores estadísticos, como suele sostener el Gobierno, tal como reveló el periodista Leandro Renou. 

    La foto final es la de la estanflación. Ventas en baja. Consumo retraído. Empresas que suben precios en lugar de competir por volumen o ajustar márgenes. Precios que suben con actividad en retroceso.

     

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    La discapacidad bajo ajuste: qué esconde el decreto 942/2025 de Milei

     

    Bajo el discurso de la “eficiencia”, la “transparencia” y el “orden administrativo”, el decreto 942/2025 firmado por Milei elimina la Agencia Nacional de Discapacidad y concentra todas las políticas del sector dentro del Ministerio de Salud. Detrás del lenguaje técnico, la medida implica más controles, más auditorías y un riesgo concreto de recorte de derechos para las personas con discapacidad.

    Por Roque Pérez para NLI

    La publicación del DNU 942/2025 pasó casi inadvertida en medio del cierre de año, pero su contenido es de enorme gravedad para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El decreto no solo prorroga la emergencia sanitaria, sino que desmantela la estructura institucional que durante años tuvo a su cargo la política pública en discapacidad.

    La decisión central es clara: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deja de existir como organismo descentralizado y pasa a ser absorbida por el Ministerio de Salud bajo la figura de una Secretaría Nacional de Discapacidad. Lo que el texto presenta como una “reorganización” es, en los hechos, una fuerte centralización política y presupuestaria.

    El fin de la ANDIS y la pérdida de autonomía

    Hasta ahora, la ANDIS contaba con cierta autonomía funcional y administrativa. Eso le permitía tener un presupuesto propio, equipos técnicos especializados y un margen —limitado, pero real— para sostener políticas públicas específicas.

    Con el decreto de Milei, la discapacidad deja de ser una política integral de derechos y pasa a ser un área subordinada a las prioridades sanitarias y fiscales del Ministerio de Salud. Esto no es neutro: implica que las decisiones sobre discapacidad quedarán atravesadas por criterios de ajuste, “racionalización del gasto” y metas presupuestarias.

    En otras palabras, la discapacidad deja de ser un derecho humano garantizado y pasa a ser un costo a administrar.

    Pensiones por invalidez: auditorías, revisiones y posibles bajas

    Uno de los puntos más sensibles del decreto está en el nuevo inciso 39 del artículo 23 de la Ley de Ministerios. Allí se establece que el Ministerio de Salud tendrá a su cargo:

    “el otorgamiento, control, revisión y auditoría de las pensiones por invalidez”.

    La inclusión explícita de las palabras control, revisión y auditoría no es casual. El propio decreto justifica la medida hablando de “irregularidades”, “falencias” y “desorden administrativo”.

    La experiencia histórica en la Argentina es clara: cuando se anuncian auditorías masivas sobre pensiones por invalidez, lo que sigue son suspensiones, demoras y bajas, muchas veces injustificadas. Personas con discapacidad que dependen de ese ingreso quedan meses sin cobrar o deben atravesar procesos humillantes para volver a demostrar una condición que ya fue certificada.

    El decreto habilita legalmente ese escenario.

    El Certificado Único de Discapacidad, bajo la lupa

    El texto reconoce que existen problemas en la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD): sistemas fragmentados, falta de interoperabilidad y demoras. Sin embargo, la solución que propone no es fortalecer el acceso, sino centralizar la información y endurecer los mecanismos de control.

    Esto puede traducirse en:

    • Trámites más lentos
    • Mayor discrecionalidad administrativa
    • Nuevos obstáculos para renovar o acceder al CUD

    Para miles de personas, sin CUD no hay prestaciones, transporte gratuito, medicamentos ni acompañamientos terapéuticos. Cualquier demora o restricción impacta directamente en su vida cotidiana.

    Prestaciones en riesgo y prestadores ahogados

    La Ley 24.901 garantiza un sistema de prestaciones básicas que incluye tratamientos, rehabilitación, transporte, apoyos y acompañantes terapéuticos. El decreto afirma que busca “transparentar contrataciones” y “optimizar el gasto”.

    En la práctica, este tipo de procesos suele derivar en:

    • Retrasos en los pagos a prestadores
    • Revisión de convenios
    • Reducción de coberturas
    • Prestadores que dejan de atender porque el Estado no paga

    No hace falta un recorte explícito: la asfixia administrativa también es una forma de ajuste.

    Mucha Convención, poca participación real

    El decreto cita reiteradamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no crea ningún mecanismo nuevo y concreto de participación de las organizaciones del sector. Todo queda concentrado en la estructura ministerial.

    Esto contradice el espíritu mismo de la Convención, que exige la participación activa de las personas con discapacidad en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que las afectan.

    Emergencia sanitaria prorrogada: más discrecionalidad

    La prórroga de la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2026 le otorga al Ejecutivo un margen extraordinario para tomar decisiones sin debate parlamentario. En ese marco, la política de discapacidad queda sujeta a resoluciones administrativas, reestructuraciones internas y cambios de criterio que pueden afectar derechos adquiridos.

    Menos Congreso, menos control, menos garantías.


    Un cambio de paradigma peligroso

    El decreto 942/2025 marca un giro claro: la discapacidad deja de ser abordada desde una perspectiva de derechos y pasa a ser tratada como un problema de gestión y gasto público.

    Detrás de palabras como “eficiencia”, “trazabilidad” y “orden”, se esconde un riesgo concreto de ajuste sobre quienes más necesitan del Estado. La eliminación de la ANDIS no es un hecho técnico: es una decisión política con consecuencias reales.

    En tiempos donde el gobierno de Milei repite que “no hay plata”, la pregunta es inevitable: ¿el ajuste también va a caer sobre las personas con discapacidad?

     

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    El presidente de Trenes Argentinos, Martín Martinucci, estimó que el servicio de la línea Sarmiento, interrumpido debido a un caso sospechoso de coronavirus en un guarda que tiene síntomas compatibles con la enfermedad, será restablecido al mediodía. La interrupción del servicio se produjo en las primeras horas de la jornada de hoy a causa de…

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