Milei incumplió las metas del FMI y espera un waiver para que le liberen USD 1.000 millones

Milei incumplió las metas del FMI y espera un waiver para que le liberen USD 1.000 millones

 

El Gobierno acumula incumplimientos y enfrenta una negociación difícil con el FMI, justo cuando necesita como el agua que le libere el desembolso pendiente de USD 1.000 millones, porque el organismo accedió a patear la revisión prevista para el año pasado.

Por eso, Milei y Caputo tuvieron que aceptar el nuevo esquema económico de acumulación de reservas y ajuste de las bandas por inflación, que les impuso el organismo. El Banco Central logró comprar más de USD 230 millones desde que empezó el año. Pero para evitar que el dólar se dispare , el Tesoro tuvo que vender más dólares de los que el Central compró, además de colocar bonos dólar linked y operar fuerte en el mercado de futuros. Una contradicción evidente que seguramente será parte de las discusiones con el Fondo.

La revisión del Fondo estaba prevista para diciembre. Después pasó a enero. Luego a febrero. Ahora, ya se habla de marzo. Sin confirmación formal, la expectativa es que haya alguna pista en la conferencia quincenal del FMI del próximo jueves.

Morgan Stanley advierte que Milei tiene un rojo de USD 5.000 millones para enfrentar los vencimientos de este año

El calendario no espera. En febrero hay que pagar USD 860 millones. Un monto similar al de diciembre. Aquella vez no hubo revisión y, por lo tanto, tampoco desembolso. La diferencia es que esa vez apareció un salvataje inesperado: Scott Bessent prestó Derechos Especiales de Giro que se pagaron el viernes pasado. El problema es que nadie explica de dónde salieron los recursos para saldar esa deuda, quién prestó, a qué plazo ni a qué tasa. Esta gestión del Banco Central pasará a la historia por su insoslayable oscurantismo. 

Pero el trasfondo es áspero. Argentina está lejos de cumplir las metas del acuerdo. El caso más evidente es el de las reservas. Las reservas internacionales netas, las RIN en la jerga del Fondo, muestran un rojo superior a USD 16.000 millones. Para cumplir la meta, el país debería estar apenas USD 1.000 millones en negativo. Hoy está a unos USD 15.000 millones de distancia. 

Argentina está lejos de cumplir las metas del acuerdo. El caso más evidente es el de las reservas que muestran un rojo superior a USD 16.000 millones. Para cumplir la meta, el país debería estar apenas USD 1.000 millones en negativo. Hoy está a unos USD 15.000 millones de distancia. 

Con ese número sobre la mesa, el mercado ya descuenta lo de siempre: un nuevo waiver. La dispensa recurrente que acompaña casi todos los acuerdos de Argentina con el FMI. Una suerte de comodín histórico que permite seguir, aun cuando las cuentas no cierran. 

Sin embargo el punto más sensible, paradójicamente, es el fiscal. Es el único activo sólido que el Gobierno pudo exhibir hasta ahora. Lo consiguió con un ajuste exponencial durante su primer año de gestión. La meta con el FMI para 2024 era un superávit primario de 1,6% del PBI. El resultado fue mejor: 1,8% de superávit primario y 0,3% de superávit financiero. 

En 2025, el escenario fue más exigente. Con la misma meta, la recaudación cayó casi un punto del PBI respecto de 2024. El segundo año de la gestión libertaria habría cerrado con un superávit primario en la zona del 1%. 

Según estimaciones provisorias de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), el resultado primario de la administración pública nacional fue de 1,07% del PBI, mientras que el resultado financiero sería deficitario en 0,08%. Los números no incluyen las utilidades del Banco Central y están alineados con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda. 

El dato oficial se conocerá el próximo viernes, pero diciembre ya anticipa tensiones. Ese mes el gasto creció 4% interanual en términos reales, según la consultora Analytica. Pesaron fuerte los subsidios económicos, que subieron 45%, empujados por los energéticos, que volaron 253,9% anual. También crecieron las transferencias a las provincias, 22,7%, y el gasto en jubilaciones y pensiones, 6,6%. Del otro lado, la obra pública cayó 45,8% y las transferencias de capital se desplomaron 50,7%.  

 

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  • Se demora la quita de subsidios a los ricos por la resistencia de las empresas a desarmar el Plan Gas del kirchnerismo

     

    El Gobierno anunció la entrada en vigencia de un nuevo régimen de subsidios energéticos focalizados, como le impuso el FMI, pero aun no ha sido implementado.

    A una semana de la publicación del decreto que debía poner en marcha el nuevo esquema, siguen vigentes los precios mayoristas de gas y electricidad del régimen anterior. No hay nuevos cuadros tarifarios. Tampoco hay precisiones operativas. Las categorías por ingresos N1, N2 y N3 continúan activas, pese a que el discurso oficial ya las dio por superadas. 

    A fines de diciembre, la Secretaría de Energía que conduce María Tettamanti ajustó el precio estacional de la energía (PEST) un 3% y el precio del gas en el ingreso al sistema de transporte (PIST) apenas un 0,53%. Ambos movimientos se hicieron bajo los parámetros del esquema anterior. 

    Esos dos precios no son un detalle técnico. Son la base sobre la cual los entes reguladores calculan los cuadros tarifarios que llegan a las facturas. El argumento oficial fue que faltaba la norma que ordenara la instrumentación del nuevo régimen. 

    Mindlin pinchó el globo de las exportaciones de gas al polo industrial de San Pablo

    Esa norma llegó recién el 2 de enero, primer día hábil de 2025, cuando Javier Milei firmó el decreto 943/2025 de subsidios energéticos focalizados. Desde entonces pasaron seis días hábiles y Energía todavía no publicó los nuevos valores de PEST y PIST para usuarios residenciales, ni para los que recibirán subsidios ni para los que quedarán afuera. En la práctica, los hogares de mayores ingresos siguen percibiendo ayuda estatal en sus boletas de luz y gas, algo que el propio Gobierno dice querer eliminar. 

    Lo que están planteando es desarmar el Plan Gas como si fuera una resolución administrativa más, y no lo es. Son contratos firmados, con plazos, compromisos de inversión y garantías de abastecimiento. Romper eso sería romper contratos, así de simple.

    Las demoras no son inocuas. Las distribuidoras tienen cada vez menos margen para adaptar sus sistemas de facturación. Se elimina una categoría. Se incorpora una bonificación adicional del 25% que rige este año y se va reduciendo hasta desaparecer en diciembre. Si el esquema no entra en vigencia este mes, todo el cronograma se corre y el ahorro fiscal prometido también, tal como calculó el portal especializado El Post Energético. 

    Pero en la industria miran otro frente. Afirman que la indefinición sobre el costo de la energía está íntimamente ligada a las dificultades para desarmar el Plan Gas.

    La plata de Fortín de Piedra de Techint en Vaca Muerta.

    «Lo que están planteando es desarmar el Plan Gas como si fuera una resolución administrativa más, y no lo es. Son contratos firmados, con plazos, compromisos de inversión y garantías de abastecimiento. Romper eso sería romper contratos, así de simple. Y cuando un Estado rompe contratos, el mensaje al mercado es devastador. Si el Gobierno quiere modificar el esquema, debería sentarse a renegociar, buscar una transición ordenada, no avanzar de hecho. Desarmarlo de un día para otro es jurídicamente muy difícil y económicamente peligroso. No es una perilla que se apaga: atrás hay inversiones, financiamiento y producción en curso», afirmó a LPO un importante empresario petrolero. 

    En rigor, el nuevo diseño del precio del gas natural introduce un cambio estructural: el valor será el mismo todo el año, sin diferenciar invierno y verano. 

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    El nuevo esquema fija subsidios del 50% del costo del gas entre abril y septiembre, con volúmenes que dependen de la región, y suma la bonificación del 25% el primer año. Con esa lógica, el nuevo PIST debería ubicarse todo el año en 3,79 dólares por millón de BTU. El problema es que los cuadros hoy vigentes fijan 2,98 dólares para el verano. Mientras no se actualicen, los usuarios reciben un subsidio mayor al previsto. 

    Paolo Rocca, líder del grupo Techint que tiene en Vaca Muerta la operación de gas más importante en el área de Fortín de Piedra, fue y es un gran defensor de esa iniciativa del kirchnerismo.

    Ese precio plano obliga a reformular el Plan Gas, que fue diseñado justamente con precios diferenciados por estacionalidad. Y ahí aparece el nudo político y económico. El Plan Gas fue, para las empresas, un negocio redondo. Paolo Rocca, líder del grupo Techint que tiene en Vaca Muerta la operación de gas más importante en el área de Fortín de Piedra, fue y es un gran defensor de esa iniciativa del kirchnerismo.

    El Estado compró toda la producción hasta 2028, garantizando un precio dolarizado por encima de la referencia internacional. Además, el esquema incluye cláusulas de take or pay: aunque no necesite todo el gas contratado, el Estado debe pagar al menos el 75% del volumen acordado.  

    Para el Estado, el acuerdo también tenía una lógica. Le dio previsibilidad al sistema energético. El gas no es solo lo que llega por red o garrafa. Es el insumo clave de la generación térmica que explica buena parte de la electricidad del país. 

    Ahora el Gobierno busca desarmar ese andamiaje. Para eso, empezó a ofrecer «regalitos» a las petroleras para que acepten salir antes de los contratos. Eliminar el control sobre los planes de inversión. Quitar la obligación de destinar un 30% de la producción al sector industrial. Y pagar un 5% más de adelanto por los volúmenes inyectados, solo con declaración jurada y sin certificaciones. 

    En el sector deslizan que el «regalito» mayor todavía no se mostró. «Cuando aparezca, el costo no lo van a pagar las petroleras. Como casi siempre, va a terminar en la boleta», afirmó un especialista consultado.

     

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    Patricia Bullrich y el método del poder impune: seis casos, un mismo patrón

     

    Un tuit del abogado Gregorio Dalbón volvió a poner en foco un recorrido político atravesado por muertes, violencias, encubrimientos y relatos oficiales construidos antes de cualquier verdad judicial. Desde Nisman hasta el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, el nombre de Patricia Bullrich aparece siempre en el mismo lugar: el del poder que explica, señala y se desentiende.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El planteo de Gregorio Dalbón no es una consigna suelta ni una reacción emocional. Es una enumeración precisa de seis hechos gravísimos de la historia reciente argentina en los que Patricia Bullrich tuvo un rol político directo o determinante, siempre desde lugares de poder estatal y siempre antes de que la Justicia pudiera hablar con pruebas y no con conferencias.

    No se trata de igualar causas ni de forzar comparaciones. Se trata de observar un patrón político reiterado: muertes o hechos violentos incómodos para el poder, una ministra que aparece rápido, un relato cerrado que exonera al Estado y una ausencia total de autocrítica cuando el tiempo demuestra que las explicaciones iniciales eran, como mínimo, falsas o incompletas.

    Seis casos, un mismo libreto

    En el caso Nisman, Bullrich fue una de las primeras dirigentes en instalar públicamente la hipótesis del asesinato, sin pruebas, empujando una operación política que convirtió una muerte aún no esclarecida en un arma contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Once años después, la causa sigue sin una sola evidencia firme que desmienta la hipótesis del suicidio, pero el daño político ya estaba hecho.

    En el caso Santiago Maldonado, como ministra de Seguridad, defendió a la Gendarmería desde el primer minuto, negó la desaparición forzada y acusó a la propia familia y a organismos de derechos humanos de “politizar” el hecho. La Justicia terminó estableciendo que Maldonado murió ahogado, pero Bullrich nunca explicó por qué encubrió el accionar represivo previo ni asumió responsabilidad política alguna.

    Con Facundo Molares, la escena se repitió: muerte en contexto de represión policial, relato inmediato de “descompensación”, respaldo automático a las fuerzas y ningún cuestionamiento interno. La violencia estatal se explicó sola y el poder se lavó las manos.

    El nombre de Fabrizia Pegoraro se suma a una lista menos mediática pero igual de inquietante: violencias institucionales minimizadas, responsabilidades diluidas y silencio político posterior. Cuando el caso deja de servir al discurso, desaparece del micrófono.

    En el caso de Pablo Grillo, nuevamente el esquema: intervención estatal, daños graves, justificaciones preventivas y una narrativa que corre el foco del rol del Estado hacia supuestos enemigos funcionales al orden que Bullrich dice garantizar.

    Y finalmente, el hecho más grave de todos: el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Allí Bullrich volvió a actuar como operadora política antes que como dirigente responsable: instaló la teoría del “loco suelto”, negó cualquier entramado político y mediático previo, y buscó clausurar de inmediato la pregunta central: cómo se construyó el clima de odio que habilitó el intento de magnicidio.

    Siempre antes, nunca después

    El hilo conductor es claro y demoledor: Bullrich siempre aparece antes del fallo, nunca después. Siempre con certezas anticipadas, nunca con dudas. Siempre señalando culpables ajenos, nunca haciéndose cargo del área que condujo.

    Cuando la verdad aprieta, el poder responde con fórmulas conocidas: alguien “se suicida”, alguien “se ahoga”, alguien “actuó solo”, alguien “se descompensó”. El Estado jamás falla, las fuerzas nunca se equivocan y la responsabilidad política queda sepultada bajo slogans de orden y seguridad.

    Esto no es una casualidad ni una suma de errores. Es un método político: construir autoridad desde el miedo, legitimar la violencia con discursos duros y garantizar impunidad desde el poder institucional.

    La responsabilidad que no prescribe

    La historia argentina demuestra algo que ningún marketing puede tapar: los funcionarios pasan, las víctimas quedan. Las conferencias se olvidan, los relatos se caen y las verdades, tarde o temprano, aparecen.

    Cuando ese momento llega, la pregunta no es quién dio la orden. La pregunta es quién estaba a cargo. Y en demasiados momentos oscuros de la Argentina reciente, la respuesta conduce al mismo nombre.

     

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  • REGINA VIOLENTA

    Homicidios, abusos, femicidios , mecheras, motochorros, pungas a punta de cuchillo, robos, accidentes viales a la orden del día, narcos; conceptos que se instalan en la sociedad ante una justicia nefasta que indefectiblemente no desentona ni con sus leyes, ni con quienes las ejecutan. Y para coronar toda esta parafernalia realista y triste la ignorancia…

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