Milei ahora acusó a Saguier de propiciar un golpe de Estado con el caso Libra para no pagar impuestos del Movistar Arena

Milei ahora acusó a Saguier de propiciar un golpe de Estado con el caso Libra para no pagar impuestos del Movistar Arena

Javier Milei redobló este sábado sus ataques a los periodistas pero lo hizo apuntando directamente a los presuntos intereses empresarios del diario La Nación y acusó a su director, Fernán Saguier, de utilizar la comisión investigadora del Congreso por la estafa de Libra para «generar un golpe de estado y conseguir favores políticos», como eludir el pago de impuestos adeudados del Movistar Arena, que pertenece al diario.

El Presidente hizo esas declaraciones durante una entrevista concedida al periodista libertario Gabriel Anello, a quien felicitó al inicio del reportaje por la obtención del Martín Fierro. 

El medio elegido para lanzar el misil contra Saguier pertenece al Grupo Clarín, cuyo dueño, Héctor Magnetto, también fue objeto de la ira de Milei el martes pasado, cuando se sacó ante la pregunta de una periodista de ese medio y le pasó factura por la ley de Bienes Culturales impulsada durante el gobierno de Eduardo Duhalde y promulgada por Néstor Kirchner.

De regreso a Buenos Aires, Milei continuó su cruzada contra los periodistas. En la cena de recaudación de la Fundación Faro, pidió «quemar en la hoguera» a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Luis Novaresio y Paulino Rodrígues, empleados de La Nación, además de atacar a Natalia Volosin.

En la conversación con Anello, Mlieli dijo que la comisión investigadora fue «un disparate institucional, con operadores políticos que también trabajan en el diario La Nación, diario donde (hay) la responsabilidad de los Saguier armándole causas a personas inocentes para extorsionar». «Esto es una extorsión intentando generar caos, tratando de ensuciar la figura del Presidente, tratando de generar un golpe de estado para obtener favores políticos», dijo.

Milei quemó los puentes con Clarín: «Un medio corrupto, que volteó un gobierno para que le licúen la deuda»

Sin precisión, aludió a la denuncia de ARCA contra Buenos Aires Arena, la empresa de La Nación que controla el microestadio de Villa Crespo, por una deuda de 2300 millones de pesos en concepto de Ganancias desde 2023. La cifra equivaldría a casi USD 1,5 millones, una suma relativamente exigua para un grupo del tamaño de La Nación.

Pero el rencor de Milei es tan alto que demostró que tiene contadas las horas de su malestar. «A mí me estuvieron ensuciando desde los medios de comunicación durante un año, ocho meses y nueve días, concretamente, el grupo La Nación, bajo responsabilidad total y absoluta de Fernán Saguier, quien amparó al delincuente de Hugo Alconada Mon, diciendo mentiras durante todo este tiempo», detalló.

Estaba siendo manchado a mi honor por, digamos, un delincuente como el señor Hugo Alconada Mon, y aún así lo siguió. ¿Por qué? Porque el problema, básicamente, era que La Nación tenía una deuda fiscal y usaban esto para extorsionarme y presionarme.

Según el Presidente, los favores políticos a los que aspiraba Saguier se resumían en la posibilidad de salvarse de una deuda impositiva. En la entrevista, intentó explicar que su abogado, Miguel Litch, refutaba las notas de Alconada Mon y, aunque él remitía el material a Saguier, el diario continuaba con sus críticas: «Ese material, digamos, yo mismo se lo hacía llegar al señor Fernán Saguier para tomar notificación de que estaba siendo calumniado, injuriado, estaba siendo manchado a mi honor por, digamos, un delincuente como el señor Hugo Alconada Mon, y aún así lo siguió. ¿Por qué? Porque el problema, básicamente, era que La Nación tenía una deuda fiscal y usaban esto para extorsionarme y presionarme», dijo.

Milei ahora acusó a Saguier de propiciar un golpe de Estado con el caso Libra para no pagar impuestos del Movistar Arena

La diputada peronista Sabrina Selva.

El rush de Milei contra Clarín y La Nación acaso revela las dificultades políticas que experimenta el gobierno frente al límite material de su modelo económico. Tomado por visiones conspirativas, el Presidente ve operadores, ensobrados y corruptos detrás de cada artículo que revela las inconsistencias de su gestión.

Los diputados Maximiliano Ferraro, por la Coalición Cívica, y Sabrina Selva, por el peronismo, salieron a criticar a Milei por cuestionar contra el Congreso. «La Comisión Investigadora del Congreso no fue una operación golpista, ejercimos nuestras facultades de investigación dentro del marco de la Constitución y el reglamento de la Cámara. Su conformación no tuvo una sola impugnación, y su accionar no invadió jurisdicción alguna», dijo el lilito.

¿Alguien le avisa al Presidente que pide la hoguera para periodistas y que analiza denunciarnos a los que integramos la Comisión Investigadora que el sobreseimiento que le regalaron Taiano y Martínez de Giorgi no está firme?

Selva fue más punzante. «¿Alguien le avisa al Presidente que pide la hoguera para periodistas y que analiza denunciarnos a los que integramos la Comisión Investigadora que el sobreseimiento que le regalaron Taiano y Martínez de Giorgi NO ESTÁ FIRME?», posteó en X, y agregó que «está pendiente de resolución en Casación un recurso interpuesto por las querellas por el apartamiento de la causa, que no vaya a ser cosa que traiga novedades».

La causa por la estafa llegaría en la semana próxima a la Sala II de la Cámara de Casación Penal, integrada por Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar. Si los magistrados abren el recurso de queja de las querellas, podrían pedir la nulidad del sobreseimiento dictado por Marcelo Martínez de Giorgi este viernes.

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    Este primer giro es parte de tres desembolsos que totalizarán $60.000 millones antes de fin de año, y busca saldar parte de la deuda histórica que el Estado mantiene con las prestadoras médicas sindicales. La medida, interpretada como un gesto político, genera suspicacias sobre su influencia en el debate por los cambios en la legislación laboral.

    La gestión de los pagos fue impulsada desde el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, un funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, quien mantiene un rol clave en el vínculo con los gremios. Aunque Caputo evitó convocar oficialmente a la CGT, reconoció el peso del nuevo triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. Desde la central obrera, sin embargo, reclaman que los interlocutores del Gobierno sean Caputo y el ministro del Interior, Diego Santilli, en lugar del secretario de Trabajo Julio Cordero, a quien acusan de falta de diálogo.

    El malestar sindical se profundizó tras la filtración de un borrador de reforma laboral que incluye puntos conflictivos, como la limitación del derecho a huelga y la eliminación de la cuota solidaria. La CGT atribuye estos intentos al ministro Federico Sturzenegger, a quien acusan de reactivar sin consenso artículos rechazados por la Justicia. En tanto, en la Unión Industrial Argentina (UIA) también expresaron preocupación por las propuestas que permitirían negociar convenios colectivos por empresa, una medida que podría fragmentar la representación sindical y generar conflictos internos.

    Frente a este escenario, los gremios adoptaron una estrategia de resistencia “blanda”: intentar suavizar el proyecto oficial preservando tres pilares fundamentales. Buscan mantener su rol en la negociación colectiva, evitar cambios en los aportes sindicales y la cuota solidaria, y sostener la ultraactividad de los convenios, que garantiza la continuidad de derechos laborales aunque no se renueven los acuerdos. Mientras tanto, el Gobierno prepara un texto basado en el proyecto de la diputada Romina Diez, que apunta a incentivar el empleo y la inversión, y podría presentarse en el Congreso en diciembre.

    La iniciativa incluye medidas como la fragmentación de las vacaciones, el banco de horas y facilidades para el pago de indemnizaciones, aunque el Ejecutivo asegura que no se eliminarán las compensaciones por despido. Además, el secretario de Trabajo evalúa incorporar un esquema de “salario dinámico” vinculado a la productividad, mientras el diputado gremialista Sergio Palazzo propone que los trabajadores participen en las ganancias empresariales. Con la tensión entre los sectores todavía abierta, la reforma laboral podría transformarse en uno de los debates más duros del cierre de 2025.

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    Distintos grupos proteccionistas —entre ellos la agrupación Ranhu— advirtieron sobre el riesgo que representa el Canal Principal de Riego para los animales que circulan por la ciudad, especialmente perros, y denunciaron la falta de medidas de seguridad básicas para prevenir nuevas caídas. Las organizaciones señalaron que, a pesar de los reiterados reclamos y reuniones previas con autoridades municipales y del Consorcio de Riego, las respuestas han sido insuficientes y los incidentes continúan en aumento.

    La problemática se agravó durante las últimas semanas de noviembre en General Roca, cuando la llegada anticipada del calor y el incremento del caudal por la temporada de riego coincidieron con una seguidilla de animales que cayeron al Canal Grande sin poder salir por sus propios medios.

    Rescates improvisados y pocas respuestas

    Según los registros de Ranhu, más de 23 perros terminaron dentro del cauce desde que comenzó la temporada —10 de ellos fallecidos por ahogamiento—, en sectores donde no se colocaron cercos, escaleras, carteles de advertencia ni dispositivos de sujeción. En ese contexto, los rescates dependen de la intervención espontánea de vecinos, mientras que los cambios en la conducción del Consorcio de Riego y la falta de continuidad en las acciones oficiales dificultan avanzar en soluciones efectivas.

    En un comunicado difundido en redes sociales, Ranhu recordó que solo mantuvieron dos reuniones con las autoridades, una en 2023 y otra en 2024, y señalaron que, a pesar de las promesas, las medidas mínimas acordadas no se cumplieron.

    “Nunca tuvimos respuesta ni siquiera a lo mínimo que habíamos logrado, y era poner más elementos de sujeción dentro del canal. Olvídense del cercado y escaleritas porque parece ser un trabajo muy costoso”, expresaron.

    Sin embargo, la agrupación reconoció que alcanzaron a ver “alguna rampa nueva cerca de la Mendoza”, pero remarcaron que esto es insuficiente frente al número creciente de incidentes.

    Falta de cartelería y sanciones

    En ese mismo sentido, denunciaron que no se colocaron más carteles visibles que alerten sobre el peligro ni se emitieron las multas correspondientes, algo que – aseguran – ayudaría a generar mayor conciencia.

    La organización también indicó que, al intentar retomar el diálogo en los últimos meses, se encontraron con que la conducción del Consorcio de Riego había cambiado. “Volvimos a insistir hace meses y nos enteramos que la comisión del Consorcio había cambiado, y su presidente estaría en Cipolletti”, señalaron, cuestionando la falta de continuidad y seguimiento sobre un tema que afecta tanto a animales como a personas que transitan cerca del canal.

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