El jury destituyó por unanimidad a Salmain y podría ser detenido

El jury destituyó por unanimidad a Salmain y podría ser detenido

El tribunal del juicio político destituyó de modo unánime este jueves a Gastón Salmain de su cargo de juez federal de Rosario. La determinación le quita los fueros que impidieron que se ejecute una orden de prisión preventiva dictada en diciembre pasado por un caso de corrupción que impidió que lo privaran de libertad entonces. Despejada esa inmunidad ahora, según fuentes judiciales, se activará su detención.

El jurado de siete miembros integrado por legisladores nacionales, magistrados y abogados desestimó una de las dos causales de juicio político, que es haber beneficiado a particulares para que pudieran comprar 10 millones de dólares a precio oficial durante la vigencia del cepo ante la oposición manifiesta del BCRA a cambio de un retorno. Esto lo hizo en virtud de que no hay sentencia definitiva en el caso, en el que Salmain está procesado y con el pedido de prisión preventiva admitido por un juez, con lo que no se trata de un hecho juzgado.

El cargo que decidió la destitución es un asunto que hace dos años reveló LPO. Se trata de haber omitido en el concurso que lo llevó a ser juez que hace 24 años, cuando era empleado en Comodoro Py, lo habían echado del Poder Judicial por intentar direccionar expedientes al juzgado donde trabajaba ofreciendo un soborno. 

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Respecto de esto, el tribunal determinó que Salmain fue dejado cesante de su cargo de empleado en el juzgado federal 8 de la seguridad social en 2002 en un fallo que recurrió sin éxito. Que entre entre 2016 y 2024 se inscribió en 33 concursos para la designación de magistrados ante el Consejo de la Magistratura. En todos los casos lo hizo mediante presentaciones con carácter de declaración jurada. Y en ninguna de ellas declaró aquel empleo por el cual lo echaron ni la sanción recibida. Afirmó, en cambio, haberse desempeñado como abogado en el ejercicio libre de la profesión desde su matriculación.

Entre los concursos entre los que participó estuvo el número 387, por el que accedió en 2024 al cargo que ejerció hasta este jueves, cuando se decidió su remoción. 

El jury destituyó por unanimidad a Salmain y podría ser detenido

 El abogado de Salmain, Yamil Castro Bianchi, escucha el veredicto. El acusado no asistió. 

El tribunal dice en su sentencia de modo explícito que el reglamento de concursos públicos le exigía en todos los casos declarar ese empleo, certificar su fecha de egreso e indicar la causa del cese. Eso con independencia del puntaje y sin límite temporal, ya que los defensores del ahora ex magistrado señalaron que Salmain lo omitió porque no otorgaba puntos en el trámite el hecho de haber sido empleado, y que además no hay obligación de informar sanciones cumplidos diez años de impuestas. El caso de cohecho por el cual lo echaron había terminado con la imposición de una probation. 

«El plazo de 10 años que el mismo reglamento fija para el inventario de sanciones disciplinarias no alcanzaba a esos deberes», señaló el tribunal de modo manifiesto. 

Para el jurado, Salmain conocía la sanción que recibió, conocía su registro y conocía el reglamento de concursos y decidió con un criterio propio qué declarar y qué callar. Esto se consideró inaceptable por haber defraudado a quienes debían evaluarlo.

Lo más grave para el tribunal es que esa conducta sostenida durante ocho años por Salmain al ocultar esa sanción que lo sacó del Poder Judicial le impidió al órgano constitucional de selección conocer una causal de inadmisibilidad y un dato esencial para la evaluación de su idoneidad. Con ello, entonces, Salmain quebrantó el deber de veracidad sobre el que descansa el sistema de concursos. 

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«La veracidad de lo que un juez declara bajo juramento sobre su propia trayectoria es condición de la confianza pública en la que descansa su permanencia en el cargo, quien la quebranta al postularse y la mantiene quebrantada, ya investido de la magistratura, no conserva las condiciones que la Constitución exige para ejercerla», señaló el tribunal.

Los miembros del jurado que evaluó los cargos planteados por los acusadores fueron los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras nacionales María Belén Montes de Oca y María Florencia López, los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli y la abogada Ana Beatriz Fernández.

Los acusadores Juez y Barroetaveña 

Todos ellos votaron de la misma manera. Desestimaron el cargo por el cual Salmain está siendo juzgado por asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho pasivo y prevaricato en el llamado caso Attila, precisamente porque mientras no haya una resolución firme la ley presume inocentes a personas sometidas a proceso. 

La situación que sella la suerte de Salmain, y que reveló este medio en julio de 2025, está en un libro. El primero que hizo referencia a la cesantía de Salmain fue Pablo Slonimsqui, un ex secretario de instrucción de un juzgado penal de Comodoro Py, en su libro Forum Shopping, editado en 2019 por Planeta. Allí reveló cómo existen maniobras para asegurarles destinos a los expedientes más allá de los sorteos y los turnos. Y un ejemplo que puso con nombre y apellido fue el de Salmain cuando lo echaron por una coima para asignarle un destino determinado a legajos que le interesaban. Se trataba de causas en las que intervenía el estudio jurídico privado donde él mismo trabajaba por la tarde.

El cargo que decidió la destitución es un asunto que hace dos años reveló LPO. Se trata de haber omitido en el concurso que lo llevó a ser juez que hace 24 años, cuando era empleado en Comodoro Py, lo habían echado del Poder Judicial por intentar direccionar expedientes al juzgado donde trabajaba ofreciendo un soborno

Las primeras reacciones en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario eran de un muy palpable alivio. Si Salmain lograba sortear el jury en su contra sería repuesto en su cargo de juez civil y comercial, donde fue cuestionado por hechos muy controvertidos y polémicos.

Entre estos hechos, está el haber fallado desde una competencia impropia en favor de una desarrolladora a la que el gobierno de Maximiliano Pullaro le había impedido seguir obras de un barrio privado por riesgo de inundaciones en el loteo. También se conocía que buscó intervenir en expedientes donde está sospechado de corrupción y tráfico de influencias el ex director regional de la AFIP Carlos Andrés Vaudagna en la que Salmain, con 48 llamadas intercambiadas con él que delata un lazo de proximidad, pedía intervenir.

También fue denunciado penalmente y ante el Consejo de la Magistratura por el dueño de la tabacalera santafesina Bromway. En septiembre de 2023 Salmain le ordenó a la ex AFIP que no le vendiera más estampillas a esta firma en el contexto de una demanda impulsada por su competidora Massalin Particulares. Los denunciantes sugirieron que lo hizo al no prosperar un pedido de sobornos hacia Bromway.

La última novedad en los trámites contra Salmain es que este miércoles, en una causa de presunto lavado de activos abierta en su contra, a su ex esposa le secuestraron el teléfono y 59 mil dólares de una caja de seguridad en la Casa Central del Banco Nación en la ciudad de Buenos Aires.

El motivo es que la mujer se acogió al último blanqueo impulsado por Javier Milei y declaró activos por 250 mil dólares. Algo que según fiscales federales no podía hacer porque la medida no alcazaba a funcionarios públicos, sus cónyuges o ex cónyuges.

Durante el trámite del jury que arrancó a principios de octubre Salmain siempre se declaró inocente y se dijo víctima de una persecución. Respondió con elocuencia preguntas y en uno de los momentos notorios que vaciló y resultó acorralado fue cuando le preguntaron si recordaba por qué motivo en 2002 lo habían cesado en el Poder Judicial.

«Es obvia la persecución que recae sobre mi persona, dijo el día que le impusieron los cargos en el juicio político el juez implicado. «Se llega a esta instancia con operaciones, con mentiras, con falsos arrepentidos y presumiendo que oculté cosas que nunca he ocultado. No existe una sola prueba».

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    Federico ‘Fred’ Machado, el empresario argentino acusado de tener vínculos con el narcotráfico y de ser uno de los responsables de financiar la campaña del diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, sería extraditado este miércoles, según informaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

    Actualmente, Machado es investigado por la justicia de Estados Unidos, particularmente por el Tribunal de Distrito del Este de Texas, por su supuesta participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y estafas; tanto en el exterior como en nuestro país fue acusado de integrar una organización delictiva transnacional.

    En abril del año 2021, fue detenido en el aeropuerto de la provincia de Neuquén, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición; este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó dicha solicitud, por lo que el empresario aeronáutico fue trasladado a Buenos Aires para ser entregado, este miércoles, a las autoridades norteamericanas.

    La figura de Machado tomó importancia a nivel público cuando se descubrió su relación ‘amistosa’ con Espert, a quien, además de haberle financiado su campaña presidencial en 2019 con aparentes fondos del narcotráfico, le habría facilitado el uso de aviones y una camioneta en ese periodo.

    Por otra parte, y durante la campaña para ser reelecto diputado nacional en octubre de este año, se confirmó una transferencia en la cuenta personal de Espert de 200.000 dólares en concepto de “asesorías” contables.

    Esta situación derivó a que el legislador libertario no sólo renunciara a su candidatura, sino que también se tomara licencia en sus funcionen dentro del Congreso Nacional, donde era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hasta el próximo 8 de diciembre, un día antes de que termine su mandato.

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  • Jornada decisiva por el caso $Libra: Diputados recibe el informe final de la comisión investigadora

     

    La comisión investigadora de la criptomoneda Libra, el primer escándalo de magnitudes que estalló como una bomba en la cara del gobierno nacional, transita sus horas finales ya que presentará este martes en la Cámara de Diputados un pormenorizado informe con las conclusiones del trabajo realizado durante estos meses, que «incluirá consideraciones y recomendaciones surgidas del proceso».

    Así lo anticipó anoche el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, en su cuenta de la red social X, para difundir la actividad que se desarrollará este martes a las 16 en la Sala 1 del Anexo A.

    “Últimas horas de trabajo intenso antes de presentar el informe el martes. Revisión, contraste y análisis de cada documento, testimonio e información que formó parte de la labor de la Comisión. Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa”, publicó el legislador de la Coalición Cívica.

    La comisión se creó a raíz de la voluntad opositora de investigar la presunta estafa en la promoción de la criptomoneda $LIBRA, operatoria que generó pérdidas millonarias para miles de usuarios que fueron inducir a adquirir activos digitales a partir de un posteo de promoción en sus redes sociales del presidente Javier Milei.

    Tras el escándalo, el Poder Ejecutivo y el oficialismo en general negaron la posibilidad de que hubiera una estafa tratándose de una «memecoin», tomaron distancia de las acusaciones, y buscaron obstruir la creación de la comisión al sostener que entorpecería la tarea de la Justicia.

    Inicio de la investigación

    Desde su puesta en marcha, el trabajo de la comisión atravesó distintas instancias: después de un primer momento de parálisis que se extendió por meses, producto de la imposibilidad de elegir autoridades por el bloqueo sistemático del oficialismo, se pudo destrabar el nudo a raíz de un proyecto del propio Ferraro que consiguió normalizar el funcionamiento.

    No obstante, la totalidad de los funcionarios del Poder Ejecutivo citados por la oposición, entre ellos Karina Milei, los ministros Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, y Roberto Silva, para que brindaran declaración indagatoria se rehusaron a concurrir, lo cual le quitó algo de brillo a la comisión investigadora.

    Solamente puso la cara el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien negó todos los cargos, insistiendo en que “no existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado Nacional, sus organismos, sus funcionarios o asesores con los proyectos vinculados” a «Viva La Libertad Project».

    “Tampoco hubo una relación contractual, beneficio económico, contraprestación, compromiso, acuerdo o participación de ninguna índole vinculados al proyecto”, indicó, aunque dejó algunos flancos abiertos durante su interpelación del 30 de abril en la Cámara de Diputados.

    Así como provocó malestar la falta de voluntad del gobierno nacional en aportar testimonios para desentrañar lo sucedido en Libra, también hubo decepción con la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi quien les negó a los diputados el acceso al expediente judicial y tampoco autorizó llevar a los funcionarios del Ejecutivo a declarar por la fuerza pública.

    El informe final que se develará este martes será elevado al recinto de la Cámara de Diputados antes del 20 de noviembre, conforme lo establecido en el proyecto de resolución que dio origen a la comisión investigadora. El informe está contenido un expediente dividido en diez cuerpos que incluye actas, testimonios, documentos de exchanges, fechas de transferencias, informes técnicos y dictámenes.

    El entramado por supuesto tráfico de influencias y fraude no solamente incluye a Milei sino también a su hermana Karina Milei, y tuvo como actores insoslayables a los lobbystas e intermediarios locales Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes habrían recibido dinero a través de exchanges de los creadores de la criptomoneda.

    Entre estos últimos el nombre que más se repitió durante las pesquisas es el el Hayden Davis, quien trasfirió desde sus billeteras cientos de miles de dólares en fechas clave que coinciden con reuniones que Novelli mantuvo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, previo al retiro masivo de dinero en una sucursal bancaria.

    Algunos de los testimonios más reveladores que fueron recabados por la comisión fueron el del empresario damnificado y querellante Martín Romeo, quien relató con lujo de detalles la forma en que se desarrolló la «estafa» en pocas horas, y el del programador Maximiliano Flirtman, quien aseguró que el tuit de Milei estaba orquestado y programado con anterioridad para engañar a los inversores.

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    El intendente de Tigre, Julio Zamora, tuvo que blanquear que está de viaje en China luego de que LPO reveló que viajó sin pedir licencia y mientras en redes sociales simulaba que seguía realizando actividades en el municipio. Tras la nota de LPO que dio a conocer la denuncia contra Zamora por irse de viaje…

  • “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel es una crítica al accionar punitivo del estado”

     

    A comienzos de junio la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la sentencia dictada en diciembre de 2023 a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca por la cual fueron condenados cinco integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval por el homicidio de Rafael Nahuel. El joven mapuche de 22 años fue asesinado por la espalda mientras escapaba, junto a otros manifestantes, de una persecución brutal en la zona del Lago Mascardi, en Bariloche. En diálogo con ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), afirmó que “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

    Si bien no se logró el cambio de calificación legal que pretendían las querellas y que hubiera permitido condenas mayores al desestimar la figura de “exceso en la legítima defensa”, lo resuelto por el máximo tribunal penal del país ratifica lo que organizaciones sociales y de derechos humanos vienen denunciando desde hace años: los desalojos de comunidades originarias se realizan con exceso en el uso de la fuerza del estado y provocan daños irreversibles en quienes se manifiestan y reclaman por sus derechos.

    Así ocurrió con el brutal operativo que provocó la muerte de Rafael Nahuel, el joven de 22 años asesinado por una bala de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en 2017 mientras la comunidad Lafken Winkul Mapu intentaba preservar sus tierras.

    Cabe recordar que el hecho fue juzgado en debate oral y público realizado a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca –con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava- durante los últimos meses de 2023, cuando cinco integrantes de la PNA resultaron condenados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma y en exceso de legítima defensa. Cuatro de ellos, como partícipes necesarios y el quinto, como autor del disparo letal.

    Todos recibieron, según su grado de participación en el crimen, la máxima pena para el delito imputado pero ninguno fue condenado a penas superiores a 5 años y 8 meses de prisión ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado y en exceso de legítima defensa.

    Tal como sostuvieron desde el inicio de la causa las querellas de la APDH –en su carácter de organización de la sociedad civil- y la de la familia de la víctima, nunca se probó la necesidad de defensa de los prefectos con sus armas reglamentaria porque, en rigor, nunca existió agresión de los manifestantes.

    No obstante, luego de la sentencia de 2023 existía la posibilidad de que, en instancia revisora, se revirtieran las condenas y se absolviera a los cinco integrantes del Grupo Albatros, tal como lo solicitaron ante la Cámara Federal de Casación Penal las defensas y en un contexto político propicio para el otorgamiento de beneficios a los agentes de seguridad involucrados en graves casos de violencia institucional.

    De allí que la reciente confirmación de la condena por parte del máximo tribunal penal del país no deja de representar un avance porque, tal como sostiene el vicepresidente de la APDH nacional, Guillermo Torremare, “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

    “Hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados”, agregó.

    “Hoy es muy fácil encontrar artículos periodísticos de la época en los que se afirmaba la inocencia de los agentes de seguridad y el supuesto ejercicio de legítima defensa frente a las agresiones de los integrantes de la comunidad mapuche que resistían el desalojo, pero nunca se aportó una sola evidencia que diera cuenta de esa realidad. Más bien lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse”, amplió Torremare.

    Y concluyó: “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del estado”.


    Fuente: https://www.andaragencia.org/el-fallo-de-casacion-sobre-el-asesinato-de-rafael-nahuel-es-una-critica-al-accionar-punitivo-del-estado/

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