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MÁS CANDIDATO QUE NUNCA

El piloto reginense Facundo Aldrighetti metió un doblete soñado este fin de semana en Paraná y ahora depende de él mismo para conseguir el campeonato.

“Facu” cumplió con todos los pronósticos previos a las carreras en el “Club volantes entrerrianos” al subirse a lo más alto del podio tanto el sábado como el domingo. El “Misil del Alto Valle” había anticipado que iba por todo y que no le pesa ser uno de los “firmes candidatos”. Detrás del rionegrino se ubicaron los otros 4 pilotos que luchan por campeonar, lo que dejó un epílogo cerradísimo para la última fecha que se correrá en Buenos Aires a fines de febrero.

Finalizada la 5° fecha del TopRace Series las posiciones del campeonato quedaron del siguiente modo: 1° Ian Reutemann 103 puntos, 2° Facundo Aldrighetti 86, 3° Franco Morillo 86, 4° Stefano Di Palma 83 y 5° Baltazar Leguizamón 74. Pero la competencia exige el descarte de dos carreras por lo que no sólo se achican las diferencias entre los 5 pilotos de arriba si no que también los puestos varían quedando la tabla extraoficialmente de la siguiente manera: 1° Facu Aldrighetti 71 puntos, 2° Reuteman 69, 3° Morillo 63, 4° Leguizamon 58 y 5° Di Palma 55. La última fecha pone 54 puntos en juego.

Sin embargo el dueño del equipo JLS Motorsport Luciano Sarbag asegura que el 1er puesto está igualado entre Aldrighetti y Reuteman. Respecto a puntajes y tabla de posiciones este lunes todos los equipos deberán presentar que carreras descartan y de ese modo los puntajes quedarán oficializados de cara a la última fecha.

En la semana el piloto reginense había anticipado que el hecho de conocer la pista entrerriana era un condimento que le daba mucha confianza “Estabamos confiados porque Paraná la conocíamos bien”. Facu tiene la desventaja de no competir todos los fines de semana como si lo hacen los demás pilotos que llegan con posibilidades de ser campeones del Top Race Series y explica “el sólo hecho de subirse a un auto todos los findes es un plus, estás continuamente en contacto con un auto lo que te permite estar más fino y no perder la sensibilidad”.

La competencia, que fue a 30 minutos más una vuelta compartiendo pista con el TRV6, estuvo picante y tuvo la maniobra polémica de Ian Reuteman en la carrera del día domingo que fue sancionada por los comisarios y le permitió al piloto reginense de la escuadra JLS Motorsport subir a lo más alto del podio. Aldrighetti estuvo de acuerdo con la sanción y explicó, “me lleva dos veces para afuera y la última maniobra fue alevosa, estaba todo el auto afuera y es como que me ve y se empieza a cerrar y me lleva al pasto, hasta él mismo lo dijo”.

Resta poco más de un mes para que se defina el campeonato en la última fecha y el piloto rionegrino que corre en el Mercedez Benz ya quiere que llegue “ya estuvimos hablando con Luciano Sarbag para empezar a preparar lo que viene”, la confianza y el esfuerzo contante son características de Aldrighetti “si no se labura no se corre, esa es la ley acá”, cierra Facu en un audio enviado desde la chacra con el motor del tractor como sonido de fondo.

Se viene un cierre de competencia con todos los ingredientes que anticipan un final cerradísimo no apto para cardíacos.

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    Santiago Caputo

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    «No hay más secundario»: empresas de colectivos descargan la crisis sobre los estudiantes y ponen en jaque un derecho conquistado

     

    La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?

    Cuando la crisis la pagan los estudiantes

    El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.

    Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.

    La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.

    La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.

    El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados

    La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.

    Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.

    Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.

    El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.

    Un nuevo golpe contra la educación pública

    La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.

    Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.

    Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.

    Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.

     

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