El piloto reginense Facundo Aldrighetti metió un doblete soñado este fin de semana en Paraná y ahora depende de él mismo para conseguir el campeonato.
“Facu” cumplió con todos los pronósticos previos a las carreras en el “Club volantes entrerrianos” al subirse a lo más alto del podio tanto el sábado como el domingo. El “Misil del Alto Valle” había anticipado que iba por todo y que no le pesa ser uno de los “firmes candidatos”. Detrás del rionegrino se ubicaron los otros 4 pilotos que luchan por campeonar, lo que dejó un epílogo cerradísimo para la última fecha que se correrá en Buenos Aires a fines de febrero.
Finalizada la 5° fecha del TopRace Series las posiciones del campeonato quedaron del siguiente modo: 1° Ian Reutemann 103 puntos, 2° Facundo Aldrighetti 86, 3° Franco Morillo 86, 4° Stefano Di Palma 83 y 5° Baltazar Leguizamón 74. Pero la competencia exige el descarte de dos carreras por lo que no sólo se achican las diferencias entre los 5 pilotos de arriba si no que también los puestos varían quedando la tabla extraoficialmente de la siguiente manera: 1° Facu Aldrighetti 71 puntos, 2° Reuteman 69, 3° Morillo 63, 4° Leguizamon 58 y 5° Di Palma 55. La última fecha pone 54 puntos en juego.
Sin embargo el dueño del equipo JLS Motorsport Luciano Sarbag asegura que el 1er puesto está igualado entre Aldrighetti y Reuteman. Respecto a puntajes y tabla de posiciones este lunes todos los equipos deberán presentar que carreras descartan y de ese modo los puntajes quedarán oficializados de cara a la última fecha.
En la semana el piloto reginense había anticipado que el hecho de conocer la pista entrerriana era un condimento que le daba mucha confianza “Estabamos confiados porque Paraná la conocíamos bien”. Facu tiene la desventaja de no competir todos los fines de semana como si lo hacen los demás pilotos que llegan con posibilidades de ser campeones del Top Race Series y explica “el sólo hecho de subirse a un auto todos los findes es un plus, estás continuamente en contacto con un auto lo que te permite estar más fino y no perder la sensibilidad”.
La competencia, que fue a 30 minutos más una vuelta compartiendo pista con el TRV6, estuvo picante y tuvo la maniobra polémica de Ian Reuteman en la carrera del día domingo que fue sancionada por los comisarios y le permitió al piloto reginense de la escuadra JLS Motorsport subir a lo más alto del podio. Aldrighetti estuvo de acuerdo con la sanción y explicó, “me lleva dos veces para afuera y la última maniobra fue alevosa, estaba todo el auto afuera y es como que me ve y se empieza a cerrar y me lleva al pasto, hasta él mismo lo dijo”.
Resta poco más de un mes para que se defina el campeonato en la última fecha y el piloto rionegrino que corre en el Mercedez Benz ya quiere que llegue “ya estuvimos hablando con Luciano Sarbag para empezar a preparar lo que viene”,la confianza y el esfuerzo contante son características de Aldrighetti “si no se labura no se corre, esa es la ley acá”, cierra Facu en un audio enviado desde la chacra con el motor del tractor como sonido de fondo.
Se viene un cierre de competencia con todos los ingredientes que anticipan un final cerradísimo no apto para cardíacos.
El Senado debate cambios al Súper RIGI para atraer megacentros de datos e inversiones en inteligencia artificial. La gran pregunta: ¿qué gana Argentina?
Por Ignacia Fratelint para NLI
La Argentina está a punto de tomar una decisión que puede parecer, a primera vista, una cuestión técnica reservada para especialistas en tecnología, energía y legislación tributaria, pero que en realidad toca uno de los debates económicos más importantes de los próximos años: qué quiere hacer el país con su energía, sus recursos naturales y su infraestructura cuando la inteligencia artificial se convierta en uno de los mayores consumidores eléctricos del planeta. El proyecto conocido como Súper RIGI, que busca avanzar esta semana en el Senado con modificaciones negociadas por el oficialismo con bloques aliados, incorpora entre sus objetivos la llegada de grandes inversiones vinculadas con centros de datos, inteligencia artificial, semiconductores y otras actividades consideradas estratégicas. El Gobierno sostiene que se trata de una oportunidad para atraer capitales hacia industrias que todavía no tienen desarrollo comercial significativo en el país, mientras sus críticos advierten que los beneficios fiscales pueden terminar subsidiando emprendimientos de enorme consumo energético cuyo impacto sobre el empleo y el entramado productivo nacional podría ser mucho menor del que promete el discurso oficial.
La discusión adquirió especial intensidad en las últimas horas porque uno de los puntos que el oficialismo aceptó modificar está relacionado precisamente con el abastecimiento energético de los megacentros de datos. La cuestión no es menor: entrenar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial requiere instalaciones capaces de procesar cantidades gigantescas de información durante períodos prolongados, y esas instalaciones necesitan electricidad de manera permanente, con niveles de demanda que pueden convertir a un único proyecto en un consumidor energético de escala comparable con grandes establecimientos industriales. Las modificaciones negociadas en el Senado buscan establecer condiciones específicas para esos emprendimientos, en particular respecto de quién debe garantizar la energía necesaria para ponerlos en funcionamiento, en un momento en que la infraestructura eléctrica argentina todavía enfrenta restricciones y necesita inversiones considerables para acompañar cualquier salto significativo de la demanda.
La nueva frontera no es el petróleo: es la electricidad
Durante buena parte del siglo XX, las grandes disputas económicas internacionales estuvieron relacionadas con el acceso al petróleo. En el siglo XXI, esa competencia continúa, pero empieza a complementarse con otra disputa cada vez más evidente: quién tendrá acceso a suficiente energía para sostener la infraestructura digital que mueve la nueva economía. Un centro de datos no se parece a una oficina llena de computadoras; es una instalación industrial donde miles de servidores funcionan simultáneamente, procesando información y generando calor que debe ser disipado de manera constante, razón por la cual la disponibilidad de electricidad barata, abundante y relativamente estable se convirtió en uno de los factores decisivos para decidir dónde instalar este tipo de infraestructura.
Argentina tiene algunos elementos que la vuelven atractiva para esa carrera. Posee gas natural abundante en Vaca Muerta, potencial hidroeléctrico, capacidad creciente de generación renovable, disponibilidad territorial y una comunidad científica y tecnológica con experiencia en áreas vinculadas con software, inteligencia artificial y servicios basados en conocimiento. El atractivo, por lo tanto, no es inventado: existe una oportunidad real. El problema es determinar qué condiciones debe establecer el Estado para que esa oportunidad tecnológica no termine reducida a la explotación de una ventaja energética.
El proyecto oficial busca precisamente aprovechar esa combinación. Según la información difundida sobre el Súper RIGI, el régimen apunta a actividades que todavía no cuentan con desarrollo comercial previo en el país o que se encuentran en fases experimentales o piloto, incluyendo megacentros de datos destinados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y otras industrias tecnológicas. Para acceder al régimen se plantea un umbral de inversión de 1.000 millones de dólares, lo que coloca el programa en una escala muy diferente de la de las políticas tradicionales destinadas a pequeñas y medianas empresas.
La pregunta, entonces, no debería ser simplemente si Argentina quiere tener centros de datos. Por supuesto que debería interesarle desarrollar infraestructura digital propia y atraer inversiones tecnológicas. La cuestión verdaderamente relevante es bajo qué condiciones esas inversiones se incorporarán a la economía argentina.
Porque un centro de datos puede estar físicamente ubicado en nuestro territorio, consumir energía producida aquí y utilizar infraestructura nacional sin necesariamente generar un ecosistema industrial comparable al de una fábrica tradicional. Su principal activo son los servidores, el software, los sistemas de refrigeración, la conectividad y el capital tecnológico, y una vez construido puede funcionar con una cantidad de trabajadores relativamente reducida respecto de la magnitud de la inversión involucrada.
Eso no significa que carezca de impacto laboral o económico. Puede generar empleo especializado, demandar servicios, ampliar la infraestructura de telecomunicaciones y atraer otras inversiones. Pero no es razonable equiparar automáticamente 1.000 millones de dólares invertidos en infraestructura digital con 1.000 millones invertidos en una cadena industrial intensiva en empleo.
El punto que incomoda: ¿quién paga la energía?
Aquí aparece el cambio que el Senado está discutiendo y que probablemente sea uno de los aspectos más importantes del debate. Los grandes centros de datos necesitan energía en cantidades extraordinarias y, si su llegada implica aumentar significativamente la demanda eléctrica, la pregunta inevitable es quién asumirá el costo de esa expansión de infraestructura.
La modificación negociada por el oficialismo incorpora justamente la cuestión de que los proyectos electrointensivos, especialmente los vinculados con inteligencia artificial, puedan tener que garantizar su propio abastecimiento energético. La diferencia parece técnica, pero en realidad expresa una discusión política de fondo: si una empresa decide instalar en Argentina una infraestructura que demanda enormes cantidades de electricidad, ¿debe esa empresa adaptar su consumo a la capacidad existente o debe el sistema eléctrico argentino adaptarse para satisfacer sus necesidades?
La diferencia puede traducirse en miles de millones de dólares de inversión pública o privada.
Una cosa es que un centro de datos se instale utilizando capacidad eléctrica disponible y pagando por ella como cualquier otro usuario industrial. Otra muy diferente es que para abastecerlo sea necesario construir nuevas líneas de transmisión, ampliar subestaciones, desarrollar generación adicional o modificar redes que también utilizan hogares, comercios y pequeñas industrias.
Por eso el debate energético no puede quedar separado del debate tributario. Si el Estado concede beneficios fiscales extraordinarios para atraer una inversión y además debe realizar inversiones en infraestructura para que esa inversión pueda funcionar, la rentabilidad privada del proyecto puede estar acompañada por un costo público que no aparece en el anuncio inicial de los millones de dólares comprometidos.
La cuestión tampoco consiste en rechazar toda inversión tecnológica. Al contrario: Argentina necesita desesperadamente ampliar su infraestructura digital y aprovechar el conocimiento que produce. Pero una política industrial seria debería preguntarse qué condiciones permiten que una inversión extranjera se convierta en una plataforma para desarrollar proveedores nacionales, formar trabajadores especializados, generar investigación local y aumentar la capacidad tecnológica del país.
Si la respuesta es que solamente traerá servidores y consumirá electricidad, el resultado será bastante diferente.
El riesgo de convertirse en una enorme usina para otros
Existe una tentación comprensible detrás de la propuesta: Argentina posee un recurso que el mundo necesita —energía relativamente barata en comparación con otros mercados— y existe una industria global que necesita cada vez más electricidad. ¿Por qué no aprovecharlo?
La respuesta puede encontrarse en una palabra que América Latina conoce demasiado bien: enclave.
Un enclave económico aparece cuando una actividad productiva está integrada principalmente hacia afuera, utiliza recursos locales pero mantiene buena parte de sus decisiones, tecnología y beneficios fuera del territorio donde opera. Históricamente, América Latina conoció esa lógica con la minería, los grandes complejos agroexportadores y los hidrocarburos. El desafío contemporáneo consiste en evitar que la economía digital reproduzca exactamente el mismo esquema bajo una apariencia completamente diferente.
Un megacentro de datos podría convertirse en una pieza de una estrategia tecnológica nacional si se articula con universidades, empresas argentinas, centros de investigación, proveedores locales, formación profesional y desarrollo de software. También podría generar una demanda energética que impulse nuevas inversiones en generación y transmisión, beneficiando al conjunto del sistema. Pero también podría terminar funcionando simplemente como una enorme infraestructura privada conectada a los recursos energéticos argentinos para prestar servicios digitales a consumidores ubicados en otros países.
En ambos casos habría inversión. En ambos casos habría exportaciones. En ambos casos podrían aparecer cifras millonarias en los anuncios oficiales. Pero el impacto estructural sobre el país sería completamente distinto.
Ese es precisamente el tipo de diferencia que una ley de promoción de inversiones debería contemplar.
El espejismo de medir el éxito solamente en dólares
El RIGI original permite observar ya una primera experiencia. Según un seguimiento basado en datos oficiales del Boletín Oficial, hacia fines de agosto había 22 proyectos aprobados por unos 47.074 millones de dólares, con una estimación de 95.975 empleos directos e indirectos, aunque esos compromisos se encuentran en distintas etapas de ejecución y no equivalen a dinero ya ingresado o a puestos de trabajo efectivamente creados.
La diferencia entre inversión comprometida, inversión efectivamente ejecutada y actividad económica generada resulta fundamental para evaluar cualquier régimen de incentivos. Un proyecto puede anunciar una inversión gigantesca que se desarrollará durante una década y generar relativamente pocos empleos directos una vez que entre en funcionamiento. Eso no convierte al proyecto en negativo, pero obliga a medirlo por sus resultados reales y no solamente por el número que aparece en el comunicado de prensa.
El problema aparece cuando los beneficios fiscales se conceden durante períodos prolongados y la sociedad debe esperar décadas para comprobar si el crecimiento prometido efectivamente se produjo.
Ese es uno de los puntos que hacen especialmente sensible al Súper RIGI. El propio Gobierno lo presenta como una herramienta destinada a industrias que prácticamente no existen todavía en Argentina y busca ofrecer condiciones capaces de atraer inversiones que, de otro modo, podrían dirigirse hacia otros países.
La competencia internacional existe y Argentina no puede ignorarla. Pero competir por inversiones no significa necesariamente ofrecer las mayores ventajas posibles. También significa construir una propuesta que resulte atractiva porque combina recursos naturales, infraestructura, talento, estabilidad normativa y un mercado capaz de generar valor.
Una política tecnológica inteligente debería intentar que el centro de datos sea solamente el primer eslabón, no el producto final.
Si llegan servidores pero no se desarrolla industria nacional alrededor de ellos, la oportunidad será limitada. Si llega capital pero no aumenta la formación tecnológica, el efecto será menor. Si se consume energía pero no se fortalece el sistema eléctrico, el costo puede terminar socializándose. Y si se conceden beneficios tributarios extraordinarios sin mecanismos claros para evaluar resultados, el Estado puede quedar comprometido durante años con una inversión cuyo impacto económico real sea difícil de medir.
La Argentina ante una decisión que va mucho más allá del Súper RIGI
El debate que atraviesa al Senado esta semana puede parecer una discusión más dentro de la larga lista de reformas económicas del Gobierno, pero en realidad anticipa una cuestión que va a acompañar a la Argentina durante las próximas décadas. La inteligencia artificial necesita territorio, energía, agua, minerales, infraestructura y trabajadores, aunque su producto final parezca completamente inmaterial.
Detrás de cada consulta que hacemos a una herramienta de inteligencia artificial existe una infraestructura física gigantesca que consume electricidad, necesita refrigeración, requiere redes de transmisión de datos y depende de equipos fabricados con minerales y componentes provenientes de distintas partes del mundo. La nube, en definitiva, no está en el aire: está en edificios, cables, centrales eléctricas y servidores.
Por eso Argentina debería discutir su estrategia tecnológica con la misma seriedad con la que discute su estrategia energética. Tener gas y electricidad disponibles puede convertirse en una ventaja extraordinaria, pero vender energía barata para que otros países procesen sus datos no es necesariamente lo mismo que construir una economía tecnológica nacional.
El verdadero desafío consiste en conseguir que la infraestructura digital genere capacidades que permanezcan en el país incluso si mañana cambian las empresas, las plataformas o las tecnologías. Eso significa universidades fortalecidas, científicos trabajando, técnicos capacitados, proveedores locales, empresas argentinas capaces de integrarse a cadenas globales y un Estado con capacidad para establecer reglas que protejan el interés público sin cerrar la puerta a la inversión.
La Argentina tiene una oportunidad concreta. Sería absurdo negarla por prejuicio ideológico o por temor a cualquier participación extranjera. Pero sería igualmente equivocado aceptar que cualquier inversión es automáticamente buena por el solo hecho de traer dólares.
Porque la historia económica ofrece demasiados ejemplos de países que confundieron tener un recurso valioso con saber desarrollarlo.
La inteligencia artificial puede convertirse en una nueva frontera productiva para Argentina, pero solamente si el país decide qué quiere hacer con ella. Puede ser una oportunidad para transformar energía en conocimiento, conocimiento en industria y tecnología en empleos de calidad; o puede convertirse simplemente en otro mecanismo mediante el cual nuestros recursos naturales alimenten negocios cuyo mayor valor agregado se genera lejos de nuestras fronteras.
El Súper RIGI no resolverá por sí solo esa disyuntiva. Una ley de incentivos puede atraer inversiones, pero no puede reemplazar una política tecnológica, energética e industrial. Esa política todavía está por construirse.
Y quizás por eso el debate más importante no sea cuánto dinero promete cada megacentro de datos, sino qué parte de esa nueva economía queremos que quede efectivamente en la Argentina cuando los servidores se enciendan, las máquinas comiencen a procesar millones de operaciones y la electricidad producida aquí empiece a alimentar la inteligencia artificial del mundo.
Quería comenzar esta nota con dos preguntas que se hizo mi amigo Hernán: ¿ Porqué las vacunas no tienen campañas publicitarias como la coca cola?¿Porqué una campaña anti sistema puede afectar a la salud de la humanidad? Se conocen de más a lxs anti-vacunas, quienes, por lo general, sin fundamentos o con argumentos sin evidencia…
Los trabajadores del colectivo cinematofráfico nacional se autoconvocaron a realizar una protesta frente al INCAA para exigir la renuncia del director del Instituto, Luis Puenzo. Al respecto Javier Diment, director de cine, dió una entrevista a “Regreso 770” sobre el conflicto en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. “Hay un montón de cuestiones…
Luego de más de 1 año de su aprobación la ley de cáñamo industrial y cannabis medicinal fue reglamentada. El documento fue publicado este lunes 7 de agosto en el Boletín Oficial. La reglamentación de la ley se logró luego de varios idas y vueltas sobre distintos puntos en lo que no se ponían de acuerdo con…
Con el claro objetivo de no provocar una incomodidad con la Iglesia, el gobernador cordobés Martín Llaryora decidió pisar el lanzamiento de un juego de la Lotería de Córdoba. Decisión que se posterga hasta luego de la llegada del papa León XIV en noviembre próximo.
El llaryorismo ya puso toda la maquinaria en modo campaña 2027 y cada punto suma. Por lo tanto, dentro de ese esquema, el cordobesismo encontró un aliado con motivo del arribo del papa y es el cardenal Ángel Rossi, el cordobés que es uno de los popes de la Iglesia Católica en el país y al que le gusta entrar a jugar en la política.
Así lo evidenció en las críticas al gobierno de Javier Milei en la misa de San Cayetano cuando dijo que «la macro de la que hablan no baja al plato» y apuró con un: «dicen que sacaron a millones de la pobreza; los deben haber bajado a la miseria». Con esa contundencia, el arzobispo puso en palabras lo que muchos piensan dentro del gobierno de Llaryora, pero no pueden decir para no dañar la reconstrucción del vínculo con la Nación.
Bajo la expectativa de un pacto que les allane el camino de la reelección a ambos: a Llaryora y a Milei.
Ahora, en la sinergia entre El Panal y la Iglesia con Rossi como aliado clave de la visita del Sumo Pontífice, en el llaryorismo decidieron congelar el lanzamiento de un juego, una raspadita que derive en un rédito para la Lotería de Córdoba.
Esto debido a que, también en este sentido, Rossi se mostró crítico en distintos momentos de su relación con el peronismo cordobés. Y entre las situaciones de mayor fricción se encuentra cuando se sancionó la ley de juego on line en la Legislatura provincial, durante la gestión del exgobernador Juan Schiaretti. Ley que, una vez promulgada Rossi salió a decir que «le pusieron un casino en la mano a los chicos». Por la relación de los adolescentes con las apuestas en el celular.
Además, en clave electoral, Llaryora toma la visita de León XIV como un plafón en su objetivo de reelección. Y casi con seguridad, apenas parta el papa de suelo cordobés, el cordobesismo empezará a puntear con seriedad listas y fecha.
Más aún por la convocatoria que se espera con el arribo del papa y donde aguarda, además, una mayor cercanía con los fieles a lo que sucederá en Buenos Aires, como así también la visita de turistas de otras provincias y países.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
