El piloto reginense Facundo Aldrighetti metió un doblete soñado este fin de semana en Paraná y ahora depende de él mismo para conseguir el campeonato.
“Facu” cumplió con todos los pronósticos previos a las carreras en el “Club volantes entrerrianos” al subirse a lo más alto del podio tanto el sábado como el domingo. El “Misil del Alto Valle” había anticipado que iba por todo y que no le pesa ser uno de los “firmes candidatos”. Detrás del rionegrino se ubicaron los otros 4 pilotos que luchan por campeonar, lo que dejó un epílogo cerradísimo para la última fecha que se correrá en Buenos Aires a fines de febrero.
Finalizada la 5° fecha del TopRace Series las posiciones del campeonato quedaron del siguiente modo: 1° Ian Reutemann 103 puntos, 2° Facundo Aldrighetti 86, 3° Franco Morillo 86, 4° Stefano Di Palma 83 y 5° Baltazar Leguizamón 74. Pero la competencia exige el descarte de dos carreras por lo que no sólo se achican las diferencias entre los 5 pilotos de arriba si no que también los puestos varían quedando la tabla extraoficialmente de la siguiente manera: 1° Facu Aldrighetti 71 puntos, 2° Reuteman 69, 3° Morillo 63, 4° Leguizamon 58 y 5° Di Palma 55. La última fecha pone 54 puntos en juego.
Sin embargo el dueño del equipo JLS Motorsport Luciano Sarbag asegura que el 1er puesto está igualado entre Aldrighetti y Reuteman. Respecto a puntajes y tabla de posiciones este lunes todos los equipos deberán presentar que carreras descartan y de ese modo los puntajes quedarán oficializados de cara a la última fecha.
En la semana el piloto reginense había anticipado que el hecho de conocer la pista entrerriana era un condimento que le daba mucha confianza “Estabamos confiados porque Paraná la conocíamos bien”. Facu tiene la desventaja de no competir todos los fines de semana como si lo hacen los demás pilotos que llegan con posibilidades de ser campeones del Top Race Series y explica “el sólo hecho de subirse a un auto todos los findes es un plus, estás continuamente en contacto con un auto lo que te permite estar más fino y no perder la sensibilidad”.
La competencia, que fue a 30 minutos más una vuelta compartiendo pista con el TRV6, estuvo picante y tuvo la maniobra polémica de Ian Reuteman en la carrera del día domingo que fue sancionada por los comisarios y le permitió al piloto reginense de la escuadra JLS Motorsport subir a lo más alto del podio. Aldrighetti estuvo de acuerdo con la sanción y explicó, “me lleva dos veces para afuera y la última maniobra fue alevosa, estaba todo el auto afuera y es como que me ve y se empieza a cerrar y me lleva al pasto, hasta él mismo lo dijo”.
Resta poco más de un mes para que se defina el campeonato en la última fecha y el piloto rionegrino que corre en el Mercedez Benz ya quiere que llegue “ya estuvimos hablando con Luciano Sarbag para empezar a preparar lo que viene”,la confianza y el esfuerzo contante son características de Aldrighetti “si no se labura no se corre, esa es la ley acá”, cierra Facu en un audio enviado desde la chacra con el motor del tractor como sonido de fondo.
Se viene un cierre de competencia con todos los ingredientes que anticipan un final cerradísimo no apto para cardíacos.
Por instrucción de Intendente Marcelo Orazi se realizó esta mañana una reunión para analizar aspectos técnicos-jurídicos relacionados con la toma de posesión de la terminal de ómnibus teniendo en cuenta el vencimiento de la concesión el próximo 30 de agosto. De la misma participaron el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, el presidente del Concejo Deliberante…
Después de 30 años terminó la concesión privada de las represas hidroeléctricas de Tucumán. Milei abrió una transición y crecen las incógnitas sobre su futuro.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Treinta años después de haber sido entregadas en concesión durante la ola privatizadora del menemismo, las represas hidroeléctricas de Tucumán llegaron al final del contrato que las mantenía bajo administración privada. La decisión del Gobierno de Javier Milei de establecer un período de transición, en lugar de renovar automáticamente la concesión o anunciar una nueva licitación, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino de un conjunto de activos estratégicos para la generación eléctrica y para el manejo del recurso hídrico de la provincia.
El final de una concesión nacida al calor del modelo privatizador de los años 90
La resolución de la Secretaría de Energía que puso en marcha la transición de las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo marca un nuevo capítulo en la larga historia de las privatizaciones argentinas, un proceso que comenzó a principios de la década del noventa y que transformó profundamente la relación entre el Estado y los servicios considerados estratégicos.
Durante el gobierno de Carlos Menem, y luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado en 1989, la Argentina ingresó en una etapa de transferencia al sector privado de empresas y activos que durante décadas habían sido administrados por organismos estatales. Bajo la promesa de mejorar la eficiencia, atraer inversiones y reducir la participación estatal en la economía, el Gobierno nacional avanzó sobre sectores como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios públicos.
En ese contexto, la generación hidroeléctrica también fue alcanzada por el proceso privatizador. Muchas de las obras construidas durante décadas con financiamiento público fueron entregadas bajo esquemas de concesión a empresas privadas, que pasaron a administrar la explotación comercial de centrales que seguían teniendo una importancia estratégica para el sistema energético nacional.
Así nació Hidroeléctrica Tucumán S.A., la empresa que recibió la concesión de los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres instalaciones fundamentales para la provincia. El contrato firmado en 1996 estableció un plazo de explotación privada de 30 años, período que comenzó formalmente el 30 de julio de ese año y llegó a su vencimiento en julio de 2026.
La fecha de finalización no fue una sorpresa ni una decisión política tomada de manera repentina: estaba contemplada desde el inicio del contrato. Sin embargo, su llegada obliga ahora al Estado a definir qué hacer con un patrimonio energético que vuelve a quedar bajo su órbita después de tres décadas.
Qué decidió el Gobierno de Milei y por qué no implica una estatización
La Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, no dispuso una estatización de las represas ni anunció la creación de una nueva empresa pública para administrarlas. Lo que hizo fue activar el mecanismo previsto en el contrato de concesión para garantizar la continuidad operativa durante una etapa intermedia, evitando que el vencimiento del vínculo privado genere un vacío de gestión sobre instalaciones que requieren supervisión permanente.
El Gobierno estableció un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026, durante el cual Hidroeléctrica Tucumán S.A. continuará operando las centrales bajo un régimen especial, mientras la autoridad energética nacional supervisará el funcionamiento de los complejos.
Para esa tarea fue designada la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor estatal, con la responsabilidad de controlar la operación, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y garantizar que las condiciones de seguridad de las represas permanezcan intactas. Además, se invitó a la Provincia de Tucumán a participar mediante la designación de un representante.
La medida responde a una cuestión central: una central hidroeléctrica no puede simplemente cambiar de manos de un día para otro. Se trata de infraestructura compleja, vinculada no sólo a la generación de electricidad sino también al manejo del agua, la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo y la planificación energética de largo plazo.
Por eso, aunque la concesión terminó formalmente, la operación continúa bajo un esquema transitorio mientras el Gobierno define el próximo paso.
Los bienes vuelven al Estado después de 30 años
Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el vencimiento de la concesión implica el retorno al Estado de los bienes afectados al servicio, tal como estaba establecido en el contrato original firmado durante la década del noventa.
No se trata de una expropiación ni de una compra. La lógica contractual establecía que, al finalizar el período de explotación privada, las instalaciones, equipamientos y activos vinculados al funcionamiento de las centrales debían quedar nuevamente bajo control estatal.
Ese punto resulta significativo porque muestra una diferencia entre el discurso político que acompañó las privatizaciones de los años 90 y la realidad jurídica de muchos de esos contratos: las concesiones privadas no implicaban una transferencia definitiva de la propiedad de los recursos estratégicos, sino un derecho temporal de explotación.
Ahora, tres décadas después, el Estado vuelve a estar frente a la responsabilidad de decidir cómo administrar esos activos.
La paradoja de un Gobierno que busca privatizar frente al vencimiento de una privatización
El caso tucumano presenta además una particular contradicción política para la administración de Javier Milei.
Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó una agenda basada en la reducción del Estado, la apertura económica y la privatización de empresas públicas consideradas ineficientes. Sin embargo, en este caso específico, una concesión privada heredada de la década menemista llegó a su fin y obligó al Estado a asumir nuevamente un rol de supervisión directa.
La administración nacional tenía distintas alternativas frente al vencimiento: extender la concesión, avanzar rápidamente hacia una nueva licitación o establecer un esquema transitorio. Finalmente optó por esta última opción, dejando abierta la definición sobre el futuro de las centrales.
La resolución no determina si habrá una nueva privatización, si se buscará un esquema mixto con participación estatal y privada o si el Estado mantendrá algún tipo de control directo sobre las represas. Esa indefinición será uno de los puntos centrales del debate energético en los próximos meses.
Un recurso estratégico que vuelve al centro de la discusión
Más allá de la discusión contractual, las represas tucumanas representan un activo estratégico que excede la generación eléctrica. Los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo cumplen funciones vinculadas al almacenamiento y regulación del agua, al desarrollo productivo regional y a la infraestructura energética de la provincia.
Por eso, la discusión sobre su futuro no es solamente empresarial: implica definir qué papel tendrá el Estado en la administración de recursos considerados esenciales y cuál será la relación entre la inversión privada y la planificación pública en áreas sensibles.
La resolución publicada por el Gobierno marca el cierre formal de una etapa iniciada durante el menemismo, cuando una parte importante del patrimonio energético argentino pasó a manos privadas mediante contratos de concesión de largo plazo. Ahora comienza una nueva fase, todavía abierta, en la que deberá definirse si el final de aquella privatización será simplemente el comienzo de otra concesión o si representará un cambio más profundo en la forma de administrar la energía hidroeléctrica tucumana.
Hay gobiernos inescrupolosos y despiadados que, mientras te acuchillan…, te preguntan y responden por vos: ¿Estás bien? No te preocupes, esa sangre no es real, ¡vas a estar mejor! Lo sucedido con las maestras de Chubut nos demuestra que el poder asesino es lo que prima en estos tiempos, y ni hablar con los feminicidios…
La Ciudad avanza con el traspaso de la justicia laboral y esperan que en febrero de 2027 ya estén en funcionamiento 10 juzgados y dos salas de cámara. Las causas colectivas seguirán en el fuero nacional. Los jueces y fiscales compartirán equipos para las tareas administrativas. Aún no está cerrado el monto que transferirá Nación.
La magistratura porteña envió a la Legislatura el listado de los primeros diez jueces y los primeros seis camaristas que tendrá el fuero laboral porteño, además de fiscales, fiscales de cámara y asesores tutelares. Allí irán a parar los nuevos casos expedientes vinculados al mundo del trabajo. Los viejos continuarán tramitándose con sus jueces naturales en el fuero nacional.
A diferencia de lo que ocurre en Nación, el Consejo no elabora ternas, sino listados que corresponden al orden de mérito. En los que elevó el jueves no hay casi diferencia con el puntaje del examen escrito y los antecedentes.
Entre los postulantes para jueces y camaristas del fuero laboral que debe votar la Legislatura hay abogados de empresas, de sindicatos, jueces y ex funcionarios como Horacio Pitrau. Durante 27 días fue subsecretario de Trabajo de Milei y viceministro de Jorge Triaca. Aparece en el listado de los camaristas.
Sebastián Luis Caset y Agustina Bergonzelli son candidatos a jueces de primera instancia y vienen del mundo del derecho empresario. Silvia Inés Gutiérrez Garay, postulada para camarista, fue abogada del Suterh. Patricia Paola Ceriani, también candidata a camarista, es Coordinadora Técnico Legal y Jurídica de la Dirección General de Administración de Infracciones de la Ciudad.
En la Ciudad apuntan a tener al menos 40 juzgados y 5 salas con tres camaristas.
Diego Javier Tula es juez laboral en la Provincia mientras que Martín Furchi pertenece al fuero contencioso administrativo de la Ciudad. Ambos están en la lista de camaristas.
El traspaso era resistido por los jueces nacionales y un amparo frenó por varios meses el concurso organizado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Por eso la decisión fue que los juzgados nacionales continúen funcionando hasta que no tengan más tareas.
Las causas colectivas, aquellas que involucran a sindicatos, seguirán tramitándose en los juzgados nacionales.
En la Ciudad apuntan a tener al menos 40 juzgados y 5 salas con tres camaristas. En Nación buscan bajar ese número. «Todavía estamos discutiendo cuestiones del traspaso de la policía, esto viene para largo», bromeó un funcionario porteño.
El fuero podrá comenzar a funcionar 180 después de que la Legislatura y el Congreso aprueben el traspaso.
Para los nuevos juzgados, la Ciudad aplicará el modelo de gestión asociado. Implica la conformación de equipos administrativos especializados que trabajarán para varios juzgados en simultáneo. La intención es tener un servicio de justicia más rápido y eficiente.
«Vas a tener algunos que solo hagan notificaciones, otros que manejen las audiencias. Va a ser gente especializada que trabaja en una sola tarea», le dijo a LPO un funcionario judicial. El modelo ya se aplica en el fuero de relaciones de consumo y en ejecución penal.
Fue una innovación basada en los casos de Neuquén y Tucumán y también de España y Chile que tuvo su debut en las fiscalías de la Ciudad.
«Se bajan los costos, también se reduce el poder de los jueces. Y al final el servicio de Justicia es más rápido y efectivo», explicaron desde el gobierno porteño.
«Malvinas, la última carta» es un videojuego argentino que homenajea a los soldados caídos en la guerra de las Malvinas de 1982. Desarrollado por El Burro Studio, sigue a un joven soldado que debe proteger las últimas cartas de sus compañeros fallecidos. Disponible pronto en Steam, promete recrear fielmente la historia.
I “abrir cámara de compresión (…) cerrar cámara de compresión”. en casi todas las películas de ciencia ficción, la voz (no se sabe por qué siempre latosa) de una computadora superinteligente que hay en la nave nos dice muy didáctica y redundantemente más de la mitá de lo que hay que saber de la trama…
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