El empresario libertario Augusto Marini echó a unos 20 trabajadores de Blender por reclamos salariales y cortó la transmisión del canal de streaming.
El conflicto explotó al aire este jueves por la noche en el programa Último Aviso cuando la conductora Fiorella Sargenti informó que habían echado a muchos compañeros por hacer un reclamo salarial y decidió no continuar con el programa, pero de todos modos igual la sacaron del aire.
«No podemos seguir haciendo el programa así, hay guardias esperándonos afuera. Supongo que no nos verán mañana, pero no podemos porque si tocan a uno nos tocan a todos, así es como funciona la solidaridad», dijo Sargenti antes de que corten la transmisión.
Fuentes del canal explicaron que Marini ejecutó los despidos tras recibir un correo electrónico de un grupo de empleados que reclamaban una actualización de sus salarios y negociar algunas condiciones que la empresa ya habría prometido, como el pago de los feriados y las revisiones trimestrales de los sueldos.
El correo electrónico estaba firmado por empleados de todas las áreas del canal y Marini habría echado a unos veinte en la primera decisión. Pero tras lo que sucedió al aire, se descuenta que habrá más despidos y algunos ponen en duda que la programación continúe este viernes.
No podemos seguir haciendo el programa así, hay guardias esperándonos afuera
Marini, que también es dueño del ultralibertario Carajo, compró la totalidad de Blender en 2025 y tomó el control del canal, que a partir comenzó un lento declive hasta la crisis que estalló el jueves. En la interna apuntan al fundador de Cale Group, pero también a Iván Liska, uno de los fundadores de Blender que continuó trabajando con Marini tras el cambio del paquete accionario.
El empresario sacó un comunicado en el que sostiene que «honra sus compromisos y cumple en tiempo y forma con todas sus obligaciones». «En las últimas horas, un grupo reducido de personas adoptó conductas incompatibles con los valores de la compañía, intentando condicionar el funcionamiento del canal mediante la utilización de su propia pantalla como mecanismo de presión en el marco de una negociación entre las partes», denunció.
Marini es un empresario misionero desconocido hasta la llegada de Milei al gobierno, cuando empezó a crecer y meterse en negocios con el Estado, como la provisión de material ferroviario a Trenes Argentinos por el que acaba de quedarse con un contrato millonario.
Su inversión en el streaming fue una forma de acercarse al poder político, primero vía Santiago Caputo y luego los Menem. Pero también le sirvió para acercarse a otros espacios políticos, tanto que acaba de quedarse con la concesión del Canal de la Ciudad.
Acaso esa sea la explicación de la agresiva incursión de Marini en el mundo del streaming, un modelo que pese a su masividad todavía no logra generar una monetización suficiente para cubrir los costos y actualmente tiene a todos los canales con problemas económicos.
Los mejores exponentes del ciclismo nacional tienen una cita obligada en el Gran Premio Vuelta al Valle. Este fin de semana comenzará la 78° edición de la histórica competencia ciclística más importante del Sur argentino, durante ocho días reunirá a 181 ciclistas, en representación de 24 equipos, quienes deberán superar un recorrido total de más…
En el after hour de los Peaky Blinders se vivió una euforia contenida este viernes luego que el presidente Milei decidiera nombrar a Adrián Ravier como nuevo vocero del gobierno, en un hito que Las Fuerzas del Cielo catalogan como una reivindicación de Santiago Caputo y su armado de la Fundación Faro.
En efecto, LPO reveló que Ravier es cercano al asesor estrella, a tal punto que es director de la fundación que Karina mandó a investigar por los 5 mil millones de aportes privados que recibió durante 2025.
Ravier tiene buena relación con Karina, pero mala con los Menem y es sentido por el grupo de Caputo como un libertario de pureza celestial.
Por eso, cuando se enteraron que Milei lo había elegido para cercenarle la vocería al karino Adorni, la adrenalina que recorrió los grupos de Whatsapp celestiales reflejó el efecto subidón que experimentaron los seguidores de Caputo.
En la microfísica del poder libertario, la decisión de Milei sugiere que el Presidente parece valorizar el aporte político de Caputo y decidió ponerle un freno a la avanzada de Karina y los Menem.
«Oría y el equipo Rocket venían por la comunicación digital y perdieron la vocería del Presidente», dijo a LPO un integrante de las Fuerzas del Cielo, que se burló del grupo que creó la línea dura de los karinistas para disputarle el control de las redes a Caputo y hasta ahora acumula fracasos y traspiés como el affaire Rufus.
Las Fuerzas del Cielo se adjudciaron a Ravier
LPO anticipó en exclusiva que el Equipo Rocket, referenciado en exponentes como Santiago Oría, Lilia Lemoine y Tronco, quería convertirse en la milicia digital por defecto del presidente. Para lograr el objetivo no ahorraron gastos en el libro de pases y sellarron la incorporación de Los Iñakis.
«Querían hacer casita robada y les salió mal», graficó otro dirigente libertario, en referencia al juego de cartas que consiste en armar una pila propia emparejando cartas iguales de la mesa, con el riesgo constante de que otro jugador robe la torre entera si tiene una carta del mismo valor que la superior del rival.
En la microfísica del poder libertario, la decisión de Milei sugiere que el Presidente parece valorizar el aporte político de Caputo y decidió ponerle un freno a la avanzada de Karina y los Menem, que no sólo no pudieron quedarse con la SIDE y Arca como pretendían, si no que ahora también perdieron la vocería presidencial.
Si alguien quisiera estudiar el rol y la figura del albacea literario, tiene en María Kodama y la familia de Juan Rulfo dos ejemplos que causaron escándalo por decisiones que se juzgan arbitrarias. Más recientemente, muy poco antes de morir, Nicanor Parra nombró a una sola de sus 6 hijos como albacea, causando previsibles desacuerdos…
La pelea minera en San Juan no es por el cobre. Es por la energía. Vicuña, sociedad de BHP y Lundin Mining, quedó en el centro de una disputa con otras empresas por la capacidad de transporte de una línea eléctrica clave para el desarrollo cuprífero en el norte provincial. La empresa promete una inversión histórica de USD 18.000 millones, pero antes de activar los desembolsos pidió prioridad sobre casi toda la capacidad de transporte eléctrico disponible.
El dato político pesa. El 17 de febrero, Javier Milei recibió en Casa Rosada a Ron Hochstein, CEO global de Vicuña Corp. y a José Morea, country director de la compañía. También estuvieron Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. El Gobierno presentó el encuentro como respaldo a la mayor inversión extranjera directa de la historia de San Juan.
Morea no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo, entonces funcionario de Macri. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
Al día siguiente de la reunión en Casa Rosada, el ENRE difundió la Resolución 79/2026. El trámite había sido presentado por Transener a pedido de Vicuña Argentina para abastecer la fase 1 de Josemaría, que requiere 260 MW de potencia. La obra incluye la vinculación de la línea Nueva San Juan-Rodeo, la construcción de la estación transformadora Chaparro y una nueva línea de extra alta tensión de 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro. El lobby de la minera, apadrinada por Caputo, tuvo una eficacia eléctrica, que no cayó bien en otros jugadores importantes del sector minero.
El punto que encendió la guerra fue el beneficio regulatorio. La resolución le otorgó a Vicuña prioridad de uso frente a terceros por el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. Según los cálculos de Cammesa, eso equivale al 71% de la capacidad total de una línea de 854 MVA. La misma prioridad alcanza a la nueva línea Rodeo-Chaparro y a la nueva estación Chaparro. Todo por 25 años.
José Morea, country manager de Vicuña no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
La infraestructura no nació de un repollo privado. La línea Nueva San Juan-Rodeo fue concebida para operar en 500 kV, aunque inicialmente funciona en 132 kV. Tiene unos 162 kilómetros y fue financiada con aportes nacionales, provinciales y recursos de los usuarios sanjuaninos a través de fondos como el PIEDE. Es decir: la obra que ahora disputan las mineras fue pagada durante años por la provincia y por los argentinos.
Vicuña sostiene que no se apropia de nada. Su argumento es que financiará obras nuevas para fortalecer el sistema y que la capacidad incremental quedará dentro del SADI, operada por la transportista. Traducido: asegura que va a agrandar la ruta y que por eso pide carril preferencial. En una empresa competidora lo resumen con menos cortesía: «Todavía no pusieron nada, pero ya pidieron mucho».
El problema es que en San Juan nadie mira esa ruta como una autopista vacía. El EPRE provincial advirtió que la capacidad del corredor no es un excedente disponible sino un recurso estratégico para abastecer la demanda actual y futura de la provincia. También reclamó que Vicuña sea tratada como beneficiaria no iniciadora de una obra que ya fue financiada por otros.
La audiencia pública de este miércoles, convocada por el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, no fue vinculante, pero dejó expuesto el conflicto. El expediente trató el acceso a 260 MW para Josemaría y la ampliación del sistema de transporte eléctrico. Participaron empresas, organismos provinciales y los municipios afectados.
Ahí aparecieron los otros jugadores. Los Azules, Hualilán, Barrick y Gualcamayo plantearon objeciones técnicas, legales y regulatorias. Barrick condicionó su apoyo a que se respeten sus derechos históricos de transporte. Gualcamayo pidió resguardar su potencia energética. Hualilán cuestionó la reserva de capacidad. Los Azules fue más lejos y habló de una prioridad desproporcionada.
En la audiencia pública para definir el acceso prioritario de Vicuña a la línea de alta tensión su competidora de Los Azules habló de una preferencia desproporcionada.
Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, dijo que una prioridad por 25 años sobre infraestructura ya construida equivale en los hechos a una exclusividad sobre un corredor estratégico del SADI. Y agregó que la audiencia debía servir para corregir el acto y preservar la coherencia regulatoria.
También hay que decirlo: No hay ingenuidad en esa pelea. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán defienden sus propios proyectos, sus cronogramas y su acceso a la red. Nadie fue a la audiencia sólo por amor al usuario residencial. Cada uno cuida su pedazo de montaña.
Pero esa disputa empresaria no borra el problema de fondo. Si una sola minera se queda con casi toda la capacidad disponible, Jáchal e Iglesia pueden quedar atados a una red sin margen. El efecto no sería sólo sobre otros proyectos mineros. También puede golpear emprendimientos agrícolas, industriales y comerciales que necesiten energía para crecer.
Los municipios del norte sanjuanino viven de una trama minera diversificada. Gualcamayo, Veladero, Los Azules, Hualilán y Josemaría no son nombres en un PowerPoint: son regalías, empleo, proveedores, rutas, campamentos y recaudación. Si el sistema eléctrico queda capturado por un solo jugador, la provincia queda pegada a una ventanilla única.
El otro temor es más cotidiano. El EPRE pidió acuerdos de mitigación para evitar que una demanda gigante como la de Josemaría deteriore la calidad del servicio. En los pueblos, eso se traduce sin tecnicismos: bajas de tensión, cortes o inestabilidad. La minería mira 500 kV; los vecinos miran la heladera, la bomba de agua y la luz de la casa.
El Gobierno nacional defiende el RIGI y presenta a Vicuña como una postal de la Argentina que viene, pero apareció por una pregunta vieja: quién decide sobre una infraestructura pública cuando el negocio privado necesita pasar primero.
El gobierno de San Juan que conduce Marcelo Orrego tiene un desafío interesante: De un lado, una inversión que puede cambiar la escala minera del país. Del otro, una red financiada por el Estado y por usuarios durante años, que enfrenta la presión de grupo de empresas que compite para entrar al mismo corredor. La montaña promete dólares, pero abajo la pelea es por el cable.
La Municipalidad de Villa Regina recuerda que durante este sábado 5 y domingo 6 de junio regirá en el ejido municipal el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 334 del Presidente Alberto Fernández. De acuerdo a lo establecido en el mismo, la circulación estará permitida entre las 6 y las 18 horas. Difunde esta…
Lxs trabajadores de la Coop. La Reginense, tanto del empaque como los permanentes, vuelven a tomar medidas de fuerza y hacen retención de servicios de manera pacífica (como hace un mes atrás, cuando pararon por dos días). Nucleados en el predio exigen el cumplimiento de la deuda que mantienen con lxs permanentes desde diciembre (desde…
