Marijuan pidió la indagatoria del hermano de Adorni por mentir en las declaraciones juradas

Marijuan pidió la indagatoria del hermano de Adorni por mentir en las declaraciones juradas

 

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la declaración indagatoria del legislador bonaerense Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas.

La declaración jurada pedida por Marijuan apunta al segundo delito. El fiscal considera que tiene información suficiente para avanzar contra Adorni por haber mentido en sus declaraciones juradas. La decisión ahora la tiene el juez Daniel Rafecas, que debe avalar o no el pedido del fiscal.

El hermano de Adorni volvió a corregir su declaración jurada y ahora dice que tiene menos

Como contó LPO, Francisco Adorni tuvo que rectificar dos veces su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción porque no le cerraban los números. La investigación abarca el período 2023-2026 cuando antes de ser legislador fue funcionario del Ministerio de Defensa.

En la última rectificación, Adorni sostuvo que tenía menos patrimonio del que había declarado al anotar una menor valuación del 50% de su casa en City Bell, que primero valuó en 67.500.000 pesos y luego en 52.600.000.

Marijuan imputó a Adorni tras una denuncia de Marcela Pagano que detectó que el patrimonio pasó de 43.790.000 pesos en 2024 a 80.500.000 pesos en 2025. El dato que complicó al legislador es que declaró una cancelación de un crédito hipotecario por 60 millones, lo que no se condice con su patrimonio.

Además, la justicia investiga las inconsistencias de los Adorni respecto a la supuesta herencia que recibieron de su padre. En su primera rectificación Francisco incluyó una herencia de 21 millones que no había dado a conocer anteriormente ante la OA, un número que los investigadores creen que es exagerado.

Guillermo Marijuan

Marijuan apunta a la omisión maliciosa de Francisco Adorni y remarca que no pudo desconocer los errores porque trabajó durante años como perito contador del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y una de sus funciones estaba vinculada a la revisión de declaraciones juradas.

«De modo alguno podría haber desconocido o errado en la confección de sus Declaraciones Juradas Patrimoniales al asumir y desempeñar los cargos jerárquicos, como auditor interno incluso, para los que fue designado en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación», sostuvo Marijuan, que dijo que en base a los elementos recabados el hermano de Adorni es «un experto en la materia.

 

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    El Colegio de Martilleros bonaerense salió al cruce este martes de la iniciativa en la que trabajan diputados libertarios de la provincia para desregular el mercado inmobiliario, en línea con lo que proyecta Federico Sturzenegger a escala nacional.

    «Roza con lo ignaro y lo obsoleto, además de que, a prima facie, retrocede más de medio siglo en la evolución histórica profesional de la provincia», dijo el titular del colegio profesional, Luis Eusebio Colao.

    Y agregó que la iniciativa «busca equiparar a un profesional universitario con cualquier entusiasta en la materia, bajo una supuesta premisa desregulatoria».

    El proyecto al que se alude es promovido por los nueve diputados provinciales alineados a Sebastián Pareja y, entre los puntos más salientes, plantea que «la intermediación, corretaje y conclusión de contratos de compraventa de inmuebles podrá ser ejercida libremente por personas humanas y jurídicas no matriculadas».

    También, establece el «libre pacto entre partes». Así, en ese bosquejo los libertarios detallaron que la ley tiene por objeto «desregular el mercado inmobiliario en la provincia mediante la eliminación de restricciones al ejercicio de la intermediación».

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    El tema ya desata una discusión de alto voltaje en el plano político bonaerense. Semanas atrás, Sergio Massa visitó el Colegio de Martilleros provincial para expresar su apoyo a la entidad ante una eventual embestida desregulatoria inminente.

    Ahí, el líder del Frente Renovador defendió la «necesidad e importancia del rol de los Colegios Profesionales como protección y contención frente a las múltiples modalidades de estafas inmobiliarias que podrían proliferar sin el control de la matricula existente».

    Sergio Massa apoyó al Colegio de Martilleros de PBA en su rechazo al intento libertario por desregular la actividad.

    Poco después de esa visita de Massa, se filtró el texto de los diputados de Pareja en la Cámara baja bonaerense que proyecta la eliminación de sanciones para quienes participen en operaciones inmobiliarias sin título habilitante. Hoy, la legislación vigente estipula multas que pueden llegar al doble de los honorarios.

    «La tentativa de estos nueve legisladores, de los veinte que integran el bloque de La Libertad Avanza bonaerense, es esconder, a través del enmarañado proyecto, la equiparación de los profesionales universitarios con cualquier persona humana o jurídica no matriculada», dijo Colao.

    Los martilleros pusieron de relieve el dato político de los firmantes de la iniciativa que, por lo pronto, solo tendría el impulso de los diputados que integran el núcleo duro del karinismo en la Legislatura, con el platense Juan Esteban Osaba a la cabeza.

     La tentativa de estos nueve legisladores, de los veinte que integran el bloque de La Libertad Avanza bonaerense, es esconder, a través del enmarañado proyecto, la equiparación de los profesionales universitarios con cualquier persona humana o jurídica no matriculada 

    «Con inusitado desparpajo modifican el Art. 80 de las infracciones con el siguiente texto: ‘Queda excluida de las infracciones y multas previstas en el presente artículo toda persona que intervenga en la compraventa de inmuebles sin poseer título de martillero o corredor público’. Dicha modificación no solo equipara la ilegalidad, sino que además la despenaliza», advirtió Colao.

    Al acusar que ese proyecto «legaliza la ilegalidad y se abre la puerta al reino de las estafas», el titular de Martilleros PBA acusó un intento de «vulnerar, caprichosamente, la dedicación y el esfuerzo de cientos de personas que estudiaron una carrera y se perfeccionan con cursos y talleres para brindar un mejor servicio».

    Así, sostuvo que la iniciativa «precariza o podría terminar definitivamente con las fuentes de trabajo de más de 200 mil familias que laboran de modo directo e indirecto en el mercado inmobiliario de la provincia».

     

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