El próximo domingo a partir de las 18 horas se podrán apreciar algunos de los talleres que ofrece la Escuela Municipal de Arte para este año.
En el espacio denominado ‘Escuela Abierta’, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina propone a los vecinos disfrutar, en este caso, de canto, piano, ukelele, guitarra, árabe y escultura para niños.
Cabe recordar que se encuentran abiertas las inscripciones para participar de los distintos talleres. Los interesados pueden dirigirse a la sede de la Escuela en Brasil 91 o al WhatsApp 298 465 0817.
Osvaldo Jaldo se burló del proyecto de listas colectoras que impulsa la Rosada, anticipado por LPO, y recordó que los libertarios cuestionaban el sistema de acoples que tiene Tucumán.
El sistema de acoples habilita que un partido político pueda anexar sus candidaturas parlamentarias -tanto para la Legislatura como para los concejos deliberantes- a una postulación para una función ejecutiva provincial o municipal.
De este modo, cuanto más amplia sea la base de postulantes a cargos legislativos, mayores serán las posibilidades de que una fórmula gubernamental obtenga más votos. En 2023, en la última elección ejecutiva de Tucumán, el Frente de Todos tuvo 61 acoples y Juntos por el Cambio 15. Esa diferencia es la que suele definir al nuevo gobernador.
«Son noticias mediáticas, son conversaciones mediáticas. No sabemos, y no solo no sé yo, no saben los gobernadores de qué se trata todavía esto de colectoras. Porque la verdad que nosotros escuchábamos a La Libertad Avanza quejarse de los acoples en Tucumán», dijo Jaldo en una rueda de prensa. El gobernador tucumano ya había puesto reparos contra la eliminación de las PASO que impulsa el gobierno.
«Resulta que ahora parecería que las colectoras vienen de Buenos Aires hacia el interior del país. Bueno, alguien tendrá que explicarlo a esto. Alguien de La Libertad Avanza, alguien que ha venido cuestionando siempre los acoples aquí en la provincia de Tucumán le tendrá que explicar a los tucumanos qué diferencia hay en colectora con los acoples, o por qué ahora sí acople, colectoras y antes no», dijo Jaldo.
El gobernador se refirió de ese modo a Lisandro Catalán, el posible candidato de los libertarios para la gobernación. Catalán se dio por aludido y salió a responderle a Jaldo.
«Señor Gobernador, sobre la reforma política, por ahora todo lo que existe son trascendidos periodísticos. Lo único concreto es la intención del Gobierno nacional de eliminar las PASO», dijo Catalán, que desnudó de esa forma que no está al tanto de las estrategias electorales en las que trabaja la Rosada para el año que viene.
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El Gobierno volvió a extender por un año un régimen que había sido presentado como transitorio y que obliga a miles de beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social a realizar trámites presenciales para acceder al 20% retenido de la prestación. La propia resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial reconoce que ANSES y el Ministerio de Salud aún no lograron optimizar el intercambio de información entre ambos organismos, trasladando las consecuencias de esa deficiencia administrativa a las personas gestantes que dependen de esa ayuda estatal.
Por Tomás Palazzo para NLI
Lo que debía ser una solución excepcional terminó convirtiéndose en un problema permanente. Mediante la Resolución 194/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, ANSES prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 la vigencia del mecanismo que exige la presentación presencial de documentación cuando el organismo no puede verificar automáticamente la información sanitaria necesaria para liberar el 20% retenido de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La decisión, lejos de anunciar una mejora en los sistemas, confirma que el Estado nacional sigue sin resolver una dificultad administrativa básica: el intercambio de datos entre dos organismos públicos.
La explicación aparece en los propios fundamentos de la resolución. Allí se reconoce que «continúan las tareas para optimizar el intercambio de información» entre el Ministerio de Salud y ANSES, motivo por el cual resulta necesario mantener vigente el procedimiento excepcional establecido originalmente por la Resolución 1273/2024. Es decir, más de dos años después de implementado ese régimen transitorio, el Gobierno admite que todavía no logró poner en funcionamiento un sistema que permita verificar automáticamente la información que ya obra en poder del propio Estado.
Práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables
La burocracia vuelve a recaer sobre quienes menos tienen
La consecuencia práctica de esa demora no la sufren los organismos involucrados, sino las personas gestantes que perciben una de las prestaciones más sensibles del sistema de protección social. Cuando ANSES no encuentra en sus bases de datos la información proveniente del Programa Sumar, las beneficiarias deben acercarse personalmente a una oficina del organismo para presentar la documentación correspondiente y así poder acceder al porcentaje retenido del beneficio.
En lugar de resolver la falta de interoperabilidad entre dependencias estatales, la administración nacional vuelve a trasladar la carga burocrática a quienes necesitan cobrar una prestación destinada precisamente a proteger situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social, práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables. Lo que debía simplificarse mediante la digitalización de los procedimientos continúa dependiendo de trámites presenciales, certificados en papel y verificaciones manuales.
La decisión adquiere además un significado político inevitable. Desde el inicio de su gestión, Milei presentó la modernización del Estado, la reducción de la burocracia y la eficiencia administrativa como algunos de los principales objetivos de su programa de gobierno. Sin embargo, esta resolución muestra una realidad muy distinta: organismos nacionales que todavía no consiguen compartir información que el propio Estado ya posee, obligando a mantener mecanismos excepcionales cuya razón de ser debería haber desaparecido hace tiempo.
Una excepción que amenaza con convertirse en regla
Las prórrogas administrativas suelen justificarse cuando existen circunstancias extraordinarias o problemas técnicos temporales. Pero cuando esas extensiones comienzan a repetirse durante años, dejan de representar una excepción para transformarse en el reconocimiento implícito de que el problema estructural continúa sin resolverse.
La Resolución 194/2026 no anuncia un cronograma concreto para completar la interoperabilidad entre ANSES y el Ministerio de Salud ni fija metas verificables para terminar con este procedimiento excepcional. Simplemente extiende nuevamente el plazo hasta julio de 2027, prolongando un esquema que obliga a miles de beneficiarias a seguir realizando gestiones presenciales por una falla que pertenece exclusivamente a la administración pública.
Más allá del aspecto técnico, la resolución vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo sobre la calidad de la gestión estatal. Cuando el Estado reconoce que no puede intercambiar información entre sus propios organismos durante años consecutivos, el costo termina pagándolo quien necesita acceder a un derecho, no quien administra el sistema. Y esa diferencia explica por qué una aparente prórroga administrativa termina teniendo un impacto concreto sobre la vida cotidiana de miles de personas.
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