Los bancos volverán a funcionar desde el lunes con un protocolo de atención al público, para lo cual los clientes deberán concurrir con turno previo para evitar aglomeraciones, confirmó este viernes a la noche el presidente Alberto Fernández, al anunciar la prórroga del aislamiento social.
«A partir del lunes los bancos van a funcionar con un protocolo de atención al público«, aseguró el presidente en la conferencia de prensa que ofreció en la Quinta de Olivos al dar certezas sobre una decisión que ya había trascendido para reabrir las sucursales al público general.
Puntos a tener en cuenta – Esta atención estará limitada a clientes con turno previo y sin admisión de operaciones por ventanilla, a excepción de jubilados y pensionados, que continuarán con la exclusividad para el cobro de haberes por ventanilla, y para lo cual ya regía una apertura parcial en la última semana.
– Los bancos «van a funcionar con un protocolo de atención al público» dijo el mandatario al precisar que «la gente va a tener que pedir turnos y, en un caso parecido a los supermercados, respetando los horarios y sin dejar aglomerar gente dentro de los locales«.
– «Tomar distancia sin alguno se demora -recomendó Fernández- porque el distanciamiento social en las calle es central» para evitar la propagación social del coronavrius.
El Banco Central ya había tomado algunas medidas de flexibilización para permitir la operatoria bancaria, primero autorizando el funcionamiento del clearing y luego con la reapertura parcial de las sucursales con horario extendido de 10 a 17 e incluso sumando sábado y domingo a los días de atención.
El interbloque peronista en el Senado se quebró en la votación de la prórroga para que Carlos «Coco» Mahiques siga como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal después que cumpla 75 años, en noviembre próximo. El resultado de la votación fue de 58 voluntades por la afirmativa y solo 11 por la negativa, con tres ausencias.
Al interior de la bancada de José Mayans la fractura fue apabullante: 14 votaron a favor. Los 11 que se opusieron son los que más se identifican con Cristina Kirchner y La Cámpora o adhieren a la doctrina jurídica que denuncia las causas en su contra bajo la teoría del lawfare.
Entre los que apoyaron a Mahiques se cuentan el santafecino Marcelo Lewandowski, el entrerriano Adán Bahl, el chubutense Carlos Linares, el pampeano Pablo Bensusán, la fueguina Cándida Cristina López, el tucumano Juan Manzur, el riojano Fernando Rejal, el puntano Fernando Salino, el sanjuanino Sergio Uñac y los santiagueños José Neder, Gerardo Zamora y Elia Esther Moreno. A ese lote del PJ y sus aliados se sumó el grupo de Carolina Moisés, Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Flavia Royón, que responden a los gobernadores Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz respectivamente.
La ruptura generó irritación en el kirchnerismo. Mayans anticipó en su discurso de cierre que la línea política era no acompañar al gobierno en la votación pero reconoció con fastidio que había legisladores que sí habían decidido hacerlo. «Nosotros no vamos a acompañar, hay gente que quiere acompañar, que lo acompañe», dijo.
Moisés, que se separó del interbloque kirchnerista en febrero, justificó su voto en el recinto diciendo que «reeditar los cuestionamientos» contra Mahiques por el traslado efectuado en 2018 por Mauricio Macri «es extemporáneo». «Es improcedente, es aceptable en el debate, todos podemos opinar pero hubieron otros resortes que no se utilizaron previamente», sostuvo.
La senadora jujeña se quejó de «los bloqueos de internas» que se produjeron durante el gobierno anterior, porque impidieron los avances con nombramientos de jueces o cambios profundos del Poder Judicial. Después de distinguir que la cobertura de las más de 200 vacantes no requerían dos tercios y se podían conseguir con 37 votos, expresó: «Loco, los peronistas también teníamos problemas, no era tan difícil».
Mayans, en el recinto.
La intervención de Moisés acaso funcionaba como una respuesta al chaqueño Jorge «Coqui» Capitanich, quien repasó «el sistema de incentivos y extorsiones» en el Poder Judicial señalando, entre otros hitos, la intervención de la Corte Suprema en la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura sancionada en 2006 y la reposición de la norma de 1998. «No sigamos forzando procesos de designación con vicios de legalidad e ilegitimidad de origen», expresó.
También la neuquina Nadia Márquez objetó que se quisiera cuestionar la «idoneidad» del candidato a continuar en el máximo tribunal penal del país. «Estamos debatiendo un tema que ya fue resuelto por la Corte, ya fue resuelto por las acordadas de la Corte y también pasó por el Consejo de la Magistratura, pasó por el Ejecutivo y vino al Congreso», indicó y agregó que «reeditar un planteo que ya fue resuelto es ignorancia o es mala fe».
Loco, los peronistas también teníamos problemas, no era tan difícil.
Márquez apuntó contra el rionegrino Martín Soria, quien habló de Mahiques como parte de «un selecto grupo de jueces trasladados por Mauricio Macri» para montar «una mesa de operaciones políticas». La senadora remarcó que «los traslados se pueden continuar haciendo y son nuevos nombramientos siempre y cuando las competencias no sean radicalmente distintas».
En su discurso de cierre, Patricia Bullrich hizo un elogio del trabajo de Mahiques como camarista, juzgando «la corrupción del kirchnerismo» en referencia a la causa de los cuadernos de Oscar Centeno. «Hace más de 45 años que está en la Justicia, no son los primeros casos que juzga pero, como los de ellos son tantos, a Mahiques le tocaron todos», argumentó y luego eligió una metáfora infeliz para reivindicarlo: «Lago Escondido es un poroto al lado de las cosas que han hecho estos señores».
Los libertarios festejaron el resultado de la votación por su contundencia pero, además, se ilusionaron con disipar el clima de nerviosismo político que mantiene sitiado al gobierno de Javier y Karina Milei desde que estalló el escándalo de Manuel Adorni. «Esto es un triunfo de Juan Bautista (Mahiques)», dijeron desde el Poder Judicial.
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El Gobierno nacional reglamentó una nueva modificación en el Impuesto a las Ganancias que, bajo el argumento de incentivar la oferta de viviendas en alquiler, elimina la carga tributaria sobre los ingresos obtenidos por locaciones destinadas a vivienda. La medida fue oficializada este lunes mediante el Decreto 406/2026 y, aunque fue presentada como un estímulo para el mercado inmobiliario, abre un fuerte debate político y económico: la norma no establece límites de patrimonio, cantidad de inmuebles ni niveles de ingresos para acceder al beneficio, por lo que alcanza tanto a pequeños propietarios como a grandes rentistas con decenas de unidades alquiladas.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La decisión aparece en un contexto particularmente sensible. Mientras Milei sostiene una política de ajuste sobre el gasto público, con recortes que impactan en universidades, investigación científica, programas sociales y jubilaciones, el Estado renuncia a una porción de la recaudación proveniente de quienes obtienen ingresos por alquileres de vivienda. La contradicción no pasó inadvertida para especialistas y referentes opositores, que ven en la medida una nueva señal de la orientación económica del Gobierno.
Un beneficio sin límites patrimoniales
La reglamentación publicada en el Boletín Oficial establece que las rentas obtenidas por alquileres de inmuebles destinados a vivienda quedarán exentas del Impuesto a las Ganancias. Lo llamativo es que el texto no diferencia entre escalas patrimoniales ni introduce topes que permitan distinguir entre un pequeño ahorrista y un gran propietario inmobiliario.
En términos prácticos, una persona que heredó un departamento y obtiene un ingreso complementario por su alquiler recibirá el mismo tratamiento fiscal que quien posee una cartera de decenas de inmuebles distribuidos en distintos puntos del país. La norma no fija un máximo de propiedades alcanzadas por la exención ni condiciona el beneficio al nivel de ingresos del contribuyente.
Ese aspecto es precisamente el que alimenta las críticas. Si el objetivo oficial era favorecer a pequeños propietarios o ampliar la oferta de viviendas para alquiler permanente, el decreto podría haber establecido mecanismos de segmentación. Sin embargo, la reglamentación optó por una exención amplia que también alcanza a quienes concentran una importante cantidad de activos inmobiliarios.
La promesa oficial y las dudas del mercado
La explicación del Gobierno se apoya en una idea que Milei y sus funcionarios vienen repitiendo desde el inicio de la gestión: reducir impuestos para generar incentivos económicos. Según esa lógica, al disminuir la carga tributaria sobre los propietarios habría más viviendas disponibles en el mercado formal de alquileres.
El problema es que esa relación está lejos de ser automática. Nada obliga a los propietarios a trasladar el beneficio fiscal a una reducción de los precios que pagan los inquilinos. Un dueño puede continuar cobrando exactamente el mismo alquiler y simplemente incrementar su rentabilidad gracias a la eliminación del impuesto.
La experiencia reciente del mercado inmobiliario argentino muestra además que los valores de los alquileres responden principalmente a factores como la inflación, la evolución de los salarios, la escasez de crédito hipotecario y las expectativas económicas generales. Por eso, numerosos analistas consideran que el alivio tributario podría terminar mejorando los ingresos de los propietarios sin generar un impacto significativo sobre el acceso a la vivienda.
Ajuste para unos, alivio para otros
La discusión adquiere una dimensión política inevitable. Desde que asumió, Milei justificó buena parte de sus decisiones más controvertidas en la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal. Esa explicación fue utilizada para defender recortes presupuestarios, paralización de obras públicas, reducción de programas estatales y licuación de ingresos sociales.
Sin embargo, el nuevo decreto avanza en sentido contrario para un sector específico de la economía. Mientras el Gobierno sostiene que no hay margen para aumentar partidas destinadas a educación, ciencia o asistencia social, sí encuentra espacio fiscal para eximir de Ganancias a quienes obtienen rentas inmobiliarias.
La medida también incluye beneficios vinculados a determinadas operaciones de venta y transferencia de inmuebles, reforzando una orientación que distintos economistas identifican como favorable a los sectores patrimonialmente más consolidados.
El debate recién comienza, pero el contenido de la norma deja pocas dudas sobre un aspecto central: lejos de tratarse exclusivamente de una ayuda para pequeños propietarios, la exención alcanza igualmente a quienes concentran una importante cantidad de viviendas y perciben ingresos millonarios por alquileres. En un país donde acceder a una vivienda propia resulta cada vez más difícil y donde millones de inquilinos destinan una porción creciente de sus ingresos al pago del alquiler, la decisión promete convertirse en uno de los nuevos focos de discusión sobre las prioridades económicas de la gestión de Milei.
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