Los bancos volverán a funcionar desde el lunes con un protocolo de atención al público, para lo cual los clientes deberán concurrir con turno previo para evitar aglomeraciones, confirmó este viernes a la noche el presidente Alberto Fernández, al anunciar la prórroga del aislamiento social.
«A partir del lunes los bancos van a funcionar con un protocolo de atención al público«, aseguró el presidente en la conferencia de prensa que ofreció en la Quinta de Olivos al dar certezas sobre una decisión que ya había trascendido para reabrir las sucursales al público general.
Puntos a tener en cuenta – Esta atención estará limitada a clientes con turno previo y sin admisión de operaciones por ventanilla, a excepción de jubilados y pensionados, que continuarán con la exclusividad para el cobro de haberes por ventanilla, y para lo cual ya regía una apertura parcial en la última semana.
– Los bancos «van a funcionar con un protocolo de atención al público» dijo el mandatario al precisar que «la gente va a tener que pedir turnos y, en un caso parecido a los supermercados, respetando los horarios y sin dejar aglomerar gente dentro de los locales«.
– «Tomar distancia sin alguno se demora -recomendó Fernández- porque el distanciamiento social en las calle es central» para evitar la propagación social del coronavrius.
El Banco Central ya había tomado algunas medidas de flexibilización para permitir la operatoria bancaria, primero autorizando el funcionamiento del clearing y luego con la reapertura parcial de las sucursales con horario extendido de 10 a 17 e incluso sumando sábado y domingo a los días de atención.
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El giro en el aire de Toto Caputo que pasó de empujar el veto al Presupuesto a pedir que se lo aprueben ya mismo como vino de Diputados, tiene una explicación. El ministro de Economía no consiguió juntar los USD 4.700 millones que necesita para pagar los vencimientos de deuda de enero.
Todas las bravuconadas sobre los USD 7.000 millones que tenía asegurados de bancos internacionales, más la posibilidad de activar los swap de China y Estados Unidos fueron apenas eso, bravuconadas.
Por eso, ahora trabaja contra reloj con el flamante secretario de Finanzas, Alejandro Lew, para instrumentar un canje de al menos la mitad de los vencimientos. Su idea es subir bastante la tasa que cobran a cambio de alargar el vencimiento.
Esto hoy está prohibido por la ley Guzmán, que para evitar canjes ruinosos para el país impuso una condición: hay que mejorar dos de tres condiciones si se pretende canjear deuda. Si en un bono tenemos monto, tasa y plazo hay que mejorar dos de estos elementos.
El artículo 56 del Presupuesto actual en una redacción deliberadamente críptica, desarma ese triple candado que Guzmán le había puesto a la deuda. Por eso, Caputo quiere se lo aprueben ya.
Caputo pretende mejorar sólo tasa, pero para los acreedores. O sea, la Argentina pagará más por su deuda, pero más adelante. Esto es la explicación del recurrente problema de deuda del país, se patea el pago para adelante a costa de aumentar el tamaño de la obligación.
El artículo 56 del Presupuesto actual en una redacción deliberadamente críptica, desarma ese triple candado que Guzmán le había puesto a la deuda. Por eso, Caputo quiere se lo aprueben ya. Porque ya está negociando el canje con los acreedores y necesita mostrarles que desarmó esa cláusula. Pero nada es fácil en la Argentina, el equipo económico también trabaja con abogados en la emisión de los nuevos bonos, para sortear embargos por el juicio de YPF.
Es curioso como se dan las cosas. Caputo fue el genio que inventó incorporar al Presupuesto el artículo 75 que volteaba las leyes de financiamiento universitario y de discapacitados, que terminaron detonando todo el Capítulo 11 que incluía varios ajustes más.
Diego Santilli y los Menem sabían que esa provocación les iba a detonar los acuerdos que laboriosamente tejieron con los gobernadores del Norte, pero no se animaron a contradecir al ministro de Economía. Y así les fue. Luego, en la madrugada, para salvar la metida de pata de Caputo, la metieron doble y activaron desesperados el enjuague del reparto de cargos en la AGN, que les terminó detonando la relación con el PRO y los radicales.
Estuvieron a tres votos de salvar el Capítulo 11, pero no llegaron. El problema que se encontró Santilli es que tras dos años de incumplimientos por parte de la Rosada, los gobernadores piden pago en efectivo antes de acompañar al gobierno. Es una metáfora claro.
El Gobierno ahora analiza la posibilidad que Milei saque un decreto anulando las leyes de financiamiento universitario y discapacitados, una vez que se sancione el Presupuesto.
Cuando le voltearon el Capítulo 11 del Presupuesto, Caputo empezó a presionar muy fuerte a Patricia Bullrich para que reincorporara la baja de las leyes de universidades y discapacitados en el dictamen de Presupuesto del Senado, hasta que hubo que finalmente le explicaron que eso sólo iba a generarle otra derrota parlamentaria al gobierno. Pero presionó hasta este viernes, para meter modificaciones, lo que hubiera obligado a regresar el proyecto a Diputados, hasta que se dio cuenta que necesitaba el Presupuesto ya por el tema de la deuda. «Caputo no entiende de política», se lamentó un diputado libertario.
El problema claro no es Caputo, es la falta de conducción de Milei o el miedo que él y su hermana tienen de marcarle un límite a su ministro de Economía.
Como sea, en ese clima tan especial que se da en el gobierno, ahora en el más alto nivel d ela Casa Rosada están pensando otra jugada genial: Una vez que se apruebe el Presupuesto, Milei podría sacar un decreto anulando las leyes de financiamiento universitario y discapacitados.
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El cambio de mando en el Puerto Dock Sud disparó un choque con gerentes que vienen de la pasada estructura y que ahora fueron desplazados por sospechas de negociados y de una intervención irregular en la licitación clave del dragado.
La reestructuración que encaró Mónica Litza al asumir como titular del consorcio portuario fue rechazada por la Unión de Personal Superior Ferroviario (UPSF), gremio en el que están encuadrados los gerentes desplazados y que denunció un «avasallamiento» a los trabajadores de carrera.
Por eso, UPSF convocó para este martes a una movilización «en solidaridad a los compañeros de carrera del Consorcio Dock Sud» y «por la defensa de la carrera administrativa».
«No mencionan despidos porque no hay ninguno», señalaron a LPO cerca del directorio portuario, donde sostienen que tampoco se tocará la carrera administrativa de los desplazados ya que solo se trata de un cambio de funciones.
En Dock Sud sostienen que la marcha es motorizada por el ex miembro del directorio Leonardo Salom, quien conformó el sindicato UPSF tras perder la interna y ser expulsado del gremio de los trabajadores jerárquicos Apdfa, que está en el convenio del consorcio y tiene una silla en el directorio.
En Dock Sud, fuentes cercanas a la nueva conducción del consorcio manifestaron a LPO que «no se despidió a nadie y hay ningún agravio desde el punto de vista laboral» y que las reasignaciones de funciones fueron apoyadas por unanimidad en el directorio.
Fuentes de Apdfa señalaron a LPO que no sólo no se sumarán a la movilización de este martes contra Litza, sino que aseguran que se trata de «una movida que está armando Salom» para sostener como gerente de Legales al desplazado Ignacio Leonardi, que a la vez es el delegado del gremio en el puerto.
En Apdfa lo ubican a Leonardi como el brazo ejecutor de Salom y lo culpan de ser el ejecutor de despidos de trabajadores que, ahora, están logrando reincorporar.
Previo a su llegada a Dock Sud, Leonardi tuvo durante el macrismo un paso como director de Recursos Humanos del Hospital Posadas, donde una asamblea de trabajadores lo declaró persona no grata a partir de despidos.
Mónica Litza junto al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, al asumir al frente del Puerto Dock Sud semanas atrás.
Actualmente, Leonardi es acusado de ser el emisario de Salom en el puerto de Comodoro Rivadavia para ejecutar persecución de trabajadores enrolados en Apdfa.
En Dock Sud, fuentes cercanas a la nueva conducción del consorcio manifestaron a LPO que «no se despidió a nadie y hay ningún agravio desde el punto de vista laboral» y que las reasignaciones de funciones (fundamentalmente la relativa a Leonardi) fueron apoyadas por unanimidad por los miembros del directorio.
Además, recalcaron que UPSF no cuenta con personería jurídica en la seccional que abarca al puerto. «Están invocando una representatividad que no tienen», aseguran voces con llegada al directorio.
En medio de este conflicto, aparece la licitación del dragado del puerto, que tiene como objetivo central el aumento del calado de acceso para que puedan operar en Dock Sud los Neopanamax, los buques de contenedores más grandes del mundo.
En concreto, las sospechas que se posan sobre Salom y Leonardi hablan de «un circuito paralelo» y una serie de irregularidades con epicentro en las gerencias de Legales y Finanzas que habían desarticulado áreas del organigrama original del puerto para así tener el control del circuito de compras y licitaciones.
«La movida que hacen no es por una reivindicación de los trabajadores sino para seguir manteniendo una posición de poder», señaló una fuente que defendió el desplazamiento de Leonardi.
En medio de este conflicto, aparece la licitación del dragado del puerto, que tiene como objetivo central el aumento del calado de acceso para que puedan operar en Dock Sud los Neopanamax, los buques de contenedores más grandes del mundo.
LPO contó que aquella compulsa fue ganada por la UTE compuesta por Compañía Sudamericana de Dragados (filial local de la Belga Jan de Nul) y ServiMagnuss.
No obstante, hoy ese proceso está observado, a la espera de lo que dicten los organismos de control provinciales, siendo una posibilidad concreta que se caiga y se haga un nuevo llamado.
Hay voces del entramado portuario que hablan que hay presiones de la china CCCC para que se haga un nuevo llamado y así poder ingresar su oferta.
«Se va a encargar una auditoría», adelantaron a LPO cerca del directorio, donde señalaron que uno de los objetivos centrales es transparentar los procesos licitatorios.
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