Los bancos volverán a funcionar desde el lunes con un protocolo de atención al público, para lo cual los clientes deberán concurrir con turno previo para evitar aglomeraciones, confirmó este viernes a la noche el presidente Alberto Fernández, al anunciar la prórroga del aislamiento social.
«A partir del lunes los bancos van a funcionar con un protocolo de atención al público«, aseguró el presidente en la conferencia de prensa que ofreció en la Quinta de Olivos al dar certezas sobre una decisión que ya había trascendido para reabrir las sucursales al público general.
Puntos a tener en cuenta – Esta atención estará limitada a clientes con turno previo y sin admisión de operaciones por ventanilla, a excepción de jubilados y pensionados, que continuarán con la exclusividad para el cobro de haberes por ventanilla, y para lo cual ya regía una apertura parcial en la última semana.
– Los bancos «van a funcionar con un protocolo de atención al público» dijo el mandatario al precisar que «la gente va a tener que pedir turnos y, en un caso parecido a los supermercados, respetando los horarios y sin dejar aglomerar gente dentro de los locales«.
– «Tomar distancia sin alguno se demora -recomendó Fernández- porque el distanciamiento social en las calle es central» para evitar la propagación social del coronavrius.
El Banco Central ya había tomado algunas medidas de flexibilización para permitir la operatoria bancaria, primero autorizando el funcionamiento del clearing y luego con la reapertura parcial de las sucursales con horario extendido de 10 a 17 e incluso sumando sábado y domingo a los días de atención.
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Economía dispuso una intervención urgente de la licitación de GNL que había anunciado apenas hace 48 horas, ante la posibilidad que un nuevo escándalo de presunta corrupción sacuda al Gobierno.
La licitación de la compra de gas licuado para el invierno dirigida por el secretario a cargo del área de Energía, Daniel González, prometía escándalo porque se habían acordado precios siderales, que duplicaban los del año pasado, por un monto total superior a los USD 1.200 millones.
El Ministerio de Economía tuvo que intervenir para forzar una baja de ofertas. Todo ocurre mientras avanza una causa judicial que ya tiene al propio González imputado, en otra operación muy sospechosa, revelada por LPO, de compra de energía a Uruguay, que no produce, triangula.
Después de que LPO revelara el costo fiscal producto de la decisión de Daniel González de «privatizar» la importación de GNL para el invierno, se encendieron las alarmas en el Palacio de Hacienda. El lunes 13 de abril se conocieron las ofertas de las multinacionales Trafigura y Naturgy, para hacer la operación de importación. Las empresas ofrecieron 4,91 y 4,95 dólares por millón de BTU. Es más del doble del costo que pagaba la estatal Enarsa por el mismo concepto. Impactó la suba del gas por la guerra de Irán, pero aún así los números eran desmesurados. «Hubo joda», afirmó a LPO un empresario del sector.
El Ministerio de Economía instruyó a Enarsa para que pidiera una mejora en los precios. En el sector hablan de un movimiento desesperado. Un escándalo silencioso.
La reacción fue inmediata. El Ministerio de Economía instruyó a Enarsa para que pidiera una mejora en los precios. El resultado de esa presión fue parcial. Naturgy quedó mejor posicionada con una oferta de 4,50 dólares por millón de BTU. Trafigura, que había arrancado con el precio más bajo, corrigió a 4,57 dólares.
Pero los valores continúan siendo altísimos. En Economía la preocupación por el costo fiscal y el escándalo asociado fue tan grande que se evaluó declarar desierta la licitación. Pero se decidió pedir mejora en el precio, un recurso previsto en los pliegos cuando las ofertas son similares. En otras palabras, ganar tiempo.
El problema es que el reloj corre. Tal como reveló el sitio especializado El Post Energético, por su imprevisión el Gobierno tuvo que salir de urgencia a licitar la compra de dos barcos de gas licuado para que arriben el primero de mayo. A través de Enarsa recibió propuestas de BB Energy, Glencore, BP Gas, Total, Petrochina, Naturgy y Vitol. Un menú amplio, pero condicionado por el mismo problema de fondo: precios elevados y disponibilidad limitada, por el impacto de la guerra que redujo drásticamente los envíos de gas del Golfo.
El Gobierno ahora enfrenta una decisión incómoda. O convalida estos precios, con impacto directo en tarifas y subsidios, o le ordena a Enarsa relanzar la licitación. Eso implicaría postergar la «privatización» del negocio de GNL que ensayó González.
Todo este desaguisado ocurre mientras la Justicia se mueve rápido. Este martes la fiscal Paloma Ochoa pidió medidas de prueba contra Daniel González, en la causa que investiga los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público por la compra de energía a Uruguay.
Entre las medidas de prueba se ordenó a Cammesa que detalle si se importó energía eléctrica desde Uruguay los días 1 y 2 de abril de 2026, junto con los registros correspondientes, tal como reveló este medio. También se solicitó información a otros juzgados federales y a la Cámara Federal de Paraná para detectar si existen otras causas sobre los mismos hechos.
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