Los bancos volverán a funcionar desde el lunes con un protocolo de atención al público, para lo cual los clientes deberán concurrir con turno previo para evitar aglomeraciones, confirmó este viernes a la noche el presidente Alberto Fernández, al anunciar la prórroga del aislamiento social.
«A partir del lunes los bancos van a funcionar con un protocolo de atención al público«, aseguró el presidente en la conferencia de prensa que ofreció en la Quinta de Olivos al dar certezas sobre una decisión que ya había trascendido para reabrir las sucursales al público general.
Puntos a tener en cuenta – Esta atención estará limitada a clientes con turno previo y sin admisión de operaciones por ventanilla, a excepción de jubilados y pensionados, que continuarán con la exclusividad para el cobro de haberes por ventanilla, y para lo cual ya regía una apertura parcial en la última semana.
– Los bancos «van a funcionar con un protocolo de atención al público» dijo el mandatario al precisar que «la gente va a tener que pedir turnos y, en un caso parecido a los supermercados, respetando los horarios y sin dejar aglomerar gente dentro de los locales«.
– «Tomar distancia sin alguno se demora -recomendó Fernández- porque el distanciamiento social en las calle es central» para evitar la propagación social del coronavrius.
El Banco Central ya había tomado algunas medidas de flexibilización para permitir la operatoria bancaria, primero autorizando el funcionamiento del clearing y luego con la reapertura parcial de las sucursales con horario extendido de 10 a 17 e incluso sumando sábado y domingo a los días de atención.
Siete documentales que retratan la manipulación de los grandes medios de comunicación, y su influencia en la sociedad actual. “A través de la manipulación, las élites dominadoras intentan conformar progresivamente las masas a sus objetivos.” (Paulo Freire). En la era de la información y la tecnología, los medios de comunicación desempeñan un papel vital en…
1. IA y el sueño de la industria del software argentina
Un alto ejecutivo de Facebook pidió a sus trabajadores que “no utilicen la IA solo por el hecho de utilizarla”; Uber limitó el uso de tokens de sus trabajadores a 1.500 USD mensuales, después de descubrir en abril que ya se habían gastado todo el presupuesto asignado de la compañía a IA de 2026. Estas y otras noticias similares han estado rebotando por los diferentes rincones del mundo tecnológico por meses, pero ahora, amplificado por varios medios internacionales, podemos decir que es oficial: la IA se ha revelado como cara, carísima. Es extraño, porque esperábamos muchas cosas (buenas y malas) de la IA, excepto esto.
Para la industria de software y servicios informáticos de Argentina, una de las ramas industriales que mayor uso hace de herramientas de IA en el país, la noticia no hace más que desnudar el principal rasgo estructural del sector: su dependencia.
Durante dos décadas -antes de Vaca Muerta, la minería y el litio-, la economía del conocimiento era una de las grandes promesas de la economía argentina. Se creaban nuevas empresas, crecía el empleo, los salarios y las exportaciones. Una industria que se caracterizaba tanto por su dinamismo en los negocios, como por su base tecnológica. La historia tenía, además, todos los ingredientes de una épica moderna; desde Sadosky fundando una nueva disciplina científica en el país, hasta los miles de jóvenes decididos a estudiar informática con la promesa de ascenso social. La ley de software completaba el panorama, dando un marco institucional que fomentaba a las empresas tecnológicas por su contribución a la transformación productiva del país. Pero esa historia tenía sus límites.
Desde la salida de la pandemia, el sector fue perdiendo dinamismo. Esto se refleja en menor crecimiento, estancamiento de las exportaciones, y, la novedad: despidos masivos. El chivo expiatorio ha sido la IA, pero también se conoce que el deterioro del mercado interno y de la demanda estatal han hecho su parte. La unificación y apreciación cambiaria también afectó al negocio exportador, especialmente para el segmento del empresariado local acostumbrado a cobrar en dólares y pagar en pesos. Sin dudas, el verdadero talón de Aquiles del sector ha sido su especialización en la colocación de programadores, bajo una lógica extractiva, sin el desarrollo de productos tecnológicos propios o servicios sofisticados.
Nuestra hipótesis es que la inteligencia artificial generativa no inventó la crisis, pero sí modificó las reglas del juego. Si durante años Argentina se especializó en ofrecer programadores y ahora ya no son el factor escaso, ¿cuál va a ser nuestra fuente de competitividad? Y si además la industria es crecientemente dependiente de herramientas de IA que se pagan en dólares, la promesa de aportar divisas a la economía con un sector intensivo en conocimiento se hace cada vez más utópica.
2. La IA redefine las condiciones de escasez
Hasta hace muy poco, el principal problema de una empresa de software era conseguir buenos programadores. Formarlos llevaba años, retenerlos era caro. Esa escasez explicaba buena parte de la renta del sector. La inteligencia artificial modifica esa ecuación. Los grandes modelos de lenguaje encontraron uno de sus primeros campos de aplicación en el desarrollo de software. Herramientas como Copilot, Claude o Codex de ChatGPT ya forman parte de la rutina cotidiana de millones de desarrolladores en todo el mundo. Pero los modelos de lenguaje, antes que reemplazar a los programadores, trabajan con ellos. Un programador asistido por IA puede escribir código más rápido, automatizar tareas repetitivas, encontrar errores con mayor facilidad y aprender nuevas tecnologías en menos tiempo. En promedio, se necesitarán menos horas de programación para resolver los mismos problemas o, alternativamente, los mismos equipos podrán desarrollar más y mejores soluciones.
Los programadores, entonces, no dejaron de ser necesarios, pero ya no son el eslabón sensible de la cadena. En cambio, lo que empezó a manifestar su escasez es el servicio que ofrecen las grandes plataformas de inteligencia artificial. Los costos crecientes de la IA tienen fundamentos tecnológicos, económicos, ambientales y geopolíticos. Desarrollar un modelo de frontera exige inversiones gigantescas en investigación y desarrollo, entrenamiento e infraestructura. Pero, además, también tiene grandes costos la inferencia: cada vez que un usuario realiza una consulta, el modelo debe volver a ponerse en funcionamiento consumiendo energía y recursos. Esto marca una diferencia fundamental con software tradicional —donde desarrollar el producto es costoso pero distribuir una copia adicional cuesta prácticamente cero—.
Las gigantes tecnológicas y las nuevas empresas de IA (como Anthropic) todavía enfrentan enormes dificultades para monetizar plenamente sus modelos. En muchos casos continúan subsidiando el acceso para acelerar su adopción y ganar participación de mercado, una estrategia que difícilmente pueda sostenerse por mucho tiempo. Todo indica que, a medida que esos subsidios disminuyan, el acceso a los modelos de mayor capacidad tenderá a encarecerse.
La explicación es sencilla. Detrás de cada respuesta generada por un modelo de lenguaje hay centros de datos masivos que consumen cantidades extraordinarias de energía y agua, para la refrigeración. La electricidad (y en particular su costo), pasa a ser una variable crítica del negocio de la IA, a tal punto que las gigantes tecnológicas prevén infraestructuras eléctricas dedicadas especialmente a abastecer a estos centros, al tiempo que evalúan la localización de centros en función del acceso a estos recursos junto con la infraestructura de comunicaciones.
En este contexto, el cuello de botella ya no es el talento humano, sino la capacidad de cómputo, la disponibilidad energética y la infraestructura necesaria para sostener esos servicios a escala global, desde los modelos hasta los propios datos utilizados para el entrenamiento e inferencia. La inteligencia artificial no eliminó la escasez. Simplemente la trasladó. Y cuando cambia aquello que es escaso, también cambia quién está en condiciones de capturar la renta.
3. Tokenmaxxing
Si la inteligencia artificial vuelve más productivos a los programadores, parecería lógico pensar que las empresas de software simplemente ganarán más dinero al incorporarla. Bajo esta idea muchas empresas impulsaron el uso irrestricto de estas herramientas. En parte por entusiasmo tecnológico y en parte por miedo a quedarse atrás frente a la competencia.
La consigna fue simple: usar toda la IA posible. Al punto que muchas empresas empezaron a incluir como indicador de desempeño y proxy de productividad de los equipos el uso de tokens. Pero los costos y la factura de la IA empezó a inflarse rápidamente sin un correlato claro por el lado de los resultados. En primer lugar, porque los trabajadores empezaron a maximizar el uso de tokens más allá de lo necesario. En segundo lugar, una mayor productividad no garantiza mayores ingresos. Que un desarrollador pueda escribir código más rápido no implica que aparezcan automáticamente más clientes o que las empresas puedan vender soluciones más caras. Como ocurre en cualquier mercado, la oferta no crea por sí sola su propia demanda. Y por último, esa mayor productividad del trabajo depende del acceso a un insumo cuya provisión está altamente concentrada y sus costos se revelan crecientes con el uso.
Ese es el cambio verdaderamente importante. Durante décadas, el principal costo de una empresa de software eran los salarios de sus trabajadores (representaba alrededor del 70% de sus costos totales). Hoy una parte creciente de ese costo empieza a orientarse al pago de servicios digitales, incluyendo servicios de la nube e inteligencia artificial. Lo que antes remuneraba casi exclusivamente trabajo altamente calificado realizado en la Argentina comienza, cada vez más, a compartirse con quienes controlan los modelos, la infraestructura de cómputo y las plataformas digitales.
En otras palabras, la inteligencia artificial no sólo reorganiza el trabajo dentro de las empresas de software. También reorganiza la geografía de la captura de renta.
4. Cuando la renta cruza la frontera
Estos cambios tienen implicancias especialmente profundas para países como la Argentina.
Durante las últimas dos décadas, una de las principales virtudes de la industria del software fue generar divisas. El conocimiento producido por miles de programadores se transformaba en ingresos que financiaban salarios, inversiones y nuevos proyectos dentro del país.
La inteligencia artificial empieza a alterar esa dinámica. Cada licencia corporativa, cada suscripción, cada consulta realizada mediante una API representa un pago hacia empresas que desarrollan y controlan los modelos fundacionales. Lo que antes era, principalmente, una masa salarial pagada en Argentina empieza a transformarse en pagos recurrentes por servicios digitales importados.
Hasta hace pocos años, la mayor parte del valor generado en el sector se distribuía entre salarios y ganancias de las empresas locales de software. Hoy una fracción creciente comienza a concentrarse en las empresas que controlan los modelos, los centros de datos, los chips y las plataformas tecnológicas.
Eso no significa que la industria argentina deje de exportar. Significa que necesita importar cada vez más para seguir siendo competitiva. Y esas importaciones pasan a formar parte de su estructura permanente de costos.
Todavía no existen estadísticas oficiales que permitan medir con precisión cuánto están gastando las empresas de software argentinas en inteligencia artificial. Sin embargo, estimaciones construidas a partir de consultas a especialistas y empresas del sector sugieren que el uso intensivo de modelos de frontera puede representar entre 100 y 500 dólares mensuales por desarrollador.
Si se toma un gasto de 500 dólares mensuales y se lo aplica a los aproximadamente 158.000 trabajadores del sector de software y servicios informáticos, la cuenta anual se acerca a los 1.000 millones de dólares.
No es una predicción. Es un orden de magnitud, que alcanza para poner en perspectiva el cambio que está ocurriendo. Una industria que durante años fue presentada como una fuente privilegiada de generación de divisas comienza, al mismo tiempo, a demandar crecientes cantidades de dólares para funcionar. Y ese puede ser el comienzo de una nueva forma de dependencia tecnológica.
5. Los números de una transformación
La hipótesis que venimos planteando todavía es difícil de medir con precisión. Sin embargo, la balanza de pagos ya empieza a mostrar señales compatibles con esa transformación.
Durante años, la Argentina construyó una industria capaz de exportar conocimiento y generar divisas. Pero, al mismo tiempo que crecieron las exportaciones de software y servicios informáticos, comenzaron a expandirse también las importaciones de servicios digitales indispensables para sostener esa misma actividad.
Los datos muestran una aceleración llamativa. En 2024, las importaciones del rubro «servicios informáticos» alcanzaron los 2.086 millones de dólares. En 2025 ascendieron a 2.551 millones. Durante el primer trimestre de 2026 ya sumaban 777 millones de dólares, un 24% más que en igual período del año anterior. De mantenerse esa tendencia, el año cerraría con importaciones cercanas a los 3.000 millones de dólares, un máximo histórico. Para ponerlo en perspectiva, se estima que las exportaciones de litio serán 2.500 millones este año. Es decir, la extracción de litio récord, no alcanzará para pagar los servicios digitales.
Ese crecimiento no puede atribuirse exclusivamente a la inteligencia artificial. En este rubro también se registran pagos por servicios en la nube, plataformas digitales, videojuegos, publicidad en buscadores o streaming. Pero, justamente ahí reside el punto. La IA no crea una dependencia completamente nueva: profundiza una dinámica en la que la provisión de servicios digitales estratégicos se concentra cada vez más en un reducido número de empresas globales.
Mientras tanto, las exportaciones argentinas de software y servicios informáticos se ubican en torno a los 2.500 millones de dólares anuales. Dicho de otro modo, una proporción creciente de los dólares que el propio sector genera comienza a regresar al exterior para pagar los insumos digitales que necesita para seguir siendo competitivo.
Ingresos, egresos y saldo por el rubro de servicios informáticos en la cuenta de servicios de la balanza de pagos de Argentina (millones de dólares). Fuente: INDEC, Cuentas Internacionales y Balanza de Pagos.
Todavía es prematuro afirmar que estamos frente a un cambio estructural. Pero por primera vez desde la consolidación de la industria del software en el país aparece una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando uno de los principales sectores generadores de divisas empieza, al mismo tiempo, a transformarse en un demandante creciente de dólares?
6. La IA hace más fácil lo fácil y más difícil lo difícil
Durante años, la industria del software argentina creció vendiendo capacidad para escribir código. Ese modelo permitió crear empleo de calidad, formar decenas de miles de trabajadores altamente calificados y construir uno de los sectores más dinámicos de la economía. Pero también dejó una deuda pendiente: desarrollar empresas capaces de crear productos propios y resolver algunos de los problemas tecnológicos más complejos de la industria, el Estado y el pueblo.
Durante esos años hubo una enorme inversión en formar programadores. Crecieron las carreras universitarias, aparecieron tecnicaturas, cursos intensivos y programas de capacitación impulsados tanto por el Estado como por las propias empresas. Miles de jóvenes eligieron estudiar informática porque encontraron allí una oportunidad de movilidad social.
Lo que nunca conseguimos con la misma intensidad fue construir una demanda capaz de desafiarlos. La mayor parte de las empresas terminó desarrollando soluciones definidas por clientes externos o participando en proyectos donde las decisiones estratégicas, los productos y los mercados se encontraban fuera del país. Hubo excepciones importantes, pero no alcanzaron para convertir ese aprendizaje en una plataforma sostenida de innovación.
La inteligencia artificial vuelve esa limitación mucho más evidente. Si escribir código deja de ser relativamente escaso, competir únicamente por la capacidad de programar será cada vez más difícil. La ventaja comenzará a desplazarse hacia quienes comprendan procesos productivos complejos, integren tecnologías, conozcan industrias específicas y sean capaces de diseñar soluciones originales para problemas que todavía no tienen respuesta.
Esto importa especialmente para un país como Argentina. Si nuestros desarrolladores participan únicamente de la programación de soluciones concebidas en otro lado, la IA tenderá a reducir el valor relativo de aquello que ofrecemos. Si, en cambio, participan del diseño de productos, de la resolución de problemas complejos y de la construcción de conocimiento específico, la inteligencia artificial puede transformarse en una herramienta que multiplique esas capacidades en lugar de sustituirlas.
Sin embargo, ese recorrido hoy aparece amenazado. Muchas empresas comenzaron a reducir la contratación de perfiles junior precisamente porque los desarrolladores con mayor experiencia pueden apoyarse en herramientas de IA para realizar tareas que antes delegaban. Al mismo tiempo, el deterioro de los salarios universitarios dificulta la formación de las próximas generaciones de profesionales.
El riesgo no es solamente perder empleo hoy. El riesgo es interrumpir la principal escalera de aprendizaje de la industria. La inteligencia artificial hace más fácil lo fácil: automatiza buena parte de las tareas rutinarias con las que tradicionalmente se formaban los programadores. Pero, precisamente por eso, puede volver más difícil lo difícil: si desaparecen los espacios de aprendizaje, también se vuelve más difícil formar a los programadores junior de hoy, quienes dentro de diez años deberán diseñar las soluciones que la IA todavía no puede imaginar. En otras palabras, si desaparecen los primeros escalones, tarde o temprano también desaparecerán los últimos.
7. ¿Qué estamos promoviendo?
Desde 2004 Argentina apostó por el sector de software. La Ley de Software promovió generosamente un sector basado en una tecnología clave. Había buenas razones para hacerlo. La industria creaba empleo calificado, diversificaba la estructura productiva, exportaba servicios y generaba divisas. Además, los beneficios estaban condicionados a invertir en capacitación, investigación y desarrollo, certificaciones de calidad y apertura de nuevos mercados. No era un subsidio sin condiciones, sino una política industrial orientada a construir capacidades tecnológicas.
Luego de una década, el sector había multiplicado sus empresas y el número de trabajadores. Pero flexibilizaciones inexplicables de las reglas del Régimen de Promoción y fundamentalmente una especialización en la venta de servicios de desarrollo al exterior llevaron a la concentración de los beneficios en grandes empresas y al divorcio del sector de las principales necesidades tecnológicas del país.
El advenimiento de los grandes modelos de lenguajes hace necesario revisar estos regímenes promocionales. Si una parte creciente del conocimiento producido localmente depende de infraestructura, modelos de lenguaje y plataformas controladas desde el exterior, también cambian los efectos esperados de esas políticas. Los beneficios fiscales siguen financiándose con recursos públicos argentinos, pero una parte creciente del aprendizaje, de la innovación y del excedente económico termina desplazándose hacia las empresas que controlan esos activos estratégicos.
Eso no significa que haya que abandonar la promoción del sector. Significa que hay que preguntarse qué capacidades queremos promover. ¿Tiene sentido seguir incentivando principalmente la exportación de horas de programación? ¿O conviene orientar esos instrumentos hacia el desarrollo de productos propios, aplicaciones de IA para sectores estratégicos, modelos abiertos, infraestructura nacional de cómputo y soluciones tecnológicas vinculadas con los problemas productivos, sociales y ambientales del país?
La discusión ya no debería limitarse a cómo hacer crecer la industria del software. La pregunta es qué papel queremos que esa industria desempeñe en una estrategia de desarrollo. Porque el desarrollo no consiste solamente en incorporar nuevas tecnologías. Consiste, sobre todo, en construir la capacidad de decidir qué tecnologías desarrollar, para resolver qué problemas y bajo qué prioridades. En la periferia, esa capacidad de decisión es, quizás, la forma más importante de autonomía.
8. El riesgo de confundir centros de datos con desarrollo
En este contexto aparece una nueva promesa. Si la inteligencia artificial necesita enormes cantidades de energía y capacidad de procesamiento, ¿por qué no convertir a la Argentina en un gran proveedor de infraestructura para esa economía?
En ese punto cobra importancia el debate alrededor del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) y más recientemente con la propuesta de un «Super RIGI» orientado a centros de datos para inteligencia artificial. Tal régimen, vigente desde 2024, otorga condiciones extraordinarias a inversiones en actividades fundamentalmente extractivas, incluyendo beneficios fiscales, estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años, la no liquidación de las divisas por exportaciones en el país, y la cesión de soberanía en materia de resolución de controversias. Lo hace sin establecer exigencias significativas de desarrollo de proveedores locales, investigación y desarrollo, transferencia tecnológica o agregado de valor en el país. Hasta el momento, los principales proyectos aprobados corresponden a energía, petróleo y gas, litio y minería metalífera. ¿Por qué? Porque el mundo demanda de forma voraz todos estos recursos.
En el caso de la inteligencia artificial, el razonamiento es similar. Los centros de datos buscan, sobre todo, energía abundante y barata, buena conectividad digital y estabilidad regulatoria. Argentina reúne varias de esas condiciones: Vaca Muerta, recursos eólicos y solares de clase mundial y una extensa red federal de fibra óptica. No sería extraño que grandes inversiones llegaran al país por esos motivos.
Si los centros de datos llegan por estas razones, Argentina habrá cambiado de lugar dentro de la cadena tecnológica, pero no su lugar periférico en la economía mundial. Los servidores estarán aquí. El conocimiento seguirá desarrollándose en otro lado. El riesgo es reproducir, en versión digital, un patrón conocido: aportar energía, recursos naturales e infraestructura mientras las decisiones tecnológicas, la investigación, la propiedad intelectual y el aprendizaje permanecen concentrados en los países que controlan las plataformas.
No tiene por qué ser así. Brasil, por ejemplo, también busca atraer inversiones vinculadas a la inteligencia artificial, pero procura hacerlo incorporando exigencias de investigación y desarrollo, contratación local, desarrollo de proveedores e infraestructura de cómputo disponible para el sistema científico y tecnológico nacional. La diferencia no está en atraer inversiones, sino en utilizarlas para fortalecer capacidades propias.
Para una economía periférica, el desafío no consiste únicamente en participar de la nueva economía digital. Consiste en hacerlo reduciendo los márgenes de dependencia y ampliando la capacidad local para decidir qué tecnologías desarrollar, para resolver qué problemas y en beneficio de quién.
9. Una ventana que todavía está abierta
Nada de esto significa que el futuro ya esté escrito. La competencia tecnológica entre Estados Unidos y China está modificando rápidamente el mercado mundial de la inteligencia artificial. Si los modelos desarrollados por empresas chinas continúan acercándose al desempeño de los modelos estadounidenses con costos significativamente menores, la estructura de precios de los servicios de IA podría cambiar de manera importante durante los próximos años.
La disputa por el liderazgo tecnológico también puede transformarse en una disputa por reducir el costo de acceso a estas herramientas. China también busca orientar un modelo de regulación global de la IA, mientras que su apuesta por las energías limpias y la electrificación dan sustento material a sus menores costos comparados. En este contexto, cambiar los modelos de las gigantes tecnológicas por modelos chinos más baratos, puede ser una forma de reducir la dependencia tecnológica.
Por otra parte, la rápida expansión de modelos abiertos permite imaginar otra estrategia complementaria para la industria local. No todas las aplicaciones requieren utilizar permanentemente los modelos de frontera más costosos. En muchos casos es posible desplegar modelos abiertos en infraestructura local, ajustarlos para resolver problemas específicos e integrarlos a procesos productivos concretos. Las ventajas en el uso de la IA depende no sólo de la tecnología, sino también de cómo las organizaciones repiensan el trabajo, las capacidades humanas y el desempeño.
Estos caminos no eliminan la dependencia tecnológica, pero sí la pueden reducir, así como minimizar la factura de la IA que pagarán las empresas. Pero lo que es más importante, abre oportunidades para desarrollar empresas especializadas en integración de inteligencia artificial, fortalecer capacidades nacionales de cómputo y generar conocimiento aplicable a los problemas propios de la producción, la salud, la educación, la energía o la administración pública.
La infraestructura pública de ARSAT, incluida su Red Federal de Fibra Óptica y su Centro de Datos, constituye un activo estratégico para un modelo de desarrollo autónomo. Aunque, bajo la lógica extractivista actual, también pueden ser espacios para subsidiar la acumulación privada con insignificantes beneficios sociales. Por eso es fundamental diseñar las políticas tecnológicas, de ciencia, de infraestructura digital y de capacitación. Es imprescindible que un nuevo modelo de política industrial reemplace al viejo régimen de economía del conocimiento, que ya no responde a la resolución de problemas estratégicos del país.
En definitiva, la inteligencia artificial no obliga a elegir entre importar tecnología o resignarse al atraso. La verdadera discusión consiste en decidir si queremos limitarnos a consumir una tecnología diseñada por otros o construir las capacidades necesarias para adaptarla, mejorarla y ponerla al servicio de una estrategia de desarrollo soberano.
Patricia Bullrich está a punto de enfrentarse a una tormenta perfecta frente al posible rechazo de la ley de tierras en el Senado, por cumplir con los deseos de Karina Milei y chocar con la resistencia de Victoria Villarruel y los aliados. Fiel a su estilo, la jefa del bloque libertario convocó a una conferencia de prensa para este martes a las 16, con el objetivo de anunciar que el oficialismo accedió a ponerle un tope del 25 por ciento a la extranjerización de la tierra, un caramelo de madera para endulzar las resistencias aliadas.
Esa cifra fue solicitada por los aliados del gobierno en la última reunión por zoom que Patricia mantuvo con ellos, el viernes pasado, tal como informó LPO. Sin embargo, ambientalistas y opositores alertan sobre la trampa que escondería esa maniobra, que pretende camuflar como concesión el aumento del 15 al 25 por ciento del territorio enajenable después de haber espantado a la opinión pública con el texto original de la ley, que demolía casi todos los límites para la entrega del territorio nacional.
La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, explicó que la ley vigente regula ese porcentaje para las jurisdicciones nacional, provincial y departamental, que es la realmente determinante en cuanto a la explotación de recursos; mientras que la nueva propuesta libertaria lo reduce a nivel nacional. «El departamental es el que importa porque ahí se concentran el agua, el litio, los glaciares y la tierra productiva», dijo la funcionaria, y agregó que «sin ese límite, alcanza con controlar unos pocos departamentos para extranjerizar los recursos estratégicos sin alcanzar nunca el tope del 25 por ciento provincial».
Para ejemplificarlo, mencionó los casos de Villa La Angostura, Nahuel Huapi Norte y El Correntoso, que constituyen «apenas el 4,5 por ciento de la superficie provincial de Neuquén, pero el departamento de Los Lagos casi entero». «Con el 25 por ciento provincial, esa zona se podría extranjerizar de forma totalmente legal», advirtió.
Esos argumentos permean las filas de los bloques que suelen acompañar a los libertarios en las votaciones. Así, el presidente de la UCR, Leonel Chiarella, complicó al jefe de la bancada radical en el Senado, Eduardo Vischi, en el equilibrio que aspiraba a sostener para que la resistencia de un sector de su bloque pase desapercibida.
A través de un comunicado del Comité Nacional, el intendente de Venado Tuerto le marcó la cancha al bloque radical, que amaga con partirse a la hora de la votación que podría darse este jueves en el Senado. «La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra», dice el texto de la UCR, y advierte que el proyecto «compromete la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país».
El presidente de la UCR, Leonel Chiarella, pidió votar contra la ley de tierras y le complicó al jefe de la bancada radical en el Senado, Eduardo Vischi, el equilibrio que aspiraba a sostener para que la resistencia de un sector de su bloque pase desapercibida. Chiarella cuenta con el respaldo del gobernador Maxi Pullaro de Santa Fe.
Chiarella cuenta con el apoyo del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien hasta posó en una selfie con el jefe municipal de Venado Tuerto el sábado, un día antes que estallara el escándalo por la orden del Ministerio de Seguridad provincial para que la hinchada de Newell’s Old Boys de Rosario retire una bandera contra la ley de tierras. «Las tierras no se venden, las tierras se defienden», decía la consigna colgada en la tribuna de «los leprosos».
El gobernador Pullaro y el presidente de la UCR, Lionel Chiarella.
El acto de censura dejó mal parado a Pullaro, que ya venía incómodo con la discusión y padece la rivalidad de Carolina Losada y Carlos Galaretto, los dos senadores radicales que no le responden y parecen inclinarse por el voto positivo. La legisladora ya se manifestó a favor de la iniciativa y su colega todavía guarda reserva sobre su postura.
Los tres integrantes del bloque de la UCR que estaban en contra del proyecto hasta la última sesión eran Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger. Al cierre de esta nota, la Casa Rosada aspiraba que al menos uno de ellos estuviera ausente, con parte de enfermo.
Un legislador que se reunió con los gobernadores Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil en los últimos días le dijo a LPO que los tres admitían que no es momento para votar la extranjerización de la tierra.
Con todo, la cosecha de respaldos se presenta poco auspiciosa para el gobierno. Un legislador que se reunió con los gobernadores Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil en los últimos días le dijo a LPO que los tres admitían que «no es momento» para votar la extranjerización de la tierra.
Sáenz cuenta con la presencia de Flavia Royón en el recinto, quien dio quórum en la última sesión pero se resistía a votar con el oficialismo un día después de la semifinal que Argentina le ganó a Inglaterra en el Mundial de Fútbol.
Los senadores Vischy, Royon y Bullrich.
Por su parte, Jaldo aporta la voluntad de Sandra Mendoza en el bloque de Convicción Federal, integrado por Carolina Moisés y Guillermo Andrada, y se escuda en que ese trío tiene un dictamen de rechazo a la ley. No piensa mandar a su senadora a votar a favor, dijeron a LPO. La misma excusa tendría Jalil, quien tiene ascendencia sobre Moisés y Andrada.
La presión podría recaer sobre la tucumana Beatriz Ávila, que rebautizó su monobloque como Independencia recientemente, pero el gobernador de su provincia se habría tentado con la posibilidad de dejarla en libertad de acción.
A la incomodidad de los radicales, Jaldo, Jalil y Sáenz, habría que sumar la negativa de Andrea Cristina, senadora por el PRO, y Edith Terenzi, del monobloque Despierta Chubut. Ambas responden al gobernador Ignacio Torres y se resisten a votar el capítulo de tierras.
Lo curioso es que el proyecto ya acredita 16 versiones distintas, corregidas por fuera del debate en comisiones sobre un dictamen original que ya nadie recuerda. Para colmo, según confió una fuente del Congreso, los senadores que se prestaron al zoom con Patricia se conectaron, sobre el final de sus vacaciones, comentando entre sí que ponían la cara frente a la pantalla pero dudaban que estuvieran los votos.
A la incomodidad de los radicales, Jaldo, Jalil y Sáenz, habría que sumar la negativa de Andrea Cristina, senadora por el PRO, y Edith Terenzi, del monobloque Despierta Chubut. Ambas responden al gobernador Ignacio Torres y se resisten a votar el capítulo de tierras.
La senadora chubutense Edith Terenzi.
En la misma sintonía se encuentran los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia y los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce, tal como informó LPO. Rojas Decut habría quedado del lado de Hugo Passalaqcua en la pelea del gobernador de su provincia con Carlos Rovira, mientras que Arce mantiene su lealtad al jefe territorial pero no recibió indicaciones suyas para votar a favor.
Un caso aparte sería el de Julieta Corroza, senadora por Neuquén cuyos votos traducen las instrucciones de Rolando Figueroa, uno de los gobernadores más pegados a Javier Milei. Este lunes, el neuquino comunicó que la Legislatura de su provincia sancionaría un proyecto para evitar que las tierras de su pago terminen en manos extranjeras, lo contrario a lo que promueve la ley de Federico Sturzenegger.
A esta altura, Bullrich apuesta todo a convencer a los aliados con la conferencia de prensa, pese a que la jugada parece una especie de fuga hacia adelante bajo la exigencia de Karina Milei para asumir un encargo de muy difícil concreción. «Karina la manda a Patricia a inmolarse y Villarruel prende velas para que la votación termine 35 a 35 y que sea ella quien tenga que desempatar contra el gobierno», dijo una fuente que intentó persuadir a Bullrich para que sacara el capítulo de la discordia.
En una carta abierta difundida este miércoles, Cristina Fernández de Kirchner afirmó que la inhabilitación para ejercer cargos públicos constituye la verdadera pena que enfrenta y advirtió que el fallo judicial que la condenó tiene consecuencias que exceden su situación personal. La exmandataria volvió a plantear que existe una disputa política detrás de su condena y llevó el conflicto al terreno de los derechos democráticos.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La carta de Cristina y la denuncia de una condena que trasciende la prisión
Cristina Fernández de Kirchner volvió a instalar en el centro de la discusión política el concepto de proscripción política. En una carta abierta publicada este miércoles, la expresidenta sostuvo que la consecuencia más profunda de la condena judicial en su contra no es la restricción de su libertad ambulatoria, sino la imposibilidad permanente de competir electoralmente y ejercer cargos públicos, una sanción que definió como una “pena principal” y que, según su planteo, afecta el derecho colectivo de millones de ciudadanos a elegir a sus representantes.
El planteo de Cristina se inscribe en una discusión que atraviesa a la política argentina desde la confirmación de la condena en la causa Vialidad. La Corte Suprema dejó firme la sentencia que estableció una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una resolución que desde el peronismo fue interpretada como un mecanismo de exclusión política contra la principal dirigente opositora al gobierno de Javier Milei.
En su escrito, la exmandataria apuntó al funcionamiento del sistema judicial y sostuvo que una democracia no puede reducirse únicamente al acto electoral, sino que requiere instituciones capaces de garantizar la participación política y el respeto de los derechos fundamentales. La crítica apunta así a una cuestión más amplia: qué ocurre cuando una decisión judicial tiene efectos directos sobre la competencia política y sobre la representación de un sector social determinado.
Una disputa que excede el caso Vialidad
El conflicto judicial alrededor de Cristina Kirchner se convirtió en uno de los principales ejes de la disputa política argentina. Para sus seguidores, la condena representa una forma moderna de persecución política mediante herramientas judiciales; para sus críticos, se trata de una consecuencia institucional derivada de una causa penal por corrupción que atravesó todas las instancias judiciales.
La causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, terminó con una condena que no sólo afectó a la expresidenta sino que modificó el escenario político nacional al impedirle presentarse a elecciones. La inhabilitación perpetua se convirtió así en el punto central del debate, incluso por encima de la pena económica o de la modalidad de cumplimiento de la condena.
Desde el kirchnerismo sostienen que la exclusión electoral de Cristina tiene un impacto institucional porque se trata de una dirigente que conserva un peso político significativo dentro del peronismo y que, aun fuera de un cargo formal, continúa funcionando como una referencia para una parte importante del electorado. La discusión ya no pasa solamente por la culpabilidad o inocencia en una causa judicial, sino por los límites entre la Justicia penal y la competencia democrática.
El escenario internacional y el reclamo por las garantías judiciales
La carta también volvió a colocar la mirada sobre los organismos internacionales de derechos humanos. Cristina Fernández de Kirchner sostiene que su situación debe ser analizada bajo el marco de las garantías previstas en tratados internacionales, argumentando que el derecho a elegir y ser elegido forma parte de los derechos políticos fundamentales.
La estrategia jurídica y política de la exmandataria apunta a transformar la discusión desde una cuestión estrictamente penal hacia un debate sobre la calidad democrática. La tesis que plantea es que una condena judicial puede tener consecuencias que exceden a la persona involucrada cuando implica impedir que una dirigente pueda competir por el voto popular.
Desde sectores opositores al kirchnerismo rechazan esa interpretación y sostienen que no existe una proscripción sino una consecuencia legal derivada de una sentencia firme. Allí se encuentra uno de los grandes puntos de tensión del debate argentino actual: si una condena judicial que impide ejercer cargos públicos debe ser considerada una aplicación legítima de la ley o si, por sus efectos políticos, constituye una limitación excepcional al principio democrático de representación.
La pelea por el futuro político del peronismo
Más allá del expediente judicial, la situación de Cristina Kirchner impacta directamente sobre la reorganización del peronismo. La imposibilidad de competir electoralmente modificó los equilibrios internos del espacio y abrió una discusión sobre liderazgo, renovación y estrategia frente al gobierno de Javier Milei.
La exmandataria busca mantener vigente la idea de que su exclusión no es solamente un problema individual, sino una disputa por el rumbo político del país. En esa lectura, la condena judicial forma parte de una batalla más amplia por definir quiénes pueden participar plenamente del sistema democrático.
La discusión sobre Cristina Kirchner, entonces, continúa ubicada en una zona donde se cruzan justicia, política y democracia. Mientras sus adversarios sostienen que las instituciones actuaron dentro de sus atribuciones, sus seguidores denuncian que una decisión judicial terminó produciendo un efecto político irreversible: sacar de la competencia electoral a una dirigente que, durante dos décadas, ocupó un lugar central en la vida pública argentina.
El debate de este jueves en el Senado acerca de la propiedad privada y la posibilidad de que extranjeros compren tierras sin límites en nuestro país comenzó a jugarse este fin de semana en Córdoba. Primero, el viernes con la decisión de la senadora Alejandra Vigo de anticipar su rechazo a la iniciativa que tiene juntando los votos a Patricia Bullrich; en una decisión, la de la mujer del exgobernador Juan Schiaretti que mete un ruido en el acuerdo que explora Llaryora con Milei para el 2027.
Sin embargo, el segundo capítulo de esa previa se vivió este sábado porque, al igual que en otros momentos, aparecieron banderas en la sede del Frente Cívico, la fuerza provincial que lidera el senador Luis Juez; y en un shopping de barrio Alberdi que es propiedad de la familia de la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero.
Como en su momento con la reforma laboral y en esos mismos lugares, ahora la consigna fue la ley de propiedad privada y las consignas fueron contundentes. «Juez te vendiste a todos, no vendas la Argentina», le colocaron al senador. Mientras que a la bullrichista le pusieron en el centro comercial: «senadora Carmen vendé tu shopping, no la Argentina».
Al igual que en otras ocasiones, y a pesar del guiño que hace una buena porción del electorado cordobés al libertario en contraposición con el kirchnerismo, la discusión acerca de la posibilidad de que extranjeros puedan comprar tierras sin límites interpela a la clase media y asoma un rechazo.
Sin embargo, en ambos casos, tanto Juez como Álvarez Rivero no tienen ninguna posibilidad de apartarse de la orden de Casa Rosada y deberán acompañar. El senador, porque intenta complacer a Karina para tener un lugar expectante en las listas del 2027 y fortalecerse como un aliado confiable del libertario Gabriel Bornoroni; y la empresaria devenida en senadora, porque se le vence el mandato el año próximo y busca reciclarse en la lista de diputados nacionales.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva pasó por Córdoba, donde encabezó el almuerzo de la Bolsa de Comercio. Y allí, frente al Círculo rojo mediterráneo salió a bancar el accionar de Gustavo Gauna, el comisario de la Federal que disparó, de civil, en la marcha contra la Ley de Tierras del pasado jueves.
Monteoliva respaldó la portación de arma por parte del efectivo de civil al decir que «es probable que el comisario o subcomisario (sic) haya tenido su placa colgada». «Con respecto al arma es una escopeta de estruendo. ¿Qué sale de un perdigón de estruendo? Ruido, estruendo», dijo la cordobesa Monteoliva en la disertación en la Bolsa de Comercio.
Situación, la del comisario Gauna que derivó en una denuncia y una citación a la integrante del Gabinete nacional al Congreso por parte de la oposición.
«Los que tienen que explicar son los que van con una masa, un martillo, que expliquen los que queman a los gendarmes o los escupen. Tengo personas con lesiones en columnas, irrecuperables. Tengo 200 efectivos que quedaron con lesiones por la marcha del jueves», dijo Monteoliva, visiblemente molesta.
Tensión que se hizo más notoria cuando le preguntaron en el recinto, y frente al empresariado cordobés, por la polémica de la bandera de Malvinas en el Mundial. «Lo aclaro una vez más: las recomendaciones no fueron mías. Quien define los parámetros es la FIFA», dijo e insistió con «el dibujito de las banderas», frase que repitió este mediodía en Córdoba.
«Lo que hicimos fue comunicar para que la gente no se quedara con la entrada en la mano y la camiseta puesta. Este es el Gobierno que más hizo por la recuperación de Malvinas. Hay otros que hablan mucho, pero cuando estuvieron no hicieron nada», afirmó Monteoliva.
De los líderes de la oposición, particularmente de ese eje que componen el diputado Gabriel Bornoroni y el senador Luis Juez, quien estuvo fue el referente libertario. No así el integrante de la Cámara alta, muy crítico de Monteoliva por su pasado como funcionaria de De la Sota en el acuartelamiento policial en el 2013 y muy cercana, ahora, al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros. Quien se sentó en la mesa central junto a Bornoroni y al presidente de la entidad, Manuel Tagle.
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