Logran identificar más de cien ballenas que tienen sus crías tanto en Brasil como Península Valdés

Durante décadas, una acusación se repite con una seguridad que contrasta brutalmente con la fragilidad de sus pruebas: que la Argentina fue refugio del llamado “oro nazi”, que el Banco Central actuó como engranaje financiero del saqueo del Tercer Reich y que el país habría sido cómplice silencioso de uno de los mayores crímenes económicos del siglo XX. La afirmación circula como verdad revelada, pero cuando se la somete al examen de la documentación histórica, el relato empieza a resquebrajarse.

Por Walter Onorato para NLI

Eso es exactamente lo que demuestra la investigación “Transacciones del Banco Central de la República Argentina en oro y divisas con países del Eje y neutrales”, realizada por los historiadores Mario Rapoport y Andrés Musacchio en el marco de la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la Argentina (CEANA). No se trata de una defensa política ni de una opinión ideológica, sino de un estudio riguroso basado en archivos oficiales del Banco Central, balances contables, libros de oro en custodia, documentación diplomática argentina y extranjera y el cruce sistemático con los informes de las comisiones investigadoras de Suiza y de Estados Unidos. La conclusión a la que llegan es tan clara como incómoda para los cultores del mito: no existen evidencias documentales de que el Banco Central argentino haya recibido oro nazi.

El primer problema del relato conspirativo es conceptual. El llamado “oro nazi” no es una categoría homogénea. Puede referirse al oro saqueado a las víctimas del nazismo, a las reservas de los bancos centrales de países ocupados, a las fortunas personales de jerarcas nazis en fuga o a depósitos bloqueados en países neutrales. Rapoport y Musacchio parten de esa distinción básica —habitualmente omitida— y siguen el rastro del oro allí donde necesariamente debería aparecer si la acusación fuera cierta: en los registros contables del Banco Central de la República Argentina.

Lo que encuentran es exactamente lo contrario de lo que promete la leyenda. Entre 1942 y 1948, los libros de “oro en custodia” y “oro en barras” del BCRA muestran que la Argentina no fue receptora, sino expulsora de oro. Las principales operaciones con bancos de países neutrales, especialmente Suiza y Portugal —señalados durante años como intermediarios privilegiados del oro nazi— registran salidas de oro desde Buenos Aires hacia el exterior, en particular hacia la Reserva Federal de Nueva York o hacia las casas centrales de esos bancos. Si la Argentina hubiera sido un destino del oro nazi, los registros mostrarían ingresos físicos relevantes. No los hay.

El caso suizo es especialmente revelador. Contra lo que sugiere el imaginario popular, los datos de la propia banca helvética, analizados por la Comisión Bergier, indican que durante la guerra Suiza fue compradora neta de oro argentino y que las transacciones con la Argentina representaron una fracción ínfima del total de sus operaciones. Más aún: la Argentina no compró oro a Suiza durante el período bélico, lo vendió. Es decir, el flujo va en sentido inverso al que exigiría cualquier hipótesis de “lavado” de oro nazi.

Con Portugal ocurre algo similar. Los registros del Banco de Portugal muestran que las operaciones consistieron básicamente en compras de oro argentino para su posterior traslado a la Reserva Federal estadounidense. Tampoco aquí aparece la Argentina como receptora de oro, sino como país del que el oro sale. Ninguna de estas operatorias responde al patrón esperable de un país que está recibiendo oro malhabido.

Otro dato que incomoda a los defensores del mito es el comercio. Durante la Segunda Guerra Mundial, el intercambio entre Argentina y Alemania se interrumpió por completo. Sin comercio regular, Alemania no tenía razón económica alguna para transferir oro a la Argentina. La hipótesis de una triangulación sistemática a través de países neutrales también se derrumba: la investigación sólo encuentra episodios marginales de contrabando, de escala reducida y sin participación de las máximas autoridades del Estado argentino. No hubo comercio triangular regular y, por lo tanto, no hubo financiamiento sistemático mediante oro.

No es casual que el mito del “oro nazi” haya sido dirigido casi exclusivamente contra el peronismo. La acusación no nació de una investigación histórica, sino de una necesidad política: construir un Perón ilegítimo, inmoral y criminal, incapaz de ser derrotado en el plano social pero vulnerable en el plano simbólico. El gorilismo necesitó presentar al primer gobierno peronista no como un proyecto de justicia social y soberanía económica, sino como una anomalía oscura, vinculada al fascismo europeo y financiada con riquezas malhabidas. En ese marco, el “oro nazi” funcionó como un arma narrativa perfecta: imposible de probar, pero fácil de repetir.

El trabajo de Rapoport y Musacchio deja al descubierto ese mecanismo con claridad demoledora. Cuando se revisan los archivos del Banco Central, el relato se cae. No aparece el oro, no aparece el flujo, no aparece la complicidad. Lo que sí aparece es una operación política clásica del antiperonismo: transformar la sospecha en certeza y la mentira en sentido común histórico.

La investigación no elude los puntos grises. Analiza los depósitos de ciudadanos alemanes incautados por el Estado argentino, los fondos de la embajada alemana tras la ruptura de relaciones y el célebre depósito de 40 lingotes vinculado a la empresa SAFU de Fritz Mandl. En ninguno de esos casos se encuentran pruebas de que se trate de “oro nazi”. En algunos, el origen no puede reconstruirse con precisión, pero el criterio metodológico es claro: la falta de información no equivale a culpabilidad. La historia no se escribe con conjeturas.

¿Por qué, entonces, el mito del oro nazi en la Argentina sigue circulando con tanta fuerza? Porque es funcional. Permite simplificar la historia, demonizar un proyecto político popular, justificar odios de clase y evitar discusiones más profundas sobre soberanía económica, distribución del ingreso y poder real. Es más cómodo repetir una acusación que revisar archivos.

La investigación de Rapoport y Musacchio demuestra que cuando se abandona la mitología y se entra en el terreno de la documentación, el relato se desinfla. No hubo un Banco Central argentino actuando como lavadora del saqueo nazi. No hubo un flujo sistemático de oro nazi hacia la Argentina. Hubo, sí, una mentira persistente, útil y gorila, que durante años intentó reemplazar a la historia. Y que, una vez más, no resiste el archivo.

Con un decreto publicado a fin de año, el Gobierno modificó el régimen de Fondos Rotatorios: habilita ampliaciones automáticas cuando se transfieren programas, refuerza el poder de Hacienda y consolida un esquema de manejo cotidiano del dinero público por fuera de licitaciones.

Por Roque Pérez para NLI

Mientras el discurso oficial insiste en la “motosierra” y el ajuste permanente, el Decreto 926/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial introduce cambios clave en la administración diaria de fondos estatales que merecen una lectura política más allá del tecnicismo contable. La norma modifica el Decreto 1344/2007 —reglamentario de la Ley de Administración Financiera— y reordena el funcionamiento de los llamados Fondos Rotatorios, es decir, las cajas chicas de los organismos públicos.

Estos fondos permiten afrontar gastos corrientes y urgentes sin pasar por el régimen general de contrataciones. Justamente por eso, históricamente han sido un punto sensible en términos de control y discrecionalidad.

Más margen para los organismos que reciben programas

El eje central del decreto aparece cuando se habilita que, si durante el año el Poder Ejecutivo transfiere programas presupuestarios entre organismos, el área que recibe esas funciones pueda ampliar automáticamente su Fondo Rotatorio hasta un 3 % adicional del presupuesto transferido.

En paralelo, el organismo que cede el programa deberá reducir su propio fondo. En términos políticos, el decreto acompaña y lubrica la reconfiguración permanente del Estado que impulsa Milei, donde ministerios, secretarías y programas cambian de manos con frecuencia.

El resultado es claro: cada reorganización administrativa viene acompañada de una ampliación de la caja disponible para gastos inmediatos, sin licitación y con controles posteriores.

Hacienda concentra poder y regula discrecionalmente

El decreto también refuerza el rol de la Secretaría de Hacienda, que queda facultada para autorizar Fondos Rotatorios por debajo del tope legal del 3 % si considera que un organismo tuvo fondos “ociosos” el año anterior.

En los hechos, esto implica una herramienta política de premio y castigo: quien ejecuta como espera el Ministerio de Economía mantiene margen operativo; quien no, ve restringida su caja diaria. Centralización de decisiones financieras en un contexto de fuerte verticalismo presidencial.

Menos cuentas, más opacidad cotidiana

Otro cambio relevante es la eliminación de los Fondos Rotatorios Internos de menor cuantía, bajo el argumento de reducir cuentas bancarias y fomentar pagos electrónicos. El Gobierno lo presenta como modernización y transparencia, pero en la práctica concentra movimientos financieros en menos cuentas y menos áreas, algo que no necesariamente equivale a mayor control social o parlamentario.

Todo esto ocurre sin modificar un dato estructural: los gastos realizados por Fondos Rotatorios siguen excluidos del régimen de contrataciones del Estado. Es decir, continúan siendo un canal rápido, flexible y poco visible para el uso de recursos públicos.

En síntesis, el Decreto 926/2025 no contradice el relato de ajuste: lo complementa. Mientras se recortan políticas públicas, se afina el mecanismo que permite al Ejecutivo manejar con mayor libertad la caja cotidiana del Estado, especialmente en un escenario de reestructuraciones constantes. Menos Estado para la sociedad, pero más margen interno para decidir cómo y cuándo se gasta.