Son 300 litros del principio activo los que arribaron al país para comenzar la producción local de la vacuna. También llegaron 400.000 dosis del componente 2 de Sputnik V y 81.850 del componente 1. Argentina alcanzó este martes los casi 19 millones de dosis de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia
Argentina alcanzó este martes los casi 19 millones de dosis de vacunas recibidas desde que comenzó la pandemia, pero además, por primera vez, llegaron al país los principios activos de la vacuna Sputnik V, que permitirán su fabricación en el país para reforzar el plan de vacunación nacional con mayor cantidad de dosis disponibles.
Este martes por la tarde arribó a Ezeiza el decimonoveno vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Moscú, que trajo en sus bodegas el primer lote de su principio activo para comenzar la producción local del fármaco contra el coronavirus y un cargamento con componentes 1 y 2 de la vacuna Sputnik V.
Con estas más de 480 mil dosis, hasta el momento, la Argentina ya recibió 18.931.945 dosis de vacunas: 9.415.745 Sputnik V (7.875.585 del componente 1 y 1.540.160 del componente 2), 4.000.000 de Sinopharm, 580.000 AstraZeneca – Covishield, 1.944.000 AstraZeneca a través del mecanismo COVAX y 2.992.200 AstraZeneca-Universidad de Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina.
Cecilia Nicolini titular de Aerolíneas argentinas manifestó su “satisfacción” por la llegada de un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas con vacunas y señaló que“todos los vuelos son importantes, pero éste lo es aún más, porque trae, además de vacunas, el principio activo para fabricar la vacuna Sputnik en nuestro país, y así contribuir al Plan de Vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional”.
Destacó el “esfuerzo conjunto” de “todos los que están trabajando para que estos operativos se concreten” y reiteró que la llegada de más vacunas es “una muy buena noticia”.
Comentó además que, “tal como lo ha decidido el presidente Alberto Fernández en función de colaborar para que las vacunas lleguen a todos los países de la región, este vuelo de Aerolíneas trajo también 40 mil dosis de la vacuna Sputnik para Paraguay, como ocurrió con Bolivia y como seguirá ocurriendo con todos los países que lo necesiten”.
Gustavo Valdés impulsa la idea de que la bancada de la UCR en el Senado termine formando un interbloque con los legisladores que responden a los gobernadores de Provincias Unidas (PU). Esa jugada podría servir para neutralizar los planes de los peronistas Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, que tratan de acercarse a senadores como la neuquina Julieta Corroza, la cordobesa Alejandra Vigo y hasta los misioneros Carlos Arce y Soña Rojas Decut para quitarle la tercera minoría a los radicales.
La maniobra apunta a que los 10 senadores radicales puedan imponerse por volumen sobre sus pares de PU, que quedaron dispersos en monobloques o bloques pequeños después de la elección de octubre. La pulseada es para quedarse en el podio, detrás de los 22 que lidera José Mayans y los 20 libertarios de Patricia Bullrich.
En efecto, la UCR contará a partir del 10 de diciembre con más bancas que Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres y Claudio Vidal. El cordobés puede acreditar ascendencia sobre Alejandra Vigo, a través de su acuerdo con Juan Schiaretti, mientras que el chubutense hace lo propio con Edith Terenzi y el santacruceño con José María Carambia y Natalia Gadano. Es decir, a lo sumo, cuatro legisladores.
Sobre todo, porque a los armadores que se disputan el fichaje de senadores les resulta muy difícil imaginarse la incorporación de los santacruceños.
El inconveniente más grande es que Pullaro tiene a Carolina Losada y Carlos Galaretto dentro del bloque radical, igual que Valdés al jefe de la bancada, Eduardo Vischi, y Mercedes Valenzuela. El jujeño Carlos Sadir, por su parte, no ganó ninguna de las tres bancas en disputa en las elecciones de 2023, que terminaron con el ingreso a la Cámara Alta de los libertarios Ezequiel Atauche y Vilma Bedia y el desembarco de la peronista Carolina Moisés por la minoría.
Ese reparto le permite a Valdés ensayar en el Senado una estrategia distinta a la que implementó en Diputados, donde dispuso que su ministro de Desarrollo Social y legislador electo, Diógenes González, permanezca en el bloque de la UCR, liderado ahora por Pamela Verasay.
Maximiliano Abad, en el Senado.
Fuentes parlamentarias deslizan que esa maniobra obedecería a un acuerdo entre el correntino y su par mendocino, Alfredo Cornejo: el primero se queda con la presidencia del partido a la salida de Martín Lousteau y el segundo, con la conducción del bloque en la Cámara Baja. «Si Valdés mandaba a Diógenes al bloque de Provincias Unidas, se iba a diluir y lo iban a terminar conduciendo otros gobernadores», dijeron a LPO.
En el Senado, en cambio, el gobernador litoraleño apuesta a que Vischi mantenga la conducción del bloque y, de esa manera, prevalezca sobre sus pares de Provincias Unidas. Para eso, habría pactado con Pullaro y Losada la postulación de Luis Naidenoff para la Auditoría General de la Nación, que todavía tiene vacantes sus cargos en representación de ambas cámaras.
Para que Vischi mantenga la conducción, Valdés pactó con Pullaro y Losada la postulación de Luis Naidenoff para la Auditoría General de la Nación.
Un senador radical le dijo a LPO que, en rigor, esa jugada no habría sido tanto de Valdés como de Maximiliano Abad, quien se habría animado a ordenar los tantos en una reunión de la UCR con Bullrich. «Teníamos a Naidenoff y (Víctor) Zimmermann peleando por la AGN y Abad planteó que había que contener a los dos delante de Bullrich, que fue a la Rosada y lo terminó resolviendo en un par de horas», aseguró.
Según ese testimonio, el gobierno habría aceptado darle un cargo al chaqueño por su colaboración en recinto durante los primeros dos años de Javier Milei. Además, Leandro Zdero fue uno de los tres gobernadores que cerró alianza con el oficialismo en los comicios de octubre, otra razón para compensar la pleitesía provincial y resolver una disputa interna del bloque.
En el diseño de los contrapesos, Valdés también negocia con Cornejo el lugar de Mariana Juri, senadora por Mendoza, en ese interbloque con PU o en el partido. Y además, un senador experimentado comentó a LPO que hasta Carlos «Camau» Espínola está esperando «una conversación» con el gobernador correntino para tomar definiciones, pese a que desde el entorno del exregatista se muestran prudentes y alegan que «hay tiempo hasta febrero o marzo».
El Gobierno impulsa una reforma laboral que redefine la relación de dependencia, habilita nuevas formas de precarización, reduce indemnizaciones y debilita la negociación colectiva. El texto, presentado para tratar durante las sesiones extraordinarias, modifica de manera profunda la Ley de Contrato de Trabajo y reorganiza el mapa de poder entre capital y trabajo.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Un cambio de época escrito en letra chica
El proyecto de “modernización laboral” del oficialismo no es un simple aggiornamiento técnico ni un reordenamiento administrativo. Es un intento explícito de reconfigurar las reglas fundacionales de la relación laboral en Argentina, desde el momento en que una persona empieza a trabajar hasta la forma en que se calcula su indemnización cuando es despedida. Todo el texto está diseñado para mover el péndulo hacia el empleador, reduciendo la protección que la Ley de Contrato de Trabajo consolidó durante décadas y que constituyó uno de los pilares del modelo argentino.
El Gobierno lo presenta como un salto hacia la flexibilidad, la innovación y el empleo moderno. Pero cuando se analizan las modificaciones artículo por artículo, lo que se revela es una arquitectura jurídica pensada para abaratar despidos, diluir la estabilidad, fragmentar la negociación colectiva y habilitar nuevos mecanismos de contratación más débiles.
A continuación, un análisis profundo de las modificaciones más relevantes, ordenadas por grandes bloques temáticos, con explicación detallada y sus efectos concretos sobre la vida laboral de las y los trabajadores.
1. el corazón del proyecto: redefinir quién es trabajador
Reforma del concepto de trabajo y del ámbito de aplicación
La LCT históricamente estableció que toda prestación personal realizada bajo dependencia es trabajo, y por lo tanto merece protección. El proyecto del oficialismo introduce modificaciones que amplían las excepciones y atomizan el régimen.
La clave está en ensuchar el concepto de dependencia, que siempre fue lo que blindó a los trabajadores frente a las falsas modalidades. El proyecto incorpora referencias explícitas a trabajadores independientes, prestadores de servicios, contratos civiles y prestadores de plataformas digitales que podrían quedar fuera de la LCT si el empleador así lo organiza.
Ejemplo concreto
Hoy, si un mensajero de aplicaciones trabaja todos los días, con horarios, instrucciones y control de la empresa, la Justicia puede reconocer la relación de dependencia. Con la reforma, la empresa podrá argumentar —y con aval legal— que se trata de un “prestador independiente” sujeto a regulación específica, reduciendo la posibilidad de reconocimiento judicial.
La consecuencia es un piso mínimo de derechos más bajo y un aumento exponencial de relaciones supuestamente “autónomas” que en realidad son empleo encubierto.
2. la presunción de relación laboral: el golpe más fino del texto
Limitación de la presunción de dependencia
La presunción de que la prestación personal genera contrato de trabajo es una de las piedras angulares de la LCT. Sin ella, cualquier empleador podría disfrazar la relación de mil maneras. El proyecto introduce un límite decisivo: Si existe contrato de servicios, facturación, recibos u otros instrumentos civiles, la presunción de dependencia no operará.
Esto implica que la simple emisión de una factura —algo que hoy se usa masivamente para precarizar— pasará a ser un blindaje para el empleador. La carga de la prueba recae íntegramente sobre el trabajador, que deberá demostrar la subordinación.
Ejemplo concreto
Una diseñadora gráfica que trabaja todos los días para la misma empresa, recibe órdenes y usa equipos provistos por la firma. Si le hacen facturar, ya no podrá invocar automáticamente la presunción de dependencia. Tendrá que litigar durante años, sin ingresos, para que un juez reconozca su situación.
El proyecto multiplica así la precarización legal.
3. la negociación colectiva: una poda que debilita a los sindicatos
Eliminación de la aplicación analógica de los convenios
Uno de los cambios más graves consiste en prohibir que los convenios colectivos se apliquen por analogía o extensión. Es decir, si un trabajador realiza una tarea similar a otra ya regulada, pero no está específicamente contemplado en su convenio, no podrá beneficiarse automáticamente de ese estándar.
Este artículo fractura la herramienta histórica que encontró el movimiento obrero para ampliar derechos, impedir disparidades injustificadas y evitar que los empleadores fragmenten convenios a su gusto.
Qué significa en la práctica
Menos trabajadores cubiertos por protección colectiva.
Más margen para redactar convenios “a medida” en empresas pequeñas.
Mayor debilidad de trabajadores aislados o de sectores nuevos.
Este cambio promueve un modelo laboral de negociación atomizada, donde cada empresa se mueve con su propio “mini-convenio”, debilitando la fuerza gremial.
La reforma del principio protectorio
Además, el proyecto interviene la regla de “norma más favorable”, obligando interpretaciones más restrictivas. Esto limita la posibilidad de que, ante dudas, los jueces elijan la solución más protectora para el trabajador.
El espíritu de la LCT se centra históricamente en compensar la desigualdad estructural entre empleado y empleador. El proyecto la reduce a un principio casi decorativo.
4. indemnizaciones: un recorte estructural
Redefinición de la base de cálculo
El proyecto especifica qué conceptos se incorporan para determinar la indemnización y cuáles quedan fuera. La lógica general es reducir el monto final del despido.
En particular:
Se excluyen o limitan pagos variables y sumas no remunerativas.
Se recalculan promedios de manera que reduzcan el impacto de meses con remuneraciones altas.
Se introducen aclaraciones que favorecen el criterio más bajo cuando hay dudas.
Por qué es un cambio profundo
En Argentina la indemnización tiene carácter disuasivo: busca evitar despidos arbitrarios. Al abaratarla, se incentiva la rotación y se da mayor libertad a las empresas para despedir.
Un empleador hoy puede dudar antes de echar a un trabajador con diez años de antigüedad. Con la reforma, el costo será mucho menor: despedir será más barato.
Otros efectos
Impacto directo en trabajadores con premios por productividad.
Menor protección para trabajadores con salarios compuestos.
Incentivo a convertir partes del salario en pagos no remunerativos.
5. tercerización, agencias de servicios y trabajo eventual
Responsabilidad solidaria reducida
La LCT establece que, cuando una empresa terceriza tareas, la empresa usuaria es solidariamente responsable. La reforma reduce esa responsabilidad al período en que el trabajador prestó tareas “directamente” para la empresa principal.
Esto abre un espacio peligroso: cualquier empresa podrá tercerizar actividades principales sin asumir plenamente las consecuencias.
Legalización de la eventualidad rotativa
El proyecto amplía el margen para contratar mediante agencias de servicios eventuales, con menor representación gremial y menores obligaciones. Esto profundiza un modelo donde:
Un trabajador puede pasar años contratado “a prueba”.
La antigüedad se desdibuja.
La estabilidad desaparece en la práctica.
Ejemplo concreto
Un supermercado podrá cubrir cajas, góndolas, depósitos y logística con personal eventual rotado por agencias, sin integrar nunca al plantel estable.
El efecto es una reconfiguración estructural del mercado de trabajo donde la eventualidad deja de ser excepcional.
6. tiempo de trabajo, vacaciones y “flexibilidad”
Bancos de horas
El proyecto habilita mecanismos que permiten compensar horas extras con descanso, en lugar de pago. En un país con salarios depreciados, esto implica una transferencia directa desde el trabajador hacia la empresa.
Vacaciones y licencias
El texto introduce fórmulas para liquidar vacaciones y calcular retribuciones que, según la redacción, tienden a reducir valores efectivamente percibidos.
Además, se incorporan mayores márgenes para reorganizar jornadas y turnos según “necesidades productivas”, ampliando la flexibilidad unilateral del empleador.
7. economía digital: trabajadores de plataformas
Una categoría paralela sin derechos plenos
El proyecto menciona expresamente a los prestadores de plataformas digitales, remitiéndolos a una regulación posterior. Lo que parece una “precisión técnica” es en realidad una señal política clara: las plataformas no quieren—y el Gobierno no exige—que estos trabajadores entren a la LCT.
Esto consolida un modelo donde:
No hay estabilidad.
No hay indemnización.
No hay licencias pagas.
No hay aguinaldo ni vacaciones.
Es la formalización de un sector precario como “normal”.
8. justicia laboral: más carga sobre el trabajador
El proyecto endurece los requisitos probatorios y formales en acuerdos y conciliaciones. Aunque mantiene la gratuidad del trabajador en ciertos procesos, exige intervenciones judiciales más complejas y abre margen para cuestionamientos formales.
Esto implica que, ante un conflicto:
El trabajador necesitará más pruebas.
El empleador tendrá más herramientas para demorar o litigar.
Los juicios podrán extenderse durante años.
Una vez más, la balanza se inclina hacia el lado empresarial.
conclusión: un proyecto que reescribe el contrato social argentino
La reforma laboral del oficialismo no es una “modernización”. Es una reforma estructural del poder dentro del mundo del trabajo. Sus pilares son claros:
Desarmar la presunción de dependencia.
Debilitar la negociación colectiva.
Abaratar el despido.
Normalizar la tercerización.
Crear nuevas categorías más baratas y desprotegidas.
Flexibilizar jornadas y reducir costos indirectos.
Es, en esencia, un proyecto que busca que la relación laboral deje de ser un vínculo protegido para convertirse en un acuerdo privado entre partes formalmente “libres” pero en realidad profundamente desiguales.
El texto no mejora la productividad. No genera empleo de calidad. No impulsa el desarrollo industrial. Lo que hace es ajustar al trabajador, reduciendo derechos conquistados durante décadas y abaratando la mano de obra para que el mercado se ordene bajo la lógica del empleador.
En un país donde el trabajo digno fue siempre un eje identitario, esta reforma implica un retroceso histórico. Y lo más grave: pretende que ese retroceso sea permanente.
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