Son 300 litros del principio activo los que arribaron al país para comenzar la producción local de la vacuna. También llegaron 400.000 dosis del componente 2 de Sputnik V y 81.850 del componente 1. Argentina alcanzó este martes los casi 19 millones de dosis de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia
Argentina alcanzó este martes los casi 19 millones de dosis de vacunas recibidas desde que comenzó la pandemia, pero además, por primera vez, llegaron al país los principios activos de la vacuna Sputnik V, que permitirán su fabricación en el país para reforzar el plan de vacunación nacional con mayor cantidad de dosis disponibles.
Este martes por la tarde arribó a Ezeiza el decimonoveno vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Moscú, que trajo en sus bodegas el primer lote de su principio activo para comenzar la producción local del fármaco contra el coronavirus y un cargamento con componentes 1 y 2 de la vacuna Sputnik V.
Con estas más de 480 mil dosis, hasta el momento, la Argentina ya recibió 18.931.945 dosis de vacunas: 9.415.745 Sputnik V (7.875.585 del componente 1 y 1.540.160 del componente 2), 4.000.000 de Sinopharm, 580.000 AstraZeneca – Covishield, 1.944.000 AstraZeneca a través del mecanismo COVAX y 2.992.200 AstraZeneca-Universidad de Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina.
Cecilia Nicolini titular de Aerolíneas argentinas manifestó su “satisfacción” por la llegada de un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas con vacunas y señaló que“todos los vuelos son importantes, pero éste lo es aún más, porque trae, además de vacunas, el principio activo para fabricar la vacuna Sputnik en nuestro país, y así contribuir al Plan de Vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional”.
Destacó el “esfuerzo conjunto” de “todos los que están trabajando para que estos operativos se concreten” y reiteró que la llegada de más vacunas es “una muy buena noticia”.
Comentó además que, “tal como lo ha decidido el presidente Alberto Fernández en función de colaborar para que las vacunas lleguen a todos los países de la región, este vuelo de Aerolíneas trajo también 40 mil dosis de la vacuna Sputnik para Paraguay, como ocurrió con Bolivia y como seguirá ocurriendo con todos los países que lo necesiten”.
La estrategia del Gobierno para mantener al dólar bajo control empieza a mostrar un límite en las expectativas del mercado. Aunque el Tesoro y el Banco Central reforzaron durante las últimas semanas las intervenciones para evitar que la cotización supere los $1.500, los precios de los bonos ya descuentan un tipo de cambio más alto para los próximos meses y reflejan que los inversores esperan una depreciación gradual del peso.
Los valores implícitos surgen de la relación entre los bonos dólar linked y los títulos a tasa fija. De acuerdo con cálculos de Facimex Valores, el tipo de cambio de equilibrio se ubica en torno a los $1.512 para fines de agosto, $1.536 para fines de septiembre y cerca de $1.645 hacia mediados de enero de 2027. No se trata de un escenario de salto brusco, sino de una aceleración administrada del ritmo de depreciación.
En el mercado coinciden en que el Gobierno viene utilizando distintas herramientas para sostener el esquema cambiario. A las intervenciones en el mercado spot se sumó una creciente utilización de instrumentos atados al dólar, especialmente bonos dólar linked, para absorber demanda de cobertura y evitar movimientos abruptos de la cotización.
«El Gobierno busca permitir una corrección gradual del tipo de cambio, pero evitando movimientos bruscos que puedan alterar la dinámica inflacionaria. En ese marco viene interviniendo principalmente a través de instrumentos dólar linked para moderar la presión sobre el dólar y sostener el esquema cambiario», explicó Tomás Sisto Bourel, responsable de Research de Fortress Capital.
El analista sostuvo que las expectativas que hoy refleja el mercado son consistentes con ese escenario. Recordó que Goldman Sachs proyecta un dólar de $1.500 dentro de tres meses, $1.600 en seis meses y $1.800 dentro de un año. A su vez, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) prevé un tipo de cambio de $1.673 para diciembre de 2026 y de $1.805 para junio de 2027. Los contratos de futuros también descuentan niveles cercanos a $1.625 para fin de año, mientras que los bonos reflejan una depreciación implícita anual de entre 22% y 24%.
Según Sisto Bourel, incluso un dólar cercano a los $1.800 seguiría ubicándose dentro del techo de la banda cambiaria vigente, por lo que el escenario base continúa siendo una depreciación administrada y no una devaluación disruptiva. «El Gobierno todavía cuenta con margen para ampliar la cobertura mediante el mercado de futuros, por lo que no esperamos necesariamente un salto cambiario sino una depreciación gradual acompañada por intervenciones puntuales», afirmó.
El cambio de estrategia también aparece reflejado en un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI). La sociedad de Bolsa sostiene que el Banco Central redujo deliberadamente el ritmo de compra de reservas para evitar agregar presión alcista sobre el tipo de cambio. En la primera rueda bursátil de agosto la autoridad monetaria compró apenas USD 18 millones, una de las cifras más bajas del año y equivalente a sólo el 3,9% del volumen negociado en el mercado spot.
Para PPI, la prioridad oficial dejó de ser maximizar la acumulación de reservas y pasó a ser sostener la estabilidad cambiaria. Esa decisión estuvo acompañada por una fuerte expansión de la cobertura oficial. Según sus estimaciones, el stock de instrumentos vinculados al dólar aumentó unos USD 5.000 millones durante julio y alcanzó aproximadamente los USD 11.240 millones, impulsado por emisiones de bonos Dual TAMAR/dólar linked y por intervenciones del Banco Central en el mercado secundario.
Sisto Bourel coincide con ese diagnóstico y calcula que el stock de instrumentos atados al tipo de cambio en manos privadas ya ronda los USD 12.000 millones, luego de las ventas realizadas por el Banco Central y de los sucesivos canjes y licitaciones del Tesoro. A su juicio, la cobertura oficial pasó a concentrarse cada vez más en bonos dólar linked, mientras los futuros redujeron su participación relativa.
Sin embargo, detrás de la discusión financiera también aparecen factores propios de la economía real. Martín Burgos, director de la consultora Lado B, sostuvo que la presión cambiaria responde además a una cuestión estacional vinculada a la disponibilidad de divisas. «Ya se vendió buena parte de la cosecha gruesa. En el segundo semestre los dólares empiezan a escasear y el Banco Central tiene que administrar esa menor oferta para evitar sobresaltos a través de herramientas monetarias y financieras», explicó.
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La decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios en rechazo al Decreto 690/2026 mantiene bloqueado el ingreso y egreso de buques en los principales puertos del país. El Gobierno defiende la desregulación como una apertura a la competencia, mientras el sector denuncia un intento de desmantelar una actividad estratégica y anticipa una batalla judicial.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La política de desregulación impulsada por el gobierno de Milei abrió un nuevo frente de conflicto con impacto directo sobre uno de los sectores más sensibles de la economía argentina. Desde el fin de semana, los prácticos de buques mantienen una medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de embarcaciones de ultramar en los principales puertos del país, especialmente en el complejo agroexportador del Gran Rosario, corazón de las exportaciones nacionales.
La protesta surgió inmediatamente después de la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno modificó de manera integral el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde hace más de tres décadas. Para el Ejecutivo, la normativa elimina privilegios corporativos, reduce costos logísticos y favorece la competencia. Para los profesionales del sector, en cambio, representa una desregulación que compromete la seguridad de la navegación y destruye un esquema construido sobre criterios técnicos antes que comerciales.
Una actividad clave para que funcione el comercio exterior
El práctico es el profesional que asesora al capitán de un buque durante las maniobras de ingreso, navegación y salida de puertos, ríos y canales. Su intervención es obligatoria en gran parte del sistema fluvial argentino debido a la complejidad de la navegación en la Hidrovía Paraná-Paraguay y en otros corredores estratégicos.
Sin ese servicio resulta prácticamente imposible que numerosos buques puedan operar con normalidad. Por esa razón, la decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios comenzó a paralizar progresivamente la operatoria portuaria, con riesgo de afectar exportaciones de granos, aceites, harinas, combustibles y otras cargas de enorme importancia para el ingreso de divisas.
El conflicto adquiere además una dimensión macroeconómica. Argentina depende en gran medida del complejo agroexportador para generar dólares, por lo que cualquier interrupción prolongada en la logística portuaria puede traducirse en demoras comerciales, mayores costos y dificultades para cumplir contratos internacionales.
Qué cambia el decreto de Milei
El Decreto 690/2026 elimina buena parte del esquema regulatorio vigente desde comienzos de los años noventa.
Entre sus principales modificaciones aparecen la apertura del registro de prácticos sin cupos, la libre contratación de profesionales independientes, la posibilidad de que determinados capitanes extranjeros con experiencia acreditada naveguen sin contratar prácticos argentinos, la fijación de tarifas máximas por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y la liberalización del transporte utilizado para el embarque y desembarque de los profesionales.
El Gobierno sostiene que el régimen anterior generaba barreras artificiales de ingreso, favorecía posiciones dominantes y encarecía innecesariamente los costos logísticos del comercio exterior.
Sin embargo, desde el sector cuestionan que la actividad sea tratada como un mercado cualquiera. Argumentan que el practicaje constituye un servicio altamente especializado, vinculado directamente con la seguridad de la navegación, la protección ambiental y la prevención de accidentes en una de las principales rutas comerciales del país.
Una pulseada que excede el conflicto gremial
Aunque el Gobierno presenta la medida como una disputa con sectores corporativos, el conflicto tiene un alcance mucho mayor.
La desregulación del practicaje forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración libertaria para modificar numerosos mercados considerados «cerrados» o «sobre regulados». La lógica oficial consiste en eliminar restricciones, abrir la competencia y reducir la intervención estatal.
Los críticos de esa estrategia sostienen que el mismo criterio se está aplicando sobre actividades cuya regulación no responde únicamente a razones económicas sino también a cuestiones de seguridad pública, infraestructura estratégica y soberanía sobre vías navegables.
En ese contexto, la discusión deja de ser exclusivamente laboral para transformarse en un debate sobre cuál debe ser el papel del Estado en la administración de servicios considerados esenciales para el funcionamiento del país.
El Gobierno prepara reemplazos y el conflicto podría escalar
Previendo una prolongación del conflicto, el decreto incorporó mecanismos extraordinarios para garantizar la continuidad del servicio.
Entre ellos figura la posibilidad de que la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina puedan intervenir de manera excepcional para prestar servicios de practicaje, además de habilitar temporalmente a capitanes con conocimiento de zona en situaciones de emergencia.
No obstante, distintas informaciones periodísticas indican que los intentos oficiales para encontrar reemplazos inmediatos encontraron resistencia y que los propios capitanes consultados señalaron que no cuentan con las habilitaciones específicas para asumir esa función.
Mientras tanto, los prácticos adelantaron que además del lock-out impulsarán acciones judiciales para intentar frenar la aplicación del decreto, por considerar que vulnera aspectos centrales de la actividad y modifica de manera unilateral un sistema construido durante décadas.
La pulseada recién comienza. Pero mientras el Gobierno apuesta a sostener una de las desregulaciones más profundas del sector marítimo, cada jornada con los puertos parcialmente paralizados incrementa la incertidumbre sobre el comercio exterior argentino y vuelve a mostrar el delicado equilibrio entre las reformas económicas y el funcionamiento efectivo de actividades estratégicas para el país.
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