Son un total de 900 mil dosis que llegan al país y forman parte de las dosis cuyo principio activo fue producido en la Argentina y luego enviado a México para su fraccionamiento y envasado, y que arribó el último lunes proveniente de Estados Unidos, se informó oficialmente.
El Plan de Vacunación diseñado por el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia de coronavirus avanza con la llegada a todas las provincias de una nueva partida de más de 900 mil dosis de la vacuna AstraZeneca, según informaron fuentes oficiales.
Entre miércoles y jueves llegarán a todas las jurisdicciones una nueva partida de 900.200 dosis de la vacuna de AstraZeneca con el objetivo de dar continuidad al fuerte avance del plan de inmunización que despliega el Gobierno nacional en todo el país para combatir la Covid-19.
La distribución
De acuerdo al criterio de distribución dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de Buenos Aires le corresponden 350.400 dosis, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 57.600, a Catamarca 8.100, a Chaco 23.800, a Chubut 12.300, a Córdoba 76.800 y a Corrientes 22.200.
A Entre Ríos le llegarán 27.300, a Formosa 12.000, a Jujuy 15.200, a La Pampa 7.100, a La Rioja 7.800, a Mendoza 39.400, a Misiones 25.000, a Neuquén 13.100, a Río Negro 14.800, a Salta 28.300, a San Juan 15.500, a San Luis 10.100, a Santa Cruz 7.300, a Santa Fe 69.700, a Santiago del Estero 19.400, a Tierra del Fuego 3.400 y a Tucumán 33.600.
Se trata de parte de las dosis cuyo principio activo fue producido en la Argentina y luego enviado a México para su fraccionamiento y envasado y que arribó el pasado lunes proveniente de Estados Unidos.
Axel Kicillof demora el envío al Senado de tres pliegos de candidatos a jueces de la Suprema Corte. Los nombres ya están en manos del gobernador y corresponden a los tres sectores mayoritarios del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Eos sectores afirman que el gobernador se comprometió a enviarlos en diciembre pasado.
En los primeros días de diciembre pasado, Kicillof selló un acuerdo con el kirchnerismo, el massismo, al que se sumó el radicalismo que conduce el senador Maxi Abad. En una oficina de la Ciudad de Buenos Aires llegaron Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, como negociadores de Kicillof. Facundo Tignanelli y Federico Otermin, por el kirchnerismo. Alexis Guerrera, por el massismo. Y Maxi Abad y Diego Garciarena por el radicalismo. «Kicillof participó vía teléfono en altavoz», afirmó a LPO un dirigente al tanto de las negociaciones.
Allí se acordó enviar al Senado bonaerense tres pliegos para que sean aprobados a fines de diciembre junto con el presupuesto 2026 y las autorizaciones de endeudamiento. Esos pliegos correspondían a los tres sectores del peronismo. En el entorno del gobernador consideraron en ese momento que mezclar las dos discusiones iba a terminar trabando la sanción del presupuesto y limitaron el reparto de cargos al directorio del Bapro.
Respecto de los nombres existe total hermetismo. Por el lado del gobernador suena el nombre de Santiago Pérez Teruel, hoy titular de la Asesoría General de Gobierno. En tanto, en las últimas semanas trascendió que el presidente del Honorable Tribunal de Cuentas, Federico Thea, también quiere ser.
En el massismo guardan hermetismo sobre su candidata para la Corte bonaerense, pero esta semana comenzó a sonar en despachos judiciales el nombre de Micaela Morán, una ex diputada nacional cercana a Malena Galmarini y siempre muy cuidada por el Frente Renovador.
Kicillof designó a Thea al frente de un cargo vitalicio por lo que resulta extraño que desista de ese asiento para pasar a la Suprema Corte. En tanto, el ala más progresista del gobierno bonaerense promueve que se elija a una mujer.
En el massismo hay algunos nombres. Esta semana comenzó a sonar en despachos judiciales el nombre de Micaela Morán, una ex diputada nacional cercana a Malena Galmarini y siempre muy cuidada por el massismo. Además de Morán, siempre estuvo en carpeta el nombre del diputado nacional Ramiro Gutiérrez, quizás el principal asesor de Massa en temas judiciales.
Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez.
En el kirchnerismo el hermetismo es total. Desde el inicio de la gestión Kicillof, cuando se generaron las primeras vacancias en el Máximo Tribunal, el nombre que trascendió fue el de Marisa Herrera, autora de tratados de referencia en derecho de familia.
En el peronismo no están conformes con la decisión de Kicillof de postergar las designaciones. «El gobernador lleva más dos meses demorando el acuerdo», confió a LPO un dirigente involucrado en las decisiones.
Como sea, en la reunión de diciembre se acordó además que el cuarto pliego se enviará al Senado antes de la feria judicial de julio. Ese lugar debe ser para el radicalismo y todo indica que el sector de Abad impondrá el nombre de la vicerrectora de la Universidad de Mar del Plata, Marina Sánchez Herrero.
En el kirchnerismo el hermetismo es total. Desde el inicio de la gestión Kicillof, cuando se generaron las primeras vacancias en el Máximo Tribunal, el nombre que trascendió fue el de Marisa Herrera, autora de tratados de referencia en derecho de familia.
Pero a ese cuarto pliego se le podría sumar un quinto. Es que en el gobierno bonaerense dan por hecho la decisión de la jueza Hilda Kogan de jubilarse.
LPO había adelantado en noviembre pasado las versiones de salida de la jueza. Kogan tuvo que presidir la Junta Electoral de la provincia cuando Kicillof desdobló la elección provincial y fue la responsable de garantizar una elección casi inédita en la historia reciente de la provincia. «Hasta acá llegué», dijo tras el recuento definitivo de los votos.
La jueza bonaerense Hilda Kogan.
Todo indica que ese quinto lugar también quedará para el peronismo, que niega la posibilidad de que el PRO o La Libertad Avanza se quede con ese asiento en la Corte.
Argumentan que por un lado tienen los votos en el Senado para quedarse con todos los lugares, pero están decididos a respetar el acuerdo con el radicalismo que ocupa distintas posiciones de poder de la provincia. Además, sostienen que el último juez en sumarse al Tribunal fue Sergio Torres en 2019 y fue elegido por la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, de manera que el PRO ya tendría su magistrado
Hoy, la Suprema Corte funciona con apenas tres de los siete jueces que la componen, una anormalidad institucional que preocupa en todos los ámbitos políticos.
En los últimos años la Corte fue acumulando vacancias. En junio del año pasado se retiró Luis Genoud, antes habían renunciado Eduardo De Lázzari y Juan Carlos Hitters. También falleció en su cargo el juez Héctor Negri, en 2020. Kicillof siempre postergó el momento de cubrir esas vacancias. «Así como está funciona muy bien», repetían en el gobierno provincial.
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Axel Kicillof enfrenta un momento crítico con las finanzas de la provincia. El gobernador es víctima de la doble tenaza del modelo económico de Javier Milei. Por un lado un feroz ajuste de recursos por parte del Ministerio de Economía que hizo recaer sobre la provincia de Buenos Aires el ajuste mayor. Pero al mismo tiempo la pérdida de poder adquisitivo en los bonaerenses que se traduce en un impacto directo sobre los sectores más vulnerables.
Las consecuencias de esas políticas tienen un correlato directo en Casa de Gobierno. «No vengas a pedirnos ayuda porque acá no hay más nada», fue la respuesta de un funcionario del gobierno a un intendente.
Los intendentes escalan las demandas de los puntos más críticos del conurbano hacia el gobierno de Kicillof, pero la ayuda parece haber llegado al límite. Quizás por eso, el gobernador reunirá la semana próxima a intendentes oficialistas y opositores. Según trascendió, el objetivo es repasar el estado de situación de las finanzas.
La situación parece haber cruzado un umbral crítico. De acuerdo al último relevamiento del Indec, la tasa de desocupación en el Gran La Plata (incluye a la capital provincial y a los distritos de Berisso y Ensenada) alcanzó el 9,5% en el cuarto trimestre del año pasado. El registro no solo supera la media nacional, sino que también implica un salto frente al trimestre previo donde el desempleo había sido del 8,1%.
En diciembre, Kicillof consiguió una autorización de la Legislatura para avanzar con un esquema de financiamiento por más de USD3.600 millones. Sin embargo, el gobierno nacional es quien tiene que dar luz verde para que la provincia emita deuda.
La situación parece haber cruzado un umbral crítico. De acuerdo al último relevamiento del Indec, la tasa de desocupación en el Gran La Plata (incluye a la capital provincial y a los distritos de Berisso y Ensenada) alcanzó el 9,5% en el cuarto trimestre del año pasado.
Luis Caputo autorizó una parte de ese endeudamiento destinada a pagar compromisos en dólares contraídos durante el gobierno de María Eugenia Vidal. En los primeros días de marzo, el gobernador hizo un desembolso de poco más de USD420 millones. De los cuales 191,5 millones fueron capital y 233 millones intereses. Esos pagos fueron la quinta cuota de amortización de bonos en moneda extranjera.
Luis Caputo.
El gobierno libertario sabe que dejar a una provincia como Buenos Aires sin chances de refinanciar su deuda supone un problema de consecuencias impredecibles para el propio gobierno libertario. Con repercusiones -quizás- en el resto de la provincias.
Mientras tanto, en La Plata apuestan a poder tomar deuda para invertir en Infraestructura. Es que sin ayuda del gobierno nacional, las obras en la provincia marchan a un ritmo demasiado lento para las aspiraciones presidenciales de Kicillof.
En Nación son reacios a autorizar esos endeudamientos toda vez que no se trata de pagar vencimientos de deuda, sino de contraer nuevos compromisos para invertir en desarrollo.
«No se le autorizó ni se le va a autorizar nueva deuda a Kicillof. Solo se va a autorizar sobre el rollover de su deuda», dijo a LPO una fuente de la Rosada.
En los últimos días la posibilidad de endeudamiento sumó un nuevo escollo cuando el riesgo país llegó a 623 puntos básicos, rozando así un nuevo récord anual.
El riesgo país determina el precio a pagar al momento de contraer deuda. Ese índice se conforma a partir de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, más los puntos que suponen el riesgo país de Argentina. Hoy la tasa de interés de la Reserva Federal está entre 3,75 y 4,0%.
Una tasa de interés de cuatro puntos, más un riesgo país para el caso de Argentina de 600 puntos supone una tasa de endeudamiento del 10% en dólares para el país.
Por estos días, Caputo cajonea los pedidos del gobierno de Kicillof. El jueves el ministro dijo que el gobierno libertario descarta salir a buscar deuda. En un simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas dijo que el gobierno tiene los recursos para pagar vencimientos de capital hasta julio de 2027 y que los recursos para eso serán la venta de activos, es decir empresas públicas.
EL MAYOR DAÑO DE LAS POLÍTICAS DE MILEI SIGUE CAYENDO SOBRE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRESLa desocupación informada por @INDECArgentina para el cuarto trimestre de 2025, que aumentó y marca 7,5% como promedio nacional, registra preocupantes picos muy por encima de la media en… pic.twitter.com/zHlLJb33Lt
Esas palabras de Caputo parecen cerrar la puerta a un permiso para que el gobierno de Kicillof pueda salir a emitir deuda. Si Caputo busca salidas «alternativas» difícilmente firme los pedidos para contraer deuda que enviaron desde La Plata. En tanto, se sabe que para Kicillof, desprenderse de activos del Estado bonaerense de ninguna manera supone una opción.
Cómo sea, hubo en los últimos meses una ventana para tomar deuda por debajo de los 10 puntos de interés que algunas provincias aprovecharon. A fines de febrero, Entre Ríos salió a buscar unos 500 millones a siete años con una tasa cercana al 9,5% anual. Terminó consiguiendo 300 millones y pagó 9,875% de interés.
Córdoba tomó a fines de enero, 800 millones, a una tasa de 8,95%. En tanto, Santa Fe colocó, en diciembre, deuda por 800 millones a una tasa de 8,10%. Hoy, con el riesgo país en 633 las provincias no podrían tomar deuda a menos del 10,5%.
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