Llegan 14.800 dosis de AstraZenca a la provincia

El Intendente Marcelo Orazi y el Ministro de Salud de Río Negro Fabián Zgaib recorrieron el hospital de Villa Regina, oportunidad en la que destacaron las obras que se llevan adelante que permitirán aumentar el número de camas provistas con la red completa de gas, aire comprimido y oxígeno. Al respecto, el Ministro señaló que…

Luego que los intendentes de las principales ciudades emitieran un duro comunicado contra Javier Milei, en el que sostienen que «así, Argentina no funciona», la avanzada amaga con escalar en el plano judicial.

Los jefes comunales empezaron a diseñar un planteo judicial ante la Corte Suprema en procura de una nueva distribución del impuesto a los combustibles y una fórmula de reparto de ATN para bloquear el «toma y daca» que aplica el libertario.

La descripción de la situación actual quedó plasmada en un documento que firmaron los intendentes de distintas ciudades -Julio Alak, Daniel Passerini, Pablo Javkin, Ulpiano Suárez y Rossana Chala, entre otros. En él, denunciaron que el Estado nacional «dejó de cumplir sus funciones básicas» y no distribuye fondos para los municipios.

«Gobernar no es abandonar a la gente. No vamos a abandonar la salud, la educación pública ni la asistencia social, aun cuando la crisis se profundiza. Los datos son contundentes: en los últimos dos años cerraron 22.608 empresas, hay 300.000 personas desempleadas más y crecen la informalidad y las suspensiones. Así, la Argentina no funciona», dice el documento.

El Gobierno Nacional retiene fondos que corresponden a provincias y municipios. Solo en ATN, en 2025 quedaron sin distribuir 740.356 millones de pesos, incumpliendo leyes y acuerdos 

Luego, avanzaron sobre el fondo del planteo: el recorte de recursos nacionales y sentar las bases del planteo judicial.

«La incidencia impositiva de los municipios es apenas del 3%, frente al 75% que aplica la Nación. Sin embargo, el Gobierno Nacional retiene fondos que corresponden a provincias y municipios. Solo en ATN, en 2025 quedaron sin distribuir 740.356 millones de pesos, incumpliendo leyes y acuerdos», señalaron en el documento cuya base fue redactada por Passerini y Javkin.

«Estamos olfateando que las cosas se están poniendo muy mal para nuestro pueblo. Porque se está prendiendo un plan económico que claramente está derrumbando la coparticipación federal», dijo Alak, quien también dio el marco jurídico para la avanzada contra Milei en la Corte.

«Ahí está el artículo 123 de la Constitución Nacional, que es un instrumento formidable para cuando algunos señores que pasan por la Casa Rosada quieren sacarle al municipio las tasas municipales. Tenemos facultades impositivas por la Constitución de la Nación para fijar tasas. No lo dice una ley, lo dice la Constitución», dijo Alak.

 Los jueces federales se equivocan muchas veces y, por pretender tener cargos superiores en la Justicia, muchas veces fallan en contra de los municipios 

Y agregó  respecto de la presión que ejerce el Banco Nación a los municipios para la eliminación de tasas: «Los jueces federales se equivocan muchas veces y, por pretender tener cargos superiores en la Justicia, muchas veces fallan en contra de los municipios. Pero sus fallos rápidamente son revertidos por las Cámaras Federales porque los camaritas leen la Constitución».

Passerini avanzó sobre otros dos focos del eventual planteo judicial: combustibles y ATN. «La carga impositiva del combustible es de un 40% del valor. Los municipios en promedio solo tenemos el 1,7% de esa responsabilidad, el 35% en promedio son impuestos nacionales que deberían volver en el mantenimiento», dijo.

Y agregó: Milei «no nos mandaron los recursos para los baches porque se los está quedando; ni hablar con muchos otros fondos específicos que el Gobierno Nacional está incumpliendo».

Por ahora, los equipos jurídicos de los municipios comenzaron a ordenar el trabajo conjunto para llevar el caso ante la Corte Suprema. 

El fallecimiento de Juan José Mussi en noviembre pasado dejó un profundo vacío de poder en Berazategui y la disputa por su legado de cara a las elecciones del año que viene empieza a generar tensiones, más aún tras la reaparición del hijo del caudillo, el ex intendente Patricio Mussi.

Apartado de la escena política desde que le devolvió el sillón de intendente a su padre en diciembre de 2015, Patricio se mostró está semana en Ezeiza con el intendente local, Gastón Granados, quien fue el encargado de difundir el encuentro con un mensaje en clave electoral: «Mussi = Berazategui. Pasado, presente y futuro».

En el sur del conurbano se habla de una decisión de Mussi hijo de posicionarse de cara a 2027 en su distrito con el impulso del grupo de intendentes peronistas que tiene gravitación propia en el PJ bonaerense y diálogo abierto con ambos polos de esa interna.

Además de Granados, en ese grupo reportan jefes comunales como Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

Esa foto no pasó desapercibida en los pasillos de la Municipalidad de Berazategui, hoy al mando de Carlos Eduardo Balor. «El Turco» custodió la sucesión de los Mussi en las últimas seis elecciones ejecutivas, encabezando la lista de concejales desde 2003.

Ese dato es el que sacan a relucir voces de su entorno como una suerte de «testimonio electoral» de la voluntad del fallecido caudillo por ser sucedido por Balor. Por eso, se resisten en hablar de una «transición» y hablan de un «legado».

 «Desde que dejó de ser intendente, Patricio nunca más se comunicó con nosotros», dijo a LPO un dirigente alineado a Balor. 

Así, la primera reacción a la reaparición de Juan Patricio fue el rechazo. «No tengo ni idea de lo que está haciendo ni le vamos a dar entidad», dijo a LPO un dirigente alineado al actual intendente, molesto con el posible regreso de Mussi hijo.

«No hay internas para nosotros. El candidato natural es Carlos Balor, es el único que puede llegar a representar al justicialismo de Berazategui», agregó un concejal del oficialismo berazateguense, que definió al Turco como «la figura que nos dejó el Dr. Mussi para que continúe con su gestión».

Cristina sugirió un apoyo a Patricio Mussi en la carrera por la sucesión en Berazategui

Por eso, en ese espacio hay voces que ya avisan que Balor será candidato a intendente en 2027. En esa línea, resaltaron la ausencia de Mussi hijo desde su salida del Palacio Municipal. «Desde que dejó de ser intendente, Patricio nunca más se comunicó con nosotros», dijo a LPO un dirigente alineado a Balor.

El legado de Mussi y lo que eso representa en términos electorales es lo que empieza a ponerse en disputa fuerte.

A pesar de ser un funcionario de extrema confianza del caudillo, en Berazategui hay quienes no ven a Balor con un perfil de liderazgo lo suficientemente fuerte como para contener la interna del peronismo, dominada por décadas por Mussi, que se encargó de no poner cerca suyo figuras que desafíen su conducción.

Carlos Balor asumió días atrás la conducción del PJ de Berazategui.

Quienes tienen un buen recuerdo del paso de Juan Patricio por la intendencia (entre 2007 y 2015) también señalan el apoyo que el hijo de Mussi tiene del kirchnerismo.

Como contó LPO, Mussi padre se mantuvo distante de Cristina en los últimos años. Siempre priorizó su territorio y renegó de las recientes internas.

Con el fallecimiento del caudillo, el recuerdo de la ex presidenta incluyó palabras elogiosas y de afecto a Patricio Mussi. En sectores del peronismo, eso fue leído como una señal de apoyo a futuro, algo que cobra valor con la foto reciente de reaparición.

A pesar de ser un funcionario de extrema confianza del caudillo, en Berazategui hay quienes no ven a Balor con un perfil de liderazgo lo suficientemente fuerte como para contener la interna del peronismo, dominada durante décadas por Mussi padre, que se encargó de no poner cerca suyo figuras que desafíen su conducción.

Pero Balor y Mussi hijo no son los únicos nombres que suenan en la interna del peronismo de Berazategui a 2027. También aparece activo el ex diputado provincial Mario Giacobbe, que lidera la agrupación «Primero Berazategui» y que en los últimos días llamó a una «democratización interna del peronismo».

«No creo en la portación de apellido y que cada uno tiene que dar explicaciones de lo que hizo y no hizo», dijo Giacobbe en declaraciones a El Termómetro al ser consultado sobre la reaparición política de Mussi hijo.

Giacobbe admitió que el fallecimiento del caudillo dejó «un agujero muy grande» por lo que habló de «un proceso de discusión» que se abre en el peronismo local. 

Conocí la historia de María Magdalena en enero de 2012, cuando volví de mis vacaciones. Llegué a mi casa, abrí mi casilla de correo y allí estaba el mail de Fernanda Mónaco, una psicóloga del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes de Tucumán. 

Todavía faltaban tres años para el histórico Ni Una Menos, pero ya habían pasado otros tres de la aprobación de la Ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esa ley reconoció por primera vez a la violencia obstétrica como una de las formas de violencia. 2012 también fue el año del fallo conocido como F.A.L, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el aborto de un embarazo producto de cualquier violación no es punible, independientemente de la salud mental de la persona gestante. Para que el aborto sea legal aún nos quedaba casi una década de armar redes, encuentros y luchas. 

Un año antes de que me llegara ese mail de Fernanda, yo había empezado a estudiar secreto profesional y denuncias de aborto. En una capacitación sobre el “Programa de Salud Sexual y Reproductiva” que el ministerio de Salud de la Nación vino a hacer a Tucumán, conocí a las psicólogas del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes (la Maternidad, como le decimos en Tucumán). A propósito de que yo cuestioné que Tucumán fuera una de las dos provincias que no había adherido a la ley 25.673, que asegura el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, se me acercó Silvia Landaburu, la jefa del Servicio de Salud Mental de la Maternidad  y nos pusimos a charlar sobre confidencialidad, derechos y violencias de género dentro de la estructura hospitalaria. 

Esa primera conversación derivó en encuentros con mates en el sexto piso de la Maternidad junto a otras psicólogas que también querían saber cuáles eran los derechos que tenían sus pacientes. Ellas veían situaciones injustas, malos tratos y a veces objeciones de conciencia violentas que estaban naturalizadas en la atención de aborto. Ellas querían saber y yo quería que supieran de los fallos de “Natividad Frías” (un plenario de Cámaras Penales de 1966 que declaró la nulidad de una investigación de aborto iniciada con la denuncia médica)  y “Baldivieso” (cuando la Corte Suprema de la Nación anuló una condena de narcotráfico en una causa también iniciada con la violación del secreto médico). Quería contarles de la Recomendación N° 24 de la CEDAW, “La mujer y la salud” (1999) que, entre otras muchas cosas pide “dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la planificación de la familia y la educación sexual” y que “debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”. Y, sobre todo, quería que pensemos juntas por qué si había una ley, la 26.529,  que reconocía los derechos de  las pacientes  a la confidencialidad, la intimidad, el trato digno, la información y el respeto por la autonomía, no se estaba cumpliendo con las mujeres que abortaban. Nos juntamos varios viernes, intercambiamos opiniones, risas, pero también angustias: ellas me contaron de las pacientes «fundidas», así les llamaban a las mujeres que llegaban con abortos sépticos, con miedo a ser denunciadas y cómo eso les podía costar la vida. Hablábamos de la angustia de ser pobre, porque las muertas por complicaciones por aborto siempre fueron las pobres. En esa artesanía feminista de saberes supimos encontrarnos para mejorar las prácticas, para repeler los daños de quienes tienen poderes biomédicos para castigar y, sobre todo, supimos encontrarnos para no perder a otras: las pacientes que abortaban. 

Volviendo a aquel enero de 2012, el mail de Fernanda me contaba la historia de una joven de 26 años, con 3 hijos que, al llegar a la Maternidad de Tucumán con dolores abdominales y una ginecorragia, había sido denunciada por las dos médicas que la atendieron: la jefa de Guardia, Claudia Callejas, y la residente Alejandra Berenguer. Además, le habían practicado un legrado sin anestesia, quizás como una forma sanitaria de castigo. Por suerte estaban ahí Fernanda, Daniela y Lourdes, las psicólogas que la atendieron. Ellas hicieron ese mismo día una nota escrita a la Dirección denunciando la violencia obstétrica y como la abogada, Daniela De Francesco, dijo en su dictamen que «era legal» lo que había pasado, ellas le dieron mi contacto porque temían que fuera procesada. Fue muy importante la intervención del Servicio de Salud Mental en este caso para evitar que se silenciaran estas prácticas, no sólo para acercarle un derecho a la paciente. 

En esa artesanía feminista de saberes supimos encontrarnos para mejorar las prácticas, para repeler los daños de quienes tienen poderes biomédicos para castigar y, sobre todo, supimos encontrarnos para no perder a otras: las pacientes que abortaban. 

Al día siguiente me contactó ella, María Magdalena. Nos encontramos en mi estudio. Ella estaba aterrada: temía ir presa, temía morir, temía por sus familiares. Como pudo y a borbotones me explicó que ella no sabía que estaba embarazada, que “se cuidaba” y que cuando empezó a sangrar fue con su mamá y su esposo a la Maternidad para que la ayudaran. No comprendía por qué la habían acusado y mucho menos por qué los policías la habían interrogado en la sala de partos. Tampoco comprendía por qué razones le habían dicho, en medio de su legrado, que si moría de una infección su marido “no le llevaría ni flores a la tumba”. No comprendía por qué quienes debían atenderla, la maltrataron. 

Tomé su defensa al mes siguiente, en febrero de 2012 y conseguí su absolución recién en septiembre de 2015. Si: ella estuvo procesada por “aborto provocado” en Tucumán, pero no estuvo presa porque, a diferencia de Belén, ella tuvo una abogada feminista. 

Por supuesto que María Magdalena no es el nombre real. Elegí llamarla así porque la María Magdalena de la Biblia fue estigmatizada por puta. Quisieron apedrearla y al final de la historia estuvo al pie de la crucifixión de Jesús y hasta se le atribuye un evangelio gnóstico. Es fácil pensar que incomodaba porque era una mujer con poder.

Yo estaba terminando de cursar mi Maestría en  Género, Sociedad y Políticas Públicas en Flacso y nunca había defendido a una mujer criminalizada por aborto. Podía imaginar que no sería fácil. Lo que no imaginé es que sería tan difícil encontrar justicia para ella. 

Junto a mi equipo, denunciamos la violación del secreto profesional y las violencias obstétricas institucionales que sufrió María Magdalena. El Fiscal Arnoldo Suasnábar archivó la causa 2 meses después: sostuvo que “frente a maniobras abortivas es correcto hacer la denuncia” y remató su misoginia con clasismo al afirmar que “en el ámbito público, la relación médico-paciente es no formal”. De esta forma, el racismo judicial desbloqueaba otro nivel de discriminación y daño: el de habilitar que quienes reciben atención médica en sanatorios privados gozaran de todos los derechos que la Ley 26.529 le reconocía a los pacientes, y quienes iban al hospital –esas “menesterosas” de las que en 1966 hablaba el Plenario “Natividad Frías”- no tenían ninguno. Palabras más, palabras menos, el Poder Judicial de Tucumán legitimaba una atención sanitaria para ricas y otra para pobres. Para las primeras, atención clínica conforme a derechos. Para las segundas, limosna sanitaria. 

Esa decisión del Ministerio Público Fiscal fue confirmada por el Juez de Garantías, la Cámara de Apelaciones Penal —que ya no existe— y la Corte Suprema de Justicia tucumana. Este último Tribunal incluso me mandó a estudiar considerando que la perspectiva de género no decide nada en estos casos, sino que es el derecho penal el que manda. Esa sentencia me hizo saltar las lágrimas porque podía leerse como intertexto: lo que le pasó a María Magdalena no le interesaba a nadie. 

El Poder Judicial de Tucumán legitimaba una atención sanitaria para ricas y otra para pobres. Para las primeras, atención clínica conforme a derechos. Para las segundas, limosna sanitaria. 

Impugné esa decisión judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 27 de febrero de 2020 esta corte ordenó el desarchivo para que se investiguen las violencias de género que había sufrido María Magdalena y que el silencio judicial quería mantener en secreto. Ordenó además que se investigue por violación de secreto profesional y violencias a Claudia Callejas y Alejandra Berenguer. 

En el medio conocí a la periodista Mariana Carbajal, quien escribió todas y cada una de las notas que no dejaron morir el caso. También fundamos una ONG feminista, Mujeres X Mujeres, desde donde defendemos los derechos de todas las mujeres, también los de las mujeres que abortan. Y escribí, junto a Mariana Álvarez y Alejandra Iriarte el libro “Jaque a la Reina” (2014) donde contamos la historia de María Magdalena y revelamos que muchas de las 532 causas de aborto que tenía Tucumán entre 1992 y 2012 eran producto de la violación de la confidencialidad y el secreto profesional, pero ambos estaban naturalizados en casos de emergencias obstétricas. Un libro que, al parecer, nadie leyó, porque sino, Belén no hubiera estado presa ni un día. 

El 5 de Abril de 2020, después de 11 años, el fiscal regional de Tucumán Mariano Fernández pidió la elevación a juicio oral de Claudia Callejas por el delito de violación de secreto, y el sobreseimiento de la residente Alejandra Berenguer por considerar que actuó bajo las órdenes de Callejas.

Hoy María Magdalena tiene 40 años y no es la misma. Yo tampoco soy la misma porque, a diferencia de lo que pasaba entonces, ya no me señalan de modo juicioso, ni me tildan de militante y, aunque lo hicieran, lo que antes me despertaba temor, hoy es un motivo de orgullo. Esta es una causa que antes del juicio ya tiene cuatro sentencias de la Corte local. Una clara expresión de las resistencias judiciales para investigar las violencias que denuncian las mujeres. En este contexto, no es un dato menor que esclarecer la verdad en un caso de violencia de género te lleve 14 años de litigio.

María Magdalena fue el principio de mi segunda vida como litigante: antes  fui abogada de Bancos y me dedicaba, en un estudio muy reconocido de Tucumán, al derecho privado. 

Catorce años después, no sé a ciencia cierta si los operadores de la salud comprenden del todo cómo funciona su obligación de guardar secreto, ni sus compromisos legales y éticos con la intimidad de sus pacientes, porque además del juicio que comienza esta semana, el 13 de mayo próximo defenderé en Tribunales a Eva, una joven de 18 años que fue acusada de “homicidio agravado” luego de un parto en avalancha dentro del Hospital de Famaillá, después de que le diagnosticaran una “lumbalgia” y mientras la medicaban. La duda sobre cuánto de crueldad y cuánto de ignorancia tiene el personal de salud que la denunció y la Fiscalía que le pidió la prisión preventiva siempre está dando vueltas. Cuesta digerir el uso del poder más descarnado, con tanta obscenidad. La Campaña por el Aborto Legal, el Socorrismo, el Niunamenos, la Red de Profesionales  y las distintas redes que los feminismos supirmos construir estos últimos años sacaron del closet la decisión de abortar. Porque abortar se abortó siempre, la injusticia es en qué condiciones. Y son esas redes feministas que se hilvanan con equipos de salud recargados de trabajo, pero respetuosos de sus  pacientes, con quienes continuamos defendiendo el derecho a decidir. Hoy, frente al desguace de los recursos y las políticas, más que nunca.  

Son esas redes feministas que se hilvanan con equipos de salud recargados de trabajo, pero respetuosos de sus  pacientes, con quienes continuamos defendiendo el derecho a decidir.

Lo que si sé y no me deja ninguna duda, es que este 27 de abril existe una oportunidad histórica para que el Poder Judicial de Tucumán cierre un capítulo funesto para las mujeres y condene la denuncia de aborto como lo que verdaderamente es: un delito imperdonable que sólo se comete contra mujeres pobres.  

La entrada Juicio al poder médico se publicó primero en Revista Anfibia.