Son un total de 900 mil dosis que llegan al país y forman parte de las dosis cuyo principio activo fue producido en la Argentina y luego enviado a México para su fraccionamiento y envasado, y que arribó el último lunes proveniente de Estados Unidos, se informó oficialmente.
El Plan de Vacunación diseñado por el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia de coronavirus avanza con la llegada a todas las provincias de una nueva partida de más de 900 mil dosis de la vacuna AstraZeneca, según informaron fuentes oficiales.
Entre miércoles y jueves llegarán a todas las jurisdicciones una nueva partida de 900.200 dosis de la vacuna de AstraZeneca con el objetivo de dar continuidad al fuerte avance del plan de inmunización que despliega el Gobierno nacional en todo el país para combatir la Covid-19.
La distribución
De acuerdo al criterio de distribución dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de Buenos Aires le corresponden 350.400 dosis, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 57.600, a Catamarca 8.100, a Chaco 23.800, a Chubut 12.300, a Córdoba 76.800 y a Corrientes 22.200.
A Entre Ríos le llegarán 27.300, a Formosa 12.000, a Jujuy 15.200, a La Pampa 7.100, a La Rioja 7.800, a Mendoza 39.400, a Misiones 25.000, a Neuquén 13.100, a Río Negro 14.800, a Salta 28.300, a San Juan 15.500, a San Luis 10.100, a Santa Cruz 7.300, a Santa Fe 69.700, a Santiago del Estero 19.400, a Tierra del Fuego 3.400 y a Tucumán 33.600.
Se trata de parte de las dosis cuyo principio activo fue producido en la Argentina y luego enviado a México para su fraccionamiento y envasado y que arribó el pasado lunes proveniente de Estados Unidos.
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Con la mirada puesta en la crisis de empleo -según datos oficiales, Córdoba perdió más de 10.000 puestos formales privados desde la asunción de Milei hasta octubre de 2025, lo que equivale a una caída de alrededor del 1,9 %-, Martín Llaryora se subió al escenario de la fábrica de camiones Iveco para defender la industria nacional e intentar asumir la vocería de la defensa del trabajo argentino.
Mientras Javier Milei volvió a cargar contra los industriales y los acusó de «delincuentes» por reclamar protección frente a la apertura importadora, Llaryora se rodeó de operarios de la automotriz y dijo que «la industria nacional está para competir, pero queremos igualdad de condiciones; sin igualdad de condiciones no se podrá defender el trabajo».
Sin mencionar al Presidente, el cordobés insistió en que la competitividad «no puede ser solo para algunos» y advirtió que no se puede construir un esquema donde sea más conveniente traer un producto terminado del exterior que fabricarlo en el país. «No queremos ninguna ventaja. Sabemos que tenemos que competir. Pero ésta no debe darse con mejores condiciones para traer cosas de afuera que para producir en el país», repitió.
El mensaje no fue inocente. En el Panal admiten que la situación industrial es crítica. Los números del propio Gobierno provincial indican que la pérdida de empleos privados formales habría llegado a 13 mil en los dos años de Milei en la Rosada, con una aceleración de 3.000 en el último trimestre de 2025, que se suman a los 10.000 registrados hasta octubre. El corazón manufacturero del Gran Córdoba, que incluye autopartistas, metalmecánicas y pymes vinculadas a la cadena automotriz, es uno de los sectores más golpeados.
Llaryora tiene de primera mano distintos informes de economistas que advierten que la crisis del empleo se profundizará, y que una derrota de Donald Trump en noviembre podría complejizar la coyuntura económica. Por ahora, Llaryora juega al filo: aunque defiende a la industria, mandó a sus legisladores a votar la reforma laboral resistida por los gremios.
La complejidad de la relación Panal-Rosada incluye una disputa por los fondos nacionales para la Caja de Jubilaciones y la caída de subsidios al transporte que asfixiaron a Daniel Passerini, el principal socio de Llaryora, en la gestión municipal.
La industria nacional está para competir, pero queremos igualdad de condiciones; sin igualdad de condiciones no se podrá defender el trabajo
En el contexto de crisis de empleo, Llaryora busca aggiornar la máxima del peronismo cordobés «gobernar es generar trabajo»: deslizó que lo central hoy es conservar los puestos existentes. «Cada vez es más difícil construir un puesto de trabajo con los desafíos de la tecnología 4.0 y la IA. Por eso, cada puesto que se sostiene es central», afirmó.
Así, el lanzamiento del camión pesado S-Way funcionó como una puesta en escena política. En un contexto de caída del consumo, avance del comercio electrónico y cierre de pymes, el gobernador cordobés buscó mostrarse como garante del empleo industrial y socio confiable de las multinacionales. «Hay que trabajar en conjunto para pelear por la competitividad y la igualdad de condiciones», insistió.
En su discurso pro industria nacional, Llaryora encontró el eco empresarial: «No tuvimos ninguna duda al tomar la decisión de producir aquí, porque la mano de obra en Córdoba es de altísimo nivel. No es solo un camión, es una apuesta de largo plazo y de desarrollo tecnológico», afirmó Marcio Querichelli, presidente de Iveco para América Latina, quien también reclamó «condiciones de competitividad y previsibilidad».
La escena contrastó con la relación tirante que mantiene Milei con parte del establishment industrial. Días atrás, el Presidente arremetió contra grupos como Techint y Aluar por cuestionar el impacto de la apertura. En Córdoba, donde la industria automotriz es una marca de identidad, esas declaraciones cayeron mal incluso entre sectores que apoyan el ordenamiento macroeconómico libertario.
El mensaje de Llaryora fue una síntesis de su estrategia: reconocer la necesidad de competir en un mundo abierto, pero reclamar reglas que no castiguen la producción local. En el corazón fabril de Córdoba, Llaryora volvió a pararse en la vereda desarrollista del peronismo provincial, aun cuando en el Congreso sus diputados levanten la mano junto al oficialismo libertario. La tensión entre discurso y práctica, por ahora, es el precio de ese equilibrio que, justifica el llaryorismo, es producto de la «responsabilidad institucional» de darle a Milei herramientas para su plan económico.
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