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Limpieza y acondicionamiento de calles en barrio Matadero

La Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Regina llevó adelante este martes trabajos de limpieza y acondicionamiento de calles en barrio Matadero.

En este sector de la ciudad se procedió a levantar los residuos no domiciliarios y escombros que se encontraban en distintos puntos del barrio. Por ello, la Municipalidad solicita a los vecinos no arrojar basura en lugares no permitidos.

Además las motoniveladoras realizaron tareas de acondicionamiento de las calles.

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  • Milei busca atornillar a Bausili en el Central hasta diciembre de 2028

     

     Javier Milei hizo uso de la cadena nacional para anunciar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con la que busca atornillar a Santiago Bausili al frente de la entidad hasta diciembre de 2028.

    «Se busca blindar al presidente del Banco Central y a su directorio frente a los atropellos de la política. Si bien se mantiene el mecanismo de designación vigente, el proceso de remoción será más exigente y requerirá el respaldo de dos tercios de los diputados y senadores», dijo el presidente, que presentó un paquete de reformas financieras que considera clave para la próxima etapa de su programa económico. 

    Sugestivamente, la presentación del proyecto de autonomía del Central la hizo con el titular de la entidad sentado a su lado. Bausili es además socio del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, en la consultora Anker.

    El Presidente confirmó que enviará al Congreso tres proyectos de ley: una nueva Carta Orgánica para el Banco Central, una reforma integral del mercado de capitales y otra del sistema de seguros. 

    La primera reforma apunta al Banco Central. Milei anunció una modificación de su Carta Orgánica para redefinir el rol de la autoridad monetaria y reforzar su independencia del Poder Ejecutivo. La iniciativa recoge uno de los reclamos históricos del establishment financiero y especialmente del FMI, que suele señalar al modelo peruano como referencia por la autonomía de su banco central y la prohibición de financiar al Tesoro.

    El Presidente planteó que el Banco Central debe concentrarse exclusivamente en preservar el valor de la moneda y dejar de funcionar como una herramienta de financiamiento del Estado. La propuesta busca blindar institucionalmente esa independencia y limitar la posibilidad de que futuros gobiernos recurran a la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal.

    La iniciativa, sin embargo, llega después de dos años y medio en el que el propio Gobierno utilizó activamente al Banco Central como una pieza central de su estrategia económica. Como reveló LPO, la entidad volvió a incorporar Letras Intransferibles del Tesoro, coordinó con el Ministerio de Economía la utilización de contratos de dólar futuro y títulos dólar linked para administrar la tensión cambiaria y también transfirió utilidades al Tesoro. La reforma, así, propone penalizar hacia adelante herramientas que la propia administración utilizó hasta ahora.

    Curiosamente, según el Presidente la economía argentina ya no enfrenta un problema de falta de ahorro sino de mala asignación de ese ahorro, aún cuando afirma estar convencido de que los mercados son perfectos. 

    «Dejar nuestros ahorros fuera del sistema, en una caja de seguridad, bajo el colchón o en el exterior, atenta contra nuestro propio crecimiento», afirmó el especialista en crecimiento con y sin dinero.

    Milei agregó que «las políticas de las últimas décadas empujaron a los argentinos a sacar sus ahorros del sistema en defensa propia, y con eso frenaron la inversión». Sobre esa idea construyó el resto de los anuncios.

    La segunda iniciativa es la reforma del mercado de capitales. «Vamos a impulsar un proyecto de liberalización profunda de nuestro mercado de capitales, que modificará varias leyes con una misma idea: correr al Estado del medio para que el ahorro vaya directamente a la inversión», anunció Milei.

    El Presidente sostuvo que el objetivo es que el ahorro privado financie directamente al sector productivo sin intermediación estatal. «Dejar nuestros ahorros fuera del sistema atenta contra nuestro propio crecimiento», insistió, y planteó que la reforma buscará remover regulaciones que, a su juicio, dificultan esa canalización del crédito.

    Dentro del mercado financiero hubo un punto que concentró buena parte de la atención: la flexibilización para que las empresas puedan emitir deuda en dólares. Milei no brindó demasiados detalles sobre el funcionamiento del nuevo esquema, pero distintas fuentes del mercado interpretaron que la medida apunta a movilizar la enorme liquidez en moneda extranjera que hoy permanece inmovilizada dentro del sistema bancario.

    Los bancos acumulan más de 35.000 millones de dólares en depósitos en moneda extranjera, impulsados por el blanqueo a lo que se suman los fondos que el Gobierno espera captar con el régimen de Inocencia Fiscal. Esas entidades deben remunerar esos depósitos, pero tienen pocas alternativas para prestarlos porque el crédito en dólares sigue muy restringido para quienes no generan ingresos en esa moneda.

    Sin embargo, la iniciativa también despertó inquietud entre operadores del mercado, que advirtieron sobre el riesgo de descalce de monedas si compañías con ingresos principalmente en pesos incrementan su endeudamiento en dólares.

    La tercera reforma corresponde al mercado de seguros. Milei la incluyó dentro del paquete destinado a profundizar el mercado financiero y ampliar las fuentes de ahorro de largo plazo, aunque fue el capítulo menos desarrollado de su exposición. El Presidente no detalló qué leyes modificarán ni cuáles serán los principales cambios regulatorios.

     

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    “Basta de extorsión”: Santoro propone frenar el hostigamiento y los abusos contra los deudores

     

    La iniciativa busca crear un registro obligatorio y un sistema de licencias para las agencias de cobranzas extrajudiciales. También plantea sanciones para quienes incumplan las normas y cuestiona una práctica cada vez más habitual: llamar a familiares del deudor para presionarlo.

    Por Luis Bulnes Valdez para NLI

    Hay una escena que se volvió demasiado frecuente: el teléfono que no deja de sonar, mensajes durante todo el día, amenazas de iniciar acciones judiciales, advertencias sobre el Veraz y llamados a familiares, amigos o compañeros de trabajo. Del otro lado hay una persona que tiene una deuda y que, muchas veces, no puede pagarla porque sus ingresos ya no alcanzan. El problema deja entonces de ser solamente financiero. Se convierte en una forma de hostigamiento cotidiano.

    Sobre esa realidad puso el foco el legislador porteño Leandro Santoro, quien presentó un proyecto para regular la actividad de las agencias de cobranzas extrajudiciales y establecer herramientas concretas para sancionar los abusos. La iniciativa parte de una premisa sencilla: tener una deuda no significa perder derechos.

    La propuesta llega, además, en un contexto de fuerte crecimiento del endeudamiento familiar. En mayo de 2026, la morosidad de las familias dentro del sistema bancario había alcanzado el 12,3%, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024, según datos difundidos por organizaciones sindicales y sociales.

    En la Ciudad de Buenos Aires, el panorama tampoco resulta alentador. Según el Mapa de Deudores citado por C5N, en junio había 255.805 personas en mora sobre un universo de 1,88 millones de deudores. La tasa general de mora porteña llegó al 11,71%, con barrios del sur de la Ciudad entre los más afectados.

    Una deuda No Puede Convertirse En Una Persecución

    El proyecto de Santoro apunta directamente a un vacío que permite que determinadas prácticas de cobranza continúen desarrollándose con escaso control. El legislador sostuvo que, aunque existen normas que prohíben el hostigamiento, faltan herramientas efectivas para identificar, controlar y sancionar a quienes realizan cobranzas extrajudiciales abusivas.

    La iniciativa plantea crear un registro oficial de agentes y agencias de cobranzas extrajudiciales, acompañado por un sistema de licencias. La lógica es cambiar las reglas de juego: quien quiera dedicarse profesionalmente a cobrar deudas deberá estar identificado y cumplir determinadas condiciones para poder operar.

    La licencia no sería un simple trámite administrativo. De acuerdo con la propuesta, aquellas agencias que incumplan las normas podrían ser inhabilitadas, impidiéndoles continuar desarrollando la actividad en la Ciudad. El objetivo es que las sanciones dejen de ser una declaración abstracta y tengan consecuencias concretas sobre quienes recurren a métodos prohibidos.

    Y allí aparece una cuestión central. Cobrar una deuda es legítimo. Hostigar a una persona para que pague no lo es. La diferencia parece elemental, pero adquiere otra dimensión cuando el endeudamiento se transforma en una herramienta de presión permanente.

    El Llamado Al Familiar Y La Presión Sobre El Deudor

    Uno de los puntos que Santoro puso especialmente sobre la mesa es el contacto con personas que no tienen ninguna responsabilidad sobre la deuda.

    El legislador cuestionó que las empresas puedan llamar a familiares del deudor para ejercer presión indirecta. El mecanismo es conocido: si la persona endeudada no responde, aparece el llamado a un padre, una madre, un hermano, una pareja o incluso otro contacto para advertirle sobre la situación y pedirle que intervenga.

    El problema no termina allí. En muchos casos, la amenaza de aparecer en registros crediticios se utiliza como argumento para multiplicar la presión. Santoro calificó de inadmisible que se contacte a un familiar para pedirle que interceda y evitar que el deudor ingrese al Veraz.

    La discusión que propone el proyecto excede, por eso, la cuestión estrictamente comercial. ¿Hasta dónde puede llegar una empresa para recuperar su dinero? ¿Puede llamar decenas de veces? ¿Puede contactar a terceros? ¿Puede utilizar información destinada a intimidar? ¿Puede convertir una deuda privada en una exposición pública?

    Para Santoro, la respuesta debe ser clara: no.

    El legislador describió situaciones en las que las personas reciben comunicaciones durante las 24 horas y terminan perdiendo tranquilidad y estabilidad emocional. El reclamo no es que desaparezca la obligación de pagar. Es que el cumplimiento de una obligación financiera no habilite a convertir la vida cotidiana del deudor en un permanente campo de presión.

    El Endeudamiento Como Síntoma De Una Economía Que Aprieta

    La propuesta también permite mirar un problema mayor. Cuando cada vez más familias recurren al crédito para sostener gastos cotidianos, la morosidad deja de ser un fenómeno individual y comienza a funcionar como un indicador social.

    Organizaciones sindicales y sociales se movilizaron este jueves precisamente para visibilizar el crecimiento del endeudamiento familiar. Los datos difundidos por C5N muestran que millones de personas tienen obligaciones financieras pendientes y que una parte creciente de los hogares enfrenta dificultades para cumplirlas.

    En ese escenario, la cobranza extrajudicial puede convertirse en un negocio particularmente agresivo. Cuanto mayor es la cantidad de personas endeudadas, mayor es también el universo sobre el cual pueden operar las agencias especializadas.

    Por eso el debate planteado por Santoro no debería reducirse a una discusión sobre llamadas telefónicas molestas. En el fondo aparece una pregunta política mucho más profunda: qué derechos conserva una persona cuando queda atrapada en una deuda.

    La respuesta propuesta es que conserva todos los derechos que no haya perdido por una sentencia o por una norma específica. Y que una empresa no puede reemplazar a la Justicia ni utilizar la intimidación como mecanismo de cobro.

    Santoro, además, decidió incorporar a quienes atravesaron estas situaciones a la construcción del proyecto. Convocó a personas que hayan sufrido hostigamiento para que acerquen sus testimonios a la Legislatura porteña. La intención es que las experiencias concretas sirvan para identificar las prácticas abusivas y construir una regulación que responda a problemas reales.

    En tiempos en los que el endeudamiento se convirtió para muchas familias en una forma de llegar a fin de mes, poner límites a la cobranza abusiva también es discutir qué modelo de sociedad se quiere construir. Porque una cosa es reclamar que una deuda sea pagada. Otra, muy distinta, es transformar esa deuda en una licencia para perseguir.

    Y esa es precisamente la frontera que el proyecto busca establecer.

     

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