La Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Regina llevó adelante este martes trabajos de limpieza y acondicionamiento de calles en barrio Matadero.
En este sector de la ciudad se procedió a levantar los residuos no domiciliarios y escombros que se encontraban en distintos puntos del barrio. Por ello, la Municipalidad solicita a los vecinos no arrojar basura en lugares no permitidos.
Además las motoniveladoras realizaron tareas de acondicionamiento de las calles.
Una poda de mantenimiento requiere seleccionar las ramas a podar antes de proceder con la poda, con el objetivo de disminuir la altura y el tamaño de la copa, manteniendo el equilibrio de la estructura de la planta. No se debe cortar las ramas más gruesas porque rompería el equilibrio de la planta y estaríamos…
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el Programa de Turismo Educativo destinado a instituciones de los tres niveles (inicial, primario y medio) con trabajos acordes a cada uno de ellos. El programa contempla salidas guiadas para conocer la historia, cultura, paisajes naturales y producción de nuestra ciudad. Por…
El gobierno entró en un estado de confusión total sobre la estrategia que adoptará para negociar con los gobernadores aliados luego de que Karina Milei filtrara que recién en 2027 cerrará los acuerdos electorales.
Clarín reveló esta martes que la hermana del presidente le puso un freno a Luis «Toto» Caputo, que busca dar certidumbre a los mercados con acuerdos políticos que espanten lo que él denomina «riesgo kuka».
Fue el propio ministro de Economía quien intercedió para que Karina llamara a Mauricio Macri para reencauzar la relación de la Rosada con el líder del PRO. En la misma línea iba el acuerdo distrito por distrito con los gobernadores aliados, que implicaba un giro en la estrategia de Karina del año pasado, cuando decidió enfrentarlos.
Pero según las fuentes del menemismo que hablaron con Clarín, los acuerdos se van a cerrar el año que viene y tampoco hay apuro para suspender las PASO. Tal como anticipó LPO, importantes dirigentes libertarios le están pidiendo a Karina y los Menem que abran el debate sobre la decisión, con un argumento importante: jugarse todo a la primera vuelta podría favorecer que los enemigos del Gobierno armen candidatos para comerle votos a Milei y forzarlo a un ballotage.
Toto Caputo salió confundido de la reunión de la mesa política.
El cambio radical en la estrategia política de Karina no sólo descolocó a Caputo sino que también dejó en un lugar incómodo a Diego Santilli, que llegó a la jefatura de gabinete con la misión de acordar con los gobernadores y facilitar la reelección de Milei.
La confusión la padeció en vivo el propio Caputo, que fue interceptado por la prensa luego de participar de la reunión de la mesa política de este martes en Casa Rosada.
Al ministro le preguntaron si el gobierno tenía que sellar acuerdos políticos con los gobernadores para traer tranquilidad a la economía. «Eso lo decide la mesa pol…eh…Karina», titubeó Toto.
La jugada de los abogados de Cristina Kirchner de apelar a la ONU para pedir una revisión de su condena para que pueda ser candidata en 2027 choca con la doctrina de la Corte Suprema que niega que exista una cuarta instancia internacional contra sus pronuciamientos. En 2017, la Corte Suprema estableció en el fallo Fontevecchia que los tribunales internacionales no tienen competencia para anular decisiones del máximo tribunal.
El kirchnerismo lanzó un operativo clamor para que Cristina pueda competir por la presidencia en las elecciones del año próximo. Fue tras el anuncio de la integración de un nuevo equipo de abogados para asesorar a la ex presidenta en la búsqueda de un fallo internacional que revierta su condena actual que incluye la inhabilitación de por vida para presentarse en elecciones que disputen un cargo público.
Javier Borrego, ex juez del Supremo Tribunal de España y el brasileño Rafael Valim, ex abogado de Lula y especialista en Lawfare, que se sumaron al penalista Carlos Beraldi, en la defensa de la expresidenta.
Ese equipo anunció esta semana que recurriría a la ONU para exigir un pronunciamiento de su Comité de Derechos Humanos contra la condena de Cristina Kirchner y además presentarán un «amparo» ante el comité de expertos que asesora a ese comité, para que se le permita presentarse en las PASO.
Pero tres fuentes judiciales, incluso una cercana a la ex presidenta, afirmaron a LPO que la vía elegida no tiene posibilidades de éxito. El primer escollo es que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emite dictámenes que no son vinculantes. Si bien una decisión favorable a Cristina podría generar una gran presión internacional, su aplicación dependerá de la justicia local. De hecho, Lula continuó preso a pesar de haber recibido un dictamen favorable.
Menos viable aún es que funcione el «amparo» ante el grupo de expertos que asesora al Comité de la ONU. «Se trata de abogados que emiten un documento de análisis, no es el dictámen del Comité de Derechos Humanos y mucho menos un fallo», afirmó a LPO una de las fuentes consultadas.
En 2017, con el fallo Fontevecchia la Corte estableció que no hay una cuarta instancia internacional superior a los fallos del máximo tribunal argentino.
Pero más allá de lo que defina el Comité de Derechos Humanos de la ONU y de las probabilidades inciertas de que lo haga antes de las elecciones del año que viene, en el Poder Judicial creen que la maniobra de Cristina tiene otros dos obstáculos insuperables.
La primera es una barrera constitucional. La reforma de la Constitución de 1994 le dio rango constitucional a los tratados internacionales y como en ellos está incorporada la adhesión de la Argentina al tratado que dio nacimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CNDH), abrió un largo debate jurídico sobre si había adquirido estatus constitucional una «cuarta instancia» de apelación o revisión de los fallos firmes de la justicia argentina.
Pero, según estableció la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1997 para el caso Genie Lacayo vs Nicaragua, la CIDH puede señalar «las violaciones procesales de los derechos consagrados», pero «carecen de competencia» para subsanarlas.
Rafael Valim y Javier Borrego, los nuevos abogados de Cristina.
La condena de Cristina en la Causa Vialidad está firme en todas las instancias judiciales de la Argentina: en junio de 2025, la Corte Suprema rechazó el último recurso de queja de la defensa y agotó las vías judiciales internas del país, lo que dejó la condena firme de manera definitiva.
Y ahí aparece la segunda barrera a la nueva estrategia judicial de la ex presidenta: la jurisprudencia al respecto. En la Justicia recuerdan que esta misma Corte estableció que no existe cuarta instancia en la Argentina el caso de Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico contra el Estado argentino. En 1995, la revista Noticias publicó dos artículos que revelaban la existencia de un hijo no reconocido del entonces presidente Carlos Menem. El riojano le hizo una demanda civil al medio y consiguió que la Corte Suprema dejara firme en 2001 un fallo que obligaba a Fontevecchia a pagar una indemnización de 150 mil dólares por violación del derecho a la intimidad.
La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales.
El dueño de la Editorial Perfil acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el argumento de que la vida privada de un presidente es escrutada legítimamente si involucra el uso de fondos públicos o afecta su idoneidad para el cargo. Además pidieron que se revocara la penalización económica. La CIDH le dio la razón a Fontevecchia en 2011.
La CIDH dispuso que el dueño de Perfil debía ser indemnizado y además recomendó que se anule el fallo de Corte de 2001.
Seis años más tarde, en 2017, la Corte actual aceptó la exigencia de indemnizar a Fontevecchia, pero rechazó revocar o anular su propia sentencia de aquel año.
Ese fallo estableció un límite histórico en la relación de Argentina con los tribunales internacionales. El máximo tribunal determinó que la CIDH no representa una «cuarta instancia» con facultades para anular fallos locales firmes.
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado estos principios al manifestar que la protección internacional que otorgan los órganos de supervisión de la Convención es de carácter subsidiario y que no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales», argumentó la Corte en el fallo de 2017.
Ante la consulta de LPO, Valim respondió que la condena a Cristina se inscribe en el ámbito penal y no en el civil, como el caso de Fontevecchia.
El abogado explicó que ante un fallo favorable, «el Código Procesal Penal Federal prevé la revisión de la decisión interna por parte del propio poder judicial argentino para adecuarlo a las obligaciones internacionales obligatorias por la constitución argentina».
Y agregó: «La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales».
El antecedente de la CIDH le sirvió al kirchnerismo para no recurrir a es mismo tribunal por dos motivos: la posibilidad de no superar esa doctrina y evitar una demora de 16 años como la que padeció Fontevecchia. Acaso por eso recurrieron a la ONU, aunque el final asoma igual de desfavorable.
Además, en la Justicia aseguraron a LPO que existe un acuerdo para avanzar con el decomiso de los bienes de la ex presidenta antes de que termine el año. La condena de la Causa Vialidad prevé la ejecución de bienes por 685 mil millones de pesos. Los abogados de Cristina aclararon que la cuestión del decomiso no tiene relación con la presentación que realizaron ante Naciones Unidas.
Si esto se confirma, en la segunda mitad de este año la ex presidenta enfrentará una agenda judicial muy distinta al debate sobre su apelación a la ONU, sino sobre la venta de sus hoteles y otros bienes.
El legislador de Hacemos Unidos por Córdoba Ernesto Ramón «Cañito» Flores presentó su renuncia a la banca en la Legislatura provincial, después de dos semanas de creciente presión política por la situación de su exasesor José Aníbal Ricardo Villarreal, detenido e imputado en una causa por grooming y abuso sexual contra menores en el norte de Córdoba.
La salida se produjo apenas cuatro días después de que la Unicameral aprobara una licencia de 180 días sin goce de sueldo para Flores. Aquella solución había sido cuestionada por la oposición, que reclamaba directamente su expulsión del cuerpo.
El dato político que terminó de modificar el escenario fue el pronunciamiento de Alejandra Vigo. La senadora nacional y esposa del exgobernador Juan Schiaretti dijo que Flores debía renunciar porque Villarreal había formado parte de su equipo:
«Hoy el legislador, por lo pronto, tendría que renunciar porque le toca directamente a él, porque ha sido parte de su staff», dijo días atrás. La declaración de Vigo tuvo un impacto particular porque el oficialismo había conseguido contener, al menos transitoriamente, el conflicto con la licencia.
Hoy el legislador, por lo pronto, tendría que renunciar porque le toca directamente a él, porque ha sido parte de su staff
Su intervención volvió a instalar el caso dentro de la interna del peronismo cordobés y dejó al llaryorismo ante una decisión incómoda: sostener a Flores o asumir el costo de una crisis que ya excedía al legislador del departamento Río Seco. Sin oxígeno político, Flores dimitió el domingo a la noche.
En su carta de renuncia, el legislador evita asumir cualquier responsabilidad por la situación de Villarreal y tampoco reconoce las acusaciones que se instalaron públicamente en su contra.
En la carta, afirma que fue víctima de una «campaña de difamación y de descalificación personal» y sostiene que las personas que formulan acusaciones deben demostrar sus dichos ante la Justicia.
«Quien formule una acusación deberá asumir la responsabilidad de sostenerla y demostrarla con pruebas, por las vías que correspondan y ante la Justicia», señala. El legislador deja además una aclaración explícita sobre el sentido de su salida: «Esta decisión no significa reconocer ninguna de las acusaciones que se han formulado en mi contra».
Flores reivindica su actuación, asegura que tiene la «conciencia absolutamente tranquila» y afirma que no tiene «nada que ocultar». Las derivaciones de los abusos a menores en el norte de Córdoba se convirtieron en un problema político para el peronismo cordobés.
Esta decisión no significa reconocer ninguna de las acusaciones que se han formulado en mi contra
Días atrás, Martín Llaryora calificó el episodio como «un hecho tremendo» y pidió que la Justicia investigara «a fondo». Pero el problema para el Gobierno provincial no estaba solamente en determinar la eventual responsabilidad penal de Villarreal.
La discusión política pasó rápidamente por los mecanismos de selección y control de los asesores de la Legislatura y, sobre todo, por la responsabilidad política de quienes los incorporan. El episodio llegó además en un momento especialmente delicado para el llaryorismo.
Ramón «Cañito» Flores
El gobernador intenta presentar su proyecto como una renovación generacional del peronismo cordobés, mientras prepara una elección de 2027 en la que necesita conservar el poder provincial y, al mismo tiempo, ampliar su base electoral más allá del PJ tradicional.
El caso Flores vuelve a poner sobre la mesa precisamente aquello de lo que Llaryora pretende despegarse: las estructuras territoriales construidas durante décadas de poder peronista en Córdoba.
Flores es un dirigente con fuerte inserción en el norte provincial y su banca está ligada a esa construcción territorial en el norte cordobés. El escándalo obliga al oficialismo a responder por un esquema de relaciones políticas que excede al propio legislador y que, para sus adversarios, forma parte de una manera de ejercer el poder que Llaryora había prometido dejar atrás.
La incomodidad se potencia porque el caso Flores no aparece aislado. En las últimas semanas, distintos episodios judiciales y políticos que involucran a dirigentes del peronismo cordobés volvieron a alimentar la discusión sobre cuánto de la vieja estructura del PJ forma parte de la herencia que Llaryora reivindica y cuánto de ella pretende abandonar.
La secuencia de la salida de Flores duró casi tres semanas. Primero apareció la detención de Villarreal y la confirmación de que figuraba como asesor legislativo de Flores. Después llegaron las críticas opositoras y el reclamo de que el legislador dejara su banca. El oficialismo optó por una salida intermedia: una licencia de 180 días. Pero la licencia aprobada el miercoles no consiguió cerrar el conflicto.
La oposición mantuvo el reclamo de expulsión y, finalmente, la declaración de Vigo llevó la discusión al interior del propio peronismo. Ahora, el legislador se va. S egún sus propias palabras, «con la frente en alto» y convencido de que «la verdad no necesita campañas».
Luego de los trabajos realizados durante el fin de semana para solucionar la rotura del caño de impulsión de líquidos cloacales, en la jornada del martes quedó en funcionamiento a pleno la planta de bombeo ubicada en barrio Belgrano. La obra ejecutada por el personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad…
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