La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina se encuentra realizando tareas de limpieza en distintos sectores de la ciudad.
Personal y maquinaria de la Dirección de Servicios Públicos trabaja en barrio San Martín, barrio Nuevo y barrio Pretto, levantando la basura arrojada en lugares no permitidos.
En la jornada de ayer se limpió la bicisenda en calle Mitre y el sector ubicado frente a barrio 25 de Mayo.
También se procedió al arreglo de calles en barrio Businelli y el loteo Verzini, además de la limpieza en el Kilómetro de Favretto y zonas aledañas.
El Intendente Marcelo Orazi reiteró su pedido ante Vialidad Nacional por el estado de la ruta nacional 22 en el tramo comprendido en el ejido de Villa Regina. En una nota elevada al Jefe del Distrito Río Negro del organismo nacional Gustavo Casas, el Intendente le realizó dos solicitudes. Por un lado, el recambio de…
De todos los datos e indicadores que vienen del frente económico, este es el que realmente le pega al plan. No es la industria en caída. No es la actividad partida. No es el consumo planchado. Es MSCI diciéndole a Toto Caputo que la Argentina todavía no está en condiciones de volver al radar de los fondos globales.
El golpe va directo al nervio del programa. El plan ya no depende solo del ajuste fiscal, de pisar el gasto o de administrar el dólar. Depende, sobre todo, del financiamiento externo. Caputo necesita volver a colocar deuda, renovar vencimientos, convencer a Wall Street de que esta vez la Argentina no es una excursión corta antes del próximo incendio.
Por eso la decisión de MSCI tiene otro peso. La firma mantuvo a la Argentina como mercado standalone, el escalón más bajo de su clasificación, y no la incluyó en ningún proceso de revisión para pasar a mercado de frontera o emergente. El mercado esperaba, al menos, entrar en una lista de seguimiento. Ni eso.
«MSCI concluyó que no hubo mejoras suficientes en materia de acceso al mercado respecto de 2024 y, además, confirmó que el país no ingresará al proceso formal de revisión, un requisito indispensable antes de cualquier reclasificación. Bajo este escenario, la ventana más probable para un ascenso recién aparece hacia 2028: el supuesto base es que durante 2027 se consoliden nuevas medidas de apertura, MSCI abra una consulta y Argentina sea incorporada a la lista de revisión», comentaron desde Puente.
El informe clave se llama MSCI 2026 Global Market Accessibility Review. Allí MSCI evaluó 79 mercados y miró cinco criterios: apertura a la propiedad extranjera, facilidad para el ingreso y salida de capitales, eficiencia operativa, disponibilidad de instrumentos de inversión y estabilidad del marco institucional. Además, desagregó esos criterios en 18 medidas concretas. En la planilla, la Argentina aparece con siete taches: restricciones al flujo de capitales, falta de liberalización cambiaria, problemas de compensación y liquidación, ausencia de stock lending, ausencia de short selling, baja disponibilidad de instrumentos de inversión y debilidad del marco institucional.
MSCI concluyó que no hubo mejoras suficientes en materia de acceso al mercado respecto de 2024 y, además, confirmó que el país no ingresará al proceso formal de revisión, un requisito indispensable antes de cualquier reclasificación. Bajo este escenario, la ventana más probable para un ascenso recién aparece hacia 2028.
La lectura es bastante menos amable que la traducción oficial. MSCI no está mirando solo el pasado argentino. Está mirando la institucionalidad actual. Las reglas de juego. La capacidad de entrar y salir. La estabilidad regulatoria. La información disponible. La calidad del mercado. La sensación, para un inversor grande, de que no entra a una autopista sino a un camino con peajes, desvíos y carteles escritos a mano.
Las observaciones fueron muy concretas. MSCI señaló que la repatriación de ganancias nuevas, aunque fue flexibilizada desde abril de 2025, sigue sujeta a requisitos documentales. Agregó que las ganancias anteriores todavía no pueden salir libremente. También apuntó que no existe un mercado de divisas offshore y que en la plaza local las operaciones cambiarias deben estar vinculadas con transacciones de valores.
La lista sigue. Para abrir cuentas, los documentos deben presentarse en español. La información bursátil detallada tampoco se divulga. No existe estatus de nominación. Las facilidades de sobregiro siguen prohibidas. La competencia entre brokers es limitada. En castellano básico: para Wall Street, Argentina todavía no ofrece un mercado.
«Messi sí, MSCI no». La frase que eligio la calificadora para el capítulo argentino resume la distancia entre la expectativa local y la devolución de afuera.
Ese palazo llega justo cuando Caputo intenta cerrar el blindaje financiero hasta 2027. La cuenta de 1816 es dura: entre lo que queda de 2026 y todo 2027, la Argentina debe afrontar unos USD 30.700 millones de deuda en moneda extranjera con privados, el FMI y el Club de París. Para cubrir ese calendario, el Gobierno tiene identificados unos USD 13.100 millones. Falta el resto: USD 17.600 millones.
Los US$ 13.100 millones salen de tres canillas. Primero, los dólares que juntó el Tesoro con las licitaciones quincenales de Bonares: USD 3.082 millones depositados en el BCRA. Segundo, las garantías del Banco Mundial y del BID, que permitirían conseguir financiamiento privado a seis años por unos USD 4.000 millones. Tercero, la renovación de los repos del BCRA por USD 6.000 millones, con vencimientos entre octubre de 2026 y abril de 2027.
La parte que falta es la más sensible. Según 1816, esos USD 17.600 millones podrían cubrirse con una combinación de nuevos Bonares, emisión internacional, rollover con el FMI o uso de reservas. Pero ninguna opción es gratis. Quedan apenas USD 366 millones por colocar del Bonar 2028, sobre un cupo de USD 2.000 millones. Los Globales largos rinden menos de 9%, lo que abre una ventana para deuda offshore. Pero esa ventana depende de que el mercado crea que la Argentina cambió de régimen, no solo de discurso.
El punto del FMI tampoco es menor. Los pagos netos al Fondo ascienden a USD 7.900 millones. Para rollearlos haría falta un nuevo programa, ya sea un EFF o un Stand By. La alternativa de usar reservas también tiene letra chica. La consultora calcula que las reservas netas a valor de mercado podrían subir a la zona de USD 10.000 millones si se renuevan los repos. Además, el Tesoro podría comprarle dólares al BCRA porque tiene depósitos en pesos en el Central por el equivalente a USD 8.800 millones.
El recuerdo incómodo es 2019. Después de las PASO, el gobierno de Mauricio Macri no pudo enfrentar los vencimientos de Letes y Lecap. Terminó reperfilando deuda y reponiendo el cepo antes de la elección general. La comparación no es automática, pero en la City aparece por una razón: el problema no es solo pagar. Es tener dólares para pagar, defender el tipo de cambio y atravesar el calendario sin que se dispare la demanda de cobertura.
La rueda financiera ya venía mostrando tensión antes de que saliera el comunicado de MSCI. Los ADRs argentinos cerraron con bajas generalizadas en Nueva York. Edenor cayó 4,4%, Galicia 3,9%, YPF 3,5%, BBVA 3,5%, Transportadora de Gas del Sur 3,4% y Central Puerto 3%. El S&P Merval perdió 2,7% medido en dólares y quedó cerca de los 2.089 puntos.
Los bonos también frenaron la recuperación. Los títulos soberanos en dólares bajaron entre 0,2% y 0,5%, con retrocesos en el Bonar 2041, el Global 2041 y el Global 2046. El Global 2030 logró sostener una leve mejora. La corrección se dio en una rueda mala para emergentes: el ETF EMB retrocedió 0,1%. En ese marco, el riesgo país de JP Morgan subió 2,9%, su mayor avance diario en casi un mes y medio, y cerró en 433 puntos básicos.
Ahí se entiende el verdadero mensaje de MSCI. No es un problema de marketing financiero. No alcanza con decir que Argentina volvió al mundo. El mundo financiero pide infraestructura legal, información, liquidez, idioma, salida de capitales y estabilidad institucional. Pide que el tablero no cambie cada vez que al Gobierno le falta una ficha.
Karina Milei pareció enterarse que en el gobierno se andaba diciendo que los libertarios le habían perdido el miedo y lanzó un contraataque feroz contra Santiago Caputo.
Los embates de Las Fuerzas del Cielo contra los Menem, la caída de Manuel Adorni y los desafíos de Patricia Bullrich llevaron a que en cuestión de horas, la hermana del presidente atacara al asesor estrella por dos bandas y en los temas que más le duelen.
La Inspección General de Justicia, que responde al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, puso el foco en la Fundación Faro, que maneja el hermano de Caputo, Francisco, junto al «intelectual» Agustín Laje. El organismo que depende del ministro que puso Karina para desplazar a Caputo de la operatoria judicial le pidió a la Fundación Faro que informe quiénes le realizaron donaciones millonarias.
Según informó Chequeado, la fundación declaró ante la IGJ haber recibido $ 4.957 millones en concepto de «Donaciones, cursos, talleres y prevención» durante 2024, su primer ejercicio completo bajo la estructura actual. El organismo pidió que se informe quiénes realizaron esos aportes, cuándo se efectuaron y por qué montos. Una situación morbosa para quienes prometen discreción a sus aportantes privados.
‘Patricia ya empezó a decir que el problema es Karina’, dijeron a LPO en el gobierno
El otro golpe llegó a la noche con un anuncio de Manuel Adorni, enviado por la propia Karina. «A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV. Fin», tuiteó el jefe de gabinete.
El monopolio lo tienen justamente los empresarios que Caputo metió en la Hidrovía y Transener, entre otros negocios. La VTV es uno de los históricos negocios del Grupo Neuss, que tienen la explotación bonaerense desde el año 1995, en pleno menemismo.
En la Ciudad, gracias a la mano amiga de Guillermo Dietrich, los Neuss manejan la VTV desde 2016. El negocio es interminable: todos los autos que circulan están obligados a portar la oblea que se renueva cada año a un precio mayor al año anterior. En la provincia, un distrito con 17,5 millones de habitantes, la VTV ya cuesta 100 mil pesos por auto.
Karina buscó con estos dos trompazos recuperar el terreno que cree que perdió a raíz de la relación fortalecida entre Caputo y su propio hermano. También se vio amenazada ante el avance de Bullrich, que ya está lanzada para la presidencia y se animó a desafiarla dos veces en un mes, primero con el pedido de la declaración jurada de Adorni y ahora con el apoyo al pliego de la cuñada de Hugo Alconada Mon.
«Patricia ya empezó a decir que el problema es Karina», dijeron a LPO en el gobierno y recordaron que cada uno que empleó esa frase, como en la película Candyman, terminó mal.
Llegamos al refugio canino APAN (asociación protectora de animales), cuando las colaboradoras ya habían terminada con la jornada de trabajo. Estaban en el refugio desde las 6:30 am, principalmente en verano se intenta ir bien temprano ya que durante la tarde el calor es sofocante, la atención para los refugiados es de lunes a lunes,…
Hasta el próximo jueves 29, se llevan adelante en Villa Regina las capacitaciones en el marco de la segunda edición de Maratón Cultural, un programa de fortalecimiento y acompañamiento al sector cultural que lleva adelante la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro. Las mismas están destinadas a hacedores culturales del Alto Valle Este…
La Fundación Faro, uno de los principales usinas ideológicas del mileísmo y conducida políticamente por Agustín Laje, quedó en el centro de una inesperada tormenta. La Inspección General de Justicia (IGJ) la intimó para que explique el origen de casi $5.000 millones recibidos durante 2024, identifique a sus aportantes y aclare una serie de inconsistencias contables que ponen bajo la lupa el financiamiento de la llamada “batalla cultural” libertaria.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La noticia cayó como una bomba en los círculos libertarios. La IGJ otorgó un plazo de diez días hábiles para que la Fundación Faro entregue información detallada sobre quienes realizaron los aportes que permitieron a la entidad declarar ingresos cercanos a los $4.957 millones durante 2024. Según la documentación observada por el organismo, los balances fueron presentados con retraso, sin identificar a los donantes y con diversos puntos que requieren aclaración.
No se trata de una organización cualquiera. Faro se convirtió en los últimos dos años en la principal plataforma de difusión ideológica del oficialismo, impulsando actividades, encuentros empresariales y campañas de comunicación alineadas con el proyecto político de Milei. La fundación tiene a Agustín Laje como figura emblemática y mantiene estrechos vínculos con sectores del gobierno nacional.
De una pequeña fundación a una maquinaria multimillonaria
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los organismos de control es la velocidad del crecimiento patrimonial. Hasta 2023 la entidad se llamaba Fundación Valorar y declaraba un patrimonio cercano a los $12 millones. Tras el cambio de autoridades y su transformación en Fundación Faro, el patrimonio informado superó los $4.300 millones y los ingresos rozaron los $5.000 millones.
Los números son impactantes incluso para los estándares de las organizaciones vinculadas a la política. La evolución representa un incremento patrimonial superior a las 350 veces en apenas un ejercicio contable. Esa expansión es precisamente uno de los elementos que motivaron el interés de la IGJ, que ahora exige conocer quiénes financiaron semejante crecimiento.
La intimación también apunta a préstamos sin explicación suficiente, libros contables sin actualizar y la ausencia de información que permita identificar con precisión el origen de los fondos declarados. Según trascendió, el organismo considera indispensable determinar quiénes realizaron las contribuciones más importantes y bajo qué modalidad se efectuaron.
Una interna libertaria que asoma detrás del expediente
La investigación administrativa también alimentó especulaciones sobre las tensiones internas que atraviesan al oficialismo. Distintos análisis periodísticos señalaron que la avanzada de la IGJ ocurre en medio de la creciente disputa entre los sectores alineados con Karina Milei y el espacio que responde políticamente a Santiago Caputo, uno de los dirigentes más influyentes del entorno presidencial.
La particularidad del caso es que Faro fue presentada desde su nacimiento como la herramienta destinada a sostener la denominada «batalla cultural» libertaria. El propio Milei participó de actos y actividades de la fundación, respaldando públicamente su papel dentro de la construcción política oficialista.
Ahora, sin embargo, la discusión ya no gira alrededor de las ideas sino del dinero. La pregunta que busca responder la IGJ es simple y al mismo tiempo explosiva: ¿quiénes aportaron los casi $5.000 millones que permitieron el despegue de la organización?
La respuesta podría convertirse en un problema político de magnitud para un gobierno que llegó al poder prometiendo transparencia y cuestionando los mecanismos de financiamiento que durante años criticó en otras fuerzas políticas. Mientras tanto, la Fundación Faro enfrenta el desafío de justificar el origen de recursos multimillonarios que hasta hoy permanecen envueltos en un manto de opacidad.
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