La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina se encuentra realizando tareas de limpieza en distintos sectores de la ciudad.
Personal y maquinaria de la Dirección de Servicios Públicos trabaja en barrio San Martín, barrio Nuevo y barrio Pretto, levantando la basura arrojada en lugares no permitidos.
En la jornada de ayer se limpió la bicisenda en calle Mitre y el sector ubicado frente a barrio 25 de Mayo.
También se procedió al arreglo de calles en barrio Businelli y el loteo Verzini, además de la limpieza en el Kilómetro de Favretto y zonas aledañas.
El Gobierno publicó el Decreto 864/2025, donde define la “Política de Inteligencia Nacional”. Entre diagnósticos grandilocuentes, advertencias geopolíticas y un discurso de colapso institucional, Milei restituye la SIDE, concentra poder bajo la órbita presidencial y amplía la noción de amenaza. El resultado: un sistema de inteligencia más centralizado, con mayores atribuciones y con un marcado sesgo político.
La vuelta de la SIDE y el relato del derrumbe permanente
Entre referencias a los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel, la muerte del fiscal Nisman y el “deterioro acumulado de más de treinta años”, el Gobierno construye una narrativa destinada a justificar un viraje político profundo: la disolución de la AFI y el retorno pleno de la SIDE.
El Anexo I del decreto afirma que la Argentina vive bajo “un proceso de vulnerabilidad permanente”, producto de decisiones erradas y de un aparato estatal incapaz de anticipar amenazas. Esa lógica funciona como fundamento para concentrar el sistema de inteligencia en la órbita directa del Ejecutivo. Milei plantea que la única manera de “proteger la República” es recentralizar el espionaje.
El texto sostiene que la AFI creada en 2015 habría fracasado y que las intervenciones sucesivas entre 2019 y 2024 no revirtieron la crisis. Esa línea argumental habilita el rediseño completo del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo un nuevo paraguas institucional: SIDE, SIA, ASN, AFC y DAI, una arquitectura verticalista donde cada agencia tiene funciones específicas, pero todas dependen del poder político central.
Un diagnóstico internacional que habilita un Estado de excepción permanente
El Anexo introduce un mapa global donde conviven potencias en pugna, guerras híbridas, ciberataques, operaciones de influencia y disputas informacionales. En ese contexto, la Argentina sería un país vulnerable, sin músculo institucional para enfrentar amenazas externas.
Bajo ese diagnóstico, la inteligencia pasa a ser un instrumento estratégico, no sólo para prevenir riesgos, sino para moldear la política interna y externa. El documento afirma que la “superioridad de la información” es condición para la soberanía y que la “batalla por la subjetividad” —es decir, la disputa por el sentido común— forma parte del conflicto global. Dicho en criollo: el Gobierno coloca a la comunicación, a los medios y a las redes como terreno de disputa estratégica, lo cual abre la puerta a interpretaciones peligrosamente amplias.
En un país con la historia argentina en materia de espionaje, la mención explícita a la “contra-influencia” y a la manipulación informativa como amenazas internas genera preocupación. Más aún cuando el organismo encargado de evaluar esas “influencias” es la SIDE, nuevamente bajo mando directo de la Casa Rosada.
Los intereses estratégicos: un listado amplio que incluye desde recursos hasta subjetividades
El Anexo fija cinco “intereses vitales” del Estado: soberanía, integridad territorial, seguridad de la población, sistema democrático y recursos naturales. Los objetivos parecen razonables, pero la definición de amenazas es tan amplia que abarca desde potencias extranjeras hasta operadores económicos, grupos criminales, actores tecnológicos, influencias regulatorias, presiones informacionales y hasta condicionamientos al desarrollo nacional.
En ese marco, el sistema de inteligencia queda habilitado para monitorear actores públicos y privados, movimientos geopolíticos, dinámicas económicas, operaciones digitales e incluso procesos culturales. Cuanto más abarcativa es la definición de amenaza, más discrecional es su aplicación.
El Anexo establece diez grandes líneas estratégicas: comunicación estratégica, contra-influencia, ciberseguridad, crimen organizado, defensa de recursos naturales, presencia extranjera en el Atlántico Sur, terrorismo y competencia tecnológica, entre otras. La mezcla de objetivos militares, económicos, comunicacionales y territoriales muestra un sistema de inteligencia que se proyecta sobre todos los planos de la vida nacional.
Una política de inteligencia que amplía poder sin ampliar controles
El texto habla de profesionalización, modernización y capacidades técnicas. Sin embargo, no menciona nuevos mecanismos de control civil, parlamentario o judicial, ni herramientas para limitar excesos. El rediseño institucional se construye desde arriba hacia abajo, no desde la transparencia hacia la eficiencia.
El punto más problemático no es la creación de nuevas áreas especializadas —algo que otros países también hacen—, sino que la estructura queda totalmente centralizada en la SIDE bajo mando presidencial directo, en un gobierno que ha dado señales de intolerancia ante voces críticas, universidades, sindicatos y organizaciones sociales.
En ese marco, la noción de “influencia” o “manipulación informacional” como amenaza estratégica puede convertirse en un arma política, sobre todo cuando el texto asocia la disputa comunicacional con la seguridad nacional.
Más poder para la Casa Rosada, menos controles democráticos
El Anexo I del Decreto 864/2025 no es un documento técnico inocente: es la hoja de ruta de un sistema de inteligencia que vuelve a concentrarse, que opera sobre una definición amplísima de amenaza y que se apoya en un relato de crisis permanente para justificar un poder estatal extraordinario.
Mientras Milei dice defender la “libertad”, la reconstrucción de la SIDE bajo su autoridad directa consolida un modelo donde la inteligencia vuelve a ser un instrumento político. En tiempos de ajuste, conflictividad social y persecución a organizaciones populares, ese rediseño no es menor: se convierte en una pieza clave del proyecto de disciplinamiento.
Noviembre cerró con un número incómodo para el Gobierno. Los precios volvieron a tomar temperatura, impulsados por alimentos, tarifas y combustibles.
De acuerdo con Equilibra, el IPC Nacional subió 2,5% en noviembre. La consultora desagrega el dato: los precios Regulados aumentaron 3,3%, el componente núcleo trepó 2,4%, y la carne se destacó con un salto del 4,5%, que arrastró al rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas al 2,8%.
La lectura de Econviews va en la misma dirección. Su último relevamiento de precios en supermercados del Gran Buenos Aires arrojó una suba del 1% en la primera semana de diciembre, con aumentos de 2,2% en carnes y 1,6% en verdulería. En las últimas cuatro semanas, la canasta de alimentos y bebidas acumuló 3,6%, lo que muestra que la dinámica inflacionaria no se detiene.
«La tranquilidad en los mercados financieros post elecciones no tiene su correlato en la calle», escribió el economista Juan Manuel Palacio. Y agregó: «La inflación se aceleró y los alimentos viajan al doble que hace un par de meses. No es sólo la carne: también tarifas y servicios empujan, y la nafta subió dos veces esta semana».
El diagnóstico es compartido por varios analistas. La lógica del pass-through , la transmisión de los costos dolarizados al precio final, sigue operando. «La recesión puede demorar el traslado total de la devaluación acumulada en el año, pero en una economía indexada al tipo de cambio, tarde o temprano se producce la corrección de precios», explicó a LPO un ex funcionario del Ministerio de Economía.
La inflación se aceleró y los alimentos viajan al doble que hace un par de meses. No es sólo la carne: también tarifas y servicios empujan, y la nafta subió dos veces esta semana.
A eso se suma un problema de fondo: las canasta de consumo que se usa para medir la inflación están pensadas para un país que ya no existe. Con ponderadores viejos y hábitos cambiados, el índice subestima el impacto real en los bolsillos. La metodología se parece a una foto en sepia de una economía que ya se digitalizó.
El caso de los combustibles es una muestra clara. Las subas recientes no se explican por la cotización del petróleo que se encuentra en niveles sensiblemente bajos, sino por el aumento del impuesto a los combustible, tal como contó este medio.
En el frente energético, la presión también se siente. La dolarización de los costos de generación combinado con una reducción paulatina de subsidios y la actualización automática de la rentabilidad para el transporte y distribución, tiene como consencuencia un ajuste mensual en las boletas que supera el promedio del Indec.
Así, el tablero inflacionario se sostiene sobre tres pilares: alimentos, tarifas y combustibles. La carne funciona como termómetro de corto plazo; las tarifas, como bomba de tiempo; y las naftas, como chispa constante.
Por suerte esto solo forma parte de la «sensación» y no afecta el dato de la inflación.-%uD83D%uDE44%uD83D%uDE44%uD83D%uDE44 https://t.co/z0HjKfqSSg
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