La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina se encuentra realizando tareas de limpieza en distintos sectores de la ciudad.
Personal y maquinaria de la Dirección de Servicios Públicos trabaja en barrio San Martín, barrio Nuevo y barrio Pretto, levantando la basura arrojada en lugares no permitidos.
En la jornada de ayer se limpió la bicisenda en calle Mitre y el sector ubicado frente a barrio 25 de Mayo.
También se procedió al arreglo de calles en barrio Businelli y el loteo Verzini, además de la limpieza en el Kilómetro de Favretto y zonas aledañas.
El fin de la Argentina no es profecía, es diagnóstico. La Argentina fue dejando de ser una trama integrada y devino archipiélago de enclaves extractivos conectados hacia afuera, hacia la exportación y el contrabando, separados por intersticios desertificados. El gobierno libertario ofrece al mercado inmobiliario la oportunidad de crear santuarios anarcocapitalistas arrancados a la soberanía política sobre el territorio. No debería sorprender: la corriente de opinión inaugurada por Friedrich Hayek prevé desde sus inicios, a mediados del siglo XX, esta estocada final a los Estados nacionales: la fragmentación y apropiación corporativa de porciones de espacio,la secesión.La matriz urbanística es la de zonas económicas especiales, ciudades gestionadas como empresas que calzan perfectamente en la estructura económica misma del modelo posneoliberal argentino, un combo de latifundio, contrabando, futurismo y especulación financiera desconectada de la economía real.
Tal tipo de postulados económicos se corresponde con esta morfología urbana. La privatización de la expansión metropolitana sostenida hace cincuenta años es la hoja de ruta anarcocapitalista. Excepciones a los códigos de planeamiento urbano forjaron un régimen de prácticas para el que la ley es solo una sugerencia. El zócalo sobre el que avanzan en el Congreso los ejecutores del plan de gobierno es el tramo final de un proceso histórico impulsado por nombres que se repiten.
Javier Milei no destruye un Estado de manual. Lo que algunos lamentan era ya un estado-espejismo instrumental al status quo de negocios. Lo cual explica muchas cosas.
El 12 de mayo, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió al tecno-oligarca Peter Thiel, fundador de las mega empresas tecnológicas PayPal y Palantir, instalado en Buenos Aires desde abril. El misterio es el sello de las operaciones “exotéricas” (anda alertando sobre la llegada del Anticristo) de Thiel. Sus narrativas sci-fi se apilan sobre los disparates económicos y complejizan la lectura de lo que busca. El verdadero sentido de sus teatralizaciones se encuentra lejos de las fotos, como lo demuestra la investigación reciente de Anfibia y Reporteros Sin Fronteras, “Hackear a Peter Thiel”. Más bien, está en esa reforma al régimen de propiedad que impulsa el gobierno libertario —los RIGI, las modificaciones en la Ley de Glaciares y la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”— que es el core de la agenda de la tecno-oligarquía global.
El archipiélago exportador
La Argentina no es destino turístico de excéntricos magnates y emires fanáticos del paisaje. Tampoco es sólo refugio contra el Armagedón nuclear, aunque no falten inversores que quieran explotar ese nicho paranoico, como la estancia Wamani desarrollada por el millonario argentino Martín Varsavsky en Mendoza. Esta etapa final de la Argentina es la secesión territorial con o sin ley específica. Thiel no requirió norma alguna para hacerse con una parte de Vista Energy, la petrolera de Miguel Galluccio.
El suelo fértil para este tipo de exploraciones es la tradicional desigualdad argentina en la relación entre lo público y lo privado. De un lado, el planeamiento urbano de un Estado enclenque; del otro, el poder de empresarios que conocen mejor que nadie cómo sacarle provecho a ese Estado poroso. Así, el escenario de tensiones entre corporaciones —y entre las potencias Estados Unidos y China—, se traslada a la apropiación de nuestro territorio. Como si fuera tierra virgen, se lo disputan fondos de inversión respaldados por el movimiento trumpista MAGA, la corona británica, rabinos norteamericanos, emires árabes, empresas chinas y las redes parasitarias de las élites locales, siempre dispuestas a venderle todo a cualquiera.
Por eso la revolución que amenaza con fragmentar al país en un archipiélago tiene la forma de las Zonas Económicas Especiales, utopías de ecosistemas sin democracia ni derechos laborales, donde los multimillonarios son déspotas. Sobre esta iniciativa explicó el investigador canadiense Quinn Slobodian: “fue celebrada, y a menudo puesta en acto, por una hueste de ultracapitalistas, libertarios y neoliberales que creían posible escapar de las ataduras de la supervisión y el control democráticos. (…) Una suerte de mundo posible gobernado únicamente por el contrato y el intercambio, dejando atrás el legado hecho bolsa de soberanía popular o gobierno representativo”.
En la Argentina, esta matriz global opera sobre un sistema de negocios inmobiliarios ordenado hoy por lo que el investigador Michael Goldman describe como speculative urbanism (urbanismo especulativo): la producción de ciudad como activo financiero, sobre los ejemplos de Dubái, Shanghái o Singapur, y ejecutada sin deliberación democrática en nombre de la eficiencia. Un urbanismo neoliberal que elude regulaciones e impone de facto un nuevo diseño del espacio. Algo equivalente a lo que Uber le hizo al transporte y Pay-Pal a las transacciones comerciales. Un urbanismo de plataformas, explica la socióloga australiana Sara Barns, que crea sus propias reglas internas independientes de los sistemas legales y constitucionales.
El promotor de Próspera llegó a la Argentina antes que el tecnomagnate. El 7 de julio de 2025, el cofundador del enclave hondureño, Gabriel Delgado Ayau, entró a la Casa Rosada y se reunió casi dos horas con el entonces jefe de asesores del presidente, Demian Reidel. Nieto de Manuel Ayau —fundador de la Universidad Francisco Marroquín y presidente de la Sociedad Mont Pelerin, nodo fundado por el propio Hayek—, define las ciudades privadas como un “modelo transportable” y sostiene que la Argentina podría “crear nuevos espacios para invertir, emprender y experimentar”. Reidel, quien debió salir del gobierno en medio de denuncias de sobreprecios en Nucleoeléctrica Argentina, es también el impulsor de los proyectos de data centers de OpenAI en la Patagonia.
Un detalle que debería pesar en las deliberaciones sobre el Súper RIGI es que cuando el Congreso hondureño, bajo el gobierno deXiomara Castro en 2022, derogó el régimen de zonas especiales, ZEDEs en aquel sistema jurídico, Próspera demandó al Estado en el CIADI del Banco Mundialpor 10.775 millones de dólares por “daños a inversiones” (el presupuesto total de Honduras de este año es aproximadamente 16.758 millones de dólares). En 2025, el monto del reclamo bajó a 1.630 millones, pero como el nuevo gobierno de Nasry Asfura pertenece a la fuerza de ultraderecha que había apadrinado las ZEDEs, el desenlace previsible de esta historia es el de una extorsión que toma de rehén al Estado mismo.
Los tecno-oligarcas temen morir tanto como odian pagar impuestos. Por eso impulsan lasfreedom cities, ciudades de libertad, a la vez guarida fiscal basada en criptomonedas y paraíso de experimentaciones clínicas enloquecidas. Allí no corren los controles estándar de alimentos, medicinas y ensayos clínicos. Son refugio de startups y figuras que promueven soluciones eugenésicas en visiones edulcoradas. Tal es el caso del Próspera Bio Hub, que experimenta con terapias no aprobadas por las autoridades estadounidenses; de Minicircle, respaldada inicialmente por Thiel y Sam Altman, CEO de OpenAI, que promete “alinear tus genes con tus ambiciones”. Bryan Johnson, el biohacker que aplica sobre sí mismo ingeniería genética para la extensión de la vida y vende suplementos alimentarios también se sometió a experimentos allí en 2023. Fue antes de anunciar que padece una enfermedad degenerativa extraña.
Las ciudades “desreguladas” son producto de una historia de disrupciones urbanas, sueños digitales y gobernanza corporativa. Así es como la producción de la ciudad de esta etapa del capitalismo se convierte en una de las mayores fuentes de reproducción del capital financiero. La nomenclatura llega en inglés porque cada término importa mecánicas conceptuales llave en mano. Imaginarios de “islas de fantasía” que promueve el premio Nobel de economía Paul Romer, fascinación neoliberal en torno al estatuto colonial de Hong Kong y de Singapur, postulados de free-market cities, derivas de lasgated communities (barrios privados, como Nordelta), charter cities, start-up cities, freedom cities que son parte de la plataforma política del trumpismo. Las lecciones mal aprendidas de varios experimentos fallidos no llegan a impugnar estos experimentos: Hargeisa proyecto delirante financiado en parte por el Estado de bienestar en Somalia, el proyecto de ciudad inteligente Sidewalk Toronto propulsado por Google, y la citada Próspera.
La arquitectura jurídica para blindar el nuevo urbanismo de fragmentación y secesionista llega del norte. Pero en Argentina hacen pie en un régimen de hecho erigido sobre excepciones a la norma y negocios inmobiliarios desde 1976. Nombres como los de Eduardo Costantini y Eduardo Elsztain son los más representativos del tipo de empresario especializado en la producción privada del espacio urbano residencial para los sectores más acomodados, una explotación de la segregación socioespacial de urbes cerradas, que se hizo posible merced a las inversiones públicas en infraestructura —especialmente autopistas— de los años sesenta y setenta.
El canciller Pablo Quirno explicó a principios de agosto que la idea detrás de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es permitirle a algún extranjero “comprar una provincia o un pueblo”. Pero la extranjerización anhelada por el mileísmo no es mera venta de tierras a ciudadanos de otra nacionalidad. Es sinceramiento jurídico del régimen de hecho. Y el Súper RIGI, con media sanción en Diputados, que el ministro de Economía presentó como un régimen orientado a la instalación de data centers, está pronto a tratarse en el Senado.
Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, en agosto de 2026 había 13,3 millones de hectáreas rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras, casi el 5% del país. 31 departamentos superan el límite legal del 15% máximo en manos extranjeras; 14 están por encima del 25%. En marzo el Gobierno propuso directamente eliminar ese límite dentro del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Lo apoyó la Sociedad Rural con el argumento del precio es un negocio que tiene la vista puesta detrás del horizonte: la hectárea de la zona núcleo cotiza 15 mil dólares contra 25 mil o 30 mil en Iowa. Argentina es el cuarto reservorio mundial de tierra negra (con 39,7 millones de hectáreas) después de Rusia (326,8 millones), Kazajistán (107,7 millones) y China (50 millones).
Esa es la estructura que cobija un ecosistema de negocios con el suelo rural y urbano convertido en encajes financieros.
En este mercado se abre ahora el capítulo de los data centers, centros de cómputo indispensables en la cadena de valor de la inteligencia artificial y las criptomonedas. La primera fase de esta verdadera carrera del oro fue Stargate Argentina, joint venture de OpenAI, la empresa de Sam Altman, junto a la local Sur Energy para levantar en la Patagonia un centro de datos de 500 megavatios con hasta 25 mil millones de dólares de inversión, estructurado, claro, bajo el RIGI y sus treinta años de privilegios fiscales, monetarios y aduaneros. Desde su anuncio el año pasado no se supo más de Stargate, aunque especialistas consultados para esta nota aseguran que estaría a la espera definiciones de beneficios fiscales para avanzar.
La doble operación de extirpación de soberanía, territorial y popular fue avanzando junto al sistema económico de especulación monetario-financiera y la hegemonía centrada en la city porteña, la bolsa de Rosario, las redes de la exportación y del contrabando. Ahora muta hacia su etapa superior, la cripto y la guarida fiscal.
Mutación urbanística: programa, no desregulación
Lo que progresa no es desregulación, sino enajenación, en las dos acepciones del término. El suelo cambia de dueño y, en el mismo movimiento, la ciudad pierde el control deliberativo sobre su propio destino.
Los números del conurbano describen la transformación. Hay más de 500 urbanizaciones privadas en la región metropolitana de Buenos Aires. Conglomerados de grandes dimensiones que dividen o encierran localidades preexistentes, lo que la investigadora del Conicet Sonia Vidal-Koppmann llama “nuevas fronteras urbanísticas”, un fenómeno de agregación que la normativa de ordenamiento territorial “no ha podido controlar”.
El caso del partido bonaerense de Tigre muestra la mecánica fina: 70% de expansión del suelo urbano entre 1980 y 2017. Y el dato revelador: los grandes movimientos de tierra del período 1999-2017 (los años del auge de Nordelta y sus clones) se hicieron al amparo de apenas dos ordenanzas, según la reconstrucción de Ana Fehrmann. La norma madre sigue siendo, por lo demás, el Decreto-Ley 8912, sancionado por la dictadura en 1977.
La impotencia normativa es, en realidad, la verdadera política de planeamiento urbano caótico. Como señala la economista Jayati Ghosh, “desregulación es una antífrasis”, la palabra nombra lo contrario de lo que hace pues en realidad se trata de una regulación explícita “al servicio de los hedge funds y las tecno-élites”.
Y, sin dudas, en esta jornada larga gran favor le hizo al desarrollo de las zonas la reforma constitucional de 1994. Con marketing progresista, convirtió a las administraciones provinciales en cobradoras de regalías. Un federalismo invertido en el que cada excepción a códigos de planeamiento votada de madrugada es regulación a favor de alguien.
La “respetabilidad” cotiza
El empresarialismo urbano, como lo denominan los ingenieros María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo, se va cristalizando en códigos de edificación con el apoyo político de la derecha argentina. La reforma porteña de 2018 pasó de zonificar por usos a regular por morfología y capacidad constructiva, redujo la superficie destinada al centro libre de manzana, favoreció las demoliciones para así captar la nueva y mayor edificabilidad habilitada. Es decir, convirtió al suelo porteño en una grilla de derechos de edificación negociables. Lo financiarizó.
La maniobra se perfeccionó en 2024. En una sesión maratónica en la que se despacharon más de 300 expedientes, la Legislatura porteña aprobó otra reforma. Esta se vendió como preservación de la identidad barrial. Pero en lo decisivo, optimizó el mercado de derechos de edificación transables al habilitar la transferencia de capacidad constructiva desde los barrios del sur a otros donde la demanda retribuye mejor. El metro cuadrado se desprendió del terreno y se convirtió en activo financiero comprado barato en La Boca o Barracas y transado caro en Palermo o Belgrano.
El resultado: demoliciones a la orden del día, “cascarones vacíos” que conservan solo la fachada tapiada; catalogaciones desestimadas por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, el Chalet Tudor de Bustillo en venta pese a estar protegido, entre otras. Así se aseguró un mercado con unidades cuyo metro cuadrado supera los 4 mil dólares, en una ciudad con 200 mil viviendas vacías y unas 12 mil personas durmiendo en la calle. ElObservatorio del Derecho a la Ciudad llama al modelo de la derecha porteña “la utopía excluyente”. Un sistema en tres tiempos: desplazamiento de sectores vulnerables mediante operativos punitivos, criminalización de la supervivencia —intentos de internación forzosa de personas en situación de calle— y gentrificación.
La compra de la mansión de Thiel en Buenos Aires se inserta en esta dinámica y anticipa la etapa siguiente: 13,5 millones de dólares pagados por Birkdale Emprendimientos, una sociedad constituida 49 días antes de la operación, detrás de la cual la Inspección General de Justicia identificó al abogado jefe y al director financiero de Thiel Capital. La técnica de las sociedades interpuestas (shell companies) que se usó en CABA y el conurbano bonaerense tuvo su propio laboratorio de ensayos en la Patagonia.
El futuro, hoy aquí
La conversión del territorio nacional en un archipiélago de zonas tiene precedentes consumados.
Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, es el ejemplo más claro. El magnate inglés Joe Lewis, dueño del equipo de fútbol Tottenham Hotspur de Londres, logró hacerse una estancia en los noventa, que estaba ubicada a pocos kilómetros de El Bolsón. Y en esa operación se apropió también del lago que estaba cerca. En la misma movida, había adquirido tierras en la costa atlántica, donde construyó una pista de aterrizaje más extensa que la del Aeroparque porteño.
Su impulso fagocitador de campos acabó enfrentando a este Gold Silver de la Trulalá patagónica con la población comunitarista que persiste allá. La reacción fue la movilización recurrente de activistas en reclamo de acceso libre al lago en las Marchas por la Soberanía.
Lago Escondido es la secesión de facto: territorio cercado, acceso público judicializado eternamente, jurisdicción extranjerizada dentro del mapa argentino, con el sistema político convalidando todo. Lewis, quien fue indultado recientemente por Donald Trump de su condena a prisión en Nueva York por maniobras financieras irregulares, fue protegido de Mauricio Macri. El expresidente llevó a Barack Obama 1.700 kilómetros hasta aquella mansión a discutir vaya uno a saber qué, durante la presidencia argentina del G20. Fue Macri, además, quien lo favoreció directamente al romper la restricción de que extranjeros acumulen tierras en áreas prioritarias para la seguridad nacional. Su decreto 820/2016 elevó del 25% al 51% el umbral accionario para considerar extranjera a una empresa.
A escasos kilómetros del feudo de Lewis se encuentra el fideicomiso Amaike, de capitales de Emiratos Árabes Unidos. La estancia Las Marías pertenece a la casa real de Abu Dhabi. El tramo de la Ruta 40 que une Bariloche con El Bolsón se convirtió, según el diario Tiempo Argentino, en una servidumbre de paso por el interior de un solo bloque de tierras extranjerizadas: cuatro grupos —Qatar, Emiratos Árabes Unidos, la belga BURCO y el británico Lewis— controlan allí unas 110 mil hectáreas, casi seis veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Una sola montaña repartida entre propietarios extranjeros, y las nacientes de cuatro ríos adentro del alambrado.
Lewis le vendió recientemente al emir de Qatar su estancia de la costa oceánica rionegrina, con pista propia de 2.200 metros y hangares para aeronaves de gran porte, a tiro de las Islas Malvinas.El enclave británico se transfirió al enclave catarí.
Los árabes perfeccionaron el modelo de Lewis. Los capitales del Golfo Pérsico entraron encubiertos por sociedades fantasmas habilitadas por el decreto macrista. Y todo hubiera pasado desapercibido si este año las triquiñuelas no hubieran saltado en los tribunales, generando un escándalo que complica al gobernador Alberto Weretilneck.
El 7 de abril, el expolista Hugo Barabucci confesó en un juicio que él había comprado un campo de 20 mil hectáreas condos millones de dólares donados por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Detrás de esta revelación apareció unentramado de sociedades fantasma, testaferros y fideicomisos que transfirió finalmente la propiedad a manos directas de dos hombres del poder emiratí: Osama Hussein Saleh Hussein Alahdaly, hombre de confianza del emir de Abu Dhabi, y el general retirado Matar Suhail Alyabhouni Aldhaeri, presidente del Consejo Nacional Federal de los Emiratos Árabes Unidos.
En febrero, en pleno bombardeo iraní contra bases estadounidenses en Emiratos, su presidente, emir de Abu Dhabi y comandante en jefe de sus Fuerzas Armadas,Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegó a Bariloche con una comitiva de 200 personas. ¿Cuál será la naturaleza de esta urgencia?
La zona al dock
En el sur de la CABA todo está listo para la nueva zona libertaria. “Ramblas del Plata” no será un barrio porteño más. Una propuesta que IRSA, la empresa de Eduardo Elsztain, que busca emular la revolución urbanística de Margaret Thatcher en los docks londinenses del East End de los años setenta. Una ciudad entera de iniciativa privada sobre 71,6 hectáreas ganadas al río, entre la Reserva Ecológica y La Boca. Es el proyecto urbano más grande del país. Un Puerto Madero con esteroides, diría Trump. El volumen del negocio: 1.800 millones de dólares de inversión en tres etapas, 895 mil metros cuadrados de capacidad constructiva para entre 6 mil y 10 mil viviendas de lujo en torres, oficinas, hotelería, comercio, escuelas y un paseo costero. IRSA vendió este año casi todos los lotes de la primera etapa.
IRSA es dueña del suelo, fija el masterplan y vende lotes aotros desarrolladores que edifican dentro de sus reglas. Es una zona económica especial de hecho. Su régimen urbanístico no surge del código general de la ciudad sino de un convenio público-privado sancionado a medida del proyecto; el espacio público queda bajo mantenimiento privado por contrato; y la escala es la de una ciudad mediana con gobierno propio. Es exactamente el desplazamiento que Sonia Vidal-Koppmann viene documentando desde hace veinte años en la región metropolitana: de la construcción de barrios cerrados a la creación de ciudades privadas. La desigualdad constitutiva de estas zonas la ubica pegada a la villa Rodrigo Bueno. El contraste no podía ser más lógico.
Pero quien crea que esto empezó con Macri-Rodríguez Larreta y Milei debe mirar el antecedente de Isla Demarchi, un predio vecino a Ramblas del Plata. En 2008, la presidenta Cristina Kirchner se reunió con Elzstain, en lo que fue el puntapié inicial de una cooperación de las fuerzas políticas que ella conducía para aprobar en la Legislatura porteña las modificaciones que requerían los proyectos de IRSA.
En 2012, el gobierno del Frente para la Victoria anunció en Isla Demarchi un Polo Audiovisual: doce hectáreas frente al río presentadas como un “Central Park porteño”, con una torre de 335 metros y 67 pisos, estudios de televisión, un hotel de lujo en los pisos superiores y un estadio. El “Hollywood argentino”, financiado a través de la ANSES, interesó también a Elsztain quien incluso recorrió Isla Demarchi a pie junto a su hijo y a funcionarios de presidencia por aquellos días. En 2017, un decreto de Mauricio Macri canceló el Polo y las tierras volvieron a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) donde todavía esperan su turno.
Para confirmar que la enajenación de territorio es un movimiento furtivo pero coherente, Milei y Caputo rediseñaron por decreto el Puerto de Buenos Aires, instruyendo a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a convocar iniciativas privadas para financiar y operar proyectos urbanos público-privados. La hipótesis que trabajos académicos liberalizadores venían modelando, la “paulatina reducción del espacio operativo portuario y un traspaso hacia lógicas de urbanización comercial y residencial”, se convierte en business.
No se puede hacer más lento.
¿Malvinas ZEDE?
Trump corrió por izquierda al entonces primer ministro laborista del Reino Unido, Keir Starmer, amagando con respaldar el reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas a comienzos de este año. Semanas más tarde, él mismo recordó que su país no tiene amigos más íntimos que los británicos. Esa fugacidad hizo pensar que se trataba de una represalia por negarse a acompañar la cruzada contra Irán.
A nosotros nos conviene tomarlo en serio por otro motivo. Leído desde la lógica de la secesión, estos gestos no serían tanto reparación histórica sino caballo de Troya. Washington no le entregaría las Islas a la Argentina, algo absolutamente improbable. Pero el lobby MAGA podría querer quitarle el dominio de las islas al Estado británico, para crear una ZEDE controlada por corporaciones multinacionales en el Atlántico Sur. Un vigía de occidente con su propio régimen jurídico, fiscal, autonomía presupuestaria y ciudadanía por contrato.
Las condiciones materiales para que esto ocurra fueron zanjadas con la aprobación por el gobierno de ocupación del proyecto petrolero Sea Lion en el que participa también una empresa israelí. De la guerra de 1982 a esta parte, el gobierno kelper se convirtió en un “embrión de un Estado nacional” al decir del especialista Federico Lorenz. El petróleo pasó a consolidar una cierta independencia de Malvinas respecto de la metrópoli británica. Condiciones óptimas para la instalación de un nodo geopolítico en el molde de la ciudad-estado-empresa. Normalizar la relación entre la administración colonial y el gobierno argentino amortizaría costos de mantenimiento logístico del enclave. Pero eso no es soberanía.
Legalizar el estado de cosas
El mapa de las innovaciones legislativas del tipo RIGI avanza sobre los pasos de la ley de Bases inicial de Milei para completar la obra de fragmentación del país. El nuevo corpus empujado por Sturzenegger y la City no es otra cosa que la adecuación del sistema legal al estado de cosas y su blindaje hacia el futuro.
Thiel en la Argentina representa el avance de la agenda global defreedom cities, microestados anarco-capitalistas. Y viene porque aquí se está fabricando algo mejor que Próspera. El magnate habría inscripto a sus tres hijas en un colegio porteño como prueba de su convencimiento. La Argentina ofrece a la tecno-oligarquía escala continental, recursos estratégicos, un sistema jurídico perforado por décadas de cesiones discretas, un gobierno que se asume “topo” destructor del Estado que administra, y una distancia cierta de los descalabros geopolíticos que ellos mismos fomentan en Oriente Medio y Europa. Es el prototipo exportable del nuevo régimen de propiedad, inspirado en representaciones idealizadas del feudalismo. La etapa superior del capitalismo financiero en la era de las plataformas y el triunfo de la contracultura antidemocrática. Esta vez parece que el tiro del final sí va a salir.
Y aquí debemos sumar otro factor de incentivos que aceita el proceso histórico de la secesión: el ladrillo como puerta de entrada del dinero global anonimizado. El especialista en crimen organizado Jean-François Gayraud, autor de Le nouveau capitalisme criminel (2014), señala cómo el negocio inmobiliario compra el territorio y la respetabilidad en la misma operación. Los “profesionales grises” —abogados, escribanos, agentes inmobiliarios, banqueros— son los facilitadores indispensables que hoy cuentan con ministerio propio en los gabinetes de Milei y el primo de Macri.
Esta arquitectura jurídica del despojo se afina con el paquete de “inocencia fiscal II”, aprobado en Diputados hace algunos días, que promete volver a blindar a los millonarios del escrutinio sobre el origen de sus fondos. “La evasión y elusión fiscal, los flujos financieros ilícitos, la fuga de capitales y el lavado de activos son fenómenos diferentes pero estrechamente interconectados”, sostienen las especialistas Verónica Grondona y Magdalena Rua. La opacidad es el sello del avance disimulado del programa socio-político de la tecno-oligarquía.
René Lavand engañaba, pero avisaba: no se puede hacer más lento. El gobierno libertario hace el mismo truco pero con las dos manos y el establishment global a favor. En el teatro, cuando la magia termina, el naipe desaparecido vuelve a aparecer. Los países, como la Argentina, tristemente no.
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G. debe once millones de pesos en la tarjeta. Durante meses pagó el mínimo, después se atrasó y tuvo que refinanciar. Una de sus hijas perdió el trabajo y también quedó endeudada. A las dos las llaman los acreedores. “Tenemos una persecución ahí”, cuenta. Maestra de San Miguel, en el conurbano bonaerense, y dueña de un pequeño emprendimiento familiar, usó la tarjeta para sostener el colegio de sus hijas y el auto con el que va a trabajar: el nivel de vida. Hoy el pago mensual de la deuda equivale a la mitad de su sueldo.
La situación le produce angustia, pero no modifica su apoyo a Javier Milei ni la lleva a reclamar que el Estado intervenga. “A mí nadie me puso una pistola en la cabeza y me dijo que pida préstamos o me financie”, dice, retomando casi literalmente la respuesta del presidente cuando le preguntaron por las familias endeudadas. Reconoce que “el problema base es que uno no llega a fin de mes”, pero se responsabiliza por haber usado demasiado la tarjeta y confía en que Milei arreglará una economía destruida por los gobiernos anteriores: “El presidente no tiene la culpa, el Estado no tiene la culpa. Sé que se está arreglando este desastre en el que estábamos todos hundidos”.
A muchos de ellos, según nos contaron a fines de agosto, la deuda los afecta, a veces de manera dramática. ¿Cómo impacta esto en su adhesión política?
La historia de G. condensa una paradoja que atraviesa a una parte de los votantes del “núcleo duro”, es decir, quienes eligieron a Milei en primera y segunda vuelta. Esta conversación es parte de una investigación que iniciamos en julio de 2024. Seguimos a cinco grupos de estos votantes mediante contactos periódicos a través de grupos de Whatsapp. A muchos de ellos, según nos contaron a fines de agosto, la deuda los afecta, a veces de manera dramática. Reconocen que dejó de ser una decisión excepcional para convertirse en el recurso con el que se pagan alimentos, servicios y gastos cotidianos. Pero ese reconocimiento no conduce necesariamente a pedir una regulación estatal ni a revisar su adhesión política.
No se trata de votantes indiferentes a lo que ocurre. En los grupos hablan de salarios que no alcanzan, de clientes que dejan de pagar, de familiares perseguidos por financieras y de préstamos digitales tomados para cubrir otros préstamos. La novedad está en cómo ordenan esas experiencias. Un mismo participante puede describir una economía que empuja a las familias a endeudarse y, pocos minutos después, defender que cada deudor se haga cargo de esa situación sin ayuda pública. Muchos de estos votantes cruzaron un puente: dejaron atrás la expectativa de que el Estado se ocupe y llegaron a la orilla de una crítica radical a su intervención. Del otro lado, la deuda aprieta pero no basta para desandar el cruce.
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La morosidad de los hogares creció con rapidez y el tema se instaló en la agenda pública. El Banco Central informó que la mora de las financiaciones a las familias pasó del 2,94% en febrero de 2025 al 12,8% en junio de 2026. En el Congreso se acumularon proyectos de refinanciación, regulación del crédito y desendeudamiento. El Gobierno rechazó intervenir: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza?”, preguntó Milei. Para el presidente, las deudas son acuerdos entre privados, y asistir a quienes no pueden pagarlas significaría trasladarles el costo a los demás.
La Argentina conoció otras coyunturas en las que las deudas ingresaron en la esfera pública. Durante la expansión del consumo de 2003–2015, el crédito fue vivido principalmente como una vía de acceso a bienes y bienestar. Mientras las cuotas pudieran integrarse al presupuesto doméstico, la deuda se narraba como inclusión y movilidad, no como agravio, y no produjo un movimiento nacional de deudores de consumo, como investigaron Mariana Luzzi y Ariel Wilkis.
Los hipotecados UVA muestran una trayectoria diferente. Aunque la mora se mantuvo comparativamente baja, la indexación del capital, la pérdida salarial y la sensación de pagar sin dejar de deber alimentaron una organización nacional. La politización se apoyó en una figura moralmente legítima, el deudor que seguía pagando; un bien socialmente valioso como es la vivienda única y una responsabilidad identificable: haber confiado en una política estatal cuyas condiciones se volvieron insostenibles. La politización feminista realizó otra operación. La consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” reunió obligaciones heterogéneas como tarjetas, alquileres, servicios, créditos informales y deudas familiares para mostrar sus efectos comunes sobre la autonomía y los cuidados. Su intervención buscó “sacar la deuda del clóset”: volver colectiva y narrable una experiencia habitualmente procesada mediante vergüenza y culpa, como investigaron Luci Cavallero y Verónica Gago en Una lectura feminista de la deuda: ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! (Tinta Limón)..
Estos antecedentes muestran que endeudarse no conduce por sí mismo a la politización. Es necesario que la experiencia se desprivatice, que aparezca una interpretación compartida de sus causas, que se identifiquen actores responsables y que alguna organización traduzca la experiencia en una demanda. La coyuntura actual combina una extensión potencialmente mayor con una articulación más difícil: no existe un único contrato ni un bien visible que defender, sino tarjetas, préstamos personales, billeteras virtuales, servicios impagos y deudas informales destinadas, cada vez más, a sostener gastos corrientes. Esta dispersión dificulta la construcción de una identidad común, pero también vuelve menos plausible que todas las deudas puedan explicarse como decisiones plenamente libres.
Gobierno y oposición suelen extraer conclusiones opuestas de esta situación. El oficialismo confía en que la deuda es un asunto individual que no erosiona su base. Parte de la oposición imagina que las cuotas impagas y los resúmenes de tarjeta contienen el principio de un desencanto. Nuestro seguimiento longitudinal de votantes mileístas muestra un panorama menos lineal. El Gobierno subestima la preocupación: la mayoría considera que el endeudamiento es un problema, lo padezca directamente o no. Pero la oposición saca conclusiones apresuradas: reconocer un problema común no implica compartir sus soluciones.
Endeudarse para vivir
De las respuestas de los participantes surgen tres maneras de experimentar y juzgar la deuda. No son perfiles sociales rígidos, sino posiciones construidas a partir de la situación material, la experiencia del entorno y ciertas ideas sobre responsabilidad y justicia.
Diez de las veintinueve personas que respondieron sobre su experiencia personal o cercana describieron una situación crítica. Para ellas, el crédito dejó de financiar mejoras o consumos extraordinarios: sirve para comprar comida, pagar servicios o sostener aspectos básicos de la vida familiar.
S, una enfermera sanjuanina de 50 años que realiza cuidados a domicilio, lo cuenta sin rodeos: “En mi familia la estamos pasando todos bastante mal: endeudados, no llegamos a fin de mes con el sueldo, hay cuentas que no se terminan de pagar, porque alcanza para comer y hasta ahí”. Para poner un plato en la mesa recurren a la tarjeta, a Mercado Pago, a préstamos y a aplicaciones de cuotas como Goucuotas.com..
Entre estos participantes se repiten las quejas por las tarifas (que además tienen grandes diferencias regionales en el país) y por los salarios, muy por debajo del costo de vida. Un empleado chaqueño pide adelantos para pagar facturas de electricidad de 260.000 o 300.000 pesos. Una trabajadora informal de Villa María, Córdoba, resume: “Hay poco empleo, el poco empleo que hay te lo pagan chirolas y la luz te viene una fortuna”. La deuda no aparece como un contrato abstracto elegido en libertad, sino como la consecuencia de ingresos insuficientes.
G., la docente citada al comienzo de la nota, explica esto con cifras. Durante meses pagó el mínimo de una deuda de cinco millones de pesos. Cuando dejó de hacerlo, refinanció y el monto ascendió a once millones. El crédito, que primero le permitió sostener consumos cotidianos, comenzó a absorber sus ingresos. Aun así conserva expectativas sobre el futuro: “Sí, me preocupa, pero tenemos la fe y la esperanza de que esto va a mejorar. Queremos que el país mejore”. La esperanza política no elimina la angustia económica; convive con ella.
La Argentina conoció otras coyunturas en las que las deudas ingresaron en la esfera pública. La deuda se narraba como inclusión y movilidad, no como agravio.
Un segundo grupo (ocho de los veintinueve) no atraviesa deudas críticas, pero observa el problema y lo considera grave. Algunos lo conocen por su trabajo: comerciantes que escuchan a sus clientes, empleados de agencias de cobro o profesionales en contacto con hogares morosos. “Sé de mucha gente que tiene que comprar comida con tarjeta o sacar crédito para pagar luz y gas”, dice una comerciante de Alta Gracia, Córdoba.
V., una joven trabajadora freelance, no conoce personalmente a nadie en esa situación, pero no la atribuye sólo a malas decisiones: “Se endeudan simplemente para llegar a fin de mes con los gastos cotidianos. Creo que es un problema más estructural”. En varias respuestas aparece también la preocupación por los préstamos ofrecidos desde billeteras virtuales. La rapidez y la escasa burocracia facilitan el acceso, vuelven más sencillo tomar deudas sin comprender sus tasas y condiciones.
El tercer grupo (once de los veintinueve) interpreta el endeudamiento desde una moral de la responsabilidad individual. No registra deudas críticas propias ni cercanas. Algunos relativizan el problema o desconfían de las cifras, que consideran infladas por “los kirchneristas y la izquierda”. “El que se endeuda sabe dónde se mete; después verá cómo sale”, afirma un trabajador de mantenimiento. Haber atravesado deudas y pagarlas sin ayuda se convierte en la prueba de que los demás también pueden hacerlo.
En estos relatos, el buen deudor ajusta sus gastos, busca otros ingresos y cumple sus compromisos; el mal deudor consume por encima de sus posibilidades y pretende trasladar las consecuencias de sus actos a otros. Una jubilada recuerda que su familia sólo se endeudó para comprar la casa: “Éramos muy conservadores y conscientes: si no teníamos, no gastábamos”. La preocupación por las aplicaciones reaparece, pero ahora como señal de falta de educación financiera o imprudencia personal.
La distinción no es sólo económica. Es también moral: separa a quienes se adaptan, se privan y cumplen de quienes habrían gastado sin medir las consecuencias. Un jubilado de Lanús, en el Gran Buenos Aires, formula la pregunta que organiza esta mirada: “Yo no me endeudé, ¿por qué hay gente que está endeudada?”. La estabilidad propia se convierte en parámetro para juzgar situaciones muy distintas. Quedan aquí en segundo plano la informalidad laboral, las tasas, la caída de ingresos o la necesidad de financiar gastos básicos.
La experiencia importa: quienes están asfixiados o ven de cerca la ruptura de la cadena de pagos reconocen con mayor facilidad su dimensión colectiva. Pero no determina por sí sola la posición política. Incluso entre quienes describen un problema estructural persisten el valor del esfuerzo, el rechazo al consumo superfluo y la desconfianza hacia el Estado.
¿Quién debe hacerse cargo?
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Cuando la pregunta pasa del diagnóstico a las soluciones, la posición más extendida es la no intervención. Diecinueve de los treinta participantes que se pronunciaron sobre qué debería hacerse rechazaron que el Estado regule las tasas o refinancie las deudas. Siete defendieron alguna forma de regulación, mediación o prevención pública. Los cuatro restantes describieron el problema, pero no lograron formular una salida clara.
Para la mayoría antiintervencionista, la deuda es un acuerdo libre entre privados. Rescatarla sería injusto con quienes pagan con esfuerzo y podría reducir la oferta de crédito. F., un estudiante universitario porteño que busca trabajo, advierte: “Regulando las tasas van a lograr que no existan más préstamos, porque los bancos, ¿para qué van a prestarle plata a la gente si después no pueden tener ganancias?”. Teme que, sin crédito formal, sólo queden los usureros.
C., un albañil cordobés, reconoce que los servicios cuestan demasiado respecto de los salarios, pero insiste en la responsabilidad personal: “No creo que el Presidente sea quien deba hacerse cargo de la deuda de las personas. Cada uno sabe lo que hace, cómo administra su plata”. Otro participante lo formula como principio de justicia: “No tiene por qué el Estado -que somos todos- pagar la indulgencia de otra gente”.
Esta posición no siempre implica negar la crisis. Algunos participantes aceptan que la gente se endeuda para llegar a fin de mes, pero sostienen que la tarea del Gobierno consiste en estabilizar la economía, bajar impuestos y recuperar los salarios, no en intervenir sobre contratos particulares. La solución es general y futura; las deudas son individuales y presentes.
Quienes reclaman alguna acción estatal tampoco forman un bloque homogéneo. Sus propuestas van desde regular intereses abusivos y facilitar refinanciaciones hasta incorporar educación financiera en las escuelas. Una psicopedagoga de Lomas de Zamora en el Gran Buenos Aires rechaza la condonación, pero pide protección frente a bancos y prestamistas: “Muchas veces se desconoce cómo el interés va acrecentando la deuda. No que se condonen, pero sí que intervengan en cuanto a los intereses, que son exorbitantes”.
Las vacilaciones de este grupo son reveladoras. Varias respuestas comienzan aceptando el principio oficialista -el Estado no debería “hacerse cargo”- y luego agregan excepciones. Un joven rosarino reclama campañas de prevención y educación económica. Otros diferencian entre perdonar una deuda y limitar intereses que juzgan abusivos. No abandonan el lenguaje de la responsabilidad individual: intentan complementarlo con alguna forma de protección.
Gobierno y oposición suelen extraer conclusiones opuestas de esta situación. El oficialismo confía en que la deuda no erosiona su base. Parte de la oposición imagina que contiene el principio de un desencanto. Nuestro seguimiento muestra un panorama menos lineal.
Otro participante ensaya una distinción: si alguien se endeuda para comprar algo que no puede pagar, el Estado no tiene por qué intervenir; si el crédito se usa para comer o pagar servicios, el problema ya no es sólo individual. En ese caso, propone regular las tasas o facilitar una refinanciación razonable. La responsabilidad personal no desaparece, pero deja de alcanzar como explicación.
Los cuatro participantes sin una postura definida hablan de informalidad laboral, tarifas, apuestas en línea y falta de acceso al crédito formal. El problema existe y los preocupa, pero no encuentran palabras para convertirlo en una demanda. Esa dificultad también es políticamente significativa: entre vivir una crisis y reclamar una solución hay un trabajo de interpretación que no siempre llega a completarse.
La deuda y la fidelidad política
¿Qué ocurre cuando la deuda afecta directamente a quienes continúan apoyando a Milei? Seis de los diez participantes que describen una situación crítica rechazan la intervención estatal. No niegan el agobio. Lo procesan mediante tres recursos que suelen combinarse: la responsabilidad personal, la confianza en que el plan de Milei dará resultados y la atribución retrospectiva de la crisis al kirchnerismo.
G., la docente fuertemente endeudada, encarna esa combinación. Sabe que su familia no llega a fin de mes y que la deuda dejó de ser una excepción. Pero retoma el encuadre presidencial: nadie la obligó a usar la tarjeta. Su explicación es individual y colectiva a la vez. Se culpa por no haber administrado mejor las cuentas, pero atribuye la insuficiencia general de los ingresos al “desastre” recibido. El presente la afecta; la esperanza sigue puesta en el Gobierno.
Otros participantes adoptan el lenguaje de la adaptación. M., trabajador de la industria del plástico, vive al día y recortó salidas y consumos para no entrar en default. Tiene una pequeña deuda por gastos imprevistos, pero se corrige cuando está a punto de lamentarse: “Seguiré viviendo al día, lamentablemente. Bah, lamentablemente no: es el camino también, hay que ser realista”. La rectificación condensa el esfuerzo por integrar la dificultad a una narrativa de sacrificio necesario.
La identidad negativa, que activa una oposición tajante a todo lo que se asocie con el kirchnerismo, también organiza las responsabilidades. En un trabajo anterior mostramos que muchos votantes de Milei fueron acercando sus interpretaciones a las del Gobierno cuando un tema pasó a ser bandera de la oposición. Ocurrió con los jubilados: aun reconociendo la gravedad del problema, varios respaldaron el veto presidencial a un aumento porque lo leyeron como una maniobra opositora para desestabilizar. Con la deuda sucede algo semejante. La intervención estatal se asocia con el asistencialismo, los planes y el “regalar dinero”; rechazarla confirma la distancia con el kirchnerismo.
Esto no significa que todos repitan mecánicamente al Gobierno. Los encuadres oficiales resultan eficaces porque se apoyan en disposiciones anteriores: el valor de cumplir, la memoria de crisis pasadas, el enojo con quienes reciben ayudas y el rechazo al kirchnerismo. La imagen de “la pistola en la cabeza” ofrece una forma breve de articular esas disposiciones. Permite reconocer el problema sin trasladar la responsabilidad al Gobierno y mantener abierta la promesa de que el orden macroeconómico terminará mejorando la vida cotidiana.
Pero el alineamiento no es total ni irreversible. Algunos buscan soluciones intermedias que les permitan sostener el principio de responsabilidad sin aceptar tasas abusivas o salarios insuficientes. Proponen que el Estado ofrezca créditos razonables sin intervenir en los contratos privados. “No digo que regalen la plata”, aclara un trabajador, “sino una tasa normal para la situación actual de la mayoría”.
S., la enfermera sanjuanina antes citada, tampoco quiere que el Estado pague las deudas familiares, pero exige una relación posible entre salarios y precios: “No podemos estar ganando 3.500 pesos la hora y pagar 16.000 el kilo de carne. No podemos ganar eso y pagar 70.000 o 100.000 pesos de luz, porque el sueldo no alcanza para nada”. Su respuesta no rompe con el ideal de hacerse cargo, pero redefine el problema: la responsabilidad individual sólo puede ejercerse si el trabajo permite vivir.
La deuda, entonces, abre tensiones dentro del electorado de Milei, pero no produce por sí sola una ruptura. Para una parte de estos votantes, la experiencia negativa se acomoda dentro de marcos ya disponibles: la responsabilidad individual, la herencia recibida, el sacrificio transitorio y la confianza en un futuro ordenado. Para otros, obliga a buscar un punto intermedio entre la no intervención y la necesidad de protección.
Las condiciones materiales importan, pero no hablan solas. Entre una factura impagable y una demanda política intervienen identificaciones políticas, encuadres asociados a esas identificaciones, ideas de justicia y formas de atribuir responsabilidades. Graciela sabe que no puede seguir pagando la tarjeta y sabe también que no es la única. Aun así, cuando piensa quién debe resolverlo, vuelve a la frase de Milei: nadie le puso una pistola en la cabeza. En esa distancia entre la experiencia compartida y la solución imaginada se juega, por ahora, una parte de la persistencia del apoyo libertario.
Desde julio de 2024 seguimos periódicamente, mediante cinco grupos de WhatsApp, a votantes que apoyaron a Milei en ambas vueltas de 2023 y en su gran mayoría continuaban respaldándolo en agosto de 2026. Para esta nota analizamos las respuestas de 29 participantes a una consigna sobre endeudamiento y de 30 a otra sobre la posible intervención estatal. Los conteos son descriptivos y no buscan representar estadísticamente al electorado mileísta.
Las Socorristas en Red nacen en Argentina en el año 2012 y en solo cinco años de existencia lograron instalarse en más de 50 ciudades. El crecimiento es exponencial, y proporcional al del movimiento feminista en el país. Desde el 2014 al 2017 Socorristas en Red acompañó a más de 12.500 mujeres en el proceso…
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