La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina se encuentra realizando tareas de limpieza en distintos sectores de la ciudad.
Personal y maquinaria de la Dirección de Servicios Públicos trabaja en barrio San Martín, barrio Nuevo y barrio Pretto, levantando la basura arrojada en lugares no permitidos.
En la jornada de ayer se limpió la bicisenda en calle Mitre y el sector ubicado frente a barrio 25 de Mayo.
También se procedió al arreglo de calles en barrio Businelli y el loteo Verzini, además de la limpieza en el Kilómetro de Favretto y zonas aledañas.
Luis Caputo abrió una nueva fuente potencial de financiamiento para el Tesoro. Esta vez, con el fondo creado para afrontar las indemnizaciones de los trabajadores.
La Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía definió este miércoles dónde podrán colocarse los recursos del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y dejó una particularidad difícil de pasar por alto: puso límites para casi todos los activos, menos para la deuda del Estado nacional.
El FAL es una de las piezas centrales de la reforma laboral aprobada este año. Fue creado por la Ley 27.802 para que las empresas acumulen recursos destinados a afrontar indemnizaciones por despidos y otras formas de extinción del contrato laboral. No reemplazan formalmente la indemnización ni liberan al empleador si el dinero acumulado resulta insuficiente. Funcionan como una reserva financiera para ayudar a pagarla.
El sistema alcanzará a los empleadores privados y comenzará a funcionar el 1 de noviembre. Cada empresa tendrá una cuenta individual dentro de un fondo común de inversión o fideicomiso financiero autorizado por la Comisión Nacional de Valores. Ese patrimonio será separado, inembargable y de afectación específica. La administración quedará en manos de entidades habilitadas por la CNV.
La plata tampoco sale directamente del bolsillo del trabajador. La ley estableció una contribución mensual equivalente al 1% de la masa salarial imponible para las grandes empresas y al 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas. El Poder Ejecutivo podrá elevar esos porcentajes hasta 1,5% y 3%, respectivamente, con las condiciones previstas por la propia norma. Los pagos serán canalizados mensualmente a través de ARCA.
Son recursos que hasta ahora tenían destino previsional y financiaban el sistema de seguridad social. La reforma reduce contribuciones patronales y redirecciona una parte de ese flujo hacia las cuentas destinadas a afrontar futuras indemnizaciones.
Hasta ahí, la arquitectura laboral. La resolución de Caputo incorpora ahora la pata financiera y transforma ese flujo en una nueva masa de ahorro institucional que saldrá todos los meses al mercado a buscar activos.
Economía autorizó que los fondos compren títulos públicos nacionales a tasa fija, ajustados por CER, vinculados a la TAMAR, dólar linked y bonos duales. También podrán colocar dinero en deuda provincial, obligaciones negociables de empresas privadas y depósitos bancarios. Todos los instrumentos deberán estar integrados y ser pagaderos en pesos.
Pero la diversificación tiene una curiosidad. La deuda provincial no podrá representar más del 15% de la cartera. Las obligaciones negociables privadas tendrán un límite del 20%. Los depósitos en una misma entidad financiera tampoco podrán superar el 15%. Para los títulos dólar linked habrá además un máximo agregado del 10%. Para la deuda del Tesoro Nacional, en cambio, la resolución no establece un porcentaje máximo equivalente.
En otras palabras, Economía puso barandas alrededor de casi todos los casilleros de inversión y dejó abierto el que conduce a sus propios títulos.
Para la deuda del Tesoro Nacional, la resolución no establece un porcentaje máximo equivalente. En otras palabras, Economía puso barandas alrededor de casi todos los casilleros de inversión y dejó abierto el que conduce a sus propios títulos
La reglamentación que todavía debe dictar la CNV podrá agregar restricciones adicionales, pero en la resolución publicada por Caputo no aparece un techo específico para la exposición del FAL a deuda soberana nacional.
El detalle cobra mayor importancia por otra disposición. Los fondos deberán mantener como mínimo un 10% de su patrimonio en activos de alta liquidez para responder a los pagos de indemnizaciones.
Entre los instrumentos que Economía considera aptos para cumplir esa exigencia incluyó expresamente Letras del Tesoro en pesos, a tasa fija o ajustables por CER, con hasta 90 días de plazo remanente.
Es decir, hasta el colchón de liquidez que debe estar disponible para pagar un despido podrá utilizarse para financiar al Tesoro.
Federico Sturzenegger, el ideólogo del plan para las indemnizaciones
El contraste con el tratamiento de otros emisores es todavía mayor. Para comprar deuda provincial u obligaciones negociables privadas, los instrumentos deberán contar con calificación AAA en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras registradas ante la CNV. Los títulos emitidos por el Estado Nacional no enfrentan ese filtro.
El tamaño potencial del nuevo jugador tampoco es menor. Según los últimos datos disponibles del SIPA, en abril había 6,13 millones de asalariados privados registrados. El RIPTE de mayo, que sirve sólo como referencia y no coincide exactamente con la base imponible del FAL, alcanzó los 1.849.728 de pesos mensuales.
El contraste con el tratamiento de otros emisores es todavía mayor. Para comprar deuda provincial u obligaciones negociables privadas, los instrumentos deberán contar con calificación AAA en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras registradas ante la CNV. Los títulos emitidos por el Estado Nacional no enfrentan ese filtro
Un cálculo mecánico permite dimensionar el volumen, aunque no proyectar todavía con precisión cuánto dinero efectivamente ingresará al sistema. Si todos esos trabajadores tributaran sobre una remuneración equivalente al RIPTE, una contribución del 1% representaría alrededor de 113.000 millones de pesos mensuales, unos 1,36 billones por año. Con una alícuota del 2,5%, el flujo treparía a unos 283.000 millones de pesos mensuales, cerca de 3,4 billones anuales.
El monto real estará en algún punto que no puede determinarse todavía con esos datos, porque depende de la masa salarial efectivamente alcanzada, de la distribución de trabajadores entre grandes empresas y MiPyMEs y de la remuneración imponible de cada uno.
Pero la cuenta sirve para mostrar la escala: el Gobierno acaba de crear un inversor institucional capaz de administrar varios billones de pesos y habilitó al Tesoro para disputar una porción importante de ese ahorro.
La CNV tendrá ahora que completar el tablero. El decreto reglamentario le encomendó dictar las normas necesarias para poner en funcionamiento los vehículos de inversión y establecer sus requisitos.
Hasta entonces, el diseño que dejó Caputo tiene una particularidad política y financiera difícil de disimular. La reforma laboral creó un fondo para garantizar que haya plata cuando llegue el momento de pagar una indemnización. Economía acaba de decidir que, mientras ese momento no llegue, una parte potencialmente muy importante de esa plata podrá descansar en títulos emitidos por el propio Estado. El fondo de los despidos entra así al mercado de pesos. Y el Tesoro queda primero en la fila.
La operación tiene entonces dos movimientos. Primero, una porción de los recursos que ingresaban al sistema previsional deja de hacerlo y pasa a alimentar los Fondos de Asistencia Laboral. Después, mientras esos pesos no sean necesarios para pagar indemnizaciones, las administradoras podrán invertirlos en los activos habilitados por Economía.
El Básquet del Club Atlético Regina volvió a cortar las redes en una categoría formativa después de mucho tiempo. La categoría U19 se coronó campeón del Torneo Integración (Alto Valle de Río Negro y Neuquén) sin perder ningún partido, ganó los 12 juegos que disputó, nueve de la etapa regular y los tres del cuadrangular…
Victoria Villarruel le concedió a Anabel Fernández Sagasti la posibilidad de votar en la sesión de este jueves, cuando se trate la ley de tierras, a través de medios telemáticos y garantizó un voto más a la oposición contra la iniciativa de Federico Sturzenegger. El decreto de la presidenta del Senado es un misilazo para Javier Milei, que puede sufrir una dura derrota si fracasa por cuarta vez el bloque oficialista en su intento por debatir el dictamen de inviolabilidad de la propiedad privada.
Fuentes del peronismo comentaron a LPO que la Vicepresidenta «fue muy empática» cuando la senadora mendocina le comunicó su situación, con 32 semanas de embarazo y la prescripción médica de no viajar desde su provincia natal hasta la Capital Federal.
Sin embargo, Villarruel decretó la autorización «ad referéndum del Senado» para que la senadora «pueda participar de manera remota o virtual, con voz y voto, mientras subsista la restricción médica acreditada mediante el certificado obrante en el expediente». Es decir, la habilitación de la Vice deberá ser sometida a consideración de todos los bloques en recinto, aunque se supone que no debería ser rechazada.
La definición es un condimento más en la pelea de la Casa Rosada con Villarruel, que mostró con esta maniobra su autonomía para manejarse según el reglamento pese a que su aplicación complique la media sanción de un proyecto del oficialismo. «Coquetea con el peronismo y encima defiende la democracia», dijo una fuente parlamentaria.
Además, la jugada le da a Villarruel una dosis de fortaleza en medio de los ataques de Patricia Bullrich y Diego Santilli, que pidieron su renuncia por la resistencia de la Vicepresidenta a votar la ley de tierras tras el partido de Argentina contra Inglaterra en el Mundial y hacerse eco por Twitter de comentarios que cuestionan la salud mental de Javier Milei, respectivamente.
El antecedente más parecido al de Fernández Sagasti es el caso de la diputada Blanca Osuna, quien votó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en diciembre de 2020, desde una sala de internación en la que atravesaba cuidados médicos por el COVID19.
La jugada le da a Villarruel una dosis de fortaleza en medio de los ataques de Patricia Bullrich y Diego Santilli, que pidieron su renuncia por la resistencia de la Vicepresidenta a votar la ley de tierras tras el partido de Argentina contra Inglaterra en el Mundial y hacerse eco por Twitter de comentarios que cuestionan la salud mental de Javier Milei.
De hecho, Villarruel apeló como argumento al fallo de la Corte Suprema ante el pedido de Cristina Kirchner a los jueces de una «acción declarativa de certeza», también durante la pandemia y para el funcionamiento de la Cámara Alta por medios virtuales. Allí los magistrados entendieron que «ninguna cláusula constitucional veta la posibilidad de que las cámaras se reúnan, deliberen y voten de forma remota» y que «el Senado cuenta con todas las atribuciones para interpretar su reglamento en cuanto al modo remoto o virtual de sesionar, en ejercicio de la autonomía normativa que le confiere el artículo 66 de la Constitución».
La Vicepresidenta también consideró en su disposición que la senadora mendocina «no pretende interrumpir ni dejar de ejercer sus funciones sino continuar desempeñándolas».
Desde el peronismo, aclararon que la aprobación de la participación de Fernández Sagasti de forma remota «no necesita sumarse al temario, como las renuncias de senadores o licencias» y explicaron que «la mayoría que hace falta es de la mitad más uno».
El radicalismo y el peronismo están cerca de cerrar un acuerdo para aprobar la nueva Ley Electoral de Santa Fe con un piso del 4% del padrón para acceder al reparto de las 50 bancas de la Cámara de Diputados, una barrera que amenaza con dejar sin representación a los partidos chicos.
La negociación se cocinó en los pasillos del Senado y fue conducida por Felipe Michlig, la principal espada de Pullaro en la Cámara Alta. El senador radical acordó el porcentaje con sus pares peronistas y el entendimiento permitiría destrabar el punto más conflictivo de la reforma.
El pullarismo había planteado inicialmente un piso del 5% para evitar un «festival de listas», como definió el oficialismo, pero entró en cortocircuitos con el socialismo que propuso bajarlo al 3% mientras que sectores del PJ impulsaron una posición intermedia del 3,5%, pero la negociación entre radicales y senadores peronistas terminó acordando el 4%.
El porcentaje representa una barrera enorme porque se calculará sobre la totalidad del padrón y no sobre los votos válidos emitidos. El diputado Carlos del Frade calcula una base de 113 mil votos mínimos para ingresar al sistema D’hont. En un escenario de baja participación, una fuerza podría reunir un porcentaje significativo de votos yaun así quedar afuera del reparto de bancas.
El porcentaje representa una barrera enorme porque se calculará sobre la totalidad del padrón y no sobre los votos válidos emitidos. El diputado Carlos del Frade calcula una base de 113 mil votos mínimos para ingresar al sistema D’hont
La reforma viene a adaptar el sistema electoral a la nueva Constitución provincial sancionada en 2025 que eliminó el sistema que le garantizaba 28 diputados al partido más votado. Desde 2027, las 50 bancas se distribuirán de manera proporcional pero el piso acordado entre la UCR y el PJ podría limitar fuertemente la apertura que introdujo el nuevo texto constitucional, sostienen los más críticos.
La medida golpea especialmente a los bloques minoritarios que actualmente tienen representación legislativa, como los espacios de Amalia Granata y Carlos Del Frade. También dificulta el crecimiento de nuevas fuerzas provinciales que no cuentan con la estructura territorial de Unidos, el peronismo o La Libertad Avanza.
El otro cambio importante se produciría en el sistema de boletas únicas en las elecciones generales. En las PASO se mantendrán las cinco categorías separadas: gobernador, diputados provinciales, senador departamental, intendente y concejales.
En las generales, en cambio, habrá tres boletas. Los candidatos a gobernador y diputados provinciales compartirán una papeleta, los postulantes a senador departamental tendrán otra y las listas de intendentes y concejales aparecerán juntas en una tercera. El esquema reforzará el arrastre de los candidatos ejecutivos sobre las nóminas legislativas.
Todavía se discute si una fuerza podrá presentar candidatos a diputados sin llevar postulante a gobernador. El pullarismo pretendía que las listas legislativas quedaran obligatoriamente ancladas a una candidatura ejecutiva, pero la iniciativa encontró resistencias dentro de Unidos
Todavía se discute si una fuerza podrá presentar candidatos a diputados sin llevar postulante a gobernador. El pullarismo pretendía que las listas legislativas quedaran obligatoriamente ancladas a una candidatura ejecutiva, pero la iniciativa encontró resistencias dentro de Unidos y entre sectores de la oposición.
Una propuesta que acercó el Partido Socialista pero no prosperó fue la de ensayar una especie de ley de lemas en las PASO donde un candidato a gobernador pueda aparecer en varias listas con distintas candidatas a vicegobernadoras.
De esta manera, habilitaba al socialismo a llevar a la interna la fórmula Pullaro-Clara García y competir contra Scaglia del PRO en la fórmula ejecutiva. Pullaro le prometió a Scaglia que iba a ser la candidata para la reelección y todo indica que va a cumplir.
Como sea, el oficialismo buscará emitir dictamen este miércoles y llevar el proyecto al recinto de Diputados el jueves. Si obtiene la media sanción, la intención de Pullaro y Michlig es que el Senado convierta la reforma en ley el 27 de agosto, con el respaldo de una parte importante del peronismo.
La diputada nacional Marina Salzmann cruzó al ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, por exigir al gobierno nacional el traspaso de la Autopista Presidente Perón desestimando las rutas provinciales como la 40.
«Los bonaerenses necesitamos que se termine la ruta provincial 40 que está en muy mal estado y se ha vuelto peligrosa para quienes la transitamos», dijo Salzmann, una diputada de Sergio Massa. «Si no hay recursos para terminar las rutas provinciales ¿De dónde van a salir los recursos para la autopista Presidente Perón?», escribió en las redes.
En las últimas horas, Katopodis reiteró al gobierno libertario el reclamo por el traspaso a la provincia de la Autopista Presidente Perón. El ministro sostiene que la obra estaba cerca de finalizarse, pero el gobierno de Javier Milei la frenó hace casi 3 años.
La autopista Perón es el tercer anillo de circunvalación del AMBA. El primero es la General Paz y el segundo es la ruta 4. Su traza de la autopista comprende 83 kilómetros en total. Inicia en la intersección del Camino del Buen Ayre y la Ruta 7 y baja hacia el sudoeste para alcanzar la Ruta 2, en La Plata.
En el tramo inicial faltan terminar unos 5 kilómetros entre Camino del Buen Ayre y Merlo. En tanto, el tramo final -entre Guernica y La Plata- comprende unos 25 kilómetros que quedarán para otra gestión.
La autopista Presidente Perón en Merlo.
Más allá de los fondos, la obra presenta problemas de expropiaciones. Tanto en Merlo, como en Guernica hay viviendas sobre la traza.
La autopista está transitable en casi todos sus tramos, pero sin iluminación, sin colectoras y sin control de seguridad vial. Todo genera un escenario ideal para el delito. En los últimos años, la autovía se fue transformando en un corredor vinculado al narcotráfico y al narcomenudeo.
Sin iluminación y sin controles, en jefes criminales se instalaron en las inmediaciones de la autovía. Compraron terrenos baratos y construyeron casas tapiadas. Hicieron sus propios accesos de la autopista a sus viviendas. Hay un motivo para esas inversiones: en la traza de la Presidente Perón están instaladas varias cárceles de seguridad.
Hace dos semanas, Salzmann presentó en el Congreso un pedido de informes al Ejecutivo Nacional, para saber en qué estado está la obra de la autopista, si existe un plan de mantenimiento y plazos para terminarla.
En cuanto a la ruta provincial 40, la construcción de la doble mano es una deuda histórica. Tanto Daniel Scioli como María Eugenia Vidal habían prometidos las obras, pero nunca avanzaron.
Durante el gobierno de Kicillof la obra comenzó y tuvo importantes avances sobre todo en el distrito de Marcos Paz. Sin embargo, siete años después aún no está terminada y en el distrito de Merlo los avances son prácticamente nulos.
«Hay tramos muy deteriorados, baches que no se arreglan y ya representa un peligro para quienes la transitan», dicen desde el massismo. «La Autopista Presidente Perón es una obra frenada por el gobierno nacional y la provincia debería priorizar el mantenimiento y finalización de sus rutas, para que sean un lugar de tránsito seguro y mejoren la conectividad», agregan.
La creciente concentración en distintos sectores de la economía reabrió una discusión de larga data: hasta qué punto la competencia alcanza para garantizar mejores precios y mayor oferta para los consumidores. Especialistas advierten que el fenómeno no solo afecta el bolsillo, sino también la capacidad de desarrollo de las pequeñas empresas.
Por Redacción de NLI
Cuando un consumidor entra a un supermercado suele creer que está eligiendo entre decenas de marcas diferentes. Sin embargo, detrás de muchas de esas etiquetas aparecen los mismos grupos empresarios. Algo similar ocurre en sectores como alimentos, bebidas, telecomunicaciones, energía, medicamentos, logística y comercio electrónico, donde un número reducido de compañías concentra una parte significativa del mercado.
El fenómeno no es nuevo, pero volvió a cobrar relevancia en un contexto en el que la inflación perdió protagonismo como explicación exclusiva de los aumentos de precios y comenzaron a ganar espacio otras discusiones vinculadas con la estructura de la economía argentina.
Un fenómeno que trasciende a la Argentina
La concentración económica es una característica presente en numerosos países. En mercados donde se requieren grandes inversiones, infraestructura compleja o cadenas de distribución de alcance nacional, es habitual que pocas empresas dominen buena parte de la actividad.
Sin embargo, economistas especializados en defensa de la competencia sostienen que cuando esa concentración alcanza determinados niveles pueden aparecer problemas para consumidores y proveedores.
Entre ellos mencionan menor competencia en precios, dificultades para el ingreso de nuevos actores, mayor poder de negociación frente a productores y una creciente capacidad para influir sobre las condiciones del mercado.
El impacto sobre las pequeñas empresas
Las pymes suelen ser uno de los sectores más afectados por este escenario.
Muchas veces deben competir con empresas que cuentan con mayor capacidad financiera, acceso preferencial al crédito, redes de distribución consolidadas y un fuerte poder de negociación con proveedores.
La consecuencia es que numerosos emprendimientos encuentran dificultades para crecer o incluso para sostenerse en determinados mercados, especialmente cuando el consumo se retrae.
Al mismo tiempo, productores regionales y cooperativas enfrentan el desafío de colocar sus productos en grandes cadenas comerciales donde las condiciones de negociación suelen favorecer a los actores de mayor tamaño.
El rol del Estado vuelve a discutirse
La discusión sobre la concentración económica también reabre un viejo debate acerca del papel que debe desempeñar el Estado.
Mientras algunos sostienen que el mercado puede corregir por sí solo estos desequilibrios mediante la competencia, otros consideran que la experiencia internacional demuestra que prácticamente todas las economías desarrolladas cuentan con organismos dedicados a controlar prácticas anticompetitivas, fusiones empresarias y posiciones dominantes.
En Argentina, esa discusión volvió a instalarse a partir del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional, que redujo la intervención estatal en distintos sectores de la economía.
Para especialistas en derecho de la competencia, el desafío consiste en encontrar un equilibrio que promueva inversiones sin debilitar los mecanismos de control sobre mercados altamente concentrados.
Más allá de los precios
El impacto de la concentración económica no se limita al valor que pagan los consumidores.
También influye sobre la innovación, la generación de empleo, la diversidad de proveedores y la posibilidad de que nuevas empresas ingresen a competir en igualdad de condiciones.
En un país donde las pequeñas y medianas empresas generan buena parte del empleo privado, la discusión sobre la competencia deja de ser un tema exclusivamente empresarial para convertirse en un debate sobre el modelo de desarrollo económico. Una estructura productiva más diversificada no solo amplía las opciones para los consumidores, sino que también fortalece el tejido industrial y las economías regionales.
Un debate que seguirá abierto
La concentración económica difícilmente desaparezca. Forma parte del funcionamiento de muchos mercados modernos.
La discusión pasa por definir cuáles son los límites razonables para preservar la competencia, incentivar la inversión y evitar que un reducido grupo de empresas concentre una capacidad excesiva para condicionar precios, producción y condiciones comerciales.
Ese equilibrio seguirá siendo uno de los grandes desafíos de la economía argentina en los próximos años.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
