Licitación pública Nº 01/2021

 

Desde que se exhibió ese trapo maravilloso después del partido contra Inglaterra en el Mundial, distintas fuerzas políticas se hicieron eco y recuperaron el reclamo soberano por Malvinas, esa pasión que nunca nos deja. Lo que era impensable es que el Javier Milei, declarado admirador de Margaret Thatcher y quien consideraba irrelevantes a las islas, se embanderara anoche en cuanto tópico irredentista hemos sabido conseguir. Por eso, por debajo de ese humo neblinoso, debemos prestar atención a lo que viene escondido en este presente griego que parece ser la súbita conversión patriótica del presidente y de quienes ya se apresuran a no sacar los pies del plato para acompañarlo.

Hay palabras que en Argentina nunca llegan solas. Arrastran muertos, derrotas, ilusiones y experiencias colectivas. Una de ellas es “Malvinas”; otra es “seguridad nacional”. Durante años, muchos sostuvimos la necesidad de construir una política democrática y autocrítica sobre Malvinas. No para abandonar la reivindicación soberana, sino para fortalecerla. Porque la causa no podía seguir siendo rehén de las simplificaciones patrióticas, de los reflejos nacionalistas ni de las manipulaciones partidarias. Había que rescatarla de quienes la utilizaban como consigna vacía y devolverla al terreno de la política para construir un proyecto democrático. No imaginábamos este giro. O quizás sí. Quizás estaba contenido en algunas de las contradicciones que durante décadas intentamos señalar.

Hay palabras que en Argentina nunca llegan solas. Arrastran muertos, derrotas, ilusiones y experiencias colectivas. Una de ellas es “Malvinas”; otra es “seguridad nacional”.

Porque lo que aparece hoy ante nuestros ojos es una escena paradójica: una causa nacional y federal degradada una vez más; las islas objetivamente más lejos que hace algunos años; la defensa convertida en justificación para nuevas estructuras de seguridad; y dirigentes de distintos signos políticos celebrando la incongruencia de un presidente que durante años despreció tradiciones fundamentales de la cultura política nacional y que ahora se presenta como defensor de los intereses argentinos.

La cuestión no es menor. Lo que se anunció en nombre de la defensa nacional obliga a formular preguntas incómodas. No solo sobre Malvinas, sino sobre el país que estamos construyendo. Porque la experiencia argentina enseña que cada vez que la palabra “seguridad” desplazó a la palabra “política”, las consecuencias fueron graves.

Durante gran parte del siglo XX la defensa nacional estuvo asociada a una idea relativamente sencilla: la protección de la soberanía frente a amenazas externas. La existencia misma de las Fuerzas Armadas se justificaba por la necesidad de defender el territorio, los recursos y la independencia nacional. Pero a partir de los años sesenta comenzó a consolidarse otro paradigma. La llamada Doctrina de Seguridad Nacional, impulsada en el contexto de la Guerra Fría, modificó profundamente esa concepción. El problema ya no era un enemigo exterior. El enemigo estaba adentro. La amenaza dejó de identificarse con otro Estado para asociarse con conflictos sociales, organizaciones políticas, movimientos sindicales, grupos estudiantiles o cualquier actor percibido como potencialmente desestabilizador. La consecuencia fue conocida en toda América Latina. En nombre de la seguridad nacional se justificaron sistemas de vigilancia, persecución política, estados de excepción, terrorismo de Estado y dictaduras militares. La cuestión ya no era proteger a la nación sino controlar a la sociedad.

A partir de 1983, parecía que habíamos aprendido que la defensa de la soberanía no podía separarse de la defensa de las instituciones democráticas. Hasta anoche.

La Argentina conoce demasiado bien esa historia. La última dictadura fue la expresión más brutal de esa lógica. Y resulta imposible olvidar que la guerra de Malvinas fue, entre otras cosas, el intento final de aquel régimen por reconstruir una legitimidad que ya estaba agotada.

Por supuesto, la causa de Malvinas no fue una invención de la dictadura. La reivindicación argentina es anterior, legítima y ampliamente compartida. Pero precisamente por eso resulta importante distinguir entre una causa nacional y los usos políticos que pueden hacerse de ella.

A partir de 1983, parecía que habíamos aprendido que la defensa de la soberanía no podía separarse de la defensa de las instituciones democráticas. Que el patriotismo no podía quedar monopolizado por los militares y que la causa Malvinas necesitaba más democracia y no menos. Durante más de cuarenta años, con avances y retrocesos, esa convicción pareció consolidarse.

Hasta anoche.

Resulta preocupante observar la reaparición de un lenguaje político que vuelve a acercar conceptos que la experiencia democrática había procurado diferenciar. Cuando la reivindicación de Malvinas comienza a convivir con la expansión de estructuras de seguridad, con nuevas doctrinas de vigilancia y con alianzas hemisféricas concebidas en términos de amenazas permanentes, conviene prestar atención. Eso es lo que anunció Milei la noche del 3 de septiembre. 

Resulta preocupante observar la reaparición de un lenguaje político que vuelve a acercar conceptos que la experiencia democrática había procurado diferenciar.

En marzo de este año Argentina se incorporó al llamado “Escudo de las Américas”, impulsado por Donald Trump y constituye un buen ejemplo de esta situación. Los anuncios supuestamente malvineros de la cadena nacional son su capítulo más reciente.

Presentada como una iniciativa destinada a combatir el narcotráfico, el crimen organizado y otras amenazas transnacionales, la propuesta de Trump parece responder a desafíos reales. Sin embargo, también expresa una determinada concepción del continente basada en la seguridad y que organiza la política alrededor de amenazas. Una concepción que tiende a desplazar las preguntas sobre soberanía, desarrollo, desigualdad o integración regional hacia un lenguaje centrado en el control.

Aquí aparece una paradoja difícil de ignorar. La causa Malvinas es, en esencia, una causa de descolonización. Remite a una disputa de soberanía con una potencia extranjera, al control de recursos naturales y a la presencia militar británica en el Atlántico Sur. Está en juego la autonomía argentina para decidir sobre su territorio y sus espacios marítimos. Sin embargo, la arquitectura estratégica que hoy se presenta como marco de defensa nacional se construye alrededor de prioridades definidas fuera del país.

La arquitectura estratégica que hoy se presenta como marco de defensa nacional se construye alrededor de prioridades definidas fuera del país.

Mientras se reivindica la soberanía argentina, se profundiza la integración en esquemas de seguridad diseñados en Washington. Se denuncia la explotación ilegal de recursos en el Atlántico Sur y se celebra una alineación estratégica cuya principal preocupación no es la descolonización, sino la gestión hemisférica de amenazas (contra Estados Unidos). La contradicción resulta evidente. Y más aún cuando observamos el estado concreto de la cuestión Malvinas.

Desde la derrota de 1982 las islas están más lejos que nunca de nuestras posibilidades de recuperación. Las negociaciones diplomáticas se encuentran estancadas. La presencia militar británica permanece intacta. La explotación de hidrocarburos fortalece la posición económica de los isleños y del Reino Unido.

Mientras se reivindica la soberanía argentina, se profundiza la integración en esquemas de seguridad diseñados en Washington.

El contexto internacional actual no ofrece señales favorables para una modificación sustancial del escenario. Frente a esa realidad, la retórica soberanista corre el riesgo de convertirse en una forma de compensación simbólica. La regla parecería ser que cuanto más lejos se encuentra el objetivo, más intensa se vuelve la apelación a lo emocional. 

Es un mecanismo conocido. La política cede lugar a la épica. Los resultados concretos son reemplazados por gestos. La complejidad desaparece detrás de los aplausos. Y entonces ocurre algo todavía más preocupante. La causa deja de pertenecer a la sociedad para transformarse en patrimonio de los gobiernos.

Quien cuestiona una política específica parece cuestionar la soberanía misma. Quien formula dudas sobre una estrategia concreta es acusado de debilitar la posición nacional. La deliberación democrática se vuelve sospechosa. 

Como señalamos, la causa nacional no se fortalece mediante unanimidades artificiales. Se fortalece mediante la discusión pública y el control democrático. Se nutre de políticas de Estado construidas sobre consensos amplios y no sobre adhesiones circunstanciales. La gran paradoja de este momento histórico es que la reivindicación de la soberanía parece reaparecer asociada a una tradición política que históricamente debilitó la capacidad de las sociedades para discutir libremente sus propios intereses.

Ocurre algo preocupante: la causa deja de pertenecer a la sociedad para transformarse en patrimonio de los gobiernos.

El resultado que hoy tenemos ante nuestros ojos parece condensar algunas de las peores posibilidades de la historia reciente argentina: una causa nacional y federal degradada y manipulada una vez más; las islas más lejos que nunca; la defensa convertida en argumento para ampliar mecanismos de control interno; y dirigentes de distintos signos políticos celebrando la paradoja de un presidente que durante años despreció la tradición nacional argentina y que ahora anuncia que defenderá los intereses nacionales.

Por eso la pregunta verdaderamente importante no es qué pensamos sobre Malvinas. La pregunta es qué tipo de democracia queremos construir alrededor de Malvinas. Si queremos que la causa sirva para ampliar la participación ciudadana o para justificar nuevas formas de control. Si la defensa nacional será entendida como una política pública sometida al escrutinio democrático o como un ámbito reservado a expertos, servicios de inteligencia y estructuras de seguridad. Si aprenderemos algo de la historia reciente o si volveremos a recorrer caminos que ya conocemos demasiado bien.

La entrada Malvinas, más lejos que nunca se publicó primero en Revista Anfibia.

 

 

La investigación en el Congreso sobre los nexos de José Antonio Kast con Fernando Cerimedo avanza. La oposición logró reunir las 62 firmas necesarias para impulsar una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados y pone al jefe de estado chileno en una situación delicada. 

La iniciativa fue impulsada por el diputado del Partido Por la Democracia (PPD), José Montalva, y ahora deberá ser votada esta semana por la Cámara para luego conformar la Comisión, definir las autoridades y los funcionarios que serán citados.

Montalva dijo que «esto no va en contra de un sector político. Todos debiéramos tener la misma mirada frente a la salud de nuestra democracia». «Queremos dar garantías de que los procesos electorales están limpios de contaminación digital, que incluso podría ser financiada por intereses extranjeros», afirmó.

En ese sentido, el diputado opositor recalcó que la comisión no busca poner en duda una elección, sino investigar los antecedentes que considera preocupantes. «Nadie está poniendo en duda una elección. Hay antecedentes serios que nos preocupan y tenemos que investigar cómo el ambiente digital puede contaminar la democracia», señaló.

Kast dice que conoce a Cerimedo pero negó que tenga contratos con el Gobierno 

 En una entrevista, Kast negó que Cerimedo haya trabajado en alguna de sus campañas o que mantenga actualmente una relación de asesoría con su administración. «En ninguna de mis campañas trabajé con este señor y el Gobierno tampoco tiene asesorías con él», afirmó.

Esto no va en contra de un sector político. Todos debiéramos tener la misma mirada frente a la salud de nuestra democracia». «Queremos dar garantías de que los procesos electorales están limpios de contaminación digital, que incluso podría ser financiada por intereses extranjero

Sin embargo, Kast reconoció que conoce a Cerimedo y que ambos han coincidido en distintas instancias políticas junto a otros dirigentes. También sostuvo que Cerimedo habría asesorado a personas vinculadas a la campaña del Rechazo de 2020, aunque marcó distancia entre ese trabajo y el Partido Republicano.

Lo que el líder de ultraderecha chileno no aclaró es como cuatro de los integrantes del equipo que lideró Cerimedo en la campaña por el Rechazo a la reforma de la Constitución de 2022 que fueron nombrados como funcionarios del gobierno. 

Nadie está poniendo en duda una elección. Hay antecedentes serios que nos preocupan y tenemos que investigar cómo el ambiente digital puede contaminar la democracia

Hasta el momento, según reveló la investigación de El Mostrador, son 4 los dirigentes que están en La Moneda: Alejandro Irarrázaval, Ignacio Dülger, Felipe Costabal y Teresa Zañartu.

Confirman la designación de un cuarto integrante del equipo de Cerimedo en el gobierno de Kast

Lo cierto es que el tema está creciendo de manera sostenida y además de la investigación del Congreso impulsado por los bloques opositores también una denuncia formal ante la Fiscalía General.

El costo de este nexo con Cerimedo puede generar una ruptura con los bloques de derecha que apoyan al gobierno en el Congreso. Además de las críticas de Evelyn Matthei aparece un partido de esa coalición que decidió tomó distancia como es el caso de Revolución Nacional, uno de los tres partidos que integran Chile Vamos junto a Unión Democrática Independiente (UDI) y Evópoli.