PorMunicipalidad Villa Regina
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La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la licitación pública Nº 01/2021 para la adquisición de 192.000 litros de hipoclorito de sodio que se destinarán a las plantas potabilizadoras de la ciudad y la ubicada en General Enrique Godoy.
El presupuesto oficial es de $6,4 millones y el valor del pliego es de $23.000. El mismo se puede adquirir en la Oficina de Compras.
La apertura de las propuestas será el 5 de febrero a las 10 horas.
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La discusión sobre el empleo argentino ya no puede reducirse a saber cuántas personas tienen trabajo. El desempleo convive con informalidad, subocupación, pluriempleo y nuevas formas de contratación, mientras la reforma laboral de 2026 modificó reglas centrales de la relación entre trabajadores y empleadores. Los números oficiales permiten dimensionar el fenómeno, pero la sociología ayuda a entender qué ocurre cuando la incertidumbre laboral deja de ser una excepción y empieza a convertirse en una experiencia cotidiana.
Por Tomás Palazzo para NLI
Hay una escena que se repite cada vez con mayor frecuencia en la Argentina: una persona que trabaja, pero busca otro trabajo. Un empleado que conserva su puesto, aunque empezó a hacer repartos por la noche. Una profesional que se convirtió en monotributista para realizar tareas que antes hacía bajo relación de dependencia. Un trabajador que acepta una ocupación informal porque necesita ingresos inmediatos y otro que acumula varias actividades porque ninguna de ellas, por separado, alcanza para pagar el alquiler, los alimentos y los servicios. Todos están ocupados. Pero no necesariamente todos tienen un empleo que permita construir una vida alrededor del trabajo.
Ese es uno de los principales problemas que aparecen cuando se mira el mercado laboral exclusivamente a través de la tasa de desempleo. El INDEC informó que en el primer trimestre de 2026 la desocupación alcanzó el 7,8%, mientras que la tasa de empleo fue del 44,8%, la de actividad del 48,6% y la subocupación llegó al 11,1%. Es decir, hay una porción significativa de personas que trabajan menos horas de las que desean y necesitan. La propia estadística oficial incorporó además, desde 2025, una medición específica de la informalidad laboral, reconociendo que el dato sobre cuántas personas tienen o no una ocupación no alcanza para describir la estructura del mercado.
La fotografía se vuelve todavía más compleja cuando se incorpora la calidad de esos puestos. Según una medición elaborada por el investigador del CONICET Jorge Paz, utilizando una definición amplia que incluye tanto asalariados no registrados como trabajadores independientes de baja calificación, la informalidad alcanzaba aproximadamente al 49% de los trabajadores. La estimación no es idéntica a la medición estadística oficial —y es importante no mezclar metodologías—, pero permite comprender la magnitud del fenómeno desde otra perspectiva.
La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿qué significa exactamente estar empleado en la Argentina de 2026?
El sociólogo francés Robert Castel utilizó hace décadas una idea que resulta particularmente útil para pensar el presente: el trabajo no es solamente una fuente de ingresos, sino también uno de los principales mecanismos de integración social. El empleo estable permite construir vínculos, acceder a derechos, proyectar una familia, organizar el tiempo y establecer una relación relativamente previsible con el futuro. Cuando esa estabilidad se erosiona, no desaparece solamente una parte del salario: se debilita también una estructura social.
La investigación argentina sobre mercado laboral viene señalando precisamente esa dimensión. Estudios del CONICET sobre informalidad, precariedad y segmentación laboral advierten que la inseguridad ocupacional no se distribuye al azar y que la calidad del empleo tiene consecuencias directas sobre las posibilidades de caer o permanecer en la pobreza. Una investigación de Jésica Pla, Santiago Poy y Agustín Salvia encontró que la clase ocupacional y la calidad del empleo mantienen efectos persistentes sobre la probabilidad de experimentar pobreza, mientras que la inseguridad laboral atraviesa distintos grupos sociales.
Esto permite comprender por qué la precarización tiene una dimensión sociológica que no aparece inmediatamente en una planilla de estadísticas. Cuando una persona no sabe cuánto va a ganar el mes próximo, cuándo terminará su contrato, si podrá mantener sus horas de trabajo o si deberá aceptar una segunda ocupación, cambia su relación con el futuro. La incertidumbre se incorpora a la vida cotidiana.
Y cuando esa incertidumbre se vuelve colectiva, también modifica comportamientos sociales. Se posterga la compra de una vivienda, se demora la decisión de tener hijos, se reemplaza el consumo duradero por gastos inmediatos, se prolonga la convivencia con los padres, se abandona una actividad educativa para conseguir ingresos o se aceptan trabajos por debajo de la calificación profesional. No hace falta que todos esos fenómenos aparezcan juntos para que exista un cambio estructural: alcanza con que una parte creciente de la población deje de sentir que el trabajo constituye una plataforma segura para proyectarse.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea precisamente que la informalidad no debe analizarse solamente como ausencia de registro, sino en relación con derechos, productividad, protección social y oportunidades de desarrollo. En su actualización conceptual publicada en 2025, la organización advierte que las formas contemporáneas de informalidad son diversas y requieren políticas de transición hacia la formalidad que garanticen trabajo decente.
La cuestión, entonces, no es únicamente cuántos argentinos están «en negro». Es qué tipo de ciudadanía social produce una economía donde una parte importante de sus trabajadores carece de las protecciones asociadas al empleo formal.
Aquí aparece el costado jurídico, que tampoco puede separarse de la discusión económica. La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, establece que el trabajo «en sus diversas formas» debe gozar de protección legal y menciona expresamente condiciones dignas y equitativas, jornada limitada, descanso, vacaciones pagas, retribución justa y protección contra el despido arbitrario. No se trata de una declaración decorativa: constituye el marco constitucional dentro del cual deben interpretarse las leyes laborales.
Pero en 2026 ese marco comenzó a convivir con una modificación importante de la legislación ordinaria. La Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada en febrero y publicada en marzo, introdujo cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y en distintos regímenes laborales. Entre otras cuestiones, modificó el esquema de cálculo de la indemnización por despido, estableció nuevas reglas sobre determinados componentes remunerativos y habilitó que mediante convenios colectivos pueda sustituirse el régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral financiado por el empleador.
También creó los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), destinados a colaborar con el cumplimiento de determinadas obligaciones e indemnizaciones laborales. Y la reforma estableció un régimen específico para los prestadores independientes de plataformas tecnológicas de movilidad y reparto, definiéndolos jurídicamente como independientes y fijando determinados derechos sin que estos constituyan, por sí mismos, indicios de una relación de dependencia.
Esto último resulta especialmente relevante desde una perspectiva sociológica. Una parte del nuevo mundo laboral se está construyendo alrededor de trabajadores que no encajan cómodamente en la vieja división entre empleado y trabajador autónomo. El repartidor que se conecta cuando quiere puede ser presentado como un emprendedor independiente; pero si su ingreso depende de una plataforma, de sus algoritmos, de las tarifas que esta determina y de una demanda que no controla, la discusión sobre dónde termina la autonomía y dónde comienza la subordinación seguirá abierta.
Especialistas en derecho laboral que analizaron la nueva legislación han señalado precisamente que la reforma modifica cuestiones sensibles como el período de prueba, las jornadas y el llamado banco de horas, el cálculo indemnizatorio, los fondos de cese, las plataformas y la presunción de laboralidad.
El Gobierno puede sostener que estas modificaciones buscan reducir la litigiosidad, facilitar contrataciones y generar mayor previsibilidad para las empresas. Esa es una hipótesis económica legítima que deberá contrastarse con los resultados. Pero también existe una pregunta jurídica y social diferente: ¿cuánto puede flexibilizarse una relación laboral antes de que la flexibilidad deje de funcionar como instrumento para generar empleo y empiece a trasladar sistemáticamente el riesgo económico hacia quien trabaja?
No existe una respuesta automática. Y justamente por eso no alcanza con decir que una reforma es «pro trabajador» o «anti trabajador». Hay que mirar qué derechos cambia, qué obligaciones modifica, qué incentivos genera y, sobre todo, qué ocurre después con el empleo real.
Existe además una paradoja que atraviesa la historia argentina reciente. La informalidad no nació con Milei y sería incorrecto presentarla como una creación de su Gobierno. La Argentina arrastra desde hace décadas un mercado laboral profundamente segmentado. Investigaciones de la OIT ya habían documentado la coexistencia de empleo asalariado informal, trabajo independiente de subsistencia y modalidades atípicas incluso durante períodos en los que la ocupación y los salarios mejoraban.
Pero reconocer ese problema estructural no significa que todos los gobiernos produzcan los mismos resultados. Las políticas económicas pueden favorecer determinados sectores, destruir otros, modificar los incentivos para contratar formalmente y cambiar la relación entre salarios, productividad y empleo. De acuerdo con datos recopilados recientemente, desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026 se habían perdido cerca de 400.000 puestos asalariados formales, según registros del Ministerio de Capital Humano citados por El País: alrededor de 250.000 correspondían al sector privado, 130.000 al público y 17.400 al régimen de casas particulares.
Ese número tampoco puede interpretarse aisladamente como prueba de que cada puesto perdido se convirtió automáticamente en empleo informal. Una parte de las personas puede haber salido de la fuerza laboral, otra puede haber quedado desempleada y otra puede haberse desplazado hacia actividades independientes. Precisamente por eso las estadísticas laborales deben leerse como un conjunto y no como titulares separados.
La cuestión central aparece cuando se cruzan todos esos indicadores: desocupación, subocupación, informalidad, empleo registrado, salarios y horas trabajadas. Allí comienza a verse una economía en la que tener trabajo no garantiza necesariamente estabilidad y en la que conseguir ingresos puede requerir acumular ocupaciones.
La propia OIT insiste en que la transición hacia la formalidad requiere políticas integrales y no solamente cambios normativos. En Argentina, su trabajo reciente sobre sectores como construcción, textil y trabajo doméstico pone el foco justamente en las barreras concretas que impiden formalizar empleo y en la necesidad de combinar regulación, incentivos, productividad y protección social.
Por eso la pregunta más importante para la Argentina de los próximos años no debería ser solamente cuántos puestos de trabajo crea la economía, sino qué clase de puestos está generando.
Porque una sociedad puede mostrar una tasa de desempleo relativamente contenida y, al mismo tiempo, tener cientos de miles de personas que trabajan sin estabilidad, sin protección suficiente, con ingresos insuficientes o con la necesidad de sumar una segunda ocupación para completar el mes.
El trabajo sigue estando. Lo que está cambiando es aquello que el trabajo permite construir.
Y esa diferencia es mucho más profunda que una cifra de desempleo. Es una transformación en la relación entre economía y sociedad, entre trabajador y empresa, entre presente y futuro. También es una discusión sobre el sentido mismo del derecho laboral: si su función consiste simplemente en ordenar contratos entre partes formalmente iguales o si, como reconoce la Constitución, debe intervenir para equilibrar una relación en la que el poder económico de las partes nunca fue exactamente simétrico.
La respuesta no se encuentra solamente en una ley ni en una estadística. Se va a ver en la vida concreta de quienes trabajan.
El Consejo de la Magistratura de la Nación desestimó las tres denuncias que el juez federal de Rosario Gastón Salmain, quien se encuentra suspendido a la espera del inicio de juicio político, hizo contra su colega Carlos Vera Barros, quien hace ocho meses lo procesó por un intento de cobro de sobornos en el manejo de una causa y le dictó la prisión preventiva.
Mientras el Consejo rechazaba las denuncias de Salmain contra el juez federal que lo procesó por pedir una coima y lo embargó por 200 mil dólares, el presidente de la Asociación de Fiscales y de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Ricardo Toranzos, alertaba sobre actitudes llamativas de Salmain a distintos funcionarios que lo investigan, que consideró provocadoras.
Este miércoles el Consejo de la Magistratura de la Nación rehusó avanzar con tres denuncias distintas que Salmain le hizo al juez federal Vera Barros. El que primero desestimó hacerlo fue el consejero Alberto Lugones, que también es juez, y a su criterio lo acompañó toda la Comisión de Disciplina.
En diciembre pasado Vera Barros procesó a Salmain en la causa conocida como Attila, donde el magistrado bajo sospecha está acusado de haber admitido un amparo del dueño de un fideicomiso y ordenado al BCRA que le vendiera 10 millones de dólares al precio oficial, durante la vigencia del cepo cambiario, para que el empresario pagara una deuda. Según la imputación, Salmain accedió ante la propuesta de recibir una coima del 10 por ciento de la diferencia de cambio, entre la cotización de la divisa en el mercado de cambios y en el circuito blue.
El juez Carlos Vera Barros
Salmain denunció a Vera Barros porque a su criterio le dictó conscientemente la prisión preventiva y la prohibición de salida del país cuando tiene hasta el presente fueros que le dan inmunidad. «Un juez federal de la Nación ordenó la prisión preventiva y la prohibición de salida del país de otro juez federal en ejercicio, con pleno conocimiento de que la ley 25.320 se lo prohibía, y luego de haber reconocido expresamente esa prohibición en una resolución previa dictada por él mismo en la misma causa», sostuvo Salmain en su planteo. Lugones rechazó esa solicitud.
Una segunda denuncia de Salmain fue por entender que Vera Barros de manera arbitraria no ordenó la incorporación al expediente del caso en el que estaba acusado una prueba que podía desincriminarlo. Era un oficio librado por la Prefectura Naval Argentina que, dice Salmain, el fiscal que lo imputaba ocultó deliberadamente. El cuestionamiento a Vera Barros era porque era una evidencia de descargo importante para evaluar la credibilidad del principal testigo de cargo.
Procesan al juez Salmain por una coima: le prohíben salir del país y lo embargan por USD 200 mil
La tercera denuncia de Salmain que no se tuvo en cuenta cuestionaba a Vera Barros por haber ordenado medidas que suspenden garantías y en extremo coercitivas «cuando tenía pleno conocimiento de que el expediente que pretendía servir como sustento a dichas medidas había desaparecido por completo del sistema de gestión judicial, careciendo de toda existencia procesal válida».
Salmain le cuestionó a Vera Barros que en esas condiciones ordenó el secuestro de su teléfono celular personal, que lo requisaron a él personalmente y a su vehículo, medidas con afectación directa de derechos fundamentales. Adujo que este juez desde el momento en que tomó conocimiento de la desaparición del expediente debió ordenar la suspensión inmediata de las medidas que sin embargo autorizó en su contra.
En todos los casos el dictamen del consejero Lugones fue el mismo: que el Consejo de la Magistratura tiene como función analizar asuntos que tienen que ver con el comportamiento y la disciplina de los jueces. Pero que sus integrantes tienen prohibido meterse con sus decisiones jurisdiccionales, es decir, con lo que resuelven como magistrados. Los consejeros estuvieron de acuerdo y desestimaron las tres denuncias de Salmain.
Estos planteos contra Vera Barros que se desestiman se dan en lo que distintos funcionarios judiciales advierten como un patrón en Salmain, que es tener actitudes cuestionables hacia los funcionarios que lo investigan.
El último ejemplo al que aluden se dio la semana pasada y tomó estado público este lunes. Fue el jueves pasado cuando Salmain apareció entre el público durante una audiencia de juicio en Comodoro Py donde se desempeñan dos de los fiscales que lo están acusando en Rosario. En este juicio actuaba también el defensor de Salmain, Yamil Castro Bianchi, quien en un momento dijo que llegaría el momento en que él le pediría pena a unos de los fiscales allí presentes, Diego Velasco. Que actúa en causas contra Salmain.
Llamativo mensaje del abogado del juez Salmain a los fiscales que actúan contra el magistrado
La llamativa presencia de Salmain en un juicio en el que estaban los fiscales que lo investigan motivó una enfática declaración del titular de la Asociación de Fiscales del MPF Ricardo Toranzos. «Para nosotros fue muy extraño. A Salmain no se le escapa que su presencia en el lugar iba a generar reacción. Mínimanente, es provocador y pretende amedrentar», dijo este miércoles al periodista Hernán Funes de Cadena 3 Rosario.
Toranzos aludió a la aparición de Salmain entre el público el jueves en el SUM de Comodoro Py durante la audiencia en la causa Sueños Compartidos. «Su presencia parecía concordar con el ataque de su abogado al fiscal Diego Velasco», sostuvo. «Esto debe ser una alerta para el Consejo de la Magistratura, para hacer inmediatamente el análisis de su caso», señaló.
Salmain afrontará el jury por tres causas en las que fue denunciado y en las que por unanimidad el plenario del Consejo de la Magistratura habilitó su suspensión para el inicio del juicio político, cuyo inicio se prevé para octubre.
