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Licitación pública Nº 01/2021

La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la licitación pública Nº 01/2021 para la adquisición de 192.000 litros de hipoclorito de sodio que se destinarán a las plantas potabilizadoras de la ciudad y la ubicada en General Enrique Godoy.

El presupuesto oficial es de $6,4 millones y el valor del pliego es de $23.000. El mismo se puede adquirir en la Oficina de Compras.

La apertura de las propuestas será el 5 de febrero a las 10 horas.

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  • Los poli-delivery: atraparon a narcos disfrazados de Rappi

     

    Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe que investigan casos de comercio urbano de droga recurrieron a un recurso poco habitual para desbaratar un punto de venta de cocaína en Rosario. Lo que hicieron fue fingir ser distribuidores en una aplicación de delivery y actuar durante un partido de la selección. 

    Usando motos con cajas de reparto entraron en el pasillo donde estaba el domicilio a requisar como si fueran a entregar un pedido. Con eso lograron el allanamiento, la detección de la droga y la detención de los que estaban en el lugar.

    La investigación había comenzado el año pasado y ya había derivado en otros allanamientos. Pero el equipo de la fiscal Mercedes Banchio detectó que uno de los sospechosos había retomado la venta de droga. Con nuevas tareas de vigilancia y registros fílmicos, confirmaron que el lugar volvía a funcionar y solicitaron una nueva orden de allanamiento.

    El equipo de Prensa del gobierno santafesino dio cuenta de que fueron demorados tres hombres mayores de edad. Se secuestraron 44 envoltorios de cocaína, más de 700 mil pesos, dólares, tres teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Los detenidos son Ángel B. de 63 años, Juan F. de 46 y Gustavo A. de 54. Uno de ellos tenía un pedido de captura de la Justicia Penal de Entre Ríos.

    Fue en José Ingenieros al 7600, en el barrio de Fisherton. A partir de tareas de vigilancia y registros fílmicos, confirmaron que el lugar volvía a funcionar y solicitaron una nueva orden de allanamiento.

    La maniobra fue planificada para realizarse minutos antes de un partido del Mundial, en un horario en el que el movimiento de motos de reparto era habitual en el barrio. Los investigadores se movilizaron en motocicletas con cajas de delivery y lograron ingresar al pasillo sin llamar la atención. Cuando estuvieron a pocos metros de la vivienda, irrumpieron por sorpresa y evitaron que los sospechosos pudieran escapar o descartar la droga.

    Durante la requisa, la policía encontró en el bolsillo de uno de los hombres varios envoltorios de cocaína. Además, secuestró una riñonera con dinero que, según la investigación, era utilizada para la venta de droga.

    En el operativo participó un perro adiestrado, Kenzo, que marcó más droga escondida en un hueco de una pared de ladrillos del pasillo. También se secuestró un cartón con anotaciones de interés para la investigación, dinero y varios teléfonos celulares. Al identificar a los ocupantes, los investigadores comprobaron que uno de ellos tenía un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de Entre Ríos.

    El operativo fue realizado por la Brigada de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), con la participación de la Sección Canes y la colaboración de un grupo de irrupción de la Policía de Santa Fe.

    «Gracias a la Ley de Microtráfico, que impulsa el gobierno de Maximiliano Pullaro, se pudo realizar este allanamiento utilizando nuevas técnicas que denominamos ‘Operativo App’ u ‘Operativo Rapi'» dijo el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Federico Angelini. «La Policía de Investigaciones avanzó sobre esta vivienda mediante una orden judicial, pero con una modalidad distinta a la habitual», indicó.

    Según sostuvo Angelini, este tipo de intervención evita que ante una irrupción policial convencional, los sospechosos descarten la droga o escapen por los techos. «Estas nuevas modalidades permiten impedir que destruyan pruebas o huyan, haciendo mucho más efectivo el procedimiento», observó.

    El funcionario destacó además que el valor de estos operativos no se limita a las detenciones o al secuestro de droga. «Son muy importantes los teléfonos celulares y todo el material electrónico que se obtiene en estos allanamientos, porque permiten abrir nuevas líneas de investigación y avanzar sobre las distintas cadenas de distribución del narcomenudeo», analizó.

     

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  • Patricia desafía a Karina y apoya al opositor de Pino en la pelea por la Rural

     

    La interna de la Sociedad Rural Argentina empezó a filtrarse en el Gobierno luego de que Patricia Bullrich desembarcara este viernes en la Exposición Rural de Palermo para mostrarse junto a Marcos Pereda y Santos Zuberbühler, la fórmula de Renovación con Unidad, que enfrentará al oficialismo de Nicolás Pino en las elecciones de la entidad del próximo 9 de septiembre.

    Karina Milei mantiene una excelente relación con Pino que no ha escatimado gestos con los hermanos presidenciales. En la entidad descuentan que la Casa Rosada vea con simpatía la continuidad del actual presidente de la Sociedad Rural.

     [Bullrich filtró una pelea con Villarruel para quedar bien con Karina

    Sin embargo, Bullrich aprovechó para volver a tensar con el ejecutivo y se mostró a los abrazos y risas con los integrantes de la lista opositora durante la recorrida por la muestra. Los mismos candidatos se encargaron de viralizar el apoyo por las redes.

    Gracias @PatoBullrich x visitar nuestra muestra tradicional de Palermo. Cuando la @SociedadRural sea conducida por @Renovconunidad seguro se van a respetar las normas y los valores institucionales.EN EL CAMPO LA PALABRA VALE https://t.co/gkicq79Ddi

    — Santos Zuberbuhler (@santoszuber) July 18, 2026

    El reel de Bullrich con la lista opositora terminó de nacionalizar una elección que hasta ahora transcurría puertas adentro de la entidad agropecuaria. Con Milei previsto para el acto inaugural de la Exposición Rural, la pulseada entre Karina y Bullrich sumó un nuevo capítulo, esta vez con la conducción de la principal organización del campo como escenario.

    Esta semana la senadora había sobreactuado una pelea con la vicepresidenta Victoria Villarruel por el fracaso de la sesión donde el oficialismo esperaba aprobar la ley de tierras pero el escándalo en el que se vio envuelto el gobierno por pelearse con la Scaloneta dilató la cuestión y Bullrich filtró un áspero cruce por wasap para congraciarse con Karina.

     

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    Rechazo de la comunidad científica universitaria de Río Negro a proyectos verdes corporativos

    COMUNICADO DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE RIO NEGRO: Conscientes de la catástrofe socio ambiental y energética que enfrenta la Humanidad, quienes formamos parte de la comunidad científica y universitaria de Río Negro, investigadoras, estudiantes, docentes y personal no docente, graduadas de las universidades nacionales e institutos terciarios de la provincia de Río Negro,…

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    Se venció otra privatización menemista: Milei inicia la transición y abre un camino de incógnitas sobre el futuro de las represas hidroeléctricas de Tucumán

     

    Después de 30 años terminó la concesión privada de las represas hidroeléctricas de Tucumán. Milei abrió una transición y crecen las incógnitas sobre su futuro.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Treinta años después de haber sido entregadas en concesión durante la ola privatizadora del menemismo, las represas hidroeléctricas de Tucumán llegaron al final del contrato que las mantenía bajo administración privada. La decisión del Gobierno de Javier Milei de establecer un período de transición, en lugar de renovar automáticamente la concesión o anunciar una nueva licitación, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino de un conjunto de activos estratégicos para la generación eléctrica y para el manejo del recurso hídrico de la provincia.

    El final de una concesión nacida al calor del modelo privatizador de los años 90

    La resolución de la Secretaría de Energía que puso en marcha la transición de las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo marca un nuevo capítulo en la larga historia de las privatizaciones argentinas, un proceso que comenzó a principios de la década del noventa y que transformó profundamente la relación entre el Estado y los servicios considerados estratégicos.

    Durante el gobierno de Carlos Menem, y luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado en 1989, la Argentina ingresó en una etapa de transferencia al sector privado de empresas y activos que durante décadas habían sido administrados por organismos estatales. Bajo la promesa de mejorar la eficiencia, atraer inversiones y reducir la participación estatal en la economía, el Gobierno nacional avanzó sobre sectores como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios públicos.

    En ese contexto, la generación hidroeléctrica también fue alcanzada por el proceso privatizador. Muchas de las obras construidas durante décadas con financiamiento público fueron entregadas bajo esquemas de concesión a empresas privadas, que pasaron a administrar la explotación comercial de centrales que seguían teniendo una importancia estratégica para el sistema energético nacional.

    Así nació Hidroeléctrica Tucumán S.A., la empresa que recibió la concesión de los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres instalaciones fundamentales para la provincia. El contrato firmado en 1996 estableció un plazo de explotación privada de 30 años, período que comenzó formalmente el 30 de julio de ese año y llegó a su vencimiento en julio de 2026.

    La fecha de finalización no fue una sorpresa ni una decisión política tomada de manera repentina: estaba contemplada desde el inicio del contrato. Sin embargo, su llegada obliga ahora al Estado a definir qué hacer con un patrimonio energético que vuelve a quedar bajo su órbita después de tres décadas.

    Qué decidió el Gobierno de Milei y por qué no implica una estatización

    La Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, no dispuso una estatización de las represas ni anunció la creación de una nueva empresa pública para administrarlas. Lo que hizo fue activar el mecanismo previsto en el contrato de concesión para garantizar la continuidad operativa durante una etapa intermedia, evitando que el vencimiento del vínculo privado genere un vacío de gestión sobre instalaciones que requieren supervisión permanente.

    El Gobierno estableció un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026, durante el cual Hidroeléctrica Tucumán S.A. continuará operando las centrales bajo un régimen especial, mientras la autoridad energética nacional supervisará el funcionamiento de los complejos.

    Para esa tarea fue designada la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor estatal, con la responsabilidad de controlar la operación, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y garantizar que las condiciones de seguridad de las represas permanezcan intactas. Además, se invitó a la Provincia de Tucumán a participar mediante la designación de un representante.

    La medida responde a una cuestión central: una central hidroeléctrica no puede simplemente cambiar de manos de un día para otro. Se trata de infraestructura compleja, vinculada no sólo a la generación de electricidad sino también al manejo del agua, la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo y la planificación energética de largo plazo.

    Por eso, aunque la concesión terminó formalmente, la operación continúa bajo un esquema transitorio mientras el Gobierno define el próximo paso.

    Los bienes vuelven al Estado después de 30 años

    Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el vencimiento de la concesión implica el retorno al Estado de los bienes afectados al servicio, tal como estaba establecido en el contrato original firmado durante la década del noventa.

    No se trata de una expropiación ni de una compra. La lógica contractual establecía que, al finalizar el período de explotación privada, las instalaciones, equipamientos y activos vinculados al funcionamiento de las centrales debían quedar nuevamente bajo control estatal.

    Ese punto resulta significativo porque muestra una diferencia entre el discurso político que acompañó las privatizaciones de los años 90 y la realidad jurídica de muchos de esos contratos: las concesiones privadas no implicaban una transferencia definitiva de la propiedad de los recursos estratégicos, sino un derecho temporal de explotación.

    Ahora, tres décadas después, el Estado vuelve a estar frente a la responsabilidad de decidir cómo administrar esos activos.

    La paradoja de un Gobierno que busca privatizar frente al vencimiento de una privatización

    El caso tucumano presenta además una particular contradicción política para la administración de Javier Milei.

    Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó una agenda basada en la reducción del Estado, la apertura económica y la privatización de empresas públicas consideradas ineficientes. Sin embargo, en este caso específico, una concesión privada heredada de la década menemista llegó a su fin y obligó al Estado a asumir nuevamente un rol de supervisión directa.

    La administración nacional tenía distintas alternativas frente al vencimiento: extender la concesión, avanzar rápidamente hacia una nueva licitación o establecer un esquema transitorio. Finalmente optó por esta última opción, dejando abierta la definición sobre el futuro de las centrales.

    La resolución no determina si habrá una nueva privatización, si se buscará un esquema mixto con participación estatal y privada o si el Estado mantendrá algún tipo de control directo sobre las represas. Esa indefinición será uno de los puntos centrales del debate energético en los próximos meses.

    Un recurso estratégico que vuelve al centro de la discusión

    Más allá de la discusión contractual, las represas tucumanas representan un activo estratégico que excede la generación eléctrica. Los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo cumplen funciones vinculadas al almacenamiento y regulación del agua, al desarrollo productivo regional y a la infraestructura energética de la provincia.

    Por eso, la discusión sobre su futuro no es solamente empresarial: implica definir qué papel tendrá el Estado en la administración de recursos considerados esenciales y cuál será la relación entre la inversión privada y la planificación pública en áreas sensibles.

    La resolución publicada por el Gobierno marca el cierre formal de una etapa iniciada durante el menemismo, cuando una parte importante del patrimonio energético argentino pasó a manos privadas mediante contratos de concesión de largo plazo. Ahora comienza una nueva fase, todavía abierta, en la que deberá definirse si el final de aquella privatización será simplemente el comienzo de otra concesión o si representará un cambio más profundo en la forma de administrar la energía hidroeléctrica tucumana.

     

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