PorMunicipalidad Villa Regina
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La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la licitación pública Nº 01/2021 para la adquisición de 192.000 litros de hipoclorito de sodio que se destinarán a las plantas potabilizadoras de la ciudad y la ubicada en General Enrique Godoy.
El presupuesto oficial es de $6,4 millones y el valor del pliego es de $23.000. El mismo se puede adquirir en la Oficina de Compras.
La apertura de las propuestas será el 5 de febrero a las 10 horas.
Martín Llaryora ordenó a los diputados cordobeses que voten contra todo el capítulo XI de la ley de Presupuesto, si el gobierno no acepta el tratamiento por separado del artículo 75, cuya letra plantea la derogación de la ley de aumento del presupuesto universitario y la emergencia en discapacidad. «Hicimos los números y a esa planilla no le damos bola», habría dicho Llaryora a uno de sus legisladores.
La bronca del gobernador cordobés, anticipada por LPO, desembocó en una rebelión de todo el interbloque de Unidos, que reúne a los legisladores de Provincias Unidas, los pichettistas, los socialistas y los radicales Pablo Juliano, Mariela Coletta y Martín Lousteau. En total, juntan 22 votos.
Al mismo tiempo, ese conato se extiende al bloque Independencia, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo. El tucumano mandó a sus tres legisladores a garantizar el financiamiento a las universidades y la Andis, aunque al cierre de esta nota cerca suyo comentaban que ignoraban cómo harían sus diputados para sortear la trampa de Martín Menem y Gabriel Bornoroni, que habían impuesto la votación capítulo por capítulo para que nadie pudiera votar contra el 75 sin rechazar otros artículos, como los de subsidios para zonas frías, emergencia sanitaria por el Garrahan y aumento para las prestaciones por discapacidad.
Si los legisladores de Jaldo se plegaran a Unidos, ya serían 25 para subirse a la oposición de los 90 de Fuerza Patria, que tenía varios ausentes este miércoles, y los cuatro del Frente de Izquierda.
A esos 119 podrían agregarse los siete de Innovación Federal, integrado por cuatro misioneros y tres salteños que habrían decidido defender las universidades nacionales de sus provincias. Esa aritmética los situaría alrededor de los 126 votos contra el capítulo entero.
La bronca del gobernador cordobés, desembocó en una rebelión de todo el interbloque de Unidos, que reúne a los legisladores de Provincias Unidas, los pichettistas, los socialistas y los radicales Pablo Juliano, Mariela Coletta y Martín Lousteau. En total, juntan 22 votos.
La UCR, por su parte, emitió un comunicado exigiendo a sus diputados que voten «un presupuesto con financiamiento universitario y fondos para discapacidad». En el bloque del partido centenario quedaron seis legisladores, liderados por la mendocina Pamela Verasay. Ella y Lisandro Nieri, que también se desempeña como docente universitario, no sabían qué hacer al momento de la votación o mantenían su definición oculta con cuidadoso hermetismo.
La suerte del artículo 75 y, por ende, la del capítulo XI dependía en consecuencia de ese grupo de radicales, animado también por los chaqueños Gerardo Cipolini y Martín Agüero, el correntino Diógenes González y el entrerriano Darío Schneider.
Los diputados Oscar Zago y Eduardo Falcone en la sesión de este miércoles.
Para colmo, Oscar Zago y Eduardo Falcone estaban dispuestos a abstenerse, al igual que el larretista Álvaro González. Esos tres diputados habían apoyado la moción de Bornoroni para que se vote la ley capítulo por capítulo, dándole una victoria al oficialismo por 131 votos contra 112 negativos y la abstención de Karina Banfi.
Sin aquellos tres para respaldar el capítulo XI, los libertarios caerían a 128 voluntades y la oposición orillaría las 126. Menem se asomaría entonces a una pelea cabeza a cabeza, que por ahora figura tan solo como una posibilidad pero tal vez amenace incluso la media sanción en general, si se contagia la rebelión de Unidos.
#Comunicado | #Presupuesto2026 con financiamiento universitario, fondos para la Discapacidad y Emergencia pediátrica. pic.twitter.com/wHMUFclaCX
— Unión Cívica Radical (@UCRNacional) December 17, 2025
El gobierno de Axel Kicillof avanzó en un nuevo esquema de refinanciación de su deuda pública al disponer la emisión de bonos en pesos a tasa variable destinados a cancelar deuda.
Los nuevos títulos se emitirán por hasta un valor nominal de $17.014.475.711, monto que corresponde al vencimiento total de los bonos en pesos a tasa variable conformado por capital por $15.020.780.839 e intereses por $1.993.694.872,27. Esos bonos tenían como único tenedor a Provincia Seguros S.A., que prestó conformidad para la operación.
La operatoria se enmarca en las facultades otorgadas al Ejecutivo por la Ley N° 15.480, que autoriza al gobierno de la provincia a endeudarse por hasta el equivalente a USD 1.800 millones para atender compromisos financieros, mejorar el perfil de vencimientos, regularizar atrasos de Tesorería y financiar programas sociales y de inversión pública.
A su vez, la Resolución N° 390/25 del ministerio de Economía había establecido los términos generales para la emisión de títulos de deuda pública de mediano y largo plazo en el mercado local.
Los nuevos bonos estarán denominados en pesos, tendrán amortización íntegra al vencimiento, y devengarán intereses a una tasa variable atada a la TAMAR de bancos privados, con pagos trimestrales previstos para marzo, junio, septiembre y diciembre de 2026. La garantía estará constituida por recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, uno de los mecanismos habituales utilizados por la Provincia para respaldar sus compromisos financieros.
De acuerdo con los considerandos de la resolución, la emisión de estos nuevos títulos permite evitar un desembolso inmediato de fondos, extender los plazos de pago y ordenar el cronograma de vencimientos, en un contexto de restricciones fiscales y financieras que atraviesan las provincias.
La medida contó con la intervención de la Tesorería General, la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado, y forma parte de la estrategia del Gobierno bonaerense para administrar su endeudamiento y sostener el funcionamiento del Estado provincial sin afectar el cumplimiento de sus obligaciones esenciales.
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