PorMunicipalidad Villa Regina
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La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la licitación pública Nº 01/2021 para la adquisición de 192.000 litros de hipoclorito de sodio que se destinarán a las plantas potabilizadoras de la ciudad y la ubicada en General Enrique Godoy.
El presupuesto oficial es de $6,4 millones y el valor del pliego es de $23.000. El mismo se puede adquirir en la Oficina de Compras.
La apertura de las propuestas será el 5 de febrero a las 10 horas.
En la madrugada del día de hoy en el hospital Francisco López Lima de General Roca se realizó el décimo operativo de donación del año en la provincia. Gracias a la familia de un jóven reginense, fallecido luego de sufrir un accidente vial, que tomó la decisión de donar sus órganos lograron salvar la vida…
Mario Secco enfrenta una rebelión inédita en el Frente Grande. Dirigentes hoy encuadrados en la oposición interna lo acusan de pisar afiliaciones y «maniatar» el padrón para impedir que prospere un desafío a su conducción en el partido.
Para la elección partidaria en la provincia de Buenos Aires, los opositores a Secco tenían previsto presentar una lista encabezada por Pedro Wasiejko, que renunció en agosto pasado a la presidencia del Astillero Río Santiago, dejando a entrever las diferencias que crecían con el intendente de Ensenada.
Para liderar la lista de congresales, pensaban llevar a la cabeza al ex senador Eduardo Sigal, uno de los fundadores del partido. Sin embargo, decidieron no presentarse al advertir irregularidades en el padrón partidario.
Me espantó mal. Jamás pensé que Secco tuviera una actitud tan antidemocrática
«No hay garantías democráticas», acusaron en un duro documento donde hablaron de «autoritarismo», «hipocresía» y aseguraron que Secco conduce el partido con «su círculo de admiradores».
«Me encontré con una realidad en la política partidaria que me espantó mal. Jamás pensé que Secco tuviera una actitud tan antidemocrática», dijo a LPO Pablo Micheli, dirigente de la CTA que se afilió en los últimos años al Frente Grande.
Y agregó: «Secco negocia cargos para el séquito que lo rodea en la intendencia de Ensenada. Todo lo que no le haga reverencia queda afuera».
Secco presiona para retener el control del puerto de La Plata
Por su parte, Wasiejko dijo LPO que Secco «municipalizó» el Frente Grande en tiempos donde «se está viendo la necesidad de abrir la participación en la discusión política en todos los espacios». En concreto, la oposición acusa que, de los 41 congresales que aparecen en la lista única alineada a Secco, 35 son de Ensenada.
Además, de Micheli, Wasiejko y Sigal, dentro de los dirigentes que salieron al cruce de Secco aparecen el ex diputado y ex embajador en Bolivia Ariel Basteiro, el ex diputado Carlos Raimundi y José «Pepe» Lojo, a quien Secco corrió meses atrás al frente del Puerto La Plata para que asuma ahí su mano derecha, Susana González, que terminó su mandato en la Legislatura en diciembre pasado.
Las tensiones internas se exacerbaron tras las elecciones nacionales, donde la oposición acusó a Secco de no integrar a la minoría en la conducción, excluyendo así a distritos como Córdoba, Catamarca, Salta, CABA.
La oposición acusa a Secco de «municipalizar» el Frente Grande ya que, de los 41 congresales que aparecen en la lista oficialista, 35 son de Ensenada.
Ahora, de cara a las elecciones partidarias del 18 de abril en la provincia, la oposición había iniciado un proceso de afiliación. Pero acusaron que el sector de Secco las pisó:
«Entregábamos las fichas y nunca la subían. De una cantidad superior a mil fichas, no se cargó ni el 10%», dijo Micheli.
Y añadió: «Los presidentes de muchos distritos no estaban en el padrón, ¿cómo vas a ser presidente de un distrito y no figurar en el padrón? Es una locura. Secco mismo había firmado la designación de su presidente».
Por eso, en las últimas horas lanzaron un duro documento en el que expresaron las razones por las que no presentaron una lista que desafíe a Secco en la provincia.
No tememos al debate interno ni a disentir con la conducción autoritaria porque de eso no depende nuestra subsistencia.
«No vamos a ser cómplices del autoritarismo y la hipocresía, en momentos en que se necesita diálogo y transparencia», señalaron para denunciar que Secco los convocó «a una interna despiadada sin voluntad de diálogo ni búsqueda de acuerdos».
«Quienes asumen la actitud de excluir pagarán el costo de achicar al Frente Grande. No tememos al debate interno ni a disentir con la conducción autoritaria porque de eso no depende nuestra subsistencia. La política de y para funcionarios y empleados nos divorcia de las mayorías», agregaron.
Al cruce del círculo cercano a Secco que los acusa de recostarse en el camporismo, señalaron: «Respaldamos la gestión de Axel Kicillof, figura fundamental del campo popular para derrotar a Milei», dicen.
Kicillof aplaudió una arenga de Secco para que sea candidato a presidente
Tanto dirigentes de las provincias que no fueron integrados a la conducción nacional como la oposición bonaerense a Secco reflotaron «Espacio Popular», armado que en la Ciudad viene siendo empujado por el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra.
En esa construcción todavía hay una discusión abierta sobre qué hacer, si continuar o no en el Frente Grande. Los dirigentes con más trayectoria en el partido pretenden seguir y fortalecer la oposición interna a Secco. Otros, como Micheli, plantean avanzar por fuera.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina recuerda a artistas y a grupo de artistas de la ciudad que se pueden inscribir en el Registro Municipal de Artistas Reginenses que concentra la información de todas las expresiones artísticas existentes. Deben hacerlo en la página web de la Municipalidad a través del siguiente…
Mientras el gobierno de Javier Milei repite hasta el cansancio su discurso contra “la casta” y aplica un ajuste feroz sobre jubilados, trabajadores y beneficiarios de políticas sociales, una polémica designación dentro de la ANSES vuelve a poner en evidencia el doble estándar del oficialismo. El protagonista es Guillermo Arancibia, funcionario del organismo previsional que quedó en el centro de un escándalo por el uso de fondos públicos para gastos personales tan insólitos como yogures, barritas de cereal y otros consumos menores.
Por Roque Pérez para NLI
La historia de Guillermo Arancibia comenzó a circular con fuerza en los pasillos de la Administración Nacional de la Seguridad Social cuando trabajadores del organismo denunciaron un uso irregular de la caja chica destinada a gastos institucionales. Según trascendió en distintas publicaciones periodísticas, entre ellas informes difundidos por Perfil y Minuto Uno, el funcionario habría justificado con fondos públicos la compra de alimentos y productos de consumo cotidiano, desde bebidas hasta yogures y barritas de cereal.
El detalle, que podría parecer anecdótico si se lo observa aisladamente, terminó adquiriendo dimensiones políticas mucho más profundas. No solo por el carácter de los gastos, sino porque los mismos habrían sido respaldados mediante comprobantes y documentos oficiales firmados dentro del propio organismo, bajo el argumento de que se trataba de consumos vinculados a reuniones o actividades institucionales.
Sin embargo, puertas adentro de la ANSES la interpretación fue otra. Para muchos trabajadores, el episodio se transformó rápidamente en un símbolo de los privilegios que sobreviven dentro del Estado incluso en momentos en que el gobierno habla permanentemente de austeridad.
La indignación interna no tardó en traducirse en un gesto visible. En distintos sectores del edificio central del organismo aparecieron afiches y mensajes que apuntaban directamente contra Arancibia. En esos carteles, que circularon entre empleados y terminaron trascendiendo públicamente, se lo acusaba de cobrar un salario elevado mientras utilizaba fondos institucionales para financiar consumos personales.
La frase que más se repitió en esos carteles condensaba la bronca de quienes trabajan en el organismo: “ganás cinco palos y te comprás yogur con la caja chica”.
Más allá del tono irónico, el episodio dejó expuesta una tensión profunda dentro de la ANSES. Mientras miles de trabajadores del sector público enfrentan congelamientos salariales, recortes presupuestarios y presión por reducción de gastos, algunos funcionarios parecen manejarse con criterios muy distintos a los que el propio gobierno proclama en su discurso público.
El caso adquiere una dimensión todavía más polémica si se observa el contexto general en el que ocurre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo encargado de administrar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y diversas políticas sociales que constituyen el principal ingreso de millones de argentinos.
En ese marco, el gobierno de Javier Milei viene impulsando una política económica marcada por fuertes recortes del gasto público, licuación de ingresos previsionales y un discurso permanente sobre la necesidad de eliminar privilegios dentro del Estado.
Sin embargo, episodios como el de Arancibia generan un contraste difícil de explicar. Mientras el relato oficial insiste en que el país necesita sacrificios para ordenar las cuentas públicas, aparecen situaciones que muestran cómo ciertos sectores del aparato estatal continúan operando con niveles de discrecionalidad que poco tienen que ver con la austeridad prometida.
El problema, en definitiva, no es el precio de un yogur ni el costo de una barrita de cereal. El problema es quién paga esos consumos y bajo qué lógica se administran los recursos públicos en un organismo que maneja fondos destinados a jubilados y sectores vulnerables.
Lejos de implicar un freno en su carrera dentro del organismo, la polémica no impidió que Arancibia siguiera consolidando su posición dentro de la estructura de la ANSES. Según distintas versiones periodísticas, el funcionario fue impulsado a un rol de mayor relevancia dentro del organismo previsional, lo que terminó alimentando aún más las críticas internas.
Para muchos trabajadores, la señal política fue clara: las denuncias no generaron sanciones ni explicaciones públicas, y el episodio quedó reducido a un escándalo mediático sin consecuencias concretas dentro de la estructura estatal.
Ese desenlace es precisamente lo que transformó el caso en un símbolo del doble discurso que rodea al gobierno libertario.
Desde su campaña electoral, Milei construyó buena parte de su identidad política sobre la promesa de terminar con los privilegios de la política tradicional. La palabra “casta” se convirtió en el eje central de su narrativa y en una etiqueta destinada a señalar a quienes, según el discurso libertario, se beneficiaban del Estado mientras el resto de la sociedad pagaba la cuenta.
Sin embargo, episodios como el de Arancibia parecen mostrar que el problema no desapareció, sino que cambió de protagonistas. El relato anticasta convive hoy con prácticas que recuerdan demasiado a aquellas que el propio oficialismo decía combatir.
En ese sentido, el caso del “yogur de la ANSES” terminó convirtiéndose en algo más que una anécdota administrativa. Para muchos dentro y fuera del organismo, funciona como una metáfora incómoda de la política argentina contemporánea: un Estado que exige sacrificios a millones de personas mientras algunos funcionarios continúan moviéndose con privilegios financiados con dinero público.
Y allí aparece la pregunta inevitable que atraviesa todo el episodio: si el ajuste es para todos, ¿por qué hay funcionarios a los que seguimos pagándoles hasta el yogur que se toman?
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