El próximo viernes 25 se llevará a cabo la capacitación sobre la Ley Micaela al primer grupo del personal de la Municipalidad de Villa Regina. La misma será dictada por la Universidad Nacional del Comahue a partir del convenio que en marzo firmó el Área Mujer y Diversidad del Municipio y la Universidad.
La misma se da en el marco de la Ordenanza N° 028/2020 y la Ley Nacional N° 27.499 que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función en los tres poderes del Estado Municipal.
Desde el Área Mujer y Diversidad se destacó que la realización de la capacitación es de carácter obligatorio y requisito necesario para el ingreso y promoción a niveles superiores por concurso o progresión. El incumplimiento de esta obligación es considerado falta grave y da lugar a sanción disciplinaria de las personas responsables.
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La renuncia alejó al diputado de la escena, pero no de la Justicia.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
El escándalo que envuelve a José Luis Espert no es un hecho aislado. Es la punta de un sistema que mezcla narcotráfico, lavado de dinero, empresas mineras fantasma, financiamiento político y complicidades judiciales. La misma red que hoy sostiene a los “libertarios” también tejió negocios con narcos y empresarios antisindicales.
Una transferencia que delata al sistema
El 22 de enero de 2020, 200 mil dólares volaron desde una cuenta de Wright Brothers Aircraft Title Inc. hacia los bolsillos de José Luis Espert. La empresa —según la justicia de Texas— era una pieza central del engranaje de lavado de dinero comandado por el argentino Federico “Fred” Machado y su socia estadounidense Debra Mercer-Erwin.
Durante años, Wright Brothers fue la fachada financiera que movió fondos del narcotráfico disfrazados de operaciones aeronáuticas y mineras. Cuando el caso salió a la luz, Espert intentó explicar la transferencia con un argumento precario: dijo que se trataba de un “adelanto por consultoría económica” para la minera guatemalteca Minas del Pueblo S.A.
Pero los registros del Bank of America que integran el expediente texano lo dejan sin margen: la operación partió desde la red criminal de Machado, y Minas del Pueblo aparece en el mismo anexo judicial como empresa utilizada para lavar capitales. No es una cliente inocente, sino una pantalla más de un esquema delictivo internacional.
El extractivismo como fachada
Minas del Pueblo no sólo está en los papeles. En abril de 2021, la fiscalía guatemalteca allanó su concesión “La Meca” en Tucurú, Alta Verapaz. El resultado fue una postal de manual: tala ilegal, minería sin permisos, contaminación y una pista clandestina usada para vuelos sospechosos.
El operativo confirmó lo que las comunidades del Valle del Polochic venían denunciando hacía años: una estructura ilegal que saqueaba recursos naturales y movía droga, amparada por funcionarios locales y empresarios extranjeros.
Machado consiguió sus concesiones mineras durante el gobierno de Jimmy Morales, a fuerza de financiar campañas políticas. Su método era simple: lavar dólares, explotar oro y comprar poder. En ese mismo circuito se insertó Espert cuando aceptó el pago.
Del oro al suero
El expediente judicial de Texas agrega un nuevo capítulo a la trama: los nombres de Vidal y Alejandra Bada Vázquez, dueños de Lácteos Vidal, aparecen vinculados a transferencias por cientos de miles de dólares hacia Wright Brothers, incluso operaciones en criptomonedas.
La conexión entre el clan Bada Vázquez y Machado no es menor. Los mismos empresarios que encabezaron la cruzada antisindical contra Atilra —aplaudidos por Patricia Bullrich y Florencia Arietto— figuran como participantes del circuito financiero del lavado.
Mientras perseguían trabajadores en nombre de la “libertad de empresa”, hacían negocios con narcotraficantes y testaferros internacionales.
El hilo rionegrino
La madeja se amplía con el empresario Claudio “El Lechuga” Ciccarelli, señalado por el diputado Martín Soria como testaferro de Machado en empresas mineras y socio de los Bada Vázquez. Ciccarelli fue también dueño del vehículo blindado que usó Espert durante la campaña de 2019.
En Río Negro, este empresario combina su rol de inversor privado con un cargo en la planta del Estado provincial desde 1999. En paralelo, participó en sociedades vinculadas al negocio de la arena silícea en Vaca Muerta, junto a economistas formados en el CEMA, cuna ideológica del libertarismo argentino.
Todo queda en familia: política, negocios y dólares sucios.
La sombra de Villaverde
El entramado llega hasta Lorena Villaverde, referente de La Libertad Avanza en Río Negro, acusada en Estados Unidos de presunta vinculación con tráfico de cocaína y denunciada por estafas inmobiliarias. Pese a ello, sigue ocupando su banca y goza del respaldo del propio Milei.
Ciccarelli mantiene un vínculo directo con ella: fue uno de los invitados al acto de asunción de su mandato. El mismo empresario que conectaba a Machado con Espert termina en la foto del nuevo poder libertario rionegrino.
El hilo conductor
Cuando se recorren los nombres —Machado, Espert, Bada Vázquez, Ciccarelli, Villaverde— el mapa se vuelve nítido: detrás de los discursos de “libertad de mercado” y “república”, opera una red de corrupción estructural que mezcla lavado, narcotráfico, extractivismo y represión laboral.
Las instituciones no fallan: funcionan exactamente como esperan los que las corrompen. La justicia que demora extradiciones, los bancos que procesan millones sin control, los empresarios que financian campañas y los políticos que hacen silencio.
No hay azar en la coincidencia de apellidos ni en los montos que cruzan fronteras. Hay un sistema articulado donde la codicia se disfraza de ideología y donde cada transferencia bancaria es una declaración de principios: la ética no cotiza.
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