El próximo viernes 25 se llevará a cabo la capacitación sobre la Ley Micaela al primer grupo del personal de la Municipalidad de Villa Regina. La misma será dictada por la Universidad Nacional del Comahue a partir del convenio que en marzo firmó el Área Mujer y Diversidad del Municipio y la Universidad.
La misma se da en el marco de la Ordenanza N° 028/2020 y la Ley Nacional N° 27.499 que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función en los tres poderes del Estado Municipal.
Desde el Área Mujer y Diversidad se destacó que la realización de la capacitación es de carácter obligatorio y requisito necesario para el ingreso y promoción a niveles superiores por concurso o progresión. El incumplimiento de esta obligación es considerado falta grave y da lugar a sanción disciplinaria de las personas responsables.
Los libertarios buscan subirse a las redadas anti inmigrantes para copiar a Donald Trump pero justo cuando el presidente de Estados Unidos tuvo que descabezar a la policía migratoria tras la rebelión en Minneapolis que dio vuelta el mundo.
El ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Trump, ya mató a tres personas en la ciudad del estado de Minnesota en lo que va de enero.
El impacto que generaron esos episodios en la imagen mundial de Trump lo llevaron a a remover al comandante de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, Gregory Bovino.
A contramano del retroceso de Trump, el gobierno de Javier Milei buscó subirse a la ola anti-inmigratoria. La ministra de Seguridad, Alejandra Montoeliva, se filmó para anunciar que casi 5.000 extranjeros fueron expulsados del país o rechazados en los últimos dos meses.
Iñaki Gutiérrez, el influencer más cercano a Milei, se grabó desde un escondite para pedir la expulsión de «ilegales», un término usado en Estados Unidos y en los doblajes mexicanos de las películas de narcotraficantes.
La búsqueda de los libertarios por subirse a cada cosa que hace Trump se choca de frente con las estadísticas locales.
La realidad Argentina no puede ni siquiera compararse con la norteamericana en materia de inmigración. Argentina registra el menor número de inmigrantes en 100 años.
Según el Censo Nacional de Población 2022 del INDEC, en Argentina residen 1.933.463 personas nacidas en otros países, lo que representa alrededor del 4,2% de la población total. Se trata del piso histórico de inmigrantes en un siglo. El año 1929 fue el techo histórico de inmigración, cuando uno de cada tres habitantes de la Argentina era extranjero.
Recorre más de 3.500 kilómetros para que las ciudades de nuestro país se comprometan y trabajen en la accesibilidad. En su octava “Travesía de la Integración”, el deportista de alto rendimiento, se detuvo a almorzar en nuestra ciudad y tuvimos el placer de disfrutar del relato de cada una de sus experiencias. El intendente, Marcelo…
Un paro dilatado en el tiempo a causa del dulce acomodo por parte del gobierno a los altos dirigentes sindicales, que como todos sabemos manejan intereses ajenos a los de los trabajadores. Un paro que muchos esperaban que se diera antes. Un paro nacional con alta adhesión, que en este caso y como siempre, tendrá…
La primera quincena del mes de noviembre los ojos del mundo presenciaron el séptimo encuentro de jefes de Estado de todas las naciones en pos de cuidar al planeta, quedando así sentado en la historia el cómo la raza humana pretende combatir sus métodos de existencia y de relacionarse entre sí, modos que impactan al…
La Municipalidad de Villa Regina recuerda que durante este sábado 5 y domingo 6 de junio regirá en el ejido municipal el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 334 del Presidente Alberto Fernández. De acuerdo a lo establecido en el mismo, la circulación estará permitida entre las 6 y las 18 horas. Difunde esta…
A poco más de dos semanas de que comience el período ordinario de la Legislatura cordobesa, el próximo 1° de febrero, existe una discusión aún solapada, pero en la que entran diversos actores con sus respectivos intereses: la modificación de la ley provincial 8435 que garantice la estabilidad laboral de los jueces de paz en los juzgados del interior cordobés.
Es decir, que se asegure el carácter de vitalicio o la inamovilidad para el cargo y no tener que renovar su mandato cada cinco años y por concurso como ocurre actualmente. O, en su defecto, que los cargos estén atados únicamente a cuestiones de conductas que deban evaluar desde el Tribunal Superior de Justicia.
Reclamo y expectativa de los titulares de los juzgados de paz que choca de manera directa con los intereses y la realidad de los intendentes que, desde las gestiones del exgobernador Juan Schiaretti se quedaron sin reelección eterna y en 2023, cuando se amagó con una presión por parte de los alcaldes con el argumento de las consecuencias de la pandemia en sus últimos mandatos, el exmandatario coqueteó con una marcha atrás que luego no se concretó.
Por lo que hoy, en todos los pueblos del interior cordobés, y más aún en aquellos por donde están distribuidos los 310 juzgados de paz se vive una relación tensa entre los magistrados y los intendentes.
Fricción de la que está al tanto Llaryora, porque hace algunas semanas se lo trasladaron en una recorrida por Miramar, donde el mandatario dijo acerca del tema que «va a haber noticias»; y pedido que también sigue de cerca el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). No sólo por el lobby que los jueces de paz empezaron hace un tiempo con el recientemente electo presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín; sino porque con él también tiene diálogo Guillermo Vega, el entrerriano que lidera la Junta Federal de Justicia de Paz (Jufepaz).
En la Unicameral anterior, durante la última gestión de Schiaretti, se avanzó con la posibilidad de esta modificación a la ley provincial y hubo un proyecto de los legisladores oficialistas Ramón Giraldi y Alejandra Piasco que tomó estado parlamentario sobre el final del 2023, aunque luego no se discutió en el recinto.
Ninguno de los dos legisladores continúa en la Cámara y ahora los jueces de paz van por otros viguistas como Leonardo Limia y Julieta Rinaldi para intentar reflotar la discusión antes del Mundial. «Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno», sintetizó a LPO una persona al tanto de las conversaciones.
Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno
En Córdoba, todos creen que Llaryora fijará la fecha de la elección en el primer cuatrimestre del 2027, bien lejos del escenario nacional con lo cual, después de la cita mundialista se van a acelerar los tiempos de todo el arco político mediterráneo. Y en esa inercia temen quedar enredados con su reclamo los jueces de paz.
Sin olvidar que la relación entre ellos y los intendentes suele tener fricciones. «Hay de todo: algunos que inquietan, otros que decididamente hacen política y muchos que están 24/7 y con una guardia permanente. Porque no hay que olvidarse que intervienen no sólo en cuestiones institucionales, sino también en aspectos más complejos. Sobre todo, en el proceso electoral completo cuando la fecha de la elección local no va pegada a los comicios provinciales», dicen.
El presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín, con Llaryora
El recorrido del reclamo puede empantanarse en la propia interna del peronismo o destrabarse por el pragmatismo que implica el juego de necesidades políticas y electorales.
Por ello, las conversaciones, aunque con menos expectativa, también se llevan adelante con un sector de la oposición en la Legislatura. Hay diálogos con el radicalismo que pone el foco en el accionar de algunos jueces de paz del norte cordobés a los que los parlamentarios tildan de «poco prolijos» como para darles el beneficio del cargo vitalicio.
«Esa es la más simple: si alguien actúa mal deberá accionar el TSJ y sacarlo. No es tan difícil», señaló una fuente a este sitio.
Lo concreto es que la modificación por el artículo de «estabilidad laboral» en la ley 8435 asoma como una de las primeras discusiones en los pasillos de la Legislatura cordobesa en el año previo a las elecciones.
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