LAS HORAS CONTADAS

El municipio reginense, con Carolina Cailly como representante legal, presentó una medida cautelar ante el juzgado civil N°21 donde se solicitó el cese de la demolición de la chimenea Fioravantti, el recurso fue aceptado por la jueza Paola Santarelli, pero el trabajo realizado sobre las bases de la construcción ya no puede retrotraerse. Si bien su estructura se mantiene firme, abandonarla en esas condiciones es peligroso y reparar el daño imposible.Su derribe es inevitable.

En 2006 la chimenea fue decretada monumento histórico por el Concejo Deliberante, pero hasta ahí llegó el esfuerzo comunal por defender el patrimonio. Ya que la ordenanza en sí misma no la resguarda de la decisión del propietario del terreno de derribarla. Los circuitos legales que debieran haber continuado, no lo hicieron.

A poco más de 80 años, el símbolo de la economía regional, de la primer fábrica del Alto Valle, desaparecerá. Aunque la historia no siempre son los objetos sino que pueden ser los sujetos los que pueden mantenerla viva a partir de sus recuerdos y relatos.

La chimenea de la primera fábrica del Alto Valle tiene 43,5 metros de altura, pesa más de 400 toneladas y fue construida en 1932.

Para conocer un poco más acerca de la historia de Villa Regina podés leer los libros «Me lo contó mi abuelo» y «Las historias que nos unen» de la historiadora reginense Silvia Zanini.

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    Un informe de TN encendió todas las alarmas: $4.000 millones destinados a combatir el consumo problemático habrían sido desviados desde la APRECOD hacia organizaciones evangélicas sin antecedentes y alineadas políticamente con el gobernador Maximiliano Pullaro y con Milei. El entramado involucra asociaciones creadas hace meses, convenios millonarios sin controles y vínculos directos con el partido UNO, el brazo evangélico del oficialismo provincial.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    Un desvío millonario hacia asociaciones recién nacidas

    La noche del informe de TN, encabezado por Luciana Geuna, dejó una estela de preguntas que el gobierno santafesino todavía no se anima a contestar. Según la investigación, alrededor de $4.000 millones salieron de la Agencia Provincial de Prevención de Consumo de Drogas (APRECOD) hacia organizaciones evangélicas vinculadas al espacio político que sostiene a Pullaro.

    Lo más llamativo: muchas de esas entidades fueron creadas entre febrero y marzo de 2025, es decir, ¡hace apenas unos meses! Aun así, obtuvieron montos millonarios por medio de convenios directos, firmados sin los controles administrativos básicos que exige la ley provincial.

    El caso más escandaloso, señalan desde EnOrsai, es el de Rockas Vivas, una asociación civil que nació en marzo de este año y que, según la documentación revelada, recibió más de $900 millones. Su presidenta, Laura Ruth Callejas, mantiene lazos directos con el partido evangélico UNO, estructura política que integra la coalición del oficialismo santafesino.

    Ghione, UNO y el armado político-religioso bendecido por Pullaro y Milei

    El informe también expone la centralidad del pastor y dirigente político Walter Ghione, referente de UNO y aliado tanto de Pullaro como de Milei, en la distribución de los fondos.
    Según la denuncia, el esquema de convenios habría concentrado recursos públicos en manos de este armado político-religioso, desviando dinero originalmente destinado a campañas de prevención del consumo problemático.

    Para completar el cuadro, en redes sociales volvió a circular material documental sobre asignaciones previas que ya habían generado polémica: entre ellas, $1.000 millones otorgados a una organización vinculada al diputado evangélico Amado “Pajarito” Gutiérrez. Un patrón que, visto en perspectiva, deja de parecer casualidad.

    La doble vara mediática y el silencio oficial

    El tema explotó nuevamente gracias a un posteo de la cuenta @ArrepentidosLLA, que aludió a la “doble vara” del tratamiento mediático:
    mientras en otras provincias —o bajo otros signos políticos— un monto así hubiera generado un escándalo nacional, aquí la reacción se diluye con rapidez porque se trata de un gobernador aliado del Gobierno nacional.

    Desde la administración santafesina afirman que todas las transferencias corresponden a “colaboraciones legítimas” con organizaciones comunitarias, aunque todavía no ofrecieron explicaciones sobre las inconsistencias que muestra el informe de TN: contratos sin controles, asociaciones sin experiencia y cifras que desbordan cualquier estándar razonable.

    Lo que viene: auditorías, pedidos de informes y una trama que recién empieza

    A medida que avanza la discusión pública, crecen las probabilidades de que el caso escale a nivel institucional. Distintos sectores políticos de la provincia ya trabajan en posibles pedidos de auditorías, requerimientos de documentación a la APRECOD e incluso citaciones formales para que funcionarios expliquen en qué se usaron los fondos.

    Por ahora, Pullaro no dijo una sola palabra. Y en Santa Fe todos saben que cuando el silencio es tan prolongado, no suele ser buena señal.

    Mientras tanto, los $4.000 millones que debían fortalecer las políticas públicas contra el consumo problemático siguen envueltos en sombras, y la provincia más golpeada por la violencia narco suma un nuevo capítulo de discrecionalidad y favoritismos políticos en áreas donde cada peso malgastado cuesta vidas.

     

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