El balneario Las Grutas prepara su temporada de verano 2018. En la provincia de Rio Negro, los destinos de mar más fuertes también comenzaron su movimiento.
El Cóndor en Viedma, ya inauguró su temporada y demuestra un crecimiento en su oferta turística con una manera distinta de pensar en el turista. Playas Doradas ésta temporada estará afectada por el debate local, residual y posmediático, de una discusión al que los somete el senador Miguel Picheto sobre si quieren o no una planta nuclear que ya los rionegrinos rechazaron de cuajo. En Las Grutas, la sensación es siempre costumbrista. Las preguntas y averiguaciones de los que ofrecen servicios sobre la calidad y cantidad de la reserva de personas que van a pasar por la villa balnearia está al pie del día. La expectativa sobre el índice real, es buena.
Todavía lejos de atender a la calidad del producto los prestadores piensan en sus números con algunas ideas innovadoras que apuntan a un mercado selectivo de segmento alto que puede sin problemas cenar por 25 dólares (aproximadamente 450 pesos). Muy por encima del valor estándar, pero con opciones de comidas elaboradas con ideas y productos autóctonos. El segmento más popular sigue instalado en los paseos más habituales y peatonales, donde se podrá comer por un valor de 150 pesos por persona con las opciones menos saludables cargadas de frituras.
Todavía se percibe la falta de planificación colectiva local y sobre todo política. Donde el Estado parece ir por detrás con una ambulancia de parches, más que con ideas firmes y proyecciones analizadas y predeterminadas.
Los locales están a punto o con los últimos retoques previos a las fiestas decembrinas. El mar está ahí, esperando a las familias. Ya se escucha música fuerte en la playa y al atardecer se pueden ver las cañas de los pescadores en la 1er bajada. Ya está todo lanzado a que el verano suceda.
La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina informa que, por tareas de mantenimiento, el lunes 29 no operará la balsa de la Isla 58. El servicio se retomará el martes en el horario habitual de 8 a 15. Difunde esta nota
Me gustan las chicas, me gustan las drogas/ Me gusta mi guitarra, James Brown y Madonna/ Me gustan los perros, me gusta mi estéreo/ Me gusta la calle y algunas otras cosas/ Pero lo que más me gusta/ son las cosas que no se tocan// Me gusta el dinero/ para comprarme lo que quiero/ Me…
«Mi mamá entró caminando al Hospital Italiano Centro de Rosario. Salió a los 36 días en un féretro. En el medio sufrimos incertidumbre, falta de explicaciones y un indecible destrato de parte de la institución donde estuvo», dice Ivana Esteban. Su madre, Rosa Campos, es una de las 25 personas que en Rosario, quedó acreditado, murió por la administración de una ampolla de fentanilo contaminado en el laboratorio Ramallo de HLB Pharma.
Con enorme emotividad y al mismo tiempo gran carga política, testimonios como éste se repitieron durante tres horas este lunes desde mediodía, cuando se reunió la comisión investigadora de las muertes por fentanilo de la Cámara de Diputados en Rosario, la ciudad que con 49 víctimas fatales registra la mayor cantidad de muertes en el país por la contaminación de dos partidas del laboratorio, que tiene a sus principales directivos presos, el principal el dueño de la compañía, Ariel García Furfaro. En todo el país hasta ahora hay contabilizadas 124 muertes por esta crisis sanitaria.
Muchos familiares lograron correrse de la afectación personal para pedir respuestas institucionales. Lo hizo Ivana Esteban al cerrar su intervención. «Hablamos de muertes pero no estamos usando la terminología correcta. Esto fue una masacre. Si el fentanilo hubiera sido controlado no habría pasado esto. Han destruido jefes de hogar. Necesitamos al Estado ayudando a las familias como cuando hay una inundación.
La gente damnificada no sabe a quien contactar. Esto es una emergencia sanitaria y estamos hablando como si fueran hechos aislados», dijo. «Cambiemos la historia. Seamos un país serio. La salud es lo más importante y el valor supremo. Agradezco que estemos acá. Pero no esperen que los salgamos a buscar. Vengan ustedes a nosotros», les dijo a los diputados presentes.
La sesión fue un muestrario de personas quebrantadas no solo por la desaparición física de sus seres queridos, sino por la lejanía o el maltrato que casi sin excepción atribuyeron a los centros de salud privados donde las víctimas estuvieron internadas, en más del 90 por ciento de los casos a partir de cuadros no graves.
Desde la comisión que preside la socialista Mónica Fein, ex intendente de Rosario, dijeron que todavía está pendiente identificar lotes de las partidas contaminadas. Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) repasó que el fentanilo adulterado fue adquirido por 51 efectores sanitarios públicos o privados en cinco distritos: Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Formosa y ciudad de Buenos Aires.
Poder completar el mapa de víctimas de Rosario, dijo Tolosa, va a llevar un tiempo tal como señaló en su resolución el juez federal Ernesto Kreplak a cargo de la causa. Reseñó que en Santa Fe compraron partidas contaminadas 22 centros de salud. Los que tuvieron víctimas fatales en Rosario fueron el Hospital Italiano sede sur con cinco, el Hospital Italiano sede centro con 14, el Sanatorio Parque con once, el Sanatorio de Niños con dos, el Instituto Cardiovascular Rosario (ICR) con cuatro, el Sanatorio Laprida con cinco, el Hospital Municipal Clemente Alvarez (HECA) con ocho.
Familiares y legisladores subrayaron que lo que se busca es generar mecanismos de trazabilidad y control de medicamentos inyectables, frente a las omisiones de Anmat y de otros organismos de regulación en niveles nacionales y provinciales.
Los diputados nacionales Mayoraz, Ansaloni y Carignano.
Los testimonios de quienes tienen víctimas fueron muy concretos en cuanto a la soledad y el desconcierto por el que pasaron cuando sus familiares pasaban por cuadros súbitamente graves frente a la sintomatología de poca complejidad que había motivado las consultas. Fue muy marcada la crítica para el trato desdeñoso o agraviante del personal médico del Hospital Italiano y del Grupo Oroño (que nuclea a los sanatorios Parque, de Niños e ICR). También dijeron que era marcado el menosprecio cuando al Italiano llegaban pacientes derivados por PAMI e imploraron a los legisladores que se ocuparan de modo especial ante esto.
Ivana Esteban contó que llevó al Italiano a su madre, que tenía un cuadro controlado de diabetes y tenía una enfermedad cardíaca, el 1º de marzo. «Mi mamá era afiliada a Pami. Supuestamente estaba unas horas y nos íbamos porque ella estaba bien. La intubaron supuestamente por una bacteria». Dijo que la impresionó a lo largo de los días la cantidad de decesos en la terapia intensiva.
«Veíamos todo el tiempo que salía gente muerta. Supuestamente lo causaba una bacteria que no tenía nombre. Decíamos revisen algo porque se está mueriendo gente. Tuvimos un enorme destrato. Los partes médicos eran muy hostiles con los médicos poniéndose a salvo. Nos trataban como una mercancía. Como si estuviéramos ahí pidiendo limosna», dijo.
En un momento la diputada Vilma Ripoll intervino cuando se reiteraban las objeciones al trato inhumano que los familiares, decían estos, recibieron en el Hospital Italiano que tiene 19 muertos contabilizados hasta ahora en Rosario.
«Quiero decirles a los familiares que el dueño del Italiano de Rosario es el Grupo Tita de Rafaela. Y el dueño del Grupo es Carlos Tita que es un peso pesado muy vinculado a (Ricardo) Lorenzetti de la Corte Suprema. Así que no va a ser una pelea fácil porque esto tiene cobertura», sostuvo la legisladora del MST.
Los testimonios fueron duros y movilizantes. Lo que sigue es una síntesis. Los damnificados pidieron acompañamiento a los legisladores y remarcaron que se sentían conformes con el trabajo del juez Kreplak y la cercanía que mantuvo con ellos.
Claudia Alejandra Pérez: «Gracias por venir a escucharnos. No vengo a hacer sentir cómodo a nadie. Ahora escuchamos que son todos víctimas. Las víctimas son los que están bajo tres metros de tierra. Abuelos, padres, niños. Nosotros también somos víctimas porque nos destruyeron. El 31 de marzo lo llevé a mi esposo al Centro de Emergencias Rosario por una emergencia intestinal. Para el cirujano fue una urgencia. Salió delicado e intubado. A los días se decidió una segunda operación. Ahí comenzó el desmejoramiento de mi marido. Le cambiaron la medicación y las sondas. La terapia del Sanatorio Parque tiene lo último y parece una nave espacial. ¿Pero se puede tener la última tecnología y no investigar esta bacteria? A mi marido me lo dieron envuelto en una sábana. El 90 por ciento tendría que haber vuelto a casa porque no entraban por enfermedades graves. Pero no volvieron. Sigo esperando que el señor Villavicencio (apellido del fundador del Grupo Oroño) me explique qué pasó porque se le moría gente en sus tres sanatorios. ¿Por qué compraron medicamentos a mitad de precio a un laboratorio que tenía más de cien denuncias? Los testimonios de terapia en las víctimas eran calcados. Personas que estaban bien y de golpe se morían. Cuando sigan los allanamientos en sanatorios van a ver que 124 muertes no es nada. Quiero repudiar la falta de humanidad y de empatía que tuvieron con nosotros. Los empleados del laboratorio trabajaron con desidia. Los diálogos que están en la causa no se pueden creer. Hay mamás que no van a ver nunca graduarse a sus chiquitos. Mi esposo no va a saber nunca que le digan abuelo o llevarla al altar algún día. Nos destrozaron. No tienen idea lo solos que nos dejaron. En mi caso el dueño del Sanatorio Parque. En otros el del Hospital Italiano».
Mario Lugones, el ministro de Salud.
Ana María Carranza: «Mi nena Ana Belén fue internada porque tenía neumonía en un solo pulmón. Estuvo mal atendida en la guardia. Me dijeron que se despertaba «si la ves bien te la llevas». Pero la llevaron después a terapia. Convulsiones febriles, no le paraba la fiebre, hasta siete antibióticos juntos. Desde el 2 de abril estuvo 40 días en terapia. Todos los días moría gente como moscas. Pregunté qué iba a pasar con mi hija. Me dijo «esto es terapia, la gente que está acá se muere». La iban a pasar a piso. La misma médica me informó que tuvo un paro cardiorrespiratorio y había fallecido. Los enfermeros hacen lo que pueden. A nivel médico todo pésimo. Una nena sana. Una persona que estaba bien. Me la entregaron muerta».
Estefanía Ferrari: El factor común a todos los familiares es la falta de humanidad en el Hospital Italiano Centro de Rosario. No deben pasar estas cosas en la sociedad. Esto fue una masacre. Y encima la falta de humanidad que tuvieron los profesionales. Yo entré con mi papá caminando para una cirugía programada y me lo devolvieron con un acta de defunción. Tenemos que recibir un trato digno. Además del maltrato hubo problemas de infraestructura serio. Olor nauseabundo en la sala UTI y hormigas coloradas en la cama de pacientes intubados. Mi papá, Luis Ferrari, muere el 1º de junio y pedimos la historia clínica. Se broncoaspiró mientras yo le daba de comer. A esos ojos pidiéndome auxilio no los voy a olvidar más. La falta de ayuda fue dolorosa e indignante. No puede pasar nunca más esto».
En la audiencia estuvieron los diputados nacionales Pablo Yedlin, Germán Martínez, Cristian Castillo, Carlos Castagneto, Eduardo Toniolli, Nicolás Mayoraz, Eduardo Valdez, Florencia Carignano, Esteban Paulon y las mencionadas Fein y Ripoll. Se acercaron también diputados provinciales santafesinos y concejales de Rosario.
«Esto fue un hecho delictivo. Hubo un grupo de personas que se organizaron para envenenar. Una droga que debían fabricar que vulnerando todos los controles llegó a los familiares de ustedes. Descubrimos que la ley de trazabilidad opioides e inyectables no tenía la obligación de identificar la ampolla que se le aplicaba a cada paciente. Esto es lo que tenemos que cambiar», dijo Silvina Giudice, del PRO.
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En menos de un año, el gobierno de Milei desmanteló controles históricos, aceptó subordinación regulatoria a la FDA, reabrió el festival de patentes extranjeras y avanzó con un acuerdo comercial que, por primera vez, relega a la ANMAT a un rol secundario. El caso del fentanilo contaminado —la peor tragedia sanitaria de la historia reciente— expone que lo presentado como “desburocratización” no es otra cosa que un plan diseñado en Washington para abrir el mercado argentino a laboratorios extranjeros, aun a costa de la salud pública.
Un rompecabezas que encaja demasiado bien
Cuando Milei anunció el acuerdo con Estados Unidos, el punto que pasó casi inadvertido fue el más determinante: Argentina aceptará certificados de la FDA para medicamentos y dispositivos médicos, y dejará de exigir revisiones completas de la ANMAT para esos productos. Dicho de otro modo: la autoridad sanitaria local deja de ser autoridad.
Pero esa pieza solo encaja cuando se observa el cuadro completo: el vaciamiento material de la ANMAT, la desregulación de controles, la flexibilización del régimen de importaciones, la reactivación del modelo de los años 90 y el alineamiento del régimen de patentes con los pedidos del Informe Especial 301 del gobierno estadounidense.
Nada de eso fue improvisado.
La primera estocada: eliminar las inspecciones in situ (derogación de la Resolución 2123/2005)
En los últimos 20 años, la resolución 2123/2005 dictada durante la presidencia de Néstor Kirchner, exigía que inspectores de ANMAT verificaran físicamente las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) en las plantas que producían medicamentos destinados a Argentina. Esa norma surgió tras varios escándalos de adulteración y era considerada un pilar de la trazabilidad sanitaria.
El gobierno de Milei la desactivó sin reemplazo equivalente.
Federico Sturzenegger, desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, impulsó la normativa que elimina la obligación de inspecciones presenciales, permitiendo confiar exclusivamente en certificados emitidos por agencias extranjeras, entre ellas la FDA.
El argumento oficial fue lineal: “menos burocracia, más acceso”. El trasfondo, bastante menos inocente: alinear la regulación local con lo solicitado por Estados Unidos en el marco del acuerdo comercial, incluso antes de firmarlo.
ANMAT debilitada: menos personal, menos presupuesto y más presión política
En paralelo a estos cambios, la ANMAT no solo perdió herramientas: perdió capacidad operativa real.
Congelamiento de vacantes.
No renovación de contratos técnicos.
Reducción de misiones de inspección.
Recortes presupuestarios registrados en las planillas del Presupuesto 2024 y el proyectado 2025.
Presión para acelerar liberaciones sanitarias.
En ese contexto, la eliminación de inspecciones externas equivale a bajar la guardia en medio de una tormenta.
Y la tormenta llegó.
El caso del fentanilo: la evidencia de por qué existen los controles
La causa judicial por el fentanilo contaminado de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo dejó al descubierto un entramado escalofriante: adulteración de controles, planillas falsificadas, reactivos vencidos escondidos bajo la lluvia, trabajadores sin formación empujados a mentir y documentación “dibujada” para simular condiciones inexistentes.
Las testimoniales ante el juez Ernesto Kreplak son devastadoras:
“Me hacían mentir básicamente”, relató la técnica Bárbara Pennisi.
“Envases con partículas o pelos igual se mandaban al rotulado”, declaró Lucía Abeijón.
“Los frascos manchados iban igual”.
“Cambiaron pisos y pintaron todo para la ANMAT, pero nunca vinieron”.
Las conclusiones del Instituto Malbrán confirmaron lo que ya era evidente: los lotes 31202 y 31244 presentaban riesgos significativos, deficiencias graves e inconsistencia en la fabricación.
El resultado: mas de 120 muertes confirmadas y un ministro de salud que se niega a dar la cara.
En ese contexto, reducir la capacidad fiscalizadora del único organismo que puede prevenir estas catástrofes solo puede definirse como temerario.
O como parte de una estrategia.
La pieza que faltaba: el nuevo acuerdo con Estados Unidos
En el día de ayer, la Casa Blanca anunció los lineamientos del marco bilateral. Allí se explicitó lo que desde hacía meses se insinuaba:
Argentina aceptará “los certificados de la FDA y las autorizaciones previas de comercialización para dispositivos médicos y productos farmacéuticos”.
Es decir: si la FDA lo aprueba, entra automáticamente al mercado argentino.
Además, el acuerdo agrega un segundo componente estratégico:
Acceso preferencial a productos estadounidenses, entre ellos “ciertos medicamentos, dispositivos médicos y productos químicos”.
Reforma del sistema de patentes, adecuándolo a estándares internacionales señalados en el Informe Especial 301, documento en el que Estados Unidos ya había criticado a la Argentina por otorgar demasiadas patentes locales y permitir competencia de genéricos.
Nada es casual: Estados Unidos tiene uno de los lobbies farmacéuticos más poderosos del planeta, y este acuerdo es su puerta de entrada directa.
Patentes: el capítulo oculto que definirá el precio de los medicamentos
El acuerdo bilateral obliga a Argentina a:
“Revisar criterios restrictivos de patentabilidad”.
“Reducir atrasos en el otorgamiento de patentes”.
“Alinear la propiedad intelectual a estándares globales más elevados”.
En lenguaje llano: menos genéricos nacionales, más patentes extranjeras, precios más altos.
Las cámaras locales ya anticiparon el riesgo. CILFA advirtió que solo podrá evaluar el impacto cuando conozca el texto final, pero la advertencia es obvia: si la Argentina copia el estándar estadounidense, el costo de los tratamientos crónicos y de alta complejidad se disparará.
CAEME —que agrupa a los laboratorios extranjeros— celebró el pacto sin matices.
Un mercado abierto en bandeja: cómo encaja todo en el plan estadounidense
Tomados por separado, los hechos parecen decisiones aisladas. Observados en secuencia, conforman un patrón claro:
Vaciamiento de la ANMAT.
Eliminación de inspecciones presenciales.
Aceptación automática de certificados de la FDA.
Facilitación de importaciones sin controles equivalentes.
Cambios en el régimen de patentes en favor de laboratorios extranjeros.
Acuerdo comercial redactado en términos estadounidenses.
El caso del fentanilo, lejos de ser una anomalía, se convierte en un ejemplo: si el Estado renuncia a controlar, lo que aparece no es libertad; es riesgo, adulteración y muerte.
Todo esto, ¿a quién beneficia?
No a los pacientes. No a la industria nacional. No a las provincias ni al sistema sanitario.
Beneficia a:
Laboratorios extranjeros, que ya no necesitarán adaptarse al marco argentino.
Multinacionales bajo regulación FDA, con ingreso directo al mercado de 47 millones de habitantes.
Empresas protegidas por un nuevo régimen de patentes, capaz de bloquear genéricos durante años.
Fondos de inversión norteamericanos, que presionan por “proteger propiedad intelectual” en todos los tratados internacionales.
Argentina, mientras tanto, pierde capacidad de fijar reglas en su propio territorio.
Conclusión: un país que renuncia a su soberanía sanitaria
La tragedia del fentanilo demostró qué ocurre cuando los controles se relajan. En vez de reforzar al organismo, el gobierno avanzó hacia su desmantelamiento en nombre de la “innovación” y la “desregulación”.
Hoy, con la subordinación explícita a la FDA, la Argentina cede no ya la fiscalización, sino el criterio sanitario mismo: lo que Estados Unidos considere seguro, deberá considerarse seguro aquí, sin verificación propia.
Es el triunfo perfecto del lobby farmacéutico norteamericano.
Y el riesgo perfecto para millones de argentinos. Cuando esto se implemente no habrá brindis por «salud» que alcance a fin de año.
