La planta de bombeo de Godoy cuenta con una nueva bomba

Mientras el Gobierno insiste en celebrar el ajuste como virtud moral, en silencio desarmó uno de los programas de salud más sensibles del país: el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, una política pública que durante más de una década permitió salvar miles de vidas de recién nacidos con malformaciones cardíacas graves.

Por Alina C. Galifante para NLI

La decisión, ejecutada por el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, no solo implicó el despido del equipo técnico especializado que coordinaba el programa, sino que rompió de un día para el otro la red federal que garantizaba diagnóstico, derivación y cirugía oportuna a bebés de todo el país. No hubo anuncio oficial, no hubo plan alternativo y, lo más grave, no hubo ninguna consideración por las consecuencias humanas.

La periodista Nora Bar, que investigó el tema en profundidad, reconstruyó cómo incluso profesionales que seguían atendiendo casos urgentes se enteraron después de haber sido desplazados, en una escena que resume el nivel de improvisación y desprecio con el que se tomó la medida. No se trató de una reestructuración técnica: fue una decisión política de ajuste brutal.

Un programa que no era gasto, era vida

Las cardiopatías congénitas son una de las principales causas de mortalidad infantil en Argentina. Cada año, miles de bebés nacen con afecciones cardíacas que requieren detección temprana, derivación inmediata y cirugías complejas. El programa nacional articulaba hospitales públicos, equipos médicos y provincias, evitando que el lugar de nacimiento definiera quién vivía y quién no.

Gracias a esa política, Argentina logró reducir drásticamente la mortalidad neonatal por estas patologías, alcanzando estándares comparables con países desarrollados. Todo eso fue puesto en riesgo por una decisión tomada desde un escritorio, con lógica contable y sin respaldo sanitario.

Lugones ejecuta, Milei avala

Nada de esto ocurre en el vacío. El cierre del programa se inscribe en una línea clara del gobierno de Milei: desmantelar el Estado incluso cuando eso implica dañar derechos básicos, como el acceso a la salud de bebés recién nacidos.

Lugones actuó como ejecutor obediente de esa doctrina. Despidió al equipo sin transición, sin protocolos de continuidad y sin ofrecer una estructura alternativa. La consecuencia es un sistema fragmentado, donde cada provincia queda librada a sus recursos, profundizando desigualdades y dejando a muchas familias sin respuesta.

No es eficiencia. Es abandono.

Cuando el ajuste baja a terapia intensiva

El discurso oficial repite que “el Estado no puede hacerse cargo de todo”. Pero lo que no dicen es de qué se hace cargo ahora cuando un bebé nace con una cardiopatía grave en una provincia sin capacidad quirúrgica. Tampoco explican quién asume la responsabilidad si una derivación no llega a tiempo o si una familia queda atrapada en la burocracia.

Este no es un recorte más. Es una decisión que puede traducirse en muertes evitables. Y eso marca un límite político y ético.

Desarmar un programa que salvaba vidas no es una discusión ideológica: es una definición de prioridades. Y el gobierno de Milei ya dejó claro cuáles son las suyas.

Mandatarios provinciales denunciaron un fuerte desfinanciamiento de las provincias, cuestionaron el retiro del Estado nacional y anunciaron que avanzarán con una agenda parlamentaria común para frenar el ajuste territorial del Gobierno.

Por la Redacción de NLI

Seis gobernadores alineados en el peronismo difundieron este martes un documento conjunto en el que reclamaron la recuperación de un “federalismo inclusivo” y advirtieron que las provincias atraviesan un proceso creciente de desfinanciamiento por parte del Gobierno de Javier Milei.

El texto lleva las firmas de Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Gerardo Zamora y Gustavo Melella, quienes coincidieron en cuestionar de manera directa la orientación económica y fiscal del Ejecutivo nacional.

En el documento, los mandatarios subrayaron que el federalismo es uno de los pilares del sistema de gobierno argentino y advirtieron que su debilitamiento no es una cuestión abstracta, sino una política concreta que profundiza desigualdades territoriales y sociales. Para los gobernadores, sin un esquema de distribución equitativa de recursos, no hay desarrollo posible ni cohesión nacional.

Uno de los puntos más duros del texto apunta al retiro progresivo del Estado nacional de funciones esenciales. Según señalaron, las provincias debieron hacerse cargo “casi en soledad” de la prestación de servicios públicos indelegables, sin que esa transferencia de responsabilidades haya sido acompañada por los recursos necesarios para sostenerlas.

A esa situación se suma, remarcaron, una larga lista de incumplimientos financieros, deudas acumuladas y la paralización casi total de la obra pública en todo el país. Para los gobernadores, esta combinación no solo asfixia a las administraciones provinciales, sino que consolida un modelo de país cada vez más desigual, con regiones condenadas al atraso.

El documento también pone el foco en un dato estructural: desde la sanción de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos en 1988, la participación de las provincias en la distribución de recursos cayó del 58% al 42%. En ese marco, alertaron que nuevas iniciativas oficiales, como la reforma laboral que impulsa el Gobierno, podrían agravar aún más el desfinanciamiento federal.

Agenda común en el Congreso

La posición conjunta fue consensuada en una reunión realizada en la Casa de la Provincia de La Pampa, donde los gobernadores coincidieron en que resulta imprescindible rediscutir el federalismo como una verdadera estrategia de desarrollo e inclusión, y no como una consigna vacía.

En ese sentido, anunciaron que avanzarán con una agenda política e institucional común en el Congreso Nacional, con el objetivo de construir mayorías legislativas que frenen el ajuste sobre las provincias. Según expresaron, buscarán acuerdos transversales, más allá de pertenencias partidarias, para defender el bienestar general.

Asimismo, anticiparon que respaldarán todas las iniciativas que fortalezcan la producción, el trabajo y la educación, y que rechazarán aquellas que impliquen quita de recursos o derechos a las provincias, en especial a los productores y trabajadores del interior del país.

“Estamos convencidos de que otra Argentina es posible”, afirmaron los mandatarios, y cerraron el documento con una definición política de fondo: sin federalismo real, sin igualdad de oportunidades y sin respeto por los derechos fundamentales, no hay democracia que se sostenga ni proyecto de país que incluya a todos.