La Dirección de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Villa Regina realizó durante la jornada de este lunes el recambio de una bomba por otra totalmente nueva que incluye motor y tablero eléctrico en la planta de bombeo de agua potable ubicada en General Enrique Godoy. Se trata de un equipo electrosumergible de 100 HP. A su vez también se reparó un motor que servirá para armar otra bomba con el fin de contar con dos bombas necesarias para su óptimo funcionamiento.
Los pozos de fracking se instalan en medio de las chacras y pegado a zonas urbanas. Los vecinos que conviven con esta actividad se quejan de: el ruido las 24 hs, vibraciones que rompen sus casas, problemas de salud, agua contaminada, gases en el ambiente, infertilidad del suelo. También cuentan de enfermedades que empezaron después de la llegada de las torres, como enfermedades en la piel, en el sistema digestivo y respiratorio.
El ministro de Economía de Pullaro, Pablo Olivares, siguió la operación desde Wall Street que concretó un préstamo internacional millonario para financiar obra pública, proyectos energéticos y seguridad. El funcionario fue a buscar 500 millones y se vino con crédito por 800 cuando el mercado terminó ofreciendo más de mil ochocientos millones de dólares.
El financiamiento se consiguió mediante la colocación del bono SF34 que reunió 800 millones de dólares: «Es un día histórico para Santa Fe: los inversores extranjeros demostraron su confianza por la Provincia», declaró Olivares desde el distrito financiero de Manhattan.
«La operación confirma la fortaleza fiscal y la solvencia institucional del Gobierno Provincial para salir a los mercados internacionales en condiciones favorables», agregó el funcionario exultante por el resultado.
El financiamiento por 800 millones de dólares a 9 años con una tasa nominal del 8,10 % se consiguió por el bajo nivel de endeudamiento de Santa Fe, la gestión ordenada y transparente de las cuentas públicas, y un detalle no menor; junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los únicos dos gobiernos subnacionales que nunca reestructuraron su deuda, señaló el ministro de Economía.
El financiamiento por 800 millones de dólares a 9 años con una tasa nominal del 8,10 % se consiguió por el bajo nivel de endeudamiento de Santa Fe, la gestión ordenada y transparente de las cuentas públicas
En diálogo con La Política Online, funcionarios de Economía provincial negaron que exista algún cortocircuito con el ministro Luis «Toto» Caputo a raíz del endeudamiento como circuló en algunos medios locales: «No nos llegó directa ni indirectamente ninguna señal ni mensaje y tenemos luz verde para salir», dijeron.
Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe
De hecho, en el Ministerio de Economía de Santa Fe señalaron que el crédito internacional que toman las provincias en dólares ingresa al Banco Central que gira pesos y las divisas externas quedan en la cuenta corriente nacional.
Además, en la Casa Gris festejaron porque recibieron ofertas por USD 1.800 millones de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 inversores minoristas. «Ese monto de oferta global incluyó una oferta local por USD 350 millones realizada por mas de 800 inversores bancarios, institucionales y minoristas de la Argentina, lo cual es una fuerte señal de apuesta de inversores nuestro país a invertir en el crédito de la Provincia de Santa Fe», destacó Olivares.
En la Casa Gris festejaron porque recibieron ofertas por USD 1.800 millones de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 inversores minoristas
El ministro consideró que lo ocurrido en Wall Street este jueves con Santa Fe «es también una buena noticia para el país, porque es una señal de la confianza en la Argentina para su inserción en los mercados internacionales».
En cuanto al destino de los fondos, el gobernador Pullaro dijo que se orientarán a financiar obras estratégicas «Este financiamiento se aplicará a proyectos energéticos, rutas, infraestructura de seguridad y obras sociales que impactan de manera directa en el desarrollo de Santa Fe».
Entre los destinos prioritarios de la inversión figuran los grandes gasoductos que ampliarán la matriz energética y reducirán costos logísticos para la industria; obras destinadas a optimizar la infraestructura vial, con foco en la modernización y el mantenimiento de rutas claves para la circulación de bienes; y proyectos vinculados a la seguridad pública, como nuevas Estaciones Policiales, adquisición de móviles, equipamiento y mejoras en el sistema penitenciario.
Además, se financiarán obras de infraestructura social en distintos puntos del territorio, orientadas a mejorar la calidad de vida y acompañar el desarrollo urbano y comunitario. El financiamiento internacional permitirá acelerar estas intervenciones y dotar de mayor previsibilidad al plan plurianual de obra pública, dijeron.
Martín y Lule Menem decidieron descargar el peso de su propia derrota parlamentaria con el presupuesto en Luis «Toto» Caputo, el ideólogo del capítulo XI del proyecto que terminó complicando no solo la ley de leyes sino también el tratamiento de la reforma laboral en el Senado.
Fuentes del oficialismo apuntaron por lo bajo que la redacción de esa parte del articulado «no fue adecuada», una de las endebles conclusiones a las que habría llegado un puñado de diputados oficialistas 48 horas después del porrazo en el recinto.
Lo curioso es que el gobierno podría haberse llevado la ley si hubiese abierto la votación por artículos y hubiese aceptado el rechazo al artículo 75, que proponía la derogación del aumento para las universidades y la emergencia en discapacidad. Pero para blindar ese artículo, que contraría la ley de administración financiera, Menem pretendía que se vote junto a todos los artículos del fatídico capítulo, incluyendo los que barrían con los subsidios por zonas frías, la actualización de las asignaciones familiares y la AUH y la prórroga a la emergencia del Garrahan, entre otros temas.
Un diputado libertario reconoció ante LPO que el ministro de Economía «es el responsable de la elaboración de ese capítulo pero la estrategia para lograr la sanción corría por cuenta de la mesa política», en referencia al ámbito que integran no solo los Menem sino también Javier y Karina Milei, Santiago Caputo, Patricia Bullrich y Manuel Adorni.
El presidente de la Cámara Baja y su primo, el subsecretario de la Presidencia, habrían elegido como chivo expiatorio a Toto, que hasta el miércoles era el hombre fuerte del gobierno y tenía espalda para hacer sin consultar a Karina. «Le tiran el fardo a Caputo sin asumir que ellos vieron los artículos pero fueron al recinto con soberbia, creyendo que les aprobaban por los ATN y las negociaciones», dijo una fuente al tanto de las conversaciones.
En efecto, fue el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, quien planteó en reunión de labor parlamentaria que el oficialismo pretendía que la votación en particular, después de la aprobación del presupuesto en general, fuese capítulo por capítulo. Myriam Bregman, Germán Martínez, Paula Penacca y Pablo Juliano resistieron la propuesta del cordobés, que según deslizó uno de sus colegas de bancada no dice nada que no haya acordado previamente con Menem.
De hecho, el riojano intervino en ese ámbito y apeló al antecedente de la moción de Margarita Stolbizer para la votación de la Ley Bases, cuando también se procedió capítulo por capítulo en la votación. «Así le fue, porque después dijo que se arrepintió y ahora no es más diputada», le contestaron. Ante la falta de acuerdo, la discusión terminó explotando en el recinto.
Gabriel Bornoroni, en Diputados.
Por eso, tuvieron que desembarcar Lule Menem y Diego Santilli para tratar de convencer a los diputados que responden a los gobernadores de que apoyaran la ley, haciendo valer los giros de miles de millones de pesos a distintas provincias durante los últimos días. Sin embargo, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, que pusieron cinco de sus seis legisladores a votar con la oposición, recibieron los fondos y mandaron a sus diputados a votar contra la Casa Rosada, una demostración palmaria de que la estrategia de los Menem en la relación con los gobernadores fue torpe o limitada.
Uno de los tucumanos del bloque Independencia había admitido a LPO que «no se sabe cómo sortear la trampa de la votación por capítulos pero la decisión del gobernador es defender las universidades y los discapacitados». Jalil, por su parte, habría avisado a los Menem que no podía ofrecer el voto de Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Moguillot, los tres catamarqueños que se fueron de Fuerza Patria para armar su propio espacio bajo el nombre Elijo Catamarca.
Los Menem son como el Pacman.
De este modo, al gobierno se le secaban las peceras donde podía pescar voluntades a su favor y, mientras buscaba desesperadamente esos respaldos, ningún operador detectó el drenaje que se producía por el lado del radicalismo, donde tres de sus seis integrantes ayudaron a la oposición: el entrerriano Darío Schneider y el chaqueño Osvaldo Cipolini se abstuvieron, y el correntino Diógenes González votó en contra del capítulo.
Por lo demás, LPO informó que Toto Caputo se habría quejado ante Mauricio Macri de que Santilli prometía más de lo que él podía cumplir con sus restricciones presupuestarias y, al mismo tiempo, más de un gobernador mostró cierto hartazgo ante la subordinación de Santilli a la definición final del ministro cada vez que un cacique provincial llegaba con su carpeta de reclamos al encuentro con el ministro del Interior. «Los gobernadores terminaron cobrándole a Santilli la cara de teflón de (Guillermo) Francos», comentó un aliado del gobierno.
Al cierre de esta nota, era una incógnita si la bronca de los Menem con Caputo podía escalar pero un libertario de diálogo directo con Milei deslizó que «los Menem son como el Pacman», una alusión al videojuego de la simpática criatura amarilla que se comía todos los puntos sobre la pantalla. «Venía tan sobrado que no se dio cuenta de lo que podía llegar a pasar. Decían: ‘Naaah, pasa, pasa igual’. Ahora que explotó todo, le echa la culpa al otro», agregó.
El diputado Guillermo Michel alertó este sábado sobre un tajo de USD 3000 millones que la reforma laboral produciría en los recursos de Anses, a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que el gobierno busca crear para el pago de indemnizaciones por despidos. El recorte agudizaría la crisis del sistema previsional argentino, producto del crecimiento de la informalidad laboral y el peso de la relación desequilibrada entre la cantidad de jubilados con cobertura previsional y el total de la población económicamente activa que realiza aportes en el sistema solidario de reparto.
La gentileza de los impulsores del proyecto con las empresas recorta un 3 por ciento sobre las contribuciones patronales y las obliga a colocar esa suma de dinero en agencias habilitadas por la CNV, dando lugar al surgimiento de minis AFJP.
PLos empleadores con más de 100 empleados registrados pagan 20 por ciento de la masa salarial por aportes, mientras que las firmas con menos de 100 trabajadores tributan un 18 por ciento. Como la iniciativa parlamentaria de Javier Milei y Federico Sturzenegger propone una poda «plana» sobre todos los rubros, sin distinción por magnitud del empleador, el legislador entrerriano estimó que Ansés perdería USD 3000 millones.
En efecto, entre los artículos 58, 59 y 60 se establece el modo en que se constituye el fondo, al tiempo que el artículo 76 deja en claro que el invento no supone un incremento en las contribuciones patronales. «Los empleadores tendrán una reducción de TRES (3) puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 27.541 y sus modificatorias», dice la ley.
Por eso, Michel plantea que «para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social».
El diputado peronista consigna que, según datos de Seguridad Social, hasta agosto de este año había «437.587 empleadores -el 84% del total- que tienen registrados hasta 10 empleados». Ese conjunto totaliza 1.197.094 trabajadores formalizados, el 18% de los registrados.
Además, «hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores», apunta Michel. «El 1,8 por ciento de las empresas concentra el 63 por ciento de los empleados», agrega.
Para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social. Hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores.
Esa discriminación habilita la inquietud acerca de qué sector se beneficia más con la ley que cuyo tratamiento el gobierno debió postergar por el fracaso legislativo del miércoles pasado en la Cámara de Diputados, con el presupuesto. «El sueldo promedio de los trabajadores que trabajan en empresas chicas, es decir de hasta 10 empleados, es de $ 1 millón. En cambio, en las empresas que emplean 100 o más empleados el sueldo promedio mensual es de $ 2,2 millones», señaló Michel en un documento de trabajo al que accedió LPO.
Pero el sueldo promedio es más alto a medida que se escala en la pirámide empresarial por cantidad de empleados. En las empresas con más de 1500 empleados, y hasta 2500, el salario promedio es de $2,4 millones pero en las que acreditan entre 2500 y 5000 es de $2,5 millones y en las de más de 5000 es de $3,3 millones.
Por eso, la información pública disponible en el registro de Seguridad Social indica que el 37% de la masa salarial lo aportan empresas con hasta 100 empleados y que el 63% restante, empresas con más de 100 empleados. «Estos empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones», asegura el diputado.
Empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones.
Si bien el proyecto de presupuesto 2026 prevé una recaudación de 55 billones de pesos por contribuciones patronales, la reforma laboral desfinanciaría al Sistema de la Seguridad Social en $4,8 billones. «Es el 0,46 por ciento del PBI y el equivalente a USD 3.000 millones considerando la evolución del dólar con el esquema de bandas actuales», dice Michel.
Existe, por otra parte, una dificultad para mensurar el impacto: el gobierno asegura que la ley aplicará sobre los nuevos empleos que se generen pero en ninguno de sus artículos se aclara ese aspecto explícitamente. Ese detalle puso de manifiesto el senador Mariano Recalde ante el secretario de Trabajo, Julio Cordero, cuando asistió esta semana al Senado para defender el proyecto del oficialismo.
Por último, Michel advierte sobre el golpe a las provincias, algo que gobernadores como Martín Llaryora ya detectaron. En base al coeficiente general de la ley de coparticipación, las provincias podrían terminar resignando 1,45 puntos porcentuales del PBI de recursos.
El Intendente Marcelo Orazi firmó esta mañana el convenio para implementar en la ciudad el programa ‘Centros Rionegrinos de Abordaje Integral de las Adicciones’ (CRAIA). El mismo fue rubricado con la Directora Ejecutiva de la Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y de las Adicciones, Mabel Dell Orfano. Estos Centros…
El máximo tribunal paraguayo rechazó la apelación de la defensa del exsenador entrerriano y de su entonces secretaria, y dejó firme la elevación a juicio oral prevista para abril de 2026. La causa se originó tras la detención de Kueider con más de 200 mil dólares sin declarar en la triple frontera.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Imagen: Info24RG
La Corte Suprema de Justicia de Paraguay rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del exsenador argentino Edgardo Kueider y de su entonces secretaria Iara Guinsel, confirmando que la causa por contrabando de divisas será elevada a juicio oral en abril de 2026. La decisión deja sin efecto el intento de frenar el proceso judicial iniciado tras un episodio que generó fuerte impacto político y judicial en la región.
El recurso había sido presentado por los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, quienes pretendían que se revisara la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal del Paraguay y, en ese marco, solicitaban el sobreseimiento definitivo de los imputados. Sin embargo, el Máximo Tribunal consideró que el planteo no cumplía con el requisito de impugnabilidad objetiva, condición necesaria para habilitar la instancia de apelación.
Los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera fueron categóricos al sostener que la defensa intentaba avanzar sobre una figura legal inexistente, y remarcaron que habilitar ese tipo de recursos podría abrir la puerta a un uso abusivo de las herramientas procesales, dilatando indebidamente los tiempos judiciales.
Un revés judicial que deja el juicio firme
La resolución de la Corte Suprema ratificó decisiones previas del sistema judicial paraguayo. En primera instancia, el planteo ya había sido rechazado por el juez Humberto Otazú, del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos, y luego confirmado por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal especializado en crimen organizado. Con este nuevo fallo, el camino hacia el juicio oral quedó definitivamente despejado.
De este modo, doce meses después de su detención, Edgardo Kueider deberá enfrentar un proceso judicial por contrabando de divisas, una figura penal que en Paraguay contempla sanciones severas, especialmente cuando se trata de montos elevados y maniobras transfronterizas.
La detención en la triple frontera
Kueider fue detenido en la madrugada del 4 de diciembre de 2024 en el Puente de la Amistad, en plena triple frontera. Agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de Paraguay encontraron en el vehículo en el que viajaba —una Chevrolet Trailblazer— más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de 4 millones de pesos argentinos, distribuidos en bolsos y compartimentos ocultos.
El exsenador entrerriano se desplazaba desde Foz do Iguazú hacia Ciudad del Este, sin haber declarado el dinero transportado, lo que activó de inmediato el procedimiento por contrabando. El caso expuso, además, los vínculos entre poder político, circulación ilegal de divisas y zonas históricamente sensibles para el delito económico.
La confirmación del juicio representa un nuevo golpe judicial para Kueider y refuerza la gravedad de una causa que, lejos de diluirse con el paso del tiempo, avanza hacia su etapa decisiva.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
