La nueva cruzada ideológica de Trump que Milei ya abraza: cómo Estados Unidos busca construir una alianza global contra la izquierda y por qué preocupa el rol de la Argentina
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La nueva cruzada ideológica de Trump que Milei ya abraza: cómo Estados Unidos busca construir una alianza global contra la izquierda y por qué preocupa el rol de la Argentina

 

La participación del Gobierno de Javier Milei en una cumbre impulsada por Donald Trump abrió interrogantes sobre el alineamiento argentino con una estrategia internacional que busca construir una coalición contra la izquierda y ampliar la cooperación en inteligencia y seguridad.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

Alejandra Monteoliva, Andrew Bailey y Peter Lamelas

Detrás de una cumbre internacional presentada oficialmente como un encuentro para fortalecer la cooperación contra el terrorismo, la administración de Donald Trump comenzó a desplegar una estrategia mucho más ambiciosa: construir una coalición internacional que identifique a la izquierda como una amenaza geopolítica. La presencia de funcionarios argentinos en ese encuentro no pasó inadvertida y abrió interrogantes sobre el rumbo que está tomando la política exterior de Javier Milei y el grado de alineamiento que su gobierno está dispuesto a asumir con Washington.

Durante buena parte de su gestión, Javier Milei convirtió la llamada «batalla cultural» en uno de los ejes centrales de su discurso político. El Presidente no sólo planteó una confrontación permanente contra el socialismo, el progresismo y lo que denomina «la agenda woke», sino que además buscó internacionalizar esa pelea participando de foros conservadores y estrechando vínculos con referentes de la nueva derecha global. Sin embargo, lo que hasta hace poco parecía limitarse al plano discursivo comienza ahora a trasladarse al terreno de la diplomacia, la seguridad y la inteligencia internacional.

Ese cambio de escala quedó expuesto tras la cumbre organizada por la administración de Donald Trump, donde participaron representantes de más de sesenta países y a la que la Argentina asistió a través del vicecanciller Pablo Quirno. Según reveló la periodista Luciana Bertoia, la reunión no estuvo orientada únicamente a fortalecer mecanismos tradicionales de cooperación contra organizaciones terroristas, sino que tuvo como uno de sus objetivos centrales comenzar a articular una coalición internacional frente a lo que Washington define como la amenaza del «terrorismo de izquierda», una categoría que abre numerosos interrogantes por su amplitud conceptual y por las consecuencias que podría tener en términos políticos e institucionales.

Una definición de «terrorismo» que ya no parece limitarse a organizaciones armadas

Uno de los aspectos más relevantes del encuentro es que la administración estadounidense comenzó a utilizar un lenguaje que amplía considerablemente el concepto tradicional de terrorismo. Históricamente, esa categoría estuvo asociada a organizaciones armadas específicas cuya caracterización surgía de tratados internacionales, resoluciones de Naciones Unidas o listados confeccionados por distintos Estados. Sin embargo, el discurso presentado durante esta cumbre parece incorporar una dimensión mucho más ideológica, donde la principal preocupación deja de ser exclusivamente la existencia de grupos armados para pasar a concentrarse también en organizaciones y movimientos que Estados Unidos considera parte de una amenaza política vinculada a la izquierda internacional.

Ese corrimiento no es un detalle menor. Cuando una categoría jurídica tan sensible como la de terrorismo comienza a mezclarse con definiciones ideológicas, inevitablemente aparecen preguntas sobre cuáles serán los límites de esa clasificación, qué actores podrían quedar incluidos bajo ese paraguas y hasta dónde podrían extenderse los mecanismos de vigilancia, cooperación e intercambio de información entre los distintos países participantes.

Por ese motivo, distintos especialistas en derecho internacional y organismos de derechos humanos vienen advirtiendo desde hace tiempo que cualquier ampliación de esas categorías exige controles institucionales particularmente rigurosos para evitar que herramientas diseñadas para combatir organizaciones violentas terminen utilizándose con finalidades políticas.

El alineamiento con Washington ya dejó de ser solamente diplomático

Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el acercamiento con Estados Unidos se transformó en uno de los pilares de la política exterior argentina. Las coincidencias ideológicas con Trump, la afinidad con sectores conservadores norteamericanos y el respaldo permanente a la agenda impulsada por Washington en distintos organismos internacionales fueron consolidando una relación que ya trascendió el plano estrictamente diplomático.

En los últimos meses comenzaron a multiplicarse las reuniones entre funcionarios de ambos gobiernos en áreas sensibles como seguridad, defensa e inteligencia. La reciente visita a la Argentina de autoridades del FBI y la participación de representantes nacionales en distintos encuentros organizados por Estados Unidos forman parte de esa profundización del vínculo, que para el oficialismo representa una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional, pero que para buena parte de la oposición implica un proceso de alineamiento cuya magnitud todavía no fue suficientemente explicada ante la sociedad.

Porque una cosa es coordinar acciones contra organizaciones terroristas internacionalmente reconocidas y otra muy distinta es integrar una estrategia geopolítica donde la definición misma de quién constituye una amenaza pasa a depender, en buena medida, de criterios políticos establecidos por la principal potencia mundial.

Las preguntas que la Cancillería todavía no respondió

Hasta el momento, el Gobierno argentino no difundió documentación oficial que permita conocer con precisión qué compromisos asumió durante esa reunión ni cuál fue exactamente la posición que llevó la delegación encabezada por Pablo Quirno.

Tampoco explicó si la participación argentina implicará nuevos acuerdos de intercambio de información entre organismos de inteligencia, si habrá modificaciones en los mecanismos de cooperación existentes o si se avanzará en convenios específicos con agencias estadounidenses.

Ese vacío informativo comenzó rápidamente a generar pedidos de informes desde distintos sectores opositores, que consideran indispensable que el Congreso conozca el alcance de cualquier entendimiento que pueda afectar áreas tan sensibles como la inteligencia, la seguridad nacional o la política exterior.

La preocupación no gira únicamente alrededor del contenido de la reunión, sino también sobre el modo en que este tipo de acuerdos suelen desarrollarse, muchas veces mediante memorandos o mecanismos de cooperación administrativa que no siempre reciben un debate público acorde con su importancia institucional.

De la batalla cultural a una política internacional coordinada

Quizás el dato más significativo de todo este episodio sea que la denominada batalla cultural, que durante años funcionó como una herramienta de construcción política y electoral para las nuevas derechas occidentales, comienza a institucionalizarse como un eje de coordinación entre gobiernos.

Lo que antes aparecía como un discurso pronunciado en campañas, conferencias o foros ideológicos empieza ahora a traducirse en reuniones diplomáticas, estrategias de seguridad y posibles mecanismos permanentes de cooperación internacional.

En ese contexto, la participación argentina adquiere una relevancia que excede largamente un simple encuentro protocolar. Si el Gobierno efectivamente acompaña la estrategia impulsada por Washington, la Argentina podría quedar incorporada a una arquitectura internacional cuya lógica ya no se limita a combatir organizaciones terroristas tradicionales, sino que incorpora una fuerte dimensión ideológica en la definición de las amenazas globales.

Por eso, más allá de las simpatías o diferencias políticas que puedan existir respecto del gobierno de Milei o de la administración Trump, el debate de fondo pasa por otra cuestión mucho más trascendente: hasta dónde puede llegar el alineamiento internacional de un país sin que exista una discusión pública, parlamentaria e institucional sobre los compromisos que ese alineamiento implica, especialmente cuando involucra áreas tan sensibles como la inteligencia, la seguridad y la definición misma de quiénes pasan a ser considerados enemigos políticos en el escenario internacional.

 

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    El día que Argentina se convirtió en potencia nuclear: la historia de una política científica que nació hace más de 70 años

     

    Mientras muchos países en desarrollo quedaron relegados a importar tecnología, Argentina construyó durante décadas una capacidad nuclear propia que la ubicó entre las naciones con mayor conocimiento en la materia. Desde el primer reactor de investigación de América Latina hasta la exportación de tecnología a otros países, la trayectoria de la Comisión Nacional de Energía Atómica muestra cómo una política de Estado sostenida puede transformar conocimiento científico en soberanía.

    Por Redacción de NLI

    La energía nuclear suele asociarse en el imaginario mundial con las grandes potencias militares o con países que poseen enormes recursos económicos. Sin embargo, existe una historia menos conocida: la de un grupo reducido de naciones que logró desarrollar capacidades nucleares con fines pacíficos, y entre ellas Argentina ocupa un lugar destacado.

    La historia comenzó oficialmente en 1950, cuando el país creó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), uno de los organismos científicos más antiguos de la Argentina. En una época donde el dominio de la tecnología nuclear estaba concentrado en Estados Unidos, la Unión Soviética y unas pocas naciones europeas, Argentina decidió apostar por la formación de científicos, la investigación propia y el desarrollo de infraestructura tecnológica.

    Esa decisión permitió que, con el paso de las décadas, el país construyera reactores de investigación, centrales nucleares, empresas tecnológicas y una cadena de especialistas capaces de intervenir en proyectos de enorme complejidad.

    La experiencia argentina demuestra que la ciencia no avanza únicamente por tener recursos abundantes, sino también por la existencia de políticas públicas que sostengan objetivos estratégicos durante generaciones.

    El primer reactor nuclear de América Latina

    Uno de los primeros grandes hitos ocurrió en 1958, cuando Argentina puso en funcionamiento el RA-1 Enrico Fermi, el primer reactor nuclear de investigación de América Latina.

    El logro fue extraordinario para la época. Mientras muchos países de la región dependían completamente de tecnología extranjera, científicos argentinos habían desarrollado la capacidad para operar una instalación nuclear propia.

    El reactor no tenía como objetivo la producción de energía eléctrica, sino la investigación científica, la formación de especialistas y el desarrollo de aplicaciones vinculadas con la medicina, la industria y la agricultura.

    Aquel proyecto marcó el nacimiento de una comunidad científica nuclear argentina que con el tiempo alcanzaría reconocimiento internacional.

    De la investigación a la generación de energía

    Décadas más tarde, Argentina avanzó hacia la construcción de centrales nucleares destinadas a producir electricidad.

    La inauguración de Atucha I en 1974 convirtió al país en el primero de América Latina en contar con una central nuclear de potencia. Posteriormente llegó Embalse, en Córdoba, y más adelante Atucha II, completando un sistema que permitió incorporar generación eléctrica de origen nuclear a la matriz energética nacional.

    Más allá de las diferencias políticas y económicas de cada etapa histórica, el desarrollo nuclear argentino tuvo una característica particular: la búsqueda de capacidades propias.

    No se trató solamente de comprar una central y operarla, sino de formar técnicos, crear proveedores nacionales y desarrollar conocimientos que permitieran intervenir en distintos aspectos de la tecnología.

    INVAP y la capacidad argentina de exportar conocimiento

    Uno de los ejemplos más destacados del desarrollo tecnológico argentino es INVAP, empresa estatal de la provincia de Río Negro que se convirtió en una referencia internacional en áreas como tecnología nuclear, radares y satélites.

    La empresa participó en proyectos de reactores de investigación que fueron exportados a países como Australia, demostrando que Argentina no solo podía consumir tecnología avanzada, sino también producirla y venderla al exterior.

    Ese punto resulta central para entender la importancia estratégica de la ciencia. La inversión en conocimiento no genera únicamente publicaciones académicas: también puede convertirse en industria, empleo calificado y capacidad exportadora.

    Cada reactor, cada satélite o cada desarrollo tecnológico argentino tiene detrás una cadena invisible de universidades, investigadores, técnicos y trabajadores formados durante años.

    La ciencia como cuestión de soberanía

    El desarrollo nuclear argentino también estuvo atravesado por debates políticos. A lo largo de las últimas décadas hubo momentos de expansión y períodos de reducción de inversiones, pero la capacidad acumulada permitió que el país conservara un lugar relevante.

    Especialistas suelen señalar que áreas de alta complejidad tecnológica no pueden desarrollarse con una lógica de corto plazo. Formar científicos e ingenieros, construir laboratorios y sostener equipos de investigación requiere décadas de esfuerzo, mientras que desmantelar esas capacidades puede ocurrir en pocos años.

    Por eso, la discusión sobre ciencia y tecnología no se limita a una cuestión presupuestaria. También involucra el modelo de país que se pretende construir.

    Un país que desarrolla tecnología propia tiene mayores herramientas para decidir sobre su futuro. Uno que depende exclusivamente de proveedores externos queda condicionado por decisiones tomadas fuera de sus fronteras.

    Un legado que vuelve a estar en discusión

    En un mundo donde la energía, la tecnología y los recursos estratégicos ocupan un lugar cada vez más importante, la experiencia nuclear argentina adquiere una nueva relevancia.

    La transición energética, la necesidad de reducir emisiones contaminantes y la creciente demanda de electricidad vuelven a poner a la energía nuclear en el centro del debate internacional.

    Para Argentina, el desafío consiste en aprovechar una capacidad construida durante más de siete décadas y adaptarla a los nuevos desafíos tecnológicos.

    La historia nuclear argentina es una prueba de que un país latinoamericano puede desarrollar conocimiento de frontera cuando existe una decisión política sostenida, instituciones fuertes y una comunidad científica capaz de transformar ideas en tecnología.

    En tiempos donde muchas veces se discute la ciencia únicamente como un gasto, la trayectoria de la CNEA muestra otra realidad: detrás de cada investigador formado y cada laboratorio funcionando existe una herramienta concreta de desarrollo, independencia y soberanía nacional.

     

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  • La justicia federal de Córdoba cruje por su propio caso Adorni

     

    La Justicia Federal de Córdoba atraviesa la mayor crisis institucional de las últimas décadas. En menos de cuatro meses, los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi (pareja entre sí) quedaron en el centro de dos investigaciones penales que, combinadas, amenazan con sacudir el funcionamiento del principal tribunal federal de la provincia y con exponer un presunto entramado de favores entre la pareja de magistrados y el poder económico.

    La última ofensiva llegó este viernes, cuando los fiscales Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, y Maximiliano Hairabedián, titular de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, promovieron una nueva acción penal contra ambos jueces por el presunto delito de admisión de dádivas.

    El expediente sostiene que la pareja de magistrados habría recibido un vuelo privado a Punta del Este, valuado en unos 34.000 dólares, mientras intervenían en expedientes vinculados con empresarios que aparecen relacionados con la aeronave utilizada para el viaje.

    La nueva causa se suma a otra investigación, iniciada en abril, en la que Sánchez Torres y Montesi ya están siendo investigados por supuestamente manipular la integración de las salas de la Cámara Federal de Córdoba para intervenir en expedientes de alto impacto económico, especialmente causas tributarias y penales contra empresarios.

    La hipótesis de los fiscales apunta a un mismo patrón de comportamiento: la utilización de la estructura interna de la Cámara Federal para influir en causas sensibles y la posible existencia de contraprestaciones indebidas provenientes de sectores empresarios beneficiados por algunas resoluciones judiciales.

    La investigación más reciente reconstruyó un viaje realizado entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2024. Según los registros migratorios incorporados al expediente, Sánchez Torres y Montesi viajaron desde Córdoba hacia Punta del Este en un avión privado matrícula LV-WTP y regresaron cuatro días después en la misma aeronave.

    Los fiscales calcularon que un vuelo de esas características tiene un costo cercano a los 17.000 dólares por tramo, por lo que el beneficio económico recibido rondaría los 34.000 dólares.

    El principal interrogante de la investigación es quién pagó ese viaje.

    Los allanamientos realizados hasta el momento no permitieron identificar al supuesto financista, pero la fiscalía encontró una serie de vínculos societarios que conducen hacia dos grupos empresarios con fuerte presencia en Córdoba: Porta Hermanos y el Grupo Astori.

    La aeronave pertenece a Airjet S.A., una sociedad que durante años fue presidida por José Vicente Ramón Porta. La investigación sostiene además que integrantes de la familia Porta continuaron utilizando ese avión aun después de dejar formalmente la conducción de la compañía.

    Ese dato adquirió relevancia porque Montesi intervino durante años en el expediente ambiental iniciado por vecinos de barrio San Antonio, de la ciudad de Córdoba, contra Porta Hermanos por la actividad de su planta de bioetanol.

    En varias oportunidades la camarista votó en disidencia respecto del resto de sus colegas para rechazar medidas reclamadas por los vecinos, entre ellas la exigencia de una evaluación de impacto ambiental.

    Más recientemente, en septiembre de 2025, Sánchez Torres y Montesi integraron la mayoría que dejó sin efecto una multa tributaria aplicada a Porta por la entonces AFIP, hoy ARCA.

    La segunda línea investigativa conduce al Grupo Astori.

    Según la reconstrucción realizada por los fiscales, los camaristas habrían compartido el viaje a Uruguay con María Pía Astori y Guillermo Alberto Assales, presidente de Astori Estructuras S.A.

    Esa empresa aparece vinculada al Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar, protagonista de una larga disputa judicial contra el Estado Nacional y la Fuerza Aérea por terrenos ubicados en Córdoba.

    Lo que llamó la atención de los investigadores es que Sánchez Torres y Montesi continuaron interviniendo en esos expedientes antes y después del viaje sin excusarse pese a la presunta relación personal con empresarios ligados al litigio.

    Los fiscales consideran que esos elementos son suficientes para sospechar que los jueces aceptaron una dádiva de personas con intereses concretos en causas bajo su competencia.

    Pero el expediente por el vuelo privado no es el único problema judicial de los camaristas.

    En abril, Hairabedián y Turano impulsaron otra investigación que puso bajo la lupa el funcionamiento interno de la Cámara Federal de Córdoba.

    En esa causa se denuncia que Sánchez Torres habría alterado deliberadamente la integración de las salas para asegurarse intervenir en expedientes específicos, particularmente investigaciones por evasión tributaria vinculadas a ejecutivos de la cerealera Bunge y otros procesos de gran impacto económico.

    La denuncia sostiene que el mecanismo consistía en modificar las integraciones naturales de las salas de la Cámara que ambos magistrados integran, lo que podría haber beneficiado a grandes empresarios en casos de evasión.

    Ese expediente incorporó además un capítulo especialmente delicado: una secretaria judicial denunció haber sufrido violencia laboral por negarse a participar de esas maniobras administrativas.

    En los tribunales federales nadie recuerda un escenario semejante.

    La Cámara Federal de Córdoba es el órgano revisor de todas las decisiones adoptadas por los juzgados federales de la provincia. Allí se resuelven causas por narcotráfico, corrupción, delitos tributarios, lavado de dinero y conflictos con los principales grupos económicos del centro del país.

    Fuentes judiciales no descartan que las próximas medidas incluyan un análisis patrimonial de ambos magistrados y la profundización de las pericias sobre los vínculos societarios entre Airjet, Porta y el Grupo Astori.

    Las investigaciones acabaron con la estrategia de Sánchez Torres de convertirse en ministro de la Corte Suprema de la Nación, con el aval de Martín Llaryora y otros gobernadores. El propio Sánchez Torres le expuso su plan a Roberto Urquía en un bar de Córdoba meses atrás. Allí, Sánchez Torres intentó convencer al dueño de General Deheza de que lo avale en el círculo rojo para destrabar cualquier resistencia a su llegada al máximo tribunal. La jugada fue coincidente con la caída de Ariel Lijo.

     

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