PorMunicipalidad Villa Regina
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El Secretario de Coordinación, Ariel Oliveros, fue el encargado, esta mañana, de la entrega del premio.
El ganador fue Franklyn Quezada Quintino, contribuyente N° 7748, quién recibió, junto a su mujer, el premio en las instalaciones de la Municipalidad.
Felicitaciones Franklyn!
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La provincia de Buenos Aires a cargo de Axel Kicillof y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires liderada por Jorge Macri no sólo «compiten» en términos fiscales, turísticos y políticos, sino que también lo hacen en el ámbito de las inversiones: ambas gestiones emitieron bonos en dólares que hoy se pueden operar a través del mercado de capitales.
Actualmente, PBA cuenta con cuatro bonos (BB37D, BA37D, BA7DD y BB7DD) con vencimiento en septiembre de 2037 que pagan cupón de forma semestral y ofrecen una tasa interna de retorno (TIR) de alrededor del 12% en dólares.
Por su parte, CABA acaba de cerrar una de las emisiones internacionales más exitosas del año: colocó deuda por USD 500 millones con vencimiento en 2036 a una tasa de aproximadamente el 7,4%.
La Ciudad colocó bonos al 7,3%, la tasa más baja de su historia
Ante la situación, los inversores se preguntan qué deuda elegir, dado que la alternativa provincial brinda un retorno mucho mayor, pero la opción porteña se considera mucho más segura por la situación financiera de la ciudad.
«Las provincias en general vienen mostrando un deterioro marcado en sus cuentas: pasaron de superávit a déficit el año pasado, con fuerte suba del gasto, y este año arrancaron con caída importante de recursos automáticos, tanto que varias tuvieron que pedir adelantos de coparticipación a Nación. PBA está dentro de ese universo provincial. CABA, en cambio, mantuvo cuentas más ordenadas, con menor dependencia de transferencias nacionales, base tributaria propia robusta y no necesitó asistencia», comentó Justina Gedikian, estratega de bonos en Cohen Aliados Financieros.
Para un perfil conservador, para quien quiera dolarizarse durmiendo quizás más tranquilo, los títulos de CABA son la elección sensata. Un perfil más agresivo puede ir por PBA donde las tasas están por encima de los soberanos y los de ciudad. Un 12% de TIR es un premio muy interesante.
«CABA presenta ventajas concretas. Su historial de pago es sólido, comparable al de otras provincias con reputación crediticia probada como Córdoba, Neuquén y Chubut. PBA, en cambio, acumula antecedentes más complejos. A eso se suma un factor que el mercado pondera cada vez más abiertamente: la variable política. Hoy, CABA y PBA están gobernadas por fuerzas de signo opuesto, con discursos muy distintos frente al mercado de capitales. Cuando un gobernador muestra poca afinidad con los acreedores o señales negativas hacia la deuda, el mercado responde con castigo en precios. Es decir, exige tasas más altas para compensar ese riesgo percibido», sostuvo Pedro Moreyra, director de Guardian Capital.
Por este motivo, los especialistas del mercado consideran que la elección entre los bonos de CABA y los de PBA dependerá, como suele suceder en este tipo de cuestiones, del perfil de riesgo del inversor.
«Para un perfil conservador, para quien quiera dolarizarse durmiendo quizás más tranquilo, los títulos de CABA son la elección sensata, priorizando previsibilidad por sobre rendimiento», concluyó el operador y asesor financiero independiente Germán Marin. «Un perfil más agresivo puede ir por PBA donde las tasas están por encima de los soberanos y los de ciudad. Un 12% de TIR es un premio muy interesante, asumiendo el riesgo de crédito provincial», añadió.
En esta línea, Gedikian coincidió en que «CABA es la elección natural dentro del universo subsoberano argentino» para inversores conservadores. Moreyra, por su parte, agregó que «PBA conviene para un perfil más arriesgado que apueste a normalización de cuentas o respaldo de Nación».
El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.
Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.
Por Tomás Palazzo para NLI
La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.
El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.
Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.
El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.
La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer
En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.
La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.
Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.
La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.
Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.
Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.
La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.
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