PorMunicipalidad Villa Regina
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El Secretario de Coordinación, Ariel Oliveros, fue el encargado, esta mañana, de la entrega del premio.
El ganador fue Franklyn Quezada Quintino, contribuyente N° 7748, quién recibió, junto a su mujer, el premio en las instalaciones de la Municipalidad.
Felicitaciones Franklyn!
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Mientras crecen las denuncias, los pedidos de renuncia y las iniciativas parlamentarias contra Manuel Adorni, una pregunta empieza a recorrer los pasillos del Congreso: ¿conviene impulsar su destitución o es el propio Gobierno el que necesita que alguien le resuelva un problema que no sabe cómo enfrentar? La paradoja es que una victoria opositora podría terminar siendo un salvavidas para Milei.
Por Roque Pérez para NLI
El oficialismo quedó atrapado en una contradicción de difícil salida. Durante meses construyó un discurso basado en la superioridad moral y en la supuesta diferencia ética respecto de la «casta». Sin embargo, las revelaciones sobre el patrimonio, las declaraciones contradictorias y la admisión de fondos no declarados por parte de Manuel Adorni convirtieron a quien debía ser uno de los principales defensores del Gobierno en su mayor dolor de cabeza.
Milei decidió sostenerlo públicamente, incluso cuando el costo político comenzó a crecer dentro y fuera del Congreso. La estrategia parece clara: mostrar fortaleza, denunciar una persecución política y evitar que una renuncia sea leída como una admisión de culpa. Pero esa misma decisión lo deja atado a un funcionario cuya permanencia desgasta todos los días un poco más el discurso anticorrupción libertario.
Una destitución impulsada por la oposición permitiría al Presidente presentarse como víctima de una ofensiva política
En política muchas veces el problema no es saber qué hacer sino quién paga el costo.
Si Milei le pide la renuncia a Adorni, reconocerá implícitamente que la oposición tenía razón al denunciar irregularidades y que el relato de la transparencia absoluta era mucho más frágil de lo que prometía. Además, quedaría expuesto frente a su propia base electoral, después de haber defendido al funcionario en reiteradas oportunidades.
Pero existe otro escenario mucho más conveniente para la Casa Rosada: que sea el Congreso el que resuelva el problema.
Una destitución impulsada por la oposición permitiría al Presidente presentarse como víctima de una ofensiva política, denunciar un supuesto intento de desestabilización y, al mismo tiempo, desprenderse de un funcionario cuya continuidad complica cada negociación legislativa y cada aparición pública.
Paradójicamente, aquello que hoy aparece como una derrota institucional podría convertirse en una oportunidad para relanzar la gestión con un nuevo jefe de Gabinete y sin asumir el costo directo de haber desplazado a uno de sus hombres de confianza.
No sería la primera vez que una oposición consigue un triunfo parlamentario que termina fortaleciendo al oficialismo.
Si la salida de Adorni se produce por presión del Congreso, Milei podría reconstruir el relato afirmando que respetó las instituciones mientras denuncia que los sectores tradicionales impidieron que su funcionario continuara en funciones. La discusión dejaría de concentrarse en las inconsistencias patrimoniales y pasaría a girar alrededor de una presunta persecución política.
El foco se desplazaría del escándalo hacia el conflicto institucional, un terreno donde el oficialismo ha demostrado capacidad para movilizar a su electorado.
Por eso algunos sectores opositores empiezan a preguntarse si una destitución inmediata es la mejor estrategia o si resulta más conveniente mantener abierto el caso, impulsar investigaciones, exigir explicaciones y dejar que el desgaste siga acumulándose sobre el Gobierno.
La discusión ya no pasa solamente por la responsabilidad política de Adorni sino por las consecuencias de cada movimiento.
Destituirlo significaría obtener una victoria simbólica importante contra un funcionario cuestionado, pero también podría liberar a Milei de una carga que hoy consume buena parte de su capital político.
Mantenerlo en el cargo, en cambio, obliga al Presidente a seguir justificando contradicciones, responder nuevas denuncias y sostener un discurso anticorrupción cada vez más difícil de defender.
En ese contexto, la oposición enfrenta una decisión compleja: castigar a un funcionario o dejar que el propio Gobierno continúe pagando el costo de sostenerlo. Porque a veces, en política, el golpe más efectivo no es derribar una pieza sino obligar al adversario a seguir cargándola.
Mientras Javier Milei mantiene altos niveles de apoyo en Córdoba y conserva en Santa Fe uno de los núcleos electorales más sólidos de La Libertad Avanza, los indicadores económicos empiezan a mostrar una paradoja: las dos provincias que más respaldaron el cambio libertario aparecen entre las más golpeadas por la destrucción de empresas y la caída industrial.
Un informe con datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo reveló que en marzo desaparecieron 14.044 empresas empleadoras en comparación con el mismo mes del año pasado. El número de firmas activas cayó a 481.635 y acumuló así veinticinco meses consecutivos de retroceso interanual.
La cifra adquiere otra dimensión cuando se analiza el período completo de gestión libertaria. Desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2026, según el estudio, desaparecieron 26.213 empresas empleadoras en todo el país, una contracción del 5,2%.
La provincia de Buenos Aires encabezó la pérdida en términos absolutos con 4.311 firmas menos, pero el dato que genera preocupación en el interior productivo es el de Córdoba. La provincia gobernada por Martín Llaryora perdió 2.187 empresas en apenas un año, convirtiéndose en el segundo distrito más afectado del país.
Aunque Buenos Aires lideró la destrucción de empresas en términos absolutos, Córdoba aparece entre las provincias más afectadas entre los grandes distritos productivos, con una caída proporcional que habría sido significativamente mayor a la bonaerense. Ocurre que Buenos Aires tendría aproximadamente entre 170.000 y 190.000 empresas. Una pérdida de 4.311 equivaldría a alrededor de -2,5%. Córdoba tendría aproximadamente entre 40.000 y 50.000 empresas. Una pérdida de 2.187 equivaldría a alrededor de -5,5%.
Caputo festejó el dato de industria y construcción, pero los números del Indec muestran caídas
La situación expone una de las principales debilidades del esquema económico de Milei: la recuperación se concentra en sectores financieros y vinculados a la energía, mientras que buena parte del entramado industrial y pyme continúa mostrando señales de deterioro.
Córdoba y Santa Fe, las dos provincias que más respaldaron el cambio libertario, aparecen entre las más golpeadas por la destrucción de empresas y la caída industrial
El problema se vuelve más evidente al observar el desempeño de la industria metalúrgica, uno de los motores históricos de Córdoba y Santa Fe.
Según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la actividad metalúrgica cordobesa cayó 4,1% interanual en mayo y profundizó una tendencia descendente que ya se extiende durante buena parte del año.
La explicación está en dos sectores clave para la economía provincial: autopartes y maquinaria agrícola. Las autopartes retrocedieron 2,9%, mientras que la maquinaria agrícola registró una caída de 8,6%, la primera baja del año para una actividad que venía funcionando como uno de los pocos refugios frente a la crisis.
Los números reflejan además una fuerte contracción en las cadenas de valor asociadas al agro, donde las empresas vinculadas al sector registraron un desplome del 9,5%.
El panorama no es mucho mejor en Santa Fe, otro de los bastiones libertarios. Allí la actividad metalúrgica cayó 5,1% interanual, ubicándose apenas por detrás de Buenos Aires, que registró la peor performance con un retroceso de 5,9%.
La fotografía resulta especialmente sensible para el Gobierno nacional porque Córdoba y Santa Fe fueron dos de las provincias que aportaron las diferencias más amplias a favor de Milei en el balotaje y continúan siendo territorios donde La Libertad Avanza conserva competitividad electoral.
En ese marco, la utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica cayó al 39,8%, uno de los niveles más bajos de los últimos años. El dato revela que más de la mitad de la capacidad productiva permanece ociosa y explica por qué el empleo comenzó a resentirse.
ADIMRA informó una caída interanual del 2,2% en la dotación de personal del sector, mientras que la comparación mensual también mostró números negativos.
El presidente de la entidad, Elio Del Re, admitió que la recuperación enfrenta obstáculos significativos y reconoció que la demanda sigue siendo insuficiente en buena parte de los segmentos industriales.
La preocupación empresarial se refleja también en las expectativas. Siete de cada diez compañías metalúrgicas consideran que no habrá mejoras en sus niveles de producción durante el próximo trimestre.
En ese contexto, Córdoba aparece como uno de los casos más emblemáticos del impacto del ajuste libertario. La provincia que aportó algunos de los márgenes electorales más contundentes para Milei se transformó al mismo tiempo en uno de los territorios donde más empresas desaparecen y donde la actividad industrial muestra mayores dificultades para encontrar un piso.
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