PorMunicipalidad Villa Regina
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El Secretario de Coordinación, Ariel Oliveros, fue el encargado, esta mañana, de la entrega del premio.
El ganador fue Franklyn Quezada Quintino, contribuyente N° 7748, quién recibió, junto a su mujer, el premio en las instalaciones de la Municipalidad.
Felicitaciones Franklyn!
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El último martes se realizó una reunión convocada por referentes de la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones (APASA) de la que participaron la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina Luisa Ibarra y la Directora de Promoción Social Adriana Torres. El encuentro tuvo…
China lanzó una dura advertencia a Javier Milei. Impuso una cuota y aranceles a la carne vacuna de la Argentina en una medida que puede leerse como una represalia al acercamiento aDonald Trump, pero sobre todo, como una señal de molestia por el no cumplimiento de lo acordado cuando se decidió renovarle el swap al gobierno libertario.
La medida también alcanza a otros exportadores de carne como Brasil y Australia, pero el impacto posible sobre la proyección del comercio de carne de la Argentina, es imposible de soslayar.
China explica por si sola el boom exportador de carnes que vive la Argentina: es el mayor cliente del país y concentra el 70 por ciento de las compras. Este nuevo régimen rige desde este 1 de enero de 2026 y está previsto que se extienda por tres años, con un mecanismo de aumento de las cuotas de dos por ciento por año.
Según informó el ministerio de Comercio chino, la cuota será de 511.000 toneladas y para ella se mantendrá el actual 12,5% de arancel que ya paga la carne argentina en ese destino. Pero, si la exportación supera ese volumen se deberá afrontar un arancel del 55%. La estudiada calibración de la medida, dice mucho sobre el manejo de los tiempos y las señales políticas del régimen comunista.
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En diálogo con LPO, n diplomático que sigue de cerca la relación con China intentó matizar el efecto de la medida: «No nos afecta tanto, de hecho, afecta más a nuestros competidores. Hacen con la carne lo mismo que nosotros les hacemos con las bicicletas y otra decenas de productos a los que acusamos que entran haciendo dumping».
Pero reconoció que «el cupo nos afecta si tuviésemos un plan para ampliar nuestras exportaciones».
No nos afecta tanto. De hecho, afecta más a nuestros competidores. Hacen con la carne lo mismo que nosotros les hacemos con las bicicletas y otra decenas de productos a los que acusamos que entran haciendo dumping.
Pero este diplomático sí confirmó que el régimen está molesto con el gobierno de Milei porque no cumplió su promesa de enviar una delegación del alto nivel a Beijing, encabezada por Milei o su hermana, como se acordó cuando se renovó el swap. Tras la reunión de noviembre de 2024 en la cumbre de G20 de Río de Janeiro, el Presidente se comprometió a viajar en el mes de mayo pero eso no pasó. Luego, iba a viajar Karina pero lo terminó suspendiendo.
El doble agravio molestó al gigante asiático, que ahora tiene una oportunidad inmejorable de plantear su molestia: Este año deberá discutirse nuevamente la renovación del swap, esencial para las frágiles reservas del banco Central Argentino.
«El vuelto de China viene con el swap que Milei va a tener que renovar este año. No quisiera ser parte de la delegación que va a tener que ir a negociar a Beijing», afirmó el diplomático consultado.
Por otro lado, China le presta atención a un eventual acercamiento con Taiwan. Durante el primer año de la gestión Milei, la entonces canciller Diana Monino tuvo encuentros con la representación de la isla, revelados en exclusivo por LPO, que llevó el vínculo bilateral al máximo nivel de tensión.
Tras su salida no hubo nuevos acercamientos y fuentes cercanas a Taiwan consultadas pot LPO reconocieron que no tienen la relación que quisieran con el gobierno de Milei. «Estamos intentando construir un nexo, pero hasta ahora sin éxito», agregó la fuente consultada.
Según datos de la inteligencia estadounidense, China proyecta anexarse Taiwan en 2027 y para 2049, adversario del centenario de la revolución de Mao, el territorio ya debería estar completamente unificado.
El vuelto de China viene con el swap que Milei va a tener que renovar este año. No quisiera ser parte de la delegación que va a tener que ir a negociar a Beijing.
Esto explica el reciente despliegue militar de China con ejercicios en la zona y el imponente mensaje de Xi Jinping para este fin de año: «La reunificación es imparable».
En ese fino y delicado equilibrio global es que tiene que moverse la Argentina de Milei que tiene el desafío de evitar que un vínculo pragmático, sostenido por comercio, financiamiento y swaps, quede atravesado por decisiones políticas que Beijing lea como una provocación abierta.
La cuestión de Taiwan, que por ahora respalda la Casa Blanca, le agrega complejidad al tema. Apoyar la soberanía de Taiwan es para China una línea roja.
Como sea, todo indica que este 2026, China quiere mostrar una posición más asertiva en el tablero mundial. Restricciones comerciales, demoras administrativas y una revisión integral del vínculo financiero aparecen en el menú de respuestas posibles a los países que desafien a Beijing.
No se trata de un castigo inmediato, sino de una estrategia de desgaste gradual. El problema es que la Argentina llega a ese escenario con una fragilidad externa extrema. Reservas exiguas, vencimientos concentrados y una dependencia creciente de financiamiento de corto plazo dejan poco margen para navegar los conflictos geopolíticos.
La caída del juicio abreviado contra el financista Luis Herrera y sus dos hijos provoca una crisis que tiene impacto institucional. El defensor de los acusados de estafar a un centenar de ahorristas declaró que el fiscal regional de Rosario los metió en una trampa a sus clientes. Primero al avalar ante él mismo y los fiscales del caso la celebración de un acuerdo en el que sus defendidos aceptaron los delitos. Pero luego al quitarle su respaldo de manera repentina y con argumentos endebles.
El fiscal regional de Rosario Matías Merlo rechazó este lunes que la Unidad Fiscal de Delitos Económicos cierre un juicio abreviado hacia Luis Herrera al que los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja le acordaron una pena de cinco años de cárcel y una pena condicional para sus hijos que con ella quedarían en libertad. Los Herrera están acusados por administración fraudulenta y lavado de activos por un perjuicio de entre 30 y 60 millones de dólares contra unas 150 víctimas.
Una situación que añade perplejidad es que hace tres días a pedido de la misma fiscalía actuante, con el abreviado cuestionado, a los tres imputados les prorrogaron la prisión preventiva hasta el 14 de abril. Cuando el acuerdo firmado a dos de ellos les aseguraba irse en libertad.
Cuando trascendió que el abreviado estaba en marcha un grupo de damnificados cuestionó por muchos motivos que se eligiera este tipo de cierre al caso. Sobre todo porque se trataba de delitos de gran conmoción pública que merecían ventilarse en un juicio oral y público, y no en un acuerdo de partes de limitada publicidad.
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Pero lo que afirma el defensor de los imputados, Gustavo Franceschetti, es que el fiscal regional Matías Merlo los colocó en una posición de efectos irreversibles en cuanto al derecho de defenderse. «Mis representados fueron conducidos a una trampa en la que se han quedado sin un juicio justo y sin un tribunal imparcial. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) les hizo una propuesta de abreviado a Luis Herrera y sus hijos que era difícil de rechazar. Y una vez que la aceptaron, se echaron hacia atrás, lo hicieron público y ahora no hay juez en toda la provincia que no se haya enterado», le dijo a LPO.
¿Qué quiere decir esto último? Que ahora los Herrera serán juzgados en forma oral y pública, dice Franceschetti, por jueces que ya saben que ellos aceptaron declararse culpables. Y que esa circunstancia tiene un peso demoledor en la futura sentencia.
Dos discusiones
Este es un debate que es trascendental en términos de los procedimientos con que se juzgan a las personas en Santa Fe. Es algo que corre por otro andarivel de los hechos que se le atribuyen a los tres imputados y de la prueba que hay contra ellos a la que este medio se refirió reiteradamente. El problema institucional, dice el defensor, es que el fiscal regional de Rosario comprometió que el abreviado avanzara y finalmente volvió sobre su propia decisión, cuando los imputados ya tenían firmado el acuerdo.
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Este viernes LPO le consultó a Merlo sobre su decisión. «Antes de avalar cualquier abreviado tenemos que tener la conformidad de las víctimas. Más en los casos de multiplicidad de víctimas. Debemos constatar que la respuesta sea ajustada a derecho y después se toma decisión. En este caso no se cumplía esa circunstancia y no había una reparación a las víctimas», sostuvo Merlo.
«No se advierte una concreta voluntad de resarcimiento. Los bienes cautelados se hallan sujetos al proceso concursal y no podrían ser objeto de disposición, lo que vuelve ilusoria cualquier compensación penal anticipada», escribió Merlo en los fundamentos del rechazo.
El defensor de los Herrera es un abogado que es docente de la Facultad de Derecho de la UNR y fue dos períodos jefe de la Defensa Pública de Rosario entre 2011 y 2023. El remarca con contundencia que Merlo había convalidado ante los fiscales Moreno y Narvaja la salida del juicio abreviado en una reunión en la que él estuvo presente.
«No pueden titubear»
«Las autoridades del MPA tienen la facultad de ir a juicio o de ofrecer una propuesta alternativa. Lo que no puede hacer es titubear, faltar a la palabra. Esas marchas y contramarchas generan expectativas y daños irreversibles. Las razones que dio la Fiscalía Regional para no avalar el acuerdo, estaban presentes desde el minuto uno, no eran desconocidas», remarcó Franceschetti.
«Solo un 25 por ciento de los querellantes manifestó disconformidad con el acuerdo del abreviado y se sabe que para que sea viable tiene que haber una mayoría de aceptación. En un caso con casi 200 querellantes, donde era seguro que no todos iban a estar de acuerdo, es obvio que se obtienen avales previos y supongo que no caerán en la bajeza de negarlo», enfatizó el defensor.
Merlo, que acaba de quedar por concurso como fiscal regional tras haber estado interino en el mismo cargo, le dijo a LPO lo contrario de Franceschetti. «Uno está tranquilo con lo que resuelve. No había esa mayoría. La respuesta no era la más justa por el daño ocasionado», afirmó.
Según plantea Merlo 33 querellantes aceptaron el abreviado, mientras que 27 se opusieron formalmente. El resto de las víctimas, unas 350 en total, no estaban constituidas como querellantes o no expresaron postura alguna. Eso para la fiscalía es fundamental para el rechazo al abreviado. Franceschetti dice que la ley es taxativa respecto que no expresar posición no puede tomarse como rechazo.
Franceschetti interviene en un caso donde hay sustanciosa prueba contra sus clientes. Pero sostuvo que no siempre la aceptación de un abreviado tiene que ver con reconocerse como culpable sino con optar por la situación menos opresiva. «Luis Herrera y sus hijos están en prisión preventiva hace un año. Según los tiempos de la Justicia rosarina, el juicio recién se podría hacer en dos años más. Entonces les ofrecen asumir responsabilidad a cambio de que obtengan la libertad los hijos, o bien soportar dos años de prisión. Es algo difícil de rechazar. Luis acepta declararse culpable para que sus hijos sean excarcelados. Ellos no se reconocen culpables pero es muy duro soportar tres años de prisión para tener la oportunidad de demostrar la inocencia en juicio».
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El abogado de los Herrera califica como un bochorno institucional la actuación de la Fiscalía Regional de Rosario en esto. «Es escandaloso. El MPA le ha agregado una razón más a la habitual crítica a los acuerdos abreviados. Las personas encarceladas no deciden libremente, quedan contra la espada y la pared, máxime cuando el sistema les ofrece un juicio recién a dos o tres años del encarcelamiento. En estas condiciones, el sistema todo el tiempo se está arriesgando a condenar a inocentes o imponer sanciones más graves de las que corresponden en Derecho. Esto va en contra la naturaleza misma del proceso penal que debe ser una garantía contra estas situaciones. Si además se hace público un acuerdo fracasado, ese riesgo aumenta mucho más», declaró.
Esto lo dice porque partes de la resolución del fiscal regional Merlo que rechaza el abreviado, y con eso mismo reconoce su existencia, fue publicada en diversos medios periodísticos. «Cuando hay un proceso con 140 querellantes uno solo puede haberlo filtrado», dice justamente uno de los querellantes que habló con LPO por este asunto. «Pero por eso es muy complicado para la Fiscalía volver atrás de su compromiso inicial. Es difícil pensar que la fiscalía lo filtró, pero que se haya filtrado revela la ambigüedad de la fiscalía, y además los fiscales intervinientes quedan desautorizados», subrayó el abogado.
Que se escurra el texto de una negociación secreta entre partes es un problema y además un descrédito a futuro para el MPA. «Cualquier juez al que le toque en el futuro este caso sabe que hay tres imputados en juicio que se declararon culpables. Ellos lo hicieron midiendo conveniencias. Pero el efecto es uno solo y es que se asumieron culpables. Acá está el escándalo», dijo Franceschetti.
Esto además es diferente a cuando un tribunal de jueces no homologa un abreviado por defectos legales, como pasa rutinariamente, o como pasó en el caso del abreviado de miembros de la banda de Los Monos. En este caso, remarca la defensa, la Fiscalía primero impulsó el abreviado autorizando a sus fiscales actuantes a firmar el acuerdo. Y después lo rechazó.
«La solución propuesta resulta contradictoria y no se ha demostrado, a la luz de los hechos investigados, una actitud de reconocimiento del daño o arrepentimiento genuino por parte de los imputados hacia las víctimas», indica la resolución del fiscal regional Merlo. Que sobrevino a una reunión en la que participó el mismo Merlo, querellantes y el representante de los imputados. Pocos días después de esa reunión, donde hubo objeciones al acuerdo de algunos querellantes, la fiscalía regional lo rechazó.
«Es un papelón. Indujeron a mis representados a firmar primero, expusieron públicamente que firmaron lo que la fiscalía les propuso, y rechazaron ellos mismos lo que propusieron», dijo Franceschetti. «Este proceder institucional no es sin consecuencias».
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