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El Secretario de Coordinación, Ariel Oliveros, fue el encargado, esta mañana, de la entrega del premio.
El ganador fue Franklyn Quezada Quintino, contribuyente N° 7748, quién recibió, junto a su mujer, el premio en las instalaciones de la Municipalidad.
Felicitaciones Franklyn!
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En la tarde noche del domingo se realizó una nueva edición de la Feria ReEmprender en la Plaza de los Primeros Pobladores, en el sector de las casitas de artesanos recientemente renovadas. La Feria busca brindar un espacio de promoción y comercialización de productos artesanales con sello reginense. Acompañando el segundo encuentro de los ‘Domingos…
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Catorce gobernadores irán este martes a la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete, en un fuerte gesto de apoyo que marca un claro giro respecto a la relación que las provincias venían teniendo con el gobierno nacional.
Fuentes del gobierno adelantaron que ya confirmaron su presencia la mayoría de los gobernadores del PRO, el radicalismo y los peronistas y provinciales aliados a la Casa Rosada.
Entre los confirmados están Raúl Jalil (Catamarca); Leandro Zdero (Chaco); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Rolando Figueroa (Neuquén); Alberto Weretilneck (Rio Negro), Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Vidal (Santa Cruz); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Gustavo Sáenz (Salta); Martín Llaryora (Córdoba) y Jorge Macri (CABA).
Entre los ausentes estarán los seis gobernadores del kirchnerismo, que salvo excepciones han mantenido distancia durante toda la etapa del gobierno libertario. El único de ellos que hizo un mensaje de acercamiento a Santilli fue el fueguino Gustavo Melella, con una serie de tuits que publicó tras su designación en la que se ofrece a un trabajo en conjunto.
Tampoco estará en la jura el santafesino Maxi Pullaro, que tiene buena relación personal con Santilli pero siempre fluctuante con la Casa Rosada.
Como contó LPO, Santilli mantendrá la relación con las provincias y lo que era el Ministerio del Interior quedará a cargo de su mano derecha, Gustavo Coria. El nuevo jefe de Gabinete también conservará relación con el Congreso, donde buscará destrabar la reforma electoral para lo cual deberá negociar con los aliados que hoy irán a aplaudirlos.
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La tensión entre el gobierno provincial y los tribunales cordobeses alcanzó su punto de máxima ebullición. En una movida inédita, que quiebra la histórica diplomacia subterránea entre el poder político y el judicial, cerca de un millar de jueces, camaristas y fiscales presentaron formalmente una batería de recursos administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La jugada es el paso previo y obligatorio para activar una ola de amparos constitucionales que amenaza con dinamitar el esquema de ajuste fiscal que diseñó Martín Llaryora. El malestar en los pasillos de Tribunales I debe leerse en clave de resistencia ante la avanzada de Llaryora sobre el Poder Judicial.
La ofensiva de los magistrados apunta al corazón de la motosierra provincial: el incremento de los aportes personales destinados a sostener la deficitaria Caja de Jubilaciones y el salto en las alícuotas de la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross), la obra social estatal.
De acuerdo con el cálculo de los camaristas, jueces y altos funcionarios judiciales, el salario real de los magistrados cordobeses es equivalente al 50% de los que paga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El incremento de los aportes puso la equivalencia en el 77% respecto de los federales. Pero como la carga horaria es mayor en la Justicia provincial, el cálculo es que el salario provincial está en un 50% en relación al federal.
La ofensiva de los magistrados apunta al corazón de la motosierra provincial: el incremento de los aportes personales destinados a sostener la deficitaria Caja de Jubilaciones y el salto en las alícuotas de la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross), la obra social estatal
Para El Panal asoma un problema fiscal: que la Justicia tumbe la emergencia previsional que Llaryora hizo sancionar en diciembre del año pasado: el TSJ ya obligó al Ejecutivo provincial a morigerar del 8% al 6% la alícuota extra que fijó la ley previsional para los aportes personales. Aunque es un planteo individual, el fallo marca el GPS judicial.
La presentación masiva de estos recursos administrativos colocó al TSJ en una posición de máxima presión política. El alto cuerpo, habituado a surfear las crisis con el peronismo cordobés sin romper platos, se encuentra ahora desbordado por sus propias bases. Si la cúpula judicial rechaza los recursos, habilitará de inmediato la vía judicial.
La guerra está declarada. Aunque la presentación de este millar de recursos administrativos no quemó las naves, sí debilitó los puentes y dejó expuesta la factura entre el poder político y los magistrados provinciales.
Para dialogar, camaristas y jueces reclaman un cronograma por escrito de devoluciones para recuperar en un plazo razonable el 90% de equiparación con los salarios que fija la Corte Suprema. Envalentonados, quieren, además, que se caiga el límite de 30 años de antigüedad para la liquidación de haberes
