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La interna libertaria en San Lorenzo quedó al desnudo a horas del acto que encabezará Javier Milei por el aniversario del Combate de San Lorenzo. El colapso del armado local que respondía a Eugenia Rolón, la pareja del influencer presidencial Iñaki Gutiérrez, abrió una disputa feroz por el control del palco oficial que terminó con los sanlorencinos relegados y la militancia rosarina copando la escena.
Rolón era hasta hace semanas la principal referencia de La Libertad Avanza en la ciudad, pero tras protagonizar un accidente de tránsito en la Costa Atlántica quedó completamente fuera de juego. Sin conducción clara, el espacio quedó a cargo de un dirigente casi desconocido, Walter Riquelme, incapaz de contener el enojo que se desató cuando la diputada nacional Romina Diez avanzó sin escalas sobre la organización del acto.
Según fuentes al tanto del armado, Diez pidió 120 lugares para militantes de Rosario cuando el palco tiene capacidad para apenas 100 personas, lo que dejó directamente afuera a buena parte de los libertarios locales. San Lorenzo está a poco más de 20 kilómetros de Rosario, pero la cercanía geográfica no atenuó el malestar: «Coparon todo y nos dejaron mirando desde abajo», resumió un dirigente del espacio.
La situación encendió las alarmas en la intendencia. Fuentes cercanas a Leonardo Raimundo aseguran que el intendente está «desesperado» y teme que el desorden político termine desbordando la organización del evento, que tiene una logística sensible por la presencia del Presidente.
Coparon todo y nos dejaron mirando desde abajo.
Milei participará este sábado 7 de febrero del acto por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo. No habrá discurso político: el Presidente llegará con la ceremonia iniciada, realizará el traspaso simbólico del sable corvo al Regimiento de Granaderos a Caballo y presenciará el desfile cívico-militar.
Presidencia ordenó además dividir el palco oficial en dos sectores: en las primeras filas estarán Milei, el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Raimundo y ministros nacionales; detrás se ubicarán legisladores provinciales y funcionarios locales.
Eugenia Rolón, líder libertaria en la localidad santafesina de San Lorenzo.
En un intento por llevar calma, Riquelme escribió en el grupo de WhatsApp de la organización que aún faltaban definiciones «como Eugenia Rolón aclaró», pero el mensaje cayó pésimo. En el chat de militancia territorial el enojo fue explícito. «Romina confirmó que vienen 120 personas y el palco es para 100», lanzó un referente local, que sospecha que «ya tienen todo orquestado y nosotros seguimos en babia mirando el techo».
Otro militante fue más duro: «Si esperamos la confirmación de Rosario, vamos a llegar tarde a todos lados». La discusión terminó de explotar cuando alguien avisó lo que muchos ya intuían: para los libertarios de San Lorenzo, el palco oficial ya estaba perdido.
Mientras desde la semana pasada los celulares importados ingresan a la Argentina con arancel cero, el Gobierno de Milei decidió también llevar a cero el aporte obligatorio que las empresas electrónicas de Tierra del Fuego debían hacer al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina. La combinación de ambas medidas redefine el equilibrio del sector, beneficia a los grandes jugadores y deja en suspenso la promesa de diversificar la economía fueguina.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La Resolución 20/2026 del Ministerio de Economía publicada hoy en e Boletín Oficial, fijó en 0 % el aporte que las empresas industriales radicadas en Tierra del Fuego estaban obligadas a realizar al FAMP – Fueguina, un fondo creado para ampliar la matriz productiva provincial. Ese aporte, establecido en el Decreto 727/2021, equivalía al 15 % del beneficio obtenido por IVA y había sido presentado como la contraprestación para extender hasta 2038 los beneficios del régimen especial de la Ley 19.640.
La decisión se conoce en paralelo a la eliminación total del arancel de importación de celulares, que completó el esquema iniciado en mayo de 2025 con el Decreto 333, cuando el derecho bajó del 16 % al 8 %. Desde el jueves pasado, el arancel pasó a cero, cerrando el cronograma definido por el propio Gobierno.
Dos decisiones que cambian el tablero
La eliminación del arancel a los celulares fue presentada por el oficialismo como una medida para “bajar precios y aumentar la competencia”. El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró la decisión en redes sociales asegurando que implicaba “menos impuestos y mejores precios para todos”. Sin embargo, los datos del sector muestran que la reducción previa del arancel no generó una avalancha de importaciones legales: en todo 2025 ingresaron por canales formales poco más de 334 mil celulares, una cifra incluso levemente inferior a la de 2024.
En ese escenario, la Resolución 20/2026 aparece como la otra cara de la misma política. Ante la pérdida de competitividad provocada por la desregulación económica y la apertura comercial, el Gobierno optó por aliviar completamente la carga que recaía sobre las empresas fueguinas, eliminando el aporte al fondo que debía financiar nuevos proyectos productivos.
El argumento oficial reconoce explícitamente que las condiciones tributarias y arancelarias cambiaron en perjuicio de la industria local, lo que habilitó, según la normativa vigente, la reducción del aporte incluso hasta cero. La recomendación fue avalada por el Comité Ejecutivo del propio FAMP y por informes técnicos del Ministerio de Economía.
Tierra del Fuego: alivio empresario, fondo vaciado
Desde Afarte, la cámara que agrupa a las empresas electrónicas de la isla, señalaron que la apertura importadora implicó un desafío significativo para el sector y que, desde el anuncio del Decreto 333, se avanzó en reducción de costos, mejoras logísticas y eficiencia productiva, incluyendo la utilización de bitrenes y la eliminación de impuestos internos para los productos fabricados en la provincia.
Sin embargo, el núcleo del problema, según las propias empresas, no es la importación legal, sino el contrabando: uno de cada tres celulares que se activan en la Argentina no se fabrica en el país ni ingresa por canales oficiales. En ese marco, la industria electrónica emplea cerca de 10 mil personas, unas 4 mil en el segmento de celulares, y ya se registró la caída de alrededor de 500 contratos, en un contexto de demanda deprimida.
La resolución deja en evidencia una contradicción central: mientras se mantiene intacto el régimen promocional hasta 2038, se elimina el principal mecanismo pensado para financiar la diversificación productiva. El FAMP, creado para reducir la dependencia del ensamblaje electrónico, queda sin su fuente más relevante de ingresos justo cuando la apertura comercial vuelve a tensionar el modelo.
Precios, importadores y el relato oficial
En el comercio minorista, la eliminación del arancel impacta principalmente en los celulares importados de alta gama, como el iPhone. Desde las cadenas especializadas admiten que los 8 puntos de arancel son 8 puntos de costo, y que parte de la baja ya fue trasladada a precios. Algunos modelos redujeron su valor hasta un 30 % en términos reales, empujados también por la caída del consumo.
No obstante, incluso desde el sector privado reconocen que el margen para nuevas bajas es limitado, entre otros factores por el encarecimiento global de memorias y componentes vinculados al boom de la inteligencia artificial. En ese contexto, la apertura no garantiza ni precios populares ni un mercado más ordenado, mientras el contrabando sigue siendo el principal factor distorsivo.
La combinación de arancel cero para importar celulares y aporte cero para las empresas fueguinas deja un mensaje claro: el Estado resigna herramientas de regulación y financiamiento productivo, confía en el ajuste del mercado y posterga, una vez más, la discusión de fondo sobre el modelo industrial.
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