PorMunicipalidad Villa Regina
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El Secretario de Coordinación, Ariel Oliveros, fue el encargado, esta mañana, de la entrega del premio.
El ganador fue Franklyn Quezada Quintino, contribuyente N° 7748, quién recibió, junto a su mujer, el premio en las instalaciones de la Municipalidad.
Felicitaciones Franklyn!
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Otro round entre Milei y la Vice.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tensar la relación con Milei y abrió un nuevo frente de conflicto dentro del oficialismo. Esta vez apuntó directamente contra el Ministerio de Defensa por la compra de un avión “en mal estado” para la Fuerza Aérea y lanzó una frase demoledora: “Años atrás renunciaban todos los implicados”. La declaración no sólo dejó expuesta la gravedad de la denuncia, sino también el nivel de ruptura política dentro del propio gobierno libertario.
La frase cayó como una bomba en un contexto donde la interna entre Milei y Villarruel ya dejó de ser un rumor de pasillos para convertirse en una guerra pública y permanente. Desde hace meses, la vicepresidenta viene marcando diferencias con el rumbo del gobierno, cuestionando decisiones presupuestarias, políticas de Defensa y hasta el funcionamiento del Senado bajo presión de la Casa Rosada.
Según trascendió, el eje del nuevo conflicto es la adquisición de una aeronave para la Fuerza Aérea que habría presentado severos problemas técnicos. Villarruel no sólo cuestionó la operación sino también el silencio oficial frente al escándalo. En sus declaraciones dejó entrever que existe un nivel de irresponsabilidad institucional incompatible con la gravedad del hecho.
El vínculo entre Milei y Villarruel atraviesa uno de sus peores momentos desde que asumieron. La vicepresidenta pasó de ser una figura central del armado libertario a convertirse en una dirigente cada vez más aislada por el núcleo duro del oficialismo. En distintos episodios recientes, funcionarios cercanos a Milei la acusaron de “desalinearse” del Gobierno e incluso deslizaron operaciones para empujar su salida política.
Villarruel, sin embargo, eligió responder públicamente y endurecer su postura. La crítica por el avión militar no fue un hecho aislado: también cuestionó la situación salarial de las Fuerzas Armadas y denunció el deterioro de la obra social militar. En otras palabras, expuso una crisis estructural en el área de Defensa mientras el Gobierno insiste con el ajuste sobre el Estado y los trabajadores.
La escena es políticamente incómoda para Milei. Porque la crítica no proviene de la oposición ni de sectores sindicales o universitarios, sino de su propia vicepresidenta. Y porque Villarruel toca un tema especialmente sensible para el universo ideológico libertario: las Fuerzas Armadas y el aparato de Defensa.
Detrás del episodio aparece también la pelea por el control político del oficialismo. Desde comienzos de 2026 la relación entre la Casa Rosada y Villarruel se degradó aceleradamente. Hubo cruces por el presupuesto del Senado, acusaciones cruzadas de “traición”, diferencias por proyectos legislativos y una creciente campaña de desgaste impulsada desde sectores cercanos al Presidente.
La vicepresidenta intenta construir un perfil propio y diferenciarse de algunas decisiones de Milei, especialmente aquellas vinculadas al ajuste extremo y a la gestión interna del Estado. En paralelo, el mileísmo duro busca disciplinarla y reducir su margen de autonomía.
La consecuencia es un oficialismo cada vez más fracturado, con ministros enfrentados, operaciones mediáticas cruzadas y funcionarios que se desautorizan públicamente. En cualquier otro gobierno, una denuncia de este tenor sobre equipamiento militar habría derivado en investigaciones internas inmediatas. Pero en la administración libertaria parece imponerse otra lógica: negar, minimizar o desplazar el foco hacia la pelea política.
Mientras tanto, Villarruel eligió dejar una frase que resonó fuerte dentro y fuera del Gobierno: “Por mucho menos renunciaban todos los implicados”. Una definición que no sólo cuestiona una compra puntual, sino que instala la idea de un Estado manejado con improvisación, internas permanentes y ausencia total de responsabilidad política.
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El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.
Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.
Por Tomás Palazzo para NLI
La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.
El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.
Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.
El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.
La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer
En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.
La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.
Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.
La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.
Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.
Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.
La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.
