PorMunicipalidad Villa Regina
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El Secretario de Coordinación, Ariel Oliveros, fue el encargado, esta mañana, de la entrega del premio.
El ganador fue Franklyn Quezada Quintino, contribuyente N° 7748, quién recibió, junto a su mujer, el premio en las instalaciones de la Municipalidad.
Felicitaciones Franklyn!
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Un video que la propia diputada libertaria Celeste Ponce difundió este lunes en sus redes sociales desató la polémica. El motivo es que la propia parlamentaria de La Libertad Avanza apareció en las aguas del río Jordán en una ceremonia de bautismo que ella misma protagoniza.
«Hoy morí para renacer en Cristo… no soy más esclava», dice el posteo que hizo la misma Ponce en sus redes y estallaron los comentarios en contra de la diputada oriunda del sur de Córdoba.
Principalmente, ante la consulta acerca de dónde salieron los fondos para costear el viaje hasta si se tomó o no licencia en la Cámara baja para poder realizar el tour por Medio Oriente.
Ponce viajó al sitio arqueológico de Al-Maghtas, ubicado en la ribera oriental del río Jordán, en el Líbano, por su profundo simbolismo. Ya que es el lugar donde se realizó el bautismo de Jesús a manos de Juan el Bautista y es un sitio reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial.
No obstante, como se contó, muchos usuarios en redes salieron al cruce de la situación de Ponce. Entre ellos, uno que le dijo: «¿para financiarte estas pelotudeces privadas querías ser funcionaria pública?» a lo que la propia Ponce le respondió desde una cuenta secundaria en Instagram que también es de ella y se llama @lacruzadademaria.
«Que Dios te bendiga y te haga ver las cosas con claridad, no con maldad. Abrazo grande», dijo Ponce desde esa cuenta y remató con un versículo de Mateo: «porque de la abundancia del corazón habla la boca».
Los que oficiaron de anfitriones de Ponce en Medio Oriente fueron Marcos y Fernanda Brunet dos influencer religiosos que siguen desde hace años a Milei y lo manifestaron en sus redes en el 2023 a días del balotaje.
Ambos también forman parte de la Iglesia Toma Tu Lugar cuyo templo fue inaugurado en agosto del año pasado y está ubicado en la zona sur de la capital cordobesa. El templo evangélico tiene algunas maniobras articuladas con el oficialismo en Córdoba. Como en abril de este año cuando le cedieron las instalaciones del Concejo Deliberante para una muestra de arte que contó con la presencia de Brunet.
El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.
Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.
Por Tomás Palazzo para NLI
La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.
El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.
Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.
El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.
La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer
En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.
La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.
Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.
La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.
Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.
Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.
La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.
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