PorMunicipalidad Villa Regina
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El Secretario de Coordinación, Ariel Oliveros, fue el encargado, esta mañana, de la entrega del premio.
El ganador fue Franklyn Quezada Quintino, contribuyente N° 7748, quién recibió, junto a su mujer, el premio en las instalaciones de la Municipalidad.
Felicitaciones Franklyn!
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El debate por zonas frías que se dará este miércoles en el Congreso se convirtió en uno de los temas de la conversación política en Córdoba. Principalmente, porque el gobernador Martín Llaryora encontró en esta agenda una nueva herramienta para tomar distancia del gobierno de Javier Milei al que volvió a criticar porque, en caso de que se elimine a la provincia de la región denominada zonas frías, más de 680 mil familias perderían subsidios que van del 30 al 50% en la boleta del gas.
Esta postura desató una furiosa defensa de los libertarios cordobeses en la Cámara baja, más aún después de la reunión que Llaryora encabezó con intendentes de los 13 departamentos (distritos) que se verían afectados por la medida.
Sin embargo, acerca de la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el cordobesismo decidió despegarse de la oposición más dura a la gestión de Milei.
Natalia De la Sota visitó Rosario y en el peronismo hablan de una fórmula con Kicillof
En tanto, la también diputada Natalia de la Sota decidió abarcar los dos reclamos para enfriar aún más su relación con el peronismo de Llaryora y Schiaretti.
Este mediodía, en una entrevista en LV2, la hija del exgobernador dijo que «deberían explicar ellos» (los cordobesistas) por qué no acompañan el pedido de interpelación a Adorni. «Hay que pedir explicaciones de todo porque la sociedad pide eso. Los reclamos de Llaryora y sus diputados son un día sí y un día no. Porque vemos que, a la hora de sentarse en la banca, ese reclamo no existe, no sucede», dijo Natalia de la Sota.
Que, además, cuestionó a la bullrichista Laura Rodríguez Machado que sostuvo el lunes que «no se va a seguir subsidiando la climatización de las piletas y saunas». «Está fuera de la realidad, diciendo ridiculeces. Lo digo con respeto, pero que vaya a San Antonio de Arredondo a ver cuántas personas tienen pileta climatizada», dijo.
La diputada del bloque Defendamos Córdoba también se refirió a la recorrida del gobernador bonaerense Axel Kicillof por la provincia mediterránea hace diez días. «Kicillof tiene su trabajo, su agrupación. Él está recorriendo como muchos dirigentes buscando esa síntesis política y social. Los que estemos convencidos de que este modelo social y económico no sirve debemos lograr esa síntesis. Hablo del peronismo, el panperonismo y sectores que no necesariamente piensen como el peronismo», aunque, consultada por si es posible pensar en una fórmula, De la Sota «los nombres es lo último que hay que discutir».
Ayer por la tarde lxs trabajadores de La Reginense tuvieron una reunión con el intendente de la ciudad Marcelo Orazi, quien los recibió en el municipio. En esta oportunidad los obreros de la sidrera estuvieron representados por Juan Caniupán, Alicia Monsalve y Sergio Gallardo. En un encuentro productivo el mandatario se comprometió con respecto al…
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Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.
Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.
La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.
El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.
La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.
En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.
La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.
La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.
Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.
Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.
El poder aglutina. Es una máxima que sin dudas rige la realidad y la política. El poder define un lugar, todos y todas buscando un espacio. Estar cerca de lo que les permitiría el acceso a aquello que quieren (un empleo, dinero, privilegio, visibilidad). En general esto sucede con los oficialismos, se rodean de gente…
