PorMunicipalidad Villa Regina
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El Secretario de Coordinación, Ariel Oliveros, fue el encargado, esta mañana, de la entrega del premio.
El ganador fue Franklyn Quezada Quintino, contribuyente N° 7748, quién recibió, junto a su mujer, el premio en las instalaciones de la Municipalidad.
Felicitaciones Franklyn!
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El Congreso estadounidense emitió un durísimo informe sobre la economía argentina que explica por qué la administración de Donald Trump todavía no habilitó los fondos que Scot Bessent le habría prometido al gobierno de Javier Milei para el salvataje financiero.
Con fecha del 30 de diciembre pasado, el documento del Congressional Research Service, un espacio equivalente a la Oficina del Presupuesto del Congreso argentino, señaló una serie de dificultades acerca de la solvencia del Estado local para hacer frente a los compromisos del frente externo.
Bajo el título «US Financial Support to Argentina», los técnicos del parlamento norteamericano advirtieron que Argentina tiene dificultades para estabilizar la moneda y que padece fragilidad cambiaria pese a las reformas de la experiencia libertaria. Además, señalan que la defensa del tipo de cambio mediante ventas de divisas no es sostenible en el tiempo, existe alta dependencia del apoyo externo y, por eso, hay «hipótesis de default».
En uno de sus párrafos, los autores del informe, Joshua Klein y Rebecca Nelsson, plantean que el país «probablemente enfrentará decisiones políticas difíciles, como si incumplir su deuda por décima vez o permitir más flexibilidad en el valor del peso».
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Ese fragmento aparece en la página 7 del texto. «La principal fuente de divisas de Argentina es el saldo restante de su línea de swap de divisas con Estados Unidos», dice en su primera oración de ese párrafo, mientras que en la segunda plantea que «Argentina no cuenta con un superávit comercial sólido que genere entradas de divisas». «Si el gobierno de Milei se encuentra sin suficientes divisas para hacer los pagos de su deuda y sostener sus objetivos de política cambiaria, probablemente enfrentará decisiones políticas difíciles, como por ejemplo dejar de pagar su deuda por décima vez o permitir más flexibilidad en el valor del peso», plantea a continuación.
El informe dice que ante tal escenario, el gobierno «podría buscar apoyo financiero adicional de Estados Unidos, el FMI u otros prestamistas oficiales». «Las perspectivas de obtener dicho apoyo son inciertas», admite el informe, ya que asegura que la disposición del FMI a brindar apoyo adicional a Argentina es cuestionable dado el nivel de exposición que enfrenta a Argentina en comparación con otros gobiernos de su región.
Por eso, el director del Instituto Consenso Federal, Alejandro Topo Rodríguez, tuiteó que «la economía de Milei se bambolea entre el default y una bruta devaluación». «Mientras el mundo mira a Venezuela, una oficina técnica del Congreso de los Estados Unidos puso el ojo en la economía argentina y, entre otras conclusiones, ya advirtió que el programa de Javier Milei y Toto Caputo podría enfrentarse a un ingrato dilema: caer en default o ejecutar una fuerte devaluación», explicó.
El CRS es un organismo técnico, integrado por especialistas que ofrecen asistencia con sus trabajos a legisladores y comisiones legislativas, al igual que la Oficina del Presupuesto en Argentina.
Mientras el mundo mira a Venezuela, una oficina técnica del Congreso de los Estados Unidos puso el ojo en la economía argentina y, entre otras conclusiones, ya advirtió que el programa de Javier Milei y Toto Caputo podría enfrentarse a un ingrato dilema: caer en default o ejecutar una fuerte devaluación.
Tal como afirma el ex diputado Rodriguez en X, el propósito de este informe, publicado al cierre de 2025 y tapado por las repercusiones políticas de la incursión estadounidense en Venezuela, «fue informar y asistir al Congreso norteamericano en la evaluación del apoyo financiero de Estados Unidos a la Argentina (en particular el swap de monedas y otros mecanismos), así como los riesgos, beneficios y alternativas vinculados a ese apoyo».
Según Rodríguez, la bifurcada entre el default y la devaluación «se trata de la advertencia más dura de todo el informe: si no se consiguen dólares suficientes, el gobierno podría verse forzado a un nuevo default o a una devaluación más profunda».
El documento del CRS pondera, de todas formas, las mejoras en indicadores macroeconómicos, las reformas de Milei y, como es de esperar, el rescate de Estados Unidos para la «credibilidad» del programa. También reconocen el triunfo libertario en las elecciones de medio término.
La diputada Julia Strada, por su parte, le dijo a LPO que «el documento refleja que el acuerdo del swap tiene que pasar por el Congreso norteamericano», algo que está en línea con las demendas de la oposición peronista en Argentina. Según la legisladora de Fuerza Patria, los técnicos estadounidenses «le dan tres opciones a Donald Trump: se aprueba o no el swap en el Congreso, se hace un descubrimiento de la información que hasta ahora ocultaron ambos gobiernos o se reduce el plazo o se limita el monto».
Al cierre de esta nota, el gobierno no había emitido comentarios sobre el documento de los técnicos parlamentarios de Washington.
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Un fallo federal le puso un límite al intento del Ejecutivo de vaciar la ley de financiamiento universitario. La Justicia ordenó aplicar de inmediato la norma votada por el Congreso y dejó sin efecto el decreto con el que Milei buscó congelar salarios docentes y becas estudiantiles.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La ofensiva del Gobierno nacional contra el sistema universitario recibió este martes un golpe judicial de peso. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y suspendió, de forma cautelar, el decreto con el que la gestión libertaria había intentado frenar la actualización salarial de docentes y la recomposición automática de las becas.
La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, que denunciaron el vaciamiento de una ley aprobada por el Congreso y ratificada tras la insistencia legislativa de ambas cámaras.
En su resolución, el magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en el tramo en el que condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a que el Congreso definiera previamente las fuentes de financiamiento. Para la Justicia, ese argumento no solo carece de sustento jurídico sino que constituye, en esta etapa del proceso, una conducta arbitraria y contraria a la Constitución.
Cormick fue explícito: una vez que el Congreso insiste con una ley —tal como lo prevé el artículo 83 de la Constitución Nacional— el Poder Ejecutivo no puede introducir variantes suspensivas ni condicionamientos encubiertos a través de normas de jerarquía inferior. En otras palabras, Milei no puede vetar por decreto lo que el Parlamento ya resolvió por amplia mayoría.
El fallo hace lugar a la medida cautelar y ordena al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las partidas destinadas a salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La medida regirá hasta que se dicte sentencia definitiva.
En sus fundamentos, el juez advirtió que el incumplimiento de la ley genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al remarcar la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Según señaló, esa situación vulnera derechos laborales protegidos tanto por la Constitución como por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Pero el alcance del daño no se agota en los bolsillos. Cormick subrayó que el deterioro salarial afecta de manera directa el derecho a enseñar y a aprender, pilares básicos del sistema universitario público que el Gobierno viene atacando desde el inicio de su gestión.
La resolución también desmonta uno de los principales argumentos del Ejecutivo: el supuesto interés público asociado al ajuste. Para el juez, el eventual ahorro fiscal que implicaría no aplicar la ley es marginal, con un impacto estimado en apenas el 0,23 % del PBI, una cifra insignificante frente al daño estructural que provoca el desfinanciamiento de las universidades.
En ese sentido, el fallo advierte que el decreto cuestionado podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar subordinar la vigencia de una ley del Congreso a la discrecionalidad del Ejecutivo. Un esquema que, de consolidarse, abriría la puerta a un vaciamiento sistemático del rol del Parlamento.
Si bien el juez aclaró que la cautelar se dicta en una etapa preliminar y no implica adelantar opinión sobre el fondo del asunto, consideró plenamente acreditados los requisitos legales para ordenar el cumplimiento inmediato de la ley.
La decisión judicial vuelve a poner en evidencia que el plan de ajuste del Gobierno no solo choca con la resistencia social y académica, sino también con los límites constitucionales. Esta vez, fue la Justicia la que recordó que las universidades no se gobiernan por decreto y que las leyes votadas por el Congreso están para cumplirse.
