El agronegocio convirtió a todo el sistema alimentario en un riesgo para la salud. Hasta un típico menú que el nutricionismo considera saludable.
Te presentamos con datos oficiales e investigaciones de la ciencia o informes autogestivos de matrices ambientales, que demuestran como un menú saludable es impactado negativamente por el agronegocio a través de residuos de agrotóxicos, transformando una determinación esencial para una buena salud como lo es la alimentación saludable, en un factor de riesgo.
Se focaliza en la noción de un típico menú saludable para graficar hasta que punto el Agronegocio afectó el derecho a la alimentación. Porque en realidad, el agronegocio transformó a todo el sistema agroalimentario en un riesgo para la salud.
MENU SALUDABLE
– Pescado con Papa y rodajas de Cebolla, Tomate, Ajo y Limón. – Ensalada de Espinaca, Morrones, Lechuga y Huevo. – Copa de Frutas (Anana, Frutilla, Naranja, Durazno y Manzana) con crema. – Pancitos de Salvado de Trigo. – Agua.
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PLATO PRINCIPAL
Pescado/Sábalo 3 Agrotóxicos en los músculos Glifosato y ampa 3303 ug/k Glufosinato de Amonio 677 ug/k Piraclostrobina 50 ug/k Link
Papa 14 Agrotóxicos Acefato 8300 ug/k Heptacloro 440 ug/k Metamidofos 100 ug/k Link
Cebolla 10 Agrotóxicos Metoxifenocide 921 ug/k Acefato 330 ug/k Link
No sé si notaron que la gran mayoría de les que ocupan el papel de comisario en las series actuales son mujeres. investigo un poco y resulta lo que sospechaba: eso no es cierto si se coteja con las estadísticas. ¿Que la ficción mainstream sea así de políticamente correcta es un triunfo del discurso feminista? ¿O el asunto debería indicarnos algo más?
Árida es un proyecto de diseño editorial digital que tiene por fin crear una revista de circulación en internet. A partir del martes 25 de agosto estará disponible la primera edición de la revista digital desde este enlace
En el gobierno ya aceptan que Javier Milei no se salvaría de ir un ballotage el año que viene, una instancia que quieren evitar porque las encuestas le dan al gobierno rechazos cercanos al 60 por ciento.
El periodista Julián Alvez reveló en Infobae que en la Rosada ya evalúan un escenario de balotaje pese al optimismo que intentan transmitir figuras de peso en el gobierno como Luis «Toto» Caputo, que dijo que Milei ganará en primera vuelta «por paliza».
La paliza que pronostica Caputo no se condice con las encuestas. La última de Management & Fit reveló que un 57% votaría por un «cambio total» de gobierno y políticas de gestión. Quienes votarían por la continuidad del gobierno son el 39.7%.
Estos números, de repetirse en octubre del 2027, tienen doble lectura. Por un lado no le alcanzan a Milei para ganar en primera vuelta y por otro le dan un panorama sombrío al libertario en el ballotage.
Dentro del 39,7% que votaría la continuidad, un 23,7% pide cambios en las políticas de gestión. A esos le habla Patricia Bullrich cuando pide que aumente la velocidad de los resultados del plan económico para que tengan un impacto positivo en la vida cotidiana.
El sondeo de M&F revela otro dato preocupante para el gobierno, que es que sigue cayendo la imagen de Milei. La percepción negativa del presidente es del 53,5%, mientras que la positiva es de sólo el 30,6%.
Javier Milei acusó recibo de la derrota que implicó la media sanción del proyecto de ley de propiedad privada, podado por la oposición y los aliados del gobierno en los capítulos de extranjerización de la tierra y manejo del fuego.
La primera medida que habría resuelto sería la de retirar o congelar los demás proyectos que sean de autoría de Federico Sturzenegger, que se volvió un yunque para la Casa Rosada. Como reveló LPO, Karina Milei corrió al ministro de Desregulación en medio del conflicto con los prácticos por el decreto que desató un paro de 48 horas del gremio y la furia de las grandes empresas argentinas que operan en los puertos y necesitan de las funciones de esos trabajadores para su negocio.
Por esa pelea, hubo 180 buques demorados y las pérdidas económicas rondaron los 300 millones de dólares. En ese contexto, el ministro de Desregulación fue desplazado de la negociación por decisión de la Casa Rosada y ni siquiera figuró en el acta firmada entre las partes.
Una fuente de seguridad portuaria comentó a LPO que Karina lo llamó personalmente para comunicarle que no participaría de las conversaciones ni de la negociación que continuará en las próximas semanas. El encargado de destrabar el conflicto fue Diego Santilli.
En el Congreso, el camino sería similar solo que no solo la emprenderían contra Sturzenegger sino también contra Patricia Bullrich, a quien ya le habían intervenido el bloque con la incorporación de Karina y Lule Menem al grupo de WhatsApp por el que chatean los miembros de la bancada. «Los pusieron a Sturzenegger y Bullrich en el mismo pelotón, hicieron un combo de dos por uno con ellos», graficó un libertario.
Ante la consulta de LPO, fuentes al tanto de las conversaciones respondieron que «no se pueden retirar proyectos que ya tienen media sanción, como el de la ley Hojarasca, pero se pueden dejar morir». Esa iniciativa ya fue aprobada en junio en Diputados y todavía no empezó a debatirse en el Senado.
Los pusieron a Sturzenegger y Bullrich en el mismo pelotón, hicieron un combo de dos por uno con ellos.
Por otro lado, dos diputados libertarios deslizaron que, tras la derrota que sufrió este jueves Bullrich, el gobierno piensa en retirar el proyecto de ley de Lobby, una iniciativa para blanquear el cabildeo sectorial que también lleva el sello del ministro de Desregulación. Sturzenegger se convirtió en un problema político para Milei, quien escucha embelesado los dogmas de su ministro, mientras el resto del gabinete tiene que lidiar con el desorden que genera la aplicación de sus ideas en decretos o proyectos de ley.
Otro proyecto que el oficialismo abortaría es el de Desregulación, otra iniciativa ampulosa que por el momento es nada más que un borrador sujeto a revisión de Milei y que tiene unas 144 páginas. Entre sus propuestas, se impulsan modificaciones a normativas como el Régimen de Corretaje y las leyes de Protección de la Actividad Librera, se promueve la comercialización de medicamentos fuera en kioscos o por canales digitales y flexibiliza el mercado de Gas Licuado de Petróleo, entre otros aspectos.
Javier Milei hizo uso de la cadena nacional para anunciar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con la que busca atornillar a Santiago Bausili al frente de la entidad hasta diciembre de 2028.
«Se busca blindar al presidente del Banco Central y a su directorio frente a los atropellos de la política. Si bien se mantiene el mecanismo de designación vigente, el proceso de remoción será más exigente y requerirá el respaldo de dos tercios de los diputados y senadores», dijo el presidente, que presentó un paquete de reformas financieras que considera clave para la próxima etapa de su programa económico.
Sugestivamente, la presentación del proyecto de autonomía del Central la hizo con el titular de la entidad sentado a su lado. Bausili es además socio del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, en la consultora Anker.
El Presidente confirmó que enviará al Congreso tres proyectos de ley: una nueva Carta Orgánica para el Banco Central, una reforma integral del mercado de capitales y otra del sistema de seguros.
La primera reforma apunta al Banco Central. Milei anunció una modificación de su Carta Orgánica para redefinir el rol de la autoridad monetaria y reforzar su independencia del Poder Ejecutivo. La iniciativa recoge uno de los reclamos históricos del establishment financiero y especialmente del FMI, que suele señalar al modelo peruano como referencia por la autonomía de su banco central y la prohibición de financiar al Tesoro.
El Presidente planteó que el Banco Central debe concentrarse exclusivamente en preservar el valor de la moneda y dejar de funcionar como una herramienta de financiamiento del Estado. La propuesta busca blindar institucionalmente esa independencia y limitar la posibilidad de que futuros gobiernos recurran a la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal.
La iniciativa, sin embargo, llega después de dos años y medio en el que el propio Gobierno utilizó activamente al Banco Central como una pieza central de su estrategia económica. Como reveló LPO, la entidad volvió a incorporar Letras Intransferibles del Tesoro, coordinó con el Ministerio de Economía la utilización de contratos de dólar futuro y títulos dólar linked para administrar la tensión cambiaria y también transfirió utilidades al Tesoro. La reforma, así, propone penalizar hacia adelante herramientas que la propia administración utilizó hasta ahora.
Curiosamente, según el Presidente la economía argentina ya no enfrenta un problema de falta de ahorro sino de mala asignación de ese ahorro, aún cuando afirma estar convencido de que los mercados son perfectos.
«Dejar nuestros ahorros fuera del sistema, en una caja de seguridad, bajo el colchón o en el exterior, atenta contra nuestro propio crecimiento», afirmó el especialista en crecimiento con y sin dinero.
Milei agregó que «las políticas de las últimas décadas empujaron a los argentinos a sacar sus ahorros del sistema en defensa propia, y con eso frenaron la inversión». Sobre esa idea construyó el resto de los anuncios.
La segunda iniciativa es la reforma del mercado de capitales. «Vamos a impulsar un proyecto de liberalización profunda de nuestro mercado de capitales, que modificará varias leyes con una misma idea: correr al Estado del medio para que el ahorro vaya directamente a la inversión», anunció Milei.
El Presidente sostuvo que el objetivo es que el ahorro privado financie directamente al sector productivo sin intermediación estatal. «Dejar nuestros ahorros fuera del sistema atenta contra nuestro propio crecimiento», insistió, y planteó que la reforma buscará remover regulaciones que, a su juicio, dificultan esa canalización del crédito.
Dentro del mercado financiero hubo un punto que concentró buena parte de la atención: la flexibilización para que las empresas puedan emitir deuda en dólares. Milei no brindó demasiados detalles sobre el funcionamiento del nuevo esquema, pero distintas fuentes del mercado interpretaron que la medida apunta a movilizar la enorme liquidez en moneda extranjera que hoy permanece inmovilizada dentro del sistema bancario.
Los bancos acumulan más de 35.000 millones de dólares en depósitos en moneda extranjera, impulsados por el blanqueo a lo que se suman los fondos que el Gobierno espera captar con el régimen de Inocencia Fiscal. Esas entidades deben remunerar esos depósitos, pero tienen pocas alternativas para prestarlos porque el crédito en dólares sigue muy restringido para quienes no generan ingresos en esa moneda.
Sin embargo, la iniciativa también despertó inquietud entre operadores del mercado, que advirtieron sobre el riesgo de descalce de monedas si compañías con ingresos principalmente en pesos incrementan su endeudamiento en dólares.
La tercera reforma corresponde al mercado de seguros. Milei la incluyó dentro del paquete destinado a profundizar el mercado financiero y ampliar las fuentes de ahorro de largo plazo, aunque fue el capítulo menos desarrollado de su exposición. El Presidente no detalló qué leyes modificarán ni cuáles serán los principales cambios regulatorios.
YPF aceptó la oferta de Edenor para quedarse con el 70% de MetroGAS y el 5% de MetroENERGÍA por US$780 millones. La operación implica la salida de la petrolera de mayoría estatal del control de una de las principales distribuidoras de gas del país y consolida al grupo empresario de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti como un actor cada vez más poderoso del mapa energético argentino.
Por Roque Pérez para NLI
Hay operaciones empresariales que pueden leerse como una simple transacción financiera y otras que, detrás de los números, cuentan una historia mucho más profunda sobre el rumbo de un país. La venta del 70% de MetroGAS por US$780 millones que YPF acordó con Edenor pertenece claramente a la segunda categoría. La petrolera de mayoría estatal decidió desprenderse de su participación controlante en una de las principales distribuidoras de gas de la Argentina, en una operación que todavía debe atravesar las condiciones y autorizaciones regulatorias correspondientes, pero que ya marca una definición estratégica: YPF abandona el control de MetroGAS y el negocio queda en manos de un conglomerado privado encabezado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.
El Gobierno y la conducción de YPF presentan la decisión como parte de una reorganización del portafolio de la compañía, orientada a concentrar capital y esfuerzos en la producción de hidrocarburos, especialmente en Vaca Muerta. Desde esa mirada, la distribución de gas no forma parte del núcleo estratégico que la petrolera quiere conservar y la venta permite obtener US$780 millones para destinarlos a otras inversiones. El argumento puede tener una lógica empresarial, pero la pregunta política que inevitablemente aparece es otra: ¿qué significa para la Argentina que una empresa de mayoría estatal abandone el control de una infraestructura energética que llega a millones de hogares y que el Estado había recuperado indirectamente en 2012?
De Gas del Estado a YPF y otra vez al sector privado
Para entender qué está ocurriendo hay que retroceder varias décadas. MetroGAS nació durante el proceso de privatización y fragmentación de Gas del Estado, llevado adelante durante el gobierno de Carlos Menem. Aquella transformación significó el desmantelamiento de la empresa estatal que había concentrado durante décadas buena parte de la actividad gasífera argentina y la transferencia de segmentos del negocio a compañías privadas. MetroGAS quedó como una de las grandes distribuidoras del área metropolitana.
La historia tuvo un giro significativo en 2012, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. YPF, que acababa de volver al control estatal tras la expropiación del 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol, decidió ejercer una opción de compra sobre el 54,67% de Gas Argentino que pertenecía a British Gas. De ese modo, YPF pasó a controlar indirectamente el 70% de MetroGAS, convirtiéndose en el accionista mayoritario de la principal distribuidora de gas del país. La propia documentación de YPF de aquel año señalaba que el objetivo era hacer de MetroGAS una empresa más eficiente y rentable y recuperar su valor estratégico dentro de la matriz energética nacional.
El contraste con la situación actual es difícil de ignorar. Catorce años después, el camino se invierte: aquello que el Estado había recuperado a través de YPF vuelve a quedar bajo control privado. Por eso, aunque técnicamente no sea correcto decir que el gobierno de Javier Milei “privatizó MetroGAS” —la empresa ya había sido privatizada décadas atrás—, sí es correcto afirmar que el Estado vuelve a retirarse del control de un activo energético estratégico que había recuperado.
Y la diferencia no es menor. La venta tampoco significa que el Estado desaparezca del negocio energético: YPF continúa siendo una pieza central del sistema y conserva activos de enorme importancia. Pero sí expresa una determinada concepción acerca de cuál debe ser el papel estatal: concentrarse en producir hidrocarburos, particularmente en Vaca Muerta, y desprenderse de otras posiciones dentro de la cadena energética.
El comprador no es un actor cualquiera
La otra mitad de la historia está en quién se queda con MetroGAS. La compradora es Edenor, la principal distribuidora eléctrica del país, controlada por un grupo empresario integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. La oferta de US$780 millones fue seleccionada luego de un proceso competitivo en el que participaron distintos interesados por la distribuidora.
El movimiento tiene una importancia que excede ampliamente a MetroGAS. El grupo que controla Edenor amplía ahora su posición dentro del mercado energético y suma el control de una de las principales distribuidoras de gas a su presencia en el negocio eléctrico. En otras palabras, un mismo entramado empresario pasa a tener una posición mucho más relevante en dos servicios esenciales: electricidad y gas.
Además, Manzano no llega desde afuera de MetroGAS. El empresario ya tenía participación accionaria en la compañía a través de Integra Capital, lo que vuelve todavía más significativa la operación: no se trata simplemente de la llegada de un nuevo competidor, sino de la consolidación del control en manos de un grupo que ya tenía presencia en la distribuidora. Durante el proceso de venta, el grupo encabezado por Manzano, Vila y Filiberti fue identificado como uno de los principales interesados en quedarse con el paquete accionario de YPF.
Aquí aparece uno de los interrogantes centrales que deja la operación. El Gobierno de Milei llegó al poder prometiendo combatir la concentración del poder económico y terminar con supuestos privilegios de la “casta”. Sin embargo, en el sector energético se observa una dinámica en la que activos estratégicos van pasando de manos estatales o de grandes empresas a otros grupos privados con enorme capacidad de concentración.
La discusión, por supuesto, no debería reducirse a nombres propios. Lo verdaderamente importante es preguntarse qué estructura energética está construyendo la Argentina y quiénes tendrán capacidad para decidir sobre ella en los próximos años.
Vaca Muerta como argumento y la concentración como consecuencia
La justificación de YPF tiene un elemento difícil de discutir: la compañía necesita concentrar recursos para desarrollar Vaca Muerta, aumentar la producción de petróleo y gas y transformar ese recurso en una fuente creciente de exportaciones y divisas. En esa estrategia, desprenderse de activos considerados secundarios puede liberar capital para invertir en exploración y producción.
Pero una cosa es reconocer esa lógica y otra muy distinta aceptar que la distribución energética sea un asunto menor. Producir gas es estratégico; distribuirlo también. Las redes que llevan el combustible hasta los hogares, comercios e industrias constituyen una infraestructura esencial de la economía argentina. MetroGAS tiene millones de usuarios y una posición central dentro del sistema de distribución del área metropolitana.
Por eso la operación abre un debate que va mucho más allá de los US$780 millones. ¿Cuánto vale para el país que YPF controle una distribuidora de esta magnitud? ¿Es correcto medir su conveniencia exclusivamente por la rentabilidad financiera que puede obtener la petrolera? ¿Qué ocurre cuando el Estado abandona posiciones dentro de la cadena y esas posiciones son acumuladas por grandes conglomerados privados?
No se trata de sostener que toda empresa energética debe ser necesariamente estatal. El problema es otro: la privatización y la concentración no son sinónimos de eficiencia por sí mismas. El funcionamiento de estos servicios depende también de regulación, tarifas, inversiones, calidad, mantenimiento de las redes y capacidad del Estado para controlar a empresas que operan en mercados donde los usuarios no pueden simplemente elegir otra red de gas o de electricidad.
La historia argentina ofrece demasiados antecedentes como para tratar estos procesos como si comenzaran hoy. La privatización de los servicios públicos durante los años 90 mostró que la transferencia de activos estatales al sector privado no elimina la necesidad de regulación pública. Por el contrario, la vuelve todavía más importante.
Ahora, bajo el gobierno de Milei, el péndulo vuelve a desplazarse con fuerza en la otra dirección. YPF vende MetroGAS, Edenor avanza sobre el negocio gasífero y el Estado concentra su apuesta en la explotación de Vaca Muerta.
La operación puede terminar siendo un buen negocio financiero para YPF. Puede incluso formar parte de una estrategia razonable para convertir a la petrolera en una compañía más enfocada y competitiva. Pero hay una dimensión que el balance contable no puede resolver: quién controla los recursos, las redes y los servicios que sostienen la vida cotidiana de millones de argentinos.
En 2012, YPF había recuperado MetroGAS bajo la premisa de que se trataba de una pieza importante de la matriz energética nacional. En 2026, la misma compañía decide que es un activo del que puede desprenderse por US$780 millones. Entre una decisión y otra pasaron apenas catorce años, pero también cambió profundamente la concepción sobre el papel del Estado en la economía.
Y quizás allí esté la verdadera noticia.
Mientras el Gobierno de Milei habla de convertir a la Argentina en una potencia energética a partir de Vaca Muerta, el Estado se retira de una parte cada vez mayor de la cadena que conecta esa energía con los usuarios. Y en ese proceso, los grandes grupos privados no sólo compran empresas: también acumulan poder sobre sectores estratégicos de la economía.
La venta de MetroGAS es, entonces, mucho más que una operación de US$780 millones. Es otra pieza del nuevo mapa energético argentino. Y esta vez, el Estado vuelve a estar del lado de afuera.
