LA MESA ESTÁ FUMIGADA

El gobierno dio marcha atrás con una desregulación que había celebrado apenas cuatro meses atrás. La Comisión Nacional de Valores (CNV) prohibió el uso de cheques y eCheqs para ingresar y retirar fondos de las cuentas comitentes y dispuso que las transferencias sean la única vía habilitada. 

En el mercado lo leyeron como un cepo reforzado. Pero detrás de la decisión aparece una razón menos doctrinaria: la recaudación del impuesto al cheque se desplomó y Economía decidió cerrar una puerta que había abierto la propia CNV. 

La Resolución General 1166 establece que los fondos que ingresan a una ALyC deben provenir de una cuenta bancaria a la vista del propio cliente o de una CVU vinculada a su CUIT. Para retirar el dinero ocurre lo mismo. La CNV justificó la decisión por la necesidad de garantizar la disponibilidad inmediata, evitar rechazos de cheques y fortalecer los controles frente a «posibles conductas disvaliosas». 

La explicación oficial, sin embargo, deja afuera el elefante de la habitación. En mayo, la CNV había dictado las resoluciones 1139 y 1141, que incorporaron el cheque electrónico y permitieron que los eCheqs circularan sin límites en la cantidad de endosos, siempre que pudiera garantizarse su trazabilidad. La regulación mantenía un máximo de dos pagos por día y cliente, pero no ponía límites a los endosos de los cheques electrónicos que ingresaban al circuito. 

Las tasas cortas ya son negativas en términos reales y vuelve el riesgo de dolarización

Ahí apareció el agujero fiscal. La transmisión de cheques mediante endoso está contemplada entre las operaciones exentas del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios. Empresas comenzaron a utilizar eCheqs para fondear sus cuentas en sociedades de Bolsa, colocar esos pesos en instrumentos de muy corto plazo y luego retirarlos mediante transferencia. La secuencia podía completarse en unas 48 horas y permitía evitar el costo del impuesto al cheque. 

El mecanismo creció justo cuando la recaudación comenzó a mostrar números cada vez más raquíticos. En términos reales, los ingresos por el impuesto al cheque cayeron 11% interanual en junio, 6,3% en julio y 9% en agosto. 

En un primer momento, el Gobierno atribuyó el deterioro a la caída de la actividad. Pero un informe de ARCA y el aumento del volumen de endosos pusieron el foco sobre la nueva operatoria. Economía pidió entonces cerrar el grifo. 

La crítica apunta a una contradicción incómoda para un gobierno que hizo de la desregulación una bandera. En mayo habilitó una herramienta que facilitaba el movimiento de fondos por fuera del circuito bancario tradicional y en septiembre la eliminó cuando comprobó su costo fiscal. 

La marcha atrás encendió a las sociedades de Bolsa. Franco Tealdi, managing partner de IEB Córdoba, calificó la decisión como una «HORRIBLE medida» en mayúscula y apuntó además contra el comportamiento de los bancos. «Los bancos ‘retienen por las dudas’ el impuesto a débitos y créditos aún cuando fondeás a ACDI (después tenés que reclamarlo). No hay incentivos para que las PyMes operen en el mercado mediante ALyCs. Inentendible y espero que corrijan», afirmó.  El experto Christian Buteler eligió una ironía más política: «¿Volvió Kicillof?». 

La crítica apunta a una contradicción incómoda para un gobierno que hizo de la desregulación una bandera. En mayo habilitó una herramienta que facilitaba el movimiento de fondos por fuera del circuito bancario tradicional y en septiembre la eliminó cuando comprobó su costo fiscal. 

El torniquete no apareció por una pulsión regulatoria sino porque la alquimia financiera comenzó a perforar una caja que el Tesoro necesita cuidar. Pero existe otra lectura en la City, sintetizada con menos diplomacia por la cuenta conocida como «Pájaro Loco»: «Bien CNV. Los curros que metían las ALyCs con los cheques ya era joda». 

Esa mirada pone el foco sobre el uso de una franquicia pensada para facilitar operaciones del mercado de capitales como vehículo para evitar un impuesto. La exención terminó funcionando en algunos casos como un atajo para administrar tesorería empresaria y no necesariamente para financiar inversión productiva. 

La pelea también es por quién se queda con esos pesos. Los bancos habían cuestionado la operatoria porque las ALyCs les estaban quitando depósitos y parte del negocio de tesorería corporativa. Los fondos que antes permanecían dentro del sistema bancario podían entrar mediante eCheqs al mercado de capitales y terminar estacionados en money markets o cauciones. 

Fuentes del mercado reconocieron a LPO que los bancos venían reclamando contra ese circuito. Con la nueva resolución, buena parte de esos fondos vuelve a pasar obligatoriamente por las cuentas bancarias. 

Por eso la decisión tiene ganadores y perdedores bastante definidos. Las ALyCs pierden una herramienta que se había vuelto atractiva para empresas y pymes. Los bancos recuperan terreno en el manejo de la liquidez corporativa. Y el Estado procura recuperar recaudación obligando a que los movimientos vuelvan a transitar por un canal alcanzado por el impuesto a los débitos y créditos. La medida golpea especialmente a las pymes que utilizaban cheques como parte habitual de su circuito comercial. 

La investigación judicial por la estafa con la criptomoneda Libra marcha rumbo al olvido. La Cámara Federal confirmó el apartamiento de los querellantes y el único impulso que le queda a la causa es el fiscal Eduardo Taiano, que hasta ahora no ha mostrado interés en avanzar.

El pacto de impunidad entre el gobierno de los hermanos Milei y Comodoro Py sumó un nuevo capítulo, acaso el que más le interesaba a la Casa Rosada. La causa por la estafa cripto va rumbo a terminar cajoneada en los tribunales de Retiro.

En un fallo firmado por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, al que el Senado le acaba de aprobar el pliego para continuar en ese cargo, quedó firma la exclusión de las querellas que representaban a los damnificados por la estafa. La decisión se tomó antes de la llegada a la Cámara del nuevo integrante, el juez Pablo Yadarola.

Pacto de impunidad: tras la renuncia de Adorni, corren a los querellantes de la causa Libra

La Cámara intervino ante la apelación de los querellantes al fallo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, que en julio hizo lugar a un planteo del lobista Mauricio Novelli, amigo de Milei, y apartó a cinco querellas. Esta medida implica que se quedan sin acceso al expediente ni pueden pedir pedir medidas de prueba, con lo cual la investigación queda únicamente con impulso del fiscal.

El camarista Pablo Bertuzzi

En el fallo al que accedió LPO, Llorens y Bertuzzi dicen que está «diluida» la hipótesis de «un plan organizado desde las altas esferas gubernamentales» para llevar a cabo una estafa junto a un grupo de actores del mundo cripto. La realidad es que la pesquisa de Taiano y Martínez De Giorgi nunca avanzó seriamente con esa hipótesis, ni ninguna otra.

El texto de los camaristas parece centrar toda la culpa en los estafados, que dice «decidieron invertir fondos a través de instrumentos cuya volatilidad y riesgo es mayor». «Ninguno de los aquí apelantes ha logrado demostrar, a los fines de su legitimación, el ardid o la afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a adquirir el token», sostienen. «Los apelantes solo se han limitado a describir una sucesión de eventos sin identificar la falsedad concreta que los impulsó a efectuar la compra», agregan para despegar a Milei por su tuit en el que promocionó Libra.

Como ya hizo Martínez De Giorgi, Bertuzzi y Llorens parecen establecer los argumentos para que la causa termine en la nulidad. Dicen que el lanzamiento de Libra fue en un contexto «de un negocio de por sí volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo» y que quienes invirtieron sabían eso. Los camaristas dicen que los inversores «asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra» y el dinero que perdieron fue «consecuencia de ese riesgo».

Mariano Llorens

La causa Libra ha estado atravesada por la discusión entre la Casa Rosada, una pelea que se vio más descarnadamente en la investigación judicial contra Manuel Adorni y que quedó atrás cuando el ministro Juan Bautista Mahiques empezó a agilizar el envío de pliegos de jueces y fiscales.

El fallo de primera instancia de Martínez De Giorgi fue la primera señal del pacto de impunidad, concretado luego con una sucesión de fallos favorables para el gobierno como el que firmaron ahora Llorens y Bertuzzi. En el medio, la causa Adorni se ralentizó casi por completo.

Los pliegos de Bertuzzi y Yadarola para la Sala I de la Cámara Federal porteña fueron la garantía que Mahiques le ofreció a Karina Milei para garantizarse la impunidad en la causa Libra, aunque en este caso ni siquiera hizo falta la intervención de Yadarola. Esta sala también debe intervenir en la investigación de la corrupción en Andis.