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Victoria Villarruel dispuso una readecuación de la escala salarial de los empleados del Senado comprendidos entre las categorías 1 y 7 del escalafón para «corregir el acotamiento de la brecha salarial» y Martín Menem la acusó de elevar el gasto en $ 53800 millones.
A través del decreto 203/26, la Vicepresidenta resolvió una recomposición de los módulos que redunda en una suba de $ 923.447,59 para la categoría más alta, $ 693.251,16 para la segunda, $ 496.554,84 para la tercera y $ 358.023,55 para la cuarta. Los acreedores de planta permanente con categoría 5 recibirán un incremento de $ 235.350,29, los de categoría 6 uno de $ 128.535,07 y los de categoría 7 otro de $ 34.038,15.
Según los fundamentos de Villarruel, «se ha verificado un progresivo achatamiento del escalafón, como consecuencia de la aplicación de aumentos porcentuales diferenciados en sucesivas negociaciones paritarias, lo que ha desdibujado las diferencias salariales legítimas entre categorías superiores e inferiores previstas originalmente en la Ley». «Dicha situación desincentiva la promoción por mérito, antigüedad y mayor responsabilidad, afectando la motivación, la permanencia y el desarrollo del personal con mayor nivel de funciones, y repercute negativamente en la eficiencia y calidad del servicio legislativo», agrega.
En la Cámara Alta aseguran que la medida «es viable» por «la reducción de la dotación de personal en más de 1000 agentes».
Sin embargo, los libertarios de la bancada de Gabriel Bornoroni se quejan de la decisión de Villarruel. «Además de la paritaria ya otorgada en 2026, representa subas extra de entre 3% y 34% según la categoría», dicen.
Patricia Bullrich y Martín Menem, en la Rosada.
Un diputado peronista le dijo a LPO que la Vicepresidenta habría conversado la maniobra con Patricia Bullrich, quien llegó a plantearle el tema al secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Sin embargo, Villarruel terminó apurando la medida, acaso porque la suba se aplica con dinero presupuestado para el Congreso y conviene darle destino antes que avance el torniquete de Luis Caputo.
Pese a que Menem le aumentó un 30 % al personal jerárquico de Diputados y solo un 10,5 a los empleados de categorías más bajas, en el Congreso estimaron que el costo total de la definición de la Vicepresidenta implica un costo total de $ 53800 millones. Suman a la readecuación de la pirámide salarial, la incorporación de 60 trabajadores a la DAS y la intención de tomar alrededor de 100 más en la Imprenta.
Fuentes gremiales explicaron a LPO que, como Hacienda no homologa las paritarias, los dirigentes sindicales y las autoridades «se ponen creativos para conseguir o conceder aumentos salariales». «Desde hace dos años, la pelea viene porque cada sector cobra diferente: hace dos años Menem dio un bono y Villarruel no, entonces los trabajadores se miran mal entre sí», comentó un delegado.
Pese a que Menem le aumentó un 30 % al personal jerárquico de Diputados y solo un 10,5 a los empleados de categorías más bajas, estimaron que el costo total de la definición de la Vicepresidenta implica un costo total de $ 53800 millones.
Villarruel acompañó su decreto con un mail que llegó a las casillas de los empleados, con la firma de Alejandra Laura Figini, directora general de Recursos Humanos. En ese mensaje, dice que la decisión «representa un importante esfuerzo de la gestión, impulsado por la Presidencia, orientado a la revalorización del mérito y de la carrera administrativa, fortaleciendo la equidad interna del sistema salarial y reconociendo adecuadamente las responsabilidades asociadas a cada nivel escalafonario». Su medida alcanzaría a más de 2500 trabajadores.
La divulgación del aumento en el Senado derivó en un malestar más profundo entre los trabajadores de Diputados. «Salió la resolución para el Senado y en Diputados no quisieron firmar. ¿Puede ser posible que nuestro presidente no quiera firmar los módulos para los trabajadores?», dijo un empleado de la Cámara Baja.
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El descalabro del Pami llegó a un punto límite este lunes con el paro por 72 horas que iniciaron los médicos que atienden por la obra social de los jubilados. Los profesionales denuncian fuertes recortes en sus ingresos (en algunos casos hasta más del 50%) a partir de lo dictado en una reciente resolución.
Además, crecen las protestas internas frente a reordenamientos que son leídos como políticas de vaciamiento de áreas clave y que ponen aún más en riesgo la correcta prestación de los servicios. Mientras, las farmacias siguen alertan por un latente colapso en la provisión de medicamentos de no regularizarse los pagos.
Todo eso, a la vez que proliferan las denuncias y sospechas de negociados a partir de licitaciones en las que son beneficiadas compañías comandadas por empresarios vinculados a la cúpula del poder libertario.
El detonante de la medida de fuerza de los médicos fue la resolución 1107 del Pami, que estableció la eliminación de la consulta presencial como fuente de ingreso, la incorporación de más prestaciones dentro de un pago fijo y la quita del incentivo económico por la formación de posgrado de los médicos de cabecera.
«Nos quieren pagar 2.100 pesos por paciente y por mes, no por consulta», denunciaron en Asociación de Profesionales de la Salud del Pami. Así, un médico con 400 pacientes que percibía alrededor de $1.600.000, pasaría a cobrar menos de $850 mil.
Los profesionales de la salud denunciaron que esos cambios fueron «inconsultos» y que representan un recorte sustancial de los ingresos de los médicos de cabecera que en algunos casos es superior al 50%.
«Nos quieren pagar 2.100 pesos por paciente y por mes, no por consulta», denunciaron en Asociación de Profesionales de la Salud del Pami, Appamia. Así, un médico con 400 pacientes que percibía alrededor de $1.600.000, pasaría a cobrar menos de $850 mil.
Semejante recorte es un golpe directo a la calidad de la prestación que ya viene fuertemente resentida. «Más trabajo, menos ingresos y menor reconocimiento al ejercicio médico, afecta de manera directa la sostenibilidad del consultorio», advierten en Appamia.
Al reclamar la derogación inmediata de la polémica resolución, sostienen que la medida «implica una reducción significativa del ingreso real de los profesionales, tornando inviable el sostenimiento de la actividad en condiciones dignas». Así, la agremiación médica está evaluando iniciar acciones legales contra la resolución.
En Appamia presentaron una propuesta concreta, basada en los costos reales del ejercicio profesional, que establece una cápita de $6.500 como piso necesario para sostener la atención médica.
Por otro lado, días atrás los trabajadores de la Gerencia de Auditoria Prestacional (GAP) de la sede central de Pami hicieron un ruidazo contra lo que denuncian como un «desguace» de esta área, lo que pone en riesgo el control a infraestructuras edilicias y sanitarias de la obra social.
El malestar de los empleados de esa gerencia quedó expuesto en los cánticos que se viralizaron en redes y en los que reclaman a las autoridades «que se vayan».
LPO contó que la tensión en el gobierno por la crisis en el Pami es total, al punto que Sandra Pettovello salió a aclarar que el Ministerio de Capital Humano no tiene nada que ver con la obra social de los jubilados. «Depende del Ministerio de Salud», dijo la ministra para despegarse y dirigir las responsabilidades a Mario Lugones.
Es que, además de la crisis de funcionamiento, en el Pami proliferan denuncias y sospechas de negociados a partir de licitaciones.
LPO reveló en exclusiva que el Pami le otorgó una licitación por miles de millones a Oxígeno y Tecnología, empresa que tiene como apoderado a Martín Voss, ex funcionario de Pami muy cercano a Toto Caputo.
Ahora, trascendió que la obra social de los jubilados hizo una contratación millonaria para la locación de inmuebles con Inversora Eslava, empresa cercana a los Menem a través de uno de sus ejecutivos, Kevin Pocovi, hijo del ex marido de Zulemita Menem.
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