La Justicia Laboral revocó el rechazo inicial y aceptó un amparo de más de 20 gremios contra las resoluciones de Bullrich que atacan el derecho a huelga

La Justicia Laboral revocó el rechazo inicial y aceptó un amparo de más de 20 gremios contra las resoluciones de Bullrich que atacan el derecho a huelga

 

Foto: NA / Damián Dopacio.

La decisión la tomó la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Tramitará la acción de amparo presentada por más de 20 organizaciones gremiales contra las Resoluciones 893/2024 y 901/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Aseguran que las normas implican la “criminalización del ejercicio del derecho a huelga”. Por InfoGremiales.


La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó este martes el rechazo inicial de una acción que denuncia la criminalización de la protesta gremial y la injerencia ilegítima del Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, en asuntos laborales.

En una resolución clave para la defensa de los derechos sindicales, la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó tramitar la acción de amparo presentada por organizaciones gremiales contra las Resoluciones 893/2024 y 901/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La demanda, promovida por más de 20 organizaciones sindicales, denuncia que las mencionadas resoluciones instauran un protocolo que permite la intervención de fuerzas de seguridad, la identificación de manifestantes y hasta la remisión de sus datos a la justicia penal, configurando un mecanismo de represión y criminalización del ejercicio del derecho a huelga.

Según los actores, las normas atacadas constituyen una avanzada inconstitucional sobre la libertad sindical, permitiendo que una autoridad administrativa defina, sin control judicial, si una medida gremial constituye un “bloqueo” pasible de intervención policial, despido laboral o persecución penal. Todo ello, en abierta contradicción con la Constitución Nacional, los convenios de la OIT y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La Cámara, al revocar el fallo de primera instancia que había rechazado “in limine” la acción, sostuvo que el amparo sindical previsto en el artículo 47 de la Ley 23.551 es una herramienta procesal adecuada para cuestionar actos estatales que puedan interferir con el ejercicio regular de los derechos colectivos.

Asimismo, destacó que las resoluciones emitidas por el Ministerio de Seguridad, en tanto podrían incidir sobre la actividad gremial en los ámbitos de representación de las entidades actoras, configuran un escenario que justifica la apertura del proceso y la revisión judicial, ante el riesgo cierto de afectación a garantías constitucionales vinculadas a la libertad sindical.

Ahora queda por resolver la medida cautelar solicitada por el juzgado de origen, dónde se solicito la suspensión de las resoluciones ministeriales mientras se tramite el fondo de la cuestión.

El fallo:

Revoca Sentencia Interlocutoria Ordena

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/la-justicia-laboral-revoco-el-rechazo-inicial-y-acepto-un-amparo-de-mas-de-20-gremios-contra-las-resoluciones-de-bullrich-que-atacan-el-derecho-a-huelga/

 

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  • “Un nuevo intento de proscribir al Suteba Tigre”

     

    El viernes 6 de junio dirigentes de Suteba Tigre fueron notificados de su judicialización por el juez Alfredo Wagner a raíz de una “denuncia maliciosa” de funcionarios de la Dirección General De Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires. En charla con Alfredo Cáceres, referente del sindicato, nos comentó sobre las falsas denuncias que recibieron y las acciones a llevar a cabo por la seccional “para responder a esta ofensiva judicial de la patronal”. Por Ernestina Arias. 


    “En la escalada represiva y autoritaria que estamos viviendo en el país, replicada por la DGCyE, que no cesa de desconocer el libre ejercicio de la actividad sindical, los cuadros intermedios de DGCyE optan por judicializar al SUTEBA TIGRE y en particular a María Elisa Salgado, secretaria general, Marina Lascano Warnes, Secretaria de Formación Político Sindical, y Alfredo Cáceres Vocal Titular, de este sindicato. Sin más, esto implica que nuestres compañeres puedan ser detenides ejerciendo su representación sindical o la defensa de docentes del distrito o en sus tareas laborales cotidianas, es decir, obstaculizan el ejercicio de la representación sindical”. De esta forma comienza a denunciar el sindicato de trabajadores de la educación Suteba Tigre en un comunicado emitido el mismo día que recibieron las notificaciones.

    En conversación con Alfredo Cáceres, nos explica de qué se trata esa acusación. “Una inspectora del distrito de Tigre nos denuncia, argumentando hechos que tienen que ver con nuestra intervención sindical, como nombrarla, denunciar sus intervenciones, atropellos y demás. Fue alguien que llegó con el macrismo, de una manera como mínimo bastante dudosa, pero más allá de eso su irrupción como inspectora fue ser parte de la persecución desatada contra unos 500 inspectores en aquella época que hizo el macrismo para callar a las escuelas después del estallido de la escuela 49 de Moreno. Y bueno, entonces desde ese lugar arremete con una denuncia penal que el juez Wagner lo que hace es transformarla en una perimetral aunque no se declara competente sino que lo remite al fuero contencioso administrativo o sea que se lava las manos pero deja la medida cautelar de la perimetral. Con lo cual, técnicamente, si nos cruzáramos en una escuela o en la vía pública o en nuestro lugar de trabajo, o ejerciendo el rol de dirigentes, acompañando una intervención en la jefatura o en cualquier otro ámbito, podríamos ser detenidos, porque estaríamos violando la perimetral. Así que concretamente se transforma en un ataque de esta naturaleza”.

    Desde el sindicato afirman que “esta ofensiva judicial contra representantes de trabajadores de la educación no es la primera vez que ocurre y pareciera estar completamente avalada por la DGCyE que no ha dado respuesta a ninguna de las presentaciones formales que se han realizado por el sindicato.”

    A partir del momento que difundieron la situación empezaron a recibir la solidaridad de la docencia y organizaciones de zona  norte, las cuales siguen recibiendo en sus redes sociales.

    “Las campañas reaccionarias que buscan demonizar a les trabajadores acusando de violentes a quienes defiende los derechos de la clase trabajadora abonan la judicialización de nuestras organizaciones”, enuncian en el comunicado y prosiguen “hacemos responsables de la integridad de nuestres compañeres a las autoridades regionales y distritales, Amelia Bressan y Gloria Zingoni, y al Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni”.

    Finalizan el texto con la convocatoria a asambleas para resolver acciones directas para responder a esta “ofensiva judicial de la patronal”.

    Redes sociales

    https://www.facebook.com/sutebadetigreconduccionmulticolor

    https://www.instagram.com/suteba_de_tigre/?hl=es

     

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  • Elecciones docentes: grave amenaza a Amsafe Rosario en medio de un proceso electoral denunciado por fraude

     

    Una corona mortuoria fue dejada en la puerta del gremio Amsafe Rosario por personas encapuchadas con la leyenda: «Teres y Meglio que en paz descanse»

    El pasado miércoles  docentes de Santa Fe fueron a las urnas para elegir sus representantes gremiales en cada departamento y a nivel provincial. El proceso que se inició a principios de marzo registró múltiples irregularidades que fueron denunciadas por el gremio Amsafe Rosario. El escrutinio definitivo que culminó anoche anuncia el triunfo de la Agrupación Frente Trabajadores de la Educación encabezada por Rodrigo Alonso, reteniendo el gremio a nivel provincial y ganando en 17 de los 19 departamentos, en algunos como lista única, entre ellos la departamental Rosario donde se enfrentó a la lista Frente Gremial 4 de Abril que desde 2004 conduce la seccional. Ayer en medio aún del recuento definitivo un hecho de gravedad empaño más un proceso electoral cuestionado desde los inicios. En horas del mediodía una corona mortuoria con una leyenda fue dejada por personas encapuchadas en la puerta del gremio Rosario, según registro de las cámaras del local la colocaron  personas encapuchadas, estaba dirigida a Gustavo Teres, Secretario Adjunto de la CTA-A regional Rosario y a Gabriela Meglio, Secretaria Adjunta de Amsafe Rosario, ambos candidatos en la elección por el Frente 4 de Abril. La leyenda decía: «Teres y Meglio, que en paz descanse». Amplio repudio y solidaridad de organizaciones y gremios. Hoy a las 12 el gremio convocó a una conferencia de prensa.  Desde ANRed entrevistamos a Gabriela Meglio. Por Gonzalez Estefania (ANRed)


    Ayer en horas del mediodía la acción de personas encapuchadas empaño aún más el proceso electoral de la docencia de Santa Fe. Cuando aún faltaba terminar el recuento definitivo, una corona mortuoria fue dejada por personas encapuchadas en la puerta de Amsafe Rosario con la leyenda: «Teres y Meglio, que en paz descanse». «Desde Amsafe Rosario expresamos nuestro más enérgico repudio al ataque que recibimos hoy, en el marco del proceso electoral interno, en la puerta del sindicato donde se amenaza de muerte a dos importantes dirigentes de nuestra seccional Gustavo Teres y Gabriela Meglio. Nos negamos a naturalizar estos discursos de violencia y odio que buscan llevarnos hacia las épocas más oscuras de nuestra historia. Vamos a presentar la denuncia penal correspondiente con nuestros abogados. Exigimos al gobierno provincial que garantice la seguridad de nuestrxs compañerxs.», comunicaba ayer el gremio.

    Las elecciones se llevaron a cabo el día miércoles. Docentes de toda la provincia votaron a sus representantes gremiales para cada departamental y a nivel provincial.

    A nivel provincial la disputa fue entre el Frente Trabajadores de la Educación ( La Celeste) de conducción peronista con una lista encabezada por Rodrigo Alonso, junto con Susana Ludmer y Patricia Hernández  alineados con Ctera y Sonia Alesso, la secretaria general de la central nacional; y la lista del Frente por una Amsafe Democrática (FAD) que llevó como candidato a Guillermo De los Hoyos. A nivel Rosario, La Celeste presentó como candidatos a Roque Jaimes , Violeta Castillo y Gabriela Pereira; y el Frente 4 de abril encabezó lista con Juan Pablo Cassielo, Daniela Vergara y Gabriela Meglio, Gustavo Teres como Secretario de Formación.

    Los resultados arrojaron como ganadora a nivel provincial a la lista de la Celeste, que renovó la conducción por tres años más, ganó en 17 de los 19 departamentos, en algunos de ellos presentándose como lista única y se quedó con la seccional Rosario conducida hace poco más de 20 años por el Frente 4 de abril. Los números son ajustados y las denuncias de irregularidades, múltiples. 

    Finalmente anoche una delegación de Amsafe Rosario que viajó a la capital provincial para el escrutinio definitivo  comunicó los resultados finales a cargo de la Junta Electoral Provincial.

    A nivel departamental Rosario:

    • Frente Trabajadores de la Educación (celeste): 2691 votos
    • Frente 4 de Abril: 2653 votos

    Es decir una pequeña diferencia de 38 votos

    A nivel Provincial:

    • Trabajadores de la Educación: 2693
    • Frente por una Amsafe Democrática (FAD) 2357

    Una diferencia de 336 votos.

    En la misma comunicación Amsafe Rosario, expresó que en defensa del voto de cada persona afiliada, rechazan el resultado de la Junta. «En virtud de las graves irregularidades que venimos advirtiendo, hemos impugnado 3 mesas que claramente manifiestan maniobras fraudulentas, además observamos que hay una escuela que votó y que no llegó el sobre urna al recuento, afectando gravemente la democracia sindical de la cual siempre estuvimos orgullosos de sostener en Amsafe Rosario. Defendemos Amsafe Rosario, la participación y democracia sindical, rechazamos el proceder de la Junta Electoral avalada por el Frente Trabajadores de la «Educación Celeste» .Resolveremos las acciones a seguir para defender el voto de cada compañerx.»

    Denuncias de irregularidades

    En diálogo con ANRed, Gabriela  Meglio contó las irregularidades que fueron registrando y denunciando desde que se inició el proceso electoral.

    «Este proceso electoral comenzó a principios del mes de marzo con la convocatoria al armado de la Junta Electoral en el marco de las elecciones de Amsafe, que son asambleas de afiliados y afiliadas que votan la Junta Electoral del departamento y la provincial. Ahí nosotros ya comenzamos a detectar padrones que estaban inflados con personas que no eran docentes, que habían trabajado una vez en la docencia y que después no trabajaron nunca más. Después salió la nota en el diario, que es una convocatoria que sacó la Comisión Directiva Provincial actual, donde llamó a las elecciones, puso la fecha que se iba a elegir Comisión Directiva Provincial y representantes de los 19 departamentos y publicó los agrupamientos, es decir, los lugares de las escuelas donde se votó.», contó.

    Luego destacó: «En Rosario ahí ya detectamos el cierre de alrededor de 50 mesas y agrupamientos donde había compañeros que tenían que trasladarse más de 15, 20 o 30 cuadras, obvio todas las escuelas de Rosario en donde teníamos apoyo, los cambiaron de lugar,  en el marco de un ataque brutal a toda la docencia de parte del gobierno de Pullaro

    Meglio detalló las irregularidades en los padrones, explicó: «Este proceso se siguió llevando adelante. Salió el local de votación, se presentaron las listas y después la Junta Electoral convocó para entregar los padrones provisorios,  las listas de afiliados y afiliadas de las escuelas, donde cada delegado tiene que ver si están todos los afiliados, si hay alguien que se jubiló, si hay que realizar modificaciones. Esas se debían entregar a la delegación Rosario, a cada delegado y delegada, pero no se entregó la copia del conjunto de esos padrones provisorios, los representantes a los apoderados de listas del Frente 4 de Abril, o sea, nosotros no teníamos un padrón provisorio actualizado de los compañeros. Ahí los delegados y las delegadas hicieron el trabajo, algunas modificaciones, pedido de cambio de lugar, ahí ya detectamos que había cambio, que había gente incorporada en los padrones, que hacía desde 2008 que no tenía actividad, que había estudiantes incorporados, que había hermanos de integrantes de la burocracia sindical peronista que ni siquiera se dedica a la docencia. Hubo una etapa donde  tenías un tiempo recursivo, esa etapa se cerró, nosotros presentamos como 600 y pico de reclamos, se reconocieron algunos, otros sí y otros no, y el padrón definitivo llegó aproximadamente el 10 de junio. Unos días antes de las elecciones, y ahí ya cuando llegó el padrón definitivo no dieron los tiempos legales  de seguir reclamando.

    Ya habían integrado gente que no era docente. Nosotros impugnamos esto, pero no la sacaron de los padrones y además incorporaron a más. Denunciamos esto y a la burocracia sindical celeste peronista. Esta empezó a decir que había que votar solamente con DNI, claro, porque esa gente no podía constatar recibo de sueldo o descuento de afiliado, contradiciendo algo que el mismo  estatuto de Amsafe dice, que hay que votar con DNI y con recibo de sueldo. Yo personalmente impedí que votaran dos personas, una que declaró ser estudiante frente a la presidenta de Mesa y decir que pertenecía al grupo de Javi, que es uno de la burocracia y otra compañera que era docente pero que no estaba afiliada, que no tenía el descuento porque hay tiempos estatutarios,  para aparecer en el padrón de la escuela tenés que tener seis meses de antigüedad en esa escuela, eso lo dice el estatuto.»

    «Metieron gente que, constatado se afiliaron en el mes de abril y estaban en el padrón definitivo, toda la gente que ellos agregaron. Se impugnaron mesas alrededor de este reclamo y en ese marco, en el día de hoy al mediodía nos encontramos con el nefasto gesto de la burocracia sindical que festeja el fraude con una actitud de patota, de patota sindical, queriendo amedrentar y vuelvo a decir,  a nosotros que somos los compañeros y compañeras de Carlos Fuente Alba, de Mariano Ferreira y tenemos 20 años de historia en Amsafe recuperada, no nos van a amedrentar», dijo Meglio para finalizar.

    Amplio repudio y solidaridad

    El Frente 4 de Abril, conduce el gremio rosarino docente desde el 2004 en una posición histórica independiente de todos los gobiernos de turno, en defensa de la escuela pública, el salario, las jubilaciones docentes y el derecho a la educación en condiciones dignas para niños, niñas y adolescentes en una ciudad que sufre la pobreza, el desempleo y la violencia narco. Además fue siempre de puertas abiertas, solidario y activo con los distintos sectores en lucha de la ciudad y la provincia. Ante la amenaza recibida ayer numerosas organizaciones, espacios colectivos y escuelas pronunciaron su repudio y solidaridad. Compartimos algunas, más pronunciamientos aquí.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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  • Avilez irá a juicio por falso testimonio en la causa de Luciana Muñoz

     

    El juez Luis Giorgetti resolvió que Maximiliano Avilez será llevado a juicio acusado de falso testimonio en la investigación por la desaparición de Luciana Muñoz, vista por última vez en julio de 2020.

    La decisión se conoció este viernes tras una audiencia en la que estuvieron presentes el imputado y la madre de la joven. La defensa había pedido que se lo sobreseyera, asegurando que el plazo de investigación estaba vencido y que sus declaraciones no eran válidas porque ya era tratado como sospechoso. Sin embargo, la fiscalía rechazó esos planteos y explicó que la acusación se presentó en tiempo, aunque un error del sistema judicial demoró su registro.

    De esta manera, el proceso continuará con la primera declaración de Avilez, en la que habría dicho datos falsos. Ahora será en el juicio donde se determine si es responsable penalmente.

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  • Controlar al pueblo para entregar la patria: ¿qué dice el plan de inteligencia nacional libertario?

     

    El pasado 25 de mayo el periodista Hugo Alconada Mon reveló la existencia de un Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN), elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) del actual gobierno de ultraderecha. Fue aprobado el año pasado pero se mantiene en secreto, a pesar de que contiene varios artículos de carácter inconstitucional y de naturaleza marcadamente antidemocrática. La revista Crisis accedió a una copia del Plan de Inteligencia Nacional 2025 y constató la gravedad que reviste, por lo que consideramos imprescindible dar a conocer los artículos que resultan contrarios a los intereses nacionales y la vigencia de la democracia. Por Colectivo Editorial Crisis / Ilustraciones: Azul Blaseotto, Julieta Farfala y Nicolás Daniluk.


    Luego de la publicación de los fragmentos más significativos del Plan de Inteligencia Nacional 2025, cinco destacados especialistas en materia de seguimiento y control del espionaje estatal aportaron sus miradas críticas. El jurista Alberto Binder, presidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), centró su lectura en la reaparición del “infraestado mafioso”. El analista Juan Gabriel Tokatlian junto al ex canciller Rafael Bielsa examinaron con lupa “la dimensión internacional del PIN”. Mientras les integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky y Manuel Tufró, pusieron la lupa en las violaciones de derechos que nos ubican en un estado de “libertad vigilada”. El resultado es un dossier imperdible, que cuestiona los postulados del espionaje libertario y constituye un insumo de primer orden para que actúen aquellos contrapoderes que deberían ponerle límite a la prepotencia del gobierno de ultraderecha.

    El pasado 25 de mayo el periodista Hugo Alconada Mon reveló la existencia de un Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN), elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) del actual gobierno de ultraderecha. Fue aprobado el año pasado pero se mantiene en secreto, a pesar de que contiene varios artículos de carácter inconstitucional y de naturaleza marcadamente antidemocrática.

    En notas posteriores, el cronista del diario La Nación agregó dos elementos significativos. Por un lado, en enero de 2025 el Director General de Operaciones de la casa de los espías, Diego Kravetz, firmó una directiva, también secreta, en la que ordenó “identificar y monitorear” a los “grupos sociales vulnerables” y a cualquier “actor no estatal” que pueda capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”. Por otra parte, a finales de octubre de 2024 varios legisladores nacionales que integran la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia fueron convocados a las oficinas de la SIDE para discutir el PIN y esa reunión “terminó mal”.

    La periodista Irina Hauser, del diario Página 12, informó sobre la existencia de un documento elaborado por la Comisión Bicameral donde se explicitan “las inconsistencias y peligros” del PIN y extiende una citación al actual titular del organismo de inteligencia estatal, Sergio Neiffert, para ofrecer las explicaciones del caso. El informe de la Bicameral también permanece oculto.

    La revista crisis accedió a una copia del Plan de Inteligencia Nacional 2025 y constató la gravedad que reviste, por lo que consideramos imprescindible dar a conocer los artículos que resultan contrarios a los intereses nacionales y la vigencia de la democracia.

    Arrodillamiento estratégico

    El PIN 2025 presenta las amenazas y oportunidades del denominado “Actor Nacional”, en una estructura compuesta por 10 Lineamientos Estratégicos (LE), que coinciden con otros tantos Objetivos Generales de Inteligencia (OGI), para cada uno de los cuales se despliegan diferentes Objetivos Particulares de Inteligencia (OPI). Por su parte, cada OPI se desagrega en varias Necesidades de Inteligencia (NI).

    El LE #1 se titula “Disputa de poder en el escenario de Política Exterior” y sus tres primeras NI son, desde nuestro punto de vista, las más intolerables pues conllevan la subordinación de la soberanía a manos de dos potencias genocidas.

     

     

    A partir de esta definición, el resto de las naciones y en particular las que forman parte de nuestra región pasan a ser consideradas amenazas, contradiciendo el más básico sentido común geopolítico.

    Vigilar al soberano

    El tercer Lineamiento Estratégico lleva por nombre “Poder integral de la Nación” y se refiere a las “amenazas y oportunidades que pudieran impactar en el progreso integral de los factores de poder, la institucionalidad republicana, la libertad, la vida y el patrimonio de sus habitantes”. La primera observación tiene que ver con el término “factores de poder” de la Nación, que se repite varias veces sin que haya especificación alguna sobre a qué actores apunta.

    Nos detendremos en el primer Objetivo Particular de Inteligencia (OPI), que alude al “Orden Económico y Financiero” y se propone producir conocimiento sobre “la evolución de actores, hechos, factores y procesos con potencial impacto en la situación económica y financiera argentina”. Veamos las NI 03 y 11.

    No es muy difícil entrever que cualquier sujeto social que luche por sus derechos dentro de los marcos habituales de la conflictividad sindical o ciudadana, podrá ser considerado una amenaza y ser objeto de espionaje.

    Idéntico riesgo se observa en el OPI 3 del mismo LE, dedicado a vigilar “la evolución de actores, actividades, procesos y escenarios que pudieran afectar el desarrollo de la infraestructura estratégica nacional”.

    Si avanzamos hacia el OPI 5 de dicho Lineamiento Estratégico, que ordena seguir de cerca “la evolución de actores, actividades, procesos y escenarios con potencial impacto negativo sobre el orden constitucional, el funcionamiento institucional, la gobernabilidad democrática y la plena vigencia de los derechos constitucionales”, la inteligencia estatal se vuelca decididamente al accionar político, como leemos en las NI 02, 03 y 04.

    Dentro del mismo LE, la OPI 6 apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podrían ser organismos de derechos humanos e incluso las instancias jurídicas internacionales.

    En la misma línea, la NI 04.01.08.11 pone en el blanco a los promotores científicos que abogan por la conservación de la biodiversidad.

    El Lineamiento Estratégico 5 se ocupa de los “Recursos naturales estratégicos e incidencias en la Biósfera con efectos de interés nacional” y, con esa facilidad que tiene la ultraderecha para dar vuelta cualquier lógica, incluye entre las amenazas a las organizaciones ambientalistas y los pueblos originarios.

    Anarco autoritarismo

    El Lineamiento Estratégico #8 está dedicado al ítem “Terrorismo” y en su Objetivo Particular de Inteligencia 2 ingresa, si se tiene en cuenta el lugar de enunciación, a una zona delirante. Se trata de un gobierno autodenominado anarco-capitalista cuyo propósito explícito consiste en destruir al estado, pero cataloga como terrorista a los “actores cuyo propósito manifiesto sea promover la ausencia de autoridad estatal como modelo de sociedad organizada”. El peligro de criminalizar a una ideología de larga tradición resulta inadmisible.

    Hay otros pasajes de discutible legalidad, pero los hasta aquí expuestos son suficientes para evidenciar que estamos ante un Plan de Inteligencia Nacional que abre las puertas al atropello, en consonancia con la vocación represiva de la administración Milei. Cuando el estado se escuda en el secreto para cometer actos inconstitucionales, el periodismo debe cumplir su función primera, que consiste en informar al soberano. El pueblo tiene que saber.

    El infraestado mafioso vuelve a la carga

    por Alberto M. Binder

    Hace varios años que sabemos que nuestro país debe reorganizar con audacia y profundidad el servicio de inteligencia, cuya construcción en el contexto de la guerra fría no pudo ser revertida durante los primeros años de la democracia. La Ley 25.520 no logró modificar sus bases culturales, y a partir del gobierno del presidente Menem comenzó a jugar el juego de otras agencias de inteligencia, provocando guetos, grupos descontrolados, operaciones judiciales y una serie de prácticas totalmente alejadas de la producción de la inteligencia estratégica propia de un país democrático, inserto en un mundo complejo, lleno de desafíos, riesgos y oportunidades. Esta situación fue aceptada por todos los gobiernos posteriores y no fueron problemas específicos de inteligencia, sino crisis internas o, más bien, la autonomía creciente de ciertos sectores del aparato respecto de la utilización política, las que provocaron en 2015 unas primeras reformas y un agravamiento, en tanto se aumentó el sesgo de la preocupación hacia fenómenos criminales propios también de los nuevos esquemas de seguridad internacional (como el narcoterrorismo).

    El gobierno de Alberto Fernández proclamó la necesidad de un cambio profundo y estructural, que llevó a la intervención del organismo y a la promesa del dictado de una nueva ley de inteligencia nacional, que nunca se presentó, y finalmente todo se fue diluyendo en temas menores y en la prórroga de las intervenciones. Quedó eso sí la prohibición absoluta de la intervención de los agentes de inteligencia como auxiliares de las investigaciones judiciales, práctica que había corrompido a la justicia federal y provocado graves distorsiones en muchos casos penales.

    La falta de fuerza, de claridad y la manipulación o el oportunismo de los últimos gobiernos impidió la reconstrucción del sistema de inteligencia y así llegamos a la situación actual en la que el gobierno, de un modo ilegal (por DNU) vuelve al modelo repudiado por casi la totalidad de la dirigencia política y los organismos dedicados al seguimiento y control de la inteligencia nacional, volviendo a sembrar de zonas grises y ambigüedades las actividades de inteligencia, investigación de delitos y prevención de actos graves.

    En este marco se conoce el plan Lineamientos Estratégicos del Esfuerzo de Inteligencia Nacional, realizado con una vaguedad y tosquedad que no deja de llamar la atención. Perfectamente se podría haber reducido toda la jerga “inteligentiosa” con una sola frase: “Anticipar, identificar, reconocer, monitorear y analizar riesgos, amenazas y oportunidades materializados por actores y/o escenarios relevantes que afecten los intereses nacionales” y “producir conocimiento anticipatorio que favorezca esos intereses”. No constituye un plan estratégico realizar un listado de todo lo que debe hacer el sistema. Los efectos prácticos de los Lineamientos hubieran sido los mismos: ninguno para orientar el accionar de la Dirección y ninguno para facilitar el control de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. Estamos ante un documento burocrático, falsamente profesional, lleno de terminología aparentemente importante, y que, además, produce un permanente solapamiento de los temas de la Inteligencia Militar con la Inteligencia Estratégica Nacional.

    Contrainteligencia extendida

    Frente a esto uno podría decir que no vale la pena prestarle demasiada atención porque, de hecho, estos Lineamientos o planes nunca han servido para nada y menos aun para que la sociedad puede ejercer un control. Pero contiene algunos signos que sí son preocupantes. Uno de ellos es la aparición del verbo “neutralizar” que no se corresponde con las actividades de inteligencia, que siempre implican la construcción de un sistema de alertas de distinto tipo pero nunca, acciones policiales de prevención o de represión, para las cuales tenemos divisiones especiales dentro de las fuerzas de seguridad federales, con sus propios sistemas de control, entre ellos el judicial.

    En segundo lugar, abre el peligrosísimo campo de la acción de sabotaje informativo, realizada por redes, medios masivos de comunicación, etc., copiando realidades que existen en otros países (normalmente en guerra o con conflictos análogos), pero que trasladado a nuestro país evoca una tradición de manipulación y persecución que nos debe poner en alerta. Este es el país del Proyecto X de Gendarmería, de la manipulación judicial por parte de los servicios de inteligencia, de la infiltración en movimientos sociales, de la fabricación de “terroristas indígenas” para ser presentados en los medios de comunicación, y tantos otros peligros extremos.

    Los lineamientos, que parecen típicos de una serie de espías, nos deben poner en alerta, para saber qué directivas de operaciones concretas se fundan en ellos y qué tipos de control interno y externo se irán desarrollando. Nada mejor para ocultar la discrecionalidad que realizar un plan que dice que se va a ocupar de todo, de un modo repetitivo, de tal manera que parece que hubiera un pensamiento complejo detrás del listado de obviedades. Una vez más, Contrainteligencia aparecerá como el lugar más apetecido porque es el que permite el trabajo permanente dentro del territorio nacional, no para desactivar el accionar de otros servicios de inteligencia, sino para proteger las instituciones y a los gobernantes, tareas que no son específicamente de contrainteligencia. Se trata del viejo departamento de acción política de las fuerzas federales, sólo que más subterráneo y provisto de recursos.

    En fin, no vale la pena detenerse más en el análisis del plan. El objeto central del cuestionamiento debe ser el decreto del Gobierno que ha restructurado ilegalmente al servicio de Inteligencia. Hacia allí deben orientarse las acciones institucionales de control y la Comisión Bicameral, que a lo largo de los años no sirvió de mucho, debe ser hoy interpelada permanentemente para tratar de mitigar los efectos de esta nueva central de comando del infraestado mafioso, que con astucia el gobierno reviste de un lenguaje banal y burocrático para esconder las verdaderas intenciones. Fortalecer las acciones de control de la sociedad, a través de las organizaciones específicas (por ejemplo, las que se nuclean en la Iniciativa Ciudadana para el control de los Servicios de Inteligencia), y una acción decidida de presión sobre la Bicameral de control del Parlamento son las acciones que debemos desarrollar con tenacidad y compromiso.

    Relaciones peligrosas: la dimensión internacional del PIN 2025

    por Rafael Bielsa y Juan Gabriel Tokatlian

    Desde la restauración de la democracia hasta hoy, ninguna autoridad civil argentina recibió información de inteligencia internacional que le haya resultado dirimente. Cuando fue solicitada, ha sido excepcional que la contestación excediera lo ya publicado en medios públicos. Cuando el pedido se realiza en el exterior lo más frecuente es que la réplica ni siquiera contenga información de personas de la nacionalidad del país en donde se la requirió (o que habiten en él). Esta comprobación hace que las autoridades civiles piensen que se trata de una colaboración improductiva o que los agentes de inteligencia obtienen información, analizan los datos y elaboran informes referidos a quienes hicieron el pedido y no sobre quienes era útil tener asesoramiento estratégico. Por ello, los subsidios por discapacidad o las mejoras para los jubilados que se discuten en el Congreso nacional perfectamente podrían ser financiados con una reducción en los fondos para la SIDE, si es verdad que lo que se busca es solvencia fiscal y eficiencia.

    El nuestro es un país con peculiaridades marcadas. Una economía fuertemente endeudada en moneda extranjera, prácticamente sin crédito externo, y con los bancos locales sin ofrecer préstamos en dólares porque las reservas propias están recortadas. Así, carecemos de un sistema de monedas capaz de eclipsar el riesgo de corridas y crisis de deudas.

    La comunidad asiste al aumento de las desigualdades vinculado con la precarización del trabajo (en el centro de la crisis de endeudamiento que se produjo en 2018 estuvo el cúmulo de los asalariados); con la atrofia del Estado de bienestar (la mejora del nivel de vida empieza por un cambio de los ingresos frente a los precios); y con la imposibilidad de ascenso social (insuficiencia de ingresos frente a las aspiraciones que, según lo muestran algunas encuestas, están presentes en la conciencia de los argentinos).

    Las debilidades en el funcionamiento de la democracia conviven con la incertidumbre sobre qué pasará con el trabajo a partir de la inteligencia artificial, o cómo cuajará el escenario de tensiones geopolíticas pronunciadas en el contexto internacional.

    En ese sentido, la Argentina necesita una política exterior que sea armónica con sus posibilidades y expectativas, y una inteligencia nacional coherente con ellas. Vive controversias que no puede evitar, sino que debe resolver: una de ellas son las Islas Malvinas y el Reino Unido. Otra, las tensiones diplomáticas con Irán relacionadas con el atentado a la AMIA. La generación de retos y bretes adicionales sería difícil de explicar.

    El Shin Bet, la agencia de espionaje interno de Israel, y la Lahav 433, una unidad de élite dentro de la Policía que se encarga de investigar delitos graves a nivel nacional, relataron que habían detenido a dos personas jóvenes. Reclutados como informantes de Irán en plataformas digitales dedicadas al swinging, los apresados habían adquirido cámaras de circuito cerrado de televisión y trataron de instalarlas frente a la entrada de la casa del ministro de Defensa. Pareciera haber una tendencia creciente de espionaje iraní en Israel, donde los servicios de inteligencia persas han identificado a ciertos grupos como objetivos potenciales. Los reclutados comparten características: dificultades financieras, falta de solidaridad, falta de cohesión y una menor identificación nacional.

    El contexto es el aumento de las tensiones en torno al programa nuclear iraní, que los líderes israelíes consideran una amenaza existencial, el aparente freno que Estados Unidos aplicó a un ataque israelí a instalaciones nucleares iraníes, y la ejecución de Pedram Mdani, la segunda en 2025, acusado de “declarar la guerra a Dios” y de “corrupción en la tierra” por trabajar con el Mossad. Antes del arresto de los dos jóvenes, Israel aprisionó a dos reservistas de las Fuerzas de Defensa (IDF), acusados de enviar a Irán información sobre el sistema misilístico de defensa Iron Dome a cambio de un poco de dinero.

    Lo dicho es lo que pareciera haber. Lo que pareciera no haber, para los intereses fundamentales de nuestro país, son informes que establezcan qué es importante conocer de este entramado de episodios. Lo que obliga a analizar cuáles son los planes al respecto.

    Inteligencia unipolar

    El borrador del documento que contiene el Plan de Inteligencia Nacional (PIN 2025) del gobierno del presidente Javier Milei, divulgado en medios públicos, es una pieza relevante que merece un análisis profundo debido a su contenido y a las potenciales consecuencias internas y externas. Si se asume que el propósito doméstico del mandatario es reordenar por completo la política, la economía y la sociedad y, asimismo, replantear plenamente la política exterior y de defensa de la Argentina, entonces resulta consecuente que procure el rediseño sustancial de la inteligencia del país.

    En lo que hace específicamente al plano internacional el PIN 2025 no modifica sustantivamente el conjunto de asuntos y problemáticas que demandan atención, anticipación, seguimiento, monitoreo, ponderación, disuasión y neutralización. Por ejemplo, una sencilla comparación con el Plan de Inteligencia Nacional de 2015-2016 contribuye a identificar cierta continuidad: presencia militar extra-regional, recursos estratégicos naturales, ciberdefensa, terrorismo, criminalidad organizada, negocios ilícitos de diverso tipo, ciberseguridad, contrainteligencia, entre otros. A ello hay que sumar temas vitales en momentos en que se revalorizan los estrechos, archipiélagos, océanos y polos tales como, en el caso argentino, Magallanes, Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Con un lenguaje algo distinto a planes previos, sin embargo, se preserva la relevancia y gravitación de cuestiones esenciales para la seguridad y la defensa del país.

    No obstante, hay una materia donde se manifiesta un cambio primordial e inédito. El documento afirma en su Lineamiento Estratégico N° 1, en el marco geopolítico vigente, la centralidad de lo que sigue: a) “Situaciones, actores, hechos o circunstancias que impidan, limiten o condicionen el relacionamiento estratégico con Estados Unidos de América”; b) “Situaciones, actores, hechos o circunstancias que impidan, limiten o condicionen el normal relacionamiento estratégico con Israel”; y c) “Posibles escenarios de conflicto para el Actor Nacional, derivados del afianzamiento de relaciones estratégicas con Estados Unidos de América e Israel”. Subsiguientemente, se señala lo que debiera ser el análisis de “posicionamientos” y “conductas” de los entornos europeo, asiático y latinoamericano “respecto del alineamiento estratégico del Gobierno Nacional”. Todo es meridiano; no hay lugar para la confusión.

    Es inusitado que en un plan de inteligencia se explicite categóricamente el tipo y alcance de vínculo internacional que tendrá el país. Es un anuncio hacia la burocracia interna en el campo de la diplomacia, la defensa y la seguridad, así como hacia las contrapartes mundiales de diverso orden que, básicamente, la Argentina tiene un “relacionamiento estratégico” solo con dos países. Las otras 191 naciones de Naciones Unidas parecen intrascendentes, insignificantes o incómodas. Argentina padece un largo proceso de declive, es muy vulnerable, está políticamente fragmentada, ha perdido cohesión social y carece de capacidades materiales y militares potentes y autosuficientes como para optar por alinearse solamente con Washington y Tel Aviv en un mundo que ha dejado de ser incierto para tornarse peligroso.

    Desinteligencia estratégica

    A su turno, ese principio de abrazarse a dos países en materia de inteligencia es confuso. ¿Significa que solo se vinculará el sistema de inteligencia nacional a esas dos naciones? ¿El resto del universo será objeto de evaluación por sus “posicionamientos” y “conductas” con relación al “alineamiento estratégico” que optó la administración de La Libertad Avanza (LLA)? El artículo 13, inciso 4 de la Ley de Inteligencia Nacional dice que la agencia encargada de las labores de inteligencia tiene como misión “dirigir y articular las actividades y el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional, así como también las relaciones con los organismos de inteligencia de otros Estados”. Esto implica que es prioritario tener vínculos con el mayor número posible de contra-partes de acuerdo con los objetivos y necesidades del país. ¿Resulta productivo o improductivo para la Argentina desplegar más nexos y mejores contactos en el área de inteligencia con las naciones vecinas y de América Latina en la medida que se comparten retos y dificultades bastante semejantes? En el PIN 2025 no se mencionan las palabras cooperación y colaboración: únicamente pareciera ser útil y primordial el lazo con dos países y el reforzamiento de un plegamiento in toto a ambos que de ninguna manera se justifica o explica en el documento. Es llamativo que a la persistente y pertinente invocación de la defensa del interés nacional jamás se la fundamenta: ¿la opción elegida refuerza o debilita tal interés? Además, ¿qué significa, en el fondo, el “relacionamiento estratégico” con solo dos países en las actuales circunstancias políticas de cada uno de ellos? ¿La Argentina emprenderá tareas o asumirá compromisos para respaldar enteramente a los gobiernos de turno en ambos casos, así debiliten los pilares del derecho internacional y de las instituciones correspondientes?Junto a este notorio viraje en el ámbito de la inteligencia, el documento tiene problemas serios que se derivan, en buena medida, de su sesgo dogmático. Por ejemplo, con justificada razón se manifiesta una inquietud respecto a las acciones, alianzas, despliegues y avances del Reino Unido respecto a las Islas Malvinas. Ahora bien, el debilitamiento de la posición de la Argentina obedece cada día más a lo que dice y hace Buenos Aires. El gobierno de Milei rechazó la invitación a ser parte de BRICS, no tiene interés alguno en las resoluciones y las citas de CELAC y vota consistentemente contra asuntos sobre Palestina granjeándose el malestar de naciones de la Organización de Cooperación Islámica (OCI). En su conjunto, BRICS original, CELAC y OCI suman 93 países de los 193 de la ONU. En general, las posiciones bilaterales y multilaterales de LLA alienan a gobiernos que no alcanzan a entender si son considerados oponentes, antipáticos o insufribles para la Casa Rosada. Y todo ello le viene de perillas al Reino Unido.Más todavía, la adhesión sin límites a los hábitos de estadounidenses e israelíes en materia de inteligencia podría conspirar contra la reivindicación de la política exterior argentina consistente en la recuperación pacífica del territorio insular ocupado por el Reino Unido. El reclamo por las Islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur podría, eventualmente, no ser ratificado por el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas ni por la Asamblea General de la OEA, como ya ocurrió en la cumbre de MERCOSUR de julio de 2024 y la cumbre de la CELAC de 2025.

    El Comité Especial de Descolonización de la ONU (C-24), está compuesto por 29 países miembros, entre otros Bolivia, Chile, China, Cuba, Irán, Rusia, Siria y Venezuela; Uruguay participa como observador, al igual que España. ¿Qué opina nuestra inteligencia de las relaciones con esos países a los fines del tema Malvinas?También por motivos justificados el PIN 2025 se propone “producir conocimiento anticipatorio y desarrollar el seguimiento sobre la evolución de actores, actividades, procesos y escenarios con potencial impacto negativo” sobre la democracia en el país. Uno de los fenómenos más preocupantes en ese frente lo constituye los dichos y las acciones del gobierno del presidente Donald Trump y el auge de una extrema derecha antisistema democrático en Estados Unidos, país identificado como el más importante para el “relacionamiento estratégico” de la Argentina. El país se está alineando activa y visiblemente con una de las principales fuentes del deterioro de la democracia en Occidente.

    Adicionalmente, el documento destaca la preocupación por los “actores, hechos o circunstancias que influyen en el debilitamiento de la confianza en las autoridades sanitarias, el conocimiento científico del área y/o eficacia de ciencia aplicada en la jurisdicción nacional”, así como por todo aquello que genere “angustia en la población” respecto a la “propagación de enfermedades, considerando el espectro desde la vacunación hasta el tratamiento de las enfermedades infectocontagiosas”. En realidad, el “debilitamiento” social proviene de las políticas internas de salud de la administración, así como de la no suscripción del llamado tratado internacional contra la pandemia de mayo de este año y el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud.

    Cortarse solos

    En breve, estamos ante un Plan de Inteligencia Nacional extravagante. Se le anuncia a la comunidad internacional y se ordena a los funcionarios locales que la Argentina se alineará abiertamente con dos naciones, y que ese es su propósito vital en tanto se entiende que así se defiende, a plenitud, el interés nacional del país. Nada indica la existencia de un diagnóstico sesudo y equilibrado sobre el estado real del mundo en medio de una turbulencia global que ya no es fuente de incertidumbre sino motivo de peligrosidad. No pareciera existir motivación política alguna para estimular una mayor cooperación regional en el frente de la inteligencia, ni un reconocimiento del valor de América Latina en tantos y distintos vínculos que históricamente ha tenido el país. Pareciera que la Argentina fuese hoy una nación en auge y con capacidades formidables que se puede “cortar sola” en política exterior, en defensa y en inteligencia; una presunción que puede resultar muy costosa para el país en un futuro no muy distante.

    La libertad vigilada

    por Paula Litvachky y Manuel Tufró – CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)

    El Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN) se conoció de manera fragmentaria a partir de publicaciones periodísticas. La lectura de esos fragmentos alcanza para entender que el nivel de secreto que lo rodeó (y que solo se quebró por la lógica de la filtración a la prensa) tiene que ver con su carácter inconfesable. En pocas ocasiones los planes de inteligencia se hicieron públicos, y por lo tanto se pudo discutir su doctrina, prioridades y contenidos. Hoy tampoco conocemos la política nacional de inteligencia que define el presidente. La decisión de no hacerla pública responde a diversos objetivos: no discutirla, no rendir cuentas, ocultar su orientación. Y que para hacerlo se tensionan o directamente se transgreden la Ley de Inteligencia y la Constitución. Usar al sistema de inteligencia para hacer política es incompatible con la vida democrática.

    La inclusión de determinados fenómenos o asuntos en la lista de temas de interés implica que se los considera un riesgo o una amenaza para la defensa nacional, la seguridad interior o, desde la última reforma por decreto de necesidad y urgencia de Milei, para los intereses estratégicos de la nación. Este PIN maximiza la intervención de la SIDE para la defensa del interés nacional, definido de una manera tan vaga que permite incluir cuestiones defensivo militares o criminales, pero también ordenar tareas de recolección de información en casi cualquier área de gobierno. Además, cuando entre esos asuntos se incluyen las manifestaciones públicas, la conflictividad social, el ambientalismo, o la imagen pública de los funcionarios y de las políticas de gobierno, queda claro que esos “riesgos” no se están evaluando desde el punto de vista de la protección de la sociedad y del orden constitucional, sino más bien en función de la reinstauración explícita de la lógica de la seguridad del Estado y del uso del aparato de inteligencia para la defensa de un programa político específico: el libertario, que venía a destruir el Estado pero que usa sus herramientas más duras para blindarse de críticas, a través de la vigilancia e intimidación de quienes piensan diferente.

    Espionaje y propaganda

    Una parte sustancial de los objetivos y necesidades de inteligencia incluidos en lo que se conoce del PIN ponen a la estructura de inteligencia a vigilar, analizar y caracterizar distintos aspectos de la conversación pública, es decir, medios de comunicación, plataformas, redes sociales. Espacios en los que se ejerce una libertad de expresión que, para la SIDE, empieza a tener contornos de amenaza cuando haya mensajes que “promuevan la conflictividad” (01.01.08.06), la táctica más utilizada por todos los sectores políticos (incluidos los libertarios) en los últimos años; o cuando las críticas apunten contra el sistema financiero (a “erosionar la confianza” en las instituciones económicas, 02.01.03.01), e incluso cuando se denuncien situaciones ligadas a grandes empresas (mensajes que “erosionen la reputación, prestigio, imagen y legitimidad de las empresas asentadas en territorio nacional”, 02.01.03.05).

    ¿Quiénes son los actores alcanzados por esta vigilancia de la opinión? Se utilizan diferentes fórmulas. Por ejemplo, “actores de interés” o “actores estratégicos”, tan amplia que habilita operaciones de todo tipo, en tanto no se establecen criterios para delimitar qué es lo que hace que un actor sea “de interés” o “estratégico”. Esta fórmula es especialmente grave en tanto incluye también a “actores no estatales” (01.01.08.01). Se habla también de actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas (02.01.01.02) o de actores que promocionen la fragmentación social o el uso de la violencia para la resolución de conflictos (02.01.02.02) o la desestabilización institucional (02.01.01.03).

    La presencia de todas estas formas ambiguas (¿qué es manipulación, qué es violencia, desestabilización, qué es erosión de imagen?) deja en manos de los propios funcionarios de la SIDE la definición concreta y operativa de quiénes encarnan estas amenazas que se expresan en la comunicación pública, es decir, en narrativas. Se habilita así la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, periodistas, artistas y cualquier voz crítica.

    En el aspecto comunicacional la SIDE se arroga funciones que deberían tener otras áreas del Estado, incluidos los medios públicos que fueron desmantelados, y que están expresamente prohibidas por la ley de inteligencia. El “Objetivo Particular de Inteligencia N.9” ordena producir conocimiento para apoyar la formulación de mensajes y evaluar la efectividad de la comunicación estratégica oficial. Esto implica armar un aparato secreto de propaganda para, entre otras cosas, identificar y segmentar audiencias (01.01.09.01), identificar aliados o adversarios de la propia narrativa (01.01.09.03) y analizar el impacto de la comunicación oficial (01.01.09.05 y 01.01.09.07). Este tipo de acciones está prohibido por la ley de inteligencia, en su art. 4 inciso 3, que señala que ningún organismo de inteligencia podrá influir en cualquier modo en la situación del país, ni en la opinión pública, personas o medios de difusión.

    Cuando el año pasado la revista crisis publicó la investigación del Equipo de Investigación Política (EDIPO) sobre las milicias digitales de la ultraderecha y su funcionamiento convergente con las estrategias comunicacionales del gobierno en el doxeo y hostigamiento a periodistas y activistas, sobrevolaron las sospechas sobre un financiamiento estatal y encubierto de esos trollcenters. El aumento desmedido de fondos reservados para la SIDE apuntaló estas sospechas. Hoy hay un PIN cuyas órdenes parecen reflejar la incorporación de estas prácticas a la estrategia general de la inteligencia nacional.

    El extractivismo en el centro

    A esta altura no es novedad que para este gobierno las expresiones de la conflictividad social como manifestaciones o huelgas, lejos de ser aspectos básicos de la democracia, son situaciones cuasidelictivas que hay que impedir, desalentar, perseguir y/o castigar. Para ello establecieron una normativa de bajo rango que habilita a las fuerzas de seguridad a atacar a manifestantes cuando el gobierno lo considere conveniente. Y aprietan al poder judicial para alinearlo con esa perspectiva. El PIN coloca una pieza más en esa maquinaria, pero especialmente preocupante porque implica habilitar prácticas de espionaje sobre organizaciones sociales y políticas, movilizaciones y otras formas de protesta. Hace años que se busca desactivar la organización y el dispositivo de movilizaciones con prácticas de inteligencia política ilegal. Ahora hay un plan estratégico que las promueve en violación directa de la ley de inteligencia nacional que en el artículo 4.2 prohíbe obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de sus opiniones políticas, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales, o por sus actividades lícitas en esos espacios. O de su artículo 4.3 que prohíbe que el sistema de inteligencia influya de cualquier modo en la situación política y económica del país.

    Una parte de la vigilancia sobre la conflictividad responde al ya mencionado objetivo de poner al aparato de inteligencia a intervenir sobre los obstáculos que pudieran presentarse al plan de reprimarización de la economía. La “matriz productiva” y la “infraestructura” ya habían sido identificadas como bienes a proteger por el Ministerio de Seguridad en diversas resoluciones del año pasado. El PIN ordena al sistema de inteligencia vigilar a los actores y comportamientos con “potencial impacto en la matriz-económico-productiva de la Nación” (03.01.01.03) y que supongan riesgos para el “normal funcionamiento y desarrollo integral de la Nación” (03.01.03.01). También se pone como prioridad monitorear las posibles consecuencias del plan económico, como los riesgos derivados de la apertura económica, que serían oportunidad para que intervengan “actores disfuncionales al interés nacional” (03.01.01.11), y las dinámicas de pobreza, desigualdad y desocupación, caracterizadas como “riesgos para el desarrollo integral de la Nación” (03.01.02.02).

    La centralidad del extractivismo en este proyecto político pone a la SIDE y a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad (DNIC) a enfocarse especialmente en hacer seguimiento de la conflictividad socioambiental y vigilar al activismo ambientalista y los pueblos indígenas que motorizan la resistencia a estos intereses económicos. La mirada está puesta en situaciones y actores que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos (05.01.01.02), que “deriven en situaciones de conflictividad social” e incidan en la disponibilidad de recursos naturales (05.01.04.02) y más específicamente en los “actores estratégicos, vinculados a organizaciones ambientalistas”, con capacidad de incidencia política y/o de obstruir proyectos extractivos (05.01.03.03). Se ordena a la inteligencia criminal trabajar también sobre la posible “obstrucción” de proyectos extractivos por parte de grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados, es decir, comunidades indígenas (05.01.04.04), habilitando el tipo de inteligencia ilegal que ya se registró en episodios anteriores contra el pueblo mapuche, por ejemplo. También incorpora como objetivo el seguimiento de las instancias internacionales (sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada) que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad” (05.01.03.01). Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional” (05.01.03.01).

    Una tercera línea que habilita la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales se enmarca en la hipótesis de que existen “amenazas para la gobernabilidad democrática y el orden constitucional” (03.01.05.02) y “tendencias de radicalización política” (03.01.05.04) a las que hay que monitorear. La vaguedad de estas fórmulas implica que hay que buscar en otras medidas o declaraciones de funcionarios las claves para entender cuáles podrían ser, para el gobierno, esas amenazas y procesos de radicalización. Durante el año pasado ese tipo de calificativos se utilizó para hablar de manifestantes, de grupos “anarquistas” o “antifascistas”, y de cualquiera que esbozara una resistencia a la violencia policial desplegada de manera sostenida en el espacio público. Sabemos que estos dos objetivos ya están siendo cumplidos, a partir de otra “filtración”, en este caso de una directiva firmada por Diego Kravetz, en la que ordena a la SIDE y al Ministerio de Seguridad (DNIC) vigilar y producir informes sobre “actores locales” que impliquen riesgos para el orden constitucional y la gobernabilidad democrática y sobre la “radicalización política y violencia extrema”.

    Otras “necesidades de inteligencia” incluidas en el PIN implican directamente la vigilancia de las protestas sociales. Encuadradas en la línea estratégica de “terrorismo” aparecen órdenes de realizar inteligencia en “actividades y/o manifestaciones en vía pública y/u otros ámbitos de asistencia masiva, que pudieran ser blancos de oportunidad” de la acción de grupos catalogados por el gobierno como terroristas (08.01.02.03). Por supuesto que la clave aquí está en los criterios que se utilizan para hacer esa evaluación. En un gobierno que catalogó como “terroristas” a personas que manifestaban frente al Congreso o a comunidades indígenas que reclaman sus tierras, esta orden es una carta blanca para espiar cualquier protesta social.

    Terrorismo sin bordes

    Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 se fue consolidando una arquitectura global para la lucha contra el terrorismo que naturalizó altos niveles de secreto y la posibilidad de violar derechos y garantías de las personas sospechadas. Por estas y otras razones, el uso de las categorías “terrorismo” y “terrorista” se fue ampliando, en la medida en que resulta útil para aquellos regímenes que quieren estigmatizar, criminalizar y desarticular a la disidencia política sin tener que rendir cuentas. Desde diciembre de 2023 Argentina se inscribe en este grupo de países, usando la categoría “terrorista” para designar a una amplia variedad de fenómenos y organizaciones, desde el narcomenudeo hasta pueblos indígenas, pasando, como ya se mencionó, por las personas que participan de manifestaciones, huelgas y otras formas de protesta social.

    El PIN se inscribe en esta misma lógica. El objetivo de producir información sobre presuntas actividades terroristas (probablemente una de las misiones centrales de una agencia nacional de inteligencia) se derrama sobre actividades y sujetos que quedan bajo vigilancia por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos, incurriendo en las prohibiciones que establece la ley de inteligencia (art. 4 inc. 2).

    Las hipótesis de terrorismo que plantea el PIN son cuatro, y el problema es que en todos los casos se establece una especie de continuidad entre protesta, acción directa, violencia y terrorismo. En todos los supuestos se habilita, como ya se mencionó, la vigilancia de manifestaciones públicas u otras formas de protesta que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. También se ordena monitorear (o infiltrarse) en conflictos sociales, en aquellas “demandas legítimas” dirigidas al Estado que pudieran ser afectadas por la “injerencia” de terroristas. (08.01.02.09). En todas las hipótesis se avanza además en la confusión entre terrorismo y crimen organizado, siguiendo la matriz ya planteada en varias intervenciones del gobierno en 2024 y también por el gobierno de EEUU.

    En la primera hipótesis, vinculada a las “actividades de extremismo religioso” (eufemismo por terrorismo islámico), se ordena vigilar posibles conexiones locales de organizaciones terroristas, y se considera el “posible impacto en diásporas como entornos de blancos terrorista” (08.01.01.02), es decir, las comunidades musulmanas puede ser objeto de vigilancia. Esto ya generó problemas por el seguimiento inútil para la prevención de los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la sede de la AMIA en 1994 que hizo la SIDE de la comunidad islámica en argentina y con los “falsos positivos” de los operativos promovidos por Patricia Bullrich en estos últimos años. Hay otro problema con esta primera hipótesis: la SIDE involucra aquí a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), con lo cual los militares comienzan a participar en actividades de inteligencia externa e interna. El fundamento de esto es la intencional y persistente confusión que el gobierno promueve entre temas “internacionales” y cuestiones de “defensa nacional”, sin importar si se trata de una amenaza de tipo militar o no.

    La segunda hipótesis son las actividades terroristas “de raigambre anarquista”, instancia en la que involucra a la inteligencia criminal. Como esto no tiene ningún referente empírico, hay que tratar de adivinar a qué se refiere la SIDE cuando habla de vigilar a “los principales grupos anarquistas a nivel global” (08.01.02.01) o los espacios geográficos “pasibles de ser utilizados para (…) actividades de formación y capacitación en técnicas anarquistas” (08.01.02.02). Por supuesto que todo depende aquí de cómo va a utilizar la SIDE la categoría “anarquista”, pero en cualquier caso se trata de una clara persecución ideológica, ya que el mero hecho de expresar ideas anarquistas o integrar grupos autodenominados o catalogados de esa manera implica ser sospechado de terrorismo y entrar en la lista de vigilancia.

    Algo similar ocurre con la tercera hipótesis, la que ordena monitorear las actividades que respondan a “ideología exacerbada”, lo que incluye la “intimidación pública” (viejo delito que en los últimos años fue arrastrado al campo semántico del terrorismo) para impulsar “propósitos ideológicos extremistas”. Se incluyen aquí cuestiones como el “nacionalismo excluyente”, el racismo, o cualquier forma de intolerancia (08.01.03.01). Salta a la vista que, si se cumplieran a la letra estas órdenes, las milicias del propio gobierno deberían estar entre los primeros vigilados. Pero más allá de ello, otra vez aparecen unos términos de enorme amplitud, sin definiciones sobre lo que se entiende por “exacerbado” o ”extremo”.

    El último supuesto tampoco tiene un correlato en la realidad, pero resulta mucho más fácil interpretar a dónde apunta la SIDE ya que se trata de una caracterización que viene siendo instalada por distintos actores políticos y mediáticos en los últimos años. La hipótesis es la de actividades terroristas ligadas a “expresiones organizadas tendientes a incentivar acciones separatistas, contra el Estado Nacional, afectando su cohesión territorial” (08.01.04.01). Si bien no existe en la Argentina ningún movimiento separatista, la acusación de “atentar contra la unidad y soberanía del Estado” fue una y otra vez endilgada a comunidades indígenas, en especial mapuche, que reclaman que se cumpla la Constitución Nacional y se les reconozcan sus tierras ancestrales. Encuadrar estas reivindicaciones como terrorismo separatista habilita que el Estado haga inteligencia ilegal contra estas comunidades, como ya se registró en varias oportunidades, en especial entre 2016 y 2018.

    En todos estos puntos las partes del PIN que pudimos conocer son manifiestamente ilegales y lo dejan atado a la defensa del Estado y del proyecto político libertario. La reforma de todo el sistema de inteligencia por decreto sin debate político, sin que pase por el Congreso Nacional, se llena de contenido con estas definiciones político estratégicas del gobierno nacional.

    Fuente: https://informes.revistacrisis.com.ar/controlar-al-pueblo-para-entregar-la-patria/

     

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  • Paro universitario y marcha federal de antorchas: “Muchos docentes se van a manejar un Uber hoy”

     

     

    Docentes y trabajadores universitarios realizarán 48 horas de paro con movilización en reclamo de mejoras salariales, más presupuesto para las universidades públicas y que el Congreso apruebe el proyecto de ley de financiamiento presentado por los rectores, gremios y estudiantes. Por Agencia Farco.


    PARO UNIVERSITARIO Y MARCHA DE ANTORCHAS – Carlos De Feo entrevista

    Las jornadas serán este jueves 26 y viernes 27 con una marcha hacia el ex Ministerio de Educación de la Nación, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. También habrá actos, movilizaciones y actividades en distintos puntos del país, en lo que se espera sea una gran jornada federal en defensa de la educación pública y en contra del vaciamiento y ajuste del gobierno de Javier Milei.

    En declaraciones a Informativo FARCO el secretario general de la federación docente Conadu, Carlos De Feo, aseguro que la crisis que está provocando el gobierno en las universidades se va acercando a ser catastrófica: “Primero, por el recorte presupuestario enorme que han hecho y, después, por la caída salarial que hoy ha logrado que el 80% de docentes y no docentes están con salarios por debajo de la línea pobreza. Y hemos perdido casi 40% del poder adquisitivo”.

    En este escenario, el dirigente gremial aseguró que “es necesario volver a estar en la calle” para impedir la destrucción de la educación pública y le reclamó al Congreso que sancione la norma que busca mayor financiamiento: “Hace unos días atrás en la sesión se cayó por falta de coro, no se pudo tratar la ley, así que bueno, estamos reclamando también ahí de que finalmente se trate la ley y haya, no como el año pasado que se aprobó y después fue vetada, que la ley efectivamente se cumpla”.

    Carlos De Feo alertó que la situación salarial está generando que muchos trabajadores de las universidades se estén volcando a hacer chóferes para la aplicación Uber. “Muchos docentes hoy se van a manejar un Uber. Muchos lo están haciendo porque finalmente necesitan vivir, tienen que llevar recursos a su casa para sostener a su familia y la universidad no se lo está dando”.

    Este contexto también generó renuncias, pedidos de licencia sin goces de sueldo o incluso que muchos se vayan al exterior. “El funcionamiento de las universidades se está sosteniendo con el sacrificio de los trabajadores, tanto docentes como no docentes”, concluyó.

    Fuente: https://agencia.farco.org.ar/home/paro-universitario-y-marcha-federal-de-antorchas-muchos-docentes-se-van-a-manejar-un-uber-hoy/

     

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  • La burocracia sindical cegetista banca a Milei y asiste al Consejo de Mayo: mientras, más de 70 organizaciones marchan contra el gobierno

     

    Panorama de conflictos sindicales. El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por más de 70 federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, moviliza este miércoles 25 de junio desde las 12 al ministerio de Desregulación del Estado. Mientras, la CGT aceptó la convocatoria del Gobierno y hoy asistirá al Consejo de Mayo para debatir la «modernización laboral». El Gobierno reglamentó que los trabajadores se paguen su propio despido, modificó por decreto la Ley de Asociaciones Sindicales y aplicó cambios en el régimen electoral de los sindicatos. Hoy se movilizaron trabajadores estatales porteños para exigir recomposición salarial urgente. El jueves pasado los trabajadores de la gráfica Morvillo, que cumplieron 120 días de ocupación en defensa de 250 puestos de trabajo, realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón. Por Mario Hernández.


    A pesar de la ofensiva gubernamental la burocracia sindical cegetista banca a Milei en su peor momento político: mientras, más de 70 organizaciones marcharán contra el gobierno

    El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por más de 70 federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, convocó a una conferencia de prensa el lunes 23 de junio en la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), en Avenida Jujuy 1074, Ciudad de Buenos Aires.

    En la conferencia se explicaron los detalles y motivos para manifestar sus reclamos al Gobierno Nacional, que tendrán como epicentro el ministerio de Desregulación del Estado con una masiva movilización el miércoles 25 de junio.

    Juan Carlos Schmidt (Dragado y Balizamiento y CATT), Hugo Cachorro Godoy (CTA Autónoma) y Abel Furlán (UOM) fueron algunos de los dirigentes que participaron de la conferencia de prensa donde se lanzó la primera acción de lucha del Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos. Foto: combinado en base a imágenes de prensa CTA-A e Indymedia Argentina.

    Las organizaciones concentrarán ese día desde las 12:00 en Carlos Pellegrini y Sarmiento para dirigirse a la sede del Ministerio, ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788. Hasta el momento, adhirieron al frente y la movilización los integrantes de la CATT y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval Argentina (FeMPINRA); la CGT Regional La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio; la CTA Autónoma nacional, de Berisso y de Ensenada; la CTA de los Trabajadores; la CTA Buenos Aires y Capital Federal; el Partido Justicialista de Berisso (PJ Berisso); y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas. Por otro lado, apoyan sindicatos como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA); la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); ATE Nación, Buenos Aires, Ensenada, Berisso y Punta Alta; la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC); el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA); la Confederación de Educadores Argentinos (CEA); el Sindicato Único de la Publicidad (SUP); la Asociación de Supervisores de Subterráneos (ASSRA); el Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP); la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón (FTCIODyARA); el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines (ALEARA); el Sindicato Municipal de Berisso; el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID); el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (SUTEBA) de Buenos Aires y Ensenada; el Sindicato Municipales Ensenada; la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y de Ensenada; el Frente de Gremios Estatales; y la Agrupación del Personal Superior ARS (APSA).A su vez, también se sumaron instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); las Universidades de Quilmes, Avellaneda, la Patria Grande y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; la Federación Universitaria de La Plata. Finalmente, otras organizaciones como la Agrupación Manuel Belgrano; la Agrupación Caballito; el Movimiento Sanitario Provincial de Capital Federal (MOSAPRO); la Federación Nacional Campesina; el Encuentro Federal por la Soberanía; el Foro por la Recuperación del Paraná; Peronismo por la Soberanía; la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI); y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

    La conformación del frente único y multisectorial se realizó a inicios de junio, en el marco del plan de lucha de la CATT y en repudio al plan de desregulación liderado por Federico Sturzenegger, al cual calificaron en aquel entonces como «criminal». También se trata de una respuesta a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei que «desregulan el sistema productivo y del transporte, fijan límites a las paritarias y recortan en áreas estratégicas como la educación, la ciencia, la salud y la infraestructura».

    El Gobierno reglamentó que los trabajadores se paguen su propio despido

    El Gobierno Nacional publicó este lunes el marco regulatorio de los Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral (PICs) que nacen tras las modificaciones en las indemnizaciones laborales dispuestas en la Ley Bases. Con esta modalidad, el trabajador podría aportar dinero de su salario todos los meses para su futura hipotética desvinculación. Según el texto publicado en el Boletín Oficial, cada sector podrá incluirlo o no en su Convenio colectivo de trabajo.

    Imagen: La Voz 90.1

    Las partes podrán sustituir la indemnización por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional».Estos sistemas podrán reemplazar a la indemnización por antigüedad, que equivale a un mes de sueldo bruto por cada año trabajado. Según se desprende de la mencionada Ley Bases, del Decreto que la reglamentó en septiembre pasado y de la Resolución 1071/2025 de este lunes, el Fondo de Cese Laboral podrá administrarse bajo alguna de las siguientes modalidades:

    • Régimen de Cuentas Bancarias de Cese Laboral.
    • Régimen de Fondos Comunes de Inversión Abiertos de Cese Laboral.
    • Régimen de Fideicomisos Financieros de Cese Laboral.

    Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) son patrimonios que se forman con los aportes que realizan los inversores suscribiendo cuota partes y convirtiéndose, en consecuencia, en cuota partistas. Intervienen dos tipos de entidades: la sociedad gerente y la sociedad depositaria, que administran y custodian los activos respectivamente.

    Traidores: la CGT aceptó la convocatoria del Gobierno y hoy asistirá al Consejo de Mayo para debatir la modernización laboral

    La mesa chica cegetista avaló la participación de Gerardo Martínez en la instancia de diálogo multisectorial que comenzará este martes en la Casa Rosada para debatir con funcionarios, gobernadores, legisladores y empresarios una propuesta de «modernización laboral».

    La decisión, que se adoptó el lunes en una reunión realizada en la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), significa un aval a la presencia de Gerardo Martínez (UOCRA), secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, en la instancia de diálogo anunciada hace un año por Javier Milei para consensuar 10 puntos que se convertirán en proyectos para que trate el Congreso.

    Foto: Somos Télam.

    El Consejo de Mayo, presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue citado para este martes, a las 9:30, en la Casa Rosada: además de Martínez, participarán Alfredo Cornejo por las provincias firmantes del Pacto y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carolina Losada por el Senado de la Nación, Cristian Ritondo por la Cámara de Diputados y Martín Rappallini (UIA) en representación de las entidades empresariales. Además, se sumará el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

    Algunos dirigentes de la CGT se oponían a sentarse con el Gobierno mientras sigan «el ajuste, el cepo a las paritarias y la reglamentación del derecho de huelga», pero finalmente se aprobó la presencia en el Consejo de Mayo y se acordó que Martínez lleve al diálogo los reclamos de la CGT, que exceden la agenda de trabajo que propondrá el Gobierno.

    Entre las demandas de la CGT para llevar al Consejo de Mayo figuran «defender la consigna producción, desarrollo y trabajo, las paritarias libres, la situación de los jubilados y la no reglamentación del derecho de huelga», entre otros puntos.

    Según explicó Martínez, la idea es que a partir de la segunda reunión del Consejo de Mayo se incorporen expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para facilitar los acuerdos.

    De los 15 participantes a la reunión de FATSA, sólo Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), planteó una postura crítica sobre la presencia de la CGT en el diálogo con el Gobierno.

    El dirigente es uno de los impulsores de una marcha que se realizará este miércoles hasta el ministerio que encabeza Federico Sturzenegger, en avenida Roque Sáenz Peña 788, para reclamar contra la desregulación del transporte y otras áreas.

    Pero en el debate cegetista, que se extendió durante dos horas y media, se analizó la situación generada por la convocatoria oficial al Consejo de Mayo y cada sindicalista presente, aun con sus reparos, acordó que la CGT debía participar.

    Los dirigentes gremiales que participaron del encuentro fueron los cotitulares cegetistas Héctor Daer (Sanidad), Octavio Argüello (Camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), más Gerardo Martínez (UOCRA), Hugo Moyano (Camioneros), José Luis LingeriJulio Piumato (judiciales), Jorge Sola (seguro), Sergio Romero (UDA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Argentino Geneiro (gastronómicos), Oscar Rojas (maestranza), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Omar Plaini (canillitas).

    Fuentes sindicales aseguraron que también fue invitado Abel Furlán (UOM), pero no concurrió. El titular del gremio metalúrgico exigió la semana pasada a la CGT que en forma urgente se discuta un plan de lucha «sostenido y escalonado» contra el ajuste y la «proscripción» de Cristina Kirchner. Entre los presentes tampoco estuvieron otros miembros del sindicalismo kirchnerista como Sergio Palazzo (bancarios) o Laura Lorenzo (SMATA), reemplazante de Mario Manrique, quien renunció en octubre pasado a la CGT por profundas diferencias con la estrategia ante el gobierno de Javier Milei.

    Gerardo Martínez fue incluido por el Gobierno entre los integrantes del Consejo de Mayo, pero hasta ahora no tenía el aval orgánico de la CGT. El líder de la UOCRA dijo hace 48 horas: «Nadie del Gobierno habló conmigo. En su momento nos dijeron que el Poder Ejecutivo iba a decidir quiénes iban a representar tanto al sector empresarial como al sindical, pero ahora indudablemente me veo en la obligación de una consulta. No voy a decidir por mi cuenta algo así y se necesita el aval de una parte importante de la CGT».

    El sindicalista admitió que la eventual participación de la CGT en el Consejo de Mayo sería «un desafío para poder llegar a lo que pretendemos, que es la trilogía desarrollo, producción y trabajo, un capítulo aún desconocido por este gobierno».»Necesitamos un acople entre el sector productivo y el trabajo dentro de un diálogo sustentable y no discrecional», agregó, tras lo cual insistió: «Yo no pedí ni busco estar ahí (en el Consejo de Mayo), pero si se aprueba será una oportunidad para ser la voz de la CGT y que todas las propuestas salgan por consenso».

    El gobierno sienta a la CGT en la mesa donde se comienza por discutir una de las exigencias del nuevo acuerdo con el FMI: la reforma laboral, dándole una mano a Milei en su peor momento.

    Sin un discurso que logre imponerse en una agenda dominada por el justicialismo, la semana pasada el gobierno se vio obligado a ensayar muestras de independencia mediática para intentar retomar la centralidad. Además de la entrevista que el presidente brindó al periodista oficialista, Esteban Trebucq, luego de su viaje de 10 días por Europa e Israel, el martes pasado el legislador electo y vocero presidencial, Manuel Adorni, retomó sus conferencias de prensa después de más de dos semanas sin presentaciones.

    A la misma hora, Karina Milei, encabezó una reunión de la mesa chica: Guillermo Francos, Santiago Caputo, Eduardo «Lule» Menem y Lisandro Catalán, donde expuso los lineamientos políticos de una gestión atravesada por la condena a Cristina Fernández.

    Son todos eventos por retomar desesperadamente el control de la agenda política, perdida por primera vez en 18 meses de gobierno.

    Este es el marco en el que se reactivó en tiempo récord el Pacto de mayo firmado en Tucumán casi un año atrás con el propósito de conformar un organismo multisectorial para avanzar en la ejecución de una refundación institucional que permita al oficialismo llevar adelante reformas estructurales que de otra forma no podría implementar por su escasa presencia en el Congreso. La propuesta del gobierno se recostará en la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, con la que buscarán reducir la participación del Estado en los acuerdos paritarios y volver a la implementación del Decreto que limita el derecho de huelga rechazado por la Justicia entre otras.

    ¿Por qué la Justicia suspendió el decreto de Milei que limitaba el derecho de huelga?

    Ante un planteo de la CGT, la jueza del Trabajo Moira Fullana, suspendió con una medida cautelar la aplicación de dos artículos claves del DNU 340/25 con que el gobierno de Javier Milei volvió a poner en jaque el derecho a huelga. «La norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal», dice la resolución. También hace hincapié en que no está justificada la excepcionalidad, ni la necesidad ni la urgencia, ya que el Congreso funciona con normalidad y de este modo el Poder Ejecutivo está ejerciendo facultades que son legislativas. A quien le parezca que esto ya lo leyó o escuchó, es así, porque la Cámara del Trabajo declaró inconstitucionalidad de aspectos del DNU 70/23, de los inicios del gobierno libertario, porque coartaba la libertad sindical y el derecho a distintas medidas, negociaciones y huelgas.

    El DNU 340 amplía el listado e incluye servicios de telecomunicaciones, todas las actividades de la aeronáutica comercial, los servicios aduaneros y migratorios, el cuidado de menores y todos los niveles de educación, además del transporte marítimo de personas y/o mercaderías y/o cargas. Entre los servicios trascendentales –que según la ley actual se pueden determinar de acuerdo a los criterios de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo– mezcla todo tipo de transporte terrestre y subterráneo, producción de medicamentos e insumos, actividades industriales, radio y televisión, servicios bancarios, financieros, hoteleros y gastronómicos, entre otros.Como es ostensible, la decisión del gobierno insiste con un tema que estaba saldado ante un escenario de conflictividad laboral creciente. El argumento es que quieren cuidar la recaudación asociada al equilibrio fiscal, pero a lo que apuntan es a aplicar el ajuste, que es lo que genera la reacción de trabajadores y trabajadoras. La restricción del derecho a huelga va en la misma línea de la represión del derecho a la protesta.

    El amparo de la CGT

    Estos son algunos de los planteos que planteó la Central sindical en su amparo y a los que la jueza, en principio, tomó como válidos, aunque en un fallo posterior deberá resolver la cuestión de fondo:*»Con el Congreso Nacional en pleno y normal funcionamiento, se implementa una reforma sustantiva, regresiva y permanente en una de las manifestaciones estructurantes del sistema de relaciones colectivas de trabajo y la acción colectiva de autotutela, mediante un decreto de necesidad y urgencia».

    *»El Poder Ejecutivo vuelve a dictar una norma en otro acto de autoridad, con un contenido material idéntico al del DNU 70/23 con el agregado de una actividad esencial, en un descarado intento de sustraerse de la declaración de invalidez constitucional ya declarada (para otro conjunto normativo) por la Justicia Nacional del Trabajo. Es que, ya de manera reiterada a propósito del DNU 70/23 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en sus diversas salas y composiciones durante la feria de enero, de manera enérgica no ha avalado la impropia utilización de la Constitución Nacional que parte del orden de saber que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones legislativo’ (art. 99, inc.3, CN), en el intento de modificar el conjunto normativo del derecho individual y colectivo del trabajo de manera regresiva permanente’».

    Foto: Indymedia Trabajadoras/es.

    *»Pero, además por su contenido, estigmatiza la huelga y está teñido de notoria antisindicalidad y antijuricidad. Con perplejidad advertimos que se retrocede en términos de debate democrático, al alterar los consensos compartidos por la comunidad respecto del derecho de huelga. La Constitución Nacional como nuestra carta de navegación que supo orientar el pensamiento y la acción de la representación política, parece haber sido sustraída de la práctica institucional».

    *»Es retroceder 150 años, pretender que, porque los derechos no son absolutos, 4.368.764 de trabajadores de nuestro país, el 66% de los trabajadores registrados del sector privado a quienes se les aplica (desde el 21 de mayo de 2025) (…) deberán garantizar el 75% o 50% de las prestaciones habituales. Todo ello en un contexto, en el que integrantes del Poder Ejecutivo reiteran a diario que la pauta salarial que se negocia en forma colectiva no puede superar el 1% mensual y dicha imposición (así funciona en la práctica, puesto que no se homologan los acuerdos que superan la «pauta») es fuente de una conflictividad que no distingue sectores al ser generalizada».

    * «Tanta desmesura, no puede ser ni avalada ni tolerada, no sólo por los trabajadores y su representación, sino por toda la comunidad, por la sociedad en su conjunto. Está en crisis el derecho a la protesta, está en crisis el derecho a garantizar que quienes trabajan tengan protección, que esta pueda ser mejorada y que, quienes no lo tienen puedan acceder a puestos de trabajo decente. Con las disposiciones que se impugnan se instauran dos principios inversos al orden constitucional y al entramado institucional y de protecciones de la libertad sindical: a) el Poder Ejecutivo puede emitir disposiciones legislativas y, b) todas las huelgas pueden ser limitadas excepto las que se determinen. Para que ello no se convalide, acudimos al último resguardo de la vigencia de los derechos y garantías de la Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos Humanos».

    La cautelar

    La jueza Fullana refresca algo harto señalado en fallos laborales previos sobre el DNU 70/23. «Es preciso recordar –dice– que el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional dispone que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros’».

    Lo señala para explicar que no habría razones que justifiquen un DNU ya que «a la fecha del dictado de la norma impugnada, por efectos del Decreto 140/25 y desde el 1 de Marzo de 2025 el Congreso de la Nación Argentina tiene abiertas las Sesiones Ordinarias, dicha circunstancia, resulta a mi modo de ver, elemento suficiente para tener por verosimilizado el derecho». «En el presente caso, reitero, el Congreso de la Nación Argentina se encuentra sesionando en forma ordinaria, extremo que impone al Estado Nacional una sólida y consistente argumentación en relación con la situación de emergencia que habilitaría la vía excepcional previo al tratamiento de la norma ante el Poder Legislativo», subraya.

    Luego advierte, además, que «la norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal». Su decisión es suspender los artículos 2° y 3° del DNU en cuestión.El gobierno ya anunció que apelará el fallo. La estrategia es reproducir, repetir, una discusión que ya estaba judicialmente saldada. Es a lo que apuestan para desgastar las protestas y generar confusión.

    Monedas de canje 

    El Gobierno modificó por decreto la Ley de Asociaciones Sindicales y aplicó cambios en el régimen electoral de los sindicatos, en busca de reducir la intervención estatal en la elección de autoridades internas de los gremios. El secretario general del gremio estatal UPCN, Andrés Rodríguez, se quejó por lo que consideró una decisión «unilateral«.

    «Lo lógico es que, si hay una iniciativa que tiene que ver con un sector comunitario como es la representación de los trabajadores, tendría que haber convocado para anunciar su intención».»Veremos si en una discusión se puede zanjar los entredichos, pero tomar medidas unilaterales nos parece totalmente perjudicial en una democracia», remarcó.En concreto, el Gobierno restringió la intervención de la autoridad de aplicación únicamente a situaciones de acefalía sin resolución estatutaria, escenario en el que podrá designar un funcionario con mandato limitado a 120 días hábiles para convocar a elecciones, que son prorrogables de ser necesario.

    El referente gremial también habló sobre la intervención estatal en las paritarias y concluyó: «Por un lado el Poder Ejecutivo determina que no se va a meter más en las elecciones, pero por otro lado genera un condicionamiento absurdo y unilateral en materia de negociación libre de salarios. Se contradice, hay muchos errores de gestión».Otra «vuelto» sería mantener el aporte obligatorio a los sindicatos de todos los trabajadores sindicalizados o no cuando se actualiza un acuerdo salarial.

    Se movilizarán trabajadores estatales porteños para exigir la recomposición salarial «urgente»

    «En un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo, tanto los trabajadores de planta como los monotributistas del Gobierno de la Ciudad no llegamos a fin de mes. El salario queda cada vez más lejos de cubrir las necesidades básicas», manifestaron desde ATE Capital, que organizó una marcha para el martes 24 desde las 11:00.

    En la misma línea, indicaron que los monotributistas de dependencias porteñas «recibieron aumentos del 8% en febrero y 9% en mayo» (17,7% acumulado), pero al descontar el importe que pagan para el monotributo e Ingresos Brutos, «los ingresos reales son muy bajos», mientras que los salarios iniciales de las personas de planta «se acercan peligrosamente a la línea de indigencia».

    «La suma fija no remunerativa de $60.000, congelada desde agosto de 2024, perdió drásticamente su valor. Actualizada por inflación, debería alcanzar al menos los $140.000. Con salarios que no alcanzan y condiciones laborales precarias, las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad seguimos en lucha. Exigimos respuestas urgentes. Queremos vivir y trabajar con dignidad», concluyeron. 

    120 días de ocupación por 250 puestos de trabajo

    El jueves pasado los trabajadores de la gráfica Morvillo realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón. El miércoles se cumplieron cuatro meses de la ocupación de la planta que sostienen desde que la empresa líder del sector gráfico anunciara su cierre y diera comienzo a un curioso e inédito pedido de «auto quiebra» que para los trabajadores implica un «cierre fraudulento» para eludir el pago de sus indemnizaciones.

    Se trata de más de 250 trabajadores que, según denuncia la Comisión interna la empresa «dejó en la calle y sin un peso». El reclamo de los trabajadores que, con aval de la justicia, custodian los bienes de la firma, va dirigido al gobierno provincial que, dicen, tiene la llave para garantizar la continuidad productiva. Sebastián Rodríguez, delegado general, señaló que «estamos haciendo un planteo a la provincia para que intervenga y active un plan de salvataje». Los obreros aseguran estar «en condiciones de producir manuales escolares, boletas electorales, revistas y folletería para los municipios».

    Fuentes: Página 12, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Perfil, Infobae, El Destape, Indymedia Trabajadoras/es, Infogremiales.

     

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