Ahora sí: la avenida Mosconi pasó a manos de la Municipalidad

Mónica Mego había quedado parapléjica estando detenida en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela, como consecuencia de la falta de atención médica. Por las secuelas irreversibles que le dejó su problema de salud desatendido había quedado sobreseída pero nunca mejoró del todo y murió en 2022. Ahora el fiscal pidió que se enjuicie a siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, un jefe y seis médicos por abandono de persona agravado, vejaciones, severidades y lesiones culposas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Por Agencia Andar/CPM.

El fiscal Christian A. Granados, a cargo de la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela, solicitó que se eleve a juicio la causa contra siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense por abandono de persona, severidades, vejaciones y lesiones culposas en el caso de Mónica Mego. Mónica era una mujer trans que estaba detenida en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela cuando quedó parapléjica por no recibir tratamiento médico a tiempo. Las secuelas de su desatención fueron fatales.

A inicios del 2019 Juan Manuel González, jefe de la Sección de Control perteneciente al área de asistencia y tratamiento de esa unidad, retrasó la atención médica de Mónica Mego a pesar de conocer su delicado estado de salud. Aunque era evidente que necesitaba atención de forma inmediata en un centro de salud extra muros por la complejidad el cuadro, demoró su traslado y la derivó a otra Unidad en el mismo complejo. A su regreso la alojó en un buzón o celda de contención y la atacó de forma reiterada mediante tratos humillantes. Quedó imputado por los delitos de abandono de persona calificado por las lesiones y severidades y vejaciones.

Ese abandono concurrió con la negligencia del personal médico de la Unidad, y la víctima sufrió como consecuencia la pérdida total de movilidad en sus miembros inferiores, quedó postrada y con imposibilidad de valerse por sus propios medios. Por esto quedaron acusados los médicos que la atendieron en las unidades del complejo Florencio Varela, Matías Pérez Núñez, Walter Raúl Piñón, Elvira Tucto, Francisco Artola, Claudio Piccin y María Guzmán por el delito de lesiones culposas.

El fiscal considera “que los médicos de las unidades que la atendieron actuaron de modo imprudente sin agotar los medios para dar con un diagnóstico y tratamiento en la Unidad, lugar en el que comenzaron a manifestarse de forma progresiva los signos y síntomas característicos de lo que se denomina síndrome medular”. Para esto se apoya, entre otras pruebas, en los peritajes de una junta médica especialmente constituida para analizar el caso que señaló que “los profesionales de esta Unidad Penitenciaria […] [efectuaron] una subvaloración del cuadro clínico” y calificaron de “desaprensiva” su conducta concluyendo que “violando el deber de cuidado, contribuyeron a aumentar el riesgo para la paciente Mego, circunstancia que pudo haber sido evitada”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) entrevistó a Mónica Mego en 2019 cuando estaba internada en el Hospital San Martín de La Plata, derivada desde la Unidad Penitenciaria hospital de Lisando Olmos; desde ese momento, coordinó acciones junto a su defensa e hizo presentaciones ante la justicia y otras dependencias del Estado, e impulsó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En ese primer momento, la investigación penal tuvo una demora importante por el planteo de competencia entre los departamentos judiciales de Quilmes y La Plata. Luego de ese derrotero, la instrucción recobró impulso con la intervención de la UFI N° 3 de la Plata, a cargo de Gonzalo Petit Bosnic y la Ayudantía Fiscal de delitos ocurridos en cárceles de ese departamento judicial, quienes llamaron a los funcionarios penitenciarios a declarar en condición de imputados. En esa instancia, y ante la constatación de que la mayor parte de los hechos habían ocurrido en las cárceles de Florencio Varela, el juez de garantías se declaró incompetente y remitió la causa al departamento judicial de Quilmes, que recayó en la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela. El fiscal Granados actuó rápidamente, tomó una declaración que estaba pendiente y solicito la elevación a juicio por abandono de persona, lesiones, severidades y vejaciones.

A fines del 2021, Mego fue sobreseída mediante la aplicación de la doctrina y jurisprudencia de la pena natural entendiendo que los padecimientos que sufrió la mujer permitían prescindir de la pena que se le pudiera imponer. Pocos meses después, en marzo de 2022, la mujer trans murió a los 36 años. Luego de su muerte, la CPM acompañó a su familia oriunda de Perú y se presentó como particular damnificado institucional a fin de lograr la condena de los responsables de su muerte. Ahora, casi 6 años después del hecho, la causa está cerca de elevarse a juicio.

Fuente: https://www.andaragencia.org/solicitan-elevar-a-juicio-la-causa-de-la-mujer-trans-que-murio-por-no-recibir-atencion-medica-en-la-carcel/

El Gobierno nacional avanza con la reforma laboral impulsada a través del Consejo de Mayo.

Desde la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA) reiteró un “rechazo categórico”, especialmente hacia puntos inspirados en el DNU 70/23, y alertó sobre los compromisos laborales incluidos en el acuerdo comercial con Estados Unidos. A pesar de participar en la mesa técnica, la central sindical sostiene que el debate avanza sin un tratamiento profundo ni consenso real. Las fuentes consultadas por el Consejo de Mayo detallaron que existen diez propuestas concretas del borrador oficial que la CGT rechaza:

1) Limitar la ultractividad de los convenios
2) Priorizar convenios por empresa
3) Restringir cuotas solidarias
4) Regular el derecho de huelga en servicios esenciales
5) Incorporar salarios dinámicos
6) Exigir autorización previa para asambleas
7) Modificar el principio de norma más favorable
8) Implementar banco de horas y jornadas promedio
9) Permitir fraccionar las vacaciones en períodos mínimos de siete días
10) Ampliar infracciones por bloqueos sindicales.

Durante su visita a Neuquén, el ministro del Interior Diego Santilli defendió la necesidad de una modernización laboral profunda, tomando como ejemplo el modelo aplicado en el sector hidrocarburífero. Destacó la flexibilización del Convenio Colectivo petrolero impulsado en su momento por Guillermo Pereyra como un caso exitoso que permitió expandir la actividad y multiplicar el empleo. Según Santilli, una reforma eficaz debe adaptarse a las realidades productivas de cada región y apuntar a reducir la informalidad.

Mientras tanto, dirigentes de la CGT, como Jorge Sola, insistieron en que la discusión pública se está dando “entre trascendidos” y sin participación real de trabajadores y empleadores. Señalaron que no cuentan con la “letra chica” del proyecto y que cualquier ley laboral de alcance general “nace viciada” si no incorpora las diferencias sectoriales. También remarcaron que el Gobierno no los convocó formalmente y que primero debería impulsarse una reforma tributaria para facilitar la creación de empleo.

Sola advirtió que las cargas impositivas actuales desalientan a pequeñas y medianas empresas y que las medidas anunciadas mezclan prioridades sin un orden lógico. Además, cuestionó que las propuestas avanzan sin consulta ni debate técnico, replicando lineamientos ya objetados por la Justicia en el DNU 70/23. La CGT remarcó que está dispuesta a discutir modernizaciones, pero únicamente si se construyen con consenso, participación y soluciones adaptadas a cada actividad.

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Tras la explosión ocurrida este viernes en una planta química de Ezeiza, que generó un incendio de enormes proporciones, las autoridades del Parque Industrial de Ezeiza difundieron un comunicado para aclarar la situación

En el comunicado las autoridades indicaron que el estallido no sucedió dentro de sus predios ni del vecino Parque Industrial de Spegazzini, como se había difundido en algunos medios. Además, solicitaron expresamente que se rectifique esa información para evitar confusiones y consultas innecesarias a las empresas instaladas en la zona. Remarcaron que el siniestro tuvo lugar en una zona conocida como Polígono Industrial, un espacio externo a ambos parques que agrupa otras actividades industriales. Aclararon que tanto el Parque de Ezeiza como el de Spegazzini continúan operativos y fuera de peligro.

Respecto a las personas afectadas, los parques industriales señalaron que no hubo víctimas fatales y que los heridos trasladados a centros asistenciales fueron dados de alta. Explicaron que se dispusieron ambulancias y recursos adicionales para apoyar a los equipos de bomberos, Defensa Civil y autoridades municipales durante la emergencia. Los destacamentos de ambos parques fueron los primeros en llegar al lugar, aportando información clave y activando los protocolos establecidos.

Las autoridades añadieron que, conforme a las normas internas, los tanques de agua de los parques volcaron parte de su capacidad para abastecer a las autobombas que trabajaban en el incendio. Durante horas, los equipos de bomberos cargaron agua en esos predios mientras continuaban las tareas de enfriamiento y control del fuego. Al cierre del comunicado, se agradeció el accionar de bomberos, fuerzas de seguridad, personal sanitario y funcionarios municipales y provinciales.

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, informó que ya no quedan pacientes internados por el incidente. Detalló que la mayoría de los heridos fueron dados de alta y que los casos restantes permanecen estables. También señaló que hubo 15 lesionados leves por la onda expansiva y destacó la intervención del Centro Provincial de Toxicología, que atendió más de 40 consultas relacionadas con la explosión sin necesidad de derivaciones.

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Neuquén dio inicio a la temporada de pesca al mismo tiempo que comenzó la 36ª Fiesta Nacional de la Trucha, en Junín de los Andes. La jornada reunió a pescadores de la provincia y del país a orillas del río Chimehuin, donde se realizó la tradicional bajada en bote y el corte de cinta debajo del conocido “puente banana”.

El intendente Luis Madueño encabezó el acto junto al presidente de NeuquenTur, Sergio Sciacchitano, celebrando un nuevo inicio en un entorno que define a la región. También se realizó un homenaje a Celso Gallardo, reconocido guía local fallecido en junio durante una flotada, con un emotivo acompañamiento de su familia.

Con la temporada oficialmente abierta, las actividades continuaron con charlas técnicas para pescadores de todos los niveles.

Cómo pescar las mejores truchas: la técnica que recomiendan los expertos

La principal capacitación estuvo a cargo de Marcelo Morales, guía e instructor de pesca con mosca de amplia trayectoria, quien subrayó que pequeños cambios de hábito pueden multiplicar los piques. Explicó que muchas personas se adentran demasiado al río en busca de profundidad, sin advertir que las truchas más grandes descansan en sectores menos profundos, donde gastan menos energía porque ya no tienen depredadores naturales.

Morales recomendó observar desde la orilla fondos lisos, curvas con menor corriente y zonas con troncos o reparos, donde los ejemplares suelen quedarse mimetizados con el entorno. Al ingresar al agua, advirtió, se corre el riesgo de espantarlas antes de pescar.

El segundo consejo clave apunta a la elección de la mosca y la precisión del movimiento. Sostuvo que el color debe permitir que sea visible para el pez, sin excesos de contraste ni igualación total con el fondo. Aun así, destacó que lo más determinante no es la mosca, sino cómo se la mueve: una caída firme y movimientos precisos con la caña generan una reacción inmediata incluso si la trucha está en el fondo.

Según el especialista, la mosca debe impactar con fuerza en el agua, lo que incentiva al pez a subir en una fracción de segundo. Por eso utiliza cañas más duras, que le permiten un control exacto del movimiento.

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Denuncian al padre por “abandono de persona” tras el ingreso en grave estado de un joven con retraso madurativo en Cipolletti.

Un adolescente se encuentra internado en terapia intensiva del Hospital Pedro Moguillansky: está en coma, intubado y con múltiples escoriaciones en el cuerpo, y su vida corre peligro. Su madre presentó una denuncia judicial por “abandono de persona” contra el padre y la pareja. La causa está en manos del Ministerio Público Fiscal, que aguardará los peritajes y el informe de salud para definir los pasos procesales siguientes.

Según la denuncia y las primeras actuaciones, el menor —identificado como Diego M., con retraso madurativo— habría permanecido en condiciones de abandono y maltrato en la vivienda familiar: la madre afirma en un descargo publico, que estuvo “encerrado en un gallinero, sin agua, sin comida, sin ropa” y con quemaduras por agua caliente y grasa. Ante esas alegaciones, la Fiscalía solicitó un informe médico completo, un relevamiento del domicilio y la remisión de actuaciones del fuero de Familia para integrar la investigación.

La Policía y la Fiscalía realizaron un procedimiento para constatar las condiciones de la vivienda y se secuenciaron medidas urgentes en el plano judicial y sanitario. Por el momento, los cinco pasos procesales están en curso: recolección de pruebas médicas, inspección domiciliaria, toma de testimonios, coordinación con el fuero de Familia y evaluación de imputaciones potenciales contra quienes estaban a cargo del cuidado del adolescente.

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El domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas en Argentina, en las que se renovarán 127 bancas de Diputados y 24 del Senado. El voto es obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 y menores de 70 años, salvo algunas excepciones.

Según el Código Electoral Nacional (Ley 19.945), quienes no concurran a votar y no justifiquen su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral (JNE) dentro de los 60 días posteriores deberán pagar una multa que va de $50 a $500, según la cantidad de infracciones.

Además, los infractores son incorporados al Registro de Infractores al Deber de Votar, lo que puede traer consecuencias administrativas. En algunos distritos, el valor de las sanciones puede ser superior debido a actualizaciones por “unidades fijas”.

Qué consecuencias tiene no votar

Más allá de la multa económica, la ley establece que quienes no justifiquen su ausencia quedarán inhabilitados durante un año para realizar trámites ante organismos nacionales, provinciales o municipales.
Esto incluye la renovación del DNI, la obtención del pasaporte, la inscripción en programas sociales o trámites jubilatorios.

En casos graves o de falsificación de certificados, las sanciones pueden escalar y alcanzar los $77.000, según la jurisdicción.

¿Cómo justificar la ausencia?

• Estar a más de 500 km del lugar de votación (acreditado ante la policía).
• Problemas de salud con certificado médico.
• Obligaciones laborales o de servicio público durante la jornada electoral.
• Causas de fuerza mayor, como emergencias familiares o climáticas.

Se puede justificar no votar por motivos como:

Las justificaciones deben presentarse dentro de los 60 días posteriores al comicio. Una vez aprobadas, el elector se elimina del registro de infractores.

Este año, las elecciones marcarán el debut de la Boleta Única de Papel, pero las obligaciones cívicas siguen intactas: no votar sin causa justificada puede generar multas y restricciones legales.

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