El Gobierno entregó 160 viviendas a fuerzas federales que ya habían sido adjudicadas

 

Los inmuebles a estrenar se encuentran en Avellaneda y ya habían sido sorteados y adjudicados a otras familias por el programa Procrear, que fue disuelto este lunes mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía. La Resolución del Ministerio, que encabeza Luis Caputo, reglamentó la disolución del fideicomiso que administraba los créditos del programa Procrear, incluida en el Decreto 1018/2024 publicado en noviembre pasado. Las 160 viviendas entregadas a fuerzas federales en el marco de un acto realizado este martes con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y protestas de vecinos y vecinas, se encuentran en el edificio Sagol. Por Red Eco Alternativo.


Al respecto, el Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, repudió la medida del Gobierno: “Con gran indignación denunciamos que las viviendas del plan ProCreAr en Avellaneda, que pertenecen a sus vecinas y vecinos, han sido entregadas de manera arbitraria a los militares (…). Esta medida fue tomada en un acto que vulnera el espíritu del programa, creado para garantizar el derecho constitucional a un techo digno para las familias de los trabajadores».

Cabe recordar que el Programa Procrear se había creado en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y funcionaba como una política de estímulo al crédito hipotecario y al acceso a la vivienda. Funcionaba con un fideicomiso administrado por el Banco Hipotecario, el cual también gestionaba los créditos y las tierras fiscales urbanizadas por el Estado.

Fuente: Nota al Pie

Fuente: https://www.redeco.com.ar/nacional/vivienda/41800

 

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  • Allanaron Comarsa: tomaron muestras de los residuos que se trasladarán a Añelo

     

    Fotos: Emiliano Ortiz.

    La fiscalía de Delitos Ambientales realizó un allanamiento en el predio del basurero petrolero Comarsa del Parque Industrial de Neuquén. El traslado de los residuos tóxicos desde allí hacia Añelo, acordado en 2024 entre la empresa y la Secretaría de Ambiente de Neuquén, permite ahora acceder a otras superficies en las que tomar las nuevas muestras. El procedimiento se concretó en el contexto de la causa contra el dueño y dos ejecutivos de la empresa por los delitos de contaminación y administración fraudulenta y tuvo como objetivo tomar esas muestras y secuestrar documentación sobre movimientos de suelos, traslados y disposición de residuos. La gran cantidad de residuos de la explotación de Vaca Muerta sigue siendo un problema irresuelto para la provincia. Por OPSur.


    “Ya en 2023 y 2024 se había allanado a Comarsa con el fin de tomar muestras de suelo en el predio. Pero el alcance fue acotado por la enorme cantidad de residuos en el lugar, lo que imposibilitó el acceso a determinados sectores”, dijo el fiscal de la causa Maximiliano Breide Obeid en relación al motivo de este nuevo ingreso.

    Según el querellante Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, “lejos de ser un asunto resuelto como pretenden las autoridades políticas de Neuquén, este allanamiento refuerza las medidas de investigación”. Colombo explicó que es el quinto allanamiento a la empresa, y que se concreta “junto a muchas otras medidas que ratifican que Comarsa cometió delitos de contaminación, usurpación de tierras públicas y un fraude millonario escandaloso a lo largo de más de 10 años. Todo en el contexto de la gestión de la basura petrolera del fracking de Vaca Muerta”.

    Fotos: Emiliano Ortiz.

    Por fuera de la causa judicial, en octubre de 2024 Comarsa acordó con la Secretaría de Ambiente trasladar los residuos ubicados en Neuquén a la planta de disposición final de Indarsa en Añelo en un plazo de 24 meses. Según el convenio, la empresa no trasladaría los 31.000 m³ de residuos en biopilas pero retiraría los 210.000 m³ acopiados. Con ese objetivo, se pautó la obligación de retirar 17.500 m³ por bimestre. Entre enero y febrero de este año, cuando comenzó a concretarse el convenio, la compañía movió 11.500 m3. Es decir, solo el 65% de lo acordado.

    Al día de hoy, no hay información pública que permita saber si Comarsa cumplió con los volúmenes establecidos para el segundo bimestre. La Secretaría de Ambiente no publicó informes actualizados ni respondió los pedidos de información realizados por la Fiscalía y las querellas sobre las cantidades transportadas y qué tipo de análisis se les realizó. Tampoco se conoce si se iniciaron sanciones por el incumplimiento anterior de la empresa.

    Accedé al informe La basura del fracking en Vaca Muerta sobre el tratamiento de residuos de la empresa Comarsa.

    Fuente: https://opsur.org.ar/2025/06/11/allanaron-comarsa-tomaron-muestras-del-suelo-que-esta-siendo-trasladado-a-anelo/

     

  • Río Negro: ratifican condena contra cinco prefectos por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel

     

    La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.


    El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

    La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

    Rafael Nahuel en una manifestación el jueves 23 de noviembre en Bariloche. Foto: Eugenia Neme, Colectivo al Margen.

     

    El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

    Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

    La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

    «La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

    Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

    Foto: Roxana Sposaro.

    En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

    «Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

    En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

    «Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

     

  • La Segunda guerra civil en Estados Unidos

     

     

    Si estuviéramos en otro país, los medios estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Los enfrentamientos que se están produciendo en EEUU entre los detractores de la Migra o ICE (Immigration and Customs Enforcement) y las fuerzas represivas enviadas por Trump representan el embrión de esa «segunda guerra civil norteamericana» que lleva tiempo rondando en el horizonte. Si desemboca en un conflicto civil en toda regla o si, por el contrario, se apaga, es lo que veremos en las próximas semanas, pero es importante observar su significado radical.Por Andrea Zhok (LaHaine).


     

    No se trata simplemente de la contestación de una normativa contra la inmigración clandestina. Las líneas políticas que se enfrentan aquí son, con bastante claridad, herederas directas de las líneas de contraste de la Guerra de Secesión (1861-1865).

    En esa Guerra, el Sur, agrícola, estaba vinculado a una visión política y económica intrínsecamente conservadora, telúrica, identitaria, mientras que el Norte, industrial o en vías de industrialización, se proyectaba en una dimensión de ‘progreso’, en rápida evolución.

    En cuanto a las relaciones interétnicas, la divergencia no podía ser más clara: el Sur seguía anclado en una perspectiva en la que la esclavitud sedentaria y hereditaria desempeñaba un papel económico fundamental, mientras que el Norte, gracias al rápido proceso de industrialización, seguía atrayendo a una amplia población migratoria procedente de Europa, que constituía su fortuna.

    En la segunda mitad del siglo XIX, la esclavitud era un anacronismo y las relaciones de poder entre las zonas urbanas industriales y las zonas agrícolas favorecían totalmente a las primeras. La supremacía del norte era un hecho. Pero un siglo y medio después, el auge del urbanismo industrial, convertido en economía financiera, está en plena crisis; la libre circulación de la mano de obra, que siempre ha sido una característica de los EEUU, genera más problemas de los que puede resolver la contribución económica de los trabajadores baratos.

    En este momento, los frentes de la Guerra de Secesión reaparecen, pero con nuevas funciones históricas. La línea divisoria ya no es tan clara entre el norte y el sur geográficos, sino entre las grandes áreas urbanas, vinculadas a la internacionalización financiera y con un electorado predominantemente demócrata, y la provincia profunda, que busca protección económica y la recuperación de una identidad perdida, y vota mayoritariamente republicano.

    Es evidente que esta fractura es objetivamente profunda y se percibe como tal en EEUU. Se ve en la radicalización del enfrentamiento en el plano institucional, donde, por ejemplo, la alcaldesa de Los Ángeles y el gobernador de California alimentan constantemente una retórica de «democracia contra dictadura», apoyando de hecho el carácter subversivo y anticonstitucional de las decisiones de la presidencia.

    A su vez, Trump tiene fácil trabajo para dar la vuelta a las acusaciones, acusando a las instituciones californianas de actividades subversivas e insurreccionales. Esta fractura se está propagando rápidamente en todos los principales centros urbanos del país: Seattle, Chicago, Filadelfia, etc., donde las autoridades demócratas apoyan esta lectura de «choque de civilizaciones».

    Dudo que los políticos con intereses profesionales sólidos, alcaldes, gobernadores, diputados, etc., estén dispuestos a una confrontación arriesgada en el momento en que Trump recurra a la Ley de Insurrección, que confiere al presidente el poder de utilizar el ejército y la guardia nacional para tareas policiales.

    Pero no es nada seguro que, una vez evocada en una parte de la población la imagen de un choque vital entre concepciones de la civilización, en el que no hay margen para el compromiso con la otra parte, se consiga volver a meter el ganado en los corrales.

    Si estuviéramos en otro país, los medios de comunicación estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Pero, a diferencia de las habituales «revoluciones de colores» en otros países del mundo, aquí falta un elemento decisivo: el papel de financiación y coordinación de los estadounidenses.

    (Solo podemos imaginar lo que pasaría aquí si, como en 2014 en Ucrania, el equivalente ruso o chino de la entonces portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Victoria ‘Fuck Europe’ Nuland, distribuyera alimentos y financiación, o arengara a la multitud de insurrectos en Los Ángeles…).

    CALPU

     

     

     

  • Jorge Macri rechazó la eliminación de las Paso para el año próximo y opinó que debería aplicarse en 2031

    Jorge Macri rechazó la eliminación de las Paso para el año próximo y opinó que debería aplicarse para las elecciones de 2031. El jefe de Gobierno porteño estuvo en París junto a Milei por la Argentina Week, un viaje que el gobierno utilizó para negociar respaldo político en el Congreso. Sin embargo, Jorge Macri negó…

  • Centenario: chocó una camioneta estacionada y se dio a la fuga

     

    Un violento choque ocurrido durante la madrugada del sábado en Centenario dejó importantes daños materiales y a una familia desesperada por encontrar al responsable.

    El siniestro se produjo alrededor de la 1:45 en la intersección de Cuba y Elías Sapag, en el barrio Vista Hermosa, cuando un Chevrolet Corsa gris impactó con fuerza contra una camioneta Chevrolet S10 que estaba estacionada. Tras el choque, el conductor del auto emprendió la fuga pese a que el vehículo quedó con el frente completamente destrozado.

    El fuerte ruido del impacto despertó a varios vecinos de la zona, quienes alcanzaron a ver cómo el Corsa se alejaba a toda velocidad levantando una nube de polvo. Las cámaras de seguridad del sector lograron registrar el momento del siniestro y permitieron identificar el tipo de rodado involucrado, aunque todavía no se cuenta con la patente del vehículo. Los dueños de la camioneta, que sufrió graves daños en la parte trasera, comenzaron una búsqueda a través de redes sociales para dar con el responsable.

    Los propietarios señalaron que aún están pagando la camioneta y que deberán afrontar los costos del arreglo si el conductor no aparece. Además, remarcaron que el auto fugado quedó con daños visibles, por lo que esperan que algún vecino pueda aportar información clave para identificarlo. La Policía local analiza las imágenes de las cámaras para intentar ubicar al vehículo involucrado y esclarecer lo ocurrido.

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