La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invita a la presentación de la Filarmónica de Río Negro este sábado 10 de julio a las 19 horas en el cine teatro Círculo Italiano.
La Orquesta de la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro contará con la presencia de Clara Parodi como directora invitada. En el repertorio se destaca el estreno mundial de “Malambeando 2”, obra de la compositora argentina Nelly Beatriz Gómez, Presidenta del Foro Argentino de Compositores. Además, la Orquesta abordará obras de Strauss, Dukas, Britten,Copland y Wagner; integrando también el repertorio los compositores argentinos Piazzolla y Gianneo.
La capacidad es de 250 butacas y las entradas pueden ser retiradas desde hoy lunes en la Escuela Municipal de Arte (de 7 a 20 horas) y en el Círculo Italiano.
La Orquesta Filarmónica de Río Negro junto a sus 11 ensambles regionales distribuidos por toda la provincia son organismos dependientes de la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro.
El Gobierno impulsa una reforma laboral que redefine la relación de dependencia, habilita nuevas formas de precarización, reduce indemnizaciones y debilita la negociación colectiva. El texto, presentado para tratar durante las sesiones extraordinarias, modifica de manera profunda la Ley de Contrato de Trabajo y reorganiza el mapa de poder entre capital y trabajo.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Un cambio de época escrito en letra chica
El proyecto de “modernización laboral” del oficialismo no es un simple aggiornamiento técnico ni un reordenamiento administrativo. Es un intento explícito de reconfigurar las reglas fundacionales de la relación laboral en Argentina, desde el momento en que una persona empieza a trabajar hasta la forma en que se calcula su indemnización cuando es despedida. Todo el texto está diseñado para mover el péndulo hacia el empleador, reduciendo la protección que la Ley de Contrato de Trabajo consolidó durante décadas y que constituyó uno de los pilares del modelo argentino.
El Gobierno lo presenta como un salto hacia la flexibilidad, la innovación y el empleo moderno. Pero cuando se analizan las modificaciones artículo por artículo, lo que se revela es una arquitectura jurídica pensada para abaratar despidos, diluir la estabilidad, fragmentar la negociación colectiva y habilitar nuevos mecanismos de contratación más débiles.
A continuación, un análisis profundo de las modificaciones más relevantes, ordenadas por grandes bloques temáticos, con explicación detallada y sus efectos concretos sobre la vida laboral de las y los trabajadores.
1. el corazón del proyecto: redefinir quién es trabajador
Reforma del concepto de trabajo y del ámbito de aplicación
La LCT históricamente estableció que toda prestación personal realizada bajo dependencia es trabajo, y por lo tanto merece protección. El proyecto del oficialismo introduce modificaciones que amplían las excepciones y atomizan el régimen.
La clave está en ensuchar el concepto de dependencia, que siempre fue lo que blindó a los trabajadores frente a las falsas modalidades. El proyecto incorpora referencias explícitas a trabajadores independientes, prestadores de servicios, contratos civiles y prestadores de plataformas digitales que podrían quedar fuera de la LCT si el empleador así lo organiza.
Ejemplo concreto
Hoy, si un mensajero de aplicaciones trabaja todos los días, con horarios, instrucciones y control de la empresa, la Justicia puede reconocer la relación de dependencia. Con la reforma, la empresa podrá argumentar —y con aval legal— que se trata de un “prestador independiente” sujeto a regulación específica, reduciendo la posibilidad de reconocimiento judicial.
La consecuencia es un piso mínimo de derechos más bajo y un aumento exponencial de relaciones supuestamente “autónomas” que en realidad son empleo encubierto.
2. la presunción de relación laboral: el golpe más fino del texto
Limitación de la presunción de dependencia
La presunción de que la prestación personal genera contrato de trabajo es una de las piedras angulares de la LCT. Sin ella, cualquier empleador podría disfrazar la relación de mil maneras. El proyecto introduce un límite decisivo: Si existe contrato de servicios, facturación, recibos u otros instrumentos civiles, la presunción de dependencia no operará.
Esto implica que la simple emisión de una factura —algo que hoy se usa masivamente para precarizar— pasará a ser un blindaje para el empleador. La carga de la prueba recae íntegramente sobre el trabajador, que deberá demostrar la subordinación.
Ejemplo concreto
Una diseñadora gráfica que trabaja todos los días para la misma empresa, recibe órdenes y usa equipos provistos por la firma. Si le hacen facturar, ya no podrá invocar automáticamente la presunción de dependencia. Tendrá que litigar durante años, sin ingresos, para que un juez reconozca su situación.
El proyecto multiplica así la precarización legal.
3. la negociación colectiva: una poda que debilita a los sindicatos
Eliminación de la aplicación analógica de los convenios
Uno de los cambios más graves consiste en prohibir que los convenios colectivos se apliquen por analogía o extensión. Es decir, si un trabajador realiza una tarea similar a otra ya regulada, pero no está específicamente contemplado en su convenio, no podrá beneficiarse automáticamente de ese estándar.
Este artículo fractura la herramienta histórica que encontró el movimiento obrero para ampliar derechos, impedir disparidades injustificadas y evitar que los empleadores fragmenten convenios a su gusto.
Qué significa en la práctica
Menos trabajadores cubiertos por protección colectiva.
Más margen para redactar convenios “a medida” en empresas pequeñas.
Mayor debilidad de trabajadores aislados o de sectores nuevos.
Este cambio promueve un modelo laboral de negociación atomizada, donde cada empresa se mueve con su propio “mini-convenio”, debilitando la fuerza gremial.
La reforma del principio protectorio
Además, el proyecto interviene la regla de “norma más favorable”, obligando interpretaciones más restrictivas. Esto limita la posibilidad de que, ante dudas, los jueces elijan la solución más protectora para el trabajador.
El espíritu de la LCT se centra históricamente en compensar la desigualdad estructural entre empleado y empleador. El proyecto la reduce a un principio casi decorativo.
4. indemnizaciones: un recorte estructural
Redefinición de la base de cálculo
El proyecto especifica qué conceptos se incorporan para determinar la indemnización y cuáles quedan fuera. La lógica general es reducir el monto final del despido.
En particular:
Se excluyen o limitan pagos variables y sumas no remunerativas.
Se recalculan promedios de manera que reduzcan el impacto de meses con remuneraciones altas.
Se introducen aclaraciones que favorecen el criterio más bajo cuando hay dudas.
Por qué es un cambio profundo
En Argentina la indemnización tiene carácter disuasivo: busca evitar despidos arbitrarios. Al abaratarla, se incentiva la rotación y se da mayor libertad a las empresas para despedir.
Un empleador hoy puede dudar antes de echar a un trabajador con diez años de antigüedad. Con la reforma, el costo será mucho menor: despedir será más barato.
Otros efectos
Impacto directo en trabajadores con premios por productividad.
Menor protección para trabajadores con salarios compuestos.
Incentivo a convertir partes del salario en pagos no remunerativos.
5. tercerización, agencias de servicios y trabajo eventual
Responsabilidad solidaria reducida
La LCT establece que, cuando una empresa terceriza tareas, la empresa usuaria es solidariamente responsable. La reforma reduce esa responsabilidad al período en que el trabajador prestó tareas “directamente” para la empresa principal.
Esto abre un espacio peligroso: cualquier empresa podrá tercerizar actividades principales sin asumir plenamente las consecuencias.
Legalización de la eventualidad rotativa
El proyecto amplía el margen para contratar mediante agencias de servicios eventuales, con menor representación gremial y menores obligaciones. Esto profundiza un modelo donde:
Un trabajador puede pasar años contratado “a prueba”.
La antigüedad se desdibuja.
La estabilidad desaparece en la práctica.
Ejemplo concreto
Un supermercado podrá cubrir cajas, góndolas, depósitos y logística con personal eventual rotado por agencias, sin integrar nunca al plantel estable.
El efecto es una reconfiguración estructural del mercado de trabajo donde la eventualidad deja de ser excepcional.
6. tiempo de trabajo, vacaciones y “flexibilidad”
Bancos de horas
El proyecto habilita mecanismos que permiten compensar horas extras con descanso, en lugar de pago. En un país con salarios depreciados, esto implica una transferencia directa desde el trabajador hacia la empresa.
Vacaciones y licencias
El texto introduce fórmulas para liquidar vacaciones y calcular retribuciones que, según la redacción, tienden a reducir valores efectivamente percibidos.
Además, se incorporan mayores márgenes para reorganizar jornadas y turnos según “necesidades productivas”, ampliando la flexibilidad unilateral del empleador.
7. economía digital: trabajadores de plataformas
Una categoría paralela sin derechos plenos
El proyecto menciona expresamente a los prestadores de plataformas digitales, remitiéndolos a una regulación posterior. Lo que parece una “precisión técnica” es en realidad una señal política clara: las plataformas no quieren—y el Gobierno no exige—que estos trabajadores entren a la LCT.
Esto consolida un modelo donde:
No hay estabilidad.
No hay indemnización.
No hay licencias pagas.
No hay aguinaldo ni vacaciones.
Es la formalización de un sector precario como “normal”.
8. justicia laboral: más carga sobre el trabajador
El proyecto endurece los requisitos probatorios y formales en acuerdos y conciliaciones. Aunque mantiene la gratuidad del trabajador en ciertos procesos, exige intervenciones judiciales más complejas y abre margen para cuestionamientos formales.
Esto implica que, ante un conflicto:
El trabajador necesitará más pruebas.
El empleador tendrá más herramientas para demorar o litigar.
Los juicios podrán extenderse durante años.
Una vez más, la balanza se inclina hacia el lado empresarial.
conclusión: un proyecto que reescribe el contrato social argentino
La reforma laboral del oficialismo no es una “modernización”. Es una reforma estructural del poder dentro del mundo del trabajo. Sus pilares son claros:
Desarmar la presunción de dependencia.
Debilitar la negociación colectiva.
Abaratar el despido.
Normalizar la tercerización.
Crear nuevas categorías más baratas y desprotegidas.
Flexibilizar jornadas y reducir costos indirectos.
Es, en esencia, un proyecto que busca que la relación laboral deje de ser un vínculo protegido para convertirse en un acuerdo privado entre partes formalmente “libres” pero en realidad profundamente desiguales.
El texto no mejora la productividad. No genera empleo de calidad. No impulsa el desarrollo industrial. Lo que hace es ajustar al trabajador, reduciendo derechos conquistados durante décadas y abaratando la mano de obra para que el mercado se ordene bajo la lógica del empleador.
En un país donde el trabajo digno fue siempre un eje identitario, esta reforma implica un retroceso histórico. Y lo más grave: pretende que ese retroceso sea permanente.
El Gobierno anunció la venta de Transener y el mercado reaccionó mal. La acción cayó fuerte el mismo día del anuncio. Un dato que llamó la atención. En general, las privatizaciones empujan los precios hacia arriba. Esta vez pasó lo contrario. Las acciones de Transener cayeron más de 20% desde que se anunció el proceso de venta.
El primer problema es el precio. El Estado quiere vender su participación por unos USD 200 millones. Eso implica valorar la acción en torno a los $3.000. Pero el balance de la compañía muestra un valor cercano a los $4.800 por acción. La diferencia es grande. Demasiado grande. Un 60% superior.
Transener no es una empresa más. Opera más de 12.000 kilómetros de líneas de alta tensión. Transporta cerca del 85% de la electricidad del país. Es el sistema nervioso del sector energético. Quien la controla, ordena el flujo eléctrico nacional.
El mercado leyó «remate» de un activo estratégico, con ingresos regulados y posición dominante.
La estructura accionaria explica el ruido. El 52,65% de Transener pertenece a Citelec. Citelec está dividida en partes iguales entre Pampa Energía y el Estado, a través de Enarsa. El 47,35% restante cotiza en Bolsa y está en manos de inversores privados. La privatización implica que el Estado venda su 50% en Citelec y se retire del control compartido. Del otro lado queda Pampa Energía, el holding de Marcelo Mindlin. Ahí aparece el punto más sensible de toda la operación.
El Estado quiere vender su participación por unos USD 200 millones. Eso implica valorar la acción en torno a los $3.000. Pero el balance de la compañía muestra un valor cercano a los $4.800 por acción. La movida del gobierno afecto el valor del paquete que queda en manos de Mindlin.
Antes del anuncio, el Gobierno cerró un acuerdo con Mindlin. No es un contrato de compra. Es un acuerdo de conducta. Pampa se comprometió voluntariamente a no bloquear la privatización. Renunció a usar su poder societario para frenar, judicializar o demorar la venta. Ese aval era clave. Sin él, la operación podía trabarse en conflictos societarios interminables. Con el acuerdo, el Gobierno despejó el camino.
Pero el contenido del pacto dejó preguntas abiertas. Pampa acepta que el Estado venda primero y ordene el proceso. A cambio, no exige un precio mínimo ni impone condiciones económicas. En los hechos, el socio privado acompaña una venta a un precio inferior al valor patrimonial. Ningún accionista sofisticado avala una subvaluación sin esperar algo a cambio.
Aun así, Mindlin no puede quedarse con Transener sin más.
No es automático ni sencillo .La regulación eléctrica impide la integración vertical. Pampa ya es fuerte en generación. Controlar también el transporte choca con los límites legales y con el regulador.
La denuncia narco contra el ex gobernador y actual senador Gerardo Zamora y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, tiene su origen en la bronca del desarrollador inmobiliario Guillermo Masoni, dueño de «Los Mimbres SA», viejo amigo de Mauricio Macri y acusado de usurpar tierras a familias de campesinos en Santiago del Estero.
Más allá de los sabidos vínculos entre Zamora y Toviggino, Masoni recibió un duro revés judicial en su reclamo por la propiedad de 4000 hectáreas en el departamento santiagueño de General Taboada, contra un grupo de campesinos. La causa había recaído en el juzgado de Darío Alarcón, un magistrado al que se le atribuye «buena relación» con el líder del Frente Cívico, pero el empresario apeló y también perdió en segunda instancia.
Por ese motivo, un oscuro operador político habría visitado meses atrás al ex intendente de Termas de Río Hondo y actual diputado Jorge Mukdice con un mensaje amenazante: «Vamos por tu jefe», le dijo en referencia a Zamora.
A Zamora y Toviggino les imputan haberse quedado con campos que habían sido apropiados por un ocupante desde los tiempos de la última dictadura. Esas tierras, sin embargo, están ubicadas en el departamento de Alberdi y el paraje se llama Ahí Veremos.
Sobre ese conflicto se abrió una causa en el Juzgado Federal de Campana, en 2017, y una serie de testigos protegidos declararon que había pistas de aterrizaje para aviones narco. «Mezclan peras con manzanas, no son pistas clandestinas, sino que son de tierra porque son para las avionetas que se usan para fumigar», respondieron cerca del ex gobernador ante la consulta de LPO, y agregaron: «se fumiga con aviones chicos, no va a venir un Boing».
Un legislador santiagueño apuntó, en cambio, contra Masoni y Macri por la agitación de denuncias contra Zamora.
Mauricio Macri, en el búnker PRO.
La disputa de Masoni, de hecho, es contra el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (Mocase), una organización que lucha contra empresarios que avanzan en acuerdo con juzgados amigables sobre el tierras fiscales ocupadas por familias de escasos recursos. Desde hace más de 30 años, han tenido que enfrentar desalojos forzosos, perpetrados por figuras como Masoni pero apoyados por grupos armados de paramilitares.
Según fuentes provinciales, «agarraban a las familias con un ranchito en algunas zonas de Santiago, sobre tierras fiscales en las que ocupaban una hectárea y media, con una acequia y cuatro chanchos, y venían a extender la posesión hasta 2 mil hectáreas para sacar a las familias después». «Hubo maniobras con gente de afuera y abogados con acceso al fuero local, les hacían vender la posesión y desalojaban a los campesinos», comentaron.
Masoni contactó a la DEA para hacer pasar este conflicto como un asunto narco.
«Eso se cortó cuando empezó a gobernar Zamora», dijo una fuente provincial a LPO. En rigor, la historia fue más compleja, con tensiones e idas y vueltas, pero Masoni llegó a participar de una mesa de negociación a la que también se sentaban representantes del Mocase, con la mediación de funcionarios de los gobiernos de Claudia Ledesma Abdala y el propio Zamora. El ex jefe de gabinete y actual gobernador, Elías Suárez, habría llegado a participar de alguna de esas tertulias.
Los santiagueños recuerdan a Masoni por el avance de las topadoras para tirar postes, alambrada y árboles, en los parajes La Simona y Los Juríes, en General Taboada. La cruzada llevaba el sello de Los Mimbres SA, la firma del desarrollador inmobiliario.
En el Congreso apuntan que el empresario es el dueño de las oficinas de Olivos que utiliza Macri para reunirse con su entorno más cercano pero, además, señalan que Masoni «contactó a la DEA para hacer pasar este conflicto como un asunto narco». «Quieren ensuciar o vincular a Zamora pero acá hay un tipo que está en litigio por unos campos grandes y amenaza con la DEA», agregó una fuente al tanto de la situación.
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invitan a participar del ‘Taller virtual de instrucción canina’ que organiza la agrupación ‘Soñar está bueno’. El mismo será dictado por la instructora canina Samanta Lipnik vía zoom el sábado 24 de abril a las 19 horas….
Cuando los papeles se queman, cuando las ideas desaparecen, la falta de oxígeno nubla y la estrategia es una palabra que se busca en el diccionario; queda el empuje, la enjundia y la necesidad imperante del alma que desea ganar como virtudes a las que un grupo golpeado y en situación extrema puede recurrir, pasan…
Los vecinos de Barrio Parque entraron en pánico por la llegada de Augusto Marini, que compró dos enormes lotes en la zona más distinguida de la Ciudad.
Uno de los terrenos pertenece a la histórica Casa Obarrio, un pequeño palacio construido a principios de 1900. El dueño de Blender y Carajo ya trabaja en la puesta en valor de esa propiedad.
Marini, de 31 años, también se quedó el terreno lindero y demolió la casa existente. Además, logró que las imágenes de sus propiedades fueran quitadas de Google Maps.
Poco habituados a este tipo de movimientos, en el barrio más coqueto de la Ciudad temen lo peor, que para los conservadores vecinos de esa zona, serían fiestas electrónicas nocturnas.
Esa posibilidad atemoriza a Pampita, Marcela Tinayre, Mirtha Legrand, Flavia Palmiero, Mariana Fabbiani, Teresa Calandra o Carlos Bianchi, algunos de los célebres habitantes del barrio.
Marini no piensa en emprendimientos comerciales, sino que quería tener un jardín en el medio de Palermo Chico y anexó un terreno a su futura casa.
Es que los vecinos de este micro barrio son quisquillosos y poco afectos a la modernidad. Todavía les dura la amargura por la torre de 10 pisos que levantó Northbaires, un emprendimiento de la marca OM que algunos identifican con Nicky Caputo, aunque el empresario lo niega.
En esa oportunidad OM logró que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta las habilitara 10 pisos en una zona donde predominan los petits hotels.
Sin embargo, Marini no piensa en emprendimientos comerciales, sino que quería tener un jardín en el medio de Palermo Chico y por eso anexó un terreno a su futura casa.
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