La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invita a la presentación de la Filarmónica de Río Negro este sábado 10 de julio a las 19 horas en el cine teatro Círculo Italiano.
La Orquesta de la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro contará con la presencia de Clara Parodi como directora invitada. En el repertorio se destaca el estreno mundial de “Malambeando 2”, obra de la compositora argentina Nelly Beatriz Gómez, Presidenta del Foro Argentino de Compositores. Además, la Orquesta abordará obras de Strauss, Dukas, Britten,Copland y Wagner; integrando también el repertorio los compositores argentinos Piazzolla y Gianneo.
La capacidad es de 250 butacas y las entradas pueden ser retiradas desde hoy lunes en la Escuela Municipal de Arte (de 7 a 20 horas) y en el Círculo Italiano.
La Orquesta Filarmónica de Río Negro junto a sus 11 ensambles regionales distribuidos por toda la provincia son organismos dependientes de la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro.
El Intendente Marcelo Orazi y el Ministro de Salud de Río Negro Fabián Zgaib recorrieron el hospital de Villa Regina, oportunidad en la que destacaron las obras que se llevan adelante que permitirán aumentar el número de camas provistas con la red completa de gas, aire comprimido y oxígeno. Al respecto, el Ministro señaló que…
El gobernador bonaerense acompañó la multitudinaria movilización en Plaza de Mayo y cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el oficialismo, al que calificó como una avanzada contra el trabajo, la producción y las condiciones de vida.
Axel Kicillof participó este jueves de la masiva marcha convocada por la Confederación General del Trabajo en la Plaza de Mayo, en rechazo a la reforma laboral que promueve el Gobierno nacional. En diálogo con C5N, fue categórico: “No va a mejorar nada con esta ley. No tiene un solo elemento que beneficie las condiciones del trabajador”.
“Una ley contra el trabajo y la producción”
Durante la cobertura televisiva, Kicillof sostuvo que la iniciativa oficial “le quita derechos a quienes hoy tienen condiciones dignas y le impide alcanzarlas a quienes no las tienen”. Para el mandatario bonaerense, el discurso de que la reforma beneficiará a trabajadores y pymes es “una gran mentira” que encubre intereses del poder económico.
En esa misma línea, describió la movilización como “gigantesca” y afirmó que el Gobierno “está de espaldas a la producción, al trabajo y a las condiciones de vida”. El mensaje apuntó directamente al rumbo económico que impulsa Milei, al que responsabilizó por profundizar la crisis social y productiva.
Pymes ignoradas y crisis en marcha
Kicillof reveló además que, horas antes de la movilización, encabezó una reunión en el Salón Dorado de la Gobernación con más de 80 dirigentes de pymes bonaerenses. “No fueron consultados, no están de acuerdo y están atravesando una crisis terminal”, remarcó, y advirtió que la reforma laboral no solo no resolverá ese escenario sino que “lo va a empeorar con la política económica que están aplicando”.
Desde el escenario central, el triunvirato de la CGT dejó abierta la puerta a profundizar el plan de lucha. En ese marco, Octavio Argüello fue contundente: si el Gobierno insiste con avanzar sin escuchar a los trabajadores, el conflicto podría escalar hasta un paro nacional.
Advertencia sindical y clima de conflicto
Para el gobernador bonaerense, la situación que se vive en las calles contrasta con la narrativa oficial que intenta “invisibilizar” el impacto real de las medidas. “Estamos acá por lo que está pasando hoy y por lo que quieren ocultar”, afirmó, en respaldo explícito a la protesta sindical.
La marcha en Plaza de Mayo volvió a mostrar un límite político y social a la agenda de Milei: sindicatos, gobernadores y sectores productivos confluyeron en un rechazo que, lejos de diluirse, amenaza con escalar si el oficialismo insiste en avanzar sin consensos.
Con un decreto publicado a fin de año, el Gobierno modificó el régimen de Fondos Rotatorios: habilita ampliaciones automáticas cuando se transfieren programas, refuerza el poder de Hacienda y consolida un esquema de manejo cotidiano del dinero público por fuera de licitaciones.
Por Roque Pérez para NLI
Mientras el discurso oficial insiste en la “motosierra” y el ajuste permanente, el Decreto 926/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial introduce cambios clave en la administración diaria de fondos estatales que merecen una lectura política más allá del tecnicismo contable. La norma modifica el Decreto 1344/2007 —reglamentario de la Ley de Administración Financiera— y reordena el funcionamiento de los llamados Fondos Rotatorios, es decir, las cajas chicas de los organismos públicos.
Estos fondos permiten afrontar gastos corrientes y urgentes sin pasar por el régimen general de contrataciones. Justamente por eso, históricamente han sido un punto sensible en términos de control y discrecionalidad.
Más margen para los organismos que reciben programas
El eje central del decreto aparece cuando se habilita que, si durante el año el Poder Ejecutivo transfiere programas presupuestarios entre organismos, el área que recibe esas funciones pueda ampliar automáticamente su Fondo Rotatorio hasta un 3 % adicional del presupuesto transferido.
En paralelo, el organismo que cede el programa deberá reducir su propio fondo. En términos políticos, el decreto acompaña y lubrica la reconfiguración permanente del Estado que impulsa Milei, donde ministerios, secretarías y programas cambian de manos con frecuencia.
El resultado es claro: cada reorganización administrativa viene acompañada de una ampliación de la caja disponible para gastos inmediatos, sin licitación y con controles posteriores.
Hacienda concentra poder y regula discrecionalmente
El decreto también refuerza el rol de la Secretaría de Hacienda, que queda facultada para autorizar Fondos Rotatorios por debajo del tope legal del 3 % si considera que un organismo tuvo fondos “ociosos” el año anterior.
En los hechos, esto implica una herramienta política de premio y castigo: quien ejecuta como espera el Ministerio de Economía mantiene margen operativo; quien no, ve restringida su caja diaria. Centralización de decisiones financieras en un contexto de fuerte verticalismo presidencial.
Menos cuentas, más opacidad cotidiana
Otro cambio relevante es la eliminación de los Fondos Rotatorios Internos de menor cuantía, bajo el argumento de reducir cuentas bancarias y fomentar pagos electrónicos. El Gobierno lo presenta como modernización y transparencia, pero en la práctica concentra movimientos financieros en menos cuentas y menos áreas, algo que no necesariamente equivale a mayor control social o parlamentario.
Todo esto ocurre sin modificar un dato estructural: los gastos realizados por Fondos Rotatorios siguen excluidos del régimen de contrataciones del Estado. Es decir, continúan siendo un canal rápido, flexible y poco visible para el uso de recursos públicos.
En síntesis, el Decreto 926/2025 no contradice el relato de ajuste: lo complementa. Mientras se recortan políticas públicas, se afina el mecanismo que permite al Ejecutivo manejar con mayor libertad la caja cotidiana del Estado, especialmente en un escenario de reestructuraciones constantes. Menos Estado para la sociedad, pero más margen interno para decidir cómo y cuándo se gasta.
El operativo para sacar el oro de las bóvedas del Banco Central y enviarlo al exterior dejó de ser un secreto blindado por el Gobierno libertario. Un fallo judicial hizo lugar a un amparo y ordenó a la autoridad monetaria entregar la información pública que se negó sistemáticamente a suministrar.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La resolución judicial golpea de lleno la estrategia de opacidad del Banco Central y del Ministerio de Economía, que durante meses se escudaron en supuestas razones de “reserva” y “confidencialidad” para no explicar ni los costos, ni los riesgos, ni el destino final de los lingotes enviados a Londres.
La orden alcanza de manera directa a la conducción del Banco Central de la República Argentina, presidido por Santiago Bausili, que había rechazado una y otra vez responder pedidos formales de acceso a la información pública.
Mientras Luis Caputo y Bausili escondían los expedientes, el activo que sacaron del país atravesó una racha histórica. El oro se consolidó como la mejor inversión de 2025 y su cotización internacional no dejó de subir.
Al inicio de la gestión de Milei, las reservas en oro del BCRA equivalían a unos 3.922 millones de dólares. Hoy, con el mismo stock físico que había el 10 de diciembre de 2023, ese patrimonio alcanza los 8.806 millones de dólares. En términos nominales, una suba del 124,5%.
Dicho de otro modo: el Gobierno administra hoy un capital que vale más del doble que cuando asumió, pero que ya no está bajo custodia directa del Estado argentino. Un dato nada menor cuando se trata de un activo estratégico, expuesto a riesgos legales y a eventuales embargos en el exterior.
La batalla por la información
La causa judicial se originó tras la negativa del BCRA a responder los pedidos presentados por legisladores de la oposición, entre ellos el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, que reclamaron conocer los detalles de una operación inédita por su magnitud y su secretismo.
El argumento oficial fue que revelar la información podía poner en riesgo la “seguridad de los activos”. Esa postura fue desestimada por la Justicia, que recordó que el acceso a la información pública no puede ser anulado por decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.
Qué deberá explicar el Gobierno
El fallo obliga ahora a detallar si el oro fue vendido, si se utilizó como garantía de préstamos financieros tipo REPO, o si simplemente fue depositado en el exterior para obtener una tasa de interés mínima.
Hasta el momento, la única confirmación oficial fue una declaración televisiva de Caputo, quien presentó la maniobra como una supuesta “administración eficiente” de los recursos, sin exhibir un solo documento que la respalde.
Con el precio del oro en máximos históricos, la pregunta ya no es solo por qué lo sacaron del país, sino quién se beneficia con la administración de una fortuna que hoy roza los 9.000 millones de dólares, mientras el Gobierno predica austeridad puertas adentro y blindaje informativo hacia afuera.
Mientras el Gobierno insiste en celebrar el ajuste como virtud moral, en silencio desarmó uno de los programas de salud más sensibles del país: el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, una política pública que durante más de una década permitió salvar miles de vidas de recién nacidos con malformaciones cardíacas graves.
Por Alina C. Galifante para NLI
La decisión, ejecutada por el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, no solo implicó el despido del equipo técnico especializado que coordinaba el programa, sino que rompió de un día para el otro la red federal que garantizaba diagnóstico, derivación y cirugía oportuna a bebés de todo el país. No hubo anuncio oficial, no hubo plan alternativo y, lo más grave, no hubo ninguna consideración por las consecuencias humanas.
La periodista Nora Bar, que investigó el tema en profundidad, reconstruyó cómo incluso profesionales que seguían atendiendo casos urgentes se enteraron después de haber sido desplazados, en una escena que resume el nivel de improvisación y desprecio con el que se tomó la medida. No se trató de una reestructuración técnica: fue una decisión política de ajuste brutal.
Un programa que no era gasto, era vida
Las cardiopatías congénitas son una de las principales causas de mortalidad infantil en Argentina. Cada año, miles de bebés nacen con afecciones cardíacas que requieren detección temprana, derivación inmediata y cirugías complejas. El programa nacional articulaba hospitales públicos, equipos médicos y provincias, evitando que el lugar de nacimiento definiera quién vivía y quién no.
Gracias a esa política, Argentina logró reducir drásticamente la mortalidad neonatal por estas patologías, alcanzando estándares comparables con países desarrollados. Todo eso fue puesto en riesgo por una decisión tomada desde un escritorio, con lógica contable y sin respaldo sanitario.
Lugones ejecuta, Milei avala
Nada de esto ocurre en el vacío. El cierre del programa se inscribe en una línea clara del gobierno de Milei: desmantelar el Estado incluso cuando eso implica dañar derechos básicos, como el acceso a la salud de bebés recién nacidos.
Lugones actuó como ejecutor obediente de esa doctrina. Despidió al equipo sin transición, sin protocolos de continuidad y sin ofrecer una estructura alternativa. La consecuencia es un sistema fragmentado, donde cada provincia queda librada a sus recursos, profundizando desigualdades y dejando a muchas familias sin respuesta.
No es eficiencia. Es abandono.
Cuando el ajuste baja a terapia intensiva
El discurso oficial repite que “el Estado no puede hacerse cargo de todo”. Pero lo que no dicen es de qué se hace cargo ahora cuando un bebé nace con una cardiopatía grave en una provincia sin capacidad quirúrgica. Tampoco explican quién asume la responsabilidad si una derivación no llega a tiempo o si una familia queda atrapada en la burocracia.
Este no es un recorte más. Es una decisión que puede traducirse en muertes evitables. Y eso marca un límite político y ético.
Desarmar un programa que salvaba vidas no es una discusión ideológica: es una definición de prioridades. Y el gobierno de Milei ya dejó claro cuáles son las suyas.
La paz no se puede conseguir por la fuerza, solo se puede conseguir por la comprensión Albert Einstein Jean Jaques Rousseau define a la oclocracia como la degeneración de la democracia. Si uno quisiera situar los cambios cíclicos en las formas de hacer política, la oclocracia o gobierno de la muchedumbre estaría en el…
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