La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invita a la presentación de la Filarmónica de Río Negro este sábado 10 de julio a las 19 horas en el cine teatro Círculo Italiano.
La Orquesta de la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro contará con la presencia de Clara Parodi como directora invitada. En el repertorio se destaca el estreno mundial de “Malambeando 2”, obra de la compositora argentina Nelly Beatriz Gómez, Presidenta del Foro Argentino de Compositores. Además, la Orquesta abordará obras de Strauss, Dukas, Britten,Copland y Wagner; integrando también el repertorio los compositores argentinos Piazzolla y Gianneo.
La capacidad es de 250 butacas y las entradas pueden ser retiradas desde hoy lunes en la Escuela Municipal de Arte (de 7 a 20 horas) y en el Círculo Italiano.
La Orquesta Filarmónica de Río Negro junto a sus 11 ensambles regionales distribuidos por toda la provincia son organismos dependientes de la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro.
Con un escrito de la Fiscalía de Estado, el gobierno de Santa Fe recusó a última hora a cuatro ministros de la Corte Suprema provincial, que en forma inminente debe decidir sobre incidentes previsionales, iniciados luego de que Maximiliano Pullaro impulsara y lograra un cambio de la ley que fija retenciones sobre los haberes de pasivos del Poder Judicial. Los recusados son cuatro de los ministros con más edad del máximo tribunal.
El motivo esgrimido es que los recusados se encuentran en condiciones de recibir la jubilación, o ya la tramitaron. Según el planteo del Poder Ejecutivo, estaría comprometida su imparcialidad para resolver un caso que los tendrá en breve como beneficiarios.
Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo. El último, que se incorporó este año al máximo tribunal, ya es jubilado y suspendió el beneficio al ser aprobado su pliego.
La ley jubilatoria de Pullaro provocó una oleada de protestas en empleados y funcionarios judiciales, que tuvo una de sus manifestaciones más expresivas en la movilización en la puerta de los Tribunales provinciales de Rosario, con un centenar de jueces para demostrar su contrariedad.
En 2024, la Legislatura de Santa Fe sancionó una ley previsional que entre otras cosas implementó un aporte solidario para jubilados con haberes superiores a cierto umbral (unos 3 haberes mínimos, alrededor de 1.533.171 pesos en diciembre 2025), que van del 2% al 6% según el monto. También estableció un tope jubilatorio máximo, equivalente a 20 haberes mínimos (cerca de siete millones de pesos), buscando equilibrar el sistema.
Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo.
Estos dos planteos fueron objetados por muchos jubilados del Poder Judicial, por inconstitucionales. Jueces de primera instancia y camaristas de distintas jurisdicciones provinciales se pronunciaron de diferentes maneras y ahora muchos de los trámites los dirime la Corte de Santa Fe. Fue por esto que el gobierno provincial, a través de un dictamen del Fiscal de Estado de Santa Fe, Domingo Rondina, recusó este viernes a cuatro de los siete ministros de la Corte.
El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérez.
El tema no es solamente un pleito jurídico sino que fue desde el inicio de la discusión legislativa de la ley de una altísima litigiosidad política en Santa Fe. Desde distintos sectores del Poder Judicial y de los patrocinantes de los recursos indican que el planteo del gobierno es pobre desde lo conceptual y lo muestran como una jugada política. Aducen que todos los jueces serán jubilados algún día, por tanto no hay ningún magistrado que al resolver no disponga algo que lo incumbe directamente. No solo les concierne, dicen, a los que se jubilan de modo más inminente, como pasa con los cuatro ministros que se busca desplazar.
Pero además aluden a otro motivo técnico, por lo que arguyen el caso debe ser rechazado in límine. Indican que las recusaciones no pueden ser planteadas cuando el caso termina. Los impulsores debieron hacerlas no cuando el tema llegó finalmente a la Corte, sino cuando se constituyó el tribunal. Ahora, dicen, el tribunal está consentido.
Los planteos cuestionan, por un lado, el aporte previsional de emergencia y, por otro, los topes para haberes más altos, donde hay mucha jurisprudencia nacional sobre la intangibilidad de los haberes de magistrados, que corren tanto para los activos como para los pasivos.
«Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad», es el argumento.
En los despoblados tribunales rosarinos había furia. De los siete ministros de la Corte quedarán tres, que son Daniel Erbetta, Margarita Zabalza y Jorge Baclini, para resolver este diferendo. Se le deberán agregar cuatro conjueces. «Van a digitar todo para que salga un fallo para defender la ley del gobierno», masculló un juez que habló con LPO caliente como una estufa.
Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad.
Esto ocurre, además, cuando Pullaro presionó de manera manifiesta para desplazar a los tres ministros de la Corte que aún perduran y que ya cumplieron los 75 años de edad. Luego de una acción de fuerte exposición y desgaste, los ministros en cuestión -Spuler, Falistocco y Gutiérrez- anunciaron que se retiran entre septiembre y noviembre de 2026. El gobernador firmó hace dos días el decreto con los que postulará para reemplazarlos. Son tres ministros muy cercanos a su ideario político y el de su espacio de aliados.
Uno es el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde. Otro es Diego Maciel, que es el secretario legislativo del senador radical Felipe Michlig, el principal articulador del gobernador en la Cámara Alta. La restante es la abogada rosarina y jueza de faltas, Jorgelina Genghini, impulsada por Julián Galdeano, armador político del radicalismo y secretario de Vinculación Institucional del gobierno provincial, y por su hermano Lucas Galdeano, presidente del Colegio de Abogados de Rosario.
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El gobierno logró aprobar el presupuesto con el apoyo de los gobernadores peronistas Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz.
Con 46 votos afirmativos, 25 en contra y una abstención, correspondiente a la cordobesa Alejandra Vigo, la ley se aprobó en general tras 10 horas de debate. Victoria Villarruel puso rápidamente en tratamiento el capítulo 1 de la ley, que iba del artículo 1° al 10°, y logró la misma cantidad de apoyos y rechazos.
Pero al momento de votar el capítulo 2, que contenía el polémico artículo 30, el chaqueño Jorge Capitanich reclamó votación por separado de ese fragmento del proyecto, que promovía un ajuste en educación, ciencia y defensa. Bartolomé Abdala contestó que el plan de labor aprobado impedía ese mecanismo y lo propio sostuvo el jujeño Ezequiel Atauche.
Ante la negativa, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti pidió una cuestión de privilegio, un recurso para realizar una diatriba que no tiene efectos prácticos sobre el debate parlamentario en curso, y acusó a los libertarios de impulsar un artículo inconstitucional que viola el principio de progresividad. «No tiene nada que ver con el déficit fiscal, lo que se hace es borrar por tierra todos los consensos que logramos en la Argentina para la educación y la ciencia y la tecnología», expresó.
Abdala quería apurar la votación pero Capitanich planteó cambiar varios artículos de ese capítulo, entre otros el 30. Atauche, como miembro inform ante, declinó ese planteo y se activó el tablero electrónico para emitir el voto. El resultado fue de 42 votos a favor, 28 en contra y las abstenciones de Vigo y la neuquina Julieta Corroza.
Como anticipó LPO, el gobierno logró fracturar al interbloque peronista para compensar los tres votos que perdía por el lado de la UCR, que sufrió la fuga de Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger para votar contra el artículo 30. El catamarqueño Guillermo Andrada, la tucumana Sandra Mendoza y la jujeña Carolina Moisés, que responden a Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, respectivamente, aportaron sus tres voluntades para abultar más la diferencia del oficialismo con la oposición. Sin sus votos, el gobierno igual se hubiese impuesto por 39 a 28.
También acompañaron a los libertarios la salteña Flavia Royón, que estaba en contra del artículo 30 pero votó a favor de todo el capítulo por instrucción de Sáenz, el correntino Carlos «Camau» Espínola y la tucumana Beatriz Ávila, que rebautizó su monobloque con el nombre Independencia recientemente, en sintonía con Jaldo y los diputados suyos en la Cámara Baja. Sin ellos tres y sin los tres peronistas de Convicción Federal, el gobierno quedaba más comprometido: esos seis legisladores, más las abstenciones de Vigo y Corroza, contuvieron cualquier efecto cascada opositor.
Al cierre de esta nota, los libertarios peleaban por atribuirse las gestiones en la victoria parlamentaria. Como anticipó LPO, Santiago Caputo se había metido en la negociación, según fuentes del Congreso y la Casa Rosada, cuando parecía que flaqueaban los respaldos para el capítulo 2 y Patricia Bullrich reclamaba que los que estuvieran para votar contra el gobierno, al menos, se abstuvieran para no hundir la ley.
Diego Santilli, Martín y Lule Menem y Carlos Guberman se habían instalado en el despacho de la exministra de Seguridad para terminar de urdir acuerdos que salvaran el presupuesto de cualquier modificación que exigiera un retorno a la cámara de Diputados, una preocupación que atormentaba sobre todo a Luis Caputo por el frente financiero.
Cuando llegó el momento del cierre del debate, Bullrich dio un discurso que mezcló conceptos del coaching y frases de autoayuda con planteos dogmáticos del gobierno sobre la inflación y el déficit, aduciendo que en Argentina se había instalado la idea de que «el esfuerzo no valía la pena». «Hoy no estamos acá simplemente discutiendo números, estamos definiendo si la Argentina vuelve a creer en sí misma porque este presupuesto no es solo una herramienta económica sino un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina», expresó. Desde los palcos seguían su intervención el ministro del Interior y el secretario de Hacienda.
Santilli con los Menem
Según la presidenta del bloque de LLA, «gobernar no es prometer, gobernar es decidir, incluso cuando duele». «La pobreza, aquellos que hablan tanto de justicia social no lo van a poder creer, se redujo a la mitad», planteó Bullrich antes de agregar que la baja de la inflación permite planificar.
El jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi, defendió la necesidad de contar con un presupuesto y reivindicó la importancia del «equilibrio fiscal». «Entró», dijo como una idea que finalmente calzó en los distintos espacios políticos. Sin embargo, el argumento del correntino para no rechazar el ajuste en educación previsto en el artículo 30 fue que nunca se alcanzó el 6 por ciento del PBI para la inversión en ese área, tal como establecía la ley de financiamiento educativo de 2005.
La peronista Juliana di Tullio, por su parte, cargó contra los artículos 55 y 56, que flexibilizan el marco para la toma de deuda o las renegociaciones por parte del gobierno. «Estos dos artículos derogan parte de la ley Guzmán. Entonces ni Toto ni nadie van a tener que respetar tasa, monto y plazo. ¿Quién va a garpar la joda de Toto? El pueblo argentino. Con los votos de ustedes, ¿eh?», explicó.
Gobernar no es prometer, gobernar es decidir, incluso cuando duele.
La senadora bonaerense advirtió que «esto se va a rajar en algún momento», en referencia a la situación económica y social.»Si Cristina tenía que saber cuánto salía el metro de la ruta de no sé dónde, imagínense: Toto se va a ir de vacaciones pero Milei va a terminar preso», vaticinó.
En el arranque del debate, el jujeño Ezequiel Atauche señaló que «el objetivo principal es sostener por tercer año consecutivo el superávit financiero», aunque lamentó que la proyección tiene «una alta rigidez porque el 92% del gasto total ya está comprometido en partidas de difícil modificación». Sin embargo, pretendió que lo que se votaba este viernes era un «punto de quiebre», por tratarse de un presupuesto «sin déficit fiscal».
Los Menem con Santilli.
El primero en salirle al cruce había sido Capitanich, que consideró que el presupuesto en debate es «una «violación sistemática del reglamento y la Constitución». Tras una larga intervención, se manifestó contra el ajuste en educación que promueve el artículo 30.
De eso también se agarró el radical Maximiliano Abad. «Bajo el mantra del equilibrio fiscal, el Gobierno niega que la innovación y el conocimiento tengan que ver con el desarrollo». Por eso, denominó al artículo 30 como ‘el artículo escoba’, porque barre los pisos de educación, pero también las proyecciones en inversión de ciencia».
La tucumana Ávila, senadora del monobloque Independencia, admitió que el proyecto «no es el ideal, pero sí da previsibilidad y es una herramienta para salir de un círculo vicioso de improvisación, crisis y desigualdad». «Mi provincia se ha hecho cargo de obras que la Nación ha abandonado. Necesitamos imperiosamente que la Nación tenga inversión en infraestructura», completó.
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