La crisis industrial alcanzó a Moura, una de las marcas líderes del mercado de las baterías que en las últimas horas anunció el cierre de dos líneas de producción y la reconversión hacia un esquema importador que pone en peligro a decenas de puestos de trabajo.
La firma dejará de fabricar baterías para camiones en el Parque Industrial de Pilar, complejo que viene siendo epicentro del descalabro productivo generado por la fuerte recesión y donde a finales de 2025 anunció su cierre la mega planta de lavarropas Whirlpool.
Las líneas de producción que desactivó Moura en Pilar tenían que ver con baterías para camiones, las cuales ahora importará desde Brasil.
Esa decisión pone en riesgo al menos 25 puestos de trabajo, en un contexto donde la empresa ya abrió un proceso de retiros voluntarios con indemnizaciones. Actualmente, Moura emplea a 180 personas.
«Esto forma parte de la masacre que este gobierno está cometiendo con la industria, algo que no vivimos ni en pandemia», dijo a Pilar a Diario el titular del sindicato Químico, Sergio González.
En los trabajadores preocupa que el recorte productivo no se detenga en las líneas de baterías pesadas y que avance hacia otras producciones.
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La Resolución 68/2026 publicada este lunes creó un Régimen de Retiro de Voluntad Recíproca para trabajadores de planta permanente de ANSES. Aunque se presenta como una salida voluntaria con compensación económica, el anexo del programa revela condiciones duras: renunciar a reclamos laborales, abandonar cargos sindicales y aceptar la prohibición de volver al Estado durante cinco años. Para sindicatos y especialistas, el plan aparece como otro paso en el proceso de desmantelamiento del organismo previsional.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha un nuevo programa de retiros laborales destinado a su personal de planta permanente. La medida fue oficializada mediante la Resolución 68/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece un Régimen de Retiro de Voluntad Recíproca (RVR) que estará abierto hasta el 5 de abril.
En términos formales, el programa propone una salida “de mutuo acuerdo” entre el organismo y el trabajador. Sin embargo, el extenso anexo que acompaña la resolución deja claro que la decisión final queda en manos de ANSES, que puede aceptar o rechazar cada solicitud por “razones operativas o de servicio”.
La medida se inscribe en el marco de la política de reducción del Estado impulsada por el gobierno de Milei, que desde su llegada al poder viene aplicando recortes y reestructuraciones en numerosos organismos públicos.
Un retiro con condiciones estrictas
El plan alcanza a trabajadores de planta permanente con al menos dos años de antigüedad, bajo el Convenio Colectivo 395/98. Pero el anexo establece múltiples exclusiones y condiciones para quienes quieran adherir.
Entre otras restricciones, no pueden participar quienes tengan causas judiciales contra ANSES, salvo que acepten desistir de ellas. Es decir, el trabajador que decida retirarse deberá renunciar a cualquier reclamo administrativo o judicial vinculado con su empleo.
También quedan excluidos quienes estén en procesos disciplinarios, quienes hayan iniciado su trámite jubilatorio o quienes superen los 62 años.
Además, el acuerdo implica la extinción definitiva del vínculo laboral, lo que en términos jurídicos se denomina “distracto laboral por mutuo consentimiento”.
Renunciar al sindicato para poder irse
Uno de los puntos más polémicos del anexo aparece en el artículo 4. Allí se establece que los trabajadores que tengan cargos sindicales deberán renunciar a ellos para poder adherir al retiro.
La norma también exige que quienes se hayan postulado como candidatos a delegados gremiales abandonen esa condición y renuncien a la llamada tutela sindical, es decir, la protección especial que impide su despido.
Para especialistas en derecho laboral, esta cláusula busca evitar conflictos legales con trabajadores protegidos por la legislación sindical, pero al mismo tiempo pone en evidencia el carácter condicionado del supuesto retiro voluntario.
La compensación económica
El incentivo económico consiste en una gratificación extraordinaria de egreso calculada en función de la antigüedad.
El esquema prevé el pago del 90% de un salario por cada año trabajado en ANSES, con un límite máximo de 24 sueldos.
En términos de dinero, el programa fija un tope de 80 millones de pesos para el pago en una sola cuota. Si el monto supera esa cifra, se abonará en dos cuotas mensuales.
La base de cálculo se determina a partir de los conceptos salariales brutos habituales y permanentes del trabajador.
Prohibido volver al Estado
El anexo incluye además una cláusula que refuerza el carácter definitivo de la salida.
Quienes acepten el retiro no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante cinco años, ya sea mediante cargos políticos, contratos, asesorías o cualquier otro tipo de vínculo laboral.
La prohibición abarca incluso proyectos financiados por organismos internacionales o multilaterales de crédito.
Un plazo corto y control centralizado
El período para adherir al programa es extremadamente breve: vence el 5 de abril de 2026, menos de tres semanas después de su publicación.
El procedimiento también está completamente centralizado. Primero Recursos Humanos verifica los requisitos, luego las áreas jerárquicas evalúan si pueden prescindir del trabajador y finalmente se dicta la resolución aprobando o rechazando la solicitud.
Una vez aprobado, el acuerdo debe ser homologado ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).
El trasfondo político: reducción del organismo previsional
Más allá del lenguaje técnico de la resolución, el programa aparece como parte de un proceso más amplio de reconfiguración del sistema previsional y reducción de estructuras estatales.
ANSES es uno de los organismos más grandes del Estado argentino, con miles de trabajadores distribuidos en todo el país y un rol central en la administración de jubilaciones, pensiones y programas sociales.
En ese contexto, los programas de retiro voluntario suelen funcionar como la primera etapa de procesos de achicamiento institucional, permitiendo reducir personal sin recurrir a despidos masivos que podrían generar conflictos políticos o judiciales.
Las condiciones fijadas en el anexo —renuncia a juicios, abandono de cargos sindicales y prohibición de volver al Estado— refuerzan la idea de que el objetivo no es solo facilitar retiros individuales, sino acelerar una reducción estructural del organismo previsional.
Para muchos analistas, el plan se inscribe dentro de la lógica de “motosierra” que el propio Milei prometió durante su campaña y que ahora comienza a impactar también en una de las piezas centrales del sistema de seguridad social argentino.
El conflicto sanitario por las flexibilizaciones de los controles que lleva adelante el ministro de Desregulación «para ahorrar en burocracia estatal», sumó un nuevo capítulo que enciende alarmas en el sector agroexportador a pesar de que las entidades del campo evitaron pronunciarse.
Tras el rechazo de carne por parte de China, salió a la luz que semanas atrás, Chile bloqueó el ingreso de producción argentina y endureció los controles, «lo cual significa un deterioro acelerado de la credibilidad sanitaria del país», comentó un productor a LPO.
Como anticipó este medio, el rechazo de envíos a China encendió alarmas en la cadena agroexportadora y puso en la mira el vaciamiento del Senasa impulsado por Federico Sturzenegger pero las entidades del campo no dijeron ni mu.
Tras el rechazo de carne por parte de China, salió a la luz que semanas atrás, Chile bloqueó el ingreso de producción argentina y endureció los controles, «lo cual significa un deterioro acelerado de la credibilidad sanitaria del país», comentó un productor a LPO
«En las entidades hablan en voz baja, no sabemos bien que pasa porque hay suficientes motivos para, al menos, convocar a una asamblea de productores para contar cómo estamos, señalar problemas o al menos hacer propuestas, pero deberían tener expresiones más contundentes y no la están tendiendo. ni siquiera la Federación Agraria», se quejó un pequeño productor afiliado a la entidad que nació del Grito de Alcorta.
Por su parte, el ex presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, dijo a LPO que «esta desregulación de Sturzenegger que tienen por objetivo debilitar al Senasa y los controles, nos está generando problemas de mercado. Ya pasó con China y Chile y se puede extender a otros destinos que es donde nos lleva las políticas del ministro de Desregulación».
Esta desregulación de Sturzenegger, que tienen por objetivo debilitar al Senasa y a los mecanismos de conrol, nos está generando problemas de mercado. Ya pasó con China y Chile y se puede extender a otros destinos. Es donde nos lleva las políticas del ministro de Desregulación
Es que los controles sanitarios funcionan en el mundo como el engranaje de un reloj, con rigurosos requisitos que son compromisos que adoptan los países como políticas de Estado y que en Argentina se están diluyendo por la tozudez ideológica de algunos funcionarios.
La acumulación de incidentes empezó a configurar un problema estructural: «El riesgo no es un embarque rechazado, es que Argentina pierda reputación sanitaria», advirtieron en el sector, y alertaron sobre el apagón informativo en la actualización de los controles.
Sucede que la decisión del gobierno de reducir controles y desarticular sistemas de alerta sanitarias empieza a tener consecuencias concretas en los procesos productivos donde sin controles, las exigencias se empiezan a aflojar, la trazabilidad se relaja y el riesgo de alguna avivada puede significar el cierre de mercados internacionales.
Lo que hasta hace pocos meses se presentaba como una simplificación burocrática para «liberar al sector productivo», ahora amenaza con convertirse en un cuello de botella para las exportaciones.
Según pudo saber LPO de fuentes del sector, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) chileno intensificó de manera inusual los controles sobre toda la cadena productiva argentina: frigoríficos, feedlots, campos, transporte y cadena de frío. «Están recorriendo todo, uno por uno, como nunca antes», describió una fuente con acceso directo al negocio exportador que da cuenta de la desconfianza creciente.
Además, el endurecimiento no es caprichoso. En agosto del año pasado, Chile ya había suspendido la importación de carne y productos animales provenientes de la Patagonia tras la flexibilización sanitaria dispuesta por Argentina mediante la Resolución 460/2025, que habilitó el ingreso de carne con hueso a zonas libres de aftosa.
En agosto del año pasado, Chile ya había suspendido la importación de carne y productos animales provenientes de la Patagonia tras la flexibilización sanitaria dispuesta por Argentina mediante la Resolución 460/2025, que habilitó el ingreso de carne con hueso a zonas libres de aftosa
Esa decisión implicó en los hechos la eliminación de la histórica barrera sanitaria en un esquema que durante décadas funcionó como garantía de estatus diferencial de las carnes patagónicas. Para las autoridades chilenas, la medida abrió un riesgo sanitario preocupante.
Chile se mantiene libre de la Aftosa sin vacunación desde 1981 y para ello, necesitó políticas sanitarias extremadamente estricta de control de importaciones. Cualquier señal de relajamiento del lado argentino dispara automáticamente mecanismos de defensa.
Si bien hacia fin de año Chile reanudó parcialmente las compras tras verificar determinados estándares, en el sector aseguran que los controles nunca volvieron a ser los mismos y que ahora se intensificaron aún más.
Ayer se aprobó la ordenanza que prevee la colocación de semáforos sonoros en 5 esquinas semaforizadas de la ciudad. La ordenanza, iniciativa del Consejo Local de Discapacidad, fue aprobada por unanimidad. De la sesión participó la Arquitecta Rosana Cisint coordinadora del COPLADE y expuso el informe que trabajaron a pedido de la comisión de planificación….
