Este martes se realizó en el Congreso de la Nación una reunión clave convocada por el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, Juan Fernando Brügge, del bloque Encuentro Federal, en la que intendentes de todo el país respaldaron formalmente una propuesta concreta: incluir en la próxima reforma fiscal una reducción del IVA del 21% al 10,5% para todas las compras y contrataciones que realizan los municipios. La iniciativa apunta a aliviar el costo de funcionamiento local y generar un «efecto cascada» que les permita bajar tasas municipales y mejorar la prestación de servicios en cada territorio_
El encuentro, realizado en la Sala 1 del Anexo A de Diputados, contó con la presencia de jefes comunales de distintas provincias y representaciones políticas. Estuvieron presentes intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezados por su presidente e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, junto a integrantes del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), entre ellos la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y el viceintendente de Córdoba Capital, Javier Pretto, entre varios otros representantes locales.
En el cierre de la jornada, los intendentes firmaron un documento conjunto dirigido formalmente a los Diputados y Diputadas de la Nación, en el cual solicitaron que la reducción del IVA sea incorporada expresamente al proyecto de reforma tributaria que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en las próximas semanas. Allí se detalla que mientras el sector privado puede descontar el IVA como crédito fiscal, los municipios no tienen forma de recuperar ese tributo, lo que encarece automáticamente cada licitación, compra de insumos o contratación de servicios.
Brügge fue categórico al señalar que la situación se volvió insostenible para cientos de administraciones locales que hoy deben sostener demandas crecientes en materia social, obras públicas, salud, seguridad y servicios básicos, con menos transferencias nacionales y presupuestos cada vez más ajustados. «El municipio paga IVA sobre todo lo que compra, pero no puede descontarlo de nada. Eso genera una desigualdad muy fuerte frente al sector privado y un costo operativo que termina impactando en los recursos públicos», expresó el diputado durante la reunión.
La propuesta de bajar el IVA al 10% tiene como objetivo liberar recursos para inversión directa en obras, servicios esenciales y asistencia a la población, o bien facilitar la reducción de tasas municipales, algo que los intendentes aseguran que podría brindar un alivio inmediato a las actividades económicas locales. El documento firmado señala que la medida permitiría «modificar una situación distorsiva que agrava la asimetría entre municipios y sector privado, afectando el desarrollo económico de las comunidades».
Los intendentes también remarcaron que este debate se complementa con otros reclamos que ya venían planteando, como la redistribución del impuesto a los combustibles, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional ha reducido drásticamente la asignación de presupuesto y dejó de realizar obras que están siendo absorbidas por los gobiernos locales.
El volumen en juego es significativo. Brügge recordó que en 2024 el total recaudado por IVA ascendió a 43 billones de pesos, y señaló que permitir que una parte de esos recursos quede en los gobiernos locales «podría cambiar rápidamente la ecuación fiscal con la que hoy deben enfrentar obras, servicios y demandas urgentes».
Entre los asistentes hubo coincidencia en que la propuesta no solo tiene impacto fiscal inmediato, sino que también podría convertirse en un incentivo para reactivar economías regionales, al reducir costos de funcionamiento y mejorar la capacidad de inversión municipal. En ese sentido, se mencionó el caso reciente de Córdoba, donde el gobierno de Martín Llaryora aplicó una baja impositiva con un impacto presupuestario de 900 mil millones de pesos, apostando a la competitividad provincial.
El documento firmado esta tarde fue elaborado tras el intercambio con los diputados presentes, quienes escucharon el diagnóstico y se comprometieron a seguir evaluando la iniciativa durante el tratamiento parlamentario de la reforma tributaria. Para los intendentes, el momento es decisivo: la reducción del IVA podría convertirse en una herramienta fiscal concreta para sostener el funcionamiento de los municipios en un escenario de obras paralizadas, menor recaudación y un crecimiento sostenido de las demandas sociales.
Al finalizar el encuentro, Brügge destacó que la Comisión seguirá convocando actores territoriales para que la reforma fiscal contemple la realidad que viven los gobiernos más cercanos a los ciudadanos. Los intendentes, por su parte, se retiraron con una señal política clara: el reclamo ya está documentado, consensuado y formalmente presentado en el Congreso, listo para ser discutido en las próximas semanas.
