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El empresario aeronáutico Sergio Mastropietro, señalado como uno de los conductores del circuito clandestino de retornos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), regresó en un vuelo privado y debía ser requisado por orden judicial. Pero la PSA y Migraciones, bajo la órbita de Patricia Bullrich, no lo detuvieron. Cuando fueron a buscar su celular, ya no estaba. El mismo empresario que Noticias La Insuperable expuso por sus vínculos con Skanska, Machado, MacAir y el macrismo, volvió a volar bajo el radar del Estado.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

Un operativo fallido desde el inicio

Mastropietro aterrizó el sábado 15 en un vuelo privado proveniente de Miami. Su itinerario debía ser directo, pero realizó una escala inesperada en Tucumán, donde efectuó una llamada cuyo destinatario todavía no fue identificado. Ese desvío retrasó el operativo que el juez Sebastián Casanello había ordenado: incautar todos los dispositivos electrónicos apenas el empresario pisara Aeroparque.

Pero cuando el avión llegó a Buenos Aires, ni la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ni la Dirección de Migraciones ejecutaron la requisa.
Lo dejaron salir.

Recién cuando el juzgado advirtió la irregularidad, ambos organismos salieron a buscarlo. Lo ubicaron, sí. Pero el empresario respondió que su celular había quedado en “otro lugar” y que había “desaparecido”.
Los agentes no creyeron la explicación, pero ya era tarde: la evidencia clave se perdió.

Desde el Ministerio de Seguridad derivaron las preguntas a la PSA. Migraciones responsabilizó a la PSA, y la PSA responsabilizó a Migraciones.
El resultado es el único que importa: la Justicia nunca obtuvo el teléfono.

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Quién es el hombre detrás del teléfono perdido

Mastropietro figuró en el escándalo de Skanska, como responsable de Sol Group, una firma fantasma que emitía facturas truchas mientras en su domicilio funcionaba un simple club de ajedrez. Allí aparecían nombres recurrentes: Baires Fly, Romano, Jaime, la ruta de la efedrina, el triple crimen. Un entramado que ya en 2005 lo vinculaba a maniobras de lavado y triangulación.

Nada de eso impidió que siguiera operando durante dos décadas.

En la causa ANDIS, su nombre resurge cuando Diego Spagnuolo —examigo íntimo de Milei— revela que cientos de millones en retornos de laboratorios y droguerías terminaban en Baires Fly y Baires Jet, amparados en facturas por “compra de kilómetros nacionales”, una descripción deliberadamente imprecisa que evitaba controles.
El articulador era Miguel Ángel Calvete, quien en sus cuadernos y mensajes se refería a Mastropietro como “Serginho”.

También aparece Lorena Di Giorno, funcionaria de ANDIS y socia de Mastropietro en Megastatica SAS, reportando movimientos a Calvete.
Y el circuito de dinero en efectivo tenía epicentro en Altos de Campo Grande.

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Machado, Macri, Espert: los puentes que siempre vuelven

La figura de Mastropietro también es clave para entender el corazón del negocio aeronáutico privatizado.
Su sociedad con Federico “Fred” Machado, hoy detenido en Texas por narcotráfico y fraude, incluye vuelos, sociedades y operaciones vinculadas al fideicomiso Aircraft Guaranty Corporation, usado en Estados Unidos para lavar dinero a través de aviones.
De ese mismo fideicomiso salió el giro de US$200.000 para Espert en 2019 tras un encuentro facilitado por Mastropietro.

Con el macrismo, su rol fue aún más visible:
fue presidente de Avian, la heredera de MacAir, la empresa aérea de la familia Macri. Compartió una offshore (LETS FLY US LLC) con Carlos Martín Cobas, funcionario de Presidencia durante Macri, imputado por Di Lello y forzado a renunciar por incompatibilidades con Avianca.

Durante el macrismo, empresas vinculadas a SOCMA fueron beneficiadas con asignaciones de hangares en Aeroparque en detrimento de Aerolíneas Argentinas.
No casualmente, Mastropietro y Machado compartieron vuelo, domicilio y negocios.

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Un fantasma que vuelve a desaparecer

Mastropietro pasó dos décadas moviéndose sin fotos, sin exposición, sin dejar rastros salvo cuando alguna causa judicial lo arrinconaba.
Esta vez, el Estado —otra vez— le abrió la puerta.

Y su celular, el que podía detallar veinte años de vínculos, operaciones y favores, se esfumó delante de todos.